El Instituto Mexicano para la Competitividad detalló que el Gobierno federal dio contratos por 205 mil 195 millones de pesos en adjudicaciones a lo largo de 2020, lo que representó el 43 por ciento de lo asignado en ese año a contrataciones. Un año antes había sido el 39 por ciento.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador marcó un nuevo récord en adjudicaciones directas, al entregar bajo este esquema el 43 por ciento de los contratos celebrados en 2020, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El análisis del think thank a los datos de Compranet señalan que el Gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa el 43 por ciento del monto contratado en todo el año, mientras que las compras realizadas por licitación pública alcanzaron apenas el 40 por ciento.
“Esta es la primera vez que los recursos destinados a adjudicaciones directas por el Gobierno federal son mayores a los contratados mediante licitaciones públicas”, destaca el estudio.
El IMCO resalta que en un análisis previo documentó que el porcentaje del monto adjudicado directamente en 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue cuatro puntos porcentuales mayor que en 2018, pasó del 35 por ciento al 39 por ciento. “En el segundo año de esta Administración, esta cifra rompió un récord histórico, superando cualquier otro tipo de contratación”.
Aunque la Constitución establece que las compras públicas deben priorizar la competencia, los procesos de excepción como las adjudicaciones directas se volvieron la regla de contratación en el Gobierno federal. pic.twitter.com/UT2vlFLBeP
El centro explicó que las licitaciones públicas son el procedimiento que más promueve la competencia, ya que al ser concursos con convocatorias abiertas permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos, en contraste con los procesos donde se limita el número de participantes, como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas.
“La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia y, además, representa un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos”, alertó.
Apuntó que la Constitución y las leyes de adquisiciones establecen que las compras públicas deben de ser realizadas mediante licitaciones públicas, salvo en casos excepcionales, pero que a pesar de esto, “casi 1 de cada 2 pesos gastados por el Gobierno federal fue contratado mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Los procedimientos establecidos como la excepción se han convertido en la regla de contratación del Gobierno federal”.
El IMCO agrega que si sólo se considera el número de contratos asignados mediante adjudicaciones directas, sin considerar su valor, queda n evidencia que el porcentaje de contratos por adjudicación directa mantuvo una proporción alta y constante de 2013 a 2020.
“Tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el de Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 70 por ciento. En los últimos cinco años, de 2015 a 2019, este porcentaje fue mayor al 80 por ciento”, sostiene.
El análisis alerta que a partir de 2019 hay un cambio importante: “no sólo 8 de cada 10 contratos son realizados mediante procesos sin concursos, sino que estos también representan una mayor cantidad de recursos”.
El Gobierno federal ha argumentado que la entrega de este tipo de contratos se hace para acelerar los procesos en medio de la pandemia por la COVID-19.
Además ha señalado que los procesos de licitación era simulados en pasados gobiernos.
“Tenemos que cuidar mucho lo de la entrega de contratos. Yo prefiero que se cuide a quién se le van a dar los contratos porque uno de los problemas que se presentan, que eran común en las pasadas administraciones, es que se abrían las pasadas licitaciones, en apariencia, se descalificaban a los que no convenían y se le daban al que querían el contrato”, criticó el mandatario en octubre de 2019.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador propone acabar con la adjudicación directa de contratos en México para combatir la corrupción. Pero la dependencia cuyo “rol fundamental” es la “erradicación de la corrupción de la vida pública nacional” –la Secretaría de la Función Pública– adjudicó bajo esa modalidad el 91 por ciento de los contratos que celebró entre enero de 2019 y lo que va de 2020.
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) busca que los contratos gubernamentales sin concurso de por medio sean más una excepción que una regla. De ello depende parte de su estrategia anticorrupción, en momentos de duda sobre la capacidad de la SFP, tras la exoneración de Manuel Bartlett Díaz por supuestos conflictos de interés, enriquecimiento oculto y/o tráfico de influencias.
De acuerdo con el “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” del Gobierno de de Andrés Manuel López Obrador, prohibir las adjudicaciones directas es uno de los propósitos sexenales para lograr “un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo”.
La Ley Federal de Austeridad Republicana –que entró en vigor en noviembre del año pasado y que fue promovida por la administración de la Cuarta Transformación (4T) de AMLO– también refiere que “las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas” y que las excepciones “deberán estar plenamente justificadas” (Artículo 8, segundo párrafo).
Sin embargo, la realidad apunta otra cosa.
Las cifras del portal de compras gubernamentales CompraNet arrojan que el 78 por ciento de los 178 mil 46 contratos celebrados en 2019 –por los distintos órdenes del Gobierno federal– fueron adjudicados de manera directa. Entre ellos están 890 adjudicaciones de la Secretaría de la Función Pública, que representan el 91 por ciento de los contratos que ejecutó el año pasado.
En los últimos 18 años y en promedio, la SFP adjudicó el 79 por ciento de sus contratos gubernamentales. Entre 2002 y 2019 la tendencia fue al alza con periodos de repunte (2004, 2005, 2007-2010, 2016 y 2018) y caída (2003, 2006, 2012, 2013, 2015, 2017 y 2019). Pero la tasa de adjudicación de este año (91 por ciento) fue menor a la del cierre de 2018 (97 por ciento), e inclusive, es la más baja desde 2015 (91 por ciento).
A pesar de la caída del año pasado, la Secretaría de la Función Pública mantiene un grado de adjudicaciones directas por encima del 90 por ciento desde 2010. En años previos, la tasa de adjudicación osciló entre 34 y 80 por ciento.
Las cifras históricas de la dependencia federal también indican que entre 2002 y 2019, la SFP celebró cuando menos 8 mil 938 contratos públicos. El 91 por ciento de ellos (8 mil 127 contratos) fue otorgado sin concurso de por medio.
A ellos se suman cuatro contratos celebrados por la SFP en lo que va de este año.
De acuerdo con el portal CompraNet, dichos contratos fueron otorgados por medio de un concurso abierto (licitación pública federal) para la adquisición de gas licuado, insumos alimenticios para comedor y mantenimiento de bienes e inmuebles.
Pese a la información oficial, la dependencia federal refirió que “es falso que la Secretaría de la Función Pública adjudique de manera directa más del 90 por ciento de sus compras”.
De acuerdo con una misiva enviada a SinEmbargo con fecha del 14 de enero de 2020, la SFP sólo adjudicó el 37.2 por ciento de sus contratos de 2019.
“Existen procedimientos que, a pesar de aparecer como adjudicaciones directas, no pueden ser considerados de tal forma, de acuerdo con lo establecido en las leyes en la materia”, se lee en el documento citado.
En el último año la SFP celebró 974 contratos públicos por un monto conjunto de 304 millones 309 mil 736 pesos.
Las cifras de CompraNet indican que la mayor parte de los contratos (596) estuvo relacionada con servicios generales. El segundo rubro más contratado fue el de servicios relacionados con obra pública (311), seguido de las partidas de suministros (59), eventos oficiales (seis) y arrendamientos (dos).
Además de los contratos adjudicados (91 por ciento) hubo procedimientos de contratación por medio de licitaciones públicas (ocho por ciento), así como por invitación a cuando menos tres personas (uno por ciento) y acuerdo entre dependencias públicas (1 por ciento).
En cuanto al objeto de gasto se refiere, las cifras indican que el 77 por ciento del dinero contratado fue para actividades de apoyo a unidades y direcciones de la SFP, además de apoyos para procesos de auditoría, control, inspección y vigilancia de proyectos, contratos, presupuestos y transferencias.
La Secretaría a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros erogó 233 millones 397 mil 393 pesos en los rubros anteriormente referidos.
Entre los 10 objetos de gasto con mayor inversión por parte de la SFP asimismo estuvieron el mantenimiento de bienes e inmuebles (12.1 mdp); servicios de apoyo de defensores de oficio (7.1 mdp); limpieza de instalaciones (5.5 mdp); transporte vehicular para funcionarios públicos (5 mdp); escaneos, fotocopias y/o impresiones (3.9 mdp), además de materiales y refacciones (3.4 mdp).
De los objetos de gasto destacaron las inversiones en difusión y propaganda (3.2 mdp), pasajes aéreos para funcionarios públicos (1 mdp), seguridad privada (443.7 k) y arrendamiento de vehículos (151 k).
También destacó el gasto en insumos alimenticios y artículos para cocina por un total de 1 millón 55 mil 549 pesos, que incluye la compra de frutas y verduras (144 k), carne (94 k), pescado (52 k), pollo (46 k), lácteos y embutidos (45 k), tortillas (15 k) y pan (10 k).
Las dos compañías con más contratos estuvieron relacionadas con el rubro de alimentos y servicios para el comedor de la Secretaría.
Grupo Gastronómico Gálvez (10 contratos) y Sazón Seguridad Alimentaria (ocho contratos) se embolsaron 636 mil 228 y 685 mil 220 pesos por medio de contratos públicos. Sin embargo, las dos compañías con mayores ingresos pertenecen al rubro de los servicios de limpieza de instalaciones y arrendamiento de vehículos.
Las empresas Cervica Tex –señalada por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana por haber mentido en el proceso de selección de la licitación pública nacional LA-006HHE001-E131-2018– y Casanova Vallejo fueron los proveedores de la SFP con mayores ingresos en 2019, con 5 millones 517 mil 241 y 4 millones 197 mil 190 pesos, respectivamente.
Grupo Fármacos Especializados consiguió de un juez administrativo la suspensión definitiva ante el veto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que no participara en concursos gubernamentales. En lo que se resuelve “de fondo” si la farmacéutica –dominante en el sexenio pasado en venta de medicamentos y materiales de curación– incurrió en acaparamiento, puede participar (como antes) en licitaciones públicas y adjudicaciones directas.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. (Grufesa) consiguió una suspensión definitiva en contra del oficio que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 20 de marzo, para impedirle participar en licitaciones públicas y adjudicaciones directas en venta de medicamentos y materiales de curación.
Con esta suspensión –otorgada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Gorka Migoni Goslinga– la farmacéutica puede competir por contratos del Gobierno federal mientras se resuelve de fondo si en el pasado incurrió en acaparamiento, lo que debe ser asentado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un proceso que puede tardar seis meses o más, según fuentes judiciales consultadas por SinEmbargo.
Otro elemento que pudiera impedirle participar en las ventas gubernamentales sería una inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incumplimiento de contratos. Hasta ahora, la empresa ha acreditado que no ha estado en esa circunstancia.
En el sexenio de Peña Nieto, el Grupo Fármacos Especializadosse hizo del 35.2 por ciento (106 mil 813.3 millones de pesos) de los 303 mil 76.6 millones de pesos que se autorizaron para compra de medicinas. Foto: Especial
CUANDO ERA EL REY
Hoy en los juzgados, el paisaje era otro para la empresa el año pasado. Sólo en 2018, el Gobierno de Enrique Peña Nieto le compró medicamentos por 19 mil 756 millones 112 mil 415 pesos con lo que le puso la corona de rey entre los proveedores del sector salud, según la localización de los fallos de los contratos en Compranet, el sistema electrónico de información pública gubernamental de uso obligado para los proveedores según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En total, durante el sexenio, el grupo se hizo del 35.2 por ciento (106 mil 813.3 millones de pesos) de los 303 mil 76.6 millones de pesos que se autorizaron en el Gobierno federal, una cifra que supera dos veces a sus cercanos competidores y que también fueron vetados por el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Farmacéuticos Maypo se llevó el 11.6 por ciento (35 mil 149.3 millones de pesos) y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) tuvo 11.4 por ciento (34 mil 620.4 millones de pesos).
Mientras, el sector salud de México alcanzaba uno de sus puntos más críticos, según consta en un diagnóstico elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La infraestructura se debilitó tanto que no había -no hay aún- acceso efectivo a atención médica de calidad; los médicos llegaron a ser 2.4 por cada mil habitantes cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de tres por cada mil ciudadanos, y en general, fue registrada la peor inversión entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) al recibir sólo 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El investigador Gustavo Leal, de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, explica que la venta de medicamentos concentrada en unos cuantos “fue posible después de la aplicación sistemática de política neoliberales en el sector salud, un ciclo que se inició en los ochenta, en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y continuó sin parar hasta los días del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Una gran posibilidad tras el acaparamiento son los intereses de algunos políticos”.
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Pese a la crisis del sector salud, para Grufesa no parecía haber grandes obstáculos. De hecho, fue en 2018, cuando arrancaba la última etapa de la administración, cuando firmó cuatro de sus cinco contratos más caros del sexenio. Uno fue por tres mil 520 millones 101 mil 495 pesos, otro por dos mil 567 millones 227 mil 681 pesos, uno más por mil 107 millones 130 mil 619 pesos y otro por mil 28 millones 188 mil 415 pesos.
Y fue ese año en que consiguió 18.4 por ciento de toda su venta durante la Administración peñanietista, que fue de 106 mil 813 millones 300 mil pesos.
De 913 contratos que le fueron otorgados ese año, 68.5 por ciento fueron signados con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 8.3 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Otros compradores a esa empresa fueron el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
El pasado 7 de abril, en Acapulco, Guerrero, familiares y pacientes de enfermedades renales protestaron a las afueras del sitio donde se inauguró el Tianguis Turístico Acapulco para exigir al Presidente clínicas en buenas condiciones y medicamentos. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro
Los contratos localizados de Grupo Fármacos Especializado en Compranet, el sistema electrónico de información pública gubernamental de uso obligado para los proveedores según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tienen un denominador: no están completos. Así, se desconoce en cuánto vendieron las unidades y qué cantidades fueron compradas; además de si hubo mejores precios por parte de otros competidores.
Un ejemplo de esa opacidad, es el contrato signado con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida) por 557 millones 468 mil 915 pesos por los antirretrovirales Atazanavir, Lopinavir, Ritonavir y Dolutegravir. Fue el último suministro antes del veto impuesto por el Presidente López Obrador, pero no es posible conocer los precios por clave.
La página cibernética de Grufesa se encuentra caída. En Linkedin, red social (de empleos), aparece como Director general, Jorge Rozette con quien SinEmbargo solicitó una entrevista, pero no le fue concedida. Por lo pronto, el próximo semestre será clave para la resolución de esta madeja de miles de millones de pesos sobre la cual, el Jefe del Ejecutivo dijo el pasado 6 de marzo: “Había, cuando menos, omisión”.
El tema de las licitaciones para la administración de Enrique Peña Nieto fue una de las que más problemas le causó por las reiteradas sospechas de corrupción en casos como OHL, Grupo Higa, la Casa Blanca, el socavón en el Paso Exprés, la construcción del NAIM y hasta la organización de los eventos presidenciales.
El nuevo gobierno incluyó la transparencia de las licitaciones en la lista de 100 compromisos base, pero en la práctica no se ha cumplido a cabalidad en este primer tramo de su gobierno.
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- A una semana de cumplir 100 días en el poder, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fallado en uno de los compromisos que hizo el pasado 1 de diciembre referente a la transparencia en las licitaciones y compras del gobierno.
El Presidente ha argumentado que las razones por las que no se han hecho convocatorias abiertas van desde circunstancias especiales hasta la prisa por iniciar “la cuarta transformación del país”. Sin embargo, ya varios proyectos que no han gozado de transparencia ni de la supervisión de integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como se dijo en un inicio.
Los compromisos relacionados a este tema son el 51 y 52 de su lista de 100, en los que señala que “Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU” y que “Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU”.
En estos tres meses el Gobierno de México compró 571 pipas por 85 millones de dólares sin licitación. Dijo que eso se debió a la urgencia de abasto que generó el combate al robo de combustible. Está también la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía, que estará a cargo del Ejército, y el anuncio de que los contratistas del extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de México pasarán a ser del actual Aeropuerto.
En entrevista con SinEmbargo, Pablo Montes, Coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitivida (IMCO), dijo que estos actos, los más sonados como pipas, Banco Azteca o las obras a las Fuerzas Armadas sorprendían por el discurso manejado de que este es un gobierno que busca acabar con la corrupción y que además tiene la bandera de austeridad.
“En cualquier compra pública el objetivo del gobierno es encontrar el mejor producto al mejor precio. El procedimiento de contratación que nos garantiza es la licitación pública porque pones a competir a las empresas y ellos al querer ganar el contrato mejoran sus condiciones. Sorprende entonces porque la licitación brinda la mejor calidad y precio”, comentó.
Y esos procedimientos no solo favorecen a la austeridad, sino también al combate a la corrupción: “la licitación pública da menos riesgo de corrupción, porque es mucho más transparente y con menos discrecionalidad. Nos permite entender por qué se le dio a alguien cierto contrato”, agregó.
Para la investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Sunny Villa, este gobierno ha realizado anuncios “sin tener tanta certeza de cómo se va a operar, promover o financiar las distintas obras”.
“Afortunadamente México tiene una ley de adquisiciones y se tiene que cumplir y en la medida en que esto suceda veremos si las licitaciones avanzan. Si bien hemos visto avances en algunas obras ya prometidas, muchos de estos corresponden a cosas que ya se reían avanzadas en el año anterior. Todavía faltan muchos detalles de cómo será la implementación de estos mecanismos”, consideró.
El tema de las licitaciones arrastra gran importancia al ser uno de los más recurrentes en la administración de Enrique Peña Nieto por los constantes señalamientos de corrupción.
En los 700 mil procedimientos de compras públicas federales realizadas de 2012 a la fecha, en las que se invirtieron 2.3 billones de pesos, se detectaron anomalías, prácticas poco transparentes y falta de competencia, lo que generó graves riesgos de corrupción.
De acuerdo con el estudio “El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” realizado por el IMCO, 2 mil 512 proveedores, que son el 1.9 por ciento de los 129 mil 411 proveedores registrados, concentraron el 80 por ciento del monto total destinado a compras públicas.
El 71 por ciento de los contratos fueron otorgados por adjudicación directa, cuando la licitación pública es lo que debe ser la regla. La causa: tres años en que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no tuvo titular y porque las unidades de vigilancia dejaron de vigilar, resulta más fácil una adjudicación directa que un concurso público y no hay nadie que castigue esa irregularidad.
El 36 por ciento de las empresas en las que se concentró el gasto, han ganado el 50 por ciento de los procedimientos, ganan 2 de cada 3 concursos.
REPETIR LOS ERRORES DE PEÑA NIETO
Para Montes, la posible causa de este comportamiento con las compras es una mala planeación porque los argumentos que se han dado para justificar lo hecho es porque los procesos son tardados y sí, pero justo porque da garantías.
“Se requiere una buena planeación para poder hacerlo de manera efectiva. Si se quiere cumplir con el discurso de austeridad y de minimizar los riesgos de corrupción, se tiene que hacer énfasis en la planeación y en los megaproyectos de infraestructura, lamentablemente no estamos viendo esto. Estamos hablando de un tren, una refinería sin los estudios de factibilidad e impacto ambiental y eso nos lleva a un proyecto mal planeado que resulta más caro y de menor calidad, como fue en la administración pasada en el Tren México-Toluca”, explicó Montes.
Justo el pasado 26 de febrero, el Presidente reiteró que hoy se viven “otros tiempos”.
“Yo les comentaba o antier, de lo del tren de Toluca a la Ciudad de México y les decía yo que nos iba a costar alrededor de 15 mil millones terminarlo. Ayer mismo tuve la reunión sobre el tren, y para terminarlo vamos a necesitar, no 15 mil, 25 mil y si se proyectó en 20, 30 mil millones y va a costar al final 70 mil. ¿Qué sentido tiene una inversión así? Primero, que está sobrestimado el costo, y al final es una obra que está parada, que no sirve, que no tiene ninguna utilidad. Entonces, yo tengo mucha confianza que sin corrupción va a salir el país adelante”, dijo en conferencia.
Para Montes, estos actos podrían tener efectos negativos en los objetivos planteados por el mismo Gobierno, por lo que tendrían que añadir a esos procesos una planeación, no brincarse pasos y eso permitirá tener proyectos de infraestructura de mucho mayor calidad y menos riesgo de corrupción.
“Experiencias ya tuvimos el sexenio pasado, ¿cómo podemos evitar las malas prácticas? Tenemos un catálogo de todo lo que no se debe hacer y el Tren México-Toluca es el mejor ejemplo; la mala planeación llevó a una mala contratación y luego a una mala ejecución, entonces la obra se prolonga, cuesta más y al final, los beneficios que se pudieron haber sacado son más contraproducentes”, sostuvo.
“La nueva administración puede aprender de los errores del pasado y corregir. Lamentablemente no estamos viendo que estos procesos de planeación se estén llevando a cabo de manera correcta”, concluyó el investigador del IMCO.
Sunny Villa, del CIEP, recordó que una de las principales promesas del actual gobierno son las compras consolidadas y en la medida en que se cumpla con ello habrá transparencia en las licitaciones públicas.
“Creo que aquí una herramienta que ha sido muy poderosa es la rendición de cuentas y transparencia, esto de poder publicar las licitaciones, de que cada una de ellas tenga las bases bien definidas es algo que apoya mucho. Y más aún, una de las principales promesas esta nueva administración era la compra consolidada, que tiene que ver con distintas etapas de las licitaciones, y en la medida que esto termine de consolidarse vamos a tener mejores mecanismos de transparencia, siempre y cuando sean públicas”, explicó.
El costo de la reconfiguración y construcción de refinerías para ampliar la producción y reducir los precios de los combustibles, dependerá de la estrategia aplicada. Cualquiera, sin embargo, representa dificultades así como pros y contras que hay que medir con precisión, coincidieron especialistas consultados por SinEmbargo.
Rocío Nahle, virtual Secretaria de Energía, expuso recientemente que se tomarán entre 40 y 50 mil millones de pesos del presupuesto público de Pemex Transformación Industrial para dar mantenimiento a tres refinerías –de las seis existentes– y se logrará tenerlas listas en siete meses. La de Salina Cruz, destacó, es la más urgente dado que se incendió en junio del año pasado.
El CIEP y el despacho Foley Gardere Arena coinciden en la viabilidad de reconfigurar las plantas existentes. Sin embargo, Daniel Aranda, socio especializado en temas de Energía del despacho, destaca que transformar una sola refinería costaría 6 mil millones de pesos y tardaría al menos dos años si se realiza con todas las pautas de transparencia y con licitación internacional. En tanto, el investigador en Energía y Finanzas Públicas del CIEP, Alejandro Limón Portillo, considera que si bien es posible usar sólo recursos públicos, también deben crearse contrapesos financieros para no limitar otros proyectos.
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Reconfigurar una de las seis refinerías que detenta Petróleos Mexicanos (Pemex), como lo plantea el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para impulsar la producción de gasolinas, costaría hasta 6 mil millones de pesos y un mínimo de dos años para concretarse con una licitación privada internacional, dijo Daniel Aranda Rabago, socio especializado en temas de Energía del despacho Foley Gardere Arena, quien destacó el costo económico menor que representa esta alternativa frente a la construcción de una nueva planta.
No obstante, en un intento previo de construcción con licitaciones y la modernización de la refinería en Tula, Hidalgo, se registraron irregularidades, entre ellas el escándalo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
Rocío Nahle García, quien será la Secretaría de Energía (Sener) en el sexenio lopezobradorista, expuso la semana pasada que se tomarán entre 40 y 50 mil millones de pesos del presupuesto público de Pemex Transformación Industrial para el mantenimiento de las refinerías que hoy se tienen. Petróleos Mexicanos administra las plantas de Salina Cruz (Oaxaca), Ciudad Madero (Tamaulipas), Tula (Hidalgo), Salamanca (Guanajuato), Cadereyta (Nuevo León) y Minatitlán (Veracruz), que actualmente operan al 40 por ciento de su capacidad y cuya producción ha caído un 36 por ciento en los últimos cinco años.
El mantenimiento de al menos tres de las seis refinerías existentes podrían quedar listas en los primeros siete meses a partir del 1 de diciembre de 2018, exponen los cálculos de Nahle García, quien es Ingeniera Química con especialidad en Petroquímica.
La también ex funcionaria de Pemex dijo a La Jornada que se tomará del presupuesto público 2019 porque en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva Subsidiaria dirigida actualmente por Carlos Murrieta Cummings, hay “gasto superfluo” en burocracia. SinEmbargo buscó a la futura Secretaria de Energía para saber su postura respecto a la recomendación de licitaciones y sus pláticas con el Instituto Mexicano del Petróleo, pero no obtuvo respuesta.
Sobre este tema, Alejandro Limón Portillo, investigador en Energía y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), enfatizó la importancia de compensar. “En 2017, Pemex tuvo un saldo negativo en ese balance –entre exportaciones e importaciones– de 3 mil 955 millones de dólares, una cantidad importante”, aseguró.
“Por una parte es viable que se pueda tomar presupuesto federal para apoyar a Pemex de ese lado, pero hay que ver de dónde hacen el contrapeso financiero, pues hay que considerar, por ejemplo, los altos gastos sociales”, planteó el especialista.
El Presupuesto de Egresos de 2018 revela que Pemex Transformación Industrial, encargada de la refinación y el procesamiento de los hidrocarburos, tiene 582 mil 654 millones de pesos para gasto total, de los cuales 533 mil 358 millones de pesos son para servicios personales, gastos de operación y otros. Para inversión, en cambio, sólo se tienen destinados 21 mil 369 millones de pesos, una cifra menor que los 27 mil 926 millones de pesos asignados para el pago de pensiones.
La inversión de más de 21 mil millones de pesos está etiquetada con 15 mil 700 millones de pesos para mantenimiento de infraestructura; 4 mil 143 millones de pesos para proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, entre otros.
El experto del CIEP consideró que extraer recursos del presupuesto público de Pemex Transformación Industrial para dar mantenimiento a las refinerías “limitaría” otros proyectos y actividades productivas de esa área.
Por su parte, el abogado Daniel Aranda de la firma Foley también determinó que los siete meses que calcula la virtual Secretaria de Energía para modernizar tres refinerías no son “suficientes” para elegir la mejor opción para reconfigurar con una investigación de mercado previa. Destacó que eso es “técnicamente imposible”.
El experto en energía dijo que si bien sólo el proceso de licitación podría tardar entre cuatro y siete meses, también puede haber objeciones de los participantes y atrasar más el procedimiento. Según sus cálculos, el proceso tardaría dos años considerando licitación e implementación, pero sólo así se garantizaría una inversión redituable.
En marzo pasado, el actual Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, declaró que hay grupos que están estudiando el mercado mexicano en materia de refinación en los estados de Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas, “pero no hay ningún proyecto maduro”.
En la refinería de Miguel Hidalgo, en Tula, fue lanzada una reconfiguración en abril de 2017. El evento oficial fue encabezado por Carlos Murrieta, director general de Pemex Transformación Industrial; José Antonio González Anaya, entonces director general de Pemex, y Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato. Foto: Cuartoscuro.
LEVANTAR O RESCATAR
Para construir una nueva refinería, el equipo de López Obrador calcula que comenzará a mediados de sexenio y el costo será entre 6 y 8 mil millones de dólares (unos 260 mil millones de pesos con tipo de cambio en 18.80 pesos) basados en una planta de la India. Se tiene previsto que la refinería se construya en el puerto Dos Bocas, Tabasco, y produzca 300 mil barriles diarios.
Sin embargo, el investigador Alejandro Limón del CIEP expuso que es un “número atrevido” porque no considera que los costos varían entre construirla en México frente a aquel país asiático, comenzando con la importación de materia prima, y “se ve complicado” que en tres años se pueda tener. Aunque aseguró que es “acertado” que de la mano de la reconfiguración de refinerías se considere la necesidad de aumentar la producción de crudo, clave para la refinación.
“Es un costo importante considerando los gastos que trae el próximo Gobierno federal, como las pensiones y los apoyos a los llamados ‘ninis’. Esta presión se suma al tema de ingresos, que se ve muy atado. Por el lado del ISR [Impuestos Sobre la Renta] se ve muy complicado que se pueda incrementar la recaudación, por el lado del IVA [Impuesto al Valor Agregado] hay un pequeño margen, pero va a depender del enfoque que se le dé a combatir la evasión fiscal y a las tecnologías para evitar facturas falsas, y por el lado de ingresos petroleros sí se tiene un plus que puede dar un poco de aire a las finanzas públicas, por el hecho de que está subiendo el precio del petróleo”, explicó Limón.
Respecto a la construcción de una nueva refinería, el especialista de Foley Garder, Daniel Aranda, también dudó sobre su viabilidad.
“Pensar en la construcción de una nueva refinería, aunque fuera de tipo modular [que es más pequeña], es inviable, dado su elevado costo y la tasa interna de retorno que tendría. No se trata de un proyecto que se pueda construir en menos de dos o tres años, además de que para que empezar a procesar crudo tardaría cuatro más”, afirmó el especialista.
En junio de este 2018 se registró un incendio en uno de los quemadores de la refinería Minatitlán, en Veracruz, debido a un derrame de hidrocarburo líquido. Foto: Cuartoscuro.
En junio de 2017, un bombero falleció y nueve personas más resultaron heridas durante las maniobras para controlar el incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.
Aranda sugirió al próximo Gobierno Federal asesorarse sobre cuál es la refinería que requiere menor inversión para un retorno más inmediato, dado que hay recursos “limitados” y que se ha propuesto un plazo de tres años para producir gasolinas en México.
“La reconfiguración de las refinerías ya existentes permite acortar los plazos y el monto de inversión, y coincide con la realidad económica y la práctica común en el mercado energético internacional”, reiteró.
El equipo de Nahle se está apoyando del Instituto Mexicano del Petróleo, la instancia gubernamental que crea soluciones para la industria petrolera nacional e internacional, como resultado de la investigación científica, mediante el desarrollo, asimilación y transferencia de tecnología.
La refinería más abandonada, documentó Nahle basada en el diagnóstico que han hecho de todas, es la de Salina Cruz, Oaxaca, la cual se incendió en junio del año pasado. Foley coincidió. En junio de este año, también se incendió la refinería en Veracruz. Luego de la crisis petrolera y el ajuste al gasto de Pemex en 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la apertura de inversión público-privada para las refinerías.
“Son activos que habría que reconfigurar. De otro modo se volverán activos inutilizados en los que la iniciativa privada no estaría dispuesta a invertir, y el gasto de millones de dólares que se ha hecho en años pasados para reconfigurar algunas como Minatitlán, Veracruz, representarían pérdidas muy fuertes”, advirtió el abogado de Foley.
Y expuso que otro de los beneficios de la rehabilitación de las plantas existentes es que habría una inversión con retornos, en vez de comenzar con la construcción de una nueva cuyos frutos no se verían en el próximo sexenio.
LA TRANSPARENCIA
Para la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo, cancelada en 2014 por falta de viabilidad, se invirtieron más de 3 mil millones de pesos en contratos de licitación, incluyendo uno a la constructora ICA. Considerando otras facturas relacionadas, el gasto infructífero ascendió a 9 mil millones de pesos, de acuerdo con la autora de Pemex RIP, Ana Lilia Pérez. El terreno sigue sin emplearse para otro proyecto, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2015.
Asimismo, el plan alternativo tras la cancelación fue reconfigurar la refinería ya existente en Tula, pero terminó embarrada en el escándalo internacional de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El órgano fiscalizador detectó que esa obra se le contrató por mil 436 millones de pesos, pero se ejecutaron trabajos por 2 mil 315 millones de pesos.
El especialista en energía de la firma Foley, Daniel Aranda, dijo que para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea “coherente” con el discurso de transparencia y anticorrupción, debe recurrir a las licitaciones internacionales y no a una adjudicación directa, que por sus condiciones y por el monto de la inversión que implica, tendrá que ser internacional ya sea bajo cobertura de tratados o abierta.
Una vez adjudicado el proyecto integral de reconfiguración, costaría aproximadamente seis mil millones de pesos, dividido en tres etapas: reingeniería y diseño, construcción y supervisión, los cuales podrían concretarse en dos años más.
De acuerdo con las prácticas internacionales, que es como lo ha hecho Pemex en los últimos años, se ha requerido de un mínimo de tres contratistas en el mismo proyecto, agregó Aranda.
En el caso de la refinería de Tula, para la que se planeaba construir se destinaron 2 mil millones de pesos a ICA, y para la reconfiguración la filial de Odebrecht fue la que recibió el proyecto a cambio de un soborno de 10 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones judiciales de personal de la constructora. Aranda dijo que para evitar esos riesgos es recomendable la licitación internacional.
Imagen: Pemex.
PRECIOS DE GASOLINAS A LA BAJA
El precio de las gasolinas depende de componentes internos, externos determinados por el mundo y los tributarios de la Secretaría de Hacienda. Alrededor del 26 por ciento del costo de los combustibles es por los impuestos especiales, menos el estímulo fiscal; un cuarto del precio final va por la logística desde almacenamiento hasta transporte a la estación de servicio abierto a la competencia privada, pero aún no se observa mucha inversión en el área; y aunque no hay mucha información del próximo gobierno, el CIEP estima que variará el IEPS como antes de la liberación de precios al mercado internacional, explicó el investigador en energía y finanzas, Alejandro Limón Portillo.
Durante la campaña y en este periodo de transición, el próximo Presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual Secretaria de Energía, Rocío Nahle, han anunciado el mantenimiento y construcción de refinerías para aumentar la producción de petróleo que contribuiría en la reducción de precios de los combustibles, que también dependen de la inflación, los precios internacionales del petróleo y los costos de logística e impuestos.
“Hoy tenemos estos precios de gasolina porque estamos importando el 80 por ciento [de Estados Unidos]. Nosotros estamos seguros que una vez que Pemex empiece a aumentar la producción de gasolina –es una empresa más que va a estar en el libre mercado, y que va a ser un factor, un competidor muy importante– para con ello poder estabilizar los precios y no necesariamente se van a disparar [pese al libre mercado]”, dijo Nahle a la prensa.
López Obrador, por su parte, reveló que a partir de sus tres primeros años de gestión los precios de combustibles no subirán y comenzarán a reducirse en la segunda mitad de su adminsitración.
“No sólo no habrá gasolinazos sino que el gas y el diésel no van a subir más que la inflación en tres años y después de tres años, que ya tengamos producción de gasolina en México, vamos a bajar los precios, van a bajar los insumos”, señaló el virtual candidato electo”, declaró hace unos días ante los empresarios industriales.
Daniel Aranda, socio especializado de Foley Gardere Arena estimó que los tiempos que ha dado la próxima administración para la producción de gasolinas en México o para refinar crudo pesado “son realistas”, dado que tan sólo un proceso de contratación internacional requeriría entre cuatro y seis meses.
A su vez, el experto de Foley coincidió con la futura Secretaria de Energía Rocío Nahle en dos puntos: que después de tres años de este mantenimiento a refinerías, se podrá producir más combustibles y en que la más abandonada es la de Salina Cruz, Oaxaca, al grado de que es “peligroso” si opera a toda su capacidad.
Sin embargo, expuso, es “imposible” detener el aumento a los precios de combustibles si sólo se dejan al mercado abierto y sin un subsidio gubernamental que requiere recursos federales, el cual beneficia también a usuarios del transporte público.
Las cifras de homicidios y desaparecidos en este sexenio son ya el doble de lo contabilizado en toda la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Pero ese indicador no es el único donde el Gobierno de Enrique Peña Nieto –en sólo 3 años y siete meses– supera ampliamente al calderonista: también el número y el monto de adjudicaciones directas –las que no pasan por concurso o licitación pública– en su administración se ha duplicado, y además no hay manera de que el propio Estado ni los ciudadanos sepan si el contrato cedido tiene las mejores condiciones de precio-resultado para el erario público.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo advirtió en su dictamen sobre la “política de adquisiciones” de la actual Secretaría de la Función Pública (SFP): no cuenta con una manera de saber si las decenas de miles de contrataciones de bienes y servicios públicos que realizan las dependencias de la administración federal “garantizan las mejores condiciones de compra para el Estado”.
Uno de los motivos, advirtió la entidad revisora, es la caída en el número de licitaciones públicas y un aumento en el de procedimientos de “adjudicación directa”. Tan sólo en los cinco años analizados por la ASF, entre 2009 y 2014, las primeras decrecieron a un promedio anual de 12.6 por ciento mientras que las segundas –consideradas con mayor margen de discrecionalidad– aumentaron en casi la misma proporción: un 11.9 por ciento más cada año.
“Durante la auditoría (se identificó) la carencia de indicadores para valorar que se garantizan las mejores condiciones de compra para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, dice el dictamen de la ASF.
Estadísticas de la Secretaría de la Función Pública muestran, por separado, que en la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto el número de adjudicaciones directas son ya casi el doble de las que había en los últimos años del anterior sexenio: 115 mil 309 procedimientos asignados sin licitación de por medio en 2015 frente a 58 mil 849 en 2011.
En millones de pesos, el monto de lo asignado de manera directa dobla también en la actual administración pública lo ejercido de esta forma en el calderonismo: 148 mil 272 millones sin licitar en 2015, frente a 72 mil 285 en 2011.
De acuerdo con los mismos datos de la SFP, el aumento en el número de adjudicaciones directas, de un 96 por ciento entre 2011 y 2015, fue mayor que el registrado en el número total de contratos, que creció un 85 por ciento. También el aumento registrado en el monto asignado de manera directa, que fue de un 105 más que en el final del sexenio anterior, fue superior al crecimiento en el presupuesto general de contrataciones, que fue de un 96 por ciento.
A diferencia de la ASF, que detectó promedios anuales de disminución en las licitaciones públicas, la Función Pública reporta aumentos en este renglón, pero menores a los presentados por las adjudicaciones directas: sólo un 62 por ciento más en el número de procedimientos licitados que en el calderonismo.
Un ejemplo de asignaciones directas otorgadas durante la presente administración son los 88 contratos de la empresa Actidea, S.A. de C.V., encargada de la organización de los eventos y celebraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, desde las ceremonias del Grito de Independencia hasta los que de presentación de las reformas estructurales o la visita de los Reyes de España.
“Actidea ha sido la reina en la obtención de contratos sin mediar concurso en el terreno de los festejos y actos públicos. Y cuando ha competido o está en un contrato marco casi siempre ha resultado ganadora”, publicó SinEmbargo en abril pasado.
“Juntos, esos contratos fueron por 428 millones 54 mil 523 pesos con 61 centavos. Seis de estos 88 se desprendieron de un contrato marco; es decir, hubo otros participantes que también pudieron ser requeridos, pero sobre los cuales, Actidea fue la seleccionada”, agregó la investigación difundida por este medio.
Otros ejemplos son los nueve contratos de la compañía Eolo Plus, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, y que también ha sido seleccionada de manera directa para prestar servicio de traslados aéreos de ejecutivos de dependencias de Gobierno federal, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
“Al asumir la Presidencia Peña Nieto –que es considerado amigo del contratista– Hinojosa Cantú amplió su cartera de clientes en el Gobierno federal y aumentó de 15.8 millones de pesos a 44.8 millones los recursos convenidos con el Ejecutivo sin tener que someterse a concurso o licitación”, publicó también SinEmbargo en marzo de 2015.
“Los problemas fundamentales de las adquisiciones han sido ‘la corrupción, la ineficiencia administrativa y la falta de competencia al momento de comprar, que implican desperdicio de recursos, y por lo tanto representan un fraude hacia los contribuyentes”, dice el dictamen de la ASF.
Y la Secretaría de la Función Pública, agrega la entidad revisora, “no acreditó en qué medida se avanzó en la resolución del problema público respecto de asegurar las mejores condiciones de compra para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en los procesos de adquisiciones, a fin de que se otorguen bienes y servicios de calidad que generen confianza en la ciudadanía”.
La revisión de la ASF incluye un apartado de “antecedentes” que recuerda cómo ha avanzado la legislación alrededor de los procedimientos de contratación de bienes y servicios del sector público, de ser inexistente en la década de los años 80 hasta la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Regulación necesaria, agrega el informe, dada la importancia de los recursos asignados a través de las contrataciones del Gobierno: “A 2012, esta actividad representaba aproximadamente el 40.0 por ciento del presupuesto total del sector público mexicano y el ocho por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que se consideró a las adquisiciones como ‘la actividad gubernamental con mayor impacto en la economía nacional (…) y, en un sentido más amplio, además de maximizar el bienestar de la ciudadanía, las contrataciones públicas deben considerarse como una palanca de desarrollo para el Estado”.
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