Adultos de la tercera edad carecen de apoyos efectivos. Foto: Cuartoscuro
Mientras el Gobierno federal se jacta de haber aumentado el número de adultos mayores que reciben pensión, estos apoyos no alcanzan para la canasta básica y el sector de salud tiene menos presupuesto.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Expertos apuntan que el actual Gobierno, lejos de preocuparse por el bienestar del adulto mayor, utiliza las pensiones como un medio para obtener votos y hacer política.
“Es una ayuda muy marginal, minimalista. Cuando se dan ayudas de ese tipo casi siempre el sentido es reclutarlos como clientela política de un partido político”, dijo Julio Boltvinik Kalinka, investigador del Colegio de México (Colmex), en entrevista con SinEmbargo.
De esta cuenta es con la que el Presidente Enrique Peña Nieto aumentó el padrón del Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM) en 2 millones 500 mil apoyados, con relación al 2012.
Pero las cuotas mensuales para los beneficiados no alcanzan para la canasta básica, ni para una vida digna. Esta estrategia del Gobierno sería la continuidad un modelo que ha tenido éxito político para autoridades previas, indicó el investigador del Colmex.
“Andrés Manuel López Obrador descubrió esa fórmula, [Vicente] Fox primero se opuso diciendo que iba llevar al país a la bancarrota, y luego, durante su Gobierno lo empezó a copiar. Los adultos mayores, casi siempre, no todos, viven con algún hijo u hija, entonces, cuando les dan dinero, ya no tienen que pedir a otros, y eso genera un efecto de agradecimiento en toda la familia”, dijo.
De acuerdo con las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y sin contar 385 pesos al año para servicios financieros y cuentas bancarias, los apoyos económicos mensuales de este programa son de 580 pesos y se entregan de forma bimestral, mediante la Cruzada Nacional contra el Hambre, a las personas de 65 años o más, que no reciben otra tipo de pensión mayor a mil 92 pesos al mes.
SIN CANASTA BÁSICA
La pensión no es digna porque no alcanza para comer, indicaron los consultados. Foto: Cuartoscuro
Esta pensión no sería suficiente ni siquiera para comer de forma correcta, ya que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó en agosto el precio de bienestar mínimo o de canasta básica, en mil 295 pesos para el área urbana, y en 910 para el área rural.
“Al menos debería ser un salario mínimo, pero si es pensión alimentaria, lo que cuesta alimentar decentemente a una persona son como 60 o 70 pesos al día. Una alimentación balanceada, correcta, además no se está incluyendo los gastos de cocinar, la depreciación del gas, etc. Un salario mínimo apenas cubre la alimentación de una persona”, advirtió Boltvinik.
El Tercer Informe de Gobierno especificó que el PPAM fue destinado a 3.7 millones de personas en el primer semestre de este año, esto es casi el 70 por ciento del padrón.
Esto contrasta con las cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) que estableció el año pasado que hay 7.90 millones de personas mayores a los 65 años en el país. Población que para el 2020 será de 9.8 millones.
Datos oficiales indican que una de cada cuatro personas mayores de 65 años tiene alguna dificultad para hacer actividades cotidianas como bañarse, caminar, levantarse, utilizar el baño u vestirse.
Pese a la situación, el PPAM ha sufrido recortes de presupuesto. El año pasado pese a tener asignados 42 mil 515 millones en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 2015, a principios de año hubo un ajuste de 2 mil 250 millones de pesos.
Y posteriormente, en la proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2016, el programa volvió a sufrir otro recorte de 779 millones, ya que fueron asignados 39 mil 486 millones de pesos.
FINANCIAMIENTO DE PENSIONES
Los esfuerzos deben de enfocarse a la salud, dijo el experto. Foto: Cuartoscuro
Además, el aumento poblacional de la tercera edad implica también replantarse la forma en la que se financian las pensiones, indicó Enrique Cárdenas Sánchez, el director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Una forma de financiamiento podrían ser los impuestos, sugirió.
“Debe de haber un sistema nacional de pensiones, reestructurado, tratar de disminuir inequidad bárbara, por ejemplo, la que hay entre los trabajadores del seguro social y los trabajadores afiliados al seguro social. O entre unos, y los que tienen 580 pesos al mes, no hay una equidad mínima razonable en el sistema”, dijo en entrevista.
De acuerdo con Cárdenas Sánchez esto implica un enfoque a los esfuerzos en salud, ya que las personas de la tercera edad están más vulnerables a necesitar servicios médicos.
Entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los que menos recursos destina al sector salud, con 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), acusó el lunes la Comisión de Salud del Senado.
Asimismo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del siguiente año dejará de contar con 5 mil 181 millones de pesos para este rubro, lo cual afecta a todas las edades, indicaron los expertos, pero en especial a los adultos mayores.
Senadores del Pan y Alianza por la Salud Alimentaria proponen crear fideicomiso para combatir obesidad. Foto: Vía @SenadoresdelPAN
México no sólo es de los países que menos recursos destina a salud, además la falta de transparencia en el erario público y los continuos recortes al presupuesto perjudican a los mexicanos, destacan senadores y organizaciones civiles.
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Entre todos los países del mundo, México es uno de los que menos recursos destina al sector salud, con 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), acusó la Comisión de Salud del Senado.
“Somos uno de los países más bajos de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] y del mundo. Estamos en niveles similares a Estonia y Turquía. Ni siquiera nos acercamos a países de la región como Argentina o Chile, que gastan entre 8 y 9 por ciento… o a Estados Unidos que gasta el 16 por ciento”, dijo la presidente de la comisión Maki Esther Ortiz Domínguez.
La Senadora del Partido de Acción Nacional (PAN) lamentó los recientes recortes que ha sufrido el rubro de salud, que conforme al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del siguiente año dejará de contar con 5 mil 181 millones de pesos.
“Lo único que hemos recibido son recortes muy violentos para atender la salud que se merecen los mexicanos. Este año sufriremos un recorte, y ya habíamos tenido uno de más de 10 mil millones de pesos”.
La Senadora panista recordó que del 2000 al 2012 se aumentó cada año alrededor de un 10 por ciento el presupuesto a salud. Sin embargo, durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, el incremento ha sido de sólo 5 por ciento.
Estos datos fueron dados a conocer por Ortiz durante la presentación de una iniciativa del PAN y la Alianza por la Salud Alimentaria, que agrupa a 60 organizaciones civiles, para crear un fideicomiso que especifique a qué rubros de salud se destinan los recursos recaudados por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava refrescos y comida chatarra.
NECESIDAD DE ETIQUETAR
A partir de la Reforma Fiscal del 2014, la recaudación de este impuesto está estimada en 32 mil millones de pesos cada año. Y pese a que en un principio la actual administración de Gobierno aseveró que se destinarían a programas de salud, tanto partidos de oposición como organizaciones civiles opinan lo contrario.
“En el tema de cómo se gastan los recursos hay una opacidad total. Cuando ves el rubro [de prevención a obesidad], cuánto se ha invertido en remodelación de escuelas en forma total, sin puntualizar instalaciones deportivas, sin puntualizar acceso a agua potable, en total, en un año, han sido 380 millones de pesos, contra 50 mil millones de pesos que se han recaudado”, dijo la Senadora panista Marcela Torres Peimbert, quien promueve la iniciativa de crear el fideicomiso.
Parte importante de la iniciativa es que este fideicomiso cuente con un comité de expertos de la sociedad civil, que diseñen lineamientos y reglas de operación de los recursos sin que exista conflicto de interés.
“La idea es que sea sin conflicto de interés, sin la industria, sino de expertos que recomienden cómo se tienen que utilizar esos recursos. Al final de cuentas, la Ley de Coordinación Fiscal menciona criterios muy específicos en el tema de transparencia, de cómo se tiene que utilizar, y entonces, da mucha más claridad”, dijo el director de la coalición civil ContraPeso, Luis Manuel Encarnación Cruz.
La iniciativa pretende crear el llamado Fondo para la Prevención de la Obesidad a través de una adición al artículo 161 de Ley General de Salud. La misma tendrá que ser discutida por la Comisión de Salud del Senado para posteriormente enviarse a la Cámara de Diputados.
Ortiz agregó que establecer etiquetados es importante ya que se ha demostrado anteriormente que la recaudación de impuestos no queda especificada, como sucedió con el impuesto al tabaco en 2006. “Nunca el sector salud pudo ver reflejado esa recaudación en su presupuesto”.
OPACIDAD EN BEBEDEROS
De 40 mil, sólo 2 mil 665 bebederos han sido instalados con el actual Gobierno federal. Foto: Cuartoscuro
Un tema que refleja la opacidad, de acuerdo con las organizaciones civiles de la salud alimentaria, es el compromiso hecho por el Gobierno de instalar bebederos.
La Secretaría de Educación Pública informó el 18 de agosto que en el 2014 se instalaron mil 165, en planteles de educación básica, y que para este año se preveía la instalación de mil 500 bebederos más, para llegar a ser 2 mil 665.
Estos esfuerzos aún están muy lejos de la meta que es llegar a 40 mil bebederos al término del sexenio.
El Instituto Nacional de Infraestructura Educativa afirmó que los bebederos instalados fueron parte del compromiso de la Reforma Educativa, sin embargo, para el nuevo ciclo escolar, la publicación de los criterios técnicos serán necesarios para poner 11 mil bebederos, indicó la organización ContraPeso.
“La Comisión Federal de Mejora Regulatoria que hace estos anteproyectos ya tiene un dictamen, pero todavía falta la aprobación de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Porque al final de cuentas son lineamientos que hablan sobre las características que tienen que tener los bebederos para poder ponerse en las escuelas”, explicó Encarnación Cruz.
El director de ContraPeso denunció que a pesar de que el Gobierno federal ha asignado durante dos años alrededor de mil 300 millones de pesos para los bebederos, apenas se ha instalado el 6.8 por ciento.
Y para el siguiente año los recursos serán menos, un monto de mil 141 millones de pesos, que provienen de lo establecido por la Ley, que manda a destinar el 15 por ciento del programa de Reforma Educativa contará, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), con 7 mil 607 millones de pesos el próximo año.
“Lo cual contrasta un poquito porque del 2014 al 2015 había recursos de por lo menos mil 360 millones de pesos que se supone que se tenían que haber destinado para la instalación de bebederos en las escuelas. Sabemos que se formó un compromiso a partir del ciclo escolar actual. Pero lamentablemente el ciclo ya empezó hace más de un mes, y lo lógico sería que no se hubieran utilizado [para otros fines] estos recursos destinados previamente”.
Un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, titulado “Valoración del Impacto Presupuestario”, estimó en 2014 que para poder instalar los 40 mil bebederos se requería una inversión de más de 11 mil millones de pesos, que deberían ser implementados de forma gradual, por lo que para el siguiente año el Gobierno federal debió de haber propuesto más de 4 mil millones de pesos, en vez de la cuarta parte, que indica el PPEF 2016.
A nivel mundial hay 25 millones de personas que resultan intoxicadas por el uso de plaguicidas. Foto: Shutterstock
Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Una agrupación de 42 organizaciones civiles y académicos acusó al Gobierno de anteponer los intereses comerciales de las empresas que venden plaguicidas sobre la salud de los mexicanos. Por lo que exigieron su adhesión a una alianza global en contra de estos químicos.
“En México están agrupados más de 31 ingredientes activos que pueden causar cáncer. Por eso pensamos que es una oportunidad para apoyar esta idea”, explicó el director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) Fernando Bejarano González.
Las organizaciones piden al Gobierno que se sume a la iniciativa el 28 de septiembre durante su participación en la Conferencia Mundial para la Gestión de Sustancias Químicas (ICCM4).
Asimismo, la organización internacional Pesticide Action Network (PAN) ha orquestado este movimiento para que otros gobiernos, en África y Asia, apoyen la integración de esta llamada Alianza Global para la Prohibición Gradual de los Plaguicidas Altamente Peligrosos.
“Es una alianza voluntaria, entonces no vemos las razones por las que podría oponerse el Gobierno, pero uno nunca sabe, dados los intereses que afecta de la industria química de plaguicidas”, dijo el director de RAPAM.
PAN estima que a nivel mundial 25 millones de personas resultan intoxicadas cada año por el uso de plaguicidas, y son 735 mil los casos de efectos crónicos entre ellos cáncer y de reproducción.
Entre la lista de cancerígenos se encuentra el glifosato. Uno de los plaguicidas más extendidos en México, que se comercializa bajo el nombre de Faena o Round Up.
“Es precisamente uno de los productos que Monsanto promueve y que su uso aumenta con la siembra de soya transgénica. De hecho, los males del glifosato son muy obvios en el caso de los pueblos que siembran soya en Argentina, Paraguay, Brasil, que expuestos a estos tóxicos, no sólo se ve cáncer, sino alteraciones endocrinas”, acusó Bejarano.
La organización internacional GreenPeace ha denunciado recientemente que en México el catalogo de plaguicidas no se ha actualizado en los últimos diez años, y que en el país, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas.
“Todos [los plaguicidas] por definición están hechos para causar algún tipo de daño, pero el riesgo de su mal uso se agrava debido a las políticas neoliberales que han abandonado una extensión agrícola efectiva y adecuada al campo”, señaló Bejarano.
En la actualidad, el catálogo oficial de plaguicidas de la Secretaría de Salud maneja dos categorías de efectos a la salud por exposición al glifosato: aguda y crónica.
En la primera específica “ligero irritante dérmico y oral. Severo irritante de los ojos”, y en la segunda, se limita a informar “no se han encontrado efectos en los estudios realizados en animales”.
Sin embargo, luego de que en marzo la agencia de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud pusiera en la lista de cancerígenos al glifosato, gobiernos como el de Francia y Colombia anunciaron su pronta prohibición.
En una carta de las 42 organizaciones dirigida a las autoridades federales recordaron que México es firmante del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM, por sus siglas en inglés), que pone dentro de sus objetivos reducir los plaguicidas altamente peligrosos y el inicio de alternativas agroecológicas para el año 2020.
Entre las organizaciones que suscriben está la Asociación Nacional de Empresas Comercializadores de Productores del Campo, Semillas de Vida, El Poder del Consumidor, la Unión de Científicos comprometidos con la Sociedad, la Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable, Colectivo MaOGM; e investigadores y agroecólogos de las Universidades de Chapingo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla , Colegio de Postgraduados, UAM Xochimilco, Universidad Autónoma de Yucatán.
De acuerdo con la RAPAM, en México hay alrededor de 100 cultivos que se producen de manera orgánica. Lo que podría se un indicio de que los obstáculos para quitar los químicos son más bien de índole comercial o político.
“El mayor control de las transnacionales es el resultado de ese retiro del Estado del campo, y de la falta de orientación a fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria”, dijo el director de RAPAM.
Entre las acciones que podrían implementar un modelo agroecológico están utilizar un control biológico, formas de fertilización naturales, intercambio de cultivos, rotación de cultivos, uso de trampas, limitar los insecticidas y evitar los monocultivos. La red esperará que la próxima semana se reúnan las autoridades y anuncien la postura que tomarán en el ICCM4.
Los alimentos de alta densidad calórica son los que aumentan el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La presencia de comida con alto contenido calórico en las tiendas del país ha ganado terreno en todas las entidades del país, con una estrategia “avasalladora”, lo que hace que los consumidores mexicanos encuentren cada vez más difícil tener acceso a productos saludables, apuntaron organizaciones civiles de la salud alimentaria.
“Sí, es verdad que hay zonas donde no hay acceso a fruta y verduras. Y en otras, donde sí hay, pero hay que caminar dos o cuatro veces más para llegar ahí y conseguir la comida”, explica el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo Unna, en entrevista con SinEmbargo.
Son alimentos de alta densidad calórica los que aumentan el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad, dos padecimientos que abarcan al 70 por ciento de los mexicanos, la tasa más alta dentro de las naciones.
Datos oficiales del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de este año revelan que del 515 mil locales e instalaciones donde se venden alimentos, el 60 por ciento comercia con productos de alta densidad calórica.
Las bebidas procesadas han logrado llegar a pueblos con bajo desarrollo económico, como Zinacantán, Chiapas. Foto: Cuartoscuro
“Vas a cualquier tienda de la esquina, o cualquiera de conveniencia y, al final de cuentas, son tiendas de obesidad y de mala alimentación; ahí es muy difícil que alguien encuentre algo saludable”, dice el director de la organización civil ContraPeso, Luis Encarnación Cruz.
Estas cifras oficiales reveladas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) demuestran que la entidad que donde existe mayor número de tiendas que venden de comida chatarra por habitante es Colima, donde hay 422 de estas locaciones, por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo, este mal es generalizado, a Colima le sigue Morelos, Nayarit y Campeche. Mientras que por el otro lado, entre las menos afectadas bajo este indicador están Baja California y Sonora.
Fuente Conapo, DENUE e IMCO. Tabla: SinEmbargo
Por su parte, Cruz enfatizó que las calorías que gran parte de los alimentos con alta densidad calórica también conllevan otros riesgos, por lo que el daño que representan es aun más grave.
“La mayoría de estos productos tienen un alto contenido calórico, pero más allá del tema calórico, es el alto contenido de grasas saturadas, de grasas trans, de sodio , de azúcares, que en realidad eso tiene un impacto negativo en al salud, más allá de consumir más calorías, pero también son todos los otros ingredientes”.
Aparte del tema de la accesibilidad, EPC enfatizó que un mito generalizado dentro de la población ha sido que los alimentos chatarra son más baratos que los sanos.
“En México en muchas circunstancias no es cierto. Cuando tu comparas el precio de una Coca-Cola de 2.5 litros anda por los 23 pesos. Mientras que el agua en nivel de barrio vale 10 pesos. En dos litros le puedes poner varios limones. Sale a la mitad de precio hacer un agua de limón que hacer una Coca-Cola, y no tienes la vitamina C”, dijo Calvillo.
“Otro caso es el de las botanas. Cuánto cuestan 30 gramos de papitas y, en cambio, cuánto cuesta un kilo de jícama, quizás 10 pesos, un kilo de zanahoria tal vez en 16. Te llevas dos kilos y eso te va salir en la mitad que las bolsas grandes de papas y chicharrones”, agrega.
Los expertos coincidieron en que hace falta que el Gobierno refuerce las medidas fiscales sobre esta clase de alimentos y refrescos.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se grava con un 8 por ciento los alimentos no básicos que aportan 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos.
En julio de este año el SAT gravó al 16 por ciento los alimentos preparados en tiendas de conveniencia. Foto: Cuartoscuro
“Son alimentos no básicos con alta densidad calórica: las frituras, los productos de confitería, los derivados del cacao, los flanes y pudines, los dulces de frutas y hortalizas, las cremas de cacahuate y avellanas, los dulces de leche, los alimentos preparados a base de cereales y los helados, nieves y paletas de hielo”, enfatiza el portal del SAT.
Si bien estas medidas entraron en vigor con la reforma fiscal del 2014, los consultados coincidieron en que el Gobierno ha sido cómplice de la proliferación de tiendas que venden comida chatarra por entregarles incentivos fiscales que hacen falta para la comida sana.
“Estos lugares, como los Oxxos, donde el 90 por ciento de productos son chatarra, cuentan con régimen de consolidación fiscal, donde se promueve que la empresa lo pueda deducir de impuestos, la inversión que realiza”, continúa Calvillo.
El activista explicó que previo al impuesto, que grava el 10 por ciento de los refrescos, la industria de bebidas azucaradas enfatizó que se perderían empleos, acusación que no se comprobó a casi dos años de su aprobación. Sin embargo, “la empresa Femsa puede deducir de impuestos la inversión que está haciendo a través de un régimen de consolidación fiscal. Es perverso”.
La comida chatarra está a la mano de los niños, una de las poblaciones más vulnerables. Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con un estudio del centro internacional Global Reserch, desde hace varios años este tipo de cadenas, en su mayoría trasnacionales como es el caso de la estadounidense 7-Eleven, junto con las compañías de alimentos, para acercarse a sus consumidores potenciales, están “infiltrando”, inundando y haciéndose cargo de los canales de distribución de alimentos tradicionales, y los están sustituyendo con comida chatarra procesado, a precios accesibles.
Lo anterior, se logra además, a menudo con el apoyo directo de los gobiernos, explica en un documento: “El caso de México ofrece un panorama sombrío y espantoso de las consecuencias para las personas”, dice el estudio “Libre Comercio y la epidemia de la comida basura en México”, de Global Research publicado en marzo pasado, en el cual alerta que los mexicanos no sólo están luchando para pagar lo suficiente para comer sino que los alimentos que consumen les están haciendo daño.
La investigadora Corinna Hawkes, explica en el estudio de Global Research, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte dio paso a un crecimiento “explosivo” de cadenas de supermercados, tiendas de descuento y tiendas de conveniencia, “de menos de 700 a 3 mil 850 en 1997, y a 5 mil 729 en el año 2004″.
La presión sanguínea se mide por dos números, en milímetros de mercurio (mmHg), que reflejan los movimientos sistólico y diastólico. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Un nuevo estudio podría cambiar el enfoque de lo que hasta ahora había sido considerado como una presión sanguínea recomendable en personas de la tercera edad.
Investigadores de una organización civil apoyados por el Instituto Nacional de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos han concluido que el tratamiento para personas con hipertensión debe hacerse por medio de un agresivo descenso en la presión sanguínea.
La presión sanguínea se mide por dos números, en milímetros de mercurio (mmHg), que reflejan los movimientos sistólico y diastólico, cuando el corazón se contrae y luego cuando se expande, respectivamente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cuando la presión sanguínea del movimiento sistólico, siempre el más alto de los dos números, es igual o mayor a 140 mmHg se considera una presión sanguínea alta. El mismo caso que si pasa de 90 en la diastólica.
Sin embargo, el trabajo recomienda que los niveles de la primera no sobrepasen de 120 mmHg. Lo que reduce considerablemente el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular casi en un 35 por ciento.
Esta conclusión fue hecha pública como un resultado preliminar de la investigación , que aún no termina.
“Este estudio entrega información que potencialmente puede salvar la vida, será útil para los encargados de salud, para que puedan considerar las mejores opciones de tratamiento en sus pacientes, en particular, aquellos mayores de 50 años”, dijo Gary Gibbons, director del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI), a través de un comunicado.
La alta presión sanguínea también llamada hipertensión puede derivar en problemas cardíacos, y en ocasiones precedidos por dolor de cabeza, náuseas, confusión, sangrado nasal y afectación de la vista.
El estudio que empezó en el 2009 es el más grande que se haya hecho para medir la presión. Incluyó a más de 9 mil 300 participantes de 50 años o más, que fueron conseguidos en más de 100 centros médicos a lo largo de los Estados Unidos.
La población examinada fue diversa. Comprendió distintas razas, edades de personas mayores y ambos géneros. Asimismo, descartó a personas con diabetes, previamente infartadas o enfermedades renales.
Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos dependiendo de su presión sanguínea. En uno, recibieron dos tipos de medicamentos para no pasar del puntaje 140 mmHg en sistólica. En el otro, la medicación tuvo como objetivo no pasar de los 120 por medio de tres fármacos.
“Nuestros resultados proveen de importante evidencia que tratan de bajar la presión sanguínea en pacientes de mayor edad o en alto riesgo puede ser beneficioso y fijar mejores resultados sobretodo”, dijo Lawrence Fine, jefe ejecutivo en la NHLBI.
En México la hipertensión es una de la principales causas de muerte. Tan sólo por este padecimiento en mayores de 20 años se reportan 11 millones 123 mil mexicanos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.
No obstante, considerando a todas aquellas personas que no han sido diagnosticadas, el Instituto Nacional de Salud Pública ha dicho que la prevalencia de la enfermedad podría abarcar al 30 por ciento de la población.
Aunque las probabilidades de padecer hipertensión se incrementan con la edad, también se dan casos de gente joven con este problema.
De acuerdo con datos de la Ensanut, en los adultos mayores a 60 años la hipertensión fue 3.4 veces más frecuente que en los adultos de 20 a 29 años. También se encontraron 1.3 veces más adultos hipertensos con obesidad (42.3 por ciento) que con peso normal (18.5 por ciento).
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- La inactividad física en México es un problema que tiene raíces en el sistema educativo. Datos oficiales revelan que el Estado carece del personal e instalaciones necesario para contrarrestar un fenómeno asociado con los altos índices de sobrepeso y obesidad que afectan aproximadamente al 70 por ciento de la población.
En el país el 57.6 por ciento de la población no realiza algún tipo de actividad física de acuerdo con la encuesta del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dada a conocer el año pasado.
Esta situación es más común dentro de las mujeres, ya que el 60.2 por ciento de ellas no hace actividad física, mientras que en hombres la prevalencia llega a ser del 39.8 por ciento.
Esto es preocupante han señalado especialistas, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a las personas realizar un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, como bien podría ser trotar o andar en bicicleta.
Esta realidad golpea directamente a la niñez. “Está asociada [la inactividad física] con el desarrollo de obesidad, de la que con el tiempo se desprenden la diabetes, hipertensión e infartos”, explicó el doctor Concepción de la Torre, quien da clases en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 hace hincapié en los bajos índices de actividad física en niños y adolescentes, entre las edades que van de 10 a 14 años el 58.6 por ciento aseguró jamás haber realizado actividad física.
El mes anterior el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló cifras oficiales que demuestran que la falta de atención en este tema por parte del sistema educativo es generalizada en la mayor parte de las entidades del país. Los resultados fueron expuestos en el “Sistema de Indicadores para Monitorear los Avances de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”.
En México tan sólo 55 mil 136 escuelas reportaron en el 2013 contar con al menos un profesor de actividad física, esto representa el 2.96 por ciento del total de docentes a nivel nacional.
“Podemos decir inicialmente que en primaria, secundaria y preparatoria en función de los planes de estudio, que no se contempla la actividad física como una base para el desarrollo del joven, y lo mismo sucede a nivel de preparatoria y licenciatura”, consideró de la Torre .
Tabla: SinEmbargo
“Otra cosa que argumentamos también es la falta de espacios para poder realizar este tipo de actividades. Y ya si nos ponemos en una situación política es la inseguridad para poder realizar actividades al aire libre”, enlistó el profesor de la UNAM.
De 205 mil (en el país hay en total 254 mil 458) escuelas censadas en el 2013 son 81 mil 380 las que cuentan con instalaciones deportivas y que se encuentran en uso.
Lo que representa que sólo el 39 por ciento de escolares en México tienen oportunidad de hacer ejercicio en espacios idóneos para la actividad física.
Graciela con sus papás Raúl Elizalde y Mayela Benavides. Foto: Sanjuana Martínez.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El Senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, reiteró una propuesta hecha en el 2014 para legalizar la mariguana con fines medicinales, luego de que un Juez de Distrito concediera a una niña con epilepsia una medida cautelar para que sus padres puedan suministrar un derivado de esta hierba llamado cannabidiol.
En la actualidad los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud prohíben cualquier tipo de uso en el territorio nacional de sustancias relacionada con la mariguana, como es el caso del medicamento que podrá ser suministrado a Graciela Elizalde Benavides, quien padece del síndrome Lenox-Gastaut, una variante de epilepsia infantil, que le llega a causar hasta 400 ataques en un día.
“La Ley clasifica el tipo de sustancias. Hay unas prohibidas como el THC [Tetrahidrocannabinol] o el cannabidiol, y hay otras sustancias que están reguladas, para que puedan ser prescritas por los médicos”, explica Delgado en entrevista con SinEmbargo.
Para poder utilizar estos derivados de la mariguana habría primero que legalizarla en su totalidad, expone el legislador.
“Si no cómo se haría, no puedes tener el cannabidiol si no legalizas la mariguana. Mi iniciativa fue la legalización de la mariguana para uso terapéutico y experimentación científica”, continua.
Este tema ha puesto contra las cuerdas a una administración de Gobierno que ha evitado abrir este debate. “Falta voluntad del Gobierno. No sabe qué hacer”, considera Delgado Carrillo.
UN DEBATE NECESARIO
Los propios padres de Grace interpusieron un amparo, luego de que el Consejo General de Salud prohibiera la importación de este medicamento. Y una vez que el Juez de Distrito privilegió la salud de la menor mediante una resolución, el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de queja para impugnar la decisión.
Sin embargo, uno de los defensores de la menor Fabián Aguinaco Bravo, indicó en declaraciones a la prensa, que pese a la impugnación la resolución sigue vigente, por lo que el tratamiento podrá llegar a la menor.
De acuerdo con Rubén Guzmán Sánchez, consultor del Instituto para la Seguridad y la Democracia, este caso vino abrir un debate que es necesario desde hace tiempo en el país, que la administración de Enrique Peña Nieto sigue omitiendo.
“Se tendría que convocar a un debate tanto sectorial, flexibilizar, específicamente, sobre la mariguana. Se tiene que desescalar, porque está en lo más alto cuando hablamos de drogas, visto en términos de seguridad nacional”, dice en entrevista.
El consultor explica que si bien México mantiene esta postura por la exigencia de Estados Unidos, es en ese mismo país que algunos estados han flexibilizado el consumo de esta planta.
Delgado exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a desistir del recurso interpuesto, pero también a que, de regularizarse la mariguana, se establezca un mecanismo entre las dependencias de salud y la PGR, que permita a pacientes acceder a estas sustancias para tratamiento.
“En estos casos mientras no se modifique la ley, pues exista una mecanismo de coordinación entre la Secretaría de Salud para facilitarle el acceso a esta sustancia a todas las personas”, dijo el Senador.
“Lo que queremos es que esto no vaya a ser nada más como un caso de excepción y que no se mida todo el viacrucis que ha tenido que pasar Grace, para pacientes con síntomas similares, que van a tener que recurrir a un juez y tener un amparo para poder utilizar esas sustancias”, agrega.
Sin embargo, abrir la puerta a la mariguana es visto por algunos como algo que podría ser difícil de regular, además de que las autoridades de salud aún se dividen en determinar las posibles consecuencias de su uso recreativo.
La directora del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Lourdes Garza Ocañas, concedió el mes pasado una entrevista a este medio, en la que habló de los peligros que produce la mariguana, dentro de los que mencionó la dependencia.
“Te dicen que yo la dejo, pero no la dejan, porque ya hay una dependencia. Se estimula un centro del cerebro y esto es real, se llama centro de la recompensa. La estimulación del receptor canabinoide le agrada al cuerpo, es la misma sensación de recompensa de cuando comemos, o cuando dormimos. Y queda registrado, de ahí la dependencia, que hace que luego el cerebro busque la misma sensación”.
Cuando SinEmbargo preguntó al Senador si pensaba que este tema podría comprometer la seguridad nacional, él contestó:
“Tiene efectos sin duda en materia de seguridad pública, pero yo estoy enfocado en el tema de salud, que creo que es abrir la puerta a pensar en manera distinta las drogas, y puede ser la vía para que posteriormente tengamos un enfoque de seguridad pública”.
Es el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) el que se encarga de plantear la política del país ante los estupefacientes. Y qué clase de amenaza pueden representar para la sociedad.
“Es poco transparente el manejo de la política de drogas en las instancias de seguridad nacional. No sabemos cuál es la postura, la perspectiva, desde el punto de vista de la salud. Mucho hablamos desde el combate al crimen, al tráfico de drogas, desde el punto de vista de seguridad pública, pero no desde la salud”, refirió Guzmán.
Pese al hermetismo del Gobierno, Enrique Peña Nieto estará presionado a hablar nuevamente del tema el próximo año durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, en inglés) para tratar el tema de las drogas.
Ya que en el 2013 en la asamblea anual de la ONU realizada en Nueva York, Peña Nieto se sumó a los presidentes de Colombia, Guatemala y Costa Rica para desarrollar respuestas al tráfico de drogas basadas en la promoción de la salud pública.
“No podemos llegar con las mismas ideas de siempre cuando el mundo está cambiando”, dijo Delgado al respecto.
Hacienda propuso para el próximo año 5 mil 181 millones de pesos menos para salud en relación al 2015. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Especialistas coinciden en que el recorte de 5 mil 181 millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2016 refleja cómo el Gobierno prioriza intereses políticos y de propaganda por encima de la salud de los mexicanos.
“Lo que nosotros observamos es que la cohesión de programas sociales paliativos es sólo para decir: ‘es nuestro tiempo de gobernar’. Son programas que benefician a un espectro muy amplio de personas, pero no tienen un impacto de mejora para los derechohabientes”, dijo Yareli Escudero Guadalupe, integrante del comité coordinador de la Red por la Salud, entrevistada por SinEmbargo.
El PPEF enviado esta semana por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados propuso para el siguiente año un recorte de 5 mil 181 millones de pesos en relación al PEF 2015. Sin embargo, en realidad el recorte sería menor, de mil 842 millones de pesos, precisaron los expertos, debido a una reducción previa hecha por el titular de la SHCP Luis Videgaray Caso el 30 de enero.
“Nosotros vimos que vendría un nuevo recorte desde que la SHCP anunció el ajuste en enero. Vemos como reto urgente que el presupuesto en salud no se afecte”, dijo Escudero.
En esa oportunidad Videgaray restó al ramo de salud 3 mil 339 millones de pesos. Por lo que el presupuesto real en 2015 fue de 131 mil 508 millones de pesos.
“Aquí se enmarca de una falla todavía mayor que es la ausencia absoluta de una propuesta para atender el principal reclamo de la ciudadanía como lo es la mejora de los servicios”, dijo Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Ahora serán los legisladores que deberán aprobar la nueva propuesta para el 2016, que destina para este ramo 129 mil 665 millones de pesos.
Un julio, un grupo de manifestantes de Oaxaca se quejó del delegado de Prospera y del director de Liconsa, quienes “están más ocupados en hacer campaña que en brindar apoyo”. Foto: Cuartoscuro
Pese a que el recorte ha afectado en términos generales a este rubro presupuestario, hubo programas de Gobierno que lejos de descender, aumentaron. Las fuentes consultadas por SinEmbargo refieren que esto se debe al interés político que hay detrás de los mismos.
Es el caso de la contribución que se hace de este rubro al Programa de Inclusión Social PROSPERA, al que en el 2015 aportó 6 mil 23 millones de pesos, y que para el siguiente año se prevé con 6 mil 209 millones de pesos.
En cuanto a salud, el programa pretende dar apoyo alimentario a familias a través de la asignación de 140 y 335 pesos mensuales, en entregas que se realizan cada dos meses.
Otro ejemplo es el Seguro Popular, el principal programa de los 37 que administra el Ramo 12 de salud. El PEF 2015 asignó al mismo 74 mil 789 millones de pesos, el cual aumentará para el siguiente a 75 mil 437 millones de pesos.
Esto obedece al discurso político durante la actual administración, pues el Presidente Enrique Peña Nieto ha dicho de forma reiterada la necesidad de universalizar la salud. De acuerdo con Leal, lo importante no es sólo asignar recursos sino hacer un uso eficiente de ellos.
“Es un programa muy mal diseñado, saturado de corrupción, lleno de problemas de operación, pero que además es el primer programa que restringe operaciones, que a diferencia del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] y del ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] atiende a partir de una catálogo racionado”, dijo en entrevista.
El profesor de la UAM consideró que el continuo aumento en los recursos del Seguro Popular pone en riesgo a la juventud mexicana al darle un futuro de atención medica restrictiva y no integral, como la ciudadanía demanda.
El PPEF 2016 también descontinuó parte considerable de los recursos destinados a la “Calidad de la Atención Médica” dentro del rubro de salud, que de 104 millones de pesos en el 2015 pasaron a ser 69 millones, una disminución del 33.65 por ciento.
“El equipo de Peña Nieto lleva tres años desatendiendo el sector salud. Y preocupándose por las grandes reformas, que son objeto de un debate en recursos, pero en salud no tenemos más que las políticas inerciales del foxismo y el calderonismo. Estamos sumando 15 años sin nada para los pacientes del sistema nacional”, continuó Leal.
El 8 de septiembre la SHCP presentó estos cambios dentro del Paquete Económico que contempla un gasto neto que asciende a 4 billones 746 mil 946 millones de pesos, lo que representa una reducción de 221 mil millones de pesos, equivalentes al 1.15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), respecto al gasto programable de 2015.
El PPEF 2016 fue pasado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y posteriormente será debatido en el Pleno. Los legisladores tienen hasta el 15 de noviembre para hacer ajustes en el documento.
Ciudad de México, 10 agosto (SinEmbargo).- A diferencia de países como Suecia o Japón, en México los suicidios obedecen a fenómenos que afectan a las familias como la pobreza y la violencia, afirmaron psicólogos a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) enfatizó que la tasa de suicidios en México ha venido en aumento, mientras que en el 2000 fue de 3.5 por cada cien mil habitantes, en el año 2013 llegó a 4.9. El 40 por ciento tenían entre 15 y 29 años.
“Eso tiene que ver con la falta de oportunidades que está pasando nuestra población juvenil, tanto en las zonas rurales como urbanas. No hay alternativas de empleo, de participación política, recreación y esparcimiento cultural”, explica el Roberto Salazar Guerrero, coordinador de la línea de apoyo psicológico por teléfono de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Salazar consideró en entrevista con SinEmbargo que en cambio, los jóvenes hallan más fácilmente otros estímulos que no les aportan sentido a sus vidas como el consumo, la mercadotecnia, el ocio desmedido y las drogas.
Registros oficiales sostienen que mientras en el resto de la población la tasa de suicidios es de 4.9 por cada cien mil personas, entre los jóvenes alcanza a ser de 7.5.
Esto es preocupante sostuvieron expertos consultados, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por cada persona que se quita la vida hay muchos intentos.
El Inegi refirió que del total de suicidios del 2013, el 80.7 por ciento son hombres, y el 18.2 mujeres.
“El número de intentos entre géneros no varía tanto, pero los métodos utilizados por hombres pueden tener mayor letalidad mediante el uso de armas de fuego, por ejemplo, mientras que en las mujeres es más común la intoxicación, a veces con pastillas, lo que, afortunadamente, en ocasiones da oportunidad de que se logren salvar”, explica la psicóloga Blanca Verdugo Aripes, quien labora en Monterrey.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que alrededor del mundo se reportan 800 mil suicidios cada año.
De acuerdo con Salazar en la mayor parte de los casos los individuos presentan un núcleo de depresión, al cual el resto de miembros de la familia deben de estar atentos por ser una posible señal como el aislamiento, consumo de algún tipo de estupefaciente o minusvaloración de su persona.
“El suicida, desde mi experiencia clínica, fue dejando algún tipo de huella, pero desafortunadamente la familia negadora, ignorante o desinformada, no siguió el rastro de estas pistas”, dice.
Cifras del Inegi reportaron en 2013 que hubo 5 mil 909 personas que se quitaron la vida en el país.
“Sí está relacionado con la familia, que han sido afectadas por los cambios sociales de los últimos años de economía y violencia. Es el caso de cuando alguno de los padres sale a trabajar y deja solos a sus hijos. No hay políticas que atiendan este tema”, dijo Verdugo.
El Inegi refirió que las entidades más afectadas en 2013 fueron Aguascalientes, Quintana Roo y Campeche, con 9.2, 8.8 y 8.5 por cada 100 mil habitantes, de forma respectiva.
Por otro lado, los estados con índices más bajos fueron Guerrero con 2.7, Oaxaca 3.0, y Tlaxcala 3.1.
Salazar explicó que los suicidios en México no van a descender porque las causas que los desencadenan no han sido solucionadas. Las estadísticas del Gobierno revelan que el 29.9 por ciento de estas personas no contaban un empleo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó en julio que la pobreza en México aumentó en el 2014. El número absoluto de mexicanos en pobreza aumentó de los 53.3 millones que había en 2012 a los 55.3 millones dos años después. Casi 2 millones de personas más.
“Yo no digo que la pobreza sea condición para una conducta suicida, ni necesariamente de depresión, aunque un individuo que no tiene para comer, para estudiar, no tiene actividad, no tiene remuneración alguna, pero los que están en la calle qué opciones tienen, otra de ellas son las drogas”, explicó.
Otro factor del fenómeno es el desconocimiento de las personas de que hay soluciones a sus problemas y esto en parte puede ser debido a la falta de escolaridad, refirieron los psicólogos.
El Inegi reveló que la mayor parte de personas que se suicidan se encontraban en el nivel educativo de secundaria, lo que representaba el 31.8 por ciento del total.
Salazar recomendó a quienes tienen algunos de los indicios de conducta suicida acudir un tratamiento u apoyo especializado.
“Yo no recomendaría ir con un párroco, un amigo, o un familiar, sino buscar ayuda especializada. Hay diferentes instituciones como la UAM, la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México], Locatel en su sección de apoyo psicológico, digamos, hay formas”.
El cilantro es el otro producto mexicano recientemente señalado por la FDA. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– Expertos tienen opiniones divididas sobre los recientes casos de alerta que ha puesto Estados Unidos a los productos agrícolas mexicanos. Mientras unos creen que la salubridad es una tarea pendiente en el país, otros ven falta de objetividad en dichas alertas.
La semana anterior la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) acusó que pepinos importados de México eran los causantes de recientes casos de salmonela.
Luego de un rastreo las autoridades dieron con la compañía Andrew & Williamson Fresh que tiene sede en San Diego, California.
Ésta empezó a retirar del mercado pepinos producidos en Baja California que han enfermado desde el 3 de julio, según la Agencia Federal, a 285 personas, y causado probablemente la muerte de una mujer de 99 años.
“Hace falta un sistema nacional que fiscalice esos procesos, porque la gran mayoría de las verduras que se consumen en el D.F. son de riego de cañería. Entre ellas el cilantro, no es precisamente una producción muy higiénica”, dice Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en entrevista con SinEmbargo.
Y es justo el cilantro el otro producto recientemente señalado por la FDA, pues a finales de julio la Agencia Federal acusó que el cilantro producido en Puebla contenía cyclospora cayetanensis, un parásito que provoca diarrea.
“La FDA cree que es extremadamente poco común que estos brotes de cyclospora se deban a eventos de contaminación aislados, debido a su naturaleza recurrente, ambos [brotes] ocurrieron en la mima temporada, típicamente entre abril y agosto, de cada año [en referencia a contaminaciones en 2013 y 2014]”, citó la dependencia estadounidense en una misiva hecha el 31 de agosto.
Entre el 2013 y el 2015, FDA, junto al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inspeccionó 11 granjas y sitios de empaquetamiento en Puebla, y encontró que cinco estaban ligados al cyclospora de los Estados Unidos.
El investigador recordó que han sido extendidos los problemas de riego contaminado de fresas en Michoacán, las cuales representan el 52 por ciento del abasto nacional, y que hasta el 2012 aún se realizaban esfuerzos junto con académicos para hacer tratamientos de agua efectivos.
“Y esto tiene que ver con la producción de monocultivos en vez de tener producciones a escalas un poco menores, donde hay un poco más de higiene y control, se tienen grandes producciones para abaratar costos, y en parte es consecuencia de este proceso, que abarata los costos con grandes producciones”, dijo Mier.
MEDIDAS DISCRECIONALES
Por otra parte, el director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), Víctor Suárez Carrera, explica en entrevista que estas medidas de alerta sobre el pepino mexicano en el vecino país son discrecionales y no necesariamente obedecen a temas de sanidad comprobada.
“Estamos hablando de medidas proteccionistas de Estados Unidos y acciones de los comercializadores estadounidenses en contra de la producción nacional, es muy usual que EU aduzca problemas fitosanitarios para reducir las importaciones de México. En este caso no creo que se hayan roto los protocolos de inocuidad alimentaria, todos los productos se inspeccionan en origen. Hay certificadores habilitados por el propio Departamento de Agricultura de los Estados Unidos”, dice.
Sin embargo, el director de Anec hizo hincapié en que sí hay prácticas productivas que ponen en riesgo la salud de los mexicanos, como lo es el uso de plaguicidas, que no han sido regulados por el Gobierno.
De acuerdo con la organización ambiental Greenpeace, el uso de plaguicidas en México es de 3 mil 307 toneladas por cada mil hectáreas, y es el glifosato, una sustancia catalogada en marzo como posiblemente cancerígena por la Organización Mundial de la Salud, un agrotóxico de uso extendido bajo los nombres de Round Up o Faena.
“Es urgente que México prohíba la utilización de glifosato ya en la agricultura y que la Secretaría de salud y la Cofepris actúen de manera inmediata, ya que la salud pública debe estar por encima de los intereses de Monsato, porque es el principal herbicida que se consume en México”, dijo.
Por ahora, el catálogo oficial de plaguicidas de la Secretaría de Salud maneja dos categorías de efectos a la salud por exposición al glifosato: aguda y crónica. En la primera específica “ligero irritante dérmico y oral. Severo irritante de los ojos” y, en la segunda, se limita a informar que “no se han encontrado efectos en los estudios realizados en animales”.
Investigadores y científicos han recibido pagos millonarios para beneficiar en estudios a corporativos del ramo de la comida “chatarra”, acusan ONGs en México. Foto: Shutterstock
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– El aumento de estudios de baja calidad científica financiados por las grandes empresas se ha hecho más evidente en México, denunciaron miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y la organización El Poder del Consumidor (EPC). “Esto está apareciendo en varias áreas como farmacología, medicina, ambiente, salud, transgénicos. En este tema se ve claramente que hay revisiones de investigadores que están claramente asociados a intereses corporativos, que sesgan los artículos”, denuncia la presidenta de la UCCS Elena Álvarez-Buylla Roces, en entrevista con SinEmbargo.
Es la fuente de financiamiento de un estudio, o de una revista científica, una de las razones principales para que los trabajos sean desestimados dentro de dicha comunidad.
“Cada día, en promedio, un artículo científico se retrae por mala conducta. El 2 por ciento de los científicos admiten trastocar sus datos en algún tipo de forma inadecuada. Ese número puede parecer pequeño, pero recuerde, los investigadores publican alrededor de dos millones de artículos al año, a menudo con financiación del contribuyente”, destacó en mayo un artículo del diario estadounidense The New York Times, escrito por Adam Marcus e Ivan Oransky.
Por esta razón, Álvarez-Buylla Roces sostiene que cada vez es más importante que los autores de estudios científicos hagan una declaración en la que detallen si el trabajo que realizaron o su persona tiene algún conflicto de interés.
En México, EPC, organización dedicada a la defensa de los derechos del consumidor, denunció la semana anterior que la industria de alimentos y refrescos trajo al país a tres científicos a participar en el foro “Evidencia Actual en Edulcorantes y Salud”, que han sido financiados por la industria, a presentar investigaciones donde niegan el impacto de los refrescos en la salud.
EPC denunció que el doctor James Rippie, quien negó la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y enfermedades cardiovasculares, ha recibido más de 10 millones de dólares por parte de la Asociación de Refinadores de Maíz de los Estados Unidos, para realizar sus investigaciones.
“El doctor Rippe ha creado una institución con su nombre recibiendo financiamiento de varias empresas, entre ellas Coca Cola”, citó una misiva de EPC.
Asimismo, los otros dos expositores, el doctor John Sievenpiper y John White, han recibido fondos de Coca Cola y dado servicios profesionales a la industria de alimentos y bebidas, respectivamente, expuso la organización civil.
Cabe mencionar que en Estados Unidos, el NYT destapó el mes anterior que Coca-Cola apoyó con 1.5 millones de dólares (unos 25 millones de pesos) a la creación de una organización no gubernamental llamada Global Energy Balance Network (GEBN), que promueve el mensaje de que el consumo de calorías no es tan importante como la actividad física en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.
Tras el escándalo la compañía anunció que sería más transparente en las inversiones de investigación.
Lo que no fue igual en México, de acuerdo con el EPC, ya que la principal organizador que trajo a los citados tres investigadores fue el International Life Sciences Institute (ILSI).
“Tiene como miembros asociados a Coca Cola, Bimbo, Danone de México, Kellogg’s de México, Kraft Foods de México, Mars México, Nestlé México, Monsanto Comercial y PepsiCo”, acusó la organización, lo que supondría un claro conflicto de interés en un evento académico.
La presidente de la UCCS explicó que hay varios criterios que ayudan a distinguir entre el valor de un estudio y otro, además del saber quién financia un trabajo.
Uno de ellos es la “revisión por pares”, que hace que un estudio sea evaluado por otros científicos ajenos al trabajo y de esta forma lo avalen. Además de que la revista esté registrada en el Instituto de Información Científica.
Otro referente es el número de veces que un trabajo es citado o retomado por otras investigaciones científicas. “En general cuando mayor es el índice de impacto, pues se considera que tiene mayor relevancia”.
Álvarez explica que siempre tendrá más valor un trabajo científico que se dedica a comprobar una hipótesis, a uno que se dedica a negar lo que otros ya probaron.
MONSANTO FINANCIA CIENTÍFICOS
Es preocupante, dice la UCCS, que investigadores mexicanos opten por el lucro en vez de buscar el desarrollo científico y tecnológico en materia de alimentación. Foto: Shutterstock
Otro ejemplo de conflicto de interés en México sucedió el 10 de julio, cuando la revista PLOS ONE, que forma parte de un proyecto sin fines de lucro llamado Public Library of Science, publicó un trabajo financiado por la transnacional Monsanto en el que afirmaba la posibilidad de coexistencia entre maíz transgénico y orgánico, aun cuando la literatura científica lo niega.
“PLOS Biology o PLOs One tienen prestigio pero uno puede ver que el artículo puede estar sesgado por intereses corporativos no científicos. Si hay un conflicto de interés por parte de los autores, la sustentabilidad del hallazgo científico es por lo menos cuestionable”, dijo Álvarez-Buylla.
Este fue el caso de dicha publicación titulada “Flujo génico mediado por polen en maíz: Implicaciones en los requerimientos de aislamiento y la coexistencia en México”, en la que una serie de investigadores nacionales participaron con financiamiento de Monsanto, que es dueña de más del 90 por ciento de las patentes de transgenes en el mundo.
“Preocupa que esto está pasando en investigaciones públicas mexicanas, y que investigadores que en vez de estar dedicados a buscar alternativas lo mejor sustentadas científicamente, en vez de buscar desarrollos científicos a favor de la biodiversidad, de la bioecología, de la soberanía, se ponen al ser servicio de estos intereses corporativos a hacer una tecnociencia y, primordialmente, guiada por el enriquecimiento lucrativo”, dijo en su oportunidad a SinEmbargo la presidenta de la UCCS.
Fiebre, dolor en las articulaciones, malestar en los músculos, jaquecas, náuseas, fatiga y erupciones cutáneas, son los principales síntomas con los que la Organización Mundial de la Salud (OMS) retrata a la chikungunya, una enfermedad que está empezando a extenderse en el país y que en Latinoamérica lleva ya 1.2 millones de infecciones.
Si bien las autoridades mexicanas están conscientes de que el primer caso data desde 1952 en Tanzania, un país del africano de la región subsahariana, el discurso del sistema de salud nacional pareciera en ocasiones ser de redescubrimiento de la epidemia.
En su llegada al conteniente americano, la chikungunya tardó seis meses en pasar del Caribe a Centroamérica y Sudamérica. Por lo que parecía cuestión de cuestión de tiempo para que los primeros casos se reportaran en México, pero las autoridades se limitaron a enviar una alerta a los viajeros, en la que se les invitaba a tomar precauciones.
En noviembre, una niña de ocho años del municipio de Arriaga, ubicado cerca de las costas del Pacífico en Chiapas, fue el primer caso registrado en México y a partir de ahí otras 3 mil 697 personas han sido confirmadas a través de pruebas de laboratorio.
¿Qué número de infectados alcanzará el virus? Los expertos aún se debaten, pero en lo que sí coinciden es en que la cantidad crecerá con certeza y en grandes proporciones.
El mosquito Aedes aegypti. Foto: Wikimedia Commons
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– María Rodríguez Santa Ana está preocupada por lo que sucede en Tehuantepec, un municipio del istmo que lleva el mismo nombre y que abarca parte del estado de Oaxaca, donde el viento sopla tan fuerte que pareciera chiflar y los mosquitos tienen presencia todo el año.
Desde marzo Ana María ha visto cómo las personas empezaban a enfermar por un nuevo padecimiento. Uno a uno los miembros de su círculo más cercano fueron cayendo también. Le ha tocado atender a su madre, a su nuera, a su hijo y aunque no hayan muertos oficialmente registrados por esta causa en el país, ella está casi segura de que su tío de 96 años murió por esa razón, porque no aguantó la fiebre, dice.
“Cinco en la casa de enfrente y en la de atrás cuatro personas, más vecinos, conocidos, a todo el mundo le ha dado. A veces pensamos que ya se fue la epidemia de acá, pero no, nos enteramos que ya les ha dado a otras personas”, denuncia.
La Secretaría de Salud de Oaxaca informó que, al 22 de agosto, 422 de los 843 casos confirmados de la entidad corresponden a la jurisdicción del Istmo, eso representa el 50 por ciento de enfermos en todo el estado.
Pese a lo que dice la autoridad estatal, las personas acusan que los casos son muchos más. Tan sólo Tehuantepec tiene alrededor de 61 mil habitantes y la percepción en pobladores consultados es que le ha dado a ocho de cada 10 miembros familiares.
“Yo creo que más del 80 por ciento estuvo enferma, se siguen presentando casos, es muy común y ahorita ya bajó un poquito porque ya a todos nos ha dado. También en San Blas Atempa y Santa María Mixtequilla. El problema es que no sólo le da a uno: se paraliza toda la familia, nadie puede trabajar, y esta enfermedad te tira”, explica Eduardo Javier Moreno Rodríguez, poblador de la localidad, en entrevista.
Oaxaca reportó en el primer semestre del año 646 casos a nivel nacional, sólo detrás de Guerrero que registró mil 161.
“A mí me agarró la enfermedad en un pueblo cerca de Juchitán que se llama La Mata. Ahí me dio a principios de este mes. Y a todas las personas en el pueblo ya les dio, por lo menos a un 90 por ciento”, relata Miguel Jiménez Enríquez, un ciudadano que ha visto la situación que atraviesa esa región.
El reconocimiento de la problemática por parte de las autoridades locales no ha sido el mejor, como quedó demostrado durante el inicio de la Jornada de Prevención y Contención del Dengue y Chikungunya, llevada a cabo justo en Juchitán.
“A la gente a veces le empieza a doler la cabeza, el cuerpo, y les dicen que tienen chikungunya y no, lo que tienen es cruda; así de fácil, o tienen gripa”, declaró el secretario de Salud de Oaxaca, Héctor González Hernández, durante el marco del evento.
Por otro lado, cuando SinEmbargo habló con el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Cuitláhuac Ruiz Matus, éste reconoció que sí hay un subregistro del número de casos de personas infectadas en el país y no se sabe de cuánto.
“La cifra actual [a mediados de agosto] de casos confirmados es de 3 mil 698. Que son el número de casos confirmados por laboratorio. De ninguna manera son el total del país, por qué, porque en todo el mundo la vigilancia epidemiológica de estos padecimientos se hace con una técnica que se llama ‘centinela’. No a todos los casos les toma muestras de laboratorio, porque no habría recursos”, dice Ruiz Matus.
De acuerdo con el funcionario, bastaría con que se tome muestra a un pequeño porcentaje de la población para saber que el virus está circulando, pero los pobladores del istmo también tienen suspicacias sobre los números oficiales.
“Muchos casos los están queriendo hacer parecer por dengue. Cuando a mi mamá le dio, pues admirablemente tenemos una amiga que trabaja en el área de laboratorio ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] y a la hora de dar el resultado le salen con que tenía dengue clásico, y nos dice, es que así nos hacen que así pongamos, el Gobierno. Para que vea hasta donde llegan a tapar cosas”, acusa Ana María Rodríguez.
Autoridades de salud locales han rechazado que exista esta práctica, así como también han enfatizado su plena confianza en las pruebas de laboratorio.
“El paciente llega al área de urgencias, contamos con área de epidemiología, se le toma su muestra, miramos las plaquetas y alguna otra complicación que se pueda presentar”, dice a SinEmbargo Cristo Montero Pineda, director del Hospital General de Santo Domingo Tehuantepec, quien agrega que recibe diariamente dos pacientes con probable chikungunya.
AFECTADO EL LITORAL
Imagen tomada en el poblado de Dos Arroyos, en Guerrero donde una persona murió a causa de fiebre de chikungunya. Foto: Cuartoscuro
En Guerrero, las zonas más afectadas por chikungunya han sido las del litoral del Pacífico. En especial las regiones de Costa Chica y Costa Grande, por ser las más cálidas y donde se reproduce este mosquito.
“También en Iguala, pero el impacto es menor porque los moscos no viven en zonas altas. Sin embargo, por personas que están en tránsito, el mosco los picó y luego se trasladan, llegan con este contagio y hay moscos ahí y los pican, y entonces inicia una nueva cadena”, explica Israel Isra Zamora, coordinador del área de Comunicación de la Secretaría de Salud de Guerrero.
Los primeros cuatro casos fueron detectados en Juchitán (municipio homónimo del de Oaxaca) el 11 de diciembre del 2014. Y en el primer semestre del año la entidad llegó a tener mil 161 casos, la más afectada del país, donde los meses febriles fueron abril, mayo, junio y julio.
Asimismo, son costas de Chiapas las que reportan gran parte de los casos de acuerdo con los datos oficiales.
Sury Antonio López Cancino, jefe del departamento de enfermedades transmitidas por vector de la Secretaría de Salud de Chiapas, señala que los enfermos en la entidad iniciaron en la región del Soconusco, llegando posteriormente al área metropolitana.
“Mi casa está limpia de moscos, pero me picó en la universidad [Universidad Autónoma de Chiapas]. Se supone que ya fumigaron pero todavía sigue. Ya le dio a mi prima, hermano, novia, a mucha gente. Yo creo que a dos o tres integrantes le ha dado a cada familia. Inició en la costa en noviembre del año pasado. Porque yo soy de allá, y meses atrás [en abril], inició más fuerte. Lamentablemente, acabo de leer que la Secretaría de Salud [estatal] reporta menos casos, cómo se atreven. Estamos jodidísimos”, increpó Claudio Gabriel Esquinca Kobeh, residente de Tuxtla.
Chiapas confirmó 576 casos en los primeros seis meses de este año, las autoridades estatales afirmaron recientemente que los casos podrían llegar a ser hasta 7 mil debido la cantidad de pruebas que aún están en trámite.
MIGRACIÓN, “LA CULPABLE”
En el entendido de que no es el mosquito el que viaja largas distancias, sino las personas que fueron alguna vez infectadas las que se trasladan y luego son picadas nuevamente por el mosquito transmisor –aedes aegypti–, las autoridades han acusado que la migración fue un factor para el inicio de esta epidemia.
“Como ocurrió en Juchitán, llegó una persona contagiada de Centroamérica. Lo que ocurre es que hay casos autóctonos e importados. Lógicamente que esta la llevamos en la sangre una vez que fuimos contagiados”, considera Isra Mendoza, coordinador de comunicación de la Secretaría de Salud de Guerrero.
“Creo que es un fenómeno, que no podemos negar, y puede ser un factor. Te voy a poner una suposición, qué pasa si el primer caso fue de un mexicano que viajó a un país donde se infectó, regresó aquí, lo picó el mosco, y aquí se diseminó. Eso no lo vamos a saber. Sin embargo, sí es muy evidente que la ruta migratoria es uno de los tantos factores que pueden posicionar la presencia de casos en esa región”, consideró Cuitláhuac Ruiz Matus.
Este planteamiento, en cambio, fue matizado por el profesor Dante Amato Martínez, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Yo no podría asegurar que esto haya tenido origen en los migrantes centroamericanos. Si fuera una entrada regulada de estos viajeros, sí se podría pedir que se les hagan exámenes, pero los indocumentados entran como pueden”, dice.
Pobladores del Istmo de Tehuantepec también refirieron que cada año, en enero, se hace una peregrinación cristiana para dar gracias al cristo negro de Esquipulas, en Guatemala, pero que este año los rumores de una enfermedad desmotivaron a la población.
“Es costumbre, y yo también he ido, pero qué cree: este año no salieron autobuses porque dicen que había una enfermedad allá. Esa ida es el 15 de enero [día del señor de Esquipulas]”, dijo Ana María Rodríguez Santa Ana.
El municipio de Esquipulas se encuentra en el departamento de Chiquimula, del vecino país. Las autoridades guatemaltecas han señalado que al 1 de agosto ese departamento reportó 801 casos confirmados de chikungunya, el 4.8 por ciento de los 16 mil 670 casos en toda Guatemala.
El país vecino es, territorialmente, 18 veces más pequeño que México, pero la cifra de casos es cuatro veces más alta, lo que podría dar una idea de cómo se puede extender en México la problemática sino se atiende.
FACTORES DE EXTENSIÓN
El mosquito Aedes, también culpable de contagiar dengue. Foto: Shutterstock
Hasta el 10 de agosto el número de casos por dengue en el país fue de 8 mil 930. Más de la mitad que los confirmados por chikungunya. Al ser el mismo mosquito transmisor, autoridades y expertos coinciden en que los brotes no han alcanzado su punto más álgido.
“Hoy vemos como ha ido avanzando hacia el norte. Ya tenemos casos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, va avanzando, y es posible que en breve encontremos casos en el resto de los estados, la razón es que el virus está circulando, las entidades tienen el mosco transmisor”, detalló el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, Ruiz Matus.
A la fecha, la Federación ha invertido 719.4 millones de pesos para atender la chikungunya, de los cuales 319.4 millones han sido destinados a acciones de prevención y 400 millones a proporción de atención médica.
Isra Zamora sostuvo que a pesar del apoyo federal, que incluso incorporan fumigaciones aéreas, al estado le hacen falta recursos de personal, equipo, e insecticida, para erradicar los brotes.
En teoría la prevención incluye la ejecución de estrategias de difusión vectorial, así como de fumigación.
“Cuando hay un caso detectado. Se hace el reporte y vas al médico. La unidad del salud da el reporte a la jurisdicción sanitaria, ésta solicita la intervención del hogar al área de vectores de la Secretaría de Salud estatal, y entonces, ellos llegan para hacer un rociado intradomiciliario. Se hace un cerco en esa manzana y se hace un rociado, que se llama espacial, éste se realiza afuera con camionetas que arrojan insecticida. Es una estrategia de contención”, explicó Isra Zamora sobre las operaciones en Guerrero, mismas que se repiten en otros estados.
Esta versión sobre las operaciones del Gobierno no coincide con la opinión de los pobladores, quienes acusan la existencia de un gran trecho entre el discurso de las autoridades, y el apoyo que dan en las comunidades más afectadas.
“Yo creo que fue ese el problema, que el Estado no lo atendió de manera adecuada. No hubo ninguna respuesta inmediata ni después de que el Gobierno hiciera campañas, donde se viera que estaban fumigando casa por casa. Yo al día siguiente de que me enfermé quise reportarlo a salubridad, pero se encontraba cerrada, y luego que pude, nunca vinieron”, enfatiza Javier Moreno Rodríguez, sobre el rol de las autoridades en uno de los municipios más afectados como es Tehuantepec, Oaxaca.
“He visto que cada 15 días que pasaban en una camioneta a fumigar las colonias. El problema es que sí es efectivo pero, por ejemplo, vivimos en una zona donde hay mucho monte, entonces, no hay mucha limpieza. Sólo pasan a perfumar vamos a decir”, agrega Claudio, de lo que sucede en Tuxtla.
El líder de la línea de investigación “Prevención y control de enfermedades transmitidas por vector” del Instituto Nacional de Salud Pública, Mario Henry Rodríguez López, desechó que fumigar sea una solución.
“La fumigación sólo mata a los mosquitos que están volando. Los que están guardados dentro de las casas, en los roperos, del closet, ahí no entra la fumigación. Entonces, sólo dura ese tiempo, porque el insecticida esta flotando en el aire, y cuando cae al suelo ya no sirve. Es algo muy costoso y la eficiencia pues masivamente tiene efecto sólo mientras no sale la siguiente camada de mosquitos”, dijo.
Mientras tanto, la Secretaría de Salud insiste en que las personas apoyen con tirar el agua limpia de los recipientes, que suelen ser usados por los mosquitos como criaderos, para que los insecticidas puedan ser más efectivos.
Las autoridades de salud consultadas por SinEmbargo reconocieron que, en el futuro cercano, la época de lluvia incidirá para que el número de infectados por chikungunya en el segundo semestre del año sea mayor que en el primero.
“Esa es la tendencia que vemos hoy. Siempre este tipo de enfermedades se acentúan cuando viene época de lluvia, pues la combinación del agua de lluvia y los objetos mencionados se convierte en criaderos”, finaliza Ruiz Matus.
Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– México encabeza la lista de los países de América Latina en ventas al menudo de alimentos ultraprocesados con 212 kilotoneladas anuales, de acuerdo con un monitoreo internacional retomado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ambas organizaciones internacionales señalaron que estos alimentos han ido desplazando a las dietas tradicionales en la región y son el motor de las epidemias de sobrepeso y obesidad, ya que sus ventas aumentaron 26.7 por ciento entre el 2000 y 2013, mientras que, por otro lado, disminuyeron 9.8 por ciento en Estados Unidos y Canadá.
Un informe llamado “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas” llegó a esa conclusión luego de evaluar los efectos de productos como bebidas carbonatadas no alcohólicas, refrigerios dulces y salados, cereales de desayuno y barras, golosinas, helados, bebidas deportivas y energéticas, jugos de frutas y vegetales, té y café embotellados, pastas para untar, salsas y comidas preparadas.
Fueron 13 países los que el trabajo consideró para determinar los comportamientos en las ventas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Gráfica: OPS/OMS
Especialmente México y Chile reportaron sociedades con mayores índices de masa corporal debido a la prevalencia de estos productos ultraprocesados.
“Los alimentos ultraprocesados y la comida rápida representan una parte cada vez mayor de lo que las personas comen y beben en América Latina, con resultados muy negativos”, dijo Enrique Jacoby, asesor sobre Nutrición y Actividad Física de la OPS/OMS, a través de un comunicado.
“Estos productos no están diseñados para satisfacer las necesidades nutricionales de las personas. Están diseñados para que se conserven por mucho tiempo en los estantes y generan deseos incontrolados de consumo que llegan a dominar los mecanismos innatos de control del apetito y hasta el deseo racional de dejar de comer”, comentó.
“Por eso, resultan doblemente perjudiciales: son casi adictivos y eso lleva a aumentar el sobrepeso y la obesidad, al tiempo que sustituyen los alimentos frescos, que son la base de una dieta natural rica en nutrientes”, añadió Jacoby.
De acuerdo con ambos organismos internacionales la causa principal de este fenómeno se deben a la globalización y la desregulación del mercado, proceso que han fortalecido la incursión de las empresas multinacionales en los mercados locales.
El informe, que llama a los alimentos ultra procesados un “motor de la epidemia de obesidad”, encontró un vínculo directo, a través de datos oficiales de 74 países, entre las ventas de estos alimentos y la desregulación económica.
“América Latina y otras regiones en desarrollo se han convertido en atractivos mercados para los fabricantes de alimentos industriales, especialmente cuando los mercados de altos ingresos se saturan o incluso empiezan a reducir el consumo de estos productos”, dijo a través del reporte de la OPS Jean-Claude Moubarac, experto en nutrición de la Universidad de São Paulo, quien ha colaborado en estudios para el organismo.
GASTO DE BOLSILLO
En lo que respecta a México, un monitoreo de los avances en la lucha contra enfermedades no transmisibles realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Aspen Institute México y la Secretaría de Salud, reveló que las 32 entidades del país superan el 45 por ciento de prevalencia de sobrepeso y obesidad.
La iniciativa llamada “Sistema de Indicadores para Monitorear los Avances de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, develó lo que gastan las familias de acuerdo con datos oficiales para paliar los efectos de los productos ultraprocesados.
“Es el gasto de bolsillo que hacen las familias, se puede interpretar como lo que tiene que completar la familia con recursos propios para compensar lo que no reciben en el sistema público. Hay que recordar que los gastos de hipertensión, obesidad y diabetes, son solo un subgrupo del total de gastos en salud”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Fátima Masse Torres Tirado, consultora del IMCO.
Gráfico: SinEmbargo
Otra estimación del IMCO develó las pérdidas de ingreso por mortalidad prematura por diabetes y enfermedades hipertensivas, ambas están directamente relacionadas con el problema de obesidad y sobrepeso, que representan el 12 por ciento de los 85 mil millones de pesos que le cuestan a México anualmente atender las comorbilidades de la obesidad.
Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, así como de registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estimó el número de años productivos que le quedaban a las personas que murieron por dichos padecimientos.
“A la hora de morir dejo de producir cierta cantidad de años, y calculamos de qué manera incide en el hogar, la empresa y otros. Decidimos que la vida productiva de los 15 años a los 65. Son 50 años de vida productiva. Y entonces sacamos el numero muertes a nivel estatal. Si, por ejemplo, una persona murió a los 20 años es una persona que le quedaban 45 años de vida laboral productiva, y entonces tomamos esos 45 años y los multiplicamos por el salario promedio caído al valor presente”, explicó Masse.
Tabla: SinEmbargo
Aún así, de acuerdo con la consultora, estas serían cifras conservadoras debido a que sólo se tomó en cuenta la población que tiene un empleo u ocupación para hacer la estimación de cuánto dinero se pierde en productividad, como también sólo está considerada la población que fue diagnosticada con esas enfermedades, cuando el número total de personas que tienen esas enfermedades podría ser del doble, “puesto que pueden tener la enfermedad pero no lo saben”, dijo Masse.
Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Mientras que el Presidente Enrique Peña Nieto entregaba su Tercer Informe de Gobierno en el que resaltó los apoyos de producción dados al campo, un serie de científicos, académicos y campesinos acusaban que la realidad del campo en México es otra, una donde los pequeños productores se han quedado cada vez más desamparados, los agrotóxicos permitidos continúan deteriorando los suelos y el apoyo financiero que pagan los mexicanos con sus impuestos es entregado, principalmente, a las grandes empresas.
El informe de Peña Nieto fue desmenuzado por expertos participantes en el “Encuentro Internacional Economía campesina y Agroecología en América: movimientos sociales, diálogo de saberes y políticas públicas”, que organizó la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), que agrupa en México a 60 mil productores de granos básicos en 160 empresas comercializadoras, distribuidas en 18 estados del país.
Las autoridades actuales plasmaron en su Tercer Informe de Gobierno que los subsidios dados a través del programa Proagro Productivo, antes Procampo, atienden a 2 millones 300 mil productores. Éste sería el programa más importante por abarcar al 98 por ciento de productores a los cuales el Estado acredita esta clase de apoyos. “Para este propósito se contempla la inversión superior a 13 mil 600 millones de pesos”, citó el informe.
El informe de Peña Nieto fue desmenuzado por diversos expertos en el Encuentro. Foto: Juan García, SinEmbargo
A propósito de este programa el investigador de políticas públicas para el campo, Héctor Robles Berlanga, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer los resultados de un estudio que develó que el 60 por ciento de los créditos de Proagro es asignado al 20 por ciento de los productores de mayor escala.
Por otra parte, en el caso del financiamiento, el 3 por ciento de los grandes productores se lleva más del 80 por ciento de estos apoyos, detalló Robles. De acuerdo con la propia información del Tercer Informe de Gobierno durante el primer semestre de este año “FIRA [Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, que opera con cuatro fideicomisos] y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero [FND] colocaron más de 125 mil 282 millones de pesos en créditos para el sector agropecuario y rural, 24.8 por ciento más que en igual semestre de 2014”.
“Les estamos diciendo a los pequeños que son improductivos, pero les estamos entregando los subsidios a los grandes productores”, explicó durante su intervención ante un foro lleno de asistentes Héctor Robles.
Otro problema en el funcionamiento de los recursos del Estado señalado por los expertos en el Encuentro fue la falta de control que tiene Enrique Peña Nieto sobre los programas, de los que se estima que ascienden hasta a 160 en todo el país.
Es por esta razón que una iniciativa llamada “Valor Campesino” de la Anec, detalló Robles, propone que debido a la poca cantidad de pequeños productores que realmente atiende el Gobierno, se reduzca el destino de Proagro de 2 millones 300 mil personas a 40 mil, que son los que tienen menos de 20 hectáreas. Y que se haga un padrón donde quede claro quiénes son los beneficiarios y una ventanilla única de trámites.
EL TRIUNFO DE LAS TRANSNACIONALES
Jorge Alberto López Chávez es un productor de Sinaloa que ha visto cómo en los últimos tiempos el panorama de producción de maíz en la entidad empezó a alterarse debido a la falta de regulación del Gobierno, que -acusa- está asociada con los intereses de las transnacionales.
“Lo que yo veo es que ha nacido una nueva clase de productores que les estamos llamando minilatifundistas, porque siembran grandes extensiones de tierra, siembran 400 o 500 hectáreas y son los que tienen un esquema de agronegocios con las grandes transnacionales. Esto ha hecho que los pequeños productores en la cuestión de costos de producir se han venido saliendo porque es improductivo. Nadie va sembrar algo que no le dé beneficios”, dijo.
Timonthy Wise, director del programa de investigación y política, del Global Development and Environment Institute, consideró que estos efectos son parte de la política comercial que tiene el Gobierno.
Mientras el Tercer Informe celebra los tratados de libre comercio con Panamá y Turquía, el el intercambio exterior de México sigue estando plegado a los Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que tiene más de 20 años, expuso el investigador .
“Se ve una presión al sector productivo de granos básicos, una expansión de los sectores de exportación de hortalizas y frutas hacia los Estados Unidos que ha resultado en ingresos para grandes empresas y trabajos de estación [o temporales]”.
Wise sostuvo que el Gobierno mexicano fracasó en el intento de evitar que la mano de obra campesina sea exportada, y que la gente deba buscar trabajo en la ciudad. “Porque las ganancias se las llevan algunas empresas mexicanas, pero más, las empresas americanas. En cambio, los tratados no han creado empleos suficientes a la población joven, ni dinamismo económico, como hemos visto en Brasil, China y otros países”.
PERSISTE LA MIGRACIÓN
El informe de la administración de Peña Nieto puntualizó que los mexicanos siguen migrando. Foto: Cuartoscuro
Los expertos que asistieron al Encuentro de Anec afirmaron que el Gobierno sigue hablando de la atención a los migrantes mexicanos, mientras que las causas que los movilizan a dejar sus lugares de origen no son atendidas.
El informe de la administración de Peña Nieto puntualizó que los mexicanos siguen migrando. El Programa Somos Mexicanos, en la frontera norte, brindó atención a 210 mil mexicanos repatriados desde marzo del año pasado a la fecha. Asimismo, se atendieron 31 mil 957 niños mexicanos no acompañados que fueron repatriados por los Estados Unidos, entre el 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2015.
Susan Gzesh, directora ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, enfatizó que en México el derecho a no migrar de las personas sigue siendo continuamente violentado debido a los cambios en la política económica del Gobierno que pega directamente a la población.
Durante el Encuentro se recordó en diversas oportunidades que la bandera de las políticas públicas de este Gobierno desde un inicio fueron las políticas económicas, de esta cuenta la orientación de la mayoría de las 11 reformas emprendidas por Enrique Peña Nieto en sus primeros 20 meses de administración, que pese al discurso, tienen al país con una fuerte devaluación de la moneda, de 12 a los 17 pesos por dólar que refleja el cambio actual.
“Es un viaje peligroso y a veces fatal. El 90 por ciento de los migrantes mexicanos van a Estados Unidos. Es una migración masiva y de las más grandes que hay en el mundo”, dijo Gzesh.
Uno de los puntos tocados por los expertos del Encuentro fue el papel de esta administración en el tema de las remesas. El informe del Gobierno apuntó que el Programa 3×1 para Migrantes canaliza los recursos de las remesas a proyectos de infraestructura social, comunitarios, educativos y productivos propuestos por migrantes.
“Entre septiembre de 2014 y julio de 2015 se aprobaron un total de 2 mil 954 proyectos, de los cuales 2 mil 132 pertenecen a la vertiente de infraestructura, 398 a la vertiente productiva, 370 a servicios comunitarios y 54 a educación”, citó el informe.
Si bien por cada peso, el Estado pone tres. Gzesh enfatizó la responsabilidad moral del Estado con las remesas, que hasta ahora ha tenido un papel mal enfocado. “Sabemos del impacto positivo que esto puede tener en las comunidades, pero está ampliamente demostrado que las remesas no son suficientes para detener la migración”.
CAMBIO CLIMÁTICO
Diversos expertos destacaron el descuido del Gobierno federal en el tema del cambio climático. Foto: Cuartoscuro
Los productores del Encuentro acusaron al Gobierno de no poner énfasis en paliar los efectos del cambio climático, en especial en cuanto a la afectación de los suelos se refiere y por ende a sus cultivos.
El Tercer Informe de Gobierno se limita a destacar en este sentido que México participará en un conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático este año, que se realizan Certificados de Energías Limpias, gestiones para mejorar la calidad del aire en 11 programas, la existencia de un programa de sustitución de tecnologías ineficientes de iluminación, refrigeración y bombeo, así como la ejecución de un Programa Nacional de Sustitución de Lámparas por Fluorescentes Compactas Autobalastrada.
“Con estos innovadores instrumentos, México participa activamente en el reto global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a combatir el cambio climático”, cita el informe de Gobierno.
Sin embargo, los miembros de Anec denunciaron que estos esfuerzos no son suficientes para solucionar los efectos del cambio climático en el país, ni para disminuir su impacto en la producción agrícola.
“A mi me tocó participar en el sistema Sistema Nacional Producto Maíz , y no hemos visto nada, ni el más mínimo avance de la cadena reguladora del maíz tortilla. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que se comprometan, los programas de Peña Nieto tratan de atender que la pobreza no crezca, cuando hay otras afectaciones como los daños del cambio climático. Por heladas y sequías muy frecuentes, yo creo que no están haciendo efectos las políticas” , Jorge Alberto López Chávez, productor de maíz sinaloense.
Mientras tanto y a propósito del Tercer Informe de Gobierno la organización del medio ambiente Greenpeace recordó al Gobierno que sigue en riesgo por el cambio climático el 15 por ciento del territorio mexicano, el 68 por ciento de la población y el 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“La política de Estado debe orientarse a la prevención y adaptabilidad, no es suficiente aumentar los recursos del Fonden [Fondo de Desastres Naturales], es necesario invertir en la prevención y esto implica analizar antes de depredar. La reforma energética que se aprobó el año pasado dejó fuera a las energías renovables y amenaza con incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura del planeta y generan más cambio climático”, recomendó la organización en un comunicado.
Los costos totales por agotamiento y degradación en México están estimados, de acuerdo con datos en el 2013 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es de 909 mil 968 millones de pesos, el 5.7 por ciento del PIB.
En tanto, los Gastos en Protección Ambiental fueron por 148 mil 699 millones, es decir que considerando los gastos de agotamiento y degradación de recursos ambientales existe un déficit de 761 mil 269 millones de pesos, 5.1 veces menos que el daño ocasionado.
SALUD ALIMENTARIA COOPTADA
En cuanto a la nutrición y soberanía alimentaria la industria ha sido favorecida en el área rural, plantearon especialistas en el Encuentro. Foto: Cuartoscuro
La salud alimentaria del campo es cooptada por la industria alimentaria internacional, aseguró Víctor Manuel Toledo Manzur, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México durante su participación en el Encuentro.
“El Estado ha sido cooptado por las grandes empresas, los ciudadanos estamos inermes. El problema alimentario es que está dominado por unas cuantas corporaciones que tienen por objetivo la ganancia mercantil, por lo tanto, cómo van a inducir alimentos sanos”, dijo.
En ese sentido el último informe de Gobierno resaltó la Cruzada Nacional contra el Hambre, que utiliza 90 programas sociales de 19 dependencias, la cual tuvo presencia en mil 12 municipios el año pasado. En la Cruzada se ha instalado 67 mil 759 comités comunitarios, en el que los pobladores locales participan en los comedores comunitarios.
“Yo fui invitado a la Cruzada, y me retire porque en realidad no veo que las política estatal ni federal, vaya en la vertiente de proteger al ser humano. Las siguientes generaciones no están encontrando los nutrientes. La Cruzada vende comida chatarra en la canasta básica. Porque yo no veo que esté dando tortilla orgánica”, dijo Jorge Alberto López Chávez, productor de maíz de Sinaloa.
En este mismo sentido coincidió el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Abelardo Ávila Curiel, en agosto cuando fue consultado por SinEmbargo.
“Hay una falla estructural central que es que los alimentos de la gran mayoría de los comedores comunitarios de la Cruzada y desayunos escolares están basados en alimentos industrializados, obesigénicos, en lugar de estar basados en alimentos locales, la producción local de alimento. Es decir muchos de los desayunos escolares se han convertido en un enorme negocio de consorcios técnicos, para demostrar cómo la lógica de funcionamiento de estos programas opera más a intereses económicos”, explicó.
El Tercer Informe de Gobierno indica que “la Cruzada Nacional Contra el Hambre ha probado su eficacia en la lucha contra la pobreza, en especial la alimentaria. Desde una perspectiva multidimensional, atiende a 4.5 millones de personas”.
Sin embargo, un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó el 19 de agosto que el 42.5 por ciento de las personas atendidas por la Cruzada continuaron viviendo con carencia alimentaria.
El otro programa resaltado por el Gobierno, es el Programa de Inclusión Social Prospera, del que se benefician 943 mil 718 familias con el Programa de Apoyo Alimentario y se respalda a 731 mil 934 familias con la Tarjeta de Apoyo Alimentario Sin Hambre.
Con esta tarjeta las personas reciben un apoyo monetario para adquirir 19 productos básicos en las tiendas Diconsa. Sin embargo, de acuerdo con Ávila el problema es que la falta de educación alimentaria, que hace que gente con dinero o con posibilidad de elegir un producto prefiera comida chatarra por encima de comida saludable.
“Hemos hecho un cálculo de una botana de zanahorias, y eso comparado con las Sabritas y comida chatarra, te sale mucho más caro. Hay que darle la vuelta ese problema, que la gente se de cuenta lo caro de la comida chatarra, que en muchos lugares el problema es de acceso”, dijo el director de EPC, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización civil, El Poder del Consumidor (EPC) durante su participación en el panel de “Nutrición y Soberanía Alimentaria” del Encuentro de Anec.
Diversos expertos coincidieron en el Encuentro que el problema de la nutrición en México debía ser redimensionado como un problema de salud tan grave como la obesidad o la diabetes, la primera afecta al 75 por ciento de los mexicanos y la segunda a 6.5 millones de personas.
En dicho panel se expuso que está situación se agrava porque en el área rural las personas pueden llegar a tener más acceso a los productos chatarra que los naturales.
“Queremos quitar los productos de las transnacionales del campo, pero no les estamos proveyendo de sustitutos a los campesinos. Les quitaron el atole y les dieron una Coca-Cola, pero ahora tienes que buscar un producto que les dé calorías”, dijo Xaviera Cabada Barrón, experta de EPC.
Cabada Barrón expuso que ante esta situación una de las soluciones para recobrar los espacios es utilizar el poder del consumidor para priorizar productos que provienen de los productores.
“Respecto al tema de la gobernanza se le ha cargado la mano al campesino, y los consumidores estamos muy cómodos comprando nuestras cosas en los supermercados. Y hay muy poco trabajo y exigirnos como consumidores un esfuerzo, para cambiar el sistema quién está consumiendo , cómo se produce”, indicó Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, investigador del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).
En este sentido el investigador acusó que el oportunismo del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Eduardo Calzada Rovirosa, para hablar de “agroecología”, durante su participación en el primero de los cuatro días que duro el Encuentro de Anec “cuando es un concepto que el mismo Gobierno no conoce, ni aplica”.
Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), pidió expresamente al titular de Sagarpa que se realicen reuniones para plantear las conclusiones del Encuentro y se traduzcan en políticas de apoyo a los productores. A lo cual el Secretario aceptó, aunque las fechas aún no están definidas.
“Se deben modificar las políticas públicas que hoy son erróneas. Se debe cambiar el enfoque que ha prevalecido en los últimos 30 años, de que los campesinos son pobres y no sujetos productivos. Se les ha dado ayuda de pobres, migajas, no apoyos productivos, y eso sólo ha incrementado la desigualdad”, comentó Suárez, quien espera que el Gobierno cambié el rumbo del modelo que aplica en el campo.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Organizaciones civiles denunciaron el apoyo que el Gobierno le ha dado a productores para deforestar la selva de los Chenes en Campeche a través de la siembra de soya transgénica, y acusaron a Monsanto de ser parte activa de este fenómeno, por ser el dueño de las patentes de transgenes e impugnar en los juzgados para que no se suspenda la siembra de semillas genéticamente modificadas.
“Dentro de esta lógica de la siembra de monocultivos, una apuesta fundamental para el Ejecutivo, en contubernio con las grandes empresas como Monsanto y Syngenta ha sido la siembra de soya genéticamente modificada”, dijo el abogado de la organización Indignados, Jorge Fernández Mendiburu.
En municipio más afectado de Campeche, de acuerdo con 10 organizaciones civiles que firmaron un comunicado, es Hopelchén, que entre los años del 2000 al 2008 perdió 22 mil 300 hectáreas de cobertura forestal.
Esa situación se agravó en el 2013, cuando este número de hectáreas ascendió a 38 mil, más que en cualquier otra entidad del país.
De esta cuenta, las organizaciones civiles acompañadas por Greenpeace presentaron el 24 de agosto, tanto en las delegaciones estatales de Campeche, como en las oficinas centrales, una demanda popular en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la que se les insta a tomar medidas de protección al ambiente.
“A la Profepa se le pide no sólo que investigue, sino que de inmediato tome medidas para detener la deforestación mientras se hace la investigación”, explicó Fernández.
Pese a que la soya transgénica en México cuenta con tres amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión no ha sido otorgada por impugnaciones de Monsanto y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
“Son dos temas íntimamente ligados, aunque la deforestación no es únicamente por la siembra de soya transgénica, sí la siembra de soya transgénica es un elemento fundamental de la deforestación”, dijo Fernández.
Otro de los aspectos a los que afectan los cultivos de soya transgénica es a la producción de miel de la zona.
De acuerdo con un reporte de la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad del 2010, la producción de miel es 2.9 veces mayor que la producción de soya en la zona. Y las organizaciones aseveran que 40 mil familias en la Península de Yucatán dependen de la misma.
Fernández detalló que las abejas se ven afectadas por las grandes cantidades de glifosato, un herbicida recientemente puesto en la lista de cáncer por la Organización Mundial de la Salud, que se utilizan en los sembradíos de soya transgénica. Pero también inciden en contra de estos insectos la deforestación y la posibilidad de que la miel se contamine de transgenes sin consentimiento de los apicultores.
La práctica de los monocultivos, de acuerdo con los campesinos locales de Hopelchén, también redujo la cantidad de agua en la localidad. Ya que prácticas de nivelación de terreno incluyen rellenar espacios que antes estaban ocupados por agua, así como en otras ocasiones drenar pequeñas aguadas.
“Las demandas tienen un enfoque especial de cómo se ha utilizado el agua, las organizaciones locales que estamos ahorita acompañando han demostrando los impactos que tiene el uso de agroquímicos. Está prohibido hacer pozos pero se hacen, y con ello se está afectando tanto la calidad del agua, y a varias especies las coloca en riesgo”, dijo Sandra Laso Jácome, vocera de Greenpeace.
Las organizaciones recordaron a la Profepa y Conagua que en el municipio de Hopelchén hay lagunas, que antes contaban con agua, pero que se han ido secando, como la de Cancabchén y la Laguna Ik.
Esta última fue declarada el 25 de abril de 2013 patrimonio Biocultural-Hídrico de esa localidad, sin embargo, “han sido deforestadas más de mil hectáreas de selva que la rodeaban”, denunciaron las diez organizaciones en un comunicado.
Fernández afirmó que las instituciones ya notificaron haber recibido la demanda, por lo que ahora está por verse cuál será su respuesta. Asimismo, las organizaciones estarán al pendiente de una próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría suspender la siembra de soya transgénica a principios de octubre.
Mientras tanto hay una campaña colgada en la plataforma Change.org con el fin de juntar firmas para que las autoridades detengan la deforestación en Campeche.
En términos generales la investigación concluyó que las 32 entidades del país enfrentan una epidemia de sobrepeso y obesidad. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Un monitoreo de los avances en la lucha contra enfermedades no transmisibles realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Aspen Institute México y la Secretaría de Salud, reveló que las 32 entidades del país superan el 45 por ciento de prevalencia de sobrepeso y obesidad.
El monitoreo evaluó seis indicadores, entre ellos la prevalencia de los padecimientos citados, así como los índices de mortalidad de la diabetes y enfermedades hipertensivas, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut) y registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“El DF es la entidad que tiene el mayor porcentaje de población con sobrepeso, también la que tiene mayor cantidad de diabetes mellitus e hipertensión diagnosticadas”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Fátima Masse Torres Tirado, consultora del IMCO.
Si bien la capital del país es la más afectada en varios indicadores, no lo es en cuanto a obesidad, ni en mayor número de muertes por los efectos de estas epidemias. Ya que Baja California Sur ocupa la mayor prevalencia de Obesidad, Veracruz el mayor índice de mortalidad por diabetes tipo 2 y Oaxaca la mayor mortalidad por hipertensión.
Las 32 entidades del país enfrentan una epidemia de sobrepeso y obesidad, de acuerdo con este monitoreo, oficialmente, llamado “Sistema de Indicadores para Monitorear los Avances de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”.
En cuanto a la prevalencia de obesidad en niños, el Sistema de Indicadores retomó los datos de los infantes entre 5 y 11 años, que reflejaron que el 15 por ciento de los niños mexicanos sufre de obesidad, pero son seis las entidades que pasan del 20 por ciento.
Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años. Gráfica: IMCO
Las entidades con mayores porcentajes son Baja California Sur, Campeche y Yucatán. Y por el contrario Chiapas es el menos afectado con una prevalencia del 9 por ciento, “que en parte se explica por el rezago social que vive la entidad así como las altas tasas de desnutrición infantil”, citó el monitoreo.
“Aún no han hecho esa transición epidemiológica, que está mucho más cargada a las enfermedades crónicas. Pero lo que sí vemos ahí son señales de riesgo. Chiapas, por ejemplo, es el estado menos afectado por obesidad, diabetes, hipertensión, múltiples muertes, pero tiene una tasa de sobrepeso muy parecida al promedio nacional, del 29 por ciento”, amplió Masse.
La semana anterior, la Asociación Mexicana para el estudio de la Diabesidad Síndrome Cardiometabólico y sus Complicaciones, aseveró que en México hay más de 6 millones de adolescentes que lidian con sobrepeso y obesidad.
“Factores como el sedentarismo, una dieta alta en calorías, manejo inadecuado de las emociones y las nuevas tecnologías, han contribuido para que niños y jóvenes entre los 12 y 19 años padezcan sobrepeso u obesidad. Esta situación puede hacer que su esperanza de vida se reduzca una tercera parte”, informó a través de un comunicado, el presidente de la asociación civil, José Manuel Covarrubias.
DIABETES
Gráfica: SinEmbargo
La Ensanut 2012 determinó que en México 6.5 millones de personas viven con diabetes. De estos sólo el 37 por ciento estaría monitoreado, estableció el informe, que mostró que en promedio sólo el 13 por ciento de los diabéticos en las entidades tienen acceso a pruebas de hemoglobina glucosilada, la cual mide los niveles de azúcar en la sangre dejados en los últimos tres meses.
Mientras Puebla fue la entidad con mayor cobertura de estas pruebas, las entidades Oaxaca y Chiapas resultaron ser las más rezagadas.
“Chiapas es la entidad que tiene la menor cobertura de pruebas de detección temprana, y si hay un rezago de las personas que acuden a los centros de salud, pues es probable que también hay un rezago en cómo están detectando a estas personas”, dijo Masse.
Datos de la Ensanut mostraron que las entidades con mayor prevalencia son el Estado de México que se lleva el 15 por ciento de casos diagnosticados del país, seguido por el Distrito Federal y Veracruz, con 11 y 8 por ciento.
“En el tema de diabetes e hipertensión sólo pudimos ver la diagnosticada. En el 2006 se encontró que la prevalencia era tan grande dentro de los diagnosticados como la de los no diagnosticados. En el caso de la diabetes todavía no se liberan todas las pruebas de sangre hechas en el 2012 para detectar la diabetes y estamos ya en el 2015“, finalizó Masse.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
