La Unidad Técnica de Fiscalización determinó el castigo, el cual deberá ser avalado este miércoles por el Consejo General del INE.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionará a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con una multa de cuatro millones 229 mil pesos por ingresos no reportados en la campaña de Delfina Gómez Álvarez, cuando fue candidata a una diputación federal en 2015.
De acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, durante la gestión de Gómez Álvarez como Alcaldesa de Texcoco, la hoy titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no reportó ingresos por 2.1 millones de pesos para esta fuerza política.
Debido a ello, el dictamen que fue avalado por la Unidad de Fiscalización ahora deberá ser aprobado este miércoles por el Consejo General del INE.
Esto es resultado de una investigación derivada de la queja que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) desde 2017, en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez».
«Se tiene certeza gracias a la evidencia que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, que el partido político Morena reconoció dentro de la contabilidad de la otrora candidata Delfina Gómez Álvarez a diversas personas físicas y morales como proveedores de productos y servicios, que fueron beneficiadas (ya dentro del marco temporal en que Morena había obtenido su registro como partido político nacional) de los recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco», menciona en el documento.
Además, señala que fueron emitidos cheques en beneficio de Morena por parte de “la principal retenedora de recursos, la C. María Victoria Anaya Campos, motivo por el cual se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado”.
Y a pesar de que los recursos no fueron reportados por la entonces candidata, Morena sí reconoció beneficiarse de dicho monto en 2015, por ello el órgano determinó que «el sujeto obligado fue omiso en cumplimentar su calidad de garante respecto el actuar de militantes y simpatizantes quienes instrumentaron un sistema de financiamiento paralelo».
