En los últimos 10 años, los mexicanos han tenido que librar el aumento en su canasta alimentaria con un aumento salarial poco comparable.
De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social, tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria –en los ámbitos rural y urbano–, aumentaron su costo por persona más de 70 por ciento, frente a un salario que en el mismo periodo de tiempo subió 35.8 pesos.
De acuerdo con especialistas consultados por SinEmbargo, este problema no tendrá una pronta solución, ya que son años en los que no se trató el problema de raíz: no se generó empleo bien remunerado y se apostó por programas sociales sin efecto positivo. Hoy las consecuencias están en los hogares, la gran mayoría destinados a vivir en la pobreza.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que el costo de la canasta básica alimentaria en las zonas rurales es de mil 073 pesos y mil 516 pesos para la zona urbana. Esos precios muestran un aumento de 75 y 73 por ciento, respectivamente, durante los últimos diez años, periodo en que el salario mínimo aumentó sólo 35 pesos.
De acuerdo con su informe mensual sobre la evolución de la canasta alimentaria, al cierre de agosto de 2018, el precio de la canasta alimentaria por persona al mes en zona rural es de mil 073 pesos y de mil 516 pesos en la zona urbana. Los datos de 2008 muestran un incremento de 460 y 462 pesos para cada una.
Ese es el caso de la canasta alimentaria que, para el Coneval, está conformada por 40 productos. En lo que respecta a la canasta no alimentaria, ésta ha tenido un incremento de 737 pesos para el ámbito rural y de mil 078 pesos en la urbana durante la última década. Esa canasta engloba elementos como transporte público, limpieza y cuidados de una casa, educación, cultura, recreación, servicios, vestido, calzado, cuidado de la salud, enseres domésticos y artículos de esparcimiento.
Y a la par, el salario mínimo ha aumentado 35 pesos: en 2008 se ubicó en 52.59 pesos y para 2018 llegó a los 88.35 pesos.
Para académicos y expertos consultados por SinEmbargo, la disparidad entre el salario y los artículos básicos para las personas en México se han convertido en un caldo de cultivo para la informalidad, la violencia y más pobreza, sobre todo de jóvenes con y sin estudios.
Miguel Reyes Hernández, Director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, comparó esta década con la de los años 80, que fue bautizada como la década perdida de la economía al no registrar un crecimiento. A esta última la llamó “la década perdida del bienestar” del grueso de la población mexicana.
“Esta fue una década lastimosa para la economía de las personas. Así como se llamó la década perdida de la economía en los 80 porque no hubo crecimiento económico, aquí hablamos de la década perdida del bienestar. No lo hubo. […] Para que un hogar [de cuatro personas promedio] no esté en situación de pobreza, tendría que ganar 353 pesos diarios, que es la línea de pobreza por hogar. Pero para ganar esos 353 deben ganar cuatro salarios mínimos [es decir 359 pesos] si el 63 por ciento de la población hoy gana entre uno y tres salarios mínimos, ¿cómo se le hace? Están destinados a la pobreza”, comentó en entrevista.
Gerardo Franco, investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), explicó que ha habido una variación en el Índice de Precios al Consumidos (IPC) que generó una variación de precios. En la línea de pobreza general en esta década ha tenido incrementos en lo rural del 61 por ciento y en lo urbano del 56 por ciento aproximadamente, por inflación y por un aumento específico de la canasta.
“La gravedad de esta situación es peor si se va a la línea de pobreza extrema. Ahí los incrementos son de 75 por ciento para lo rural y 73 para lo urbano. Y la situación es peor en el sector rural”, dijo.
Agregó que han sido dos periodos en que esta afectación ha sido mayor aún para las personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar. Uno es a partir de mediados de 2012 y a principios de 2013, donde los aumentos en los precios de estas canastas mínimas para las personas en situación de pobreza fueron mucho mayores que el IPC, es decir, los productos más necesarios para las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, fueron mayores.
Esa misma situación se presentó desde el primer trimestre de 2017: las variaciones en las canastas rural y urbana han sido mayores que las del IPC. A partir del primer trimestre de 2018 parece que se cambia la tendencia y las variaciones vuelven a ser menores para la canasta urbana y rural, comentó Franco, pero es claro que hay dos momentos de mucho estrés para la situación económica de las personas.
En este mismo sentido, Rodolfo de la Torre, Especialista en Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), expuso que los aumentos de los ingresos de las personas de más bajos estratos apenas alcanzaron para mantener el poder adquisitivo respecto a esta canasta y un poco más, lo cual se muestra en una reducción de la pobreza extrema.
Sin embargo, el investigador acotó las cifras del Coneval: “[las cifras] deben tomarse con precaución porque no es claro que por lo menos en esta administración la pobreza en general y en particular la pobreza extrema, tenga una trayectoria clara de reducción. Es posible que se haya estabilizado o que tengamos más pobreza de la que aparece en las estadísticas oficiales, a raíz del problema que hubo en la medición de los ingresos que hubo por parte de Inegi”.
LA POLÍTICA SOCIAL FRACASA
¿Cómo se resuelve este problema? Durante esta década se implementó sin interrupción el programa Oportunidades-Prospera que buscó dar educación, salud y alimentación a las personas en condiciones de pobreza, pensando que esos elementos empoderarían económicamente a las personas.
Pero las cifras actuales muestran que se complica el acceso a la canasta básica por la situación salarial porque ni garantizando un mayor nivel de estudios se asegura un buen salario o una economía que ofrezca empleos de calidad.
Para Reyes Hernández la gente está perdiendo más poder adquisitivo de lo que realmente aparece en el IPC por lo que se tienen que buscar salidas, sobre todo la población con más nivel académico. De acuerdo con datos del Observatorio, mientras mayor nivel educativo se tenga, la caída del poder adquisitivo es mayor y tienen el registro de una caída del 14 por ciento para la gente que tiene posgrado y en general cae casi 30 por ciento.
“El problema es que no se han creado suficientes empleos bien pagados, no precarios. Dos terceras partes de la población joven y el 60 por ciento de la población total están en precariedad. Las opciones que se brinda a los jóvenes y a la sociedad son migración, informalidad, crimen organizado. Este problema económico no se resuelve con política social, asistencial, dando dinero. La gente tiene, necesariamente, que salir adelante, con su trabajo tener una vida digna para ellos y sus hijos, y eso no se da”, sostuvo.
De la Torre agregó que se requiere elevar el crecimiento de la economía y que este esté basado en los grupos que menos remuneración han tenido, principalmente el trabajo no calificado, “esto no se resuelve en un plazo corto, sino que tiene que haber inversión en infraestructura en zonas de más rezago y también en capital humanos de los que presentan mayor rezago, sobre todo educativo”.
Franco habló de una recomposición obligatoria en el gasto social, que hoy en día ha estado enfocado en educación, salud y alimentación con Oportunidades y Prospera, pero que no ha terminado de cuajar en la generación de mayores ingresos.
“Con el cambio de administración se puede repensar el horizonte de esos programas para orientarlo a que ese último tramo se capitalice en mejores ingresos. […] Esos aumentos en la canasta alimentaria pueden tener un mecanismo compensatorio a través de la política social pero con una bien dirigida, alejada del clientelismo”.
