El 11 de enero se cumplió un año de que cinco jóvenes sufrieron desaparición forzada presuntamente por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, en Tierra Blanca, Veracruz. Los padres exigieron que los ex secretarios de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y sus sucesor, José Nabor Nava Olguín; y el Director de la Fuerza Civil, Roberto González rindan cuentas por haber aceptado en la corporación al ex Delegado Marcos Conde, quien supuestamente estuvo involucrado. De los desaparecidos solamente se lograron identificar a Bernardo Benítez Arróniz y Alfredo González Díaz, al primero por un trozo de hueso calcinado, y al segundo, por una gota de sangre encontrada en el Limón. No les han informado sobre la identificación de más personas.
Por Ignacio Carvajal
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo/BlogExpediente).- Por lo regular usaban la ruta más rápida, por la autopista La Tinaja-Cosamaloapan-Ciudad Alemán, pero ese día tomaron la ruta larga y fue el gran error que les costó caro.
Cruzaron de la Tinaja a Tierra Blanca y se toparon con una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública que los notó sospechosos.
Los oficiales les detienen, los interrogan y revisan, y al confirmar que eran de Tierra Blanca, deciden detenerlos ilegalmente para posteriormente entregarlos a una célula de la delincuencia organizada. Los sicarios encargados de la entrega, los reciben, y desde el primer momento, los comienzan a torturar y a insultar en un predio del rancho El Limón, municipio de Tlalixcoyan.
Posteriormente, reciben la orden de darles muerte y desaparecerlos. Lo hacen como ya lo habían efectuado con otras víctimas.
Un golpe en la cabeza con la parte posterior de una hacha y los arrojaron a una picadora de caña de azúcar. Fue lo último que se supo de Mario Arturo Orozco Sánchez; Bernardo Benítez Arróniz; José Benítez de la O; Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo, según lo asentado en declaraciones por los elementos de la SSP que están encarcelados por el caso, ocho en total y otros once civiles.
En el rancho El Limón, ubicado en el kilómetro 36 del a autopista La Tinaja-Cosamaloapan, las autoridades localizaron miles de fragmentos de restos humanos, producto del procedimiento con la picadora agrícola.
Cálculos discretos indican que unos cuatrocientos cuerpos se mezclaron en plastas de sangre y tejido al cual posteriormente le prendían fuego en un agujero, atizado con combustible robado a los ductos de Petróleos Mexicanos.
A un año de esta tragedia, una de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de Veracruz, el colofón de la putrefacción del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, los padres de los chicos no encuentran satisfacción de la justicia pese a la detención de más de 20 presuntos implicados, entre oficiales de la SSP y civiles miembros de la delincuencia que operaban en el Limón.
Bernardo Benítez, vocero del grupo de cinco padres, reconoce que hay temor entre los compañeros por la lentitud de las investigaciones y la poca celeridad para lograr sentencias contra los supuestos responsables del múltiple homicidio y desaparición forzada. “Incluso tenemos temor de que esos (los detenidos) sean dejados en libertad”.
Bernardo Benítez dice que él y los demás padres pierden las esperanzas en las autoridades luego de que en días pasados, la Procuraduría General de la República se negó a procesar por delincuencia organizada a los oficiales de la SSP a quienes se imputa el haber detenido y entregado a los cinco chicos a la delincuencia.
“Dice la PGR que no hay elementos suficientes para consignarlos, ni si quiera nos notificaron que desistieron de esa acción legal, fue el abogado quien se dio cuenta por andar en unas diligencias. ¿No entiendo como no pueden considerar el tema de la delincuencia organizada?, si había laboratorios en el rancho El Limón, coches robados, garrafones, todo lo necesario para el robo de combustible.
Eso nosotros ya lo estamos combatiendo por medio de un amparo, pero enserio que no comprendemos”, dijo en entrevista telefónica.
Ante la PGR también se tramitó una denuncia contra los ex secretarios de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y sus sucesor, José Nabor Nava Olguín; y contra el director de la Fuerza Civil, Roberto González, por haber aceptado en la corporación al ex delegado Marcos Conde, quien supuestamente estuvo enterado en todo momento de las acciones ilegales de sus oficiales, sin embargo no contaba con las pruebas de confianza, pero Bermúdez lo sostuvo en el puesto.
“Ahora nos sabemos nada de esa denuncia, está en el limbo, nosotros queremos a Bermúdez siendo llamado a cuentas pues él era el jefe de todos ellos y estuvo enterado, eso le debe generar alguna responsabilidad”, insiste Bernardo Benítez.
Roberto González Meza, así como al actual Secretario de Seguridad Pública, José Nabor Nava Olguín, pues era jefe inmediato de Marcos Conde, el delegado de la SSP de Tierra Blanca quien presuntamente era el responsable de una red de narcopolicías al mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes presuntamente dieron muerte a los jóvenes.
“Queremos que se proceda contra Bermúdez, él puso a un delegado como Marcos Conde cuando no había pasado los exámenes de confianza” apuntaló Bernardo Benítez.
En octubre pasado, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desde Coatzacoalcos, anunció reforzar la lucha contra la delincuencia en la región y contrarrestar los secuestros. El 17 de octubre Osorio Chong dijo esas palabras en Coatzacoalcos, en medio de una crisis por el alza en secuestros. Ese día mandó traer desde Playa Vicente, en helicóptero a los padres de los jóvenes, “nos quería conocer, y platicar con nosotros, nos prometió muchas cosas, sobre todo justicia”.
Han pasado casi cinco meses de la reunión de Osorio Chong con los padres de los chicos de Playa Vicente y “no nos ha resuelto nada”, dice Bernardo Benítez. Antes que las indemnizaciones por la ausencia de sus hijos, dice Bernardo Benítez, se debe contar con el acta de defunción de cada uno de los jóvenes, “ni si quiera andamos pensando en eso”, acota.
De los cinco desaparecidos de Playa solamente se logró identificar a Bernardo Benítez Arróniz y Alfredo González Díaz, al primero por un trozo de hueso calcinado, y al segundo, por una gota de sangre encontrada en el Limón, el último destino de los jóvenes.
Junto a los fragmentos de los jóvenes de Tierra Blanca se encontraron al menos otros 8 mil restos óseos y tejido, “el Fiscal Luis Ángel Bravo nos dijo en alguna ocasión, que eran como 400 cuerpos, aproximadamente” los que fueron pasados por la picadora en El Limón.
Desde que los padres salieron del campamento montado en el MP de Tierra Blanca, las autoridades no les han informado sobre la identificación de más personas de ese mundo de fragmentos. “Nos enteramos de la confirmación de identidad de otros dos reportados como desaparecidos en la zona, pero no nos dan más datos”.
Hasta diciembre pasado los padres llevan varios meses intentando acceder al proceso en donde se están integrando todas las pesquisas y diligencias, pero jamás pudieron contar con una copia. “No nos lo dan, lo queremos ver para analizar las investigaciones y diligencias, pero hasta el último día de Luis Ángel Contreras en la Fiscalía, no nos dejaron”.
Los familiares cuentan con la esperanza de que el nuevo Fiscal, Jorge Winckler les otorgue las facilidades para acceder a los tomos relacionados con el caso. “Pronto buscaremos una reunió con el gobernador y con el Fiscal para denunciar las irregularidades”, dijo el entrevistado.
Por el momento, tampoco se ha podido vincular con la desaparición y muerte de los jóvenes, a Francisco Navarrete Serna, supuesto cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Tierra Blanca; él y otros dos familiares resultaron detenidos en medio de endebles acusaciones y un proceso penal viciado. A Navarrete Serna la Fiscalía local y la Secretaría de Gobernación lo calificaron como importante blanco para el gobierno al tratarse de un jefe del cártel de Jalisco, pero pese a su captura, dice el padre del joven Bernardo, la delincuencia en la región no se calmará, incluso, están realizando más reclutamientos ante “la falta de personal”.
Igualmente no se ha avanzado en lo relacionado con el grupo de civiles, supuestos criminales, detenidos por el caso Tierra Blanca. Ellos son Luis Delfino Alcaraz López, José Dolores Zetina Robles, José de Jesús Padilla Barajas, Odín Acevedo Muñoz, Cristian Guevara Gordillo, Enrique Saldaña García, Ismael López Mendoza, Bernardo Vázquez Borbón, Manuel Razón Cerda, Adolfo Velásquez Ramírez y Miguel o Manuel Saldaña García, alias Kramer.
Lo que más le duele, dice el comerciante de Playa Vicente, es notar que la delincuencia organizada en la región permanece desatada. Mientras estábamos en el campamento de la fiscalía de Tierra Blanca, se dio un cambio en la inseguridad en la zona, “cuando estuvimos y que llegó la Gendarmería creemos que si se calmó un poco la cosa, pero ahora que ya no estamos allá, ni la policía, ahora todo se ve igual. Todo está igual en la región, los delincuentes ya regresaron. Nos dicen que está igualito o peor.
