De acuerdo con un foro internacional, los efectos del tráfico de especies son graves y multifacéticos, por lo que las sanciones deben ser proporcionalmente graves.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– Como parte de las conclusiones de la «Conferencia regional de aplicación de la ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas», mandatarios de 15 países de América Latina y el Caribe señalaron que los delitos ambientales deben ser considerados como delitos graves debido a que impactan negativamente a la ecología, el medio ambiente y las comunidades.
Así informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), e indicó que los mandatarios reconocieron que «es necesario modificar y armonizar los marcos normativos de los países de América Latina para que los delitos de tráfico ilícito de flora y fauna silvestres sean reconocidos como graves y sus penas sean proporcionales a dicha gravedad».
Durante el foro, que tuvo lugar la semana pasada en Cancún, Quintana Roo, Aldo Lale-Demoz, director ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), advirtió que elevar las penas contra el tráfico de ilegal de especies era necesario debido a que éste es un delito transnacional que, se calcula, genera ganancias de hasta cien mil millones de dólares al año.
Así mismo, durante el foro se expuso que éste es un problema que debe combatirse de manera concertada y coordinada, pues afecta de forma negativa el desarrollo sustentable, fomenta la corrupción, afecta gravemente a la biodiversidad e involucra a la delincuencia organizada transnacional.
De acuerdo con información de la UNODC el tráfico ilegal de flora y fauna utiliza rutas existentes del tráfico de drogas, tráfico ilícito de migrantes y armas de fuego; [por lo que] los efectos de este tráfico son graves y multifacéticos.
En conjunto, los representantes latinoamericanos concordaron con que, debido a sus consecuencias, la prevención, persecución y sanción de los delitos en materia ambiental debe plantarse con un enfoque internacional y multidisciplinario que tenga control de la oferta y demanda [de especies].
En este sentido «los delegados a dicho encuentro se pronunciaron a favor de practicar investigaciones financieras, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de lograr el desmantelamiento de las redes delictivas organizadas dedicadas al tráfico ilícito de flora y fauna silvestres y el decomiso del producto del delito», señala la Profepa.
Por otro lado, los representantes señalaron que es necesario mejorar las técnicas de compilación de información que sirven para desmantelar redes de tráfico ilícito de especies, capacitar y sensibilizar al poder judicial en la materia, articular redes nacionales y regionales de inteligencia e información, así como desarrollar campañas de prevención y educación.
La Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas, contó con la presencia de delegados de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana; y contó con observadores de España, Gran Bretaña y Noruega.
Con información de Notimex
