Buenos Aires, 5 dic (dpa) – La Cámara de Diputados argentina convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por uno acusatorio, en el que los fiscales se harán cargo de la investigación; establece la oralidad del proceso, reduce la duración de las causas y revaloriza a las víctimas.
La iniciativa impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue aprobada en la noche del jueves por 130 votos, 99 en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo del Frente para la Victoria (FpV, peronista) oficialista y sus aliados.
El nuevo Código Procesal Penal establece que las causas deberán durar como máximo tres años, con un plazo máximo de un año para la investigación previa. Prevé además sanciones si los jueces demoran los casos.
Le dará asimismo más participación a las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes, ya que serán protegidas, podrán intervenir en el expediente y seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Amplía en tanto los supuestos para el dictado de la prisión preventiva. En uno de los puntos más polémicos, la norma establece que al extranjero que sea sorprendido en flagrancia de un delito, cuya pena mínima no fuera superior a tres años de prisión, se le aplicará la expulsión del país.
La oposición respaldó los ejes centrales de la reforma del código, pero votó en contra por considerar que dota de mayor poder a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, acusada de actuar en su cargo de acuerdo a los intereses del gobierno y que habría sido nombrada para garantizar “impunidad” para los funcionarios del Ejecutivo.
“Compartimos que el sistema acusatorio es el más efectivo, pero lo único que se va a aplicar del nuevo código es el incremento de más de 1.700 cargos en el Ministerio Público. Estamos dando poderes importantes a un ministerio que no tiene control público, porque nunca se integró la comisión bilateral que debe cumplir esa función”, advirtió el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) opositora Manuel Garrido, ex fiscal anticorrupción.
La diputada Laura Alonso, del partido de centroderecha PRO, afirmó que la reforma promueve “elegir fiscales amigos del poder que protejan a los corruptos del poder (…), ésta es la verdadera intencionalidad política”. Según la legisladora, el objetivo de la iniciativa es “la absolución y sobreseimiento” de los funcionarios acusados de corrupción.
La Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires instó a Fernández de Kirchner a no promulgar la ley.
“La debida transparencia institucional se ha visto seriamente enturbiada ante las recientes denuncias efectuaudas contra las más altas autoridades de la nación, todo lo cual agrava el cuadro señalado pues el nuevo Código Procesal eventualmente sería aplicable a las causas penales iniciadas contra la señora presidenta y el señor vicepresidente (Amado Boudou)”, alertó.
