Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Rosa María Ortíz, Relatora sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que durante su visita a México recibió información alarmante sobre la desaparición de menores de edad y de adultos jóvenes, lo que afecta “todo el territorio nacional”.
En conferencia de prensa, la representante de la CIDH informó que desde el pasado 6 de octubre –cuando arribó al país– hizo un monitoreo de la situación de la niñez a nivel federal y en cinco estados de la República y se le proporcionó información que indica que existe un “crecimiento alarmante en el número de niños no localizados y presuntamente desaparecidos forzadamente”.
María Ortíz resaltó que a pesar de esto, el Estado “sigue sin proporcionar cifras de cuántos niños y niñas estarían desaparecidos”.
“La falta de información oportuna por parte de las autoridades encargadas de la investigación dificulta también la implementación de programas de atención a víctimas”, dijo la Relatora tras su visita al Distrito Federal, Cuernavaca, Morelos; Oaxaca, Oaxaca; Saltillo, Coahuila; Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria en Tamaulipas.
Durante su visita a Tamaulipas, recibió a un grupo de 94 familias de víctimas de presunta desaparición forzada, en su mayor parte responsabilizaron a fuerzas estatales de estos hechos, principalmente a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), especificó.
Los familiares denunciaron que no se ha avanzado en ninguna de las investigaciones de los hechos “y la información proporcionada por el Estado no desvirtúa lo señalado”, dijo.
La Relatoría sobre Derechos de la Niñez le recordó al Estado mexicano que es su obligación investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial.
“La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares y sobre todo debe actuar sobre las causas identificadas con programas efectivos de prevención de estos hechos”, dijo.
La representante de la Corte Interamericana afirmó que debido a la magnitud del problema, amerita la adopción de medidas urgentes para entender y adoptar acciones para prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro.
Durante su visita al país, la Relatora se reunió con más de cien organizaciones de la sociedad civil, comisiones de derechos humanos y víctimas de violaciones de sus derechos humanos, así como familiares. También visitó la estación migratoria de Saltillo, el puente internacional No 1 de Nuevo Laredo, el Módulo de atención del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) para niños migrantes no acompañados, y otros lugares.
2 MIL NIÑOS MUERTOS POR VIOLENCIA
Durante su estancia en el país, la Relatoría de la CIDH recibió, con preocupación, información que refiera al aumento de los niveles de violencia, así como la falta de registros estatales sobre la materia y esa es “la mayor preocupación porque si no se tienen datos, es imposible actuar”.
Organizaciones civiles entregaron datos donde revelan que entre 2006 y 2014 se documentaron dos mil casos de niños que fueron presuntamente asesinados y/o mutilados, incluso, en algunos casos, con extrema violencia.
También se le reportó de un alto número de niños y niñas que habrían sido reclutados por la delincuencia organizada, además, esto se realizaría en acciones agresivas de reclutamiento, particularmente en comunidades pobres.
La Comisión Interamericana también se dijo preocupada por el elevado número de huérfanos a raíz de la pérdida de uno o ambos padres, así como la cantidad de desplazados internos forzados por motivos de violencia, entre ellos niños, niñas y adolescentes.
VULNERABILIDAD DE NIÑOS MIGRANTES
La CIDH destacó las circunstancias de especial vulnerabilidad que enfrentan los menores en su tránsito por México, pues incluso las situaciones de riesgo que viven son el secuestro, el tráfico y trata de personas, así como el engaño por los traficantes “coyotes”, la explotación laboral y sexual, los robos, el reclutamiento por el crimen organizado para cruzar droga, violencia física, emocional y sexual, el feminicidio y el homicidio.
De acuerdo con información que el Instituto Nacional de Migración (INM) le proporcionó a la CIDH, tras la detención de los menores, éstos son entregados al DIF, quien se encarga de retornarlos a sus países, sin embargo, las autoridades también informaron que ningún niño o niña solicitó asilo o refugio.
La Relatora pudo entrevistarse con algunos niños en los centros y demostraron una falta de conocimiento sobre sus opciones, así como una falta de asesoría jurídica.
“Esta situación refleja una ausencia de atención adecuada por parte del Instituto de Migración, caso por caso, que devele por sus derechos y asegure que la medida tomada responda al interés superior de cada niño o niña”, dijo.
7.25% SUFRE DESNUTRICIÓN
La Secretaría de Desarrollo Social informó a la Relatora sobre la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que estaría favoreciendo a tres millones de personas a través de 90 programas del gobierno federal. Sin embargo, la representante de la CIDH dijo que observa con preocupación que el 7.25 por ciento de los niños y niñas entre 5 y 14 años de edad en zonas urbanas sufren de desnutrición crónica, y la cifra se duplica en zonas rurales, mientras que los más afectados siguen siendo las poblaciones indígenas.
Además, no solo la desnutrición es un problema que aqueja a los menores. La obesidad también representó un problema, pues afecta negativamente el desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Destacó que 4.1 millones de niños en edad escolar presentan este problema.
POBLACIÓN CALLEJERA
La Relatora destacó que en el Distrito Federal hizo un seguimiento a la población callejera, y se le informó de las redadas que se hacen donde se desplaza a algunas comunidades de sus lugares de residencia, al respecto, la CIDH también vio con preocupación una falta de programas efectivos de apoyo a estas personas, por lo que se revictimizan al entrar en contacto con las autoridades.
La Comisionada Rosa María hizo un llamado urgente para implementar programas adecuados y coordinados para garantizar que esta población tenga un acceso efectivo a ejercer sus derechos humanos.
