Pekín, 14 may (EFE).- Un informe de “Human Rights Watch” denunció hoy la dura situación de las trabajadoras sexuales en China, sometidas a abusos policiales continuos y detenciones arbitrarias, al tiempo que el Gobierno defendía su historial de derechos humanos en un libro blanco.

El informe “Barridos: abusos contra trabajadoras sexuales de China”, de 51 páginas, recoge escalofriantes testimonios de trabajadoras sexuales -la mayoría, mujeres- en los que se denuncian todo tipo de maltratos cometidos por la Policía, funcionarios de centros de sanidad o clientes en Pekín y un abandono total por parte del Estado.

“Nos ataron a árboles, allí nos echaron por encima agua helada y comenzaron a pegarnos”, cuenta una prostituta sobre un episodio padecido en la capital junto a otras dos compañeras en el informe “Barridos: abusos contra trabajadores sexuales en China” publicado hoy.

Muchas de ellas -que son, sobre todo, emigrantes de otras provincias rurales menos desarrolladas que la capital- coinciden en destacar las torturas que sufrieron para admitir que ejercen la prostitución y tras ser detenidas sin prueba alguna.

El Gobierno chino, como denuncia HRW, prohíbe la venta de favores sexuales pese a haber permitido el crecimiento incontrolado de la industria del sexo en las últimas décadas “con millones de mujeres que recurren a la prostitución como una forma de ganarse la vida”.

De ahí, señala el informe, que la Policía busque cualquier tipo de evidencia, hasta la “posesión de condones”, para incriminar a una persona que no admite ejercer.

“Esto -alerta HRW- incrementa el riesgo de contraer el VIH”, el virus causante del sida, ya que las trabajadoras optan por no llevar nada que les pueda suponer un “problema”.

Este extremo es constatado por otras organizaciones en defensa de las mujeres que trabajan en la capital, como la de Yang Jingjing, quien aseguró a Efe que la mayoría no suele llevar preservativos y que los clientes tampoco están concienciados, por lo que la probabilidad de contagios es muy alta.

En ese sentido, denuncia HRW, las trabajadoras sexuales también son obligadas a acudir a centros de salud a hacerse las pruebas del VIH de manera frecuente y sin que, en muchos casos, se les informe de los resultados.

También son enviadas a los llamados centros de reeducación o de trabajo por periodos de tiempo que llegan, en algunos casos, a los dos años.

Todo ello conlleva a que las trabajadoras no acudan a las autoridades cuando son maltratadas por clientes o por agentes del Estado, ya que cuando lo hacen, se les hace caso omiso, señala el informe.

También debido a los casos de clientes “compinchados” con las autoridades.

“Cuando impulsan una campaña y la Policía quiere ganar un poco de dinero, acuerdan con un cliente que venga y adquiera uno de nuestros servicios. Cuando empieza el servicio, el cliente llama a la Policía, que viene y nos arresta. Entonces te multan y ellos se reparten el dinero”, cuenta un testimonio de la capital.

Frente a estos testimonios, HRW insta al Gobierno chino a acabar con estas campañas, a detener los abusos policiales y “abandonar sus leyes represivas” contra las trabajadoras sexuales, pero también contra aquellos defensores de los derechos humanos que denuncian la situación.

Las denuncias de HRW se presentan el mismo día en que China ha publicado su “Libro Blanco de los Derechos Humanos” anual que, como en años anteriores, antepone el crecimiento del país a las libertades fundamentales y señala que “sería imposible proteger esos derechos e intereses sin desarrollar primero lo economía”.

El amplio informe, transmitido en 16 capítulos por la agencia oficial Xinhua, ofrece centenares de cifras que según el régimen son muestra de la mejora en los derechos humanos de sus ciudadanos, muchas de ellas indicadores económicos.

“Sólo persiguiendo un desarrollo sano y sostenible puede China consolidar la base para la felicidad y el bienestar de la población y proteger sus derechos”, señala el informe, que asegura que el país ha mejorado en “democracia, imperio de la ley, desarrollo cultural, seguridad social y protección medioambiental”.

Sin embargo, el documento no incluye mención alguna a asuntos frecuentemente tratados por organizaciones de derechos humanos en relación con China, como el acoso a disidentes, la existencia de presos de conciencia o las denuncias de torturas y detenciones ilegales. EFE