Río de Janeiro, 12 dic (dpa) – El ente estatal brasileño Petrobras volvió a aplazar hoy la divulgación del balance parcial relativo al tercer trimestre del año, a raíz de las nuevas revelaciones de corrupción que vienen sacudiendo a la empresa desde marzo pasado, informan medios locales.
Según el portal de noticias UOL, la divulgación de los datos no revisados por auditores externos fue postergada para el próximo 31 de enero.
Una fuente de la petrolera confirmó al medio que la decisión se debió a los nuevos hechos relacionados directa o indirectamente con el operativo policial que desmanteló una red ilegal que operó en el seno de la empresa entre 2004 y 2012 y que habría desviado unos 3.900 millones de dólares.
Esta es la segunda vez que la dirección de la empresa decide postergar la publicación de los asientos contables relativos al periodo, los cuales deberían haber sido divulgados el pasado 14 de noviembre.
Ese día, el director financiero y de relaciones con inversionistas de Petrobras, Almir Guilherme Barbassa, explicó que la empresa optó por no divulgar el informe contable porque en caso de que se confirmaran las denuncias de millonarios desvíos se verán afectados varios puntos, entre otros los ajustes de tarifas.
Asimismo, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) informó que la estatal está sujeta a pagar una multa de 500 reales (unos 200 dólares) por día, por aplazar la entrega del balance parcial.
En lugar de los datos aguardados con expectativa por el mercado, que observa con nerviosismo el desarrollo de las investigaciones, fue presentado hoy únicamente un informe condensado en el que figuran indicadores operacionales.
Entre otros, aparecen los ingresos por concepto de ventas, que alcanzaron los 88.378 millones de reales (unos 34.000 millones de dólares) y de endeudamiento líquido, equivalente a 261.445 millones de reales (unos 100.500 millones de dólares).
La crisis que sacude a la mayor empresa pública del país estalló en marzo, cuando fue desarticulada la red ilegal en la que participaron altos funcionarios de la estatal-entre ellos dos ex directores-, al menos 16 grandes empresas constructoras y especialistas en lavado de dinero.
