Madrid, 12 dic (EFE).- El Gobierno español lanzó hoy un plan de incentivos económicos dirigido a gobiernos regionales, locales y a propietarios de terrenos con el que pretende vencer la resistencia al desarrollo de prospecciones petrolíferas, incluidas las que utilizan la técnica “fracking”.
Los propietarios de los suelos en los que se desarrollen yacimientos de hidrocarburos recibirán una retribución equivalente a un 1 % del valor de producción anual.
La normativa introduce un nuevo tributo sobre el valor de la producción de hidrocarburos en España, basado en el volumen de extracción, de manera que las rentas económicas derivadas de estos yacimientos reviertan en el conjunto de la sociedad.
También actualiza al alza el canon de ocupación de terrenos que actualmente pagan los operadores petrolíferos con prospecciones autorizadas.
Además, incluye “mecanismos para que una parte de esos recursos” obtenidos por la vía fiscal reviertan en las “comunidades (regiones) y entidades locales donde tenga lugar esa extracción”.
Con estas medidas, el Gobierno pretende impulsar el desarrollo de yacimientos que solo serían explotables mediante las polémicas técnicas de fracturación hidráulica o “fracking”, más agresivas que las tradicionales, para los que ya hay un buen número de solicitudes, especialmente en el norte de España.
El gobierno español insiste en la necesidad de reducir la dependencia casi total que tiene el país del crudo y el gas extranjero, aunque ha chocado con la oposición de la ciudadanía y en ocasiones de gobiernos regionales.
Las protestas ecologistas y vecinales contra esta técnica, que consideran puede contaminar los acuíferos y provocar terremotos, se han multiplicado en las zonas con mayores recursos potenciales.
De hecho, los gobiernos de Cantabria y Navarra (norte) han prohibido el “fracking” en sus territorios -algo recurrido por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional-, mientras que el ejecutivo regional de Cataluña ha endurecido los requisitos para aplicarla.
Por su parte, el Gobierno regional de las Islas Canarias (Atlántico) ha intentado someter a referéndum los sondeos realizados por la petrolera Repsol en aguas próximas a las islas, frente a las costas de Marruecos, aunque finalmente no ha sido autorizado, al considerarse que la convocatoria de este tipo de consultas corresponde al Gobierno español.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha apostado por promover el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos ofreciendo a sus detractores parte de los beneficios económicos.
En el caso de los propietarios de suelos susceptibles de contar con recursos petrolíferos, hasta ahora su única opción era aceptar la expropiación de sus terrenos y recibir un pago por ello, ya que el subsuelo pertenece legalmente al Estado español.
La reforma planteada por el Ejecutivo no supone dar al propietario el control sobre el subsuelo, que sigue siendo del Estado, aunque sí le ofrece parte de los beneficios, lo que probablemente contribuirá a limar posibles reticencias. EFE
