Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– El año pasado, la deuda pública de estados y municipios aumentó 11.05 por ciento y llegó casi al medió billón de pesos al al alcanzar los 482 mil 807 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La deuda no sólo llevó a distintos gobiernos locales al borde de la banca rota sino que amenaza con seguirse incrementado si desde ahora no implementan medidas para soportar los pagos de pensiones y jubilaciones que enfrentarán durante los próximos años, advirtieron analistas.

La mayor parte del endeudamiento contraído por los gobiernos locales ha sido con la banca comercial, con la que mantienen obligaciones financieras que según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suman 284 mil millones de pesos, 58.9 por ciento del total acumulado hasta 2013.

Según la información de la Secretaría de Hacienda, por tipo de deudor, las obligaciones financieras de estados y municipios se conforma como sigue: los gobiernos estatales concentran 83.66 por ciento del total, que representa 403 mil 938.7 millones de pesos; los organismos estatales adeudan 26 mil 471.4 millones y los gobiernos municipales un total de 46 mil 564.9 millones de pesos.

La deuda contraída por los estados y municipios en parte está relacionada con el pago de pensiones y jubilaciones (que representa 2.7 del Producto Interno Bruto). Sin importar que sea menor en comparación con la de Pemex, especialistas creen que es necesario atenderla para evitar una futura crisis.

El director de la Licenciatura en Administración Financiera  del Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey, Campus Estado de México, Miguel Ángel Rendón afirmó que  “la deuda está creciedo y está generada hacia las pensiones caídas que ha llevado a nuestro sistema de Seguridad Social a punto de colapsar”.

Actualmente el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) cuenta con 15 mil 654.5 millones de pesos que están destinados a la disminución de la deuda de entidades federativas en materia de pensiones y jubilaciones, tanto de servidores públicos como de trabajadores.

El Fondo se creó en 2007 como una medida para aliviar la deuda de las entidades federativas en materia de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos estatales y de sus universidades.

Se había contemplado que el FARP desapareciera una vez que entrara en operación el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), aprobado como parte de las leyes secundarias de la Reforma Energética y que servirá para que el gobierno federal pudiera tener ahorros de largo plazo.

Sin embargo, durante la discusión de las leyes secundarias de la semana pasada, los diputados hicieron cambios de última hora a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para que siguiera vigente el FARP y se pueda seguir ayudando a los estados y municipios.

César Velázquez Guadarrama, académico del Departamento de Economía y Coordinador de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana, afirmó que la razón por la cual los estados no han podido, ni querido utilizar el monto del FARP es porque “existe una condición para que se pueda hacer uso de este recurso, y esa es que el sistema de pensiones cambie a uno de cuentas individuales. Y este cambio representa un costo político muy alto”.

“La falta de planeación ha evitado el pago de pensiones a nivel municipal y estatal. En particular con la Ley del Seguro Social, pues hemos llegado a una incapacidad de pago en los estados y municipios para la demanda de pensiones de trabajadores”, agregó Miguel Ángel Rendón.

Los únicos estados que, según los expertos, tienen en orden el sistema pensionario son Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, siendo esta última la única que tiene una reserva pensionaria por 100 años.

Muchos de los estados que no han podido tomar los recursos que el FARP brindaba, ha sido en por los constantes problemas que gobiernos estatales y municipales han tenido con sindicatos.

Sobre este tema, Manuel Molano Ruíz, director deneral adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), declaró que “se tiene que convencer a los trabajadores del sector público, de la administración federal, estatal y municipal, a los jefes y a las paraestatales que se tienen que mover a un sistema de contribución definida”.

Por otro lado, César Velázquez afirma que por ahora el endeudamiento no representa un peligro importante, cuestión que no será igual en los próximos 10 o 15 años en donde será un problema muy fuerte.

“Ahí es cuando se querrá hacer uso de estos recursos y en donde muchos gobiernos estatales se verán en la necesidad de cambiar y definir el sistema o régimen pensionario que mejor le convenga”, declaró.

FALTA DE TRANSPARENCIA E IMPUNIDAD

A pesar de que los expertos y gobernantes aseguran que la estabilidad económica de las finanzas públicas en cada uno de los estados no está en riesgo, en realidad sí corren peligro al momento de cumplir con sus obligaciones financieras, que día con día crecen, advierten los entrevistados.

Alrededor del 90 por ciento de los ingresos que reciben tanto estados como municipios viene del gobierno federal. Y al momento de saber hacia donde se dirigen los ingresos que reciben impera la falta de transparencia.

En su momento, el director general del IMCO, Juan Pardinas, declaró que “uno de los primeros retos como país para mantener la estabilidad financiera es combatir la impunidad. Hay una disfuncionalidad del sistema de justicia que permite que sucedan cosas como esta sin que haya consecuencias para los gobernadores.”

POSIBLES SOLUCIONES

La deuda de los estados por pasivos laborales equivale a un 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en comparación al 9 por ciento de Petróleos Mexicanos.

La falta de recursos para la generación del pago de pensiones es lo que está llevando a la mayoría de las entidades federativas a la incapacidad para poder generar un flujo entrante que pueda hacer frente a las pensiones.

Las medidas que se podrían tomar es “una reestructura en la ley y en el sistema de pensiones. En donde los fondos que se vayan generando sean ocupados precisamente para el pago de la pensión del trabajador aunque sea a largo plazo” declaró Miguel Ángel Rendón.

“Para poder solventar la deuda de municipios y estados debería de ser un gasto compartido entre gobierno federal y entidades estatales”, agregó.

Por otro lado, Manuel Molano afirmó que se tiene que ir por un “esquema de contribuciones definidas y no de beneficios definidos como están ahora. Se tiene que que encontrar la manera de que los sistemas públicos de pensiones en vez de generar deuda, generen ahorro.”

La carga fiscal de México para poder cubrir el endeudamiento por pasivos laborales tendría que estar 4 puntos arriba del PIB. “Para que nos demos una idea, antes se recaudaba el 12 por ciento del PIB, ahora con la Reforma Fiscal creemos que puede recaudar entre 13.5 y 14 por ciento del PIB. O tendrían que aumentar la renta petrolera para cubrir ese déficit”, agregó.

¿OTRO RESCATE?

Debido a que el fondeo que se había estado realizando para cubrir los pasivos laborales es ahora insuficiente, el director en Administración Financiera del Tec de Monterrey consideró que esto ser puede convertir en otro rescate como el de Pemex y la Comisión Federa de Electricidad.

“Para allá va. Las reformas en materia a la ley del seguro social y la nueva reforma financiera buscará o tratará de esperar este rescate, porque de otra manera no hay flujo suficiente para hacer frente a esto. Causaría un costo social y político muy alto”, afirmó.

Manuel Molano, del IMCO, afirmó que el problema radica en que “Hacienda siempre ha tomado el criterio de las Naciones Unidas donde para efectos de contabilidad los fondos y deudas de pensiones no son deuda pública. Son obligaciones que finalmente termina pagando el contribuyente, que acaba pagando la hacienda pública.”

Sin embargo, el académico de la Universidad Iberoamericana aseguró que de cambiarse en un futuro el sistema de pensiones la deuda pasará a ser estatal, no federal “como acaba de ocurrir con los pasivos laborales de Pemex y la CFE. Será un tema importante, aunque no será un problema que afecte la estabilidad macroeconómica en su conjunto”.

LOS ESTADOS MÁS ENDEUDADOS

Actualmente, según datos de la SHCP, las cinco entidades federativas con el mayor monto de deuda son el Distrito Federal con 62 mil 087.5 de pesos; Nuevo León con 51 mil 394.4 millones, Chihuahua con 41 mil 738.7 millones, Veracruz tiene una deuda de 41 mil 149.7 millones, mientras que la de Coahuila es 35 mil 377.3 millones de pesos.