Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).– Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla aseguran que, tras la tragedia en San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio, comenzó una serie de despidos de al menos 500 uniformados injustificados y es una “artimaña” más del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, pues los están obligando a firmar “renuncias voluntarias”.
En entrevista para SinEmbargo, un grupo de uniformados aseguraron que este día a un grupo de ellos no se les permitió trabajar en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, mientras que otros elementos alcanzaron a laborar en la víspera, pero el director les advirtió: “saben qué señores, yo como amigo, se me escaparon en la mañana pero ustedes ya no deberían entrar a laborar, pero automáticamente ya están dados de baja”.
“Nuestra inconformidad es que se respeten nuestros derechos laborales. Nos están tratando como si hubiéramos robado algo. Ya no nos dejan entrar a trabajar. Están cortando la vía legal de nuestra relación laboral con ellos”, dijo uno de ellos.
Desde el operativo que realizaron elementos estatales el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, los uniformados han denunciado una serie de despidos de manera injustificada e incluso, han acusado que a los jefes, quienes dieron la orden de la dispersión de la manifestación, no se les ha tocado.
Uno de los policías, quien pidió su anonimato, asegura que el pasado 29 de septiembre, el subsecretario de la SSP, Adolfo Canseco Villagrán, les informó del cese de sus puestos, porque asegura, reprobaron los exámenes de control y confianza, sin embargo “nunca nos han dado resultados de reprobado, nos aseguran que eso es confidencial”.
Canseco Villagrán, quien firma los documentos, les tenía ya preparadas sus renuncias voluntarias, sin embargo, los policías protestaron porque “no estamos renunciando”, pero las autoridades poblanas les aseguraron que era una “orden nacional”.
El subsecretario de Seguridad les aseguró que si firmaban ese día “mañana me comunico con ustedes para ver en cuánto queda el finiquito que les vamos a dar”, pero lo refutaron.
“Yo me manifesté de esta manera, le dije, ‘licenciado con todo el respeto que me merece, nosotros no venimos a pedir limosna, venimos a pedir que nos paguen conforme a derecho’ pero ellos dicen ‘si no firman, al día siguiente ya no van a venir a trabajar. Es más, mañana ya no van a entrar a trabajar, además de que yo voy a ir a la Secretaría de Finanzas y ya no les van a pagar su quincena’”, los amenazó.
El uniformado aseguró que los están agarrando en grupos pequeños para decirles que ya no tienen trabajo, eso ocurrió ayer y hoy en el Cereso de Puebla.
El pasado 2 de octubre, al menos 200 elementos policiacos firmaron por las principales calles de la ciudad de Puebla donde se manifestaron en contra de sus liquidaciones, además de que exigieron la renuncia del Gobernador, pues aseguraron que han sido “sacrificados” tras haber participado en el desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan bajo órdenes del gobierno estatal.
Respecto a los uniformados que participaron en dicho operativo, aseguran que los que resultaron lesionados, las autoridades fueron al hospital donde estaban internados y ahí mismo los obligaron a renunciar también “voluntariamente”.
“Se les advirtió que si no firmaban, ‘saliendo, te vas a la cárcel’”.
También dijo que ellos sólo hacen su trabajo y éste es recibir órdenes. “no podemos hacer cosas si no tenemos una orden y además de eso hay jefes. Está el Secretario de Seguridad Pública [Facundo Rosas Rosas] y esos son intocables. Cómo puede ser eso posible cuando ellos fueron los que atropellaron a la comunidad y nos cargan a nosotros el muerto”.
Mañana, a las 9:00 am, están citados en la subdirección de la Secretaría de Seguridad Pública pues les están dando tres opciones.
– La renuncia voluntaria, en la que se les dará un finiquito de mil pesos por año de servicio
– Reubicarlos en diferentes puestos administrativos, porque al reprobar las pruebas, no pueden ejercer
– Irse a un juicio
El policía asegura que si optan por la última opción, además de que son personas de escasos recursos, los juicios duran más de un año y al enfrentarse al gobierno estatal, al trámite se le da “carpetazo”.
“¿Cuándo vamos a recibir nuestros centavos? Nunca. Pedimos que nos respeten nuestros derechos laborales”, afirmó.
