Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).− Algunos sectores en México, en especial la oposición, se han manifestado en contra de la Reforma Energética que, dicen, plantea la apertura del sector a la iniciativa privada y la inversión extranjera. Parte de los reclamos han tocado el tema de fallidas experiencias en aperturas similares registradas en otros países de América Latina como Argentina, Bolivia y Perú.

En estas naciones, previo a la apertura, el Estado, como propietario y administrador, adoptó una postura económica paternalista en materia empresarial. Sin embargo, el éxito que tuvieron sus aperturas aún es cuestionado por expertos en el tema quienes refieren que los beneficios a la población se reflejaron en los bolsillos en el largo plazo, cuando el objetivo principal era otorgarle a la población resultados inmediatos.

Una de las críticas que hacen los expertos se debe a la desinformación que existió sobre el proceso y los tiempos en los que se darían dichas aperturas.

En los tres países, las empresas estatales tenían un mal desempeño, eran ineficientes, la producción de bienes y servicios eran de baja calidad y generaban más deudas que ganancias. A menudo se mantenían los precios de los energéticos por debajo del nivel de recuperación de costos, lo que llevó a pérdidas económicas cada vez mayores que en algunos casos alcanzaron hasta entre 5 y 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Para cubrir estas pérdidas se pretendió rescatar a las empresas de sus dificultades fiscales, primero por medio de la aprobación de grandes presupuestos y después, a través del sistema bancario. Por estas razones, los gobiernos se vieron obligados a aumentar los impuestos  y a reducir los gastos públicos en distintos sectores.

La inversión privada era la única alternativa que se podía aplicar para rescatar a los países latinoamericanos de su deuda y crisis económica.

LA ERA DE LAS PRIVATIZACIONES

Existen distintas formas de realizar una privatización. La primera es cuando se da una licencia a una empresa privada, la segunda cuando se puede crear una empresa mixta donde el Estado tiene parte del capital y la empresa la otra parte, y la tercera, cuando se dan concesiones de explotación de los recursos.

La ola de privatizaciones y aperturas en América Latina tuvo lugar en la década de los noventa y el motivo principal fue la crisis financiera en distintos países de la región.

Uno de los casos en donde se reflejó dicha crisis fue el de las empresas petroleras, las cuales “no tenían el acceso al mercado internacional, por lo que debía hacerse alguna política donde se le diera confianza a los inversionistas, en donde si invertían habría un retorno y que su inversión era segura”, dijo a SinEmbargo Hans Dieterich Steffan, del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco.

El impulso privatizador y de apertura tuvo alcances muy diversos. Algunos países con importantes sectores estatales, como Costa Rica, Ecuador y Uruguay apenas privatizaron algunas empresas, mientras que en el caso de Argentina, Bolivia y Perú efectuaron ventas de sus empresas estatales por valores superiores a 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

La mayoría de los países latinoamericanos, en especial Argentina, Bolivia y Perú, han privatizado sus servicios de telecomunicaciones, electricidad, gas y, en menor medida, agua y saneamiento.

De los ingresos obtenidos a partir de estas acciones, el 75 por ciento provino de ventas de empresas de servicios públicos e infraestructura, el 11 por ciento correspondió al sector financiero y el resto, 24 por ciento, al área de petróleo, gas y manufactura. En cambio, la venta de empresas estatales ferroviarias, aerolíneas, aeropuertos y autopistas no fue tan importante.

EL FRACASO

Uno de los grandes errores del proceso de privatización en estos países, según expertos, fue la del paso de Estado productor a un Estado regulador como sinónimo de un Estado completo. Esto incluyó que dicho proceso se viera envuelto de demagogia y falsas promesas, y que estuviera marcado por la falta de transparencia y defectos de aplicación, concluyeron los analistas.

En Perú, tras la apertura del sector eléctrico en 1994, las tarifas eléctricas alcanzaron el 99.5 por ciento de cobertura de los costos económicos regulados por un organismo creado para este fin. Desde entonces, con la aplicación de la nueva estructura de precios, la tarifa promedio de electricidad ha registrado un crecimiento inferior a la inflación. Es más, partir de 1996 se aprecia una tendencia decreciente de las tarifas comerciales y residenciales de energía eléctrica y a partir de 1998 en la tarifa comercial.

Casi cinco años después de la apertura, las tarifas eléctricas mostraron un comportamiento acorde con la búsqueda de la eficiencia, habiendo mostrado una ligera tendencia a la baja.

En el caso particular de Argentina, el Estado no mantuvo el poder en ninguna compañía importante, con excepción de algunos bancos nacionales y provinciales.

Cuando en Bolivia se llevaron a cabo las privatizaciones por vía de la capitalización, la empresa estatal de petróleos fue colocada en el centro de un listado de medidas tendientes a aflojar las normas de capital hacia el sector hidrocarburífero.

En el mismo caso, la privatización en su versión capitalizadora, implementada entre 1993 y 1997, más allá de estos estímulos foráneos, también se justificó por desperfectos del manejo del estado como “empresario” que tarde o temprano, más allá de las presiones del exterior, tenían que enfrentarse.

Otro factor para el fracaso de estas acciones, según los expertos consultados, derivó de los argumentos con los que los políticos en turno y académicos del momento, justificaron las privatizaciones y la apertura, en donde el Estado se declaraba incompetente e insuficiente para lidiar con los mercados.

Un ejemplo es el caso del ex Presidente, Carlos Saúl Menem, en Argentina, quien en 1999, “vendió YPF a Repsol de España, por debajo del precio del mercado [a cambio de] recibir apoyo financiero del gobierno español para sus campañas electorales, junto con el apoyo en los medios de comunicación españoles, aquellos que están a cargo de Grupo PRISA”, recordó Hans Deiterich.

Posteriormente, la empresa fue expropiada por la Presidenta argentina, Cristina Fernández.

“Un caso como el de Salinas de Gortari [el ex Presidente mexicano], quien dijo que necesitaba refinanciar al gobierno”, declaró el académico. “Las privatizaciones tienen un ingreso de capital muy fuerte, son grandes las sumas y le conviene al gobierno, porque le permite durante un par de años, crear la idea de estabilidad económica”.

LAS VÍAS DE DESARROLLO

“Es ideología, la privatización y la apertura no son la única vía”. Un ejemplo vendría siendo el gobierno de Menem, en Argentina, el cual tenía un tinte neoliberal y que “necesitaba dar el mando a las empresas privadas para desaparecer a las nacionales”, ejemplificó el académico.

Afirmar que no se puede tener un Estado eficiente es falso, “lo que lo hace así son los intereses mercantiles, que son gigantescos, hay mucha mentira y propaganda. Lo que se necesita hacer es un análisis real sobre la mejor forma de organización que se necesita”.

La única vía que tienen los políticos no son sus propios intereses, que son los que hacen negocio con las empresas privadas, sino consultar a la gente sobre sus necesidades. “Los errores suceden cuando no hay la democracia necesaria y no se cuestiona a las personas, que son las principales afectadas”.

“Afirmar que una privatización es más eficiente que un servicio del Estado o viceversa, es incurrir en dogmatismo. La realidad demuestra lo contrario,” declaró el especialista.

Sin embargo, un estudio realizado por Alberto Chong, investigador del Banco Mundial (BM) y Eduardo Lora, ex director de Fedesarrollo, en Bogotá, destaca que en Argentina “la mayoría de la población cree que las privatizaciones no fueron buenas para el país,” sin importar que gracias a “la privatización de acueductos, las conexiones de agua llegaron a barrios marginados”.

Los mayores aumentos que se registraron después de haberse privatizado las empresas fueron en Perú y Argentina, donde se situaron en aproximadamente un 20 por ciento, en relación de ingresos netos a ventas. “La causa principal de esta mejora de la rentabilidad ha sido un salto de eficiencia,” afirma este estudio.

Sobre el este punto, Viridiana Ríos, Directora de “México ¿cómo vamos?”, afirmó que “para no volver a cometer los mismos errores de los noventa [cuando en aras de una mayor apertura económica el gobierno de México realizó cientos de desincorporaciones de empresas de que eran de su propiedad]”, los esfuerzos se deben enfocar en “la implementación de mecanismos descritos con letra chica. Más vale un cambio sólido y lento que el grandioso cambio sin consecuencias que estamos redactando hoy en nuestras leyes”.

LOS CIUDADANOS ANTE LAS PRIVATIZACIONES

“Hay encuestas que indican que la mayoría de la población desde Centroamérica hasta Brasil estaba en contra,” afirma el académico sobre las privatizaciones.

Históricamente, para la gente es un derecho humano recibir los servicios básicos como suministro de agua y servicios, educación y salud, como parte de la obligación del Estado. “Es deber del Estado crear bienestar, pero en este tipo de atención y asistencia social muchas veces, sino es que en su mayoría, no da ganancias”, afirma Hans Dieterich.

“La tensión entre la vida real de las personas y las estadísticas: en la percepción colectiva, pesa mucho más la tragedia de quienes hayan resultado perjudicados”, aseguraron en su estudio Alberto Chong Y Eduardo Lora.

En el caso de las empresas  privadas “tienen sólo una razón de ser: hacer ganancia. Por lo tanto, no poder pagar una tarifa de mercado para el gas,” es lo que angustia a la gente, que la empresa privada brutalmente corte lo necesario para la calidad de vida”, declaró Dieterich.

Muchas experiencias han demostrado que lo que se promete con las aperturas y privatizaciones, no se cumple. Existen casos como el de Bolivia, donde el suministro de agua potable se entregó a empresas extranjeras, “cuando la gente vio que la tarifa subía y subía y el servicio no mejoraba, forzaron a que este sector se renacionalizara”, recordó.

“Las reformas suelen ser ineficaces porque son señales legales que en muchas ocasiones carecen de aplicaciones realistas y pragmáticas”, afirmó Viridiana Ríos, en un artículo reciente titulado “Reformar no es el camino”.

Sobre esto, también indicó que “las prestaciones sociales son mayores para los funcionarios públicos de más alto nivel que para sus enlaces y administrativos”, en “los ricos nunca caen en desgracia y los pobres mejoran muy poco a poco.”

Según los expertos, los retos de las aperturas y de las privatizaciones es la regulación, la cual “es necesaria no sólo por razones de eficiencia, sino también para que los servicios lleguen a los grupos más pobres de la población”, que son los que usualmente forman parte de un sector del mercado menos rentable.