¿Cuándo aprenderemos a no creer en las promesas de los políticos? Una vez que han finalizado las campañas electorales, no hay quien escape a los designios absurdos e impuestos de nuestros gobernantes, sobre todo en materia de recaudación monetaria cuando el endeudamiento de los gobiernos anteriores se hace evidente.

La falta de transparencia, la escasa planeación financiera y la carencia de una política formal de deuda y liquidez, constituyen las principales causas que explican los casos recientes de incumplimiento de pago en estados y municipios del país, afirmó Standard & Poors (S&P).

De acuerdo con organismos del propio gobierno y también privados, las deudas públicas de las cuales da cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no son del todo ciertas, pues existen diversos préstamos por parte de la iniciativa privada –principalmente bancos– que no se contemplan en la suma total.

Esta falta de transparencia surge en un primer inicio de los gobiernos estatales y de sus congresos, pues no sólo los gobernadores deciden unilateralmente sino también legisladores locales, quienes se sirven con la cuchara grande para financiar sus actividades. A esto se suman las dependencias federales que no informan de manera puntual el gasto que cada estado hace, al menos no en lo inmediato.

Hasta junio de 2012, la deuda oficial de las 32 entidades federativas sumaba una cifra total de más de 400 mil millones de pesos, eso sin contar “las partidas secretas”.

El Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Sonora, reportan el mayor nivel del endeudamiento en los últimos 15 años. No obstante, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo y Coahuila lo hicieron a escalas superiores a 400% tan solo en los últimos 11 años.

El endeudamiento ha provocado que los gobiernos implementen impuestos para recaudar fondos y así sobrellevar los créditos. El pago por tenencia de automóviles es de las primeras medidas que se implementa; sin embargo, en muchas ocasiones la sociedad civil se siente engañada, pues durante las campañas electorales, muchos políticos se han comprometido a eliminar o no implementar nuevos gravámenes.

Miles de mexicanos han salido a las calles para reclamar y exigir la eliminación de nuevos impuestos, pues argumentan que ellos no fueron los que se endeudaron.

Aquí abajo se enlistan al menos cinco casos –muy criticados– de formas de recaudación por parte del Gobierno.

Cualquiera que tenga un burro o un caballo en el estado de Sonora estará obligado a pagar una tenencia de 100 pesos anuales. Lo anterior se dispuso en una modificación que el Congreso estatal hizo a la Ley de Hacienda el pasado 24 de enero. Asimismo se incrementó 3% el impuesto a la tenencia de automóviles.

Junto a esta “tenencia” de asnos y equinos, también está la que impulsó el mandatario estatal, Guillermo Padrés Elías, bajo el nombre de Contribución para el Fortalecimiento Municipal. Además aseguró que quienes se impusieran contra el mismo no eran sonorenses “bien nacidos”.

Esta nueva ley sin duda ha traído muchas críticas, sobre todo porque la deuda pública del estado no representa un grave problema: según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sonora registra un adeudo de casi 14 mil millones de pesos.

“El primer día que llegue al gobierno del estado no va a volver a haber aumentos, no va a volver un aumento en el agua, en los prediales, en las placas, no va a haber ni un centavo más en las actas de nacimiento”, dijo Padrés Elías cuando buscaba el voto de los sonorenses en 2009.

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Las empresas Aguas de Saltillo (Agsal) y la operadora extranjera Aguas de Barcelona (Agbar) son las dueñas y señoras del vital líquido en algunos municipios de Coahuila. Luego de la escasez de agua en 2012, el gobierno estatal, encabezado por Rubén Moreira Valdez, ha sugerido poner en manos de la iniciativa privada toda la distribución y venta del agua para que “llegue a todos los rincones de la entidad”, dicen. Esa es la medida, aseguran los opositores en el Congreso local: dejar que paguen los que menos tienen, sobre todo cuando existe una deuda millonaria en el estado.

De acuerdo con el periódico Vanguardia, Óscar Pimentel González, quien es señalado como el principal operador de esta medida, afirma que no se busca privatizar los sistemas de agua potable y alcantarillado de los ayuntamientos de Coahuila, sino que se asegura el abasto del agua.

Fuentes entrevistadas por medios locales aseguran que integrantes del gabinete de Moreira han mantenido relaciones con empresas extranjeras desde hace años, como es el caso de Aguas de Barcelona (Agbar). Muchas de las firmas que están operando o que podrían llegar a Coahuila tienen fama de lucrar con la necesidad de las personas por encima de ese derecho humano de acceso al líquido. Como en el caso de la empresa francesa Suez, que ha sido evidenciada por la prensa internacional de arrebatar o rehusarse a dar suministro a las zonas pobres, porque ahí no pueden pagar por su servicio.

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A principios de enero, el Gobierno del estado de Nayarit dio a conocer las nuevas placas para automóviles y motocicletas. El trámite para reemplacar es obligatorio, esto, según las autoridades es para regular 300 mil vehículos y 40 mil motos.

Sin embargo, miles de personas se opusieron a la medida, pues mientras en Gobierno que encabeza Roberto Sandoval Castañeda suma nuevos impuestos, se gasta dinero en asuntos de entretenimiento; como es el caso de la contratación del cantante Luis Miguel para la Feria de Nayarit 2013.

Pese al plan de austeridad el Gobierno estatal sigue gastando en este tipo de eventos. Tras el descontento por la sociedad civil, los funcionarios de la administración local se han justificado diciendo que la contratación del intérprete de “La incondicional” fue a mitad de precio, debido a que el cantante se encuentra de gira en el país. No obstante, nadie ha declarado el costo que representa para los nayaritas.

Pero lo que sí ha destacado Sandoval Castañeda es el ascetismo de su mandato: “Tan sólo en servicios personales, gastos exclusivos del gobernador los redujimos por primera vez en la historia, en vez de aumentarlo, los bajamos en un 3.5 por ciento”, comentó.

Los precios para contar con las placas van desde los 550 para motos y 1,586 pesos para autos. No obstante, para ser acreedor a este nuevo trámite no se debe tener multas, ni atrasos en los pagos de tarjeta de circulación y verificación.

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El gravamen para automóviles que tengan valor depreciado (no de factura), mayor a los 250,000 pesos seguirán pagando tenencia en la Ciudad de México. Esto significa que más de 70,000 vehículos registrados pagarán este impuesto en 2013, pese a que se había comentado que éste se eliminaría por completo.

Para los otros vehículos, cuyo valor es menor, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) puso en marcha un subsidio que cubre 100% de ese impuesto; cabe mencionar, que lo que sí tienen que pagar es el refrendo de placas que equivale a 411 pesos.

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La nueva administración chiapaneca, encabezada por Manuel Velasco Coello, quien asumió el poder el pasado 8 de diciembre de 2012, lidia con una deuda cercana a los 40 mil millones de pesos heredada de Juan Sabines. De acuerdo con recientes estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Chiapas es uno de los estados con menor desarrollo social; incluso tiene 28 de los municipios más pobres de todo el país.

Velasco Coello anunció el lanzamiento de un plan de austeridad que incluye: la reducción del sueldo del gobernador y sus secretarios en 50% y de 25% de los funcionarios de “alto nivel”; la restricción del uso de telecomunicaciones a los funcionarios públicos; la disminución del parque vehicular oficial, así como el ahorro en el consumo de electricidad, agua y servicios telefónicos en oficinas gubernamentales. Y aunque el plan parece positivo, los resultados tardarán algún tiempo en llegar y hay áreas que necesitan soluciones inmediatas. La falta de liquidez ha provocado marchas y protestas por parte de más de mil burócratas y los 25 mil maestros de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes exigían su salario y las primas correspondientes al mes de diciembre.

Para tratar de recaudar fondos, el Gobierno estatal aprobó el impuesto de tenencia a automóviles. Diputados locales justificaron el cobro del Impuesto Estatal sobre Tenencia o uso de Vehículos, con el propósito de que la entidad cuente con recursos económicos para iniciar, continuar o concluir obras o servicios públicos indispensables.

Pese al rechazo de la población, las autoridades dicen que no habrá marcha atrás en este cobro, esta disposición establecida en el Código de la Hacienda Pública para el ejercicio fiscal 2013, precisa que el cálculo del impuesto atiende al valor total del vehículo incluida la depreciación. Mientras más antiguo sea un modelo, abundó, deberá pagar un menor impuesto, los propietarios de los vehículos más costosos y novedosos tendrán que efectuar un mayor pago, los dueños de los carros más modestos y usados estarán sujetos a menor contribución.