El Presidente mexicano aseguró que la zona de Sinaloa, Chihuahua y Durango –conocida como el “Triángulo Dorado” por la fuerte presencia de cárteles y producción de narcóticos– debería de ser llamada el “Triángulo de la gente buena y trabajadora”.
Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el denominado “Triángulo Dorado” del narcotráfico sea rebautizado como el “Triángulo de la gente buena y trabajadora” para que no continúe el estigma en la región.
En un acto público para supervisar el avance de obras de la carretera Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán y la aplicación de programas sociales en Sinaloa, el mandatario reprochó que se estigmatice la región por ser considerado un espacio de siembra y trasiego de narcóticos.
“No me gusta, me molesta que le llamen el ‘Triángulo Dorado’, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el ‘Triángulo de la gente buena, de la gente trabajadora”, dijo el Presidente.
También propuso que se le llamara “La región de la buena vecindad”. “Aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora y no hay que estigmatizar ninguna zona”, sostuvo.
El llamado “Triángulo Dorado” es la región en Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocida por tener una fuerte presencia del Cártel del Pacífico, y es cuna de personajes como Joaquín Guzmán “El Chapo”, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Arturo Beltrán Leyva e Ismael Zambada “El Mayo”.
Irma Villanueva dio a conocer que en el momento que atendieron la situación, estaban desplazadas por lo menos 140 personas en otras ciudades del estado.
Por Patricia Mayorga
GUADALUPE Y CALVO, Chihuahua, 18 de septiembre (Raíchali).- Habían pasado menos de diez días de las elecciones del 6 de junio, cuando se desataron varios enfrentamientos en el llamado Triángulo Dorado (Chihuahua, Sinaloa, Durango), que provocaron el desplazamiento forzado de más de 200 personas del ejido San Gerónimo.
Entre las comunidades de los seccionales de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, corrió pronto la primera noticia: Por el poblado de Dolores asesinaron a seis hombres de un grupo que intenta ingresar al territorio desde Sinaloa, para pelear la plaza. Dejaron herido a otro hombre del grupo local, que también pertenece al cartel de Sinaloa. Éste ha sufrido varias escisiones por lo menos desde hace una década, en aquella zona.
Mientras los incendios de junio parecían no terminar en la Sierra Tarahumara, las noticias se propagaban como el fuego, y con ellas, la tensión e incertidumbre de una nueva ola de violencia encarnizada. Los días posteriores, ocurrieron otros cuatro o cinco enfrentamientos en comunidades mestizas e indígenas de aquella región.
“Hace mucho que no había retenes en los caminos”, comentó un poblador después de pasar con sus acompañantes en una camioneta pick up, por la revisión de jóvenes del grupo delictivo local.
“Tenía tiempo que los policholos no resguardaban las entradas”, comentó otra persona entrevistada y de quien se guarda la identidad por seguridad. Para algunos, se trata de la policía comunitaria, quien se fortaleció para defenderse de un grupo considerado muy sanguinario, Los Pintos, que llegó también de Sinaloa y que lograron expulsar aproximadamente en 2016. Para otros, es otro grupo que se formó con gente del lugar, que es parte también del cartel de Sinaloa.
Mientras los incendios de junio parecían no terminar en la Sierra Tarahumara, las noticias se propagaban como el fuego, y con ellas, la tensión e incertidumbre de una nueva ola de violencia encarnizada. Foto: Raíchali.
Entrevistada antes de dejar la dirección de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas del Estado de la administración pasada, Irma Villanueva Nájera, dio a conocer que la Secretaría General del Estado les indicó el 2 de julio, la necesidad de atender a personas desplazadas del municipio de Guadalupe y Calvo.
Previo al desplazamiento, el 16 de julio, personas del municipio comunicaron a este medio que hubo otros dos muertos y dos heridos en otro enfrenamiento, en San José del Rincón.
Villanueva dio a conocer que en el momento que atendieron la situación, estaban desplazadas por lo menos 140 personas en otras ciudades del estado. El ayuntamiento de Guadalupe y Calvo les ayudó a resguardarse en otro lugar a las víctimas del poblado de Santa Rita y sus alrededores, que pertenecen al ejido San Gerónimo. Elementos del Ejército escoltaron a un segundo grupo de familias desplazadas.
“Nos ponemos en contacto con el presidente municipal de Guadalupe y Calvo, que tiene el primer contacto con las víctimas de cualquier impacto, tiene el pulso y monitoreo. Confirmó que atendieron a un grupo de personas, 18 de ellos estaban en algún albergue acondicionado para ellos y el resto, en casas de familiares en otros poblados o ciudades. Era para saber cómo estaba la situación y qué necesidades había, dónde estaban”, detalló la exfuncionaria.
Las necesidades más apremiantes era la alimentación y la seguridad para el retorno. Aunque el ayuntamiento de Guadalupe y Calvo tenía cubierta la alimentación, los recursos estaban por terminar y no sabían cuánto tiempo iban a estar desplazados.
En la primera visita que hicieron las autoridades estatales a las personas desplazadas de Santa Rita y otras rancherías, atendieron las necesidades emergentes y generales. Foto: Raíchali.
“Ofrecimos una visita con los desplazados, queríamos coordinarnos con ellos. Trabajamos con protocolo de atención y asistencia a víctimas en situación de desplazamiento, que involucra varias instituciones y que afinamos el año pasado, y una vez implementado, viajamos”, agregó Villanueva Nájera.
En la primera visita que hicieron las autoridades estatales a las personas desplazadas de Santa Rita y otras rancherías, atendieron las necesidades emergentes y generales. En una segunda visita, en la que también estuvo el alcalde interino, Ángel de la Rosa, la atención fue más personal, indicó Irma Villanueva.
A la última reunión acudieron personas del albergue y diferentes partes donde se refugiaron.
“Hablaron bastante, primero los hombres, y lo primero que tocaron fue el tema de seguridad. Tenían la necesidad de regresar pronto porque iniciaba ya su ciclo agrícola en esos días. Si no sembraban, no iban a tener comida para el año entrante. Pidieron frijol, maíz y seguridad, que el Ejército fuera y se quedara”, informó Villanueva.
Además, les inquietaba el apoyo del programa Sembrando vida y solicitaron que no se interrumpiera. Ellos habían salido el 22 y el 24 de junio. El primer enfrentamiento alrededor del 15 de junio, fue en cerca de Dolores (un pueblo localizado a unas 2 horas de Santa Rita, de donde es la mayoría de los desplazados), pero se extendió hasta el ejido de las personas desplazadas.
Los primeros salieron solos el 22 porque no cesaba la violencia. La segunda salida que fue el 24 de junio y fue acompañada del Ejército, porque les convencieron de salir de manera temporal para no arriesgar su vida.
“Ellos dicen (los pobladores desplazados el 22 de junio) que un día llegaron (los delincuentes) y empezaron a revisar casas. Incendiaron una casa, en ese momento no había personas, pero sí estaba habitada. Encienden un vehículo, comienzan a entrar”, añade la exfuncionaria.
En total realizaron 30 entrevistas con núcleos familiares, con alrededor de 140 familias.
“En entrevistas, coincidían que el 19 de junio llegaron en la mañana varias camionetas con armas largas, con encapuchados, incendian una casa y un vehículo, amenazan con quemar otras casas. Los golpean, arrinconan, les piden cosas. Les piden que entreguen armas o les piden información, o que entreguen droga. Algunas familias vivieron eso y las golpearon, les advierten que, si no se van, algo les va a pasar”.
La mayoría de las familias observó lo que pasaba, se asustaron y se encerraron en camionetas durante un día. Otras familias indicaron que dos días después, el Ejército les pidió salir y se ofreció a custodiarles. En cada vehículo subieron más personas que no tenían manera de movilizarse, por eso pudieron llevar pocas cosas con ellos. La mayoría logró llevar documentos.
En total realizaron 30 entrevistas con núcleos familiares, con alrededor de 140 familias. Foto: Raíchali.
“Hubo gente que se resistió a salir, pero después había miedo e incertidumbre porque si regresaban les podrían hacer daño”.
Las personas desplazadas informaron a las autoridades que hubo un operativo de uno de los grupos delictivos que andaba en busca de alguien, la gente se asustó porque desconocen quiénes son las personas de dicho grupo.
En rancherías más abajo, hubo otro enfrentamiento en poblados de ejido San Gerónimo, entre los que se encuentra el pueblo del grupo de los Salgueiro. Se trató de respuestas después del primer enfrentamiento, donde hubo seis personas asesinadas.
La amenaza contra las comunidades avanzó los días posteriores hacia otras rancherías del extenso ejido San Gerónimo, y alcanzó a comunidades indígenas. Unas 67 familias rarámuri, con personas adultas mayores, niñas y niños, tuvieron que salir al monte por varios días. Ellas no lograron movilizarse hacia otra ciudad porque además no tenían a donde llegar. Su estrategia fue subir y bajar del monte para ir por alimento y permanecer a salvo.
“Hablan (las personas indígenas) de que hay un operativo por el Ejército y policías, que vieron que algunos de ellos, no saben si municipales, estatales o federales, al parecer estatales, iban en el operativo armado después de primer ataque, con tres niveles de gobierno. Acusan que vieron a personas, a policías, que rompieron puertas, ventanas y algunos objetos de las casas”, indicó Villanueva Nájera.
Aparte, habitantes del municipio aseguran que el Ejército también ingresó a algunas casas de manera violenta, lo que generó más temor en la gente.
A la CEAVE, las personas desplazadas solicitaron alimentos para las comunidades indígenas, porque hasta las personas que atendían la Conasupo del pueblo, tuvieron que huir, aunque regresaron luego de algunos días de desplazamiento.
La mayoría de las familias pudieron regresar las siguientes semanas. El ejército se instaló de manera temporal en la zona. Entre varias instancias apoyaron a algunas familias con semillas para la próxima siembra, así como con hortalizas y avena.
“No se dio un retorno masivo, hubo gente que se regresó en su vehículo, otros esperaron para irse cuando se les llevaran despensas. Otras familias se quedaron en otras ciudades.
“(…) Lo que hemos aprendido es que es necesario que se den condiciones de seguridad, porque lo que quieren es regresar, saben sobrevivir, no necesitan el dinero que requieren en ciudades como Guadalupe y Calvo, Parral o Chihuahua. Ellos producen, tienen animales, casa propia, etcétera. Las que están en desventaja histórica, son las comunidades indígenas”, informó.
Villanueva explicó que esas entrevistas documentadas les permiten acceder a apoyos y recursos como víctimas de desplazamiento forzada, que, aunque no está reconocido como delito, sí como una problemática fuerte.
En la entidad, hasta julio pasado, había 575 personas desplazadas en el estado, de municipios como Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Urique, Uruachi, Saucillo, Morelos. Batopilas y Bocoyna.
“Desde 2017 ha habido desplazamiento en el municipio de Madera, pero no se ha logrado tener contacto con ellos”, detalló Irma Villanueva.
A las familias en situación de desplazamiento les cambian el plan de vida, algunas se esfuerzan por arraigarse en otras ciudades o estados, mientras que otras regresan a vivir a su tierra en una cuerda floja porque los niveles de inseguridad, corrupción e impunidad, están intactos.
Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus o COVID-19 el Cártel de Sinaloa ha estado muy activo en redes sociales al mostrarse mientras entregan despensas y ayuda a las personas afectadas por la crisis económica derivada de los cierres en las actividades económicas.
Los Ángeles, 7 de mayo (La Opinión).- Nueve presuntos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa (CDS) fueron detenidos, entre ellos cinco militares del Ejércitomexicano, en el estado de Sonora en México una de las tres entidades que conforman el llamado Triángulo Dorado.
A decir de la información que circula en redes sociales, los presuntos soldados del Ejércitoestabanentrenando a los sicarios del brazo armado del Cártel de Sinaloa, conocido como Cártel Gente Nueva.
En el video de un minuto con 23 segundos de duración se aprecia como otros militares hacen la detención y uno de ellos le pregunta a los sospechosos de qué infantería son a lo que responde: “60 batallón de infantería de Ciudad Obregón” para después llevárselos.
En escenas aparecen otros cuatro sujetos quienes al parecer son los civiles que forman parte del Cártel de Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa.
Cabe recordar que los militares se juzgan por un Tribunal Militar mientras que los civiles serán juzgados tribunales competentes.
Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus o COVID-19 el Cártel de Sinaloa ha estado muy activo en redes sociales al mostrarse mientras entregan despensas y ayuda a las personas afectadas por la crisis económica derivada de los cierres en las actividades económicas.
Por primera vez en la historia, un Presidente de la República visitará Badiraguato, Sinaloa, el pedazo de tierra en la Sierra Madre Occidental que parió a cuatro generaciones de narcotraficantes connotados y al mismo tiempo, uno de los municipios con mayor marginación de México. La noticia llegó a las rancherías serranas casi al mismo tiempo que el veredicto de “culpable” que recibió Joaquín Guzmán Loera.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– Cuando hoy Andrés Manuel López Obrador pise Badiraguato, Sinaloa, encarará al pueblo donde nació, creció y se formó Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien hace dos días fue declarado culpable de 10 cargos por ser líder del llamado Cártel de Sinaloa. Será la primera vez que un Presidente de la República se presente en ese pedazo de la Sierra Madre Occidental que ha parido a tres generaciones de narcotraficantes connotados y que ha vivido inmerso en la miseria más dramática de México.
“La historia es muy fácil de contar. Nos echaron la culpa de todo por esa cosa que se dio aquí. Pero esa etiqueta, mire, hizo mucho daño. Hizo más daño esa etiqueta que las balas. Esa etiqueta sí se clavó en nosotros, los de Badiraguato. Porque las cosas siempre las magnificó el Gobierno y acá la pagamos. Y Badiraguato tiene gente muy valiosa. Muy trabajadora y puro pá’ delante. La prueba está en que aquí estamos”, dice Antonio López García, ex regidor del Ayuntamiento en dos ocasiones y fundador del Centro de Estudios Justo Sierra (Cejus), una institución académica con postgrados ubicada en la comunidad de Surutato, además de varias escuelas secundarias comunitarias.
“El Chapo” Guzmán en una imagen del 19 de enero de 2017, cuando fue trasladado del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, al aeropuerto de esa misma ciudad, de donde fue oficialmente extraditado a Nueva York, Estados Unidos, para ser juzgado por diversos delitos ligados al narcotráfico. Foto: PGR
Los indicadores económicos y de pobreza coinciden con sus palabras. En la pasada década, Badiraguato fue considerado por el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval) entre los 100 municipios más marginados de México. Además, sus 11 rancherías están marcadas por la Secretaría de la Defensa Nacional con alta peligrosidad por la pugna entre grupos armados. Pese a todo, Badiraguato jamás fue considerado en el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsenum), ni fue incluido en la Cruzada Nacional contra el Hambre –el programa estelar de combate a la pobreza de la pasada administración, encabezada por Enrique Peña Nieto– ni en ningún otro del Gobierno del estado.
Ubicado en la geografía productiva de Sinaloa donde es el segundo municipio más grande, Badiraguato tampoco ha sido visto por las grandes empresas multinacionales compradoras de productos agrícolas como Cargill. Así, sin inversión privada ni gubernamental, los cultivos de frijol blanco, maíz, cacahuate, manzana y pera se atienen al temporal.
Así pasaba el tiempo en Badiraguato cuando el jueves 14 de febrero dos noticias importantes llegaron a la cabecera municipal: Joaquín Guzmán Loera había sido condenado y con toda probabilidad, recibiría cadena perpetua, y el Presidente de la República visitaría el municipio.
Varios pobladores, en entrevista con SinEmbargo, dijeron de inmediato que lo importante era lo segundo.
LOS NARCOS Y LA CULPA QUE POR AQUÍ CAYÓ
Basta adentrarse en la biografía de cualquier narco mexicano sobresaliente para dar con Badiraguato. En su accidentado mapa se ramifican tres generaciones de nombres de hombres con enigmáticas e intrincadas leyendas y muchos mitos. En los 40, nacieron ahí Pedro Avilés, Ismael “El Mayo Zambada” y Juan José Esparragoza Moreno; 10 años después la misma tierra crió a Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero e Ignacio Coronel Villarreal. Luego, nació Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo” Guzmán, y se hizo adolescente en los montes, casi al mismo tiempo que sus primos, los cinco Beltrán Leyva.
En Badiraguato, 1970 es recordado como “el año maldito” porque el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez envió tropas militares con el argumento de que el cultivo de mariguana había crecido en forma desmedida. Muchos campesinos fueron perseguidos y desplazados por acusaciones de sembrar estupefacientes. Siete años después, arrancó la llamada Operación Cóndor que significó el envío de otros 10 mil soldados. En los gobiernos subsecuentes, la presencia militar no cesó y tuvo un incremento notable durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con otros 10 mil elementos.
Badiraguato jamás fue considerado en el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsenum), ni fue incluido en la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar de combate a la pobreza de la pasada administración, encabezada por Enrique Peña Nieto. Foto: Ayuntamiento de Badiraguato
Hoy, los pobladores estiman que la visita de un Presidente es histórica. Y don Antonio López tiene pensado aprovechar el momento y abordar a AMLO. Quiere decirle que en el terruño de “El Chapo” hay otras muchas prioridades que estar pendiente de su juicio y una de ellas es que 500 hombres, mujeres y niños están aislados en las sindicaturas de Potrero de Bejarano, San Javier, Santa Rita y Surutato. Todo ello, porque el río Santo Tomás creció y no deja pasar a nadie ni en camioneta de doble tracción ni a caballo.
Don Antonio quiere acercarse y decirle que eso no es de ahora; sino de todos los años a partir de las lluvias de julio. Así que le entregará un proyecto de ingeniería para rescatar la zona.
Omar Vicente García, director de Seguridad del Ayuntamiento y encargado de la logística para la visita del Presidente, adelanta entre los preparativos: “Por nada del mundo AMLO encontrará a un pueblo violento. Lo que sí verá es la cruz con la que tiene que cargar esta gente, la de la mala fama, la idea de que todos quieren ser eso (narcotraficantes) cuando aquí el problema es de otro nivel. Aquí el problema es que la gente está olvidada en los rincones de la sierra”.
La casa de Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán Loera en La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa. Don Antonio López quiere decirle al Presidente López Obrador que en la cuna del famosos narcotraficante “hay otras muchas prioridades que estar pendiente de su juicio”. Foto: Archivo, Cuartoscuro
–Y entonces, ¿ahí los jóvenes no aspiran a ser narcotraficantes? –se le pregunta a Vicente García, un militar en retiro, proveniente del Estado de México, que llegó al municipio llamado a realizar tareas de seguridad.
–Mire, yo tengo mucho acercamiento a las escuelas y le soy sincero no he tenido uno solo que me diga en pláticas de cerquita, “aquí lo que rifa es eso”.
LAS ESCUELAS DE BADIRAGUATO
En su rueda de prensa matutina del 14 de febrero, el Presidente López Obrador anunció que su gobierno se propone construir una universidad especializada en recursos boscosos en Badiraguato; además de una carretera a Guadalupe y Calvo por la sierra de Sinaloa a Chihuahua.
Hasta ahora, la opción para estudiar en Badiraguato se concentró en el CEJUS, único plantel educativo sobreviviente del proyecto de la posprimaria, impulsado por la Secretaría de Educación Pública en 1970 para llevar secundaria a las comunidades marginadas. Enclavado en Surutato, este año ese centro cumplió 40 años. No sólo sobrevivió a los embates de la violencia y la pobreza. La institución creció hasta incluir en su oferta el nivel de posgrado.
En el Cejus puede estudiarse preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, siete carreras profesionales y un programa de maestría y doctorado. Las áreas académicas son las ingenierías en producción animal y vegetal, recursos naturales, acuicultura, lombricultura, apicultura y la administración de recursos hidráulicos. En edificio aparte, la primaria sirve de internado.
Uno de los coordinadores describe lo que en esa escuela ha ocurrido: “El Cejus sirvió para los huérfanos de la Operación Cóndor. Los huérfanos no han parado de llegar. No neguemos que esta es una zona en conflicto pero que encuentra su desgracia por tanto olvido. Puede decirse que hay dos opciones: la actividad ilícita o el Cejus. Nos hemos propuesto que gane la apuesta honesta”.
Operativo de elementos de la Marina en los poblados de La Tuna, San José y La Palma pertenecientes al municipio de Badiraguato, Sinaloa, en junio de 2016. De esas comunidades, cientos de personas han sido desplazadas por la pobreza y la violencia. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro
Francisco López López, otro de los profesores, indica: “El Presidente viene a una tierra con esperanza … Con gente luchadora y con sed de superación. Que se diga que llega a una tierra que no sólo es estigma de narcotráfico sino por lo contrario hemos sabido vivir en ese flagelo y salir adelante. De aquí han salido profesionales en todos los ámbitos a contribuir en el bien de esta patria. Estamos capacitados para la atención a los recursos naturales, pero sobre todo con un verdadero sentir de fomento a los valores”.
Hay otra escuela. Una preparatoria del gobierno del estado en La Tuna, Badiraguato, en un terreno donado por Consuelo Guzmán Loera, madre de “El Chapo” Guzmán.
Con todo, Eréndira López, directora de la empresa Vive Surutato Ecoturismo que lleva grupos de paseo por la región serrana, indica: “Todo está listo para que Badiraguato le de la vuelta a su destino. A su estigma, a eso de que te pongan las cruces sólo por ser de aquí. Aquí las cosas siempre han sido claras, buenas, de buen corazón. Siempre hubo belleza. Estamos listos para otra universidad o las que quieran construir. Y ya no hay motivo para no avanzar o ¿en qué lugar del mundo están tan abiertas las puertas siempre?”.
Rafael Caro Quintero regresó al negocio y ahora busca disputarle –aliado de remanentes del cártel de los Los Beltrán Leyva– el control en Chihuahua del Valle de Juárez y Ciudad Juárez, a Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con la información oficial, también busca quedarse con el “Triángulo Dorado”. Los gobiernos de Estados Unidos y de México encendieron sus alertas ante la violencia que pueda derivar de esta pelea por el control de esas zonas claves para el trasiego y traslado de drogas.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Los gobiernos de México y Estados Unidos comenzaron la caza de Rafael Caro Quintero quien presuntamente intenta tomar el control del Valle y Ciudad Juárez, Chihuahua, además del “Triángulo Dorado” y estaría operando desde el municipio de Choix para disputarle el territorio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, de acuerdo con versiones medios periodísticos nacionales y extranjeros.
Para ello se ha aliado con los remanentes de los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva, por lo que las autoridades mexicanas federales y estatales y así como de Estados Unidos han encendido las alarmas ante la nueva ola de violencia que se espera se desate por el control de esas zonas.
Mientras Joaquín “El Chapo” Guzmán permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No 9 de Ciudad Juárez desde el pasado mes de mayo, en espera de su traslado a Estados Unidos.
Este día el día el diario Reforma, consigna en sus páginas que, de acuerdo a fuentes extraoficiales, el recién liberado Rafael CaroQuintero se internó a la sierra del municipio chihuahuense de Choix y desde ahí planea disputarle al Cártel de Sinaloa el control de la siembra y trasiego de mariguana en el “Triángulo Dorado”, área que comprenden las zonas serranas de Durango, Chihuahua y Sinaloa y clave para estas actividades.
A su vez, el Diario de Juárez reporta que el fiscal en la Persecución e Investigación del Delito Zona Norte de Chihuahua, Enrique Villarreal Macias informó que loa elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) y de la Policía Municipal de Ciudad Juárez serán reforzados por efectivos de la Policía Federal (PF) y “agencias de inteligencia estadounidense para ‘blindar’ Ciudad Juárez y el Valle, ante la posible llegada del narcotraficante Rafael Caro Quintero”.
La ficha en Estados Unidos del capo mexicano. Imagen: Corte de Los Ángeles
El funcionario dijo, de acuerdo al medio local, que las autoridades del Chihuahua se mantienen alertas y que ya se comunicaron con el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez para que mantenga en alerta sus sistemas de inteligencia para que el grupo criminal comandado por Quintero no ingrese a la zona.
Detalló que se mantendrá especial vigilancia en los puntos de Juárez en los que se tiene conocimiento de existe una mayor presencia grupos del crimen organizado: “Estamos estableciendo una serie de acciones en los distintos polígonos donde se están realizando el mayor número de delitos, fundamentalmente el homicidio”, cita el Diario de Juárez.
“Hay una célula especial que está realizando actividades en el Valle de Juárez. Tenemos más de 100 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Hay una lucha permanente, histórica, por conseguir los mejores lugares para el trasiego de la droga”, explicó el funcionario.
El pasado jueves, Michael Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), dijo a The Associated Press que el Ejército mexicano tiene información de que Caro Quintero se ha aliado a miembros de lo que queda del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en un intento de quitarle al “El Chapo” el control de la localidad fronteriza y otras zonas de Chihuahua.
Vigil dijo que las autoridades mexicanas han interceptado llamadas telefónicas en las que se describe la nueva pelea por el control de rutas de tráfico. Añadió que autoridades atribuyen un reciente incremento de asesinatos en la zona a esa disputa.
La recompensa de la DEA. Foto: DEA
Jorge González Nicolás, Fiscal de Chihuahua, fue quien dio a conocer el retorno de Quintero al negocio, el pasado martes ante medios de comunicación señaló: “Tenemos información de que pretende venir para acá […]. A nivel nacional se ha establecido la posibilidad de una invasión que pudiera tener en el estado de Chihuahua uno de los narcotraficantes más reconocidos, más conocidos… del país, que es este señor Rafael Caro Quintero”.
Mientras que el portavoz de la Fiscalía de Chihuahua, Eduardo Esparza, dijo a Efe que los indicios a los que se refirió González provienen de trabajos de “inteligencia tanto estatal como federal, en la coordinación que se tiene con el Ejército mexicano”.
Caro Quintero, de 63 años, es uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, uno de los primeros y mayores grandes grupos del narcotráfico. El capo ayudó a sentar las bases del tráfico de drogas en el estado norteño de Sinaloa, donde finalmente se estableció el Cártel del mismo nombre.
Años después de la detención de Caro Quintero en la década de 1980, Joaquín “El Chapo” Guzmán se volvió el líder del la organización criminal, que a la postre se convirtió en la mayor organización mexicana del narcotráfico.
Guzmán, sin embargo, fue recapturado en enero y eso podría haber animado a otros capos a buscar controlar algunas partes del territorio del Cártel de Sinaloa.
Caro Quintero fue liberado en 2013 tras un fallo que encontró supuestos errores de procedimiento y que enfureció al Gobierno de Estados Unidos.
La decisión fue revocada después por la Suprema Corte y luego un tribunal ordenó la recaptura del capo, encontrado culpable del secuestro y homicidio en 1985 de Enrique “Kiki” Camarena, integrante de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
Luego de abandonar la prisión no se supo más de él hasta que meses después se conoció una carta dirigida al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo, en la que entre otras cosas le decía que lo único que deseaba era la paz y la tranquilidad suya y de su familia.
Fuentes de Estados Unidos y autoridades de Chihuahua han confirmado que Rafael Caro Quintero está de regreso en el negocio del narcotráfico, a tres años de ser liberado, y ahora busca disputarle a Joaquín “El Chapo” Guzmán Ciudad Juárez y otros zonas de Chihuahua, y para ello se alió con los remanentes del cártel de Los Beltrán Leyva.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo/AP/Noroeste).– Un ex funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía de Chihuahua han confirmado que Rafael Caro Quintero regresó al negocio del narcotráfico y busca pelearle a Joaquín, “El Chapo” Guzmán el control de Ciudad Juárez y otras zonas de Chihuahua.
Tras ser liberado por un cuestionado fallo judicial, el legendario narcotraficante Rafael Caro Quintero aseguró que lo único que deseaba era estar en paz y no se supo más de él. Pero todo parece indicar que el capo estaría buscando regresar a sus viejos negocios.
Michael Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, dijo hoy a The Associated Press que el Ejército mexicano tiene información de que Caro Quintero se ha aliado a miembros de lo que queda del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en un intento de quitarle al Cártel de Sinaloa el control de la localidad fronteriza y otras zonas de Chihuahua.
Vigil dijo que las autoridades mexicanas han interceptado llamadas telefónicas en las que se describe la nueva pelea por el control de rutas de tráfico. Añadió que autoridades atribuyen un reciente incremento de asesinatos en la zona a esa disputa.
Mientras que el día de ayer, autoridades estatales dijeron también que Caro Quintero pretende entrar a Chihuahua: “Tenemos información de que pretende venir para acá”, dijo a periodistas Jorge González Nicolás, Fiscal de Chihuahua, estado fronterizo con Texas.
“A nivel nacional se ha establecido la posibilidad de una invasión que pudiera tener en el estado de Chihuahua uno de los narcotraficantes más reconocidos, más conocidos… del país, que es este señor Rafael Caro Quintero”, señaló el funcionario.
“Pudiera venir aquí a disputar con el Cártel de Sinaloa parte del trabajo o de las acciones que ellos delincuencialmente realizan”, añadió.
Y este día, aseguró que ya se implementaron acciones de reforzamiento principalmente en el llamado “Triángulo Dorado” y en el Valle de Juárez.
A su vez, el portavoz de la Fiscalía, Eduardo Esparza, dijo hoy a Efe que los indicios a los que se refirió González provienen de trabajos de “inteligencia tanto estatal como federal, en la coordinación que se tiene con el Ejército mexicano”.
“Es información de inteligencia que ellos cruzan”, abundó.
En tanto que autoridades de Durango confirmaron que ante el reciente incremento de violencia en Tamazula, elementos de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) blindaron las inmediaciones del municipio, para evitar que grupos de la delincuencia organizada ingresen a la zona.
“Estas áreas han sido complicadas históricamente. Nosotros hemos tenido mucho acercamiento con el Ejército mexicano, hemos expresado nuestra preocupación al respecto. Ha habido de parte de Sedena una recepción muy importante, muy serie de este tema. Hay un despliegue importante de activos de Ejército mexicano que sin duda estarán ayudando a estabilizar esta área del estado”, indicó Miguel Ángel Olvera Escalera, Secretario General de Gobierno al diario Milenio.
Caro Quintero, de 63 años, es uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, uno de los primeros y mayores grandes grupos del narcotráfico. El capo ayudó a sentar las bases del tráfico de drogas en el estado norteño de Sinaloa, donde finalmente se estableció el Cártel del mismo nombre.
Años después de la detención de Caro Quintero en la década de 1980, Joaquín “El Chapo” Guzmán se volvió el líder del la organización criminal, que a la postre se convirtió en la mayor organización mexicana del narcotráfico.
Guzmán, sin embargo, fue recapturado en enero y eso podría haber animado a otros capos a buscar controlar algunas partes del territorio del Cártel de Sinaloa.
Caro Quintero fue liberado en 2013 tras un fallo que encontró supuestos errores de procedimiento y que enfureció al Gobierno de Estados Unidos.
La decisión fue revocada después por la Suprema Corte y luego un tribunal ordenó la recaptura del capo, encontrado culpable del secuestro y homicidio en 1985 de Enrique “Kiki” Camarena, integrante de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
Luego de abandonar la prisión no se supo más de él hasta que meses después se conoció una carta dirigida al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo, en la que entre otras cosas le decía que lo único que deseaba era la paz y la tranquilidad suya y de su familia.
La señora María Guadalupe no supo de la desaparición de su hijo hasta el 4 de abril, cuando su nuera le habló para preguntarle por él, y fue entonces cuando comenzó su búsqueda. La zona serrana de Durango forma parte del llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico, conocido así por ser un lugar donde se ha desarrollado una actividad importante para la producción y tráfico de droga.
La señora María Guadalupe no supo de la desaparición de su hijo hasta el 4 de abril, cuando su nuera le habló para preguntarle por él, y fue entonces cuando comenzó su búsqueda. Foto: Noreste
Por Marcos Vizcarra
Culiacán, 3 de julio (SinEmbargo/Noreste).- No era la primera vez que se iba a la sierra. Al menos tres temporadas de siembra y cosecha subió para instalarse en campamentos donde empaquetaba droga. Después bajaba a la capital de Durango y se encontraba con Sarahí, su mujer, quien el 2 de abril de 2011 lo vio por última vez.
Fue a las 23:00 horas de ese día cuando recibió una llamada de emergencia. Tenía que irse sin preguntar. Entonces se arropó un pantalón negro, una camisa color café de mangas largas y unos zapatos del mismo color, salió, se subió a una camioneta y ya no volvió. Desde ese día está desaparecido.
Su nombre es Óscar Fernando Barrón. Tenía 21 años cuando se fue en esa camioneta, según contó su madre, la señora María Guadalupe Barrón Cabanillas.
“Mi hijo estaba en casa de la mujer que tenía allá él, porque cuando él bajaba de la sierra venía con la mujer esa y de hecho el día 2 de abril estaba en su casa, me dijo la muchacha, que a las 11 de la noche le hablaron por teléfono y él salió porque le hablaron, y cuando él salió se fue… ya no regresó”, expresó.
Óscar vivía en Culiacán, en la colonia Francisco Villa, donde conoció a otras personas de su edad, y en su misma condición académica, sólo con la primaria terminada, quienes le invitaron a subir a la Sierra Madre Occidental a trabajar para el crimen organizado.
“Supuestamente él me decía que iba a trabajar en un taller, pero no, después supe con unos compañeros de él que se iba a trabajar a la sierra… a la pisca, a cada temporada”, narró.
La zona serrana de Durango forma parte del llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico, conocido así por ser un lugar donde se ha desarrollado una actividad importante para la producción y tráfico de droga.
La señora María Guadalupe no supo de la desaparición de su hijo hasta el 4 de abril, cuando su nuera le habló para preguntarle por él, y fue entonces cuando comenzó su búsqueda.
“Me fui con el apoyo del papá de él, me fui ese día porque yo supe por la muchacha que me habló por teléfono preguntándome por él”, recordó.
“El día 2 de abril a las 11 salió y como el día 4 me habló ella, que ya tenía dos días mi hijo desaparecido, fue al mediodía cuando ella me habló, me preguntó por mi hijo y me dijo ‘¿señora, su hijo no está ahí en su casa?’, y le dije ‘no, mi hijo no ha venido para acá'”, cuenta.
Llegó a las 04:00 horas del 5 de abril a Durango, Durango, donde se encontró con Sarahí para ir a la Fiscalía del Estado, donde se levantó una denuncia y le dieron razón de cuerpos de personas que habían sido asesinadas.
“A mí me dijo la muchacha que acababan de encontrar unos cuerpos, que si los quería ver y yo le dije a Sarahí que me acompañara a verlos, porque ya estaba muy nerviosa, y ya fue cuando yo me metí con ella y ya nos los enseñaron, pero no, no era ninguno, eran tres”, indicó.
Le practicaron pruebas de ADN para un registro que tiene la Fiscalía, que sirvió para cotejarlo casi un año después, cuando se encontraron 300 cuerpos en fosas clandestinas.
“Cuando encontraron 300 cuerpos ahí yo vi los dos tráileres que estaban ahí, 150 en uno y 150 en otro, de hecho me dijeron a mí que volviera en 6 meses porque iban a analizar 150 y cuando yo fui los analizaron, pero no era ninguno de ellos”, expresó.
“Después me dijeron que volviera, que iban a analizar otros 150, y fue cuando ya no pude ir, porque ya no pude, ya el papá de mi hijo me dijo ‘ya a qué vamos, cada vez que vienes llegas muriéndote de por allá de no encontrar a Fernando, a qué vas'”, comentó.
En 2012 volvió la mayoría de las personas que se fueron con Óscar Fernando a la sierra, pero ninguno le dio razón de su hijo. De hecho, esa información probablemente no la pueda saber la señora, porque de cinco personas que regresaron, tres fueron asesinadas y dos más huyeron a otros estados desde 2013.
La búsqueda es en Durango, aseguró la señora María Guadalupe, pero desde 2012 dejó de hacerlas porque no tiene dinero para transportarse y volver a preguntar en la Fiscalía por los muertos que ha dejado el narcotráfico en ese Estado, porque tal vez así lo pueda encontrar.
“Fue el 6 de octubre poquito antes de las ocho, se escuchó el ruido del helicóptero [de la Marina], llegaron al rancho El Limón, llegaron disparando, y de repente vi cómo un avión se acercó, yo pensé que iba a despegar […] pero no, llegó a dispararnos”, contó a Vice Gonzalo Peña, uno de los desplazados en la zona.
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Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo/VICE Media).– Mientras las autoridades mexicanas buscan a Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en el Triángulo Dorado, cientos de personas se han visto forzadas a dejar sus casas a causa de esta persecución.
Los pobladores de la región que se extiende por los estados Chihuahua, Sinaloa y Durango afirman haber escapado de disparos de helicópteros de las fuerzas federales. Sin embargo, el Ejército niega que la operación para atrapar al narcotraficante más buscado del mundo se haya salido de control.
Uno de los ganaderos desplazados es Gonzalo Peña, de 31 años. Él y su familia tuvieron que huir y refugiarse con su madre en Cosalá. Peña explicó a Vice lo que sucedió ese día:
“Fue el 6 de octubre poquito antes de las ocho, se escuchó el ruido del helicóptero [de la Marina], llegaron al rancho El Limón, llegaron disparando, y de repente vi cómo un avión se acercó, yo pensé que iba a despegar el avión o dar vuelta, pero no, llegó a dispararnos”.
Gonzalo dice que lo primero que hizo fue sacar a su esposa de la casa para que ambos se escondieran entre las plantas hasta que se hizo de noche. “Pensé que nos iban a matar […] no podíamos salir porque los aviones no paraban de circular y circular”.
“De ahí nos venimos al poblado de El Águila, ahí nos encontramos con un hermano mío, que también había pasado la misma situación y de ahí nos venimos a Cosalá, Sinaloa, tardamos en llegar cuatro días porque nos fuimos caminando”, recuerda Gonzalo.
Guzmán Loera es el narcotraficante más buscado en el mundo, acusado de dirigir una operación de varios millones de dólares por el contrabando de marihuana, heroína y metanfetaminas a los Estados Unidos y alrededor del mundo.
En julio pasado, “El Chapo” utilizó un túnel para escapar de la prisión del Altiplano, en el Estado de México. Las autoridades informaron de inmediato que tras su fuga, el narcotraficante se trasladó de regreso a esta parte del país conocida como el Triángulo Dorado. La región es donde el Cártel de Sinaloa cultiva mariguana y amapola.
A principios de octubre la elite de la Marina aparentemente estaba cerca de capturar a Guzmán en Tamazula, Durango. Este pudo ser el momento de cambio de juego que el gobierno necesitaba, pero en vez de eso, “El Chapo” logró escapar, presuntamente con la ayuda de líderes regionales y locales en el territorio que él maneja, pero la forma en cómo realmente lo hizo permanece en un misterio.
El gobierno no dijo mucho. En un comunicado conjunto simplemente explicó que “El Chapo” estaba lesionado y que había escapado, pero no explicaba cómo había adquirido dicha información.
Después de unos pocos días en caos, pobladores bajaron de las montaña de Durango para llegar a la pequeña ciudad de Cosalá. Dijeron que habían sido objeto de ataques por parte de un helicóptero de la Marina Armada de México, en la misma área en la que “El Chapo” casi es atrapado.
Los pobladores dijeron a los reporteros que jamás habían visto a “El Chapo” y que no tenían idea de por qué las autoridades los atacaron.
Muchas de estas familias llevan fuera de sus hogares casi un mes desde que fueron desplazadas por esta operación. Durante diciembre pasado estuvieron básicamente sentados en Cosalá, incapaces de encontrar un trabajo, incapaces de poder cuidar por completo a sus familias, por lo que una agencia de bienestar está proporcionándoles los productos más básicos para salir al día.
Las personas que estuvieron sometidas al ataque no han podido regresar a sus hogares. Después de todas estas semanas no ha habido una respuesta formal por parte de las autoridades para explicar qué pasó justo ahí, en ese rancho, y en muchos muchos otros de esas montañas.
En las recientes semanas los informes y rumores en torno a la ubicación de “El Chapo” han aumentado, al igual cómo sucedió después de su primera fuga de la cárcel en 2001.
Mientras, lo que pasó en esas montañas permanece como un misterio, pero en esta lucha contra los cárteles de la droga, la Marina parece más fiable y profesional que la mayoría de los miembros del Ejército, que enfrentan muchísimos cargos por distintos abusos contra los derechos humanos.
Hasta el día de hoy, “El Chapo” sigue siendo un fugitivo y éste reciente incidente en Sinaloa, y la cacería del gobierno por este capo, prueba que quizá ningún miembro o rama del Ejército esta inmune de cometer errores o violar los derechos humanos en el país.
Pedro López Trujillo busca a su hermano Roberto, de 44 años de edad, desapareció hace más de 40 días durante los operativos de la Secretaría de Marina (Semar) en la sierra de Tamazula, Durango, para recapturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
La familia de Pedro Rodríguez Trujillo se sumo a las manifestaciones por las cientos de personas desplazadas de diferentes comunidades de la sierra de Durango y Sinaloa. Foto: Noroeste
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo/Noroeste).- Roberto López Trujillo, de 44 años de edad, desapareció en los días de octubre en que los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron operativos de búsqueda en la sierra de Tamazula, Durango, para recapturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Durante 40 días, su hermano Pedro lo ha buscado en la sierra y en los servicios médicos forenses. Ha preguntado a sus vecinos, a sus ex compañeros de trabajo y a sus amigos. Pero la búsqueda ha arrojado resultados inútiles, no lo ha encontrado.
Ayer se sumó a la manifestación que realizaron los familiares de víctimas de desaparición forzada en la explanada del Gobierno del Estado, y a partir de hoy emprenderá otra búsqueda en las penitenciarias, en los archivos que enlistan a las personas incriminadas por cometer algún delito.
Pedro López cuenta que su hermano escapó de la zona donde los marinos realizaban los operativos de seguridad. Tenía seis noches viajando por la sierra, caminando entre los cerros y el monte. A la sexta luna, él y sus ocho compañeros fueron atacados por armas de fuego.
“Él venía huyendo, así como todos salieron huyendo otros. Él venía junto con otras ocho personas. Y al llegar al río donde le dicen ‘la Boquilla’, ahí fue donde le dispararon a él. Fueron los marinos los que le dispararon. Dicen que los marinos pegaron 200 balazos”, denuncia.
“Yo no encontré evidencia, casquillos, ni nada. Y uno que se quedó más cerca de él, dice que escuchó que lo golpeaban, que un helicóptero se lo llevó”, narra.
Acusa a los elementos de seguridad de la desaparición involuntaria de su familiar.
“Sí son los marinos”, señala, “porque gritaron que eran los marinos. Y yo fui a los siguientes días, fui al lugar de los hechos, revisé todo y no había nada. Pero ahí estaban los marinos, y no había más que puros marinos. No podía haber malandrines, los malandrines salieron”.
El denunciante dice que ha recibido información de que Roberto López fue herido por proyectiles de arma de fuego en el rostro y en la pierna, aunque aclara que no puede comprobarlo.
“Mi hermano no llevaba arma. Ninguno de ellos lleva arma. Ni andaba ‘empercherado’, ni ‘pinto’, ni nada. Es gente que va y trabaja, como todo el mundo. Normal. No es gente mala”, expresa.
López ha solicitado información a la Semar sobre su hermano, pero no ha recibido respuesta. “Si lo tienen o no lo tienen, no han querido decir la verdad”, denuncia.
Los habitantes de Ocurague son un ejemplo del drama que viven los desplazados en Sinaloa a causa del crimen organizado, y que se narra en esta investigación auspiciada por Connectas y Global Voices Latinoamérica.
Ocurague, un pueblo fantasma. Esta vez fue una escuela. Foto: cortesía de los ciudadanos de Ocurague, usado con permiso.
La versión original de este artículo fue escrita por Silber Meza y Francisco Cuamea.
Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Cada noche, los habitantes de Ocurague, en la zona de la Sierra Madre Occidental, al oeste de México, se escapan de sus casas para esconderse entre los arbustos. Ellos escuchan desde las sombras la explosión de armas, los sonidos de los vehículos 4×4 y los camiones que aplanan las pistas de terracería,
Cuando el silencio se hace de nuevo, se calman sus temores y regresan a sus hogares. Es la señal de que el peligro ha pasado. Por una noche, por lo menos.
Esto es lo que era la vida en 2011 en la localidad de la Sierra Madre Occidental, que forma parte del municipio de Leyva en el noroeste del país, y muy cerca de Badiraguato, en el Estado de Sinaloa. La ubicación forma parte del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico mexicano, que incluye las partes montañosas de los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa.
Como pasaban los meses, el miedo de los locales creció junto con la espiral violencia en la región, con asesinatos derivados de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. A principios de 2012, un grupo armado secuestró y mató a un joven de la ciudad vecina de San José de los Hornos.
Esperanza Hernández, una mujer en su 50’s, quien es originaria de Ocurague y se trasladó a la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa, recuerda el episodio siguiente:
“Cuando mataron a ese joven de San José de los Hornos, los hombres no se atrevieron a ir a buscarlo, así que las mujeres fuimos por él, acompañadas del Director de la Policía. Habían dejado un pedazo de papel para que nadie reclamara el asesinato. El papel decía que esto iba a pasar a todos los ‘dedos’ (informantes) del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya que esta zona era ahora de los hermanos Beltrán Leyva (Marcos Arturo, Alfredo, Héctor, y Carlos Beltrán, viejos aliados y ahora rivales)”.
Este nuevo grupo criminal dio a la gente en la ciudad algunas opciones: unirse a ellos, abandonar sus hogares, o morir en sus manos, recuerda Hernández.
“Asesinaron a una familia entera. Sus cuerpos quedaron tendidos allí. Antes de irse, el inspector le advirtió al consejo municipal de Sinaloa de Leyva. Era una cosa horrible de hacer y muy difícil imaginar tener que salir de los cuerpos allí, y otras personas que tienen que venir en el miedo. Alguien dijo que el Beltrán Leyva fueron llegando a quemar el rancho y matar a cualquiera que encontraron allí”.
Hernández habla con una expresión vaga, cómo ella recuerda los asesinatos de 30 personas de la zona, y el éxodo de 96 familias que habían vivido alguna vez en Ocurague, ahora reducido a un pueblo fantasma.
El terror se convirtió en algo excesivo: Esperanza huyó el 12 de enero de 2012, junto con su familia y los habitantes de toda la ciudad. Ella dejó la tienda de abarrotes en la que trabajaba, su casa, su asignación, su vida. Todo.
Desde entonces, esta madre soltera se ha convertido en un activista, que lucha por la mejora de las condiciones de los desplazados. Ella ha hecho un registro de las personas que terminaron en Guamúchil y ha compilado una lista de los que se fueron al norte del Estado, en especial a las familias que se asentaron en Guasave y Choix.
El trauma causado por este exilio ha sido enorme, explica Hernández. Para empezar, está la falta de un hogar y un trabajo, y luego está el desconocimiento de la vida de la ciudad, donde todo tiene un precio, incluso el agua:
“No podemos acostumbrarnos a vivir aquí: allá, si te quedas sin gas, hay leña. Tenemos gallinas que producen huevos, tenemos carne y queso, tenemos agua. Ocurague significa “el lugar donde nace el agua”. Hay una corriente que nunca se seca. Allá nunca nos quedamos sin fruta, pero aquí tienes que comprarla”.
Las temperaturas son otro cambio: en Ocurague vivieron entre pinos, pero ahora están sufriendo en temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Muchos de los desplazados ni siquiera tienen un ventilador.
La mayoría de las demandas de los exiliados siguen siendo las mismas de un principio: el regreso de sus familias a sus pueblos, con garantías para su seguridad, o bien ayuda para encontrar un trabajo, educación, y la compensación por las tierras, y todo lo demás que han perdido a manos de las bandas de narcotraficantes.
El 6 de marzo de 2015, Esperanza Hernández fue amenazada por los grupos criminales y obligada a huir de nuevo, esta vez a la capital del país, el Distrito Federal. Después de semanas de papeleo y con ayuda de las organizaciones nacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a ella, y a sus familiares, protección del Estado mexicano. Posteriormente, regresó a Sinaloa y ahora continúa trabajando en nombre de las víctimas desplazadas.
Según cifras del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados (IDMC-NRC) utilizado por la ONU, a finales de 2013 había al menos 33.3 millones de refugiados en el mundo. Estos grandes números fueron causados principalmente por los conflictos armados, la violencia generalizada, y violaciones de los derechos humanos.
A finales de 2013, al menos 6.3 millones de personas habían sido víctimas de desplazamiento interno en las Américas. La gran mayoría se encuentran en Colombia, donde esta cifra ha estado en constante aumento.
En México, el exilio forzado se ha vuelto más común desde 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia de México y comenzó una batalla directa al estilo militar contra el narcotráfico. En respuesta, los grupos criminales se han fragmentado, entre ellos el cartel de Sinaloa.
Desde 2008, la “Federación” en Sinaloa se ha dividido: Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada están ahora en contra de los hermanos Beltrán Leyva. Esto les ha llevado a luchar por el territorio de todo el país, sobre todo la zona que produce la mayor parte de la marihuana: las zonas montañosas de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
El desplazamiento forzado no ha parado desde entonces, y a pesar de su avance, el Estado mexicano todavía no ha implementado ninguna política clara para poner fin a la misma.
Laura Rubio Díaz Leal, un académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y uno de los pocos que han estudiado el fenómeno del desplazamiento, critica al gobierno mexicano por no querer aceptar que hay una falta de seguridad entre la gente, ya que esto podría parecer una debilidad institucional.
“Durante la época de Felipe Calderón en el gobierno, se negó abiertamente el hecho de que había un problema de desplazamiento, mientras que (Enrique) Peña Nieto simplemente no habla de ello. No sé qué es peor, negar el tema o ignorarlo”.
Desde 2011, Díaz Leal ha logrado documentar 121 casos de desplazamientos masivos en México.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
