De acuerdo con la denuncia penal interpuesta en un Tribunal federal, los mismos hermanos habían entrado de manera ilegal al país. El mayor, que habló en español, les dijo a las autoridades que transportaba a otros migrantes para pagar su deuda por haber sido traído a Estados Unidos.
Por Susan Montoya Bryan
ALBUQUERQUE, Nuevo México, EU (AP) — Dos hermanosmexicanos se enfrentan a cargos federales tras huir de las autoridades estadounidenses a finales de julio y estrellar su vehículo, incidente en el que murieron dos personas y otras 10 resultaron heridas a pocos kilómetros de la frontera internacional.
Los fiscales federales anunciaron el martes que Jorge García Rascón, de 21 años, y Julio García Rascón, de 19, han sido acusados de conspiración para el contrabando de inmigrantes con resultado de muerte. Permanecerán detenidos a la espera de juicio.
El choque se produjo después de que agentes de la Patrulla Fronteriza intentaron detenerlos. Los hermanos huyeron a toda velocidad a pesar de que los agentes cesaron su persecución con la esperanza de evitar poner en peligro a los ocupantes o a otros vehículos.
Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos observa a un grupo de migrantes cruzar el río Bravo para entregarse a las autoridades el 15 de junio de 2021, en Del Rio, Texas. Foto: Eric Gay, archivo, AP
De acuerdo con la denuncia penal interpuesta en un Tribunal federal, los mismos hermanos habían entrado de manera ilegal al país. El mayor, que habló en español, les dijo a las autoridades que transportaba a otros migrantes para pagar su deuda por haber sido traído a Estados Unidos.
Jorge García Rascón declaró que él y su hermano se alojaban en un motel de El Paso, Texas, y que transportaban migrantes para una organización de contrabando no identificada. Dijo que había llevado a seis migrantes a Albuquerque, Nuevo México, en la semana previa al choque.
Julio García Rascón dijo a las autoridades que una vez había transportado a migrantes de El Paso a Albuquerque y que se le pagaron 500 dólares por persona. Según los documentos judiciales, declaró que su empleador le dijo que no se detuviera si las fuerzas del orden intentaban detenerlo.
Un defensor público designado para representar a los hermanos no respondió inmediatamente un mensaje en busca de comentarios sobre el caso.
La camioneta de los hermanos llamó la atención de las autoridades que patrullaban cerca de Santa Teresa, Nuevo México. El vehículo parecía llevar mucho peso cuando pasó por el lugar. Los agentes de la Patrulla Fronteriza apagaron sus luces y sirenas de emergencia luego de fracasar en su intento de detener el vehículo.
Migrantes caminan por una carretera hacia la salida de Huixtla, en el estado de Chiapas. Imagen ilustrativa. Foto: Marco Ugarte, AP
El conductor siguió alejándose a gran velocidad y acabó perdiendo el control, volcando y haciendo rodar el vehículo. Las autoridades dijeron que los hermanos intentaron huir del accidente, pero fueron detenidos.
En las semanas previas al choque, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) informó que las autoridades que trabajan en el sector de El Paso, que incluye el tramo de la frontera internacional de Nuevo México, habían frustrado 20 planes de tráfico de personas en vehículos que incluían a casi 130 migrantes.
La agencia también informó que había desmantelado tres escondites a finales de julio y había encontrado a más de 100 migrantes que estaban en el país de forma ilegal. Esos migrantes procedían de Guatemala, El Salvador, Ecuador, México y Honduras.
La Patrulla Fronteriza ha informado que durante el pasado año fiscal, los agentes que trabajan en Nuevo México y el oeste de Texas localizaron más de 175 escondites en los que se encontraron mil 975 migrantes.
Las estadísticas publicadas por el Gobierno federal el lunes mostraron que se detuvo a migrantes con menor frecuencia en la frontera de Estados Unidos con México en julio en relación al mes pasado, pero que el volumen sigue siendo inusualmente altos.
Del Rio, Texas, fue el corredor más activo para los cruces ilegales entre los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza en la frontera con México, con 49 mil 563 detenciones de migrantes en julio. Rio Grande Valley, Texas, que durante mucho tiempo ha sido el más transitado, ocupó el segundo puesto con 35 mil 180 detenciones.
El mensaje que recibió Magdalena Tepaz, de 38 años, fueron las últimas palabras que escuchó de su pequeño Wilmer, según contó la señora a The Associated Press a través de un traductor. Varías horas después de recibir el audio, un vecino les dijo que había habido un accidente en San Antonio y se temieron lo peor.
Por Sonia Pérez D.
TZUCUBAL, Guatemala (AP).— “Mamá, ya estamos saliendo”. Ese fue el último mensaje de voz que Wilmer Tulul, un niño guatemalteco de 13 años, mandó a su madre en Quiché -su idioma natal- hasta su aldea en las montañas del occidente de Guatemala antes de subir a un tractocamión en el sur de Texas.
Horas después, los cuerpos de decenas de migrantes serían encontrados muertos en el interior del tráiler en las afueras de San Antonio, incluido el de Wilmer.
El niño salió el 14 de junio de la comunidad de Tzucubal junto con su primo Pascual Melvin Guachiac, también de 13 años, para intentar llegar a Houston con familiares y tratar de iniciar una nueva vida y poder ayudar a sus padres. Pero su viaje se truncó en San Antonio: ambos fallecieron junto con otros migrantes, arremolinados en la caja del tráiler y bajo un calor sofocante.
Un hombre muestra un retrato de Wilmer Tulul, en Tzucubal, Guatemala, el miércoles 29 de junio de 2022. Wilmer y su primo Pascual, ambos de 13 años, estaban entre los decenas de fallecidos dentro de un camión con remolque cerca de los patios de depósitos de chatarras en las afueras de San Antonio, Texas, el lunes, en lo que se cree que es el episodio de contrabando humano más mortífero en la historia de Estados Unidos. Foto: Moisés Castillo, AP
En Tzucubal, una comunidad indígena humilde en una zona montañosa, las familias de Wilmer y Melvin viven un inmenso dolor tras la confirmación de que los niños estaban entre las 53 víctimas de la tragedia en Texas.
Los primos eran amigos desde muy pequeños. Todo lo hacían juntos: jugar, salir a divertirse, y luego planear emigrar a Estados Unidos, a pesar de que no hablaban muy bien el español, dijo María Sipac Coj, madre de Melvin.
Sipac Coj, es una madre soltera con dos hijos pequeños. “Melvin quería construirme una casa”, recordó la agobiada madre. Un mensaje de voz diciendo “mamá, ya es hora de salir”, fue el mensaje que ella recibió de su hijo. El audio, añadió, lo borró porque no soportaba escucharlo.
Los niños crecieron en una comunidad de poco más de mil 500 personas donde el mejor futuro era dedicarse a la agricultura.
Una vista aérea de Tzucubal, Guatemala, el miércoles 29 de junio de 2022, la ciudad natal de Pascual Melvin Guachiac y Wilmer Tulul, ambos de 13 años, quienes estaban entre los decenas de muertos encontrados dentro de un camión con remolque cerca de los patios de depósitos de chatarras de automóviles en las afueras de San Antonio, Texas, el lunes, en lo que se cree que es el episodio de contrabando humano más mortífero en Estados Unidos. Foto: Moisés Castillo, AP
“Quería estudiar en los Estados Unidos, luego trabajar y después hacer mi casa”, dijo Sipac Coj, que aseguró que nada pudo hacer ante la voluntad del menor que había decidido emigrar.
Los primos tenía como destino final Houston donde familiares los esperaban y quienes habían arreglado el pago y contratación de un “coyote”, refirió la madre que no habla español, sólo Quiché, su idioma maya natal.
El miércoles, la pequeña comunidad se vio desbordada por el acompañamiento a la familia. Ya todos lo saben: los únicos dos menores que habían salido del lugar fallecieron. Sipac Coj dijo que se enteró de sus muertes por sus familiares en Estados Unidos. La llamada de la Cancillería confirmando los fallecimientos llegó apenas este miércoles.
El padre de Wilmer, Manuel de Jesús Tulul, un hombre de 40 años no podía dejar de llorar el miércoles. No sabían cómo se irían a Houston y nunca imaginó que Wilmer fuera a meterse en la caja de un camión, donde acabaría muerto.
María Sipac Coj sostiene un retrato de su hijo Pascual Melvin Guachiac en Tzucubal, Guatemala, el miércoles 29 de junio de 2022. Pascual y su primo Wilmer Tulul, ambos de 13 años, estaban entre los decenas de fallecidos encontrados dentro de un camión con remolque cerca de los patios de depósitos de chatarras en la borde de San Antonio, Texas, el lunes, en lo que se cree que es el episodio de contrabando humano más mortífero de Estados Unidos. Foto: Moisés Castillo, AP
El pequeño había dejado la escuela al final de la primaria y trabajaba limpiando la milpa con su padre.
Su padre afirma que su hijo no veía futuro en la comunidad, una aldea pobre donde se aprecian casas en construcción entre los maizales gracias a las remesas que mandan los migrantes. Había tomado la decisión de emigrar para apoyar a la familia y ayudar a dar de comer a sus tres hermanos. Uno de sus sueños era tener su casa o su terreno y se fue pensando que lo podría conseguir, agregó el papá.
Tulul dijo que consiguieron un coyote que cobraba alrededor de seis mil dólares, de los que ya habían pagado casi la mitad. Ahora, sólo piensa en que alguien les ayude a repatriar a su hijo.
Ambas familias aseguraron que no cuentan con los recursos necesarios para repatriar los cuerpos y piden el apoyo de las autoridades para traer y enterrar los cuerpos.
María Sipac Coj, madre de Pascual Melvin Guachiac, espera el inicio de una reunión comunitaria en Tzucubal, Guatemala, el miércoles 29 de junio de 2022. Pascual y su primo Wilmer Tulul, ambos de 13 años, estaban entre los muertos encontrados dentro de un camión con remolque cerca de patios de depósitos de chatarras de automóviles en las afueras de San Antonio, Texas, el lunes, en lo que se cree que es el episodio de contrabando humano más mortífero en la historia de Estados Unidos. Foto: Moisés Castillo, AP
Durante una vigilia el martes por la noche en un parque de San Antonio, muchos de los más de 50 asistentes expresaron tristeza, impotencia y furia ante las muertes y un sistema de migración que consideran fallido.
Por Fabiola Sánchez, Paul Weber y Mark Stevenson
SAN ANTONIO, Texas, EU (AP).— Han hallado a víctimas sin documentos de identidad y en un caso con un documento robado. Aldeas remotas carecen de servicio telefónico para hablar con familiares y determinar el paradero de migrantes desaparecidos. Los datos de huellas digitales deben cruzar fronteras para que los identifiquen distintos gobiernos.
Pasado más de un día desde el hallazgo en San Antonio, Texas, de decenas de migrantes muertos debido al intenso calor en el tractocamión donde los abandonaron, se ha difundido la identidad de pocas de ellas, muestra de lo difícil que es para las autoridades rastrear a la gente que cruza la frontera.
El miércoles, la oficina del forense del condado de Bexar anunció dos muertes adicionales, lo que elevó la cifra total de fallecidos a 53. Dijo que 40 de las víctimas eran hombres y 13 mujeres.
Para el martes por la tarde, los forenses habían identificado de manera preliminar a 34 de las víctimas, dijo la comisionada del condado de Bexar, Rebeca Clay-Flores, representante del distrito donde quedó abandonado el camión. Faltaba confirmar esas identidades con huellas digitales u otros medios, y no había plazos para finalizar el proceso, añadió.
Una ambulancia sale del lugar donde la policía dijo que decenas de personas fueron encontradas muertas en un tráiler en un área remota en el suroeste de San Antonio, el lunes 27 de junio de 2022. Foto: Eric Gay, AP
“Es un proceso muy tedioso, triste y difícil”, dijo la funcionaria.
Los cuerpos, descubiertos el lunes por la tarde, estaban abandonados en las afueras de San Antonio, en lo que se cree es el episodio de contrabando humano más mortífero que se conozca en la frontera entre México y Estados Unidos. Más de una docena de personas, entre ellas cuatro niños, fueron hospitalizadas. Arrestaron a tres personas.
Enormes cantidades de migrantes están llegando a Estados Unidos. Muchos de ellos corren graves riesgos al cruzar ríos caudalosos y canales y desiertos candentes. Hubo casi 240 mil detenciones de migrantes en mayo, un tercio más que hace un año.
A falta de información sobre las víctimas, familias desesperadas de migrantes mexicanos y centroamericanos tratan frenéticamente de obtener noticias de sus seres queridos.
El camión, registrado en Alamo, Texas, pero con placas y engomados falsos, transportaba 67 migrantes, dijo Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración (INM) de México.
Detuvieron al conductor cuando trataba de hacerse pasar por un migrante, dijo Garduño. Hay otros dos mexicanos detenidos, añadió.
Se cree que 27 de los muertos son de origen mexicano, de acuerdo con los documentos que portaban, dijo el Cónsul de México en San Antonio, Rubén Minutti. Varios sobrevivientes se hallaban en estado crítico debido a lesiones cerebrales y hemorragias internas, añadió. Unas 30 personas se acercaron al Consulado en busca de información.
El Ministerio del Exterior de Guatemala dijo el martes que confirmó la identidad de dos guatemaltecos en el hospital y posiblemente había tres entre los muertos.
La Cancillería hondureña dijo que cuatro personas en el camión llevaban documentos del país, e intentaba confirmar sus identidades. Su portavoz Eva Ferrufino dijo que colabora con su Consulado en el sur de Texas para comparar nombres y huellas digitales.
Es un proceso laborioso que contiene trampas tales como los documentos falsificados o robados.
Un hombre camina frente al lugar en donde las autoridades encontraron medio centenar de migrantes muertos dentro de un tractocamión, el martes 28 de junio de 2022, en San Antonio. Foto: Eric Gay, AP
El Secretario del Exterior de México identificó a dos personas hospitalizadas en San Antonio el martes por la mañana. Pero resultó que uno de los documentos de identidad que mostró en Twitter había sido robado el año pasado en el estado sureño de Chiapas.
Haneydi Antonio Guzmán, de 23 años, estaba vivita y coleando en una aldea de montaña a 2.092 kilómetros de San Antonio, cuando empezó a recibir mensajes de familiares y amistades. No hay servicio telefónico allá, pero ella tiene acceso a Internet.
Los periodistas empezaron a aparecer en la casa de sus padres en Escuintla —la dirección en el documento de identidad robado y hallado en el camión— pensando que encontrarían a una familia acongojada.
“Es mi credencial, sí soy yo la de la credencial, pero yo no soy la persona que iba en el tráiler y que dicen que está hospitalizada”, dijo. “Mis familiares me hablaron preocupados, preguntando que dónde estaba, ya les dije que yo estaba bien, que estaba en mi casa, e hice la aclaración en mi (página de Facebook)”.
El Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, borró el tuit que la identificaba sin hacer aclaraciones. La otra víctima hospitalizada que el funcionario identificó el martes resultó ser precisa.
Desde Texas Vista Medical Center informa el Cónsul Rubén Minutti que hay dos mexicanos hospitalizados, deshidratados, reciben atención médica ahora. Les informo en cuanto confirmemos identidades.
En el estado de Oaxaca, en el sur de México, funcionarios municipales de San Miguel Huautla viajaban a la población de José Luis Guzmán Vásquez el martes para saber si su madre quería viajar a San Antonio para estar con él en el hospital.
Manuel Velasco López, Secretario Municipal de San Miguel Huautla, dijo que un primo viajaba con Guzmán Vásquez y se lo consideraba desaparecido.
Y otro primo, Alejandro López, dijo al canal Milenio que su familia trabajaba en el campo y en la construcción, y migraron porque “no tenemos otra cosa que tejer más que el sombrero, la palma y las artesanías. La siembra de maíz, trigo y frijol es lo que hacemos en esta región y eso hace que muchos de nuestros paisanos emigren y se vayan a Estados Unidos”.
Miguel Barbosa, Gobernador del estado vecino de Puebla, provocó una corrida periodística a la población de Izúcar de Matamoros el martes cuando dijo públicamente que dos de los muertos eran de allí.
En ese pueblo donde abundan los migrantes, todos se preguntaban si no había amigos o vecinos entre los muertos en Texas. Circulaban rumores, pero el Gobierno local dijo que no se había confirmado la presencia de gente de Izúcar entre los muertos.
La policía bloquea el lugar donde se halló a un tráiler con una gran cantidad de migrantes sin vida, el 27 de junio de 2022, en San Antonio, Texas. Foto: Eric Gay, AP
Pero ir al Norte es una verdadera tradición, y la mayoría de los jóvenes al menos piensan en ello.
“Toda la juventud empieza a pensar en ir apenas cumpliendo los 18 años”, dijo el activista Carmelo Castañeda, que trabaja con la ONG Casa del Migrante. “Si no hay más visas, nuestra gente va a seguir muriendo”.
Los migrantes pagan entre ocho mil y 10 mil dólares para que los transporten a través de la frontera, los suban a un camión y los lleven a San Antonio. Ahí pasan a vehículos más pequeños para que los lleven a sus destinos en distintas partes de Estados Unidos, dijo Craig Larrabee, agente a cargo de la división de investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio.
Las condiciones varían mucho, desde la cantidad de agua que les dan hasta si les permiten tener teléfonos celulares, dijo Larrabee.
El legislador estadounidense Henry Cuellar dijo a The Associated Press el miércoles que investigadores de Seguridad Nacional creen que los migrantes abordaron el camión en Laredo, dentro de Estados Unidos, pero no lo han confirmado. Dijo que el camión pasó un retén de la Patrulla Fronteriza al noreste de Laredo en la Ruta Interestatal 35 el lunes.
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Antes de iniciar el trayecto de más de dos horas a San Antonio, el camión estuvo estacionado apenas al norte de la frontera, dijo Garduño.
Las autoridades creen que el camión descubierto el lunes tuvo problemas mecánicos y por eso lo abandonaron junto a una vía ferroviaria en la zona de San Antonio rodeada por desguaces de autos cerca de una autopista muy transitada, dijo el Juez Nelson Wolff del condado de Bexar.
San Antonio ha sido escenario de tragedias recurrentes y desesperación en los últimos años protagonizadas por migrantes en tractocamiones.
En 2017, 10 migrantes murieron atrapados en un camión en el estacionamiento de un Walmart en San Antonio. En 2003, se hallaron los cadáveres de 19 migrantes en un camión al sureste de la ciudad. En 2018 hallaron a medio centenar de migrantes vivos en un camión conducido por un hombre que dijo que le pagarían tres mil dólares. El conducto fue condenado a cinco años de prisión.
Otras tragedias se han registrado al sur de la frontera. En diciembre, más de 50 murieron al volcar el camión en que viajaban en el sur de México. En octubre, las autoridades mexicanas hallaron a 652 migrantes en seis camiones detenidos en un retén militar.
Zona acordonada por la policía tras el hallazgo de decenas de personas muertas, posiblemente migrantes, en un camión de carga, el martes 28 de junio de 2022, en San Antonio, Texas. Foto: Eric Gay, AP
En Puebla, el campesino Juan Sánchez Carrillo, de 45 años, sintió dolor al recibir la noticia de las muertes en Texas.
Él mismo se salvó de la muerte cuando junto con amigos escaparon de una docena de ladrones en las montañas de Otay Mesa cerca de San Diego. Los malhechores —que Sánchez cree estaban confabulados con los contrabandistas que lo llevaron al otro lado de la frontera— apuntaban con fusiles al grupo de 35 migrantes y amenazaban con matarlos si no les daban mil dólares cada uno.
“Para los polleros, nosotros los migrantes no somos humanos”, dijo Sánchez Carrillo. “Para ellos no somos más que mercancía.”
Las conexiones que han surgido entre Chiapas y el municipio poblano de Acajete son indicios del boom de un negocio de tráfico de migrantes hacia la frontera norte con Estados Unidos, pues en la localidad operan hasta 30 casas de seguridad.
Por Edmundo Velázquez
Puebla, 29 de abril (Periódico Central).– En Acajete, municipio en el estado de Puebla, el tráfico de migrantes se ha convertido en uno de los negocios más rentables para algunos de los vecinos de la cabecera municipal y sus siete juntas auxiliares, en donde operan hasta 30 casas de seguridad.
Polleros provenientes de Chiapas y Tlaxcala han encontrado refugio en esta población, en donde al menos 150 vecinos se han empleado en este negocio ilegal. Principalmente en la junta auxiliar de La Magdalena Tetela de Morelos.
Según la información a la que tuvo acceso Periódico Central de parte de autoridades de la región, Acajete se ha vuelto un punto estratégico para el tráfico de migrantes. Algunos de los vecinos ahora viajan constantemente a Chiapas para cerrar los tratos. Algunos de ellos rentan propiedades en donde pernoctan los llamados polleros y los migrantes que buscan llegar al norte del país.
Solamente en un día, en la población de San Antonio Tlajamilco –perteneciente a la junta auxiliar de La Magdalena Tetela de Morelos– fueron encontrados 386 migrantes de distintas nacionalidades de todo el mundo, como Sri Lanka, Nepal y Uzbequiztan.
El Instituto Nacional de Migración (INM) consideró “histórico” este aseguramiento. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a cuatro personas Juan “N”, José “N”, Andrés “N” y Raúl “N”, quienes fueron identificados como miembros de una banda delictiva relacionada a un hombre conocido como “El Tamaro” o “El Tamarindo”.
LA CONEXIÓN PUEBLA-CHIAPAS
A decir de las autoridades federales, la localización de esta banda ocurrió gracias a otro operativo realizado en días pasados en Monterrey, Nuevo León. El grupo delictivo cuenta con conexiones en Puebla, Veracruz, Nuevo León y Chiapas.
El inmueble donde fueron encontrados los migrantes tenía funciones de bodega y albergue para las personas que llegaban; además se decomisaron un tráiler, dos vehículos y dos motocicletas.
Una caravana de migrantes centroamericanos es disuelta por autoridades migratorias mexicanas en Tapachula, Chiapas. Imagen ilustrativa. Foto: Juan Manuel Blanco, EFE.
Sin embargo, lo que también ha exhibido a los pobladores de esta junta auxiliar y otras de Acajete es el constante tráfico de migrantes que los vecinos han comenzado a tener desde Puebla hacia Chiapas, donde se inician en este negocio ilícito.
De repente ya todos tienen un familiar en Chiapas. O un negocio. O una propiedad. Eso ya ahora es muy común en Acajete. Esas son las familias o la gente que se han enganchado con otros grupos delictivos más amplios y grandes que controlan la frontera sur y que usan a las familias de Acajete para que resguarden a los migrantes o los trasladen por el Triángulo Rojo, pasen por Puebla y los lleven hacia el norte del país”, comentó una de las fuentes consultadas por el medio.
ENCUENTRAN MIGRANTES EN UNA GALERA
El tráfico de personas indocumentadas ha incrementado a raíz de la propuesta migratoria del Presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, lo cual implica una amnistía para aquellos extranjeros que ingresan al país y que se les permitiría quedarse. Sin embargo, aún se espera la propuesta definitiva que enviará Biden al Senado norteamericano y en todo caso, que se apruebe la ley.
Esto ha provocado que por la frontera sur del país ingrese un número mayor de migrantes y, por tanto, tengan que pasar por Chiapas, Veracruz, Tlaxcala y Puebla rumbo al norte para ingresar a los Estados Unidos.
330 migrantes viajaban en 11 camionetas y dos vehículos particulares en la autopista Puebla-Orizaba. Foto: Twitter @INAMI_mx
En 24 horas se reportaron dos grupos de migrantes asegurados por las autoridades federales, pero el mayor fue el encontrado en Acajete.
La FGR confirmó que se trató solo en un primer punto de 386 inmigrantes con situación migratoria irregular –entre ellos 311 hombres y 75 mujeres– proveniente de El Salvador, Uzbekistán, Nepal, Sri Lanka, Guatemala, India, Venezuela, Cuba, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y Bangladesh.
Ken Salazar resaltó la violencia en Michoacán, donde el crimen se expande a otras siete entidades del país, de acuerdo con sus estimaciones.
Ciudad de México, 28 de marzo (EFE).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció este lunes que hay “muchísimo” trabajo por hacer en materia de seguridad ante la violencia de los cárteles mexicanos y el tráfico de migrantes.
“No importa dónde vive uno en México, Michoacán, Guanajuato, en el sur, Nuevo León, Nuevo Laredo, tenemos que hacer muchísimo más en esto de la seguridad”, manifestó Salazar en la asamblea anual de socios de la American Chamber of Commerce (AmCham) en México.
Sus declaraciones ocurren horas después de la masacre de al menos 19 personas en un palenque en Michoacán por el choque de grupos criminales rivales, según reconoció este lunes el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En los últimos minutos de la #mañanera, el presidente dio su opinión sobre el ataque armado de Zinapécuaro, Michoacán
“Fue una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino (…) hubo desgraciadamente muchos muertos”
Sin referirse a este episodio en específico, el representante de Washington resaltó la violencia en Michoacán, estado del Pacífico mexicano de donde el crimen se expande a otras siete entidades del país, de acuerdo con sus estimaciones.
“¿Cómo ahí en Michoacán se puede controlar la violencia? La violencia y los delincuentes, los cárteles, no reconocen las fronteras políticas”, advirtió Salazar.
El diplomático argumentó que la inseguridad ha afectado al comercio, al recordar que en febrero Washington suspendió temporalmente la revisión y la importación de aguacates desde México tras amenazas recibidas por inspectores que trabajan para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Estados Unidos suspendió todas las importaciones de aguacate de México luego de que un inspector en Michoacán recibiera amenazas. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro.
“Yo no puedo dejar a los empleados que tenemos aquí, que son mexicanos muchos, haciendo las inspecciones de aguacates, vivir bajo una amenaza, entonces lo hicimos, pero también respondemos en una manera de franqueza”, justificó el Embajador.
México registró 33 mil 308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.
A pesar del panorama, Salazar aseguró que hay “éxito en muchos diferentes casos” tras la firma en octubre pasado del Entendimiento Bicentenario entre los Gobiernos de Joe Biden y López Obrador para la cooperación en seguridad.
La guerra entre los cárteles de droga es la causa de la inseguridad y la espiral de muerte que en varios estados de la República. Foto: Genaro Natera, Cuartoscuro.
“En ese tipo de cosas estamos trabajando muy bien con el Gobierno de la República, con el Presidente López Obrador y su Gabinete de seguridad, hay mucho trabajo que hacer en adelante”, mencionó.
El diplomático, de origen mexicano y estadounidense, también alertó por el flujo migratorio de Centro y Suramérica a Estados Unidos, motivado por “gobiernos inestables”, pobreza y aprovechado por los narcotraficantes mexicanos.
Aseguró que, en promedio, por un camión que parte del sureste mexicano con hasta 175 migrantes hacinados los traficantes de personas pueden ganar hasta un millón de dólares.
Al menos 200 personas migrantes, entre ellas adultos y menores de edad de ambos sexos, fueron abandonadas en una caja seca de tráiler, en Coahuila. Foto: Alejandro Rodríguez, Cuartoscuro.
“El problema que vemos nosotros con los cárteles (es) que ahora hacen más dinero trasladando a humanos pobres, hermanos y hermanas migrantes. Se hace más dinero ahora, se estima, que con las drogas”, manifestó.
La frontera oeste de Guatemala con México es un importante punto de acceso para el tráfico ilícito de migrantes, y ha servido durante mucho tiempo como el principal punto de salida de los migrantes centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos.
Por Alec Papadovassilakis
Ciudad de México, 6 de febrero (InSightCrime).–El exalcalde de un municipio de Guatemala y su familia han sido acusados de traficar a más de una docena de migrantes, quienes luego fueron masacrados en México, un caso que da cuenta de la sofisticación y el lucrativo negocio del tráfico de migrantes en la frontera entre los dos países.
Ramiro Coronado Pérez, exalcalde de Comitancillo, una ciudad en el oeste de Guatemala, está acusado de liderar la red de tráfico de migrantes junto a su hermano, David Coronado Pérez, candidato a la Alcaldía de 2019 en la misma ciudad. El Ministerio Público ha acusado a ambas personas de tráfico de migrantes y obstrucción de la justicia.
Los fiscales los han acusado de coordinar el viaje que terminó con la muerte de 15 migrantes guatemaltecos el año pasado. Las autoridades descubrieron a las víctimas el 22 de enero en dos vehículos incinerados en la frontera entre Estados Unidos y México. Habían sido asesinados a tiros y luego sus restos fueron incinerados y abandonados. Una docena de oficiales de una unidad élite de la policía de Méxicohan sido acusados de participar en la masacre.
Lic. Stuardo Campo, Fiscal de Sección de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes brinda detalles sobre investigación en seguimiento al #CasoTamaulipaspic.twitter.com/g4p8UYApUl
Los fiscales dijeron en un comunicado que David Coronado Pérez reclutó migrantes en conjunto con su hijo, quien supuestamente les sirvió de guía en su desafortunado trayecto hacia el norte. Su hijo también fue asesinado en la masacre.
En una serie de redadas en Comitancillo a fines de enero, las autoridades guatemaltecas arrestaron a 10 presuntos miembros del grupo acusados de tráfico de migrantes, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y otros delitos. Entre los detenidos se encuentran David Coronado Pérez y una de sus hijas, así como dos hijos del exalcalde Ramiro Coronado, quien evadió la captura y desde entonces ha sido declarado prófugo, como afirma el Fiscal principal Stuardo Campo.
El exalcalde, quien ocupó dicho cargo entre 2012 y 2016, también está acusado de intimidar a familiares de los migrantes asesinados para disuadirlos de colaborar con las autoridades de Guatemala y México. Varios miembros de la familia Coronado continuaron traficando grupos más pequeños de migrantes en los meses posteriores a la masacre, según el Ministerio Público.
Como parte de la investigación, la Fiscalía también presentó una solicitud para levantar la inmunidad de una Jueza que presuntamente abusó de su autoridad al permitir que dos de los miembros de la red fueran liberados, después de haber sido arrestados en julio de 2021 con 128 mil quetzales (US$16.700) en efectivo. Las autoridades también arrestaron a tres notarios vinculados al grupo, quienes son sospechosos de falsificar documentos que ayudaron a los detenidos a justificar los fondos incautados.
La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes presentó solicitud de retiro de antejuicio contra la Juez de Primera Instancia Penal de San Marcos, Blanca Elizabeth González por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, prevaricato y cohecho pasivo pic.twitter.com/fqN1ucNDf3
Unos pocos días después de las redadas, el Congreso de Guatemala, como parte de una ofensiva contra el tráfico de personas, aprobó una propuesta para aumentar las sentencias para los traficantes de migrantes, de 10 a 30 años de prisión.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
La investigación sobre la red Coronado pone de relieve la amplia capacidad operativa de las familias con conexiones políticas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes en la frontera entre Guatemala y México.
Lejos de ser una banda dispersa de coyotes, la red estaba compuesta por al menos 15 miembros con roles claramente definidos, como reclutadores de migrantes, guías, abogados y blanqueadores de dinero, según el Ministerio Público.
De los restos humanos, al menos 15 de ellos se encontraban en la cajuela de una de las unidades. Foto: Cuartoscuro
“Nos encontramos ante una estructura criminal bastante fuerte, con vínculos con México y Estados Unidos”, dijo el Fiscal principal Campo a InSight Crime.
Parte del poder del grupo lo obtuvieron gracias a su influencia política en Comitancillo, un pueblo remoto en una región donde clanes familiares con fuertes lazos políticos han utilizado durante mucho tiempo sus poderes para facilitar delitos como el narcotráfico.
Los Coronados “no sólo mantuvieron el control del municipio [Comitancillo], sino que se han dedicado por muchos años a traficar migrantes”, afirma Campo.
El Fiscal agrega que los remotos municipios de la frontera occidental con México son particularmente vulnerables a las operaciones de tráfico con vínculos familiares y políticos.
Según indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, tienen establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les prendió fuego, sin encontrarse casquillos en la zona. Foto: Cuartoscuro
“Hemos visto que sí son redes familiares”, afirma; “ellos buscan cooptar el poder político y de alguna forma el poder judicial para garantizarse la impunidad”.
La investigación del Ministerio Público también apunta a la influencia económica de la red. Según Campo, los fiscales han identificado alrededor de tres millones de quetzales (US$390.000) en fondos sospechosos durante las investigaciones preliminares solamente, basándose en incautaciones de efectivo y transferencias bancarias irregulares.
La red les cobraba a los migrantes entre 95 mil y 120 mil quetzales (entre US$12.400 y 15.600) por un viaje a Estados Unidos, según el comunicado de prensa del Ministerio Público. “El tráfico ilegal de personas se ha vuelto un negocio muy rentable”, puntualiza Campo.
La Secretaría de Gobernación indicó que más de siete mil personas en condición migratoria fueron rescatadas de situaciones de tráfico y trata de personas, en tres operativos realizados entre el Instituto Nacional de Migración y la Interpol.
Ciudad de México, 12 de enero (EFE).- El Instituto Nacional de Migración (INM)y la Interpol rescataron a siete mil 329 víctimas de tráfico, trata de personas y delitos conexos durante 2021 en México, informó este miércoles la Secretaría de Gobernación.
Según el comunicado de la dependencia, los rescates son el resultado de “la comunicación y coordinación de acciones” de ambos organismos que se materializaron en tres operativos: Itzel II, Liberterra y Turquesa III.
“A través del denominado operativo Itzel II, se detectaron y auxiliaron a cuatro mil 394 hombres y mujeres retenidos por delincuentes dedicados al tráfico de personas y 14 más sujetas a la trata de personas”, detalló la Secretaría en el documento.
Los grupos criminales han expandido sus operaciones al tráfico de migrantes, lo cual los coloca en posiciones aún más vulnerables. Foto: Cuartoscuro
Con el operativo Liberterra el INM y la Interpol lograron identificar y desmantelar a organizaciones delictivas que participaban en el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos y otros delitos conexos. Se rescataron mil 665 extranjeros de diferentes nacionalidades.
Por último, a través del operativo Turquesa III se detectaron mil 256 personas provenientes de diferentes países víctimas de dichos delitos.
Además de los operativos, la Secretaría de Gobernación informó que como parte de las tareas migratorias, el año pasado se realizaron 13 mil 663 visitas de verificación y 23 mil 574 revisiones en México.
También se proporcionó capacitación en materia de identificación de víctimas de trata y tráfico de personas a dos mil 100 agentes federales de migración.
El negocio de tráfico de migrantes obtiene ganancias de 14 mil millones de dólares al año. Foto: Cuartoscuro.
La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1.7 millones de migrantes en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.
Mientras que México ha interceptado a más de 252 mil migrantes de enero a noviembre y deportó a más de 100 mil en el mismo periodo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un récord de 131 mil 488 solicitudes de refugio en 2021.
De acuerdo con la Cancillería dominicana, seis de sus connacionales murieron en el accidente en una carretera del estado de Chiapas, en el sureste de México, en el que perdieron la vida más de 50 personas. Otros siete dominicanos están desaparecidos, según la Cancillería, que cifra en tres a los heridos.
Santo Domingo, 22 dic (EFE).– Las autoridades de la República Dominicana anunciaron este miércoles que desarticularon en el país una red a la que acusan de organizar el viaje de tres de los seis dominicanos que murieron en el accidente del 9 de diciembre de un camión que transportaba a migrantes en México.
Por el caso fueron detenidas cinco personas, todas identificadas, para las que el Ministerio Público solicitará una medida de coerción de 18 meses de prisión en las próximas horas, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la República.
Fiscalía de SDE desarticula red que traficaba a dominicanos fallecidos en México mientras eran transportados hacia EE. UU. https://t.co/9TKjDcI6pE
— Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) December 22, 2021
Los arrestos se produjeron en la provincia San Pedro de Macorís y en el municipio de Baní, de donde eran una buena parte de los dominicanos accidentados en México.
Las investigaciones arrojan que esta red “se dedicaba a traficar con personas desde Santo Domingo hacia Estados Unidos, a través de países como Guatemala, Panamá y México, por los cuales transportaba a los indocumentados en tráileres”, agregó la nota.
Rescatistas trasladan a una mujer herida en el accidente de un camión con migrantes en una autopista en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, México, el 9 de diciembre de 2021. Foto: AP
La banda, según la información, cobraban hasta 20 mil dólares por persona, “por lo que lograron acumular suntuosas propiedades, incluyendo vehículos de alta gama”.
México vive una de las mayores olas migratorias de su historia. De enero a octubre, el país ha interceptado a 228 mil 115 personas y deportado a otras 82 mil 627, cifras que no se habían visto desde hace más de 15 años. Asimismo, las solicitudes de refugio también han batido récords. De enero a octubre, el país ha recibido 108 mil 195 peticiones.
“El Vampiro”, un hombre que se dedicaba a enviar a migrantes hacia la frontera con Estados Unidos y que podría tener vínculos con los cárteles del Golfo y La Unión Tepito, fue detenido en la Ciudad de México.
Los Ángeles, 29 de octubre (La Opinión).– Un hombre que habría enviado a cientos de migrantes hacia Estados Unidos y que además podría tener vínculos con dos cárteles de drogas, fue detenido.
Huberto “N”, alias “El Vampiro”, de 30 años, fue capturado hace unos días en la Ciudad de México junto con Itzel Biaanni “N”, de 20 años, en los alrededores de una terminal de autobuses.
“El Vampiro” supuestamente es parte de un grupo con nexos con La Unión Tepito, una banda que opera principalmente en ese barrio de Ciudad de México, aunque también tendría vínculos con el Cártel del Golfo, del norte del país.
En la detención del hombre que también es relacionado con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y tráfico de armas, se le hallaron drogas, dinero y teléfonos celulares.
Videos presuntamente grabados por él mismo o sus colaboradores dan cuenta de su labor de mover a migrantes centroamericanos y caribeños desde la capital mexicana hasta el norte, en estados como Coahuila y Nuevo León, a cambio de 500 dólares por cada uno.
“El Vampiro” o “El Vamper” pagaba sobornos a agentes de la Guardia Nacional y a integrantes del Ejército en la capital mexicana y otras entidades.
Del 1 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2021, 443 personas migrantes fueron víctimas de algún delito durante su estancia en la región fronteriza, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Chihuahua.
Por Gabriela Minjares y Blanca Carmona
Ciudad Juárez, 26 de julio (La Verdad Juárez).- Una pareja que migró con sus hijas desde Honduras para cruzar a Estados Unidos cuenta cómo terminó engañada y en manos de una red de tráfico de migrantes que los privaron de su libertad y extorsionaron con miles de dólares a sus parientes. Una mujer que salió de Guatemala en busca de una mejor vida fue entregada en esta frontera a la mafia por presuntos policías. Una familia hondureña esperó su cruce a territorio estadounidense prácticamente escondida por el secuestro que sufrió la madre y su hija.
Son tres historias que exhiben la barbarie y la victimización que enfrentan los migrantes en esta frontera, tras su travesía desde Centroamérica y su paso por México. Encargados de albergues estiman que hasta ocho de cada 10 han padecido aquí algún abuso, violación a sus derechos o una acción criminal.
Sin embargo, consideran que cuando mucho uno de cada 100 migrantes que ha sido víctima de un delito ha presentado una denuncia de manera formal ante la autoridad correspondiente porque tienen miedo y desconfianza.
“De acuerdo con la experiencia, de cada 10 personas que hemos tenido en el albergue ocho traen situaciones muy parecidas no solo porque han sido víctimas de violencia en sus países y en el trayecto han padecido todo tipo de ultrajes, sino porque al llegar a la frontera los secuestran y los roban los mismos “polleros”, personas del crimen organizado o los mismos policías”, asegura el directivo de un albergue que pidió mantener bajo reserva su nombre y el del refugio por protección de los mismos migrantes.
La Fiscalía de Chihuahua en la Zona Norte reporta que del 1 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2021 tiene registradas a 443 personas de origen extranjero que fueron víctimas de un delito durante su estancia en esta región fronteriza.
Policías fronterizos en el Puente Internacional Paso del Norte. Foto: Nacho Ruiz, Cuartoscuro.
De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad encargada de procurar justicia, en 2020 registraron a 313 extranjeros víctimas de un delito y del 1 de enero al 11 de mayo de 2021 sumaron 130. Los delitos de los que fueron víctimas los extranjeros van desde el robo y amenazas, hasta secuestro y homicidio.
“No sólo llegan con los pies dañados por tanto caminar, desnutridos, deshidratados o enfermos, llegan emocional y psicológicamente rotos porque cuando piensan que están a punto de lograr su objetivo, que es cruzar a Estados Unidos, los violentan hasta dejarlos sin pertenencias y en algunos casos hasta sin ánimo para continuar”, dice el directivo del albergue.
Expone que han detectado varios casos de mujeres, hombres y familias completas que han sido secuestradas durante días o semanas desde que llegaron a la ciudad, porque en muchos de los casos los mismos traficantes los retienen con engaños mientras extorsionan a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos o los entregan a grupos criminales con el mismo fin.
En otros casos, cuenta, los que llegan a la ciudad por el aeropuerto o la central de autobuses son abordados por los mismos policías que se encuentran en estas instalaciones o en el exterior, quienes también los retienen para despojarlos de sus pertenencias, extorsionarlos y secuestrarlos.
“Por eso muy pocos se atreven a denunciar, porque tienen miedo que los criminales los reconozcan, que sepan dónde están y puedan tener represalias, prefieren callar y evitan salir”, comenta.
Migrantes cruzan a Estados Unidos. Foto: Nacho Ruiz, Cuartoscuto.
En los casos en los que los migrantes que han sido víctimas de delitos y han decidido interponer la denuncia, tampoco han tenido éxito, porque sólo “los traen a vuelta y vuelta” sin que nada les resuelvan.
El integrante de la red de albergues para migrantes que opera en la ciudad bajo la coordinación del Consejo Estatal de Población (Coespo) afirma que los abusos y delitos narrados por los extranjeros no son ajenos para las autoridades. En varias reuniones representantes de las organizaciones de derechos humanos con las que trabajan han expuesto los casos y nada ha pasado.
Esta inacción y desprotección de las autoridades mexicanas hacia los migrantes durante su estancia o paso por el país ha sido señalada también por organizaciones internacionales que han documentado las situaciones de alto riesgo a las que están expuestos y los han hecho vulnerables a delitos graves como el asesinato, secuestro y desaparición.
Prueba de ello es el informe de investigación denominado “En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México”, elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Asylum Access México; el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
Migrantes centroamericanos se encuentran en un albergue en Juárez. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro.
En la investigación exhiben que los solicitantes de asilo enfrentan abusos no sólo por parte de autoridades, también por bandas de delincuencia organizada, debido a que son enviados a ciudades fronterizas que el gobierno estadounidense recomienda a su ciudadanía evitar porque son de “alto riesgo”.
En un periodo que va de 2019 a mayo de 2020, las organizaciones documentaron mil 114 casos de secuestro, violación sexual, secuestros, extorsión, tortura y asesinato de personas sujetas al Programa Quédate en México que se encontraban en distintas ciudades fronterizas del país, entre ellas Ciudad Juárez; así como 256 casos de niños y niñas que fueron víctimas de secuestro e intento de secuestro.
Víctimas de delito en la frontera norte. Foto: La Verdad Juárez.
“El Gobierno mexicano, muy a pesar de conocer esta realidad, está lejos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones acorde a la ley nacional y la normativa internacional”, dice la investigación.
Consultada sobre el tema, Irma Villanueva Nájera, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, asegura que entre el año 2020 y 2021 han atendido aproximadamente a 80 personas extranjeras en situación de emigración y víctimas de algún delito de varias nacionalidades: Cuba, Honduras, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, El Salvador.
Dice que el primer contacto con ellos se registra principalmente por agentes de la Fiscalía General y la Fiscalía de la Mujer, quienes les canalizan a las personas migrantes y les piden su acompañamiento cuando son rescatadas de algún hecho delictivo o cuando acuden a denunciar.
La encargada de atención a víctimas explica que los migrantes enfrentan hasta una triple vulnerabilidad: la primera, cuando salen huyendo de su país por la violencia, ya trae un estado de victimización; la segunda, cuando viven la inseguridad durante su trayecto; y la tercera, cuando son víctimas de otros delitos en esta frontera.
Migrantes transitan en la frontera norte de México rumbo hacia Estados Unidos. Foto: Nacho Ruiz, Cuartoscuro.
“La atención que se da, muchas veces, es la contención psicológica o la intervención en crisis… y ayuda humanitaria”, comenta. “Posteriormente hay una asesoría jurídica, los defensores jurídicos les brindan información, acompañamiento, en algunos casos somos representantes legales ante las instancias jurídicas, ante el Instituto Nacional de Migración o ante otras instancias que se requieren”.
En contraste, los migrantes exponen que las autoridades tienden a negar o minimizar sus casos. No pasa de que escuchen y digan que van a actuar, sostiene el directivo del albergue.
De acuerdo con los testimonios narrados por los propios migrantes en el albergue que dirige y por otros directivos que forman parte de la red de apoyo, las víctimas han señalado no sólo a los “polleros” y grupos criminales de los delitos cometidos en su contra, sino a policías de todas las corporaciones, incluyendo a personal dedicado a protegerlos que presuntamente trabaja en el Instituto Nacional de Migración (INM).
“Ahora si que no podemos apartar a nadie, la corrupción está extendida en todos los niveles de las autoridades”, dice el director del refugio, “realmente llega un momento en el que decimos que ahora si no sabemos de quién cuidarnos”.
En medio de una de las crisis migratorias más fuertes por el aumento del flujo de niños no acompañados que quieren llegar hasta Estados Unidos, el Gobierno de México se alista para reforzar sus acciones en la frontera sur.
CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Ante el vertiginoso crecimiento del tráfico de niños, México instalará en su frontera sur 17 campamentos para recibir a menores migrantes, muchos de los cuales viajan solos, anunciaron el miércoles las autoridades.
La creación de los campamentos se enmarca en un plan que acordó el Gobierno con las autoridades regionales para reforzar la vigilancia en la frontera sur y atender a los menores migrantes que alcanzaron en marzo los 18 mil 800, indicó el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matinal.
“Hemos tomado la decisión de reforzar las acciones en la frontera sur. Es mejor prevenir en la frontera sur, darle atención a los niños”, afirmó López Obrador al reconocer que para las autoridades mexicanas es “muy preocupante” el incremento que ha mostrado en los últimos meses la cifra de menores migrantes.
En diciembre el registro de menores migrantes era de cuatro mil 993 y tres meses después la cifra subió a 18 mil 800, precisó el mandatario.
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López Obrador dijo que los campamentos para los menores migrantes estarán a cargo de funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) que trabajarán de manera coordinada con las autoridades locales.
Al respecto, el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, adelantó la víspera que esa dependencia le cederá algunas instalaciones al DIF para establecer los campamentos.
El nuevo plan de atención a los menores migrantes coincide con los recientes pedidos que ha hecho Estados Unidos a México y los países del llamado Triángulo Norte -Guatemala, Honduras y El Salvador- para que ayuden a reducir el número de niños que están ingresando de forma irregular a territorio estadounidense.
Washington anunció este mes que había llegado a acuerdos con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para utilizar miles de elementos de las fuerzas de seguridad para contener el tráfico de migrantes. En marzo las autoridades mexicanas anunciaron el despliegue de ocho mil 715 militares en las fronteras norte y sur del país con 30 puestos de revisión para atender el flujo masivo de migrantes.
El creciente número de niños, muchos de ellos sin acompañantes, que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en un problema para el Gobierno de Joe Biden, quien designó a su Vicepresidenta Kamala Harris para atender el masivo ingreso de migrantes.
La administración de Biden continúa devolviendo rápidamente a la mayoría de los migrantes a México, pero ha anunciado que no lo hará con los menores no acompañados que están siendo trasladados a albergues antes de reunirse con sus familiares.
Las familias centroamericanas, alentadas por los contrabandistas, migran cada vez más con niños pequeños con la esperanza de que esto mejore sus posibilidades de que se les permita permanecer en Estados Unidos mientras sus casos avanzan.
La principal fuente de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, que se han visto golpeados por la crisis económica agudizada por la pandemia del coronavirus, la corrupción, la violencia y más recientemente por dos devastadores huracanes. Para atender las causas de la migración Estados Unidos está estudiando planes de desarrollo económico en esos países.
Además del despliegue de efectivos a lo largo del fronterizo río Suchiate, se instalarán más controles de documentación y filtros sanitarios y se vigilarán las zonas de cruce ilegal de personas con drones y mecanismos de visión nocturna.
CIUDAD DE MÉXICO, 19 marzo (AP).- México inició el viernes el despliegue de cientos de agentes migratorios y efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en la frontera sur del país con el objetivo de lanzar una nueva ofensiva contra el tráfico de migrantes que se centrará en detectar a grupos de familias con menores que hayan cruzado de forma irregular.
Los militares y los miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) protagonizaron un inusual desfile en Tuxla Gutiérrez, la capital del sureño estado de Chiapas, justo un día después de que el Gobierno mexicano anunciara que limitará los cruces no esenciales desde Guatemala con el argumento de evitar la propagación del coronavirus.
El INM explicó en un comunicado que a partir del viernes comenzará el despliegue de efectivos a lo largo del fronterizo río Suchiate, se instalarán más controles de documentación y filtros sanitarios y se vigilarán las zonas de cruce ilegal de personas con drones y mecanismos de visión nocturna.
“México desplegará, a partir de este 19 de marzo, operativos en la frontera sur del país para salvaguardar los derechos e integridad de menores de edad migrantes de diferentes naciones centroamericanas, usados por redes criminales como salvoconducto de tránsito para llegar al norte del país”, indicaba la nota.
Según el INM, los traficantes o “guías”, sugieren a los centroamericanos viajar con menores para facilitar la entrada a México y a Estados Unidos, que desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca ha eliminado algunas de las medidas anti-inmigración impuestas por su predecesor.
Del 1 de enero al 18 de marzo, el INM identificó a 4 mil 180 menores migrantes que habían entrado al país de forma irregular. En los tres primeros meses de 2020 se detectaron 5 mil 240 y en el mismo periodo de 2019 fueron más de 8 mil 800.
El flujo migratorio actual no ha llegado todavía a las cifras de 2019 pero la administración estadounidense está preocupada por el rápido incremento desde octubre pasado de los cruces ilegales desde México, sobre todo de menores no acompañados y familias.
El Gobierno de México desvinculó las medidas contra COVID-19 en su frontera sur de las acciones migratorias pero ambas coincidieron en el tiempo. Además, no explicó por qué se ponen en marcha ahora, cuando ha pasado más de un año del inicio de la pandemia.
Las restricciones a los viajes no esenciales con el argumento de controlar el coronavirus sí se implementaron en marzo de 2020 en la frontera norte a propuesta del entonces Presidente Donald Trump. No obstante, los analistas coincidieron en asegurar que su objetivo real era frenar la migración porque permitía expulsiones inmediatas de quien cruzara ilegalmente a territorio estadounidense.
El más reciente precedente de un despliegue de las fuerzas mexicanas como el anunciado el viernes fue hace casi dos años después de que Trump amenazara a México con imponer aranceles si no controlaba el flujo de migrantes, cosa que el gobierno mexicano hizo multiplicando los retenes y controles en toda la ruta pero sobre todo en el sur.
De acuerdo con The Associated Press, hay un video de vigilancia que muestra cómo dos camionetas SUV —una Ford Expedition y una Chevrolet Suburban— cruzaron la apertura de la valla fronteriza el martes temprano. Sin embargo, el primer vehículo, con 25 personas al interior, chocó contra un camión con remolque, lo que dejó 13 muertos, 10 de ellos mexicanos.
Por Elliot Spagat
HOLTVILLE, California, EU (AP).— Trece personas que murieron en uno de los choques más mortíferos registrados en la zona fronteriza eran parte de 44 personas que ingresaron de forma irregular a Estados Unidos a través de una brecha en la valla fronteriza de California con México, informó el miércoles un funcionario de la Patrulla Fronteriza.
El jefe de la agencia para el sector de El Centro, Gregory Bovino, dijo a The Associated Press que hay un video de vigilancia que muestra cómo dos camionetas SUV —una Ford Expedition y una Chevrolet Suburban— cruzaron la apertura el martes temprano. Se cree que formaban parte de una operación de tráfico de migrantes.
La Suburban transportaba a 19 personas y se incendió después de ingresar a suelo estadounidense. Todos escaparon del vehículo y fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.
— Consulado de México en Caléxico (@ConsulMexCal) March 3, 2021
La Expedition, abarrotada con 25 personas, continuó hacia el norte, antes de chocar poco tiempo después contra un camión con remolque. Diez de los 13 muertos han sido identificados como ciudadanos mexicanos. Las nacionalidades de los otros tres fallecidos se desconocían todavía. El resto de los que iban en la camioneta y el conductor del camión sobrevivieron.
La Patrulla Fronteriza dijo que sus agentes no estaban persiguiendo al vehículo antes del accidente.
La abertura en la valla estaba a unos 48 kilómetros (30 millas) al este del lugar del accidente, en el corazón del Imperial Valley de California, una importante región agrícola.
La valla dañada estaba hecho con bolardos de acero y fue construida antes de que el expresidente Donald Trump cubriera gran parte de esa parte de la frontera con barreras más altas y que se adentran más en el suelo.
“Los traficantes de personas han demostrado una y otra vez que tienen poca consideración por la vida humana”, dijo Bovino. “Quienes puedan estar pensando en cruzar la frontera ilegalmente deben detenerse a pensar en los peligros que con demasiada frecuencia terminan en tragedias, tragedias con las que nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza y los socorristas lamentablemente están muy familiarizados”, añadió.
Todos los asientos de la Expedition fueron retirados, a excepción de los del conductor y del copiloto, para poder acomodar más pasajeros de lo normal, precisó Omar Watson, jefe de la división fronteriza de la Patrulla de Caminos de California.
Seguiremos en estrecha colaboración con las autoridades a fin de asistir a las personas mexicanas fallecidas y heridas, con todo el respaldo de la @SRE_mx. Ofrecemos nuestro más sentido pésame y reiteramos nuestro compromiso con las familias de las personas que perdieron la vida.
— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) March 3, 2021
No se ha determinado todavía la causa del choque, dijeron las autoridades. El vehículo fue diseñado para transportar a ocho personas con seguridad, pero se sabe que los contrabandistas suelen llenar sus vehículos con pasajeros en condiciones extremamente inseguras, con tal de maximizar sus ganancias.
El choque ocurrió durante la parte más activa de la temporada de cosecha en la región agraria californiana de Imperial Valley, que provee gran parte de la lechuga, la cebolla, el brócoli y verduras invernales a los supermercados estadounidenses. Holtville, donde ocurrió el accidente, es una comunidad pequeña que se llama a sí misma la capital mundial de la zanahoria.
La zona se volvió una ruta importante para cruces fronterizos a finales de la década de 1990 luego de que un incremento de las patrullas en la zona de San Diego hizo que los traficantes llevaran a los migrantes a zonas más remotas. Muchos cruzaron el Canal All-American, un acueducto a lo largo de la frontera que lleva aguas del río Colorado a granjas por medio de una amplia red de canales.
Apenas a kilómetro y medio (una milla) del sitio del choque hay un cementerio donde se sepulta a migrantes que murieron cruzando la frontera desde México cruzando el desierto californiano. En la parte trasera del Cementerio Terrace Park en Holtville, filas de ladrillos marcan los restos no identificados de personas que murieron, entre ellos muchos migrantes.
Los cruces irregulares en el área cayeron drásticamente a mediados de la década del 2000, pero la zona ha seguido siendo atractiva para los traficantes de migrantes y fue una prioridad para la construcción del muro fronterizo durante la Presidencia de Donald Trump. El primer proyecto de construcción del muro fue en Calexico, que hace frontera con la ciudad mexicana de Mexicali.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California indicó que es posible que los criminales que asesinaron a Edgar Flores Santos, empleado del Consulado de Estados Unidos, lo hayan confundido con un policía.
Tijuana, 6 de octubre (Zeta).- La principal línea de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, indica que criminales dedicados al tráfico de migrantes confundieron a Edgar Flores Santos, empleado del Consulado de Estados Unidos, con un policía y por eso los asesinaron el 30 de septiembre. La carpeta incluye un detenido.
Así lo informó el lunes 5 de octubre, en conferencia de prensa, Hiram Sánchez Zamora, Fiscal Central de la FGE, también señaló que Edgar Flores Santos estaba trabajando al momento de ser privado de la vida, y era supervisor de agricultura para el Consulado estadounidense.
“Probablemente fue confundido por un elemento policiaco, por un grupo de sujetos quienes lo trasladaron hacia otro punto, dentro de la Ciudad, en ese lugar – cañón ‘Chupacabras’ en Valle Redondo, Delegación Presa Rural- fue golpeado, lesionado, y privado de la vida con el uso de armas de fuego”.
Sánchez Zamora confirmó que el empleado del Consulado de Estados Unidos fue asesinado de nueve disparos hechos con un arma de fuego, y no con una arma punzocortante como se había anunciado por un comunicado de prensa de la FGE, incluso que una de las armas fue utilizada en un asesinato en el Centro de Tecate.
“La información que teníamos nosotros en ese momento –viernes 2 de octubre- era que las lesiones eran producidas por proyectil de arma de fuego, después el Servicio Médico Forense -Semefo- dijo que había sido –la muerte- por lesiones por objeto punzocortante”.
Edgar Flores Santos, quien fue asesinado el pasado 30 de septiembre, fue encontrado sin vida con nueve disparos de arma de fuego. Foto: Zeta
Sin embargo, se solicitó al Servicio Médico Forense que hiciera un análisis más amplio del dictamen y horas después se dictó que había habido un error y pidió que se incorporara el dictamen correcto”, dijo el funcionario estatal.
Detalló que el 1 de octubre, día en que se localizó el cadáver de Edgar, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) detuvo por la zona a dos hombres en posesión de metanfetamina. Tras la investigación, determinaron que uno de ellos, identificado como Juan Carlos “N”, tuvo relación con el asesinato.
El Fiscal Central señaló que presuntamente se encargo de esconder el cadáver de la víctima, motivo por el que enfrenta cargos por el exhumación, es decir el ocultamiento del cuerpo, sin embargo, en caso que al avanzar la investigación se determina que tuvo una relación directa con el homicidio entonces enfrentara cargos por homicidio doloso.
La investigación ha demostrado que hubo más participantes el asesinato y se está trabajando para identificarlos y detenerlos.
Se mencionó que forman parte de un grupo delictivo que se dedican a cruzar personas de manera ilegal a Estados Unidos y que operan en la zona donde fue asesinado Edgar Flores Santos, incluso a 300 metros se encontraron otras armas ocultas, las cuales no fueron utilizadas en el homicidio.
“Es una zona en la que el Fiscal -Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández- ya había hecho el señalamiento que es de alta incidencia delictiva, principalmente sujetos dedicados al tráfico de personas y al de narcóticos o drogas hacia el vecino País del Norte”, destacó.
La pena impuesta al hijo de Pepe Aguilar incluye seis meses de rehabilitación en un centro de terapia psicológica. El juez instó al hijo del cantante a que “tuviera cuidado, se mantuviera sano y sobrio” y que tomara en consideración a toda la gente que perjudicó con su mala decisión.
San Diego (EU), 5 sep (EFE).- José Emiliano Aguilar, hijo del cantante y actor Pepe Aguilar, fue condenado hoy a tres años de libertad condicional por intento de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos desde México.
Al dictar su condena, el juez federal Anthony J. Battaglia tomó en consideración que el hijo mayor del popular intérprete ha estado en rehabilitación desde su detención, dado que sufría problemas por “depresión” y de consumo de drogas, según indicaron en la corte.
Durante la audiencia, que tuvo lugar en la corte federal de San Diego, California, José Emiliano Aguilar estuvo acompañado de su familia, incluyendo a su madre y su padre.
“Soy una buena persona; tomé una mala decisión”, dijo el joven de 24 años al juez, antes de conocer la condena por intentar introducir a cuatro ciudadanos chinos en Estados Unidos en el maletero de su automóvil.
El juez instó al hijo del cantante a que “tuviera cuidado, se mantuviera sano y sobrio” y que tomara en consideración a toda la gente que perjudicó con su mala decisión.
La pena impuesta al hijo de Pepe Aguilar incluye seis meses de rehabilitación en un centro de terapia psicológica.
El cantante y actor mexicanoestadounidense, Pepe Aguilar, habla con periodistas a su llegada a la corte federal de San Diego, California, donde su hijo José Emiliano Aguilar fue condenado a tres años de libertad condicional por intento de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos desde México. Foto: EFE
La Fiscalía, por su parte, había pedido que la condena tomara en consideración que se trató de un delito serio, ya que hubo un tráfico con cuatro adultos de forma “inhumana”, al llevarlos encerrados “como sardinas” dentro de un vehículo.
José Emiliano abrazó a su abogado y familias tras escuchar su condena y salió de la corte sin ofrecer declaraciones a los medios.
Por el contrario, el padre indicó sentirse contento con la resolución del juez, aunque, confesó, si se hubiera optado por otra condena, igualmente estaban preparados para “acatarla”.
“Tenemos una felicidad tremenda de que mi hijo no esté en la cárcel y también una responsabilidad de ayudarle lo más que se pueda”, agregó el artista.
El hijo del popular músico fue detenido el pasado 14 de marzo en el paso fronterizo de San Ysidro, que separa San Diego y Tijuana, cuando hallaron cuatro personas en el maletero de su vehículo.
Los cuatro declararon que aceptaron pagar entre 3 mil y 60 mil dólares si lograban ingresar a Estados Unidos, según la acusación federal.
En 2014, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) detalló que el 38 por ciento de los menores migrantes mexicanos no acompañados detenidos en Texas fueron reclutados por grupos delictivos para el tráfico de migrantes. Entre 2010 y 2014, fueron detenidos 158 menores acusados de ayudar a migrantes a cruzar la frontera de forma ilegal al territorio norteamericano, según la Procuraduría General de la República (PGR).
Por Ana Luisa Guerrero
Ciudad de México, 27 de abril de 2017 (SinEmbargo/AgenciaConacyt).- Fernando tiene 16 años y desde hace dos se dedica al tráfico de migrantes en la frontera entre Tamaulipas y Texas. Ya ha sido deportado en tres ocasiones por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, mejor conocida como Patrulla Fronteriza, pero dice que seguirá en el negocio debido a la buena paga que recibe: alrededor de 70 dólares por persona que pasa, siendo que en una semana cruza tres veces el Río Bravo con grupos de hasta 10.
Él es uno más de los llamados “polleritos” o “coyotitos”, niños y adolescentes reclutados por grupos del crimen organizado, cuya mayor ventaja es que por ser menores de edad, las autoridades de Estados Unidos no les fincan responsabilidades penales y su única sanción es la deportación a México. Las autoridades los llaman “menores de circuito” y los relacionan con el tráfico de personas y drogas.
Fernando ingresó a esta red ilegal por invitación de un familiar. Comenzó como “halcón” para notificar la presencia de policías y militares estadounidenses cerca del río que sirve de línea divisoria entre ambos países, una valiosa información para quienes cruzan a los migrantes. Pronto se dio cuenta que podría aumentar sus ingresos y, con la anuencia de sus padres, se lanzó como “pollerito” luego de haber recibido un adiestramiento en la actividad; trabaja para unos jefes que, a su vez, reportan a otros jefes.
La manera de pensar de muchos jóvenes ante crisis económicas y espirituales es “vive bien unos años, aunque mueras joven”. Foto: Agencia Conacyt
Entre 2012 y 2015, académicos del Colegio de la Frontera Norte (Colef), que pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), realizaron proyectos de investigación en los que identificaron la participación de menores en el tráfico de migrantes a partir de entrevistas —como la de Fernando— en albergues de Tamaulipas, en las ciudades de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
El doctor Óscar Misael Hernández Hernández, adscrito al Departamento de Estudios Sociales, comparte con la Agencia Informativa Conacyt una descripción de la incursión de estos nuevos recursos humanos a la red de coyotaje que operan grupos del crimen organizado.
Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿Qué define a este fenómeno?
Óscar Misael Hernández Hernández (OMHH): En la migración ilegal de menores no acompañados hay múltiples clasificaciones, desde aquellos que lo hacen por razones de trabajo, de reunificación familiar o por aventura, y otra que distingue a aquellos menores provenientes de estados del interior del país y los que son residentes de las ciudades fronterizas. En esa última clasificación encajan los menores de circuito que, al residir en las ciudades fronterizas, cruzan de manera irregular y que, al ser detectados, son regresados y vuelven a cruzar.
O lo que han identificado algunas instituciones, como los Centros de Atención a Menores Fronterizos (Camef), es que estos menores suelen dedicarse a actividades como el tráfico de migrantes. Nosotros hemos identificado que algunos de estos chicos no sólo se dedican al tráfico de migrantes, sino también al tráfico de drogas; esto se debe a una situación estructural que hay en las ciudades fronterizas y es el hecho de que los grupos del crimen organizado tienen el monopolio de estas actividades ilegales, porque son bastante rentables.
En ellas, los menores representan los nuevos recursos humanos utilizados considerando dos criterios: que son menores de edad y hacer estas actividades no es punible ni en México ni en Estados Unidos y, como ya tienen experiencia en cruzar la frontera, son un capital social considerable en términos de las redes que tienen, la ruta que conocen, la gente con que se vinculan.
Los casos de estos chicos son bastante interesantes porque si para los migrantes irregulares en general los riesgos son considerables, para los “polleritos” son aún más por el tipo de actividades que desarrollan.
AIC: ¿Cuál es el rango de edad de los menores que se dedican a estas actividades?
OMHH: En la frontera de Tamaulipas hemos identificado que oscilan entre los 14 y los 17 años; hasta ahora hemos identificado que se trata de varones, no de mujeres como en el caso de la frontera sur de México, aunque hay casos excepcionales, por ejemplo, un trabajo novedoso en el valle de Texas ha identificado algunas mujeres que no son mexicanas, sino texanas.
AIC: ¿Cómo identifican a estos menores?
OMHH: Son chicos que constantemente llegan a los albergues de los Camef en la frontera; son detenidos por la Patrulla Fronteriza, que son repatriados. Hemos identificado que son chicos residentes en colonias o sectores populares y —no en todos los casos, pero sí en muchos—, cuyas familias saben que se dedican a este tipo de actividades porque a partir de ellas contribuyen a la economía familiar.
Para ellos es cotidiano que los detengan y los deporten. Uno de ellos nos contaba que llevaba cien ocasiones que había cruzado la frontera en el transcurso de tres años. Es algo increíble y cuando vas conociendo las historias, te das cuenta que es algo posible porque ellos han crecido en las ciudades fronterizas, conocen muy bien las dinámicas, las pasadas por el río Bravo, tienen vínculos con personas que han hecho este tipo de actividades como un modus vivendi. Se trata de una economía ilegal fronteriza que ha persistido por décadas en esta región de la frontera y se ha constituido en una cultura de la niñez migrante que reside en las fronteras.
La participación de menores en el tráfico de migrantes comienza a partir de entrevistas en albergues de Tamaulipas. Foto: Agencia Conacyt.
AIC: ¿Cuánto ganan por estas actividades?
OMHH: Sus compensaciones varían, algunos nos comentan que pueden ganar entre 50 y 70 dólares por cada persona que logren pasar; no tenemos datos para el caso del tráfico de drogas, sabemos que en ese tipo de actividades les pagan por viaje o “por mochila”.
El ingreso va a variar según el número de migrantes y de viajes que realizan por semana, unos comentan que viajan hasta tres veces por semana con grupos de hasta diez personas. Haciendo multiplicación sería bastante redituable hacer estas actividades, por supuesto la frecuencia con que se hace no es tan constante cada semana, sobre todo ahora que se ha incrementado la seguridad fronteriza a propósito de la administración del presidente Donald Trump.
AIC: De los testimonios que han recopilado, ¿qué los motiva a integrarse a estas redes?
OMHH: Nosotros hemos encontrado que ninguno de ellos ha sido obligado o amenazado; más bien, narran los ofrecimientos que tienen de personas que ya se dedican a ello y que les muestran lo lucrativo de la actividad en términos económicos, y ellos en forma voluntaria acceden.
Lo hacen tanto por el estímulo económico como por la confianza que se genera a través de los vínculos con quienes los invitan; es decir, se trata de personas que son familiares, amigos o conocidos.
Para ellos, el estímulo económico es lo interesante, pero está la otra cara de la moneda y es el estímulo simbólico, porque para ellos el hecho de traer dólares significa adquirir prestigio ante su grupo de socialización (familiares y amigos), especialmente cuando tienen estímulos extra por desempeñar bien las actividades, como un vehículo o tener a su alcance ropa de marca, aunque sea de imitación.
Más allá de los beneficios simbólicos, el prestigio y estatus que pueden hacerse al inmiscuirse en este tipo de actividades; su ingreso a este mundo delictivo se debe a un problema del Estado mexicano para apoyar a la niñez, adolescencia y juventud, que están en condiciones de vulnerabilidad.
AIC: ¿Hay alguna estrategia gubernamental para inhibir estas actividades?
OMHH: Hoy en día, el gobierno mexicano no tiene ningún programa orientado a los menores de circuito. En Estados Unidos, en 2014, hubo el programa piloto Juvenile Referral Process, aplicado en el estado de Texas, en el que la Patrulla Fronteriza identificaba a estos menores con el propósito de distanciarlos de posibles vínculos con algunos grupos criminales en México y mostrarles alternativas de vida en territorio norteamericano, llevándolos bajo la tutela de una familia o un albergue, llevándolos a centros culturales o recreativos. La idea de fondo era quitar ese vínculo delictivo y ejercer labores de inteligencia criminal y preguntarles a los menores para quién trabajaban. Desafortunadamente el programa solo duró alrededor de un año, después ya no se supo de él.
En México, no se ha hecho ningún esfuerzo para ellos. Recientemente, asistimos a un congreso en la Universidad de Texas, en El Paso, donde se reunieron especialistas y conocimos que en Ciudad Juárez hay un grupo de jóvenes que desde una organización civil implementan acciones enfocadas en los menores de circuito, a quienes les dan seguimiento y les ofrecen charlas con ellos; la idea es abordar la cuestión de los derechos, protección y seguridad de los niños, adolescentes y jóvenes.
AIC: ¿Se trata de un problema estructural?
OMHH: Estamos frente a un severo problema porque se trata de los nuevos recursos humanos que están reclutando algunos grupos delictivos en México. La filosofía que tienen estos grupos en el país es que estos recursos humanos son desechables, no solamente baratos, sino desechables y reemplazables fácilmente, porque las carencias y necesidades económicas son muchas y las aspiraciones simbólicas, aunque sean fugaces, son muy demandadas.
La manera de pensar de muchos jóvenes ante estas crisis económicas y espirituales es “vive bien unos años, aunque mueras joven”.
Es muy preocupante que se esté dando este fenómeno y más preocupante aún es que el Estado mexicano no esté diseñando o instrumentando programas orientados a esta población. La idea no es seguir con discursos de protección de la niñez migrante, la idea es generar políticas y programas de atención a la niñez en general, solo de esta forma se podría prevenir este lamentable fenómeno.
AIC: ¿Es fácil que puedan salir de estas redes?
OMHH: La experiencia de algunos jóvenes ex menores de circuito es que lograron salir de estas redes, pero no es tan sencillo. Para ellos es complicado porque la dependencia económica es grande, una forma de vida importante porque se gana mucho en poco tiempo, a pesar de que el riesgo es muy alto.
El otro asunto es que es complicado dejarlo porque las personas para quienes trabajan no les conviene que alguien como ellos los deje porque tienen información que, de ser divulgada, podría jugar en su contra.
AIC: En este problema, ¿qué papel juegan las instituciones?
OMHH: Las instituciones tienen la obligación —ahora más que nunca— de diseñar programas orientados a la atención de los menores de circuito, tanto “polleritos” como “muleritos”.
El Estado mexicano tiene que implementar programas orientados a reintegrar a la niñez migrante, no de protección ni atención, sino de prevención. Se deben hacer valer los derechos de niños, que es algo que es por más conocido, porque el reclutamiento por parte de grupos delictivos es un fenómeno que no conviene en un sentido humanista ni político para el Estado.
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