“Resulta de utilidad para mantener informada a la población, y por lo mismo, también será parte de lo que se habrá de revisar”, informó a través de un comunicado. Sin embargo, en ningún momento se refirió a las declaraciones de Rodríguez Lozano atacando al Semanario ZETA y a su codirectora Adela Navarro Bello.
Baja California, 7 de diciembre (ZETA).– Después de las declaraciones que Amador Rodríguez Lozano, el Secretario General de Gobierno de Baja California, dio a selectos medios de comunicación en Mexicali, donde desestimó las investigaciones periodísticas de Semanario ZETA en las que se le relaciona en actos de corrupción, se buscó de inmediato a través de la dirección de Comunicación Social, la postura del Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, sin obtener respuesta oportuna.
Desde las 13:54 horas se solicitó hablar con Bonilla Valdez para confirmar si lo dicho por Rodríguez Lozano, en su calidad de Secretario General de Gobierno, era la postura oficial del Gobierno del Estado.
La respuesta del equipo de Comunicación Social del Gobernador, encabezado por Juan Guízar, fue que lo revisarían con Jaime Bonilla, para dar una respuesta.
A las 17:54 horas enviaron un comunicado por parte de Gobierno del Estado, en el cual Bonilla Valdez pidió a sus colaboradores respetar el trabajo de los reporteros.
También hizo un llamado a mantener la calma y esperar los resultados de las investigaciones que está realizando la Secretaría de Honestidad y la Función Pública sobre el actuar de los ex funcionarios involucrados, Cynthia Gissel García Soberanes y Jesús Damián Núñez.
“De la misma forma reitera su respeto a los periodistas de Baja California y a la libre expresión, porque todo aquello que se ha señalado con respecto a este y otros casos, resulta de utilidad para mantener informada a la población, y por lo mismo, también será parte de lo que se habrá de revisar”, reza el texto, pero en ningún momento se refirió a las declaraciones de Rodríguez Lozano atacando al Semanario ZETA y a su codirectora Adela Navarro Bello.
El día de ayer, el Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, quien ha sido señalado en una investigación oficial en la Secretaria de Honestidad y Función Pública de estar inmiscuido en presuntos actos de corrupción que sucedieron –de acuerdo a un testigo- cuando solicitaron a través de quien fue Secretaria de Bienestar, Cynthia García Soberanes, 20 millones de pesos a un empresario con la promesa de entregarle contratos de proveeduría, atacó a ZETA, por la publicación en las dos últimas ediciones, de la investigación respectiva.
Los trabajos periodísticos de ZETA publicados en la edición 2383 correspondiente a la semana del 29 al 5 de diciembre de 2019 con el titular La Corrupción en Gobierno de Bonilla, y en la 2384 que circula a partir de este viernes 6 de diciembre con el cabezal, implica García a Amador en moches, fueron fundamentados con documentos que constan en la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
Capturas de pantalla de conversaciones de la ex Secretaria de Bienestar, facturas de compras de dos ex funcionarios públicos del Gobierno de Jaime Bonilla, y el testimonial del operador de los moches, Rosendo Colorado, que consta en la investigación oficial, y que le fue tomada además, por personal de la Fiscalía General del Estado para integrar el expediente NUC 0202-2019-4471.
Tijuana, la serie original de Netflix, llega a la plataforma en busca de sensibilizar a la sociedad sobre el ejercicio periodístico, un oficio que resulta peligroso para quienes lo ejercen en un país que deja casos de acoso, persecución, amenazas, desaparición y hasta asesinatos en impunidad.
Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA, relata en entrevista con SinEmbargo cómo el equipo de producción de la serie que se estrena este viernes llegó a la redacción de la publicación a platicar con los reporteros, editores y fotógrafos para adentrarse en el quehacer periodístico y así mostrar una historia basada en acciones reales.
Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– “Los periodistas se acostumbran a vivir con la muerte a un lado y piensan que eso es normal, pero no lo es”. Así culmina el tráiler de Tijuana, la nueva serie original de Netflix que arriba al catálogo de la plataforma este 5 abril con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la peligrosa labor que ejercen los periodistas en México.
Creada por Zayre Ferrer y Daniel Posada como su showrunner, la serie se inspira en el semanario ZETApara contar la historia de un grupo de periodistas que trabaja en el periódico Frente Tijuana y que investiga sobre el asesinato de un candidato a la gubernatura de Baja California que les revelará en el camino el entramado que hay detrás de este homicidio.
Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA, contó en entrevista con SinEmbargo que el equipo de producción de la serie llegó a la redacción de la publicación a platicar con los reporteros, editores y fotógrafos para adentrarse en el quehacer periodístico y así mostrar una historia basada en acciones reales.
“Ellos querían que su historia de ficción fuese lo más apegado a la realidad del ejercicio del periodismo en México, y seleccionaron al semanario para estudiarlo, para analizarlo y para escribir el guión y producir la serie”.
“No es una biografía del semanario ZETA. No vamos a encontrar a Jesús Blancornelas ni a Héctor Félix Miranda, que son nuestros directores fundadores, o algún otro compañero que trabajaba o trabaja en el semanario en estos momentos. […] Veremos algunos rasgos en el director o en el codirector del semanario, en una reportera o en algún reportero. Vas a ver algunos rasgos de quienes estuvieron aquí o están aquí en el periódico, pero es por esa inspiración de la que fuimos parte”, destacó Navarro.
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Tijuana –protagonizada por Damián Alcázar y Tamara Vallarta– mostrará que ejercer el periodismo resulta una tarea sumamente peligrosa en México, donde hace un par de días Artículo 19 reveló que el país es el más violento de América para realizarlo. De acuerdo con el informe “Ni borrón ni cuenta nueva” de la organización, en pro de los derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión, al menos 124 periodistas han sido asesinados del año 2000 al 2018; además de 19 comunicadores desaparecidos en el mismo período.
Según cifras de la organización se registraron 544 agresiones contra la prensa sólo en 2018 y cerca de 3 mil 594 ataques en los últimos 12 años, durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, siendo este último el más peligroso para el gremio y donde hubo el 99.13 por ciento de impunidad en los casos.
De esta misma violencia ha sido testigo el semanario, que a lo largo de sus 39 años desde su creación, ha visto ser asesinados a sus fundadores como su subdirector Héctor “El Gato” Félix Miranda en 1988 o Francisco Javier Ortiz Franco que investigaba al crimen organizado en la ciudad y fue asesinado en 2004. Sin olvidar que Jesús Blancornelas, cuyo trabajo se basó en la relación del narco con los gobiernos locales, se salvó en 1997 de un ataque directo en su contra por parte de sicarios.
Al menos 124 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 a 2018 en México. Foto: Netflix
La serie buscará sensibilizar sobre profesión, una de las peligrosas para ejercer. Foto: Netflix
Este contexto de violencia contra los periodistas ha incluso empeorado con los años, asegura Adela Navarro.
“No han mejorado las condiciones para el ejercicio del periodismo de investigación en México, para el ejercicio de la libertad de expresión. Antes espiaban a Blancornelas o a Julio Scherer, ahora espían a Carmen Aristegui y a otros periodistas. Ahora asesinan a Javier Valdez y a Miroslava Breach, antes asesinaban a Héctor Félix. Antes señalaron y presionaron, ahora nos están amenazando y presionando a los que estamos haciendo periodismo en México”.
“Desafortunadamente el Estado de derecho no existe, no ha cambiado. Seguimos amenazados, seguimos espiados, seguimos siendo desaparecidos y asesinados”, agregó.
En medio de estas dolorosas cifras en las que los estados de Veracruz, Coahuila, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca se muestra como las entidades más violentas de 2018, a través de 11 capítulos, Tijuana exhibirá otra punto de vista lejos de las series de narcos que se exhiben por todas las plataformas de streaming y la televisión abierta. Ahora será desde la trinchera de los periodistas para sensibilizar a la sociedad acerca de trabajo de este gremio.
“Sensibilizar a nuestra sociedad sobre el trabajo de los periodistas de investigación en un país como el nuestro donde el ejercicio de nuestro oficio, de nuestra profesión, es de los más riesgosos. México está entre los cinco países de mayor riesgo para los periodistas de investigación particularmente. Tratan de sensibilizar a la sociedad de lo que significa hacer periodismo. ¿A qué se enfrentan los periodistas? A las presiones de grupos de la política, grupos del Gobierno, grupos policiacos, de criminales organizados, de narcotráfico. Mostrará cómo desarrollan y lo que se tiene que enfrentar día con día para hacer llegar la información a los lectores”, expuso Adela, quien entró a ser parte del semanario en 1990, cuando los gobiernos local y federal no estaban acostumbrados al periodismo de investigación.
Adela Navarro Bello forma parte de ZETA desde 1990. Foto: Especial
“Ante andanada de series de narcotráfico que se dio en México, y se da en otros países, no es exclusivo nuestro, de contar las historias desde otro punto de vista, de quienes estamos en las redacciones trabajando esos temas. Muchas veces entre las amenazas y las presiones tanto del narcotráfico como del Gobierno”.
“Hay series de abogados, criminólogos, otros tipos de producciones. Una de periodistas yo creo que sí podría ayudar en ese sentido a que la sociedad se entere en qué condiciones, y más en un país como México, estamos haciendo nuestro trabajo en el día a adía. Ojalá que sirva para eso. Estamos en un momento muy difícil en México”.
Navarro Bello cuenta a SinEmbargo que en 2018, el semanario cuyo eslogan es “Libre como viento” fue sujeto de represalias del Gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid en octubre, al retirar la publicidad oficial del sitio. Indicó que el camino para ser periodismo de investigación no ha sido fácil a lo largo de todo este tiempo, pero asegura el que la población siga leyendo ZETA indica que seguirán buscando los medios para mantenerse.
“Desafortunadamente hemos perdido compañeros en el camino, hemos pasado por crisis financieras, crisis económicas, pero aquí estamos y mientras los lectores nos sigan leyendo, y podamos seguir teniendo los medios para sacar adelante cada semana la edición del semanario ZETA, del proyecto de libertad de expresión que encabezamos, lo vamos a seguir haciendo”.
La producción que llegará a la plata forma el próximo 5 de abril, retratará los riesgos que se tienen al ejercer como periodista en México, a través de las investigaciones de Frente Tijuana, un semanario inspirado en ZETA.
Por Brenda Mancera
Ciudad de México, 2 abril (Zeta/SinEmbargo).- Investigar el asesinato de un candidato a la gubernatura del estado de Baja California será el punto de partida de Tijuana, serie creada por Zayre Ferrer y Daniel Posada que seguirá el trabajo de los periodistas de un semanario comprometido con la verdad, al que conoceremos como Frente Tijuana. Cofundado por Antonio Borja (Damián Alcázar), Federica Almeida (Claudette Maillé) e Iván Rosa (Roberto Sosa) como respuesta a la censura en medios oficiales, es un ícono de la libertad de expresión y reflejo de los peligros de ejercer periodismo en México, donde las “amenazas de violencia y homicidios, son cosa de todos los días”.
La trama se desarrollará en época actual con elementos inspirados en Semanario ZETA para mostrar los inicios periodísticos de Gabriela Cisneros (Tamara Vallarta), una joven que llega a Frente Tijuana motivada por aprender de la experiencia de sus fundadores, y que tras pedir sumarse a un caso en específico, vive de cerca las dificultades de la profesión. En el recorrido que la hará cuestionarse los límites por investigar la historia, la guiará Antonio Borja, un periodista interpretado por el actor Damián Alcázar, quien en entrevista con ZETA habló de la importancia del proyecto, su interés por participar en éste y la reflexión que le dejó sobre el periodismo de nuestro país.
—¿Qué te atrajo de Tijuana para ser parte de su elenco?
–Primero el tema, que en los momentos en que lo concibieron y empezamos pláticas, (el periodismo) era un asunto prioritario. Había que tocarse ese tema que no se había tocado en el país nunca y que era importantísimo hacerlo, entonces con muchísimo entusiasmo y con muchísimas ganas de darle voz a tu gremio, de alto riesgo en nuestro país, eso fue lo primero que me jaló. Después, saber que estos chavos son muy jóvenes y muy vitales, y cuando lees los libretos te das cuenta que tienen algo muy importante por realizar, y la certeza de que en verdad van a hacer y proponer cosas que me importan mucho. Todo eso junto me hace aceptar, me pareció un formato completo interesantísimo.
Claudette Maillé es Federica Almeida. Foto: Netflix
—¿Quién es Antonio Borja en la trama y cómo preparaste el personaje?
–Prácticamente todo te lo da el libreto, el guión, también lo que ocurría, el marco de nuestro cotidiano en México, los atentados, las muertes, las agresiones que han sufrido y todo lo que vas siguiendo e integrando. No exactamente en palabras, pero sí en concepto. Él es un director de un semanario que tiene que ser muy sabio y muy sensato para poder mantener a raya a los chicos que son muy temerarios, se sienten héroes y arriesgan la vida como sucede seguramente con muchos jóvenes reporteros. Era entender que la búsqueda de la verdad y el develarla es una cosa de espíritus de personas honorables y que eso se ha estado perdiendo. En fin, todo eso hace que tú más o menos puedas forjar un personaje con mucha columna, con mucha base y consistencia, entonces no hay nada más que pensar en gente como el maestro (Vicente) Leñero, los que iniciaron la revista Proceso, Blancornelas, un montón de gente que tú dices ¡wow!, sí que están ahí, a la intemperie, arriesgándose, luchando contra todas las dificultades para poder develar una verdad y vale la pena. De ahí vas forjando tu personaje, pero principalmente con la base de tu guión, porque si no, entonces yo tendría que poner palabras, por ejemplo, de (Julio) Scherer o de Blancornelas, o de otro periodista y no, porque le moverías. Pero sí (queda) la consistencia de esos personajes, lo que tú, tu intuición y tu imaginación pueden percibir de esta gente, que forma toda una historia del periodismo nacional en este caso.
—Sin embargo, Antonio Borja está inspirado en Jesús Blancornelas. ¿Tuviste un acercamiento especial a su historia a partir del guión?
–Lo platicábamos constantemente, la situación que ocurre y que ha estado ocurriendo de manera sistemática y claro, saber que Semanario ZETA es uno de los primeros que fueron víctimas de estas agresiones, todo eso sí lo platicábamos de manera constante, sobre todo en nuestras conversaciones después de comer o de reuniones, ya no tanto en el set, porque con todo este material e idea vas gestando a tu personaje. Por supuesto que es un homenaje a Blancornelas sin lugar a duda, eso es una opinión mía, no es exactamente que (la serie) sirvió para hacerle un homenaje, pero sí está muy presente en nosotros su figura. La verdad es que está ahí inserta en nuestra propuesta de historia, no nos vamos hacia la realidad y las cosas que les ocurrieron realmente, pero con sugerencias y con guiños entramos a estos temas y con todas estas personas que son esforzadas por develar cosas, y son perseguidas por lo mismo; o sea, está ahí, está metido ahí.
El medio de comunicación será “la herramienta para entrar en la conciencia del público”. Foto: Netflix
—¿Cuál es la importancia de Frente Tijuana como un personaje en la historia?
–Efectivamente esa es, digamos, nuestra herramienta para entrar en la conciencia del público. Queremos que se den cuenta de cómo una empresa pequeña, pero con mucha potencia, honorabilidad y decencia, que ya no existe, intenta incidir en la conciencia colectiva. Sí es importante y es muy importante también hacerle saber a la gente que no todos los medios de prensa están viciados, que hay gente que se esfuerza y esa gente es justamente la que corre riesgos terribles. Todo mundo lo sabe, o por lo menos los que nos enteramos de lo que está ocurriendo en el país, que (el periodismo) es una profesión de alto riesgo, en un país que se suponía demócrata y libre. Solamente algún país en guerra ha de tener más periodistas muertos que nosotros, pero es inverosímil, sí es una cosa atroz, claro, debido a todo el deterioro social, político y económico en que nos han dejado los últimos cuarenta años de mal gobierno.
—¿Tijuana podría ayudar a hacer mayor énfasis en la deuda del Gobierno a la protección de periodistas?
–Hay una deuda de las autoridades, por supuesto, pero no solamente hacia los periodistas, sino con los políticos que son contrincantes del partido del poder, con los líderes sociales, los líderes naturales de los grupos indígenas, en fin. Creo y confío en este nuevo proyecto que empieza a trabajar sobre eso, claro que es muy complicada la situación. Lo hablaba hace unos ocho días con una joven reportera que me decía que no se estaba haciendo nada (en el tema), hablar de las posibilidades de un nuevo gobierno de entrar y resolver estas cosas es sumamente complejo. Sin embargo, está ahí la deuda que tiene el Estado mexicano, pero yo no solamente diría que el Estado mexicano, también la sociedad, de repente perdemos la brújula de lo que ha estado ocurriendo en México por diferentes circunstancias, por supuesto, para empezar la supervivencia. Todo mundo se olvida de que hay cosas importantes por resolver y ahora que se están resolviendo la gente ni se da cuenta. Eso ya nos llevaría a otro tipo de plática, pero está ahí ese problema grave que tenemos que resolverle a esta profesión en México, dignificarla y además, sí, salvaguardarla. Dignificarla porque vemos a estos señores dizque periodistas en la televisión y sabes que están absolutamente comprados, pero es una imagen colectiva que se tiene del periodismo. Hay que liberarse de eso, destacar que sí hay gente muy honorable, muy decente y que lucha realmente por el país, por el ser humano y ocurre en espacios pequeños como estos diarios y semanarios, entonces nosotros estamos justamente trabajando en pos de la dignificación de una profesión de alto riesgo. Es muy complicado hablar esto porque tienes que tratar todo. Si tú ves la historia notarás que destacamos la honorabilidad de esta gente que pone en riesgo su vida, para decirles a las personas qué está ocurriendo, para quitarles la venda de los ojos; yo en eso resumiría nuestro quehacer.
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—Cuando Daniel Posada empezó a trabajar en Tijuana, declaró a ZETA: “Nos queremos alejar del narco, ya con ‘El Chapo’ tuvimos suficiente de narcoseries”, pero esta serie lleva implícito el tema…
–Puedes intentar saltarte ese tema del narco, por desgracia el narco está ahí, y también es un tema importante para el periodismo, en ese sentido no se trata de narcos, pero también los narcos están y teníamos que tocar algunos de refilón aunque sea para tocar ese tema. Por ejemplo, en decirle no a una joven reportera que se arriesga demasiado, decirle ‘nosotros no luchamos contra el narco, nosotros tenemos que ir con mucho pienso porque no hay manera de encontrar a alguien en el narco, es un ente con mucha cabeza, entonces no te metas ahí’. Claro, lo tocamos así, porque finalmente decidimos, en este caso que es un texto mío, decirlo, porque eso me permite seguir adelante, buscamos dónde está, quiénes son los culpables y qué hay que develar, pero nos quitamos de encima el tema del narco como tema central, eso sí.
Damián Alcázar es Antonio Borja, cofundador del semanario. Foto: Netflix
— ¿Qué significó hacerlo desde la plataforma Netflix?
– Que Netflix se abra y nos produzca me parece fue un tesoro enorme que nos cayó como público para acceder a cosas de mejor calidad y sobre todo como actores, porque de repente era vergonzoso estar en una patraña de historia sin cabeza, que solamente servía para todavía atontar más la visión de la gente respecto a lo que está ocurriendo. Entonces, enhorabuena, yo estaba feliz por eso y porque no estábamos haciendo televisión convencional mexicana. Estoy acostumbrado a trabajar primero con gente siempre muy esforzada y estos chicos lo consiguieron, entonces estoy acompañado de actores jóvenes buenísimos todos y nos gusta lo que hicimos. Son gente muy entusiasta y con mucha hospitalidad, tratamos de hacer algo vivo, así que de ninguna manera es una serie de televisión, una comedia o telenovela, para nada. Si pudiera decirlo, intentamos hacer la constancia de lo que está ocurriendo en un país y de manera interesante visualmente, no llega a ser por supuesto un documental porque estamos haciendo uso de la ficción, pero estamos tocando los hechos necesitados de contarse.
— Daniel se apoyó nuevamente del trabajo periodístico de Alejandro Almazán para la construcción del guión. ¿Tuviste algún encuentro con él?
– No, no, para nada. Nosotros coincidimos, me parece, en una de las primeras escenas que filmamos en Tijuana, pero no más porque también pensábamos alejarnos para no estar exactamente con lo que les ocurrió en Tijuana. No queríamos hablar de eso, no era ese el objetivo, sólo lo tomamos como plataforma. Teníamos que hacerlo así (para luego rodar en Ciudad de México). Claro que yo decía ‘por qué no nos vamos a Tijuana a trabajarlo allá’, pero era muy difícil mandar a una serie de técnicos y actores a vivir a Tijuana, se volvía mucho más caro de lo contemplado, entonces tuvimos que hacer solamente los exteriores para que se supiera que sí era el Frente Tijuana, que estamos hablando del México profundo al decir fuera.
— ¿Qué reflexión te dejó Tijuana sobre el periodismo que se hace en México?
–Podría quedarme con la idea, y lo que a mí me gustaría transmitirle al público, es que (el periodismo) es una profesión de alto riesgo, una profesión que hay que dignificar, el cuidado de una sociedad que le permite saber qué está ocurriendo y eso lo consigue el periodismo, solamente el periodismo, porque es el que difunde los datos, los hechos de lo que está ocurriendo. Me parece que yo con eso me quedo. Digo, más allá de evidentemente abogar por la vida y por la seguridad de todas las personas, pero vamos, aquí estamos hablando del concepto de la verdad pública, y esa solamente la da el periodista, y el periodista del que estamos hablando, no el chayotero, que son los que abundan por desgracia, entonces hay que dignificar a los pocos que hay y agradecerles, porque eso nos permite tener un criterio y entender qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, en nuestro país o en el mundo.
El Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República se dio en un contexto de violencia inédito en el país, con un número de ejecuciones que supera ya a las que a estas alturas del sexenio acumuló su antecesor, el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra contra el narcotráfico.
Este quinto año de la administración del priista Enrique Peña Nieto terminará como uno de los más violentos e inseguros de la historia contemporánea de México, ya que a partir de la extradición de “El Chapo” Guzmán, la atomización del Cártel de Sinaloa y la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación la actividad criminal se ha extendido en toda la República Mexicana.
El semanario ZETA, el único medio de información en México que mantiene una contabilidad verificada sobre los asesinatos en el país, reporta que, del 1 de diciembre de 2012 –cuando Peña tomó posesión de la Presidencia– al 31 de julio de 2017, se cometieron 104 mil 602 homicidios dolosos.
Tijuana, Baja California/Ciudad de México, (Zeta/SinEmbargo).– Uno de cada cuatro homicidios en México registrados en los últimos 27 años, se han cometido en la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sus números sangrientos, superan incluso a los de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la “guerra” contra el narcotráfico, despertando a miles de sicarios a las órdenes de los grupos criminales en el país.
Miles de familias desgarradas por el homicidio, huérfanos, esposas o madres, rostros y nombres borrados de los grandes números totales: 104 mil 602 homicidios dolosos registrados desde que el priista tomó protesta como Presidente de la República en diciembre de 2012 y hasta el 31 de julio del presente año.
Esta es la cifra más actual y más cercana en el abismo del narcotráfico y la violencia, en el de las desapariciones forzadas, en el de las narcofosas o la desintegración de cuerpos, en el mundo de pueblos alejados de todo, que no cuentan con registros de sus muertos.
Los asesinatos durante la era peñanietista representan el 25 por ciento del total de los homicidios con registro desde 1990 a 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La violencia reflejada en la privación de la vida explotó con Felipe Calderón. Sumando el número de asesinatos durante el Gobierno panista (2006-2012) a los de la administración actual, representan el 49 por ciento de las 427 mil 698 víctimas de homicidio en los últimos 27 años, según las cifras obtenidas por el mismo Inegi. Uno de cada dos asesinatos ocurrió bajo el mandato de Calderón y Peña.
Si la tendencia en ejecuciones continúa tal como ha sucedido en los primeros siete meses de 2017, romperá record en sangre derramada. Del primero de enero al 31 de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alimentado por las fiscalías y las procuradurías de Justicia de los estados de la República, tiene registradas 16 mil 152 muertes violentas.
El número por sí mismo escalofriante cobra mayor nervio cuando se compara con el primer año en que Calderón abrió fuego contra los cárteles de las drogas. Es decir, los más de 16 mil homicidios en los primeros siete meses de 2017 son prácticamente el doble de los que el gobierno documentó en 2007 (8 mil 867).
Cada mes, en 2017, se han registrado entre 2 mil 100 muertes violentas (homicidios dolosos) y 2 mil 461. Algo así como 2 mil 300 ejecuciones en promedio mensual, 78 cada día, tres muertes por hora. Si ese promedio se sostiene, este año terminaría con una cifra récord: 27 mil 690 víctimas.
Las cifras de ejecutados en el gobierno Enrique Peña Nieto se distribuyen así:
EDOMEX, REY DE LA MUERTE
En lo que va del año, en Sinaloa, Chihuahua, un poco Guanajuato y sobre todo Baja California, se ha recrudecido la violencia, entidades que representan puntos estratégicos para el tráfico, producción y distribución de droga en el país.
Al cierre de 2016, los estados con mayor número de muertes violentas fueron:
1. Estado de México, 2 mil 256.
2. Guerrero, 2 mil 213.
3. Veracruz, mil 522.
4. Michoacán, mil 477.
5. Jalisco, mil 470.
6. Baja California, mil 258.
7. Sinaloa, mil 161.
8. Guanajuato, mil 110.
9. Ciudad de México, mil 035.
10. Oaxaca, mil 013.
En comparación a 2017, dichas entidades federativas han desplazado a otras sumamente conocidas por el nivel de presencia de grupos criminales y violencia. Por ejemplo, Guerrero superó al Estado de México, este último con más de 17 millones de habitantes.
Sólo por debajo de Guerrero y Estado de México se encuentra Baja California, donde prácticamente el 80 por ciento de los homicidios ocurren en Tijuana. Lo más grave es que en el top 3, el Estado de México es seis veces más grande poblacionalmente que Guerrero y Baja California, condensando un número mayor de asesinatos por cada 100 mil habitantes.
De enero a julio del2017, según el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, algunos estados han ganado terreno en la escala de muerte.
Con los datos actualizados hasta el 20 de agosto, así el reacomodo en el transcurso de 2017:
CÁRTEL DE SINALOA VS CJNG
Para el doctor David Shirk, investigador de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, la ola de violencia que registra México tiene que ver con una diversidad de factores como la pobreza y la falta de oportunidades sociales.
Sin embargo, aclara, no es lo definitivo, pues los cuadrantes de pobreza más severa en el país no coinciden con los lugares de mayor violencia. Por ello asegura que se trata por un lado del reacomodo criminal que ha dejado la captura del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y la atomización del mismo grupo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al mismo tiempo, el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los motivos de las muertes que se han incrementado y diversificado a lo largo del país. “Tiene que ver con el reajuste del mundo criminal en el acaecer del reino del Cártel de Sinaloa”, describe.
En entrevista con ZETA, el también maestro en Relaciones Internacionales admite que “el crecimiento de CJNG efectivamente se consolidó durante los primeros años de Peña Nieto al lograr la eliminación más grande en cuanto a sus rivales como Los Zetas, Los [Caballeros] Templarios, es en esa época cuando hay un avance muy importante de Sinaloa”.
“La primera captura que realizó el Gobierno de Peña a ‘El Chapo’ no mermó su capacidad de operatividad, pues pudo escapar, estaba en una situación de poder a pesar de estar encarcelado, eso quiere decir que la época de mayor poder de Sinaloa fue en 2012 y 2013. Quitar del juego a ‘El Chapo’ -prosigue el profesor en Ciencias Políticas– es cuando empiezan la inestabilidad, el incremento de la violencia, fue a finales de 2015, particularmente después de moverlo a Chihuahua, la violencia siguió creciendo después de su extradición a Estados Unidos”, dice Shirk.
Shirk es director del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego y cree que la violencia cesará cuando un cártel logre apoderarse en los territorios en disputa o que se logren alianzas para el cese al fuego, pues de eliminar la pobreza o el desempleo, la educación no se podrá llevar a cabo a lo largo de dos años, pero en ese periodo, sí se puede modificar radicalmente la dinámica entre los grupos de delincuencia organizada.
“Las olas de violencia han crecido y disminuido mucho más rápido que los cambios de política o administración pública, lo que quiere decir que a pesar de que a los políticos y policías les gusta adjudicarse los méritos por los cambios de disminución de violencia, como en 2012 y 2014, hay otros factores en los propios grupos criminales”, detalla.
Uno de los problemas más grandes es la impunidad, ya que “la autoridad no tiene tiempo ni capacidad para investigar y castigar los homicidios. Esto es muy problemático, pues si yo mato a alguien y nadie me castiga, lo haré otra vez”.
Es por eso que el margen para disminuir la violencia por parte del Estado es fortalecer las investigaciones y castigar a los homicidas.
Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el de mayor expansión en México en los años recientes, y Abigael González lidera otro grupo criminal: el de Los Cuinis. Foto: Departamento del Tesoro de EU
“GOBIERNO ATACA SÍNTOMAS, NO CAUSAS”
Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, el proyecto ciudadano quizá más ambicioso del país en cuanto a la revisión de cifras sobre inseguridad, “el gobierno ha estado atacando los síntomas sin atacar las causas, que es el mercado negro de las drogas”.
El fundador de Semáforo Delictivo define que las muertes violentas no responden tanto “al mercado de exportación de las drogas” sino al narcomenudeo, pues “el mercado de exportación a veces es violento, pero tiende a resolverse porque es más inteligente y corruptor, la violencia es un costo”.
En contraparte, explica, la venta de drogas al menudeo “tiene que proteger toda una plaza, toda una ciudad o todo un Estado, todo un territorio, generalmente son jóvenes en riesgo reclutados, el ladronzuelo de la colonia en un inicio, no es una organización muy sofisticada, entonces tiene que defender sus territorios con mucha violencia, tienen menos fondos, tienen armas y van colapsando a la autoridad. Ésta es la primera causa de violencia en México.
“Es una competencia de mafias por el territorio. Cuando tienes una sola mafia que controla un mercado de droga, la región suele estar tranquila. Cuando tienes competencia, se provoca mucha violencia. El problema es que el propio Gobierno mexicano ha estado creando esta violencia al atomizar los cárteles, crea más competencia y guerra entre ellos”, remata.
Además, no se puede definir a los grupos criminales sin la complicidad de los gobiernos en turno: “Hay una recomposición en gobierno y obviamente, hay una recomposición en los grupos delictivos, sus alianzas, sus contactos dentro del gobierno. La turbulencia electoral crea turbulencia en el crimen organizado también”.
Para resolverlo, Roel sugiere: “Es muy sencillo y es regulación de drogas. Arrebatarle el negocio, arrebatarle el mercado a las mafias, les quitas el poder económico, bélico y social con el cual reclutan a jóvenes, familias, autoridades, policías. La regulación no implica promover drogas. Promover drogas es lo que ha estado sucediendo en la actualidad, las mafias promueven drogas peligrosas con toda libertad en todo el país”.
“Todos los intentos institucionales que se puedan o quieran hacer con respecto a reducir violencia o corrupción, no van a funcionar si primero no le quitas el dinero a estas mafias”, agrega.
Roel sabe que ni un solo partido político ha subido a su agenda el tema. Y menos ahora que el proceso electoral 2018 está en puerta: “Primero la presión de la DEA, CIA y otras agencias de Estados Unidos en México, a quienes no les interesa que México regule porque si lo hace, ahí se les acaba la piñata, les encanta golpear ante su fracaso en su política de drogas”.
La otra razón es que “hay políticos involucrados en el narco. Ningún narcopolítico va a estar de acuerdo en la regulación de las drogas, se estarían dando un balazo en el pie”. Y por último, “la falta de entendimiento por parte de la sociedad que sigue confundiendo regulación con promoción de drogas y es justo lo contrario. Actualmente es así, consigues droga donde sea”.
CIFRAS MAQUILLADAS
Jimena David es investigadora del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, basó una de sus más recientes investigaciones en torno a cómo se maquillan las cifras de homicidios dolosos al reclasificarlos como homicidios culposos.
“Idealmente estas dos categorías no deberían tener ninguna relación porque uno se refiere a hechos accidentales (culposos) y otro a hechos intencionales (dolosos), por lo que se tendrían que mover de manera completamente distinta”, asegura en entrevista con ZETA.
Sin embargo, cuando Jimena y dos de sus compañeros investigadores del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa estudiaron el comportamiento de las incidencias de estos dos delitos, “encontramos relaciones muy significativas y raras que no deberían existir. No podemos saber con seguridad si están manipulando la cifra, pero los datos se comportan de una manera atípica, así que probablemente haya un problema”, anota.
Las cifras de homicidios dolosos batió el récord histórico en México, desde que se abriera públicamente esta contabilidad en 1997. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro
La investigadora señala que estas reclasificaciones se pueden realizar en las correcciones que cada Procuraduría envía al Secretariado.
“A veces se pueden restar o sumar homicidios posteriormente cuando, por ejemplo, se dieron veinte homicidios dolosos y se le restan dos, uno por causas naturales y otro accidental. Hay varios momentos en que puede ocurrir esto, ya sea por decisión o por errores”.
Respecto a la confiabilidad de estas bases de datos, David considera: “Tanto las estrategias estatales como la nacional, se construyen con información defectuosa”.
Según lo que la investigadora ha recolectado en sus investigaciones, “algunos ministerios públicos están capturando datos a mano en papeles o no tienen servicio de electricidad, esto frena las capacidades de las autoridades para recabar correctamente los datos y hacer el mejor uso de ellos”.
Una de las formas que propone para mejorar las bases de datos respecto a los homicidios en el país, es que los ministerios públicos formen una imagen más completa de las modalidades de este delito, más allá de los datos que tradicionalmente se clasifican como tipo de homicidio, de arma y ubicación, así como la de un organismo de vigilancia.
El semanario ZETA realizó la suma de cada distrito electoral en el Estado de México, de cada fuerza política, de cada casilla con la base de datos que el PREP mantiene en su página y la cual es pública y al alcance de cualquiera. Para el conteo se usó el programa Excel. También se hizo de manera manual y con una calculadora.
Y el resultado fue el mismo en cada plataforma: la página del PREP sumó 238 mil 145 votos de manera irregular al candidato del PRI.
Ciudad de México/Tijuana, 7 de junio (ZETA).– Con los números oficiales, los que el Instituto Estatal Electoral del Estado de México (IEEM) avala en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (Panal), y Verde Ecologista de México (PVEM) fueron beneficiados con votos inexistentes en el conteo digital.
Específicamente, fueron agregados 238 mil 145 votos al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza. Eso arroja un recuento realizado por el semanario ZETA.
El lunes 5 de junio, a la 1 de la tarde, se detuvo el PREP. Tenía un avance de 97.67 por ciento de las actas, es decir, 18 mil 173 actas capturadas del total de 18 mil 606. Únicamente faltaron 401 actas para contabilizar el 100 por ciento de las entregadas por funcionarios de casilla a sus respectivos consejos distritales.
Los resultados del PREP que fueron descargados en la página electrónica para consumo público, se obtuvieron de la captura de cada una de las actas de escrutinio y cómputo, acopiadas en los Consejos Distritales al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Tales resultados son preliminares toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral.
Esos datos sirvieron para que el Instituto Estatal Electoral anunciara la ventaja para el candidato de la alianza del PRI, Alfredo del Mazom, con 1 millón 955 mil 347 votos.
En segundo lugar, la candidata de Morena, Delfina Gómez, con 1 millón 786 mil 962 votos.
Se dio ventaja de 168 mil 385 votos para el PRI y sus aliados.
Esos números del PREP que han estado a la vista y consulta pública desde el domingo 4 de junio, fueron tomados por ZETA para hacer una suma individual y manual de los mismos.
El equipo de ZETA encontró inconsistencias exclusivamente a favor del PRI y sus aliados.
238 mil 145 votos contados de más para el candidato del Mazo.
El resto de los candidatos en la sumatoria individual y manual, aparecen con la misma cantidad de votos asignada en el PREP, no así el PRI y aliados, quienes en el resultado del PREP contabilizan 1 millón 955 mil 347 votos, pero al hacer la suma individual de todos los distritos en la categoría votos asignados a la alianza, el resultado son 1 millón 717 mil 202 votos, de ahí la diferencia a favor de 238 mil 145 votos a del Mazo.
ZETA realizó la suma de cada distrito electoral, de cada fuerza política, de cada casilla, descargada de la base de datos que el PREP mantiene en su página y la cual es pública y al alcance de cualquiera (http://www.prepieem.org.mx/rptDistrital_part.html)
Para realizarlo se tuvo acceso a la página del PREP el cual sigue estando al alance de todos en algunos medios de comunicación que prestaron sus plataformas digitales para su difusión.
La base de datos se presenta por cada distrito electoral, 45 en total en aquella entidad, algunos comparten su cabecera con el mismo municipio. Para el ejercicio matemático, ZETA copió en Excel –un programa de cómputo especializado en tareas contables basadas en hojas de cálculo– cada uno de los resultados del PREP por distrito.
En la imagen se muestra, por ejemplo, cómo se selecciona y se copia la información de los resultados del Distrito 9 en el Estado de México con cabecera en Tejupilco de Hidalgo.
Pero podría ser cualquier distrito, todos y sin excepción dan el mismo resultado: la manipulación del total de votos, exclusivamente a favor del PRI y su candidato Alfredo del Mazo Maza.
Posterior a copiar cada uno de los Distritos electorales y “pegarlas” al programa Excel, se prosiguió a sumar cada columna de cada partido político, incluyendo los votos nulos, los votos para candidatos sin registro y los totales.
Los resultados que arroja el PREP coincide en todas las columna, excepto en la del PRI y sus partidos aliados, sumándole votos de más. Ni el PAN, ni MORENA, ni el PRD, el PT o la candidata independiente tienen el mismo error.
Incluso, ZETA, de manera manual y con una calculadora sumó cada resultado capturado al PRI; se obtuvo la misma conclusión. El resultado de la suma elaborada no coincide con el resultado que presenta el PREP y con el que se le da la virtual victoria al candidato del PRI.
Tan solo en el distrito 9, con cabecera en Tejupilco de Hidalgo, el PREP le da 12 mil 787 votos de más; la suma real arroja 65 mil 795 votos a Alfredo del Mazo, pero el Instituto Estatal Electoral le publica al PRI 78 mil 582 votos (como se muestra en la imagen).
El PREP da como virtual ganador a Alfredo del Mazo (total de votos de la alianza) con 1 millón 955 mil 347, cuando, con los mismos números pero sumados cada uno de ellos, el conteo final es de 1 millón 717 mil 202 votos. De confirmarse el favorecimiento de votos, que es evidente y comprobable en la página electrónica del PREP, los resultados finales de la elección, al corte del 5 de junio con el 97.7 por ciento de las actas computadas, daría el triunfo a la candidata del que obtuvo el segundo lugar con 1 millón 786 mil 962 votos.
Funcionarios del Instituto Estatal Electoral del Estado de México y de la empresa que realizó el Programa de Resultados Electorales Preliminares, fueron buscados por reporteros de Sinembargo.mx pero no se obtuvo respuesta alguna para conocer el porqué de la inconsistencia que favorece el PRI con 238 mil 145 votos en la elección del Estado de México.
Investigadores de México y Estados Unidos informaron que José Roque García, ligado al supuestamente extinto cártel de los Arellano Félix , regresó a Tijuana con la intención de restablecer la organización criminal. Las autoridades del estado no han dado a conocer cómo, cuándo y por qué el presunto narcotraficante fue liberado.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- José Roque García, presunto integrante del cártel de los Arellano Félix a quien se le perdió la pista desde 2009, está de regreso en Tijuana, Baja California, no sólo para disputarse la plaza con el Jalisco Nueva Generación (CJNG), también para atentar contra el semanario ZETA.
De acuerdo con una denuncia hecha por el medio, el pasado miércoles 5 de abril, la codirección de ZETA fue informada de que un grupo binacional de inteligencia en la persecución de grupos del narcotráfico y el crimen organizado, captó la amenaza de Roque García de “acabar con el semanario”.
“Atacar el edificio del periódico no es el único plan criminal de este hombre identificado como originario del Barrio Logan de San Diego. Lo suyo es una serie de actos de violencia de alto impacto, en un intento de demostrar poderío criminal y arrebatarle la ciudad al CJNG y al Cártel de Sinaloa, para recuperarla para el Cártel Arellano Félix, que él pretende encabezar una vez aprehendidos quienes fueron sus dirigentes criminales: Francisco Javier Arellano Félix ‘El Tigrillo’ [2006] y Fernando Sánchez Arellano ‘El Ingeniero [2014]”, advirtió este viernes ZETA.
Esta no es la única amenaza de la que ZETA ha sido víctima en los últimos meses. El pasado 25 de noviembre, en la edición 2226, el semanario publicó una serie de fotografías y nombres de los criminales más buscados en Baja California, entre ellos, integrantes del Jalisco Nueva Generación.
Roque García fue detenido junto con Eric Ballesteros Estrada y Jaime Ocampo Morineau en mayo de 2004, cuando tenía 26 años de edad. Admitió haber asesinado a personas, a algunas las deshizo en ácido, así como traficar con droga y extorsionar a comerciantes.
El caso fue ligado al cártel de los Arellano Félix y atraído por la Procuraduría General de la República (PGR). Roque García ingresó al penal de El Hongo, en Mexicali, pero unos años después obtuvo su libertad. Para 2009, elementos del Ejército lo volverían a aprehender en operativos de búsqueda de integrantes de dicha organización.
En los años siguientes poco se supo de él, hasta este año, cuando autoridades de México y Estados Unidos comenzaron a buscarlo.
ZETA destaca que “apoyado con recursos ilícitos y por agentes corruptos de la Policía Ministerial de Baja California, José Roque García ha regresado a Tijuana y, relatan investigadores binacionales, su intención es restablecer el [cártel de los Arellano] sin la ayuda del CJNG”.
A pesar que autoridades de ambos países han declarado en sobradas ocasiones que el cártel ha sido desmantelado, integrantes de las distintas células de los Arellano Félix en sus diferentes etapas “son quienes se reúnen para intentar revivir la disminuida organización”.
Autoridades de Baja California no han proporcionado información de cómo, cuándo y por qué Roque García fue liberado. También se desconocen los nombres de los asociados criminales de García y la forma en la que ha corrompido -de acuerdo con la investigación nacional- a policías ministeriales que ahora sirven a sus ilícitos propósitos.
“Una vez más, ZETA está bajo amenaza y en esas condiciones ejerce el periodismo de investigación, en un país que es riesgoso para el desarrollo del oficio. México, donde tan sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto 30 periodistas han sido asesinados -de acuerdo con la organización Artículo 19-, convirtiendo a nuestra República en uno de los cinco países más peligrosos para el ejercicio libre del periodismo”, señaló el medio.
El Semanario Zeta hace uno de los pocos conteos independientes que quedan en México desde la llegada del PRI a Los Pinos; casi todos los demás, desaparecieron de la prensa. De acuerdo con sus cifras, el Gobierno Federal no solo ha fracasado en su estrategia contra la violencia en el país, producto del crimen y el narcotráfico; además, sigue en su afán por disimular la información sobre los daños y la sangre derramada. El Estado de México, que gobernó el propio Presidente de México, encabeza la lista de los estados más violentos. Le siguen Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa. La Ciudad de México está en el sexto lugar.
Por Isaí T. Lara Bermúdez
Tijuana/Ciudad de México, 4 de septiembre (Zeta/SinEmbargo).– Las muertes dolosas en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto (menos de cuatro años) son incalculables. Existe un intento endeble –y refutable- por parte del Gobierno Federal por contabilizar el número que se convierte en una de las principales causas de muertes en el país.
Por sí solas, las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación son escandalosas: 63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas en lo que va del gobierno priista. Desde luego, no fue tema de relevancia en el Cuarto Informe presidencial.
Pese a lo posible en establecer una cantidad de víctimas por el delito de homicidio doloso, México está lejos de conocer a precisión las vidas que se pierden a raíz de la violencia y la inseguridad.
El gobierno maquilla lo evidente, la violencia y la ausencia de un plan para combatir la delincuencia, prevenir la seguridad o procurar la justicia. Sumando los tres años concluidos (2013, 2014 y 2015) que Peña Nieto lleva en el poder público, en promedio, cada año se contabilizan 21 mil 199 homicidios dolosos,
Sin embargo, el país de muerte no fue plasmado en el Cuarto Informe de Gobierno de Peña. Ocultar y disimular el ambiente de guerra y la pérdida de Estado de Derecho no evita la realidad que sacude con sangre al país.
LOS MUERTOS SON MÁS QUE NÚMEROS
La investigación realizada durante semanas por ZETA arroja la cifra: 78 mil 109 homicidios dolosos en el gobierno priista.
Dichos números, son resultado del número de víctimas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informes homologados de las entidades, consultas en procuradurías o fiscalías estatales y algunas referencias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, la cifra podría ser mayor. La incertidumbre de la cantidad exacta nace principalmente por el número de personas desaparecidas, homicidios que son dolosamente clasificados como suicidios en varios Estados, y la falta de autoridad en algunas zonas dominadas por grupos armados, donde se cometen ejecuciones sin que las fuerzas policiacas o de justicia acudan.
Los más de 78 mil homicidios dolosos documentados son quizá solo una parte de la cara de muerte y crimen que el gobierno pretende no reconocer.
En esta nota, la tabla de las personas ejecutadas con arma de fuego o con arma blanca durante el mandato peñista. Como se aprecia, los Estados más violentos con base al mayor número de ejecutados son: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas.
Si consideramos únicamente lo que va de 2016, de enero a julio (al cierre de este trabajo aún no había concluido agosto), las diez entidades con más ejecutados resaltan así:
Estado de México, 1 mil 326
Guerrero, 1 mil 267
Chihuahua, 771
Jalisco, 723
Sinaloa, 698
Baja California, 660 (de los cuales 490 se cometieron en Tijuana)
Ciudad de México, 654
Michoacán, 643
Veracruz, 606
Tamaulipas, 605.
Haciendo el mismo ejercicio, pero proporcional a su población, es decir, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, los cinco Estados con más violencia per cápita son:
Colima, 45.94 por cada cien mil habitantes
Guerrero, 35.31
Sinaloa, 20.10
Baja California, 17.17
Morelos, 16.98
PAÍS ENSANGRENTADO, CIFRAS MAQUILLADAS
Respecto a Morelos, Alberto Capella Ibarra, comisionado de Seguridad Pública, asegura en entrevista que los datos que tiene el Mando Único son “las mismas prácticamente” a las registradas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de la SEGOB, pues “ya existe un sistema estadístico que se alimenta mes con mes. Nosotros somos transparentes y manejamos lo que es”.
La explicación del Mando Único no es en vano, pues la desconfianza en las versiones oficiales es más que normal. Por ejemplo, las cifras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación ha documentado desde 1997 se refieren a la “incidencia delictiva”, esto es, las averiguaciones iniciadas por homicidio y no al número de víctimas, aunque últimamente ha comenzado a generar ese trabajo.
Para poner de muestra lo arriba citado están las cifras -ambas oficiales– entre la incidencia delictiva que maneja SEGOB y los datos de las defunciones por homicidio del INEGI.
En 2013, el Secretariado registró una incidencia de 18 mil 332, mientras que INEGI dio cuenta de 23 mil 63 víctimas. Lo mismo en 2014, cuando el primero documentó 15 mil 653 y el segundo 20 mil 10; 2015 no fue la excepción: 17 mil 28 casos por parte de SEGOB y 20 mil 525 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
HOMICIDIOS, UNA EPIDEMIA
El doctor Hiram Beltrán Sánchez es un investigador de la Universidad de California en Los Ángeles que publicó un artículo en enero de 2016 sobre el impacto de los homicidios en la esperanza de vida de los mexicanos.
El académico considera: “El problema que tenemos en México con los homicidios es que hay una lucha constante para poder saber si la información (oficial) es la apropiada y si están codificando bien, o están enmascarando la información”.
Sin embargo, la realidad actual es que en el País “el impacto en la esperanza de vida es mucho menor de lo que debe existir, porque sabemos que hay muertes que se clasifican de otra manera, a pesar de que efectivamente fueron homicidios”.
Al comparar las conclusiones del estudio con la situación actual del país, Beltrán Sánchez observa cómo la violencia pasó de estar focalizada en algunos Estados -la mayoría en el norte- a una distribución geográfica más generalizada.
“Cuando hablamos de los homicidios como una epidemia nos referimos a la forma en que cambia este patrón. Si vemos la información más reciente, los datos muestran que la violencia se extendió en todo el país prácticamente”.
Por ejemplo, en 2010, entidades como Colima y Zacatecas tenían cifras tan bajas de homicidios que ni siquiera figuraban entre los principales Estados, “ahora Colima tiene una tasa más alta que Guerrero”, apunta.
De ahí, el experto refiere la importancia de obtener información más precisa para saber “cómo se está transmitiendo” el fenómeno y detenerlo.
Ismael Urzúa Camelo, ex subprocurador de Justicia en Aguascalientes y ex funcionario de la SEGOB, también sabe que las cifras exactas son difíciles de conocer. Pero las “deducciones” son más fáciles.
Sobre todo a partir del elemento de “averiguaciones que tenga PGR por delincuencia organizada en una entidad o región, cómo se reflejan en cuanto al homicidio. Si hay muchas averiguaciones, unas 15 o 20 por delincuencia organizada, se supone que debería haber un incremento en homicidios”, refiere.
El ahora asesor del Senado de la República formula la interrogante: “¿Por qué los homicidios se mantienen estáticos, en su mismo nivel, si hay mucha delincuencia organizada? Porque sucede que la delincuencia los mata y los familiares, muertos de miedo, ya no denuncian, no quieren saber nada”.
Además de que “cuando alguien que sufrió lesiones, muere, la autoridad no actualiza la información, la averiguación sí, pero en la estadística ya no lo dan de alta”, concluye.
PEÑA, EQUIVOCADO Y NECIO
Para Santiago Roel, director de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, el incremento del 17% en los homicidios dolosos en el primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo de 2015, es consecuencia de las disputas entre los cárteles.
Sin embargo, el consultor, quien creó el mecanismo de medición de incidencia delictiva, el cual califica con verde, amarillo o rojo, según la situación de seguridad del país y en cada entidad, ve en el uso de las fuerzas policiales para el combate a las drogas, el trasfondo de la problemática.
“La administración actual no quiere adoptar un cambio en las políticas de drogas por temor a pagar el precio en 2018, y por ese costo político seguiremos sufriendo la inseguridad en todo México”, consideró.
En entrevista con este Semanario, el especialista señala que mientras en 2015 la información de Semáforo Delictivo -alimentada a su vez de Lantia Consultores– indicaba una media de 677 ejecuciones del crimen organizado al mes, para julio de 2016 se contabilizaron mil 80 homicidios relacionados con delincuencia organizada.
“En el primer semestre del año, el 56 por ciento de los homicidios en México son ejecuciones de crimen organizado, pero hay Estados donde esta cifra está arriba del 80 por ciento, como Guerrero, Colima y Tamaulipas”, indica.
Roel relaciona los constantes incrementos de índices delictivos en aquellos Estados con la presencia de dos a cuatro grupos delictivos en competencia por la plaza.
Un informe de la firma especializada en seguridad Stratfor, titulado “Los Cárteles en México Erosionarán en 2016”, proyecta que continuará la tendencia de fragmentación de cárteles, la cual se ha mantenido desde hace más de 20 años.
Tales divisiones ocurrirán dentro de las mismas organizaciones criminales, principalmente el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Ningún grupo criminal se mantendrá inmune a la descentralización y la reducción”, sentencia el reporte.
Es precisamente en la estrategia de combate al narcotráfico, donde Santiago Roel ve el principal problema del gobierno mexicano, ya que la política antidrogas “le da el poder del mercado a las mafias, esto nos genera no solo violencia de alto impacto, sino corrupción de alto impacto donde puede colapsar la autoridad por plata o por plomo”, opina.
“Después de más de nueve años con esta estrategia de incremento de violencia en la guerra contra las drogas, cuando todos los indicadores son patéticamente negativos, ¿por qué tanta terquedad en una estrategia que no funciona? Ni nos protege de consumos (de droga), ni logra la paz”, exclama desde el auricular de su teléfono.
LOS MUERTOS QUE JAMÁS SE CONTARÁN
En diferentes entidades federativas, los asesinados nunca pasan siquiera por el escritorio de una autoridad. Chiapas es uno de los Estados que ha sido calificado como de los más seguros por el Consejo Nacional de Seguridad, sin embargo, está lejos de serlo.
Pepe Gallegos, editor de El Heraldo, explica que durante los últimos años, “el narcotráfico y la trata de personas siguen invadiendo las páginas de las notas rojas de los principales diarios, quienes de forma discreta han tratado de minimizar el hecho más que por censura, por temor a represalias de los diferentes cárteles”, amén de la ausencia de la autoridad.
El periodista cita algunos casos, como el de Ocozocoautla de Espinoza, “lugar donde tiene presencia un grupo armado llamado el Cártel de los Sapos, han aparecido cadáveres en lugares de extravío, algunos de ellos ni siquiera recogidos por el gobierno”.
Uno más. En Chamula se habló de un enfrentamiento donde resultaron al menos siete muertos en una balacera, pero los mismos habitantes indígenas no dejaron ingresar a las corporaciones policiacas o de justicia.
“El ejemplo más claro -prosigue- fue el de una mujer que supuestamente se suicidó poniendo en su cabeza una bolsa de nylon y un lazo para luego aventarse a una cisterna, lugar donde fue encontrada; ese mismo día fue localizado el cuerpo de otra persona con signos de tortura, mutilada de los brazos y quemada en un lugar turístico”.
Algo similar ocurrió en la capital del Estado hace un par de semanas. Un empresario de bares y cantinas, además de tener un taller mecánico, fue encontrado muerto en su automóvil, pero según la procuraduría estatal se trató de otro suicidio.
Un comunicado de la PGJE de Chiapas confirmó que el hombre se causó la muerte haciéndose un torniquete para estrangularse en el cuello con una cuerda y un desarmador.
El narcotráfico y sus consecuencias, la omisión de un gobierno sin estrategia y las cifras irreales dejan indefenso a un país hundido en el narcotráfico, la violencia y la corrupción.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
