La madre de uno de los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa, explicó en una carta a un juez en EU, como fueron los años de constante peligro al lado del capo, en los que perdió a casi toda su familia a consecuencia de esa relación.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Leticia Ortiz Hernández fue una de las parejas del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada. En una carta enviada a una jueza de Estados Unidos en 2018, en la que pedía el perdón para su hijo que entonces era juzgado en su corte, reveló algunos detalles sobre cómo fue la relación del jefe del Cártel de Sinaloa.
En la misiva, señala que la relación estuvo basada en el amor, y aunque el tiempo que duraron juntos fue “una vida de lujos y armas”, también hubo dolor, pues no sólo uno de sus hijos se involucró en el mundo del narco, sino que también ella y su familia fueron objeto de las venganzas por parte de los enemigos de Zambada García.
Relata que se enamoró del capo en 1988, a pesar de estar casado y ser 13 años mayor. “Mis padres se oponían a esa relación, pues mi señor padre era un hombre muy estricto, y sabía a lo que Ismael se dedicaba, pero yo no los escuché y a los dos años de iniciada esa relación, nació mi hijo Serafín en San Diego, pues por aquel entonces vivíamos en Tijuana”, explica la carta, de la cual el semanario Ríodoce obtuvo una copia.
Ambos se conocían de toda la vida ya que son originarios de El Salado, en Sinaloa, sin embargo, fue hasta que Leticia terminó sus estudios de Psicología, que iniciaron un romance.
LOS ARELLANO FÉLIX Y LA PAREJA
Benjamín Arellano Félix es compadre de “El Mayo” Zambada. Foto: Archivo
La relación, de la que nació Serafín Zambada Ortiz, empezó a pasar por tensions 1992, debido a la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félíx, a pesar de que en el pasado, tanto “El Mayo”, como los Arellano había sido amigos, incluso, Benjamín Arellano era padrino de bautizo del hijo de la familia.
Una década después, en marzo de 2002, los padres y otros integrantes de la familia de Ortíz Hernández murieron en un atentado en un restaurante de Mazatlán perpetrado por el cártel de los hermanos Arellano Félix, en el que ella y su hijo eran el objetivo.
“Fue un dolor desgarrador todavía en este momento que estoy escribiendo estas líneas me da un dolor en mi corazón por la pérdida de mis seres queridos”, explica la misiva. La familia había viajado a Mazatlán para asistir al tradicional carnaval y para festejar el cumpleaños número 9 de Serafín, quien enfermó de varicela, por lo que Leticia tuvo que regresar a Culiacán con sus hermanos y su hijo.
Serafín y su medio hermano “Mayito Gordo” Foto: Twitter (@ZambadaSerafin)
Horas después se enteró que un comando había ingresado al restaurante en el que estaban sus padres y sus tíos, quienes perdieron la vida en el atentado.
“Yo tuve una educación directa y cercana a mis padres, pero yo sé que los decepcioné cuando me enamoré del padre de mis hijos”, señala la carta.
Alejandro Hodoyan Palacios era considerado uno de los cerebros financieros del cártel de los hermanos Arellano Félix. Y en la nueva temporada de Narcos México aparece como uno de los personajes clave en la trama.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Uno de los personajes centrales en la trama de la tercera y última temporada de Narcos México, de Netflix, es un joven llamado Alejandro Hodoyan Palacios “El Alex”, hijo de una familia de clase acomodada en Tijuana, pero también muy cercano al cártel de los hermanos Arellano Félix, que en los noventa sembraron el terror en el país.
“El Álex” formaba parte de una pandilla al servicio de los Arellano Félix llamado los “Narcojuniors”, por tratarse precisamente de jóvenes de familias adineradas que ayudaban a la organización criminal a mover drogas entre su círculo social.
Parte de esta pandilla era también Everardo ‘El Kitty’ Páez (interpretado en la serie por Bad Bunny), que también descendía de una familia adinerada además de estar casado con la hija de un importante maquilador del norte de México.
Familia Arellano Félix. Foto: Zeta Tijuana.
LAS DECLARACIONES DE “EL ALEX”
En su libro “El Cártel” (DeBolsillo), el fallecido periodista Jesús Blancornelas reseña que Hodoyan Palacios tenía nacionalidad mexicana y estadounidense lo que le permitía cruzar la frontera sin problemas, además de que su aspecto no despertaba sospechas de las autoridades.
De acuerdo con un artículo de la revista Contralínea de 2016, en una declaración ministerial el 8 de febrero de 1997 en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), “El Álex” dio una serie de de detalles sobre cómo operaban los Arellano Félix, e incluso de sus reuniones con altos personajes del clero.
Hodoyan, quien llegó a cursar hasta el quinto semestre de la carrera de Derecho, fue acusado de violación a la Ley contra la Delincuencia Organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego, en complicidad con Benjamín y Ramón Arellano Félix, Jesús Labra Avilés, Gilberto e Ismael Higuera Guerrero y Omar Londoño.
De acuerdo con Contralínea, también relató pormenores de la organización delictiva de los narcojuniors, que además de estar integrada por jóvenes de la clase alta mexicana, también se nutría de sicarios del barrio Logan, de San Diego, en California.
LA NEGRA HISTORIA DE LOS NARCOJUNIORS
En los noventa, los Arellano Félix convirtieron a la ciudad de Tijuana en su campo de batalla Foto ilustrativa: Gobierno de México.
Los narcojuniors, según la publicación “mataban ‘por puro gusto’; ‘controlaban’ a la Policía Federal; se reunían con el nuncio apostólico en México Girolamo Prigioni e impusieron su ley durante casi dos décadas”.
En su libro, Blancornelas reseña que el 10 de septiembre de 1996 “El Alex” fue detenido en el aeropuerto de Guadalajara. El 11 de febrero de 1997 agentes de la DEA lo trasladaron al Aeropuerto de Brownfield en la Mesa de Otay, liberándolo días después. Sin embargo, está desaparecido desde el 5 de marzo de 1997, cuando lo levantaron en un estacionamiento de Tijuana ubicado en Bulevar Agua Caliente y Cuauhtémoc.
El día de su desaparición llegaron cuatro hombres armados a bordo de una van, lo sometieron y jamás se volvió a saber de él dijo Cristina Palacios en entrevista para la Agencia Fronteriza de Noticias.
Sucedió hace casi tres décadas y este enfrentamiento marcó el inició de una era más violenta en la guerra entre los cárteles del narco en México. (ALERTA DE SPOILER)
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- En el tráiler de la serie Narcos: México 3 que se estrena este 5 de noviembre en Netflix se observa brevemente un tiroteo entre dos cárteles de narcotraficantes en el que se aprecia al actor que personifica a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera vestido de policía.
A pesar de tratarse de una serie de narco ficción, esta balacera sí ocurrió en la vida real y fue uno de los sucesos que marcó un antes y un después en la sangrienta guerra entre el Cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, y el de los hermanos Arellano Félix, de Tijuana.
Todo sucedió el 8 de noviembre de 1992 cuando un comando de aproximadamente 25 hombres que llegaron en un camión de carga irrumpieron en la entonces popular discoteca Christine, en Puerta Vallarta, Jalisco. Dónde se encontraban los hermanos Arellano Félix, estaba dirigida contra Ramón y Francisco Javier Arellano, líderes del Cártel de Tijuana.
BALACERA EN EL PARAÍSO
Puerto Vallarta, Jalisco, fue el escenario del hecho violento. Foto ilustrativa: Cortesía
Las autoridades de la época, como aparece en el periódico El Occidental de Guadalajara revelaron que el comando que ingreso al local disparando contra los asistentes estaba liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y Héctor Luis “El Güero” Palma, quienes buscaban vengarse por un ataque con un coche bomba que el 29 de mayo de ese año habían hecho estallar los hermanos, fundadores del Cártel de Tijuana.
Ismael “El Mayo” Zambada, actual líder del Cártel de Sinaloa, que hasta entonces no se aliaba con “El Chapo”, jugó un papel importante en el tiroteo, ya que él reservó el lugar para que se realizara la fiesta de los Arellano, avisó a Guzmán Loera, y evitó asistir argumentado problemas estomacales.
De acuerdo con el periodista Humberto Padgett, la versión al interior del Cártel de Tijuana fue que un grupo de personas entraron a la discoteca, se dirigieron al baño y gritaron “¡Policía!.” Uno de los acompañantes de los capos replicó con la misma advertencia: “¡Policía!”. Lo mataron de inmediato. Los Arellano lograron salir del lugar trepando hasta el tragaluz y el techo.
EL INICIO DE UNA GUERRA
La guerra entre la Familia Arellano Félix y el Chapo, inició en 1989. Foto: Zeta Tijuana.
El homicidio de Armando López, un compadre de Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera, cometido en 1989 por Ramón Arellano Félix fue el punto de partida en la tensión entre la las organizaciones.
Ambos eran beneficiarios directos del desastre venido tras el asesinato del agente especial de la DEA Enrique Camarena a manos de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, perpetrado en 1985 en Guadalajara. El gobierno de Estados Unidos se lanzó como un perro furioso y reclamó a su contraparte mexicana la detención de los culpables. Así ocurrió, además de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo.
En los noventa, Palma Salazar junto a Joaquín El Chapo Guzmán enfrentaron una guerra contra los Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, por el mercado del narcotráfico.
Hasta entonces, en Puerto Vallarta no se había registrado un hecho violento de tal magnitud y marcó el inicio de una nueva época en la historia violenta del narco en México.
Los sicarios al servicio del capo le hacían llegar el dinero a su familia a cualquier lugar en el que estuviera luego de hacer escala en distintas ciudades de México y Estados Unidos.
Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La esposa de Benjamín Arellano Félix, uno de los líderes del Cártel de Tijuana, vivía con todas las comodidades, junto con su marido y sus hijas siempre habitaron residencias con albercas, gimnasios, juegos infantiles y una serie de lujos a los que no puede acceder una familia promedio.
Así describe el periodista Jesús Blancornelas en su libro “El Cártel”, la vida familiar de Ruth, la esposa de uno de los hermanos Arellano Félix, quien, mientras su marido era perseguido por las autoridades, recibía cada tercer día 30 mil dólares (626 mil pesos al tipo de cambio actual) a través de un sofisticado esquema en el que el dinero viabaja por distintas ciudades.
En el capítulo “Te vas porque yo quiero que te vayas”, Blancornelas relata que mientras el capo vivía en la Ciudad de México, el dinero era enviado desde San Diego, en California, a Tijuana, Baja California, y de ahí al lugar donde estuvieran la mujer y sus hijas en ese momento, ya que por seguridad se movían continuamente.
Benjamín Arellano Félix cumple condena en Estados Unidos. Foto: Archivo
Dependiendo la época del año, el dinero se le enviaba a Monterrey, Puebla o la Ciudad de México. Un sicario del Barrio Logan, en San Diego, llamado Alberto Martín Gerardo “El Popeye”, era el encargado de llevar los billetes a Tijuana, donde los recibía José Carlos García Rodríguez “El Chupitos” quien a su vez los remitía a Manuel Martínez “La Mojarra”, responsable de entregarlo a la esposa de Benjamín Arellano.
Sin embargo, como lo narra el periodista, la inexperiencia de los tres, quienes hacían alarde público del dinero, no sólo los llevó a ser descubiertos sino también a la captura del mismo Benjamín Arellano, en Puebla.
En 2012, la Corte Federal del distrito sur de San Diego, California, lo sentenció a 25 años de prisión
Luego de su aprehensión, Benjamín Arellano estuvo preso en México 9 años. Fue detenido por elementos del Ejército en marzo de 2002 en Puebla cuando llegó a visitar a su esposa e hijas. Estuvo prisionero en el penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Familia Arellano Félix. Foto: Zeta Tijuana.
Recibió dos condenas: una de siete años por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y otra de 22 años por delincuencia organizada. Además, fue obligado a pagar una multa de poco más de 3 mil 500 pesos.
Posteriormente, en abril de 2011, fue extraditado e internado en una prisión de San Diego, California, Estados Unidos, donde fue juzgado por narcotráfico, asociación delictuosa, y homicidio.
Benjamín fue en su auge como narcotraficante, uno de los grandes enemigos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ya que tanto el Cártel de Sinaloa como el de Tijuana se disputaban el dominio del tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos.
A los hermanos Arellano les atribuyeron el tiroteo en el Aeropuerto de Guadalajara en el que murió el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 1993, cuando se enfrentaron a los sicarios del “Chapo Guzmán”. en territorio que actualmente domina el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Investigadores de México y Estados Unidos informaron que José Roque García, ligado al supuestamente extinto cártel de los Arellano Félix , regresó a Tijuana con la intención de restablecer la organización criminal. Las autoridades del estado no han dado a conocer cómo, cuándo y por qué el presunto narcotraficante fue liberado.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- José Roque García, presunto integrante del cártel de los Arellano Félix a quien se le perdió la pista desde 2009, está de regreso en Tijuana, Baja California, no sólo para disputarse la plaza con el Jalisco Nueva Generación (CJNG), también para atentar contra el semanario ZETA.
De acuerdo con una denuncia hecha por el medio, el pasado miércoles 5 de abril, la codirección de ZETA fue informada de que un grupo binacional de inteligencia en la persecución de grupos del narcotráfico y el crimen organizado, captó la amenaza de Roque García de “acabar con el semanario”.
“Atacar el edificio del periódico no es el único plan criminal de este hombre identificado como originario del Barrio Logan de San Diego. Lo suyo es una serie de actos de violencia de alto impacto, en un intento de demostrar poderío criminal y arrebatarle la ciudad al CJNG y al Cártel de Sinaloa, para recuperarla para el Cártel Arellano Félix, que él pretende encabezar una vez aprehendidos quienes fueron sus dirigentes criminales: Francisco Javier Arellano Félix ‘El Tigrillo’ [2006] y Fernando Sánchez Arellano ‘El Ingeniero [2014]”, advirtió este viernes ZETA.
Esta no es la única amenaza de la que ZETA ha sido víctima en los últimos meses. El pasado 25 de noviembre, en la edición 2226, el semanario publicó una serie de fotografías y nombres de los criminales más buscados en Baja California, entre ellos, integrantes del Jalisco Nueva Generación.
Roque García fue detenido junto con Eric Ballesteros Estrada y Jaime Ocampo Morineau en mayo de 2004, cuando tenía 26 años de edad. Admitió haber asesinado a personas, a algunas las deshizo en ácido, así como traficar con droga y extorsionar a comerciantes.
El caso fue ligado al cártel de los Arellano Félix y atraído por la Procuraduría General de la República (PGR). Roque García ingresó al penal de El Hongo, en Mexicali, pero unos años después obtuvo su libertad. Para 2009, elementos del Ejército lo volverían a aprehender en operativos de búsqueda de integrantes de dicha organización.
En los años siguientes poco se supo de él, hasta este año, cuando autoridades de México y Estados Unidos comenzaron a buscarlo.
ZETA destaca que “apoyado con recursos ilícitos y por agentes corruptos de la Policía Ministerial de Baja California, José Roque García ha regresado a Tijuana y, relatan investigadores binacionales, su intención es restablecer el [cártel de los Arellano] sin la ayuda del CJNG”.
A pesar que autoridades de ambos países han declarado en sobradas ocasiones que el cártel ha sido desmantelado, integrantes de las distintas células de los Arellano Félix en sus diferentes etapas “son quienes se reúnen para intentar revivir la disminuida organización”.
Autoridades de Baja California no han proporcionado información de cómo, cuándo y por qué Roque García fue liberado. También se desconocen los nombres de los asociados criminales de García y la forma en la que ha corrompido -de acuerdo con la investigación nacional- a policías ministeriales que ahora sirven a sus ilícitos propósitos.
“Una vez más, ZETA está bajo amenaza y en esas condiciones ejerce el periodismo de investigación, en un país que es riesgoso para el desarrollo del oficio. México, donde tan sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto 30 periodistas han sido asesinados -de acuerdo con la organización Artículo 19-, convirtiendo a nuestra República en uno de los cinco países más peligrosos para el ejercicio libre del periodismo”, señaló el medio.
Sillas está acusado de tres cargos, incluido el de asociación delictuosa con el fin de cometer un asesinato para una organización criminal en operación. Él ha estado luchando contra la extradición a Dakota del Norte, donde hace una década las autoridades federales comenzaron a reunir evidencia incriminatoria sobre el cártel de los Arellano Félix después de que uno de sus miembros mató a un hombre de Minnesota por una deuda relacionada con drogas. Sillas fue arrestado en México en noviembre de 2011 y fue presentado ante los reporteros por policías enmascarados. Continúa en prisión allí.
Juan Francisco Sillas Rocha, alias “El Ruedas”. Foto: EFE
Por Dave Kolpack
FARGO, Dakota del Norte, 10 de febrero (AP) — Ahora que el conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán está tras las rejas en Nueva York, los fiscales federales en Dakota del Norte tienen la mira puesta en quien fuera uno de sus rivales en el contrabando de drogas ilegales.
De acuerdo con documentos de la corte dados a conocer el martes, las autoridades dicen que Juan Francisco Sillas Rocha fue un alto lugarteniente del cártel de los Arellano Félix, el cual contrabandeaba cocaína, marihuana y otras drogas a Estados Unidos y competía con el cártel de Sinaloa, dirigido por Guzmán, quien fue extraditado por México el mes pasado.
Las autoridades han descrito a Sillas Rocha como un prolífico sicario, responsable de matar a entre 20 y 30 personas al mes durante el apogeo del cártel asentado en Tijuana.
Sillas Rocha, conocido como “El Ruedas”, fue arrestado hace seis años en México, pero su caso federal en Estados Unidos se había mantenido sellado hasta esta semana. Tim Heaphy, ex Fiscal federal de Virginia, dijo que sellar este tipo de casos es común para proteger una investigación y a los testigos. Esos temores tienden a disiparse cuando un acusado permanece detenido por un período largo.
El Fiscal federal Christopher Myers, a cargo del caso, rehusó hacer comentarios al respecto. Documentos judiciales en México no indican si Sillas Rocha tiene un abogado.
Sillas está acusado de tres cargos, incluido el de asociación delictuosa con el fin de cometer un asesinato para una organización criminal en operación. Él ha estado luchando contra la extradición a Dakota del Norte, donde hace una década las autoridades federales comenzaron a reunir evidencia incriminatoria sobre el cártel de los Arellano Félix después de que uno de sus miembros mató a un hombre de Minnesota por una deuda relacionada con drogas. Sillas fue arrestado en México en noviembre de 2011 y fue presentado ante los reporteros por policías enmascarados. Continúa en prisión allí.
El caso se desarrolló en Dakota del Norte después de que Jorge “Sneaky” Arandas, un miembro del cártel de los Arellano Félix, estableció un negocio en el Red River Valley de Dakota del Norte y Minnesota. Los investigadores dijeron que Arandas ordenó la muerte de Lee Avila, de East Grand Forks, Minnesota, en junio de 2005 por no haber pagado 2.2 kilos de metanfetamina que Arandas recibió originalmente de Sillas. Arandas le dijo a la policía que temía ser asesinado por no pagarle a Sillas, así que mató a Avila para demostrar fuerza.
En el acta acusatoria presentada contra Sillas en marzo de 2011 se señalaba que, además del tráfico de drogas, éste estaba involucrado en la supervisión de grupos que “participaron en asesinatos, intentos de asesinato, secuestro, tráfico de personas, corrupción pública de funcionarios de gobierno, lavado de dinero y otras conductas delictivas” con el fin de generar dinero para el cártel.
En el documento se acusa a Sillas de intentar arreglar el homicidio de dos residentes de California. Presuntamente le ofreció a un pandillero de San Diego 25 mil dólares por matarlos, y le dio 4 mil dólares de adelanto. Cuando la pandilla no pudo encontrar a sus blancos, Sillas incrementó su oferta a 50 mil dólares si los asesinatos se realizaban rápidamente. Posteriormente ordenó a otro hombre que matara a toda una familia dentro de su casa, dijeron investigadores.
Las autoridades mexicanas dicen que Sillas participó en 2010 en el secuestro de tres mujeres de la familia de Ismael “El Mayo” Zambada, quien en ese momento era líder del cártel de Sinaloa junto con Guzmán. Sillas presuntamente se estaba vengando por la desaparición de su hermana ocurrida ese año.
Heaphy dijo que cree que las autoridades mexicanas querían la extradición de Guzmán antes de que Trump llegara a la Presidencia para que fuera “una victoria (del Presidente Barack) Obama, no de Trump”. Agregó que el proceso de extradición probablemente será más difícil bajo Trump, quien ha hecho encolerizar a los mexicanos con su promesa de construir un muro fronterizo y deportar a la gente que vive en Estados Unidos sin permiso.
“A mí me preocuparía la relación potencialmente cáustica entre nuestro nuevo poder ejecutivo y el gobierno mexicano”, dijo Heaphy. “La extradición es una de las pocas fichas que ellos tienen para utilizar en este juego de relaciones internacionales”.
Hace tres meses los integrantes de la familia Arellano Félix vendieron por 12 millones de pesos una mansión que por 20 años estuvo bajo resguardo de la PGR. La adquirieron en la década que compraron y vendieron una serie de propiedades de alta plusvalía, aseguradas en 1993 tras el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La reciente ganancia del clan con la venta de la última mansión en su poder y el repunte de los asesinatos ocurridos en Tijuana en el último año y medio, contradicen la versión de autoridades mexicanas y norteamericanas que insisten en mostrar al Cártel Arellano Félix como una organización “desarticulada”.
Por Francisco Sandoval Alarcón
Ciudad de México, 17 de julio (Zeta/SinEmbargo).- Era la segunda semana de diciembre de 1985. Parada ante una juez, Alicia Félix viuda de Arellano pidió autorización judicial para vender una millonaria finca, ya que -según ella- se encontraba en problemas económicos desde la muerte de su esposo. Aseguró a la juzgadora no tener dinero para ofrecer una adecuada educación al menor de sus hijos y, con la venta del bien, sortearía esos gastos. Lo que no dijo Alicia aquel día en Guadalajara fue que Benjamín y Ramón, dos de sus hijos mayores, eran líderes en Tijuana de la organización mafiosa más violenta de su generación: el Cártel Arellano Félix (CAF). Fueron ellos quienes en 1992 le declararon la guerra a Ismael “El Mayo” Zambada y sus socios, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma, porque éstos les debían 20 millones de dólares por el cruce de droga a Estados Unidos. Con el primer encarcelamiento de “El Chapo” en 1993, los Arellano ganaron la batalla.
“Me veo en la necesidad de solicitar que se autorice la venta del bien inmueble y con eso poder seguir dando a mi menor hijo la educación que hasta hoy ha recibido”, expresó Alicia a la juez jalisciense Irma Becerra, con la que acudió como parte del juicio legal que se siguió de manera rutinaria, para pedir autorización de vender una finca de 2 mil 297 metros cuadrados perteneciente a su hijo, Francisco Javier Arellano Félix, entonces de 16 años de edad; 17 años después, tras la captura de su hermano Benjamín y el asesinato en 2002 de su otro hermano, Ramón, Francisco Javier se convertiría en líder del CAF hasta 2006, cuando lo capturaron en unas vacaciones, pescando en su yate en aguas internacionales de Baja California Sur.
Como parte de aquel juicio en 1985, Alicia presentó dos testimonios por escrito para avalar su petición. El del abogado José de Jesús Ruíz Novoa y el de Silvia Silva de Morales. También el consentimiento del “tutor dativo” de su hijo, el abogado Ignacio González Parada. Un presunto personaje mafioso conocido por las autoridades norteamericanas que, en 2012, lo boletinaron por sus actividades de “lavado de dinero”. En 2013 fue González quien sacó de la cárcel, a través de un juicio de amparo, al narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Jalisco, encarcelado por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena.
Alicia finalmente vendió la finca por 30.2 millones de pesos en abril del 86. Lo hizo sin la autorización de la juez Becerra, aval que llegaría meses después de realizada la venta. Apenas dos años antes, en 1984, Francisco Javier y su padre Benjamín Francisco habían comprado el terreno sin construcción por 4.1 millones de pesos. En ese lapso construyeron una finca estilo español con arcos y balcones, valuada en 19.5 millones de pesos.
Los movimientos hechos por Alicia y sus hijos eran parte de una estrategia para gastar cientos de millones de pesos en propiedades. Lo hicieron en las décadas de los ochenta y noventa. La maniobra que encaja perfectamente con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) era comprar, construir, vender y donar terrenos, casas y mansiones de alta plusvalía a personas cercanas a la familia, según revelan 30 actas notariales analizadas por Zeta, obtenidas a través del Registro Público de la Propiedad de Jalisco (RPPJ). Los documentos contienen anotaciones escritas a mano por dos de los ministerios públicos federales que solicitaron el aseguramiento de los bienes, incluido el número de averiguación previa, así como oficios escritos a máquina de escribir y firmados por funcionarios del RPPJ en los que formalizan la entrega de las actas notariadas a la Procuraduría General de la República (PGR).
En Jalisco, donde los Arellano radicaban oficialmente desde el 76, gastaron más de 1 mil 100 millones de pesos con la compra de 23 propiedades que juntas miden dos veces el tamaño de la cancha de futbol del Estadio Azteca, según el análisis del semanario.
Uno de los movimientos predilectos de la familia era comprar terrenos rústicos para construir en ellos fincas o mansiones que vendían a ocho veces su valor original. La última mansión de ese tipo la vendieron en marzo de 2016. Se localiza en el exclusivo fraccionamiento del Club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En 1993 esa propiedad, junto con otras 15, fueron aseguradas por la PGR como parte de las investigaciones derivadas del asesinato del Cardenal Juan José Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de ese año.
La mansión fue recuperada por Alicia en junio de 2015, luego de un juicio que duró dos años y en el cual el principal alegato fue que la PGR “nunca comprobó” que el dinero para comprarla tuviera conexiones con operaciones de lavado de dinero.
La familia Arellano Félix. Foto: Zeta
LA RUPTURA
El CAF es una de las organizaciones del narcotráfico mexicanas junto con los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Juárez, que más décadas lleva en activo en el mundo de las drogas. Iniciaron sus actividades en Tijuana en 1982, cuando ante los ojos de todo el mundo eran un grupo de hermanos carismáticos que organizaban grandes fiestas en Tijuana, Mazatlán y Guadalajara.
La popularidad que tenían los hermanos les permitió granjearse la amistad de muchachos de buenas familias que, asesorados por Benjamín y Ramón Arellano, se convirtieron en sicarios o socios del clan. A ese cártel y sus aliados, se le atribuyen cientos de asesinatos y desapariciones.
Utilizaron el sadismo para acabar con la competencia y castigar la deslealtad de sus aliados. Fueron los primeros en ordenar el asesinato y la desintegración en ácido de sus enemigos, práctica que años después se conocería como “pozoleo”.
César Esquer, Elman Chávez y Pritam Sing fueron tres de las víctimas del CAF con las que utilizaron ese método. Los “pozolearon” en 2003, cuando esa práctica era totalmente desconocida por la prensa y la opinión pública. Se daría a conocer hasta seis años después, tras la captura de Santiago Meza López “El Pozolero”, ex operador del CAF.
Esquer era un joven veinteañero egresado de la universidad, que en ese entonces trabajaba en Mexicali como editor de la página de internet de un periódico local. Viajó hasta Tijuana con sus amigos para cobrar el dinero de unos paquetes de marihuana que le dejó a su primo, quien trabajaba como Policía y narcotraficante del Cártel Arellano Félix. La droga había sido robada a los operadores de los Arellano en Mexicali, así que cuando se enteraron del movimiento ordenaron asesinar a los muchachos y desintegrarlos en ácido. Por seis años estuvieron en calidad de desaparecidos, hasta 2009, cuando el primo mafioso de Esquer, capturado por robo y otros delitos, confesó el destino de su familiar y sus dos amigos.
Por ese tipo de acciones, las autoridades norteamericanas y mexicanas catalogarían al Cártel Arellano como la organización mafiosa más “violenta” de su generación.
Fueron ellos los que en 1992, en plenitud de sus operaciones mafiosas, rompieron con “El Chapo” Guzmán, “El Güero” Palma y “El Mayo” Zambada, con quienes llevaban una buena relación no sólo laboral, sino de amistad. Se distanciaron porque Zambada les debía dinero por el cruce de droga en Tijuana, así que los hermanos ordenaron asesinarle, escribió en su momento el periodista Jesús Blancornelas.
Tanto “El Chapo” como “El Güero””, en represalia orquestaron una emboscada para asesinarlos a ellos en una discoteca de Puerto Vallarta, en la que murieron seis personas. Los hermanos Ramón y Francisco Javier Arellano escaparon ilesos del ataque.
El cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, fue asesinado el 24 de mayo de 1993 tras presuntamente ser confundido con “El Chapo” Guzmán. Foto: Zeta
Los Arellano tomaron venganza el 24 de mayo de 1993. Ordenaron asesinar a “El Chapo”, cuyo nombre ya había saltado a la fama pública por la fallida emboscada. Los hermanos trataron de matar al capo sinaloense cuando éste se dirigía al Aeropuerto de Guadalajara. Por una “confusión” asesinaron al Cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, quien se trasladaba al mismo destino.
Según la cuestionada versión oficial de la PGR, los pistoleros del clan Arellano que le dieron 15 balazos a quemarropa a Posadas, un hombre alto de poco más de 110 kilos, lo confundieron con “El Chapo” Guzmán, quien no alcanza los 1.68 metros de estatura y pesaba no menos de 80 kilos.
El abogado del Arzobispado de Jalisco, José Antonio Ortega, ha cuestionado en múltiples ocasiones el móvil del crimen y ha descartado la hipótesis de la PGR. Públicamente ha dicho que Posadas fue asesinado porque “conocía los nexos del narco” con políticos mexicanos, entre los que se encontraba Raúl Salinas, hermano del entonces Presidente de México, Carlos Salinas.
Derivado de la presión internacional, Guzmán Loera se convirtió en el principal sospechoso del crimen de Posadas. Fue detenido el 9 de junio de 1993 en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas. Con esa primera captura, los Arellano le ganaron la batalla al capo sinaloense, aun cuando éste nunca fue procesado penalmente por el asesinato; tampoco fueron enjuiciados Benjamín o Ramón Arellano Félix.
En la actualidad, dos de los hermanos Arellano Félix (Ramón y Francisco Rafael) están muertos; y otros tres (Benjamín, Francisco Javier y Eduardo) se encuentran presos en cárceles de Estados Unidos. Las pugnas entre “El Mayo” Zambada y los Arellano continúan, sólo que ahora un hijo de Benjamín es quien dirige a la organización mafiosa, apoyado por otro joven familiar. Esa lucha por el control de Tijuana ha provocado un repunte en los asesinatos durante el último año y medio. Con ese incremento los índices de violencia se asemejan a los que se tenían en los años 2008, 2009 y 2010, cuando el Cártel de Sinaloa, a través de Teodoro García Simental, “El Teo”, ex operador del CAF, intentó sacar del negocio definitivamente a los Arellano, en ese entonces bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, uno de los sobrinos de la familia.
Los movimientos de la familia Arellano Félix. Gráfico: Zeta
LOS MOVIMIENTOS DEL CLAN
Hasta antes de simular problemas financieros, los integrantes de la familia Arellano se presentaban como profesionistas o empresarios para cerrar sus operaciones de compra y venta de bienes. Francisco Rafael se identificaba como “licenciado en Administración de Empresas” y “profesionista”, cuando no estudió una carrera universitaria; Fernando Arellano Félix se presentaba como “ingeniero”; Benjamín Francisco, padre de los hermanos, se decía “constructor”; mientras que Benjamín Arellano, el líder fundador del cártel, era un “comerciante”.
De esa manera los Arellano se identificaban ante notarios públicos y los dueños de las propiedades que adquirían. En 1984, el “licenciado Francisco Rafael Arellano Félix” compró dos propiedades a Marcelino García Paniagua y su esposa, Amelia Arteaga Anaya. Marcelino era hijo del ex Secretario de la Defensa Nacional y ex Gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. El año que vendió las propiedades se desempeñaba como funcionario público de Aduanas. Un año después fue presidente del club de futbol Chivas del Guadalajara, y en dos diferentes periodos dirigió la Federación Mexicana de Futbol. Murió en 2007 a causa de cáncer.
La primera propiedad vendida por Marcelino fue una finca de 2 mil 357 metros cuadrados, ubicada en Zapopan; la segunda, un terreno rustico de 2 mil 976 metros cuadrados que Francisco Rafael fraccionó en seis y vendió por separado. Por las dos propiedades Marcelino y su esposa recibieron 15.8 millones de pesos.
Otra argucia legal recurrente en los movimientos de la familia Arellano, para no dejar rastro del dinero, era donar y vender las propiedades a otros miembros o amigos de la familia. En por lo menos nueve ocasiones hicieron ese movimiento. Alicia Félix fue la principal beneficiaria. Su hija Norma Isabel le hizo tres donaciones: dos propiedades en Zapopan y una más en Guadalajara; su hijo Francisco Rafael le vendió la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.
Luis Benjamín y Frank Xavier Arellano Martínez, los dos hijos de Benjamín Arellano Félix, recibieron la donación de una casa por parte de sus abuelos en 1984; las cuñadas de Benjamín y Francisco Rafael también participaron en esos movimientos.
CONFISCAN BIENES
El asesinato de Posadas y la detención de “El Chapo” Guzmán en 1993, cambiaron el destino de la familia Arellano. Les quitó una serie de propiedades y los convirtió en el clan del narcotráfico mexicano más buscado de la época. La PGR comenzó a investigarlos. Producto de las investigaciones ordenó, en agosto de ese año, asegurar varias de las propiedades compradas por la familia en Jalisco, Sinaloa y Baja California.
En Jalisco, fueron 16 los bienes asegurados, de los cuales siete ya no pertenecían a los Arellano, quienes los vendieron o donaron.
Los Arellano iniciaron una batalla legal en Juzgados y tribunales para recuperar sus bienes. En la actualidad hay juicios que continúan abiertos y otros se han iniciado en la última década. Lo que reclaman los integrantes del clan o sus herederos, es que en más de 20 años, la PGR “no ha comprobado” que las propiedades fueran adquiridas con recursos del narco. Bajo esa premisa lograron ya la devolución de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.
LA IMPUNIDAD
Las pruebas que incriminan a la familia Arellano por operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la compra, venta y construcción de propiedades, siempre han sido públicas y se encuentran en actas notariales e inscripciones del RPPJ.
En los documentos salen a relucir los nombres de abogados, notarios públicos, testigos y posibles cómplices que participaron en las operaciones del clan. No existía en aquel entonces una Ley de extinción de dominio, como la que opera actualmente para obligarlos a denunciar penalmente las millonarias transacciones. Moralmente pudieron haberlos denunciado por delincuencia organizada y no lo hicieron.
Entre los notarios públicos jaliscienses que más participación en los movimientos de la familia Arellano, se encuentran Mario Camarena Rosas y Mario Montaño Beltrán. El primero certificó seis operaciones de compra de bienes y cuatro de venta; el segundo, cinco de compra y dos de venta.
Sergio Salvador Aguirre Anguiano es otro abogado cuyo nombre aparece en las actas. Como suplente de notario público se encargó de escriturar, en 1990, la compra de un condominio de 210 metros cuadrados adquirido por Norma Isabel Arellano Félix, una de las hermanas mayores del clan. Por esa transacción pagó 14.7 millones de pesos. El bien fue asegurado por la PGR en 1993. Aguirre Anguiano se convertiría dos años después en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la actualidad se encuentra en el retiro.
La maniobra implementada por la familia Arellano es una de las estrategias clásicas del lavado de dinero. No es una coincidencia que el Grupo de Acción Financiera Internacional, máximo organismo intergubernamental en el mundo para combatir y prevenir esa actividad, haya identificado tanto a notarios públicos como a agentes de bienes inmuebles dentro de las actividades y profesiones no financieras vulnerables para ser usadas en operaciones de blanqueo de recursos.
Foto: Zeta
Zeta solicitó a la PGR hace un mes, vía transparencia gubernamental, conocer la situación legal de las casas, mansiones y propiedades aseguradas en 1994 a la familia Arellano Félix en Jalisco, Sinaloa y Baja California; el pasado miércoles 13 de julio la dependencia se negó a brindar información argumentando que se encuentra “reservada”. Foto: Zeta
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NINGÚN PROCESADO POR LAVADO
A 23 años del aseguramiento de las propiedades del clan Arellano en Jalisco, la PGR no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ningún miembro de la familia por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que se castiga con hasta 15 años de cárcel. Tampoco ha informado el destino de las mansiones y casas aseguradas, aun cuando se le ha solicitado una entrevista formal a través de su área de Comunicación Social; en Estados Unidos, contradictoriamente, los hermanos Benjamín, Eduardo y Francisco Javier han sido sentenciados por narcotráfico y lavado de dinero; su hermana Enedina, por su parte, es señalada de encabezar la red de lavado de dinero que sostiene financieramente al CAF.
Información obtenida por el sistema de transparencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y una búsqueda avanzada hecha a través del servidor de aplicaciones de mapas Google (Google Maps), revela que siete de las 16 propiedades aseguradas por la PGR están en perfecto estado; otras dos se encuentran en resguardo del SAE; una funciona como escuela privada, otra como asociación civil que promueve el empleo y una más fue vendida en marzo pasado.
En el caso de la escuela, se trata de la preparatoria Liceo del Bosque, cuyos directivos al ser cuestionados sobre la procedencia del bien, dijeron desconocer su vínculo con la familia Arellano. Se trata de la finca estilo español que, en abril de 1986, Alicia Félix vendió por 30.2 millones. Aquella por la que pidió autorización judicial para vender, argumentando problemas financieros.
En el caso de sietes propiedades más que no estaban entre los bienes asegurados por la PGR y pertenecían a la familia, cuatro fueron vendidas y tres continuaban bajo su tutela, según las actas notariales en poder de ZETA. Entre éstas se encuentra la propiedad que Francisco Rafael compró a Marcelino García Paniagua y su esposa. En la actualidad tal inmueble aloja al Instituto Anahuacalli, centro educativo en Zapopan que cuenta con niveles preescolar y básico (primaria y secundaria). Este Semanario buscó en varias ocasiones a los directivos de la institución para saber si conocían el origen del predio y, pese a una serie de llamadas y el envío de un correo electrónico, no respondieron a la solicitud.
La superficie de la mansión de los Arellano Félix. Foto: Zeta
MANSIÓN VENDIDA
Contrario a los exóticos gustos que suelen tener los narcotraficantes cuando se trata de las casas donde viven, los Arellano Félix tenía un gusto sofisticado que discrepaba con los de otros mafiosos de la época. Nada de zoológicos, esculturas o acabados con imágenes de santos o animales; cero colores llamativos o ninguna estructura que desentonara con las residencias tipo colonial con toques contemporáneos que solían construir.
La mansión del fraccionamiento Club de Golf Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga, era la muestra de su buen gusto. Construcción de mil 230 metros cuadrados de dos plantas, pintada con colores blanco y azul pastel; cuatro amplias recámaras, estudio, sala, cocina con muebles de madera, comedor y área de televisión; cochera techada con espacio para ocho vehículos; alberca circular con vestidores, baños y cuarto de juegos; una segunda casa separada de la principal y 927 metros cuadrados adiciones de jardines. Lo mejor: la tranquilidad de estar ubicados en un complejo privado que cuenta con perímetros totalmente bardeados, caseta de vigilancia 24 horas, casas separadas y extensas áreas verdes que incluyen dos parques y 16 hectáreas de bosque.
La construyeron entre 1985 y 1989. Por el terreno rustico de 2 mil 156.99 metros cuadrados, Francisco Rafael pagó 970 mil pesos. Posteriormente éste le vendió la propiedad, con mansión incluida, a su mamá, en 1989.
En la demanda promovida ante el juez Raymundo Cornejo Olvera, Alicia Félix acusó a la PGR de violentar sus derechos por el decomiso de la mansión, pues en más de dos décadas nunca se comprobó que la compra se hiciera con recursos de procedencia ilícita.
Por poco más de ocho meses el juez Cornejo analizó la demanda y, en la última semana de octubre de 2014, se la concedió. Concluyó que aun cuando la PGR en sus investigaciones estableció que Alicia y sus hijos formaban parte de “una red de lavado de dinero”, la dependencia fue “omisa en pronunciarse” sobre la certeza del acto reclamado. Expuso también que nunca había existido “conducta criminosa” por parte de la quejosa o “en los que estuviera relacionada la finca en mención”.
De esa manera el juez Cornejo, un abogado con maestría en Política Criminal que obtuvo con la tesis “Análisis Crítico de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”, ordenó la “inmediata devolución” de la mansión.
La PGR contrademandó la decisión de Cornejo; el reclamo llegó hasta un tribunal federal, donde tres magistrados ratificaron la decisión del juez: regresar la mansión a la señora Alicia.
Sin trabas legales de por medio, Alicia y familia contrataron los servicios de empresas dedicadas a la venta de bienes raíces que ofertaron la mansión a través de sus páginas de clasificado. “Para terminarla a su gusto”, señalaban los anuncios que promovían la mansión, vendida finalmente en marzo pasado.
Lo que ha quedado en evidencia con la devolución de la mansión Arellano, es que por una “omisión” de la PGR las pruebas del lavado de dinero se desvanecen. La venta de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga es la llave que el CAF necesitaba para pelear sus bienes y seguir con el millonario blanqueo de dinero que comenzó en los mismos años que la madre del clan mafioso le hizo un desesperado pedido a una juez de Guadalajara.
Martínez, de 53 años de edad, quien acaba de ser sentenciado a nueve cadenas perpetuas en California por el asesinato de nueve personas entre 1980 y 2011, es pretendido por el estado de Florida en extradición por dos asesinatos ocurridos en 2006.
Ejecutarán a sicario mexicano. Foto: Especial
Miami, 23 Nov (Notimex).- El presunto sicario mexicano José Manuel Martínez, integrante del cartel narcotraficante de los Arellano Félix, podría terminar sus días ejecutado en la prisión estatal de Florida, sur de Estados Unidos, que lo reclama en extradición.
Martínez, de 53 años de edad, quien acaba de ser sentenciado a nueve cadenas perpetuas en California por el asesinato de nueve personas entre 1980 y 2011, es pretendido por el estado de Florida en extradición por dos asesinatos ocurridos en 2006.
Richard Ridgway, director asistente de la fiscalía estatal en el Condado de Marion (centro de Florida), confirmó que los hechos y las circunstancias del caso son favorables para pedir la pena de muerte para Martínez.
“Estamos esperando que sea puesto en una prisión federal de California y que nos notifiquen para solicitar la extradición”, dijo Ridgway a Notimex y señaló que el juicio podría tardar en iniciar hasta un año, aunque tratarían de acelerar el proceso.
Conocido como “El Mano Negra” se presume que Martínez puede ser responsable de más de 30 asesinatos en todo Estados Unidos.
En Alabama recibió una sentencia de 50 años el año pasado a cambio de una declaración de culpabilidad por un cargo de asesinato. En ese caso, Martínez disparó a un hombre que al parecer hizo comentarios despectivos sobre su hija.
En ese estado, Martínez no será elegible para libertad condicional hasta después de que cumpla 90 años y aunque técnicamente California tiene la pena de muerte, un juez federal dictaminó en 2014 que es inconstitucional. Nadie ha sido ejecutado en ese estado desde 2006.
Por ello las autoridades de Florida creen que es factible que enfrente una acusación formal por dos asesinatos en primer grado ocurridos en 2006 y de ser hallado culpable recibiría la pena capital.
Según la oficina del Alguacil del condado Marion, el AND de Martínez coincide con el encontrado en un cigarillo en noviembre de 2006 cerca de dos cadáveres que habían sido ejecutados en el condado Marion.
Los muertos son Javier Huerta de 20 años y Gustavo Olivares Rivas de 28. Ambos de Pierson en el condado Volusia.
Los detectives afirman que Martínez contrató a los dos jóvenes para un trabajo haciéndose pasar por el dueño de una casa y una vez que llegaron forzó a Olivares a llamar a su esposa para que le llevara dinero que tenía enterrado en el patio.
Martínez le dijo a la policía en una confesión hace dos años que obtuvo cerca de 200 mil dólares de los hombres y que los forzó a que se amarraran entre ellos y luego les disparó. Según el reporte Olivares había huido con dinero de las drogas.
Los cuerpos fueron encontrados el 8 de noviembre de 2006 en una camioneta abandonada en una carretera, pero no fue sino hasta el 2013 que una revisión del ADN de Martínez coincidió con el encontrado en el cigarillo cerca de los cadáveres.
Según la policía, personas que conocen a Martínez han dicho a los investigadores que él siempre alardea de sus crímenes y de trabajar con un “compadre” del cártel de los Arellano Félix con sede en Tijuana, México, como un cobrador de deudas.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
