Se instruyó difundir ampliamente las fotografías de los presuntos terroristas islámicos, con el fin de lograr su ubicación.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Tres presuntos integrantes del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en ingles) podrían encontrarse en territorio mexicano para dirigirse hacia Estados Unidos, por lo que la Policía Federal (PF) fue alertada para ubicarlos y detenerlos.
Los posibles terroristas son Ibrahim Mohamed y Mohamed Eissa, ambos egipcios; y Ahamed Ghanim Mohamed Al Juburi, de origen iraquí. El grupo estuvo en Costa Rica el 9 de junio pasado y en Panamá, el 12 de mayo, según se informó mediante un boletín.
De acuerdo con el oficio PF/DFF/DGRO/29057/2019, citado por el reportero Alan G. Hernández, se instruyó difundir ampliamente las fotografías de los presuntos terroristas islámicos, con el fin de lograr su ubicación.
El documento, con fecha del 21 de junio, está signado por el Comisario Mario Alberto Montaño Alcocer y dirigido al Inspector Francisco Rodrigo Rodríguez Galindo, director general adjunto operativo.
#ANUARIO2017 | La inseguridad empeora conforme el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto termina. El quinto año de su mandato presenta un alza sin precedentes en los conteos oficiales de los delitos de homicidios dolosos, desapariciones y tortura.
Además, la violencia de este año ha colocado a México a la cabeza en la lista negra de los países más letales para periodistas y religiosos en el mundo.
la estrategia del Gobierno federal estuvo centrada en el despliegue militar, pese a que esa opción de combate frontal al narcotráfico fracasó desde el sexenio de Felipe Calderón, y hoy los grupos criminales han diversificado sus actividades y la Ley de Seguridad Interior es un preámbulo para que la fuerza militar se endurezca sin contemplar otras alternativas, advierten analistas.
Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto mantiene las mismas estrategias de seguridad del sexenio anterior sin que los resultados para descender las cifras de incidencia delictiva lo respalden, y al mismo tiempo los grupos criminales diversifican sus actividades, criticaron especialistas en seguridad.
Los primeros 11 meses del año no encuentran precedente desde que el registro oficial empezó a contar las carpetas de homicidio doloso en 1997. Hoy suman 23 mil 101 carpetas este delito -una cifra que haya su antecedente más cercano en los mismos meses del 2011 cuando se acumularon 21 mil 117- y este mes que termina solo ampliará el deshonroso récord en este delito.
La actual administración impuso marcas no solo en homicidios en general. Este año, México se colocó como el país es el más letal en el mundo para los sacerdotes (23), para los periodistas (13). A nivel local, también se impuso marca de alcaldes privados de la vida (20).
Aún candidato, en abril del 2012 Peña Nieto causó sorpresa al anunciar su intención de crear un nuevo cuerpo policial.
“La Gendarmería se planteó una transformación y resultó en una división más de la Policía Federal. Ahí vemos cómo las visiones del Gobierno federal son bastante limitadas”, dijo Erubiel Tirado Cervantes, investigador de la Universidad Iberoamericana.
Si bien Peña prometió 40 mil elementos, la corporación terminó por ser de 5 mil elementos y funcionando en tareas de protección a las áreas económicas y turísticas del país. No obstante, la violencia ha llegado a Cancún, Quintana Roo, y Los Cabos, Baja California Sur, joyas del turismo mexicano.
Las alertas sobre la inseguridad por la que atraviesa el país también vienen desde el extranjero: en agosto pasado el Gobierno de Donald Trump actualizó su alerta de viaje para sus ciudadanos en la que incluye 31 ciudades, 22 playas y cinco zonas arqueológicas.
La seguridad interior sigue en manos de la Secretaría de Gobernación y Miguel Ángel Osorio Chong se mantiene al frente de esa dependencia desde el inicio de esta adminitración quien se quedó en camino en la carrera presidencial y también como al comienzo del sexenio, el Gobierno federal culpa a los gobiernos locales de haber abandonado sus tareas en la materia.
Los homicidios alcanzaron su punto más alto en la historia este año. Foto: Luis Carbayo, Cuartoscuro
Miles de de menores de edad han sido asesinados en estos últimos diez años. Foto: Bernardino Hernández, Cuartoscuro
LA ESTRATEGIA SE ENDURECERÁ
Analistas criticaron que los esfuerzos de despliegue de Peña Nieto se han centrado en solo en las Fuerzas Armadas, para quienes pidió la Ley de Seguridad Interior en diversos eventos públicos.
“Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó se ser solo valiosa para convertirse en una imperiosa necesidad. Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que se requiere”, reiteró Peña durante un evento de entrega de instalaciones castrenses en Coahuila el pasado 29 de noviembre.
Con el respaldo, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron la ley en los primeros 15 días de diciembre.
“La única razón para justificar darle un marco legal a la presencia militar es, protegerla de demandas y ampliar su marco de acción. Eso quiere decir, que la estrategia, en términos de la dureza y la violencia a utilizar se piensa incrementar con esta ley. De lo contrario, habría candados judiciales”, consideró el consultor de seguridad David Martínez- Amador.
El 12 de diciembre del 2006 el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa mandó a las tropas a combatir el narcotráfico en Michoacán; 10 años más tarde el despliegue militar se hallaba en al menos 24 entidades.
“Lo primero es reconocer que, nada ha cambiado con la presencia de los militares en el espacio público con respecto a la seguridad. Las cifras del sexenio son clarísimas. Es ridículo intentar ‘regular judicialmente’ lo que es inoperante en la práctica. No hay duda que la influencia del general colombiano Naranjo ha sido clave en la forma cómo la presidencia de Enrique Peña entiende el problema de la seguridad”, expuso el consultor de seguridad .
En junio del 2012 el General colombiano Oscar Naranjo confirmó que le solicitaron trabajar como asesor de seguridad del entonces candidato presidencial del PRI. No fue sino hasta principios del 2014 que el General decidió volver a Colombia, para en marzo del 2017 asumir como vicepresidente de ese país.
Los datos hablan de los efectos de la militarización. En el sexenio de Vicente Fox se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el informe “Perpetuar el fallido modelo de seguridad” del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Mientras que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron 10 mil 751 quejas.
“Un militar es una máquina entrenada para matar, no tiene otra función. Si a esa máquina diseñada para matar no le pones controles judiciales, ni se adoctrina en materia de Derechos Humanos, los militares van operar en términos de guerra tradicional con todo lo que eso implica. Lo único que esta reforma hace es legalizar la década que los militares tienen de estar en activo en tareas de seguridad. Lo ideal, sería ponerle el bozal al perro y no, quitárselo. Lo que la reforma debería hacer es limitar la forma como los militares usan la fuerza en el espacio público en tareas de seguridad interna: delimitar concretamente lo que no pueden hacer. Lo que se está haciendo es darles carta blanca”, explicó Martínez-Amador.
Entre septiembre del 2007 a agosto del 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de la Secretaría de la Marina y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto del 2016, pasaron a ser 22 mil 473.
La tortura cometida por las autoridades aumentó durante el sexenio de Peña Nieto.
En seis años Calderón Hinojosa acumuló 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que Peña Nieto acumuló 5 mil 521 entre el 2013 y el 2016. Un aumento de mil 376 por ciento.
Asimismo, en los primeros cuatro años y medio Peña Nieto acumuló 19 mil 155 desapariciones entre el fuero federal y común. Mientras que Felipe Calderón sumó 13 mil 681 durante todo su sexenio.
El Presidente Enrique Peña Nieto, continuó la estrategia de combate frontal al narcotráfico. Foto: Presidencia, Cuartoscuro
El Gobierno federal se jactaba hasta noviembre de haber neutralizado a 108 de 122 objetivos prioritarios. Una estrategia que resultó en el fraccionamiento de los grupos del crimen organizado.
“No se reformuló la política, tenemos fragmentos en Veracruz, que son extremadamente violentos, lo vemos también en Guerrero y Tamaulipas, varios grupos ni siquiera identificables”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad de George Mason.
Hasta octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) contabilizaba la presencia de 9 cárteles y 27 células delictivas.
Asimismo, la diversificación de actividades delictivas ha ascendido otros delitos como el robo de combustible.
“La diversificación es mucho más importante, no sólo estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de secuestro, de diferentes tipos de combustible, de hidrocarburos, de oro, de carbón, de minas. Tenemos el Pacífico en llamas, en el anterior sexenio fue el Golfo. El Cártel Jalisco Nueva Generación no sólo tiene reportes de tráfico de drogas, sino de extensión de actividades”, dijo Correa-Cabrera.
La PGR reportó en el primer semestre 3 mi 144 carpetas por el delito de sustracción de hidrocarburos, lo que representa el 83 por ciento del total del 2016, cuando se registraron 3 mil 762 carpetas.
Hasta octubre los estados con mayor número de tomas clandestinas reportadas por Pemex eran Guanajuato con mil 557, Puebla con mil 263 y 954 en Tamaulipas.
Pese a la diversidad de delitos, para Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, el 75 por ciento de la violencia en México se origina en el mercado negro de las drogas. Sin embargo, el tema no es atendido por los gobernantes, acusó.
“Regular drogas es un tema que los candidatos y el Gobierno actual sienten muy controversial y estamos en un año electoral. Sin embargo, ahí están las soluciones. En primer lugar, hay que educar a la población o a los electores. Y creo que es urgente poner sobre la mesa de las elecciones el tema de la regulación como una propuesta de campaña”, alertó Roel.
En la antesala de la discusión de la Ley de Seguridad Interior por la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, organizaciones civiles han recordado que la propuesta perpetuaría la presencia del Ejército en las calles y con ello las violaciones a los derechos humanos.
“Ha quedado más que demostrado que en 10 años la militarización no ha ayudado a mejorar la seguridad pública. En sí misma esta estrategia de seguridad fracasó. En términos particulares si uno mira los pormenores de la ley en realidad está dándole mayor discrecionalidad al Ejército para no rendir cuentas y abrirle la puerta para cometer nuevas atrocidades como Tlatlaya”, dijo Michael Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC.
No solo son los grupos civiles mexicanos los que se oponen a esta normativa, este día 11 organizaciones internacionales llamaron a no avalarla y diputados alertan que el PRI pretende sacar la iniciativa vía fast track.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- El 4 de noviembre del 2016, el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, presentó la iniciativa de su partido sobre la Seguridad Interior. Así se consumaba una respuesta a la petición del Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda de regularizar las operaciones que el Ejército realiza en las calles desde el 2006. Sin embargo, no es hasta este jueves 30 de noviembre que la Comisión de Gobernación ha convocado a la discusión de un dictamen sobre Seguridad Interior.
Organizaciones civiles alertaron que el marco jurídico que se pretende aprobar agravaría la crisis de violencia por la que atraviesa el país.
La propuesta cuenta con el respaldo del Gobierno federal. El 12 de diciembre del año pasado fue el propio Presidente Enrique Peña Nieto quien abogó por un marco de seguridad interior. Y hoy, a la espera de la sesión en la Cámara de Diputados, ha vuelto a reiterar este mensaje.
“Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”, dijo durante la inauguración de la onceava Brigada de la Policía Militar.
“Lo que se quiere es poner en papel lo que actualmente está haciendo el Ejército en tareas de seguridad pública. Se quiere regular una práctica que lleva más de diez años y que es notoriamente inconstitucional y contraria a las obligaciones internacionales que tiene México en materia de derechos humanos”, explicó José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH).
Hoy el Presidente Enrique Peña Nieto reiteró la necesidad de un marco de seguridad interior durante la inaugución de la 11ª Brigada de Policía Militar y su Unidad Habitacional Militar. Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con aquella propuesta de Camacho, se entienden como amenazas a la seguridad interior los actos violentos que quebranten la gobernabilidad, los fenómenos naturales y cualquier acto que ponga en peligro la estabilidad o la paz del país.
A finales de agosto, 240 organizaciones civiles que integran la iniciativa #SeguridadSinGuerra, pusieron sobre la mesa una propuesta alternativa a la que se pretende aprobar por la Comisión de Gobernación.
“Aquí el problema es que se le quiere dar un carácter de permanente a lo que es extraordinario. Hemos tenido acercamientos con varios legisladores. Ofrecieron un debate y no lo ha habido. Dicen que hay un dictamen y no es público. No hay transparencia”, reclamó Edgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos humanos y Democracia (IMDHD).
En vez del uso de las fuerzas castrenses, las organizaciones civiles destacaron la necesidad de dejar las tareas de seguridad pública en manos de la policía como lo marca la Constitución, dejar las medidas excepcionales con base a los artículos 29 y 119; la profesionalización de las policías civiles; un programa de regreso a los cuarteles del Ejército; e implementar mecanismos de justicia y verdad.
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Oliva Posada, cuestionó a quienes han dicho que la ley de seguridad interior “militarizaría” la seguridad, “si [a las fuerzas armadas] las sacan [de las calles] muy bien, ¿quién va a hacer el trabajo?”.
El investigador de la UNAM señaló que “la idea de la ley no son las Fuerzas Armadas, sino es establecer con toda claridad y precisión a qué ámbito de la autoridad le toca la responsabilidad de la materia de la seguridad pública”, acompañada de plazos para que las tareas se cumplan.
Mientras que en el artículo 21 de la Constitución se señala que las instituciones de seguridad pública deberán ser de carácter civil, el investigador recordó que existe un reconocimiento constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea auxilie a las autoridades civiles.
Organizaciones civiles rechazaron la necesidad de regular las operaciones del Ejército por riesgo a que se perpetúen su presencia en las calles. Foto: Cuartoscuro
Datos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez dan cuenta de que la labor de las Fuerzas Armadas ha estado acompañada de un aumento en las quejas por violaciones a los derechos humanos.
Durante el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas. En tanto que el sexenio calderonista y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto presentaron 10 mil 751 quejas.
Asimismo, entre septiembre del 2007 a agosto del 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de la Secretaría de la Marina y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto del 2016, pasaron a ser 22 mil 473.
“Ha quedado más que demostrado que en 10 años la militarización no ha ayudado a mejorar la seguridad pública. En sí misma esta estrategia de seguridad fracasó. En términos particulares si uno mira los pormenores de la ley en realidad está dándole mayor discrecionalidad al Ejército para no rendir cuentas y abrirle la puerta para cometer nuevas atrocidades como Tlatlaya”, dijo Michael Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC.
No solo son los grupos civiles mexicanos los que se oponen a esta normativa, este día 11 organizaciones internacionales llamaron al Congreso de la Unión a no avalarla debido a que “levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional. El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos”.
El pronunciamiento fue firmado Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), Robert F. Kennedy Human Rights, World Organisation Against Torture (OMCT).
La oposición de izquierda ya dio la espalda a la iniciativa que se pretende discutir mañana.
“El tema de seguridad interior, que el PRI y sus aliados se han empeñado en sacar en este periodo legislativo y que seguramente el día de mañana estaremos viendo una especie de albazo legislativo” vaticinó Clemente Castañeda jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano esta mañana.
El Diputado del PRD vaticinó que el PRI utilizará su mayoría para avalar la iniciativa en la Comisión de Gobernación. Foto: Cuartoscuro
Al interior de la comisión de Gobernación que discutirá el dictamen el PRI cuenta con 12 integrantes y el Partido Acción Nacional (PAN) con siete, ambos partidos a favor de la Ley de Seguridad Interior suman 21 de 32 votos posibles, suficientes para mandar el dictamen al pleno la Cámara de Diputados.
“El PRI, el Verde y sus aliados, tienen la mayoría simple que es lo que se requiere para aprobar una ley en el Congreso. Y por lo que hemos escuchado la van a empujar”, advirtió el Diputado Federal del Partido Revolucionario Institucional (PRD) Rafael Hernández Soriano.
Con 2 mil 371 carpetas por homicidio doloso, octubre es ya el mes más violento de los últimos 20 años. Y el anuncio de la sesión de la Comisión de Gobernación se da sólo tres días después de que el PRI anunciara a José Antonio Meade como el futuro candidato presidencial.
“En materia electoral lo que quiere hacer este Gobierno es aprovechar el miedo, el temor de la población de la inseguridad que vivimos para decirles yo sí me preocupo por ustedes y aquí está el Ejército, sin embargo, hemos visto que en cinco años no han hecho absolutamente nada, todos los índices han crecido”, apuntó Guevara.
Si hoy alguien despertara de un coma de seis años se daría cuenta que las estrategias para reducir los homicidios en el país no han funcionado. En el último tramo de su administración, los discursos del Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo se contradicen con los hechos. Esta semana, más de 250 cráneos fueron hallados en un cementerio clandestino en Veracruz; el hallazgo lo hicieron familiares, en vez de las autoridades. Además culminó apenas un paro escolar de dos meses en protesta contra criminales en San Miguel Totolapan, Guerrero, mientras que en el norte, y en pleno centro turístico de Los Cabos, se reporta la formación de una nueva organización criminal: el Cártel Tijuana Nueva Generación. Lo mismo sucede en otras dos joyas del turismo mexicano: Cancún y Playa del Carmen, ahora constantemente sacudidas por balaceras y asesinatos. El crimen rebasó a las autoridades, mientras las policías aquejan serias deficiencias, denuncias expertos. Ayer, un estudio desnudó a los cuerpos policiales mexicanos y, también, Juan Méndez, ex Relator de la ONU sobre la tortura, reiteró que ese delito de lesa humanidad ha repuntado en el país.
Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).— La administración del Presidente Enrique Peña Nieto emprende el último tramo del sexenio sin cambiar la cara de la violencia que azota el país. Datos oficiales, altos funcionarios, instituciones internacionales y la sociedad civil alertan sobre la turbulencia y el caos en materia de seguridad durante este primer trimestre del año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo hincapié sobre el uso de la tortura como práctica generalizada en el país. Juan Mçendez, ex Relator especial de Tortura para ese órgano internacional, habló ayer sobre la negligencia que encontró en el Gobierno federal.
“Siempre dijimos que la tortura es generalizada, aspiro a que me prueben que me equivoqué o a que deje de ser generalizada”, dijo Méndez, después de que señalara a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de haber pretendido persuadirlo para cambiar el término “generalizada” al fin de su visita al país en mayo de 2014.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró el año pasado 15 quejas de tortura relacionadas con el Ejército; un aumento del 400 por ciento con relación al 2015. De la misma forma se incrementaron las quejas por tortura en contra de la Policía Federal (PF): 143 quejas en el 2016, lo que significa un repunte del 429 por ciento con relación a los registros del 2015.
También, un trabajo de investigación –con bases de datos realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)– reveló que durante el sexenio de Calderón el 30.3 por ciento de las personas detenidas por el Ejército y la Marina, acusó haber sido torturada con choques eléctricos, y el 26.6 por ciento mediante asfixia.
“No es cierto que la tortura provoque resultados positivos. Es cierto que provoca que el torturador diga lo que quieren que digan y en algunos casos es verídico. Sin embargo, son innumerables los casos de declaraciones bajo tortura que no corresponden a la realidad y que llevan a condenas judiciales falsas, a la persecución de inocentes”, planteó Juan Méndez.
Méndez advirtió de los riesgos que conllevan las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior. En este momento seis iniciativas han generado un debate en el interior del Congreso de la Unión. Pese a reconocer que no tiene detalles de las propuestas, argumentó que la experiencia internacional indica que usar al Ejército en tareas de seguridad interior, antes reservadas para las policías, es un error.
Juan Méndez explicó que sacar al Ejército a tareas de seguridad interior no resolverá el problema del crimen organizado. Foto: Cuartoscuro
“Siempre se alega que las fuerzas policiales se ven desbordadas por la inseguridad, en nuestro informe [preliminar 2014, final 2015] dijimos que México tenía un serio problema, pero el involucramiento tiende a militarizar a las policías también”, dijo Méndez.
La violencia en el país pareciera estancada. En enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró mil 938 carpetas por homicidios dolosos. Una estadística no tan alejada de las mil 609 de enero del 2010.
Llevar este tipo de casos a la justicia aún es una meta difícil. En septiembre del año pasado el Inegi refirió que la cifra negra, es decir los delitos no denunciados y sin apertura de investigación representaron el 93.7 por ciento del total.
Hoy, la asociación civil Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) presentó un informe en el que reveló el bajo rendimiento policial.
El 31.3 por ciento de 16 Ministerios Públicos estatales encuestados calificó la capacidad policial para detener delincuentes en flagrancia como mala. Mientras que el 56.3 por ciento la consideró de regular, y el 12 por ciento como buena.
Esta situación es especialmente preocupante puesto que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) fue implementado a nivel nacional desde el 18 de junio del 2016.
El Informe “La cara del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué le falta al policía primer respondiente?” se evaluó la labor policial conforme a sus actas de acción, encuestas a ministerios públicos y policías, así como las audiencias iniciales del NSJP.
Sin la labor de los policías el NSJP no funcionará a cabalidad, advirtió el analista de seguridad Alejandro Hope.
Las policías del país son las encargadas desde detener delincuentes hasta proteger escenas del crimen y una reforma al artículo 21 constitucional en el 2008 les permitió apoyar al Ministerio Público en el embalaje y de pruebas. Sin embargo, el 69 por ciento de los ministerios públicos calificó la capacidad para recolectar indicios de delitos como mala; el 31 por ciento, regular; y ninguno, buena.
Hasta el 13 de febrero, la Procuraduría General de la República refería la operación dentro del territorio nacional de 37 células delictivas y 9 cárteles del crimen organizado.
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto han surgido nuevos cárteles. Un reporte del diario estadounidense Los Angeles Times detalló en octubre pasado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se estaba uniendo con el Cártel de los Arellano Félix.
La alianza en Tijuana habría dado paso al Cártel Tijuana Nueva Generación, que busca pelear la plaza al Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, extraditado a Nueva York el 19 de enero.
Además de Baja California, otra joya del turismo mexicano ha sido azotada por la violencia en este primer trimestre.
Tras dos días consecutivos de balaceras, con un total de nueve fallecidos, dos de los puntos turísticos más importantes de la costa caribeña de México están en vilo: Cancún y Playa del Carmen. Tanto así, que el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia para sus ciudadanos de visita en la zona.
Mientras investigadores trabajaban el 18 de enero pasado en una discoteca de Playa del Carmen, donde la madrugada anterior murieron cinco personas por disparos, la región se sacudió cuando hombres armados asaltaron esa misma tarde la oficina de la Fiscalía del estado de Quintana Roo, en Cancún. Cuatro personas fallecieron en el incidente.
Las autoridades atribuyeron ambos incidentes al crimen organizado, pero no explicaron a quién podrían estar vinculados.
Durante estos primeros tres meses del año, Cancún ha sido el epicentro de una guerra por la plaza, han alertado analistas en seguridad. Y apenas el 14 de marzo, nuevas balaceras se desataron en esa ciudad y dejaron como saldo un policía muerto y tres oficiales heridos.
COMUNIDADES INDEFENSAS
Asimismo, en el transcurso del actual Gobierno federal las comunidades más indefensas no han dejado de sufrir la presencia del crimen organizado.
Apenas el martes pasado, habitantes de San Miguel Totolapan señalaron que se restaurarían las clases en más de 200 escuelas después de dos meses de inoperancia. Maestros y familiares exigieron con esta medida que las autoridades no los dejaran solos ante la célula que opera en la zona y a la que se identifica como “Los Tequileros”.
Desde hace 10 años, Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”, opera en el municipio sin que las autoridades hayan podido detenerlo.
Por su parte, en Veracruz, la presencia del narcotráfico ha vuelto a llamar la atención pública, después de que familiares del colectivo Solecito hallaran alrededor de 250 cráneos en un cementerio clandestino ubicado en el predio Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz.
Los familiares participantes en la Brigada de Búsqueda de Personas hallaron en septiembre este lugar. Y el Fiscal Jorge Winckler afirmó hoy al noticiero de Televisa, que se sólo se ha avanzado en un 30 por ciento del escrutinio del terreno.
La guerra contra el narcotráfico parece haber engrosado la fila de asesinatos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 186 mil 297 asesinados entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015.
Más recientes son los datos del Semanario Zeta, que contabilizó 90 mil 649 ejecutados en 50 meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, de diciembre del 2012 a enero del 2017.
Los datos entierran las promesas hechas por Peña Nieto cuando fue candidato presidencial.
“En los últimos cuatro años se han incrementado y se han sumado a las filas de la pobreza 12 millones más de mexicanos y de ellos la mitad no tienen o no les alcanza para comer. […] Y por si esto fuera poco, hay que decir que la ola de violencia y de inseguridad amenaza tu vida y tu libertad. […] Me propongo cambiar el miedo por esperanza, me propongo cambiar a México”, decía cuando en el debate de candidato, en mayo del 2012.
El Gobierno federal respalda las iniciativas de Ley sobre Seguridad Interior, en tanto le da la espalda las de tortura y la desaparición forzada duermen el sueño de los justos, lamentan diputados. El 20 de diciembre pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto urgió a los legisladores a proveer al Ejército de un marco jurídico que les permita realizar operaciones similares a la policía bajo una declaratoria presidencial. Y hoy su partido afirmó que se aprobará previo al inicio de mayo próximo. Esta situación no es acorde con las quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por vejámenes cometidos por las fuerzas militares y la Policía Federal en contra de civiles. Instancias de derechos humanos internacionales advierten del riesgo que conlleva normalizar la actuación de los soldados en tareas de seguridad pública. ¿Por qué no se aprueban las legislaciones sobre tortura y desapariciones forzadas?
El Presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado expreso apoyo a la aprobación de una Ley en materia de Seguridad Interior. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– En 2016, el Ejército registró más quejas de tortura que en los últimos seis años. Legisladores y activistas lamentaron la prioridad que dan el Presidente Enrique Peña Nieto y el partido en el Gobierno federal a la iniciativas de Ley de Seguridad Interior sobre las relacionadas con derechos humanos.
Vía el mecanismo de transparencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró el año pasado 15 quejas de tortura relacionadas con el Ejército; un aumento del 400 por ciento con relación al 2015.
Los señalamientos a la Policía Federal para prevenir este delito de lesa humanidad cometido por autoridades también se agravaron. 143 quejas relacionaron al cuerpo policial en el 2016 con esta práctica, un aumento del 429 por ciento con relación a los registros del 2015.
“La tortura es sistémica y va para arriba, y es una práctica que nunca fue erradicada”, dijo Ana Laura Magaloni, directora de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los datos de la CNDH apuntaron que se han registrado 311 quejas de tortura, entendido este delito como el cometido por la autoridad, en el periodo del 2010 al 2016. Ningún año superó el registro de 209 quejas del 2016.
En febrero, el Relator de las Naciones Unidas para la tortura Juan Méndez reiteró en el informe de seguimiento a su visita hecha a México en el 2014 que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México.
Lo que ha prendido las alarmas de los legisladores. El 3 de marzo la Senadora Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, apuntó: “En este sentido, el Congreso debe asumir su responsabilidad en esta crisis al no concluir el proceso legislativo de las leyes contra la tortura, la desaparición forzada y seguridad pública”.
Desde el Ejecutivo el respaldo se ha extinguido. El Presidente Enrique Peña Nieto, después de enviar para su aprobación al Congreso las iniciativas contra tortura y desaparición forzada en diciembre del 2015 ha guardado silencio respecto. En cambio, su últimos llamados a los legisladores del país han sido encaminados a la aprobación de una ley en materia de Seguridad Interior.
Un dictamen de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles fue aprobado por el Senado desde abril del 2016. Mas, la propuesta duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados.
Por su parte, la desaparición forzada también ha sido calificada como generalizada en México por el Comité de la ONU en esta materia.
Sólo en enero desaparecieron 312 personas en el país, una suma que supera los 29 mil registros oficiales. No obstante, la iniciativa en esta materia se ha quedado estancada en la Comisión de Justicia del Senado.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
¿Por qué hace falta voluntad política para aprobar estas iniciativas?, se pregunta a los especialistas.
En los pasillos de la Cámara también se habla sobre la influencia gubernamental de las instituciones de justicia sobre lo que se aprueba o no.
“El problema que percibo es que hay resistencia por parte de las procuradurías y la PGR. Porque seguramente el nuevo sistema de justicia penal [siglas, NSJP; una transición de un sistema escrito a oral entre el 2008 y 2016] los agarró sin prepararse y no tomaron en cuenta que es un sistema completamente garantista”, dijo el Diputado del partido Movimiento Ciudadano Víctor Sánchez Orozco.
El NSJP aún lucha por remover técnicas de investigación arcaicas y las prácticas de tortura, en tanto que la PGR tiene gran influencia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus legisladores, apuntó Sánchez.
“En el caso de desaparición forzada es una Ley que regula y sanciona precisamente la participación de manera directa o indirecta de servidores públicos. O integrantes de cuestiones policiacas. Entonces la resistencia viene de las propias entidades públicas para evitar esa legislación que urge”, agregó.
La tortura se remonta a viejas prácticas. Magaloni habló durante su participación en el “foro internacional de evaluación de estadísticas delictivas” sobre un reciente análisis de la tortura del Ejército en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con el Cide, durante el sexenio de Calderón el 30.3 por ciento de las personas detenidas por el Ejército y la Marina, acusó haber sido torturada con choques eléctricos, y el 26.6 por ciento mediante asfixia.
“Es una práctica que nunca fue erradicada. En la base de datos tenemos que la mitad de los encuestados fueron detenidos antes del sexenio de Calderón, y la otra durante el sexenio. Y podemos ver que antes no había desaparecido la tortura. Antes de Calderón prácticamente el Ejército no interrogaba a los detenidos, pero con la estrategia de guerra empezaron a detener e interrogar”, dijo Magaloni.
Así y todo hay quienes sostienen que la regulación de las fuerzas armadas reducirá las atrocidades cometidas por las autoridades. El PRI, bajo el nombre del coordinador de diputados, César Camacho Quiroz, presentó su propia iniciativa desde el 27 de octubre.
En la Cámara de Diputados, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha propuesto que antes de aprobarse una ley de Seguridad Interior se revise la iniciativa del Mando Mixto Policial, cuyo fin es dejar en manos del orden estatal a las policías de los municipios más indefensos.
En la visita del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la Cámara de Diputado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de ese órgano resolvió que se hicieran consultas necesarias antes de aprobar una Ley de Seguridad Interior.
César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados presentó el 27 de octubre su iniciativa para legislar sobre el Seguridad Interior. Foto: Cuartoscuro
Pero Soriano ve en los intereses del PRI y el Partido Acción Nacional de legislar sobre Seguridad Interior con recelo.
“Quieren legislar para la coyuntura. Están creciendo los índices de inseguridad, violencia, hay varias evidencias como el número de homicidios creciente de la mal llamada lucha contra el narco. Y con esto lo que se les ocurre es sacar al Ejército y darles más facultades. Cuando lo que debe discutirse es el modelo de seguridad”, comenta.
Enero cerró con mil 938 carpetas de homicidio doloso en el fuero común, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras en diciembre hubo mil 849.
Hoy el vicecoordinador de la bancada priísta, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que la Ley de Seguridad Interior se aprobará antes del 30 de abril, cuando acaba el periodo de sesiones.
“Parte de la clase política finalmente tiene intereses propios. Y darle este marco jurídico a las Fuerzas Armadas es redituable porque sería mantener una buena relación con ellas. Segundo, porque hay una parte de la sociedad que sigue creyendo que los problemas a la inseguridad se resuelven con las Fuerzas Armadas y, entonces, ahí hay posibles votos que puedan a aprovechar. Mientras que otros temas, como el de la tortura, tienen menos ventaja política”, dijo Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD).
La paz quedará más lejos para México si militarizan las calles, alertaron organizaciones de la sociedad civil en respuesta a las iniciativas para aprobar una Ley de Seguridad Interior. La participación del Ejército incrementó los asesinatos, torturas y desapariciones, sostuvieron con base en datos estadísticos oficiales y de centros de investigación. En tanto, en la Cámara de Diputados existen seis propuestas para reglamentar las operaciones de seguridad del Ejército. Y quienes las impulsan prevén aprobar la iniciativa al termino de abril. La gaceta parlamentaria publicó el 27 de octubre la propuesta del jefe de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, para regular la labor de las Fuerzas Armadas. Misma que, a los ojos de las organizaciones, es el primer paso hacia la impunidad militar.
Iniciativa de seguridad interior permitiría a elementos del Ejercito realizar labores policiales. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro
Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- Las iniciativas de Ley de Seguridad Interior proveen un marco para dejar en la impunidad las violaciones militares, apuntalaron organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno federal se ha puesto de espaldas a los resultados de diez años de guerra, criticaron.
Si bien los impulsores de legislar un reglamente para las operaciones del Ejército abogan que dará certeza jurídica, la interpretación de las organizaciones civiles difiere.
“La iniciativa de ley lo único que ayuda es a darle todo el marco jurídico al Ejército para salir a las calles y militarizar el país”, dijo Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La participación del Ejército, asentada desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío tropas a Michoacán para combatir al narcotráfico, ha dejado al país marcado por las secuelas de la violencia.
Al menos 186 mil personas fueron asesinadas entre 2007 y 2015, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Es una política miope [esta iniciativa] y muy irresponsable, porque ignora lo que las organizaciones de la sociedad civil han documentado con pruebas fehacientes y testimonios de víctimas, que dan cuenta de los abusos de poder perpetrados por las fuerzas armadas”, dijo Reneaum.
Los registros del Inegi reflejan que durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada hubo 17 asesinatos por día. Un promedio que se elevó a 54 con el gobierno sucesor de Felipe Calderón Hinojosa.
“En el contexto de la lucha contra las guerra contra las drogas existe una política para cometer crímenes de lesa humanidad”, alertó José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organización que se ha dedicado a la búsqueda de la justicia cometida por militares.
Guevara sostuvo que las extralimitaciones del Ejército corresponden a una determinación orquestada por las instituciones: “Donde se justifica la ejecución extrajudicial, la tortura y las desapariciones”.
El Presidente Enrique Peña Nieto, consciente de la crisis de seguridad, apostó por la permanencia del Ejército en las calles. Los datos oficiales hablan de 29 mil 196 desaparecidos entre 2007 y 2016.
En cuatro años Peña Nieto sumó 15 mil 647 casos de personas no localizadas, superando así a Calderón que en su sexenio acumuló 13 mil 549 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Sin embargo, desde octubre el jefe de la bancada priísta presentó una iniciativa para una Ley de Seguridad Interior, que pese al rechazo de los partidos de oposición contará con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), la segunda bancada mayoritaria en el Congreso.
“La realidad es que varios órganos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un mecanismo de Naciones Unidas le han dicho claramente al Estado mexicano que no se pueden utilizar las fuerzas armadas para hacer funciones de seguridad pública. La experiencia además demuestra que es altamente desaconsejable”, destacó Reneaum.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicó recientemente un ejercicio de bases de datos, correspondiente al periodo entre 2006 y 2011, que presentó los daños de la participación militar en tareas de seguridad pública.
En promedio, el 30 por ciento de personas detenidas por soldados y marinos denunció haber sido víctima de tortura mediante choques eléctricos, en tanto que el 26 por ciento acusó haber sido sometido a asfixia.
“No puede ser que se afirme con esa frivolidad característica de algunos servidores públicos que 200 casos de tortura sean hechos aislados [constatados por la CNDH]”, recordó Guevara.
El director de la CMDPDH señaló las deficiencias de las iniciativas sobre Seguridad Interior. Foto: Vía Twitter @CMDPDH
De 2006 a 2011, el Ejército participó en 68 masacres de al menos 10 personas. Mientras que los índices de letalidad de la Policía federal fueron de 2.6 por cada herido, los del Ejército de 9 y los de la Marina de 17.
Guevara recordó que los elementos del Ejército no tienen una formación para realizar tareas de seguridad pública. Datos del CIDE mostraron que en el 80 por ciento de 3 mil 327 combates entre militares y particulares registrados, fueron las fuerzas federales las que dispararon primero.
Amnistía Internacional México lamentó que la política del Estado fuese prioritariamente punitiva, Sin considerar atender las causas que originan esta violencia.
“No es que las personas pobres cometan más delitos que otros. Es que la estrategia penal selecciona a las personas que van a entrar en el marco del sistema punitivo. Se ignora que en este país hay más de 55 millones de personas viviendo en la línea de la pobreza. Y que hay una relación proporcional entre los municipios más pobres y los acontecimientos de violencia”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de la organización.
En el país hay 233 mil 469 personas privadas de libertad, de las cuales el 30 por ciento aguarda por recibir una sentencia, de acuerdo con el Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.
El nuevo Sistema de Justicia Penal no ha sido capaz de desaguar la sobrepoblación de las cárceles federales, que cuentan con una sobrepoblación de 24 mil 221 personas.
“Estamos viendo los resultados de la estrategia punitiva. Retardación de justicia, hay una increíble cantidad de casos y de personas que están detenidas provisionalmente. Esto debería ser una excepción, pero en México es la regla”, añadió Reneaum.
PROPUESTAS DE IMPUNIDAD
La iniciativa de Seguridad Interior promueve la impunidad, dijo Guevara. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro
José Guevara, director de la CMDPDH, acusó que las propuestas presentadas por el PAN y PRI dan paso “a la impunidad a las Fuerzas Armadas”, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
Las seis iniciativas apuntalan que el Presidente de la República será el encargado de emitir una declaratoria de Seguridad Interior en un lugar y lapso determinado, según requiera el caso, en el que podrán intervenir las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
En el país operan 37 células criminales y 9 cárteles del narcotráfico, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Algunas iniciativas, como la del Diputado [César] Camacho, establecen disposiciones completamente absurdas como, por ejemplo, el hecho de que toda la información que se produzca en el contexto de las operaciones relacionadas con la seguridad interior se considerará reservada por ser de seguridad nacional”, criticó Guevara.
Así, el número de personas que sean detenidas podría quedar como información clasificada, advirtió el activista.
“O por ejemplo hay otra disposición en esa misma iniciativa, que dice que en el contexto de esos operativos no será aplicable el código de procedimientos administrativos. Lo que quiere decir que ninguno de los actos ilícitos que puedan cometer los servidores públicos podrán ser responsabilizados por actos ilícitos y no se podría indemnizar a una víctima”, agregó.
En tanto que es el personal técnico de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados el que conjunta las diferentes iniciativas de los partidos políticos, las organizaciones piden que se abra un espacio de diálogo real con los legisladores, como parte de un esfuerzo necesario para incluir en las decisiones de seguridad pública a las sociedad civil.
A diez años de que la guerra contra el narcotráfico iniciara, el PAN busca reglamentar la participación del Ejército en las calles. El 11 de diciembre de 2006 el otrora Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra las fuerzas fácticas en Michoacán. Este fue el inicio de una estrategia federal de abordar la lucha contra las drogas, y la violencia no tardó en dispararse. Estadísticas oficiales registraron que los asesinatos subieron de 27 cometidos por día, durante la administración del primer gobernante panista Vicente Fox Queseada, a 56 en el sexenio calderonista.
Sin embargo, hoy lejos de regresar a los cuarteles, los elementos castrenses están más cerca de realizar operativos de seguridad pública gracias al respaldo del PAN a la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, presentada por el PRI.
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Diez años después del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Partido Acción Nacional (PAN) apuesta por que las Fuerzas Armadas combatan en las calles contra el crimen organizado a través de las propuestas de Ley en materia de Seguridad Interior, que están por iniciar sus discusión en la Cámara de Diputados.
La oposición de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) al uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales ha dejado al Blanquiazul y sus votos como indispensables para detener las propuestas en esta materia, que ya impulsa el PRI.
“Yo creo de lo que se trata es de reglamentar, poner límites al poder del Presidente de la República como jefe máximo de nuestras Fuerzas Armadas para que pueda mandar a las calles al Ejército. Y así saber ¿bajo qué condiciones puede el Ejército salir a las calles, en qué casos, cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la participación del poder Legislativo? Eso es lo que no tenemos”, dijo el Diputado panista Jorge Triana Tena, miembro de la Comisión de Gobernación que discutirá las propuestas.
Hasta el momento hay seis propuestas de iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Pero ha sido la presentada por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiróz, el pasado 27 de octubre, la que ha secundado la solicitud expresa del Presidente Enrique Peña Nieto de legislar este asunto.
Una Ley de Seguridad Interior le otorgaría al Presidente de la República la capacidad de decretar la intervención de las Fuerzas Armadas en un lugar y tiempo determinado.
Peña Nieto decidió continuar con la estrategia de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón. Pero los registros oficiales refieren que la violencia no disminuyó con la intervención de militares para acabar con el narcotráfico.
Camacho Quiroz, de corbata verde, fue quien presentó la iniciativa de Seguridad Interior en la Cámara Baja del Congreso. Foto. Cuartoscuro
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que entre 2001 y 2006, bajo el Gobierno de Vicente Fox Quesada, fueron asesinadas 60 mil 162 personas. Mientras que con el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012, ocurrieron 121 mil 613.
En el seno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PRI cuenta, junto con su aliado el Partido Verde, con 15 votos. Por su parte, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano (MC), quienes se han manifestado en contra de legislar sobre este asunto, suman ocho votos. Lo que deja como decisivos los siete votos del PAN para aprobar o no un dictamen sobre Seguridad Interior.
“Como veo la situación, es que esta Ley trae un gran apoyo del PRI, Verde, Panal, y el mismo PAN. Ellos hacen mayoría y temo que van aplicar esa fuerza numérica para aprobarlo en comisión y después en el pleno. Sin embargo, siendo el Congreso un órgano deliberativo eso no nos impide decir lo que hemos dicho, que la propuesta es reduccionista. Sólo un parche para el problema”, consideró Macedonio Támez Guajardo, Diputado de MC.
De acuerdo con el Diputado blanquiazul Jorge Ramos, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa no es un espaldarazo al PRI, pues dijo que su partido presentó casi un año antes, desde noviembre de 2015, su propia propuesta.
“Yo creo que están opinando sobre una Ley. Y la comisión va dictaminar sobre seis. En particular mi iniciativa que está diseñada para una intervención temporal, subsidiaria y transitoria para las Fuerzas Armadas. Siento que se está precipitando declaraciones sin conocer el contenido”, añadió Ramos.
Ramos, a diferencia del resto, no propuso la creación de una nueva legislación, sino la modificación de la Ley de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior para reglamentar el actuar de los militares.
Los legisladores del PAN sostuvieron que el uso de las Fuerzas Armadas podrá servir para acabar con el narcotráfico.
“Absolutamente esta ley y la del mando mixto ayudarían. El problema no es el Ejército, ni la marina. Gracias a su intervención no se ha agudizado el problema en el país”, dijo Ramos.
No obstante, a diez años de la guerra contra el narcotráfico hay pocos indicios de que las células criminales hayan sido reducidas. Datos de la Procuraduría General de la República (PGR), actualizados al 13 de febrero, apuntaron que en el país operan 37 células delictivas y nueve cárteles.
El 11 de diciembre de 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra el narcotráfico en Michoacán. Foto: Cuartoscuro
La incursión del Ejército en enfrentamientos con presuntos criminales aumentó los índices de asesinato en diversos municipios en un 6 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, esta tasa se incrementa a 9 por ciento cuando se ven involucrados en el combate elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este centro de estudios reveló que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011 se registraron 68 masacres, donde hubo al menos 10 muertos.
“Algunos diputados del PAN sostienen que la Ley va resolver los señalamientos de derechos humanos sobre las Fuerzas Armadas. Pero, yo creo que así como está esa propuesta, genera lo contrario. Es anticonstitucional, y va en contra de varios convenios de derechos humanos”, dijo el Diputado del PRD, Rafael Soriano Hernández.
El martes pasado, una serie de organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que el Gobierno federal estaría omitiendo recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que exhortaron a diseñar un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
“La Ley de Seguridad Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo la activista Denise Dresser.
El inicio de la guerra contra el narcotráfico disparó las quejas contra la Sedena en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a derechos humanos.
De 182 quejas recibidas en 2006, la CNDH pasó a registrar 367 en 2007 y mil 230 en 2008, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
“El PAN tiene condicionada su aprobación al respeto de los derechos Humanos, a que sea una iniciativa de carácter subsidiario y temporal para la participación de las Fuerzas Armadas. Y tercero, con obligaciones de gobiernos locales de restituir capacidades institucionales para que el Ejército se vaya”, aseguró el diputado panista Jorge Ramos.
El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha dado continuidad a la estrategia de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa. Foto: Cuartoscuro
Pero la estrategia de la organización de las fuerzas policiales no ha sido debatida. Y la profesionalización de las policías ha sido un tema pendiente por el Gobierno federal, acusó el legislador de oposición Macedonio Támez.
Si bien el ex Presidente Calderón buscó que cada entidad aprobara un Mando Único, en el que las policías municipales quedaran al mando del Gobernador, el modelo no gozó del apoyo necesario para ser adoptado en todo el país.
Ahora, bajo un llamado Modelo Mixto en el que los municipios más grandes podrán conservar sus propios policías, el PAN, PRI, MC y PRD buscan reconfigurar la organización policial de México.
¿Por qué el modelo policial ha sido relacionado con las propuestas de Seguridad Interior y no la regularización de las drogas?, se le preguntó al Diputado del Blanquiazul, Jorge Triana.
“Es un tema distinto. A título personal soy un convencido del uso de las drogas. Incluso, con fines lúdicos. Creo que esto eliminaría de forma importante el mercado negro. Y el mercado negro de narcóticos se llama narcotráfico. Pero vamos muy atrasados con respecto al entorno internacional. Apenas estamos abordando el tema del uso medicinal”, justificó.
Los legisladores adelantaron que esperan tener la próxima semana un dictamen sobre las distintas propuestas de seguridad interior que reglamente las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; así como aprobar una legislación en seguridad interior al finalizar este periodo de sesiones que acaba en abril.
Legisladores de oposición advierten que la iniciativa de Ley de Seguridad Interior avala el derramamiento de sangre de personas inocentes. De acuerdo con datos oficiales, entre 2007 y 2015 la Guerra contra el narcotráfico ha conducido al asesinato de 186 mil personas. El pasado 9 de febrero fue abatido el líder del cártel de Los Beltrán Leyva en Nayarit, junto a siete personas más. Algunos de los muertos eran menores de edad, aseguró el líder de oposición Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, esta versión fue negada más tarde por la Secretaría de Marina. Las autoridades acusaron al capo Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, de haber abierto fuego. Su cadáver fue hallado junto a un fusil de asalto. ¿Permitirán las leyes más eventos similares?, preguntan los legisladores en el Congreso.
Organizaciones civiles y legisladores de oposición rechazaron la iniciativa priista que propone una Ley de Seguridad Interior. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– Legisladores de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados tenían previsto discutir hoy, en el Día del Amor y la Amistad, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que otorga al Ejército la posibilidad de suplir labores policiacas en territorio y por el tiempo determinado por el Presidente de la República. La oposición ve en los recientes hechos de Nayarit una antesala de lo que podría traer consigo esta legislación.
La intervención de las fuerzas armadas en Tepic, Nayarit, terminó con un enfrentamiento contra supuestos miembros del cártel de Los Beltrán Leyva dentro de la colonia residencial Lindavista.
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Las autoridades acusaron a los abatidos, entre los que se encontraba Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2″, de abrir fuego. Imágenes que circulan en la red muestran el momento en el que un helicóptero de la Marina llega al sitio de combate. El incidente levantó polémica sobre los cuidados del personal militar para no afectar inocentes civiles.
“El Ejército tiene una formación de exterminio. El ejemplo lo tenemos en lo que acaba de hacer la Marina [en Nayarit], donde se ve un helicóptero y mataron a un líder del cártel, lo cierto es que nosotros tenemos información de que hubo gente inocente que en realidad falleció”, dijo el Diputado de Morena, Alfredo Basurto Román, quien advirtió que de aprobarse esta iniciativa podría aumentar estos casos.
El Ejército mata a ocho personas por cada una que resulta herida durante sus enfrentamientos con particulares, de acuerdo a una estadística hecha por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, destacó que es un escenario posible que más de estos operativos opacos se den bajo la Ley de Seguridad Interior.
“Donde se justifica por la situación de afectación a la seguridad nacional este tipo de asuntos; donde se podría contar con un marco y volver a ver lo de hoy: al Secretario de Marina saliendo a decir que todos los que murieron ahí eran sicarios y no hay evidencia –más que su dicho– de que las cosas sean así”, opinó.
César Camacho, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institutcional presentó la iniciativa de Seguridad Interior. Foto: Terceroi Díaz, Cuartoscuro
El 27 de octubre, el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, presentó la iniciativa que prevé la incursión del Ejército en tareas de seguridad pública.
El hecho de que los militares participen en asignaciones que la Constitución otorga sólo a policías ha levantado a la oposición en la Cámara de Diputados.
“Nosotros como PRD tenemos perfectamente claros los ámbitos de actuación y las jurisdicciones. El ámbito militar y civil son espacios totalmente diferentes. Esta iniciativa es anticonstitucional”, dijo la Diputada federal Cristina Gaytán Hernández, quien funge como Secretaria de la Comisión de Defensa Nacional.
El 11 de diciembre de 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío al Ejército a Michoacán para combatir a los cárteles del narcotráfico. El choque frontal no dio los resultados prometidos.
Durante el periodo de Felipe Calderón hubo 56 homicidios por día, mientras que con el ex mandatario Vicente Fox fueron 27.
Estadísticas del CIDE determinaron que en el periodo de Calderón, cada combate en el que se vieron enfrascadas Fuerzas Armadas y narcotráfico incrementó la tasa de homicidios en esos municipios en un 6 por ciento. Pero si la Secretaría de la Defensa Nacional era la implicada en el enfrentamiento el porcentaje subía a 9.
Llegado su turno, el Presidente Enrique Peña Nieto continúo con la utilización de las Fuerzas Armadas para perseguir al crimen organizado. Y desde el 20 de diciembre del año pasado ha dado abiertamente un espaldarazo a la iniciativa de Seguridad Interior.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Calderón sumó al final de su sexenio 104 mil 794 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que Peña Nieto en cuatro años, entre 2013 y 2016, registra un total de 91 mil 244 carpetas por este delito.
Esta mañana, un grupo de organizaciones de la sociedad civil protestó en contra de la iniciativa presentada originalmente por el PRI, y a la que se suman otras, en el Senado, del PRD y Partido Acción Nacional (PAN).
La propuesta del PAN en el Senado, por el Senador Roberto Gil Zuarth, y la del Sol Azteca, hecha por el Senador Miguel Barbosa Huerta, coinciden con la propuesta del Tricolor en que será el Presidente de la República el que determinará cuando decretar la Seguridad Interior en un lugar para que intervengan las Fuerzas Armadas.
“Además de lo que públicamente se ha dicho, entendemos legisladores que han tenido encuentros a puerta cerrada con militares. Hay presencia de gente cercana a los militares presionando en el tema. Y su insistencia es seguir haciendo lo que hoy es ilegal, creo que en el fondo no quieren rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos”, dijo Cortez.
En la propuesta del PRI se avala el uso de la fuerza por parte de militares. El artículo 2 de la iniciativa de esa Ley, entiende este concepto por: “La utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.
“La Ley de Seguridad Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo la activista Denise Dresser, esta mañana en conferencia de prensa.
La activista Denise Dresser pidió a los legisladores echar para atrás la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Por otro lado, el especialista en seguridad nacional Guillermo Garduño Valero apoya la propuesta de que el Ejército intervenga en asuntos de seguridad al considerar que México ya se encuentra en una guerra donde participan cárteles, policías y castrenses.
“Es algo tremendo. Pero es la única forma que se puede entrar en un combate con fuerzas que no respetan un Estado de Derecho [en referencia al crimen organizado]. Y estas personas cuando las agarran quieren ser tratados como ciudadanos”, ironizó.
Pese a que el Ejército lleva 10 años en las calles, la presencia del crimen organizado no es menor. Hasta hoy, la Procuraduría General de la República registra 37 células delictivas dentro del territorio nacional, cuyas operaciones responden a nueve cárteles.
Dresser apuntó esta mañana que en este contexto el mando militar pareciera tratar de imponerse sobre el mando civil. “Pocos respingan”, lamentó.
“Décadas de tradición y práctica constitucional que le permitieron a México evitar la militarización, ahora amenazadas por el Ejército empoderado”, dijo.
De acuerdo a datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2007 y el 9 de diciembre de 2016, el Ejército se vio objeto de 3 mil 916 agresiones. De ellas 246 castrenses resultaron muertos y mil 403 heridos.
Mientras que 3 mil 907 agresores fueron muertos, 494 heridos y 3 mil 83 detenidos, de acuerdo con datos entre 2007 y abril de 2014.
“Deberíamos tener, en cambio, reglamentos claros para la profesionalización de policías, desarrollo de capacidad de investigación y fortalecimiento de la autonomía de los poderes judiciales. Una idea de conjunto para un problema tan complicado en el que no basta una sola propuesta”, dijo Cortez.
Académicos, políticos, especialistas en seguridad y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que el nuevo impulso que ha tomado la iniciativa de Ley de Seguridad Interior se debe a las crecientes protestas sociales. La propuesta, presentada por el PRI, faculta a las Fuerzas Armadas para suplir responsabilidades que hasta ahora han sido de las policías del país. El pasado martes, Peña Nieto celebró el avance de las discusiones de la iniciativa de Seguridad Interior en el Congreso; mientras que diversos sectores la ven con recelo y desconfianza.
El 1 de enero un aumento en el precio de la gasolina en hasta un 20 por ciento fue recibido con descontento entre la población. Las protestas se extendieron a casi todos los estados y ante la inconformidad, el Presidente Enrique Peña Nieto ha asegurado que la medida fue tomada ante el incremento de los precios internacionales del combustible. Sin embargo, analistas y críticos ven en los impuestos la verdadera causa.
El Presidente Enrique Peña Nieto impulsa la iniciativa de ley de Seguridad Interior, pese al rechazo de diversos sectores. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Durante la ceremonia de entrega de menciones honoríficas a las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, celebrada el martes pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto se congratuló por el análisis de cuatro iniciativas de la Ley de Seguridad Interior. La medida dará luz verde al Ejército en las calles para frenar las protestas, advirtieron políticos de oposición y diversos sectores de la sociedad.
El 27 de octubre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a través del jefe de su bancada, el Diputado César Camacho Quiróz, la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior.
Sin lograr avances en el periodo de sesiones que finalizó el 15 de diciembre, la iniciativa volvió a cobrar impulso este enero durante el auge de las protestas contra el “gasolinazo”. El presidente del Senado y Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero Morales, afirmó el pasado 11 de enero que el contenido de la iniciativa de Ley estaría listo en 30 días.
Para distintos sectores, el contenido de la propuesta es un intento del Gobierno federal para mermar el descontento social en las calles.
“Hoy estamos viendo una de las consecuencias más sentidas de la Reforma Energética, el alza en los precios de la gasolina. Los grupos en el poder entienden que los descontentos irán incrementando. Entonces, pretenden tener una capacidad represiva que sofoque, o de antemano intimide a toda inconformidad y protesta social”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
Diversos grupos apuntaron que la discusión de esta Ley gana celeridad conforme las protestas por el gasolinazo se extienden en el país.
El 1 de enero los precios para las gasolinas se fijaron en 15.99 pesos para la Magna, 17.79 la Premium y 17.05 para el Diésel; incrementos de 14.2 por ciento, 20.1 por ciento y 16.5 por ciento, de forma respectiva.
Decenas de protestas fueron registradas en todo el país. Y grupos de trabajadores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Alianza de Trabajadores Públicos de la Salud, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, entre otros, decidieron el 7 de enero impulsar las protestas venideras contra el gasolinazo.
Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), apuntó que hay una preocupación entre la clase política por las movilizaciones sociales.
Alertó que el proceso de consultas y foros, organizados por el Congreso de la Unión para discutir la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, no ha incluido a cabalidad la participación de voces contrarias a la propuesta.
Uno de los académicos que sí ha tenido la oportunidad de expresar una opinión crítica en estos espacios es Javier Oliva, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El académico explicó que “el enfoque erróneo en las iniciativas que no comparto es suponer que se trata de legislar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. El enfoque debería preguntarse cuándo vamos a tener corporaciones policiales locales eficientes y confiables”.
En la propuesta de la iniciativa presentada por el PRI, el artículo 19 prevé que las Fuerzas Armadas sólo intervendrán una vez que la fuerzas federales sean insuficientes, y lo harán cuando el Presidente realice una declaratoria de Protección de la Seguridad Interior.
Además, en el artículo 2 de esa Ley detalla que en la conducción de las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior se observarán varios principios, como del uso legítimo de la fuerza.
Este es entendido como: “La utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior faculta a los militares para hacer uso de la fuerza. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro
Para Cortez, estos mecanismos planteados por esta iniciativa son un brinco al artículo 29 de la Constitución en el que se detalla el proceso de declaratoria de un estado de excepción.
Así, el Presidente en vez de declarar un estado de excepción para suspender garantías individuales, le bastaría hacer una declaratoria de Protección a la seguridad Interior.
“Es una posibilidad sin el costo de tener que declarar al artículo 29. En vez de declarar un estado excepción controlado, prefieren recurrir a las Fuerzas Armadas sin tener que pagar un costo [político]”, dijo Cortez.
Sobre este punto, abundó Oliva, en México un estado de excepción es considerado un fracaso político por no poder llevar seguridad a un lugar determinado. Mientras que en otros países se mantiene durante largos periodos de tiempo.
“Te pongo un ejemplo, Francia va vivir después de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta un año y medio en estado de excepción como resultado de los ataques terroristas. Aquí en México con mucha frecuencia las agendas de los políticos se anteponen a la sociedad. Qué político va reconocer que necesita un estado de excepción”, detalló el profesor de la UNAM.
MILITARES EN FUERO CIVIL
Con iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, militares podrán intervenir cuando el Presidente lo requiera. Foto: Cuartoscuro
Alfredo Basurto Román, Diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), detalló que el problema de la inseguridad en México no se va resolver con la presencia de los militares en las calles.
El 20 de diciembre se llevó a cabo la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en la que el Presidente Enrique Peña Nieto detalló que 105 de los 122 capos que fueron objetivos para ser naturalizados al principio de su administración ya no eran un peligro.
Ese mismo mensaje lo repitió este martes 17 de enero cuando condecoraba a las Fuerzas Armadas, a quienes reconoció su labor en las tareas de combate contra el crimen organizado.
Sin embargo, la violencia derivada del combate frontal al narco ha marcado la última década del país.
“Si se modifica la ley qué vas a hacer, vas a enfrentar de manera encarnizada, y más cruel el crimen organizado, y el problema se va agravar, no estamos de acuerdo”, detalló el Diputado.
Entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015, han sido asesinadas 186 mil 297 personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Los soldados no están capacitados para realizar labores de seguridad pública, las, mucho menos para manejar una crisis de protestas. Lo peor es que las propuestas de las iniciativas hablan de que será un mando militar y no civil el que va asumir el control”, dijo el Diputado por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) Víctor Sánchez Orozco.
De acuerdo con el legislador de MC, esta iniciativa sería una más para empoderar al Ejército. El 21 de abril la Cámara de Diputados aprobó una ampliación al Código Militar. De tal suerte que la justicia castrense podría incluir a civiles.
“Se creó un código penal de procedimientos militares. Se habló de que civiles fueran citados a tribunales militares, y de cateos a domicilios de civiles. Todo eso viola los derechos humanos y sin embargo en el Senado se aprobó”, dijo Sánchez.
Por su parte, en marzo del año pasado el intento de expedir un reglamento para el artículo 29 constitucional también prendió las alarmas de que habría una suspensión desmesurada de garantías individuales si el Presidente de la República lo deseaba.
El dictamen del reglamento fue aprobado en la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y, luego, congelado en la comisión de Derechos Humanos.
“Peña Nieto es un testarudo diciendo que va a dar marcha atrás al gasolinazo. Él quiere modificar el artículo 29 constitucional para dar un Estado de Emergencia y a la vez darle funciones al Ejército [con la ley de Seguridad Interior]. Con una manifestación puede decretar suspensión de garantías y a quién metería en ese lugar, al Ejército”, dijo Basurto, quien es miembro de la Comisión de Defensa Nacional.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática ha dicho que no aprobará una Ley de Seguridad Interior al vapor.
El Diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo consideró que el Ejército debe volver a los cuarteles de forma paulatina. Sin embargo, esta iniciativa de ley pretende que las Fuerzas Armadas se queden en las calles de forma permanente, dijo.
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