Académicos, políticos, especialistas en seguridad y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que el nuevo impulso que ha tomado la iniciativa de Ley de Seguridad Interior se debe a las crecientes protestas sociales. La propuesta, presentada por el PRI, faculta a las Fuerzas Armadas para suplir responsabilidades que hasta ahora han sido de las policías del país. El pasado martes, Peña Nieto celebró el avance de las discusiones de la iniciativa de Seguridad Interior en el Congreso; mientras que diversos sectores la ven con recelo y desconfianza.
El 1 de enero un aumento en el precio de la gasolina en hasta un 20 por ciento fue recibido con descontento entre la población. Las protestas se extendieron a casi todos los estados y ante la inconformidad, el Presidente Enrique Peña Nieto ha asegurado que la medida fue tomada ante el incremento de los precios internacionales del combustible. Sin embargo, analistas y críticos ven en los impuestos la verdadera causa.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Durante la ceremonia de entrega de menciones honoríficas a las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, celebrada el martes pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto se congratuló por el análisis de cuatro iniciativas de la Ley de Seguridad Interior. La medida dará luz verde al Ejército en las calles para frenar las protestas, advirtieron políticos de oposición y diversos sectores de la sociedad.
El 27 de octubre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a través del jefe de su bancada, el Diputado César Camacho Quiróz, la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior.
Sin lograr avances en el periodo de sesiones que finalizó el 15 de diciembre, la iniciativa volvió a cobrar impulso este enero durante el auge de las protestas contra el «gasolinazo». El presidente del Senado y Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero Morales, afirmó el pasado 11 de enero que el contenido de la iniciativa de Ley estaría listo en 30 días.
Para distintos sectores, el contenido de la propuesta es un intento del Gobierno federal para mermar el descontento social en las calles.
“Hoy estamos viendo una de las consecuencias más sentidas de la Reforma Energética, el alza en los precios de la gasolina. Los grupos en el poder entienden que los descontentos irán incrementando. Entonces, pretenden tener una capacidad represiva que sofoque, o de antemano intimide a toda inconformidad y protesta social”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
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Diversos grupos apuntaron que la discusión de esta Ley gana celeridad conforme las protestas por el gasolinazo se extienden en el país.
El 1 de enero los precios para las gasolinas se fijaron en 15.99 pesos para la Magna, 17.79 la Premium y 17.05 para el Diésel; incrementos de 14.2 por ciento, 20.1 por ciento y 16.5 por ciento, de forma respectiva.
Decenas de protestas fueron registradas en todo el país. Y grupos de trabajadores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Alianza de Trabajadores Públicos de la Salud, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, entre otros, decidieron el 7 de enero impulsar las protestas venideras contra el gasolinazo.
Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), apuntó que hay una preocupación entre la clase política por las movilizaciones sociales.
Alertó que el proceso de consultas y foros, organizados por el Congreso de la Unión para discutir la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, no ha incluido a cabalidad la participación de voces contrarias a la propuesta.
Uno de los académicos que sí ha tenido la oportunidad de expresar una opinión crítica en estos espacios es Javier Oliva, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El académico explicó que “el enfoque erróneo en las iniciativas que no comparto es suponer que se trata de legislar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. El enfoque debería preguntarse cuándo vamos a tener corporaciones policiales locales eficientes y confiables”.
En la propuesta de la iniciativa presentada por el PRI, el artículo 19 prevé que las Fuerzas Armadas sólo intervendrán una vez que la fuerzas federales sean insuficientes, y lo harán cuando el Presidente realice una declaratoria de Protección de la Seguridad Interior.
Además, en el artículo 2 de esa Ley detalla que en la conducción de las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior se observarán varios principios, como del uso legítimo de la fuerza.
Este es entendido como: “La utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.
Para Cortez, estos mecanismos planteados por esta iniciativa son un brinco al artículo 29 de la Constitución en el que se detalla el proceso de declaratoria de un estado de excepción.
Así, el Presidente en vez de declarar un estado de excepción para suspender garantías individuales, le bastaría hacer una declaratoria de Protección a la seguridad Interior.
“Es una posibilidad sin el costo de tener que declarar al artículo 29. En vez de declarar un estado excepción controlado, prefieren recurrir a las Fuerzas Armadas sin tener que pagar un costo [político]”, dijo Cortez.
Sobre este punto, abundó Oliva, en México un estado de excepción es considerado un fracaso político por no poder llevar seguridad a un lugar determinado. Mientras que en otros países se mantiene durante largos periodos de tiempo.
“Te pongo un ejemplo, Francia va vivir después de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta un año y medio en estado de excepción como resultado de los ataques terroristas. Aquí en México con mucha frecuencia las agendas de los políticos se anteponen a la sociedad. Qué político va reconocer que necesita un estado de excepción”, detalló el profesor de la UNAM.
MILITARES EN FUERO CIVIL
Alfredo Basurto Román, Diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), detalló que el problema de la inseguridad en México no se va resolver con la presencia de los militares en las calles.
El 20 de diciembre se llevó a cabo la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en la que el Presidente Enrique Peña Nieto detalló que 105 de los 122 capos que fueron objetivos para ser naturalizados al principio de su administración ya no eran un peligro.
Ese mismo mensaje lo repitió este martes 17 de enero cuando condecoraba a las Fuerzas Armadas, a quienes reconoció su labor en las tareas de combate contra el crimen organizado.
Sin embargo, la violencia derivada del combate frontal al narco ha marcado la última década del país.
“Si se modifica la ley qué vas a hacer, vas a enfrentar de manera encarnizada, y más cruel el crimen organizado, y el problema se va agravar, no estamos de acuerdo”, detalló el Diputado.
Entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015, han sido asesinadas 186 mil 297 personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Los soldados no están capacitados para realizar labores de seguridad pública, las, mucho menos para manejar una crisis de protestas. Lo peor es que las propuestas de las iniciativas hablan de que será un mando militar y no civil el que va asumir el control”, dijo el Diputado por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) Víctor Sánchez Orozco.
De acuerdo con el legislador de MC, esta iniciativa sería una más para empoderar al Ejército. El 21 de abril la Cámara de Diputados aprobó una ampliación al Código Militar. De tal suerte que la justicia castrense podría incluir a civiles.
“Se creó un código penal de procedimientos militares. Se habló de que civiles fueran citados a tribunales militares, y de cateos a domicilios de civiles. Todo eso viola los derechos humanos y sin embargo en el Senado se aprobó”, dijo Sánchez.
Por su parte, en marzo del año pasado el intento de expedir un reglamento para el artículo 29 constitucional también prendió las alarmas de que habría una suspensión desmesurada de garantías individuales si el Presidente de la República lo deseaba.
El dictamen del reglamento fue aprobado en la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y, luego, congelado en la comisión de Derechos Humanos.
“Peña Nieto es un testarudo diciendo que va a dar marcha atrás al gasolinazo. Él quiere modificar el artículo 29 constitucional para dar un Estado de Emergencia y a la vez darle funciones al Ejército [con la ley de Seguridad Interior]. Con una manifestación puede decretar suspensión de garantías y a quién metería en ese lugar, al Ejército”, dijo Basurto, quien es miembro de la Comisión de Defensa Nacional.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática ha dicho que no aprobará una Ley de Seguridad Interior al vapor.
El Diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo consideró que el Ejército debe volver a los cuarteles de forma paulatina. Sin embargo, esta iniciativa de ley pretende que las Fuerzas Armadas se queden en las calles de forma permanente, dijo.
