El periodista salía de bañarse cuando enfrentó a los agresores, los cuales huyeron después de que abrieron la puerta con ganzúas para ingresar al domicilio.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El reportero Emir Olivares Alonso, del diario La Jornada, fue víctima de una agresión en su domicilio.
De acuerdo con información dada a conocer por el periódico, aproximadamente a las 12 horas sujetos irrumpieron en la casa del reportero y revisaron algunas de sus pertenencias.
El periodista salía de bañarse cuando enfrentó a los agresores, los cuales huyeron después de que abrieron la puerta con ganzúas para ingresar al domicilio.
Después de huir, se comunicaron con él vía telefónica para amenazar y decirle que le habían pagado un millón de pesos por matarlo.
“A mi me pagaron un millón de pesos para matarlo, qué quiere que haga: o lo mato o usted me dobla la cantidad”, amenazó uno de los delincuentes.
Según testigos del telefonema, la amenaza de muerte era por haberse metido con gente de la UNAM en uno de sus trabajos realizados.
Al mismo tiempo le proporcionaron datos personales y de su vida cotidiana. El informador ya había sido amenazado en 2017.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos comunicó que se le brindará acompañamiento mediante visitadores adjuntos en las diligencias que se requieran hacía Olivares.
“Personal de la CNDH se comunicó con él para ofrecerle la atención y acompañamiento correspondiente. Asimismo, se solicitó información al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con objeto de implementar las medidas de protección que correspondan”, expresó la Comisión en un comunicado.
Condenamos el allanamiento al domicilio y las amenazas que recibió hoy el #Periodista Emir Olivares Alonso, reportero de @lajornadaonline, a quien expresamos nuestra solidaridad y daremos acompañamiento mediante visitadores adjuntos en las diligencias. ? https://t.co/r5CwImSyEhpic.twitter.com/K1PaB6TYQ5
Martín Durán, quien fue compañero del periodista Javier Valdez, asesinado en mayo del pasado año, está en Barcelona desde primeros de diciembre en el marco de la primera convocatoria del Programa de Acogida Temporal.
Barcelona (España), 3 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona, España, iniciará en el primer trimestre de 2018 un programa específico de acogida de periodistas mexicanos amenazados de muerte, con el que prevé facilitar vivienda y atención psicológica personalizada a cuatro de ellos cada año.
“No se trata sólo de un espacio de acogida, sino de que Barcelona sea una plataforma de denuncia de las situaciones que están viviendo en México personas que están defendiendo derechos humanos en su país”, argumentó hoy la concejala de Relaciones Internacionales de esa ciudad española, Laura Pérez, en rueda de prensa.
El Ayuntamiento presentó hoy el Plan Director de Cooperación para la Justicia Global de Barcelona 2018-2021.
El director de Cooperación y Justicia Global del Ayuntamiento, David Llistar, recordó que México acogió a 25 mil refugiados de la Guerra Civil española (1936-1939), y resaltó la voluntad de que Barcelona sea “la capital mundial de apoyo” a ese país, que, según consideró, vive “una guerra soterrada”.
Llistar informó de que se trabaja con la asociación Mesa por México, que se ocupa desde Barcelona por la paz y los derechos humanos en ese país, y con el periodista Martín Durán, amenazado e intimidado por publicar temas relacionados con el cártel de la droga de Sinaloa.
Martín Durán, quien fue compañero del periodista Javier Valdez, asesinado en mayo del pasado año, está en Barcelona desde primeros de diciembre en el marco de la primera convocatoria del Programa de Acogida Temporal, que prevé acoger durante tres meses a defensores de derechos humanos amenazados por su trabajo.
México cerró 2017 a la cabeza de la lista mundial de periodistas asesinados, con 12 muertos, el número más alto en su historia, e igualado con Siria, un país en guerra, según datos de Reporteros Sin Fronteras.
A través de dos mantas colocadas en un hospital y en una escuela de Cancún, los periodistas Amir Ibrahim y Pedro Canché fueron amenazados de muerte supuestamente por la organización autodenominada “Z Vieja Escuela”; mientras que en Tabasco, un reportero halló una cartulina con intimidaciones encima de su carro, que minutos antes fue baleado. Además, Artículo 19 informó que dos periodistas recibieron mensajes tras difundir el video de un conflicto entre integrantes del PRD y Morena en la delegación Iztacalco.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Dos periodistas de Quintana Roo, uno de Tabasco y dos de la Ciudad de México recibieron amenazas de muerte desde la noche de ayer.
Esta madrugada, dos mantas aparecieron colgadas en el hospital del Seguro Social y en una secundaria de Cancún, Quintana Roo. El mensaje iba dirigido al director del sitio ElQuintanaRoo.mx, Amir Ibrahim, quien el pasado 9 de julio denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al empresario Carlos Mimenza por amenazas.
En la manta, firmada por “Z Vieja Escuela”, también se amenazó al periodista Pedro Canché, quien, junto con la activista Lydia Cacho, ha cuestionado la designación del Fiscal del estado, Miguel Ángel Pech, por supuesto encubrimiento de pederastas.
En su sitio Canché Noticias, el periodista dijo que las mantas que aparecieron hoy son “obra de estos grupos políticos que en fechas anteriores han intentado desestabilizar con acciones de violencia al Estado y luego con patrañas de su patrocinado Carlos Mimenza Novelo, autonombrado ‘autodefensa’. Estos grupos políticos comparten las mismas campañas de difamaciones hacia mi persona pregonando campañas negras de mentiras y linchamiento político en redes sociales (sic)”.
“La leyenda de las mantas son de contexto político y no del narco como quieren hacer creer estos grupúsculos que han perdido el poder y tienen a sus jefes en la prisión”, agregó Pedro Canché, quien en junio pasado incomodó con su visita en un penal de Panamá al ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, que en 2014 lo metió a la cárcel durante 272 días bajo el cargo de sabotaje.
AMENZAS A REPORTERO EN TABASCO
Un sujeto disparó contra el auto de un reportero en tabasco. Foto: Especial
A las 2:00 de la madrugada de este día, un sujeto disparó hasta en 10 ocaciones contra el vehículo del reportero Rubén López Domínguez, corresponsal del diario Tabasco Hoy.
El periodista relató que se encontraba en su domicilio, ubicado en la ranchería Las Flores de Paraíso, cuando se cometió el ataque.
Encima de su vehículo baleado, López Domínguez encontró una cartulina con un mensaje en el que se le advierte que deje de estar “publicando mamadas en el ‘feis’” o enfrentará las consecuencias.
El comunicador responsabilizó al gobierno municipal, que encabeza el perredista Bernardo Barradas, por sus constantes críticas a la administración.
Rubén López interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Mientras que Barradas Ruiz citó a rueda de prensa para rechazar estar detrás del ataque contra el periodista.
DOS PERIODISTAS DE CDMX RECIBEN AMENAZAS
Amenazas contra dos periodistas de Iztacalco Noticias. Foto: Artículo 19
La organización Artículo 19 denunció que este martes, Cynthia Caballero Barrón y Miguel Ángel Salguero González, del medio Iztacalco Noticias, recibieron distintas amenazas a través redes sociales tras publicar un video en el que presuntos integrantes de partidos políticos se agreden físicamente.
Cerca de las 20:00 horas de ayer se compartió a través de las redes sociales del medio un video que mostraba cómo presuntos integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la delegación de Iztacalco, impidieron que se realizara un evento de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la vía pública, por lo que tras una discusión los militantes presentes de estos partidos se agredieron físicamente.
El video generó diversas reacciones, algunas fueron reportadas por contenido nocivo, sin embargo, en unas se amenazó directamente a Salguero González con frases como “vamos por ti perro, ya sabemos dónde vives (sic)”.
Los periodistas llamaron a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CdMx) para informar la situación. Les ofrecieron mandar una patrulla para que, en caso de identificar a los agresores, pudieran hablar con ellos y arreglar la situación, opción que rechazaron.
Posteriormente, indagaron más respecto a las cuentas y se percataron de que estas se habían creado 15 minutos después de haber publicado el video.
Durante la madrugada del lunes, los periodistas salían de las oficinas del medio cuando encontraron dos mensajes, uno en el patio y otro en el vidrio del automóvil de uno de ellos: “Ya sabemos quiénes son, ya bájenle o les vamos a partir la madre (sic).” Debido a las amenazas decidieron no regresar a sus oficinas en tanto no se garanticen condiciones de seguridad.
A pesar de que el Presidente Enrique Peña Nieto calificó como una “emergencia nacional” los ataques a periodistas, el gremio continúa en alerta. La semana pasada se informó que las instalaciones de la revista Proceso fueron allanadas por tres sujetos desconocidos y un periodista de La Jornada fue excluido por la Secretaría de la Defensa Nacional en un evento público. En tanto, las protestas siguen en todo el país por la desaparición de Salvador Adame y los homicidios de Miroslava Breach y Javier Valdez.
Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo/Vanguardia).– Luego del discurso oficial donde el Presidente Enrique Peña Nieto condenó las agresiones contra periodistas y calificó como una “emergencia nacional” los ataques al gremio, las instalaciones de la revista Proceso fueron allanadas por tres sujetos desconocidos y un periodista de La Jornada fue excluido por la Secretaría de la Defensa Nacional en un evento público, todo mientras continúan las protestas en México por la desaparición de Salvador Adame y los homicidios de Javier Valdez y Miroslava Breach.
El domingo 21 de mayo, las cámaras de seguridad del semanario Proceso captaron el momento en que tres individuos ingresaron a las instalaciones por separado, y minutos después, salieron juntos.
El primer hombre, de acuerdo al reporte de Proceso, vestía con pantalón y chamarra de mezclilla. Ingresó solo y permaneció unos instantes en las oficinas ubicadas en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Ese día y a esa hora, las oficinas de la revista estaban vacías.
A las 12:27 horas salió este mismo sujeto de pantalón y chamarra de mezclilla. Cruzó la calle de Fresas y de inmediato regresó, acompañado de otro hombre robusto, de camisa rosa, que llevaba una mochila al hombro y caminaba atento a la pantalla de su teléfono celular, según la reconstrucción de la propia revista.
Un tercer hombre, pantalón y camisa de mezclilla, caminó por la banqueta. Llevaba un teléfono en la mano derecha, hablaba en voz alta. Allanó el inmueble y momentos después salió con los otros dos sujetos que se encontraban adentro.
Los hechos fueron ya denunciados ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de laProcuraduría General de la República (PGR).
Al día siguiente del allanamiento, el lunes 22 de mayo, apareció una página falsa de Proceso en Facebook con información de un “pacto Duarte-Morena”. El logotipo de la revista y hasta una portada ficticia con las fotografías de Andrés Manuel López Obrador y de Javier Duarte se anunciaron en esta página.
Facebook la retiró en cuanto se notificó la usurpación del logotipo de Proceso, pero la información continuó circulando en cuentas de Whatsapp y Telegram, al estilo de los rumores audiograbados que se difundieron en enero de este año, en el marco de las protestas sociales contra el gasolinazo.
El miércoles 24 de mayo el periodista Jesús Aranda, de La Jornada, fue excluido por la Secretaría de la Defensa Nacional en un evento público; y el viernes 26 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pidió al organismo castrense implementar “medidas cautelares” a favor del reportero para evitar daños a la libertad de expresión y a la información.
En este contexto, el pasado 24 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Fiscalía de Sinaloa y a la FEADLE, que pertenece a la PGR, medidas cautelares en favor del periodista Juan Manuel Partida Valdez, quien recibió amenazas de muerte.
En un comunicado el organismo defensor de los derechos humanos mencionó que tuvo conocimiento de la información que refiere que el periodista Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, recibió una llamada telefónica en la que le aseguraron que sería privado de la vida, luego de que sostuvo reuniones con diversas autoridades con relación al homicidio de Javier Valdez Cárdenas.
Ayer, familiares y periodistas participaron en diversas marchas en los estados de Michoacán, Sinaloa y Chihuahua para exigir al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto detener a los responsables de los asesinatos de Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea, además de exigir el regreso de Salvador Adame, quien fue secuestrado el pasado 18 de mayo.
Los periodistas de Ciudad Juárez tomaron la tribuna en el Congreso local de Chihuahua para recordarles a los diputados que no necesitan más leyes, sino frenar la impunidad para proteger a los reporteros en esta ciudad fronteriza.
Las investigaciones sobre ambos crímenes, el de Miroslava Breach y el de Javier Valdez, no han arrojado resultados hasta ahora. La Procuraduría General de la República realizó la semana pasada una “recreación” de la ejecución de Javier Valdez, sin indagar sobre las pistas que conducen al crimen organizado, tal como han señalado los propios reporteros y colaboradores de Ríodoce.
Por su parte, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que la investigación en torno al crimen de Miroslava Breach está en su etapa final y pronto ejecutarán las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.
En Michoacán, el jueves 18 de mayo se reportó el secuestro del periodista Salvador Adame, propietario del canal de televisión local 6TV, quien fue “levantado” por un comando de hombres armados en el municipio de Francisco J. Múgica, en la comunidad de Nueva Italia.
Sus familiares señalaron que Adame había recibido antes amenazas anónimas por el desempeño de su labor. Según los testigos, sus captores iban en una camioneta de color negro y se dirigieron hacia el poblado de Nuevo Corondiro.
Periodistas de Michoacán protestaron el viernes 26 y demandaron que Adame “no se convierta en un número más” de esta larga lista de reporteros asesinados. Le reprocharon al gobierno de Silvano Aureoles la falta de informe o pronunciamiento alguno.
Así como la descomposición social nació particularmente en Nuevo Laredo y Reynosa, con el paso de los años también llegó a Coahuila donde la violencia dejó una deuda de sangre, de miedo y de ataques hacia los medios de comunicación y sus reporteros.
Uno de los primeros ataques fue el cometido en contra del periodista Rafael Ortiz Martínez, desaparecido desde el 8 de julio de 2006 en Monclova.
Según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), el periodista, quién también era presentador en una estación de radio local, dedicó al menos cinco artículos al tráfico de droga en Monclova y sus alrededores. En ese entonces, Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, dijo que el secuestro era un método utilizado frecuentemente por los narcotraficantes para intimidar a los medios de comunicación.
Tres años después, el 25 de mayo de 2009 encuentran muerto a Eliseo Barrón Hernández, un reportero del diario La Opinión y Milenio, en Torreón, que tenía 11 años realizando coberturas policiacas en la región.
Durante su funeral, diversas mantas con mensajes amenazantes a otros comunicadores aparecieron frente al edificio de la empresa Televisa Laguna y otro más a un costado de una estación de radio, en Torreón.
Luego, el 11 de junio de ese año, elementos del Ejército Mexicano detuvieron en un puesto de control en Gómez Palacio, Durango a un grupo de civiles que traían armas y droga que después confesaron haber asesinado al reportero por órdenes de un capo para “darles un escarmiento a los comunicadores de La Laguna y que no se metieran con el trabajo que (los delincuentes) realizan”, reveló en sus declaraciones ministeriales Israel Sánchez Jaime, uno de los presuntos responsables del homicidio y recluido en un penal de Coahuila.
El 19 de agosto de 2009 el diario El Siglo de Torreón sufrió por primera vez los ataques de la delincuencia organizada. En esa ocasión el saldo fue únicamente de algunas ventanas quebradas y daños en la fachada y no se reportaron personas lesionadas.
En ese entonces, directivos de la empresa informativa desconocieron los motivos por los que se perpetró el ataque, pues “aseguraron que en el manejo cotidiano de la información relacionada con el crimen organizado han evitado profundizar sobre identidades de las bandas que se disputan el control de territorios en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango”, informó el diario La Jornada en esa fecha.
El 26 de julio de 2010, durante la cobertura de una protesta de reos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 de Gómez Palacio, Durango, un grupo de civiles armados secuestró a los reporteros: Javier Canales
Fernández, de Multimedios Laguna; Héctor Gordoa, enviado especial de Televisa; Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa, y Óscar Solís, de El Vespertino.
La célula criminal que se atribuyó el secuestro condicionó la liberación de los periodistas a que Milenio Diario —perteneciente a Grupo Multimedios— difundiera tres videos acerca de la cobertura del penal.
LA AUTOCENSURA, UN ESCUDO SALVAVIDAS
La violencia contra periodistas en la primera década de este siglo no sólo trastocaba la Comarca Lagunera, sino que llegó a la capital coahuilense. El 7 de enero de 2010, Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo Saltillo, fue privado de la libertad sobre el bulevar V. Carranza a la altura de la colonia República. Junto a él los maleantes se llevaron a 2 reporteros más que después fueron liberados.
El cuerpo de Valentín Espinosa fue hallado horas después frente al hotel Marbella, con cinco disparos y un mensaje amenazante en el pecho: “Esto les va a pasar a los que no entiendan. El mensaje es para todos”.
En enero de este año esa casa editora publicó que siete años después del asesinato del reportero la averiguación previa continúa abierta, aunque sin ningún avance y sin culpables.
“La carpeta de investigación que inició la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en torno a este delito continúa abierta sin ser aclarado hasta ahora, así como tampoco se ha procesado a ningún sospechoso por su asesinato?, señala en una publicación del 8 de enero pasado.
En marzo del 2011 un grupo de civiles armados secuestró a uno de los editores de Vanguardia para ordenarle no publicar ni una palabra de la violencia que cimbraba la ciudad. Un par de meses después, el 29 de mayo del 2011, las instalaciones del periódico fueron atacadas con una granada de fragmentación y sitiadas por hombres armados durante más de 30 minutos. Los daños en esa ocasión únicamente fueron materiales.
Las protestas de periodistas continuaron esta semana. Foto: Cuartoscuro.
Mientras tanto, la madrugada del 15 de noviembre de 2011 un grupo de civiles armados ataca nuevamente las instalaciones de El Siglo de Torreón al incendiar un automóvil frente a la fachada principal y disparando con armas de grueso calibre a una oficina de ventas. Pese al ataque, no hubo víctimas.
Luego, el 25 de abril de 2013, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años y fotógrafo de Sociales de Vanguardia, es asesinado y su cuerpo desmembrado. Para el 21 de octubre de 2013 varios civiles armados arrojan una bomba molotov a la caseta de vigilancia de Grupo Milenio Laguna en Torreón, sin que se presenten pérdidas humanas, únicamente con saldo de daños materiales.
En aquella violencia extendida hasta marzo de 2014, otros dos editores de Vanguardia fueron amenazados y acudieron ante la FEADLE, quienes les asignaron un botón de pánico después de un año después.
POCOS RESULTADOS DE AUTORIDADES
A cuatro años de la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas en Coahuila se han atendido seis casos de agresiones cometidas en contra de reporteros.
Según Martha Rosario Rivera Hernández, directora General de Investigaciones Especiales de la Procuraduría de Justicia (PGJE), la mayoría de los reportes ha estado relacionada con la cobertura de hechos que contienen evidencias en cámaras fotográficas, teléfonos celulares y otras herramientas periodísticas. Sin embargo, todos los reportes atendidos tanto los reporteros como la contraparte han llegado a convenios para la reparación del daño.
“Hasta ahora se han resuelto bien todos los casos; no nos han tocado casos difíciles donde haya habido agresiones graves o que se haya tratado de un ataque grave relacionado con una nota periodística”, argumentó Rivera Hernández.
De los 6 casos, en 2014 no se presentó ninguno, 2 ocurrieron el año pasado y el resto se reportó durante 2016.
Uno de ellos fue el de la periodista Gloria Ruiz García, agredida en Acuña quien a finales de marzo fue víctima de amenazas, acoso y hostigamiento por denunciar los permisos irregulares para conducir vehículos ilegales en el país.
“Sí ha cambiado mucho la percepción de las personas cuando se trata de un periodista porque ya empiezan a tener un conocimiento de la libertad de expresión. Son casos que ocurren en el momento, porque llega el periodista a realizar su trabajo y las personas involucradas reclaman que les toman fotografías, por lo que en algunos momentos ha habido empujones o buscan dañar el equipo y en ese momento sucede el altercado”, relató.
Después de la reunión de emergencia que el mandatario convocó este día por el asesinato de Javier Valdez y otros seis periodistas en lo que va del año, integrantes del Estado Mayor fotografiaron a reporteros que exigieron justicia cuando Peña Nieto pidió guardar un minuto de silencio.
Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- La revista Proceso denunció hoy que miembros del Estado Mayor Presidencial “estuvieron tomando fotografías al grupo de reporteros gráficos que se habían manifestado exigiendo justicia” durante el evento en el que Enrique Peña Nieto presentó medidas para la supuesta protección de periodistas.
“Al finalizar el acto, miembros del Estado Mayor Presidencial estuvieron tomando fotografías al grupo de reporteros gráficos que se había manifestado exigiendo justicia”, informó el medio.
La reunión de emergencia del mandatario con su Gabinete de Seguridad y los gobernadores tenía la intención de presentar una respuesta unida al asesinato de periodistas en todos los extremos del país en lo que va del año. Con los homicidio de Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, cometidos el pasado lunes en Sinaloa y Jalisco, respectivamente, ya suman siete reporteros asesinatos en menos de tres meses.
Gritos de “¡justicia!” resonaron entre los reporteros este miércoles luego de que el Presidente Enrique Peña Nieto pidió un momento de silencio en honor de los periodistas asesinados a un ritmo aterrador en México.
El encuentro llevó el nombre de “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”, pero como es costumbre, Peña Nieto no tomó preguntas de los reporteros.
El Presidente enlistó tres medidas, sin dar más detalles.
Aunque los asesinatos de periodistas llaman la atención, no son una anomalía en un país con problemas de seguridad cada vez mayores. En general, los homicidios aumentaron un 29 por ciento en el primer trimestre de 2017.
Peña Nieto pareció aludir al hecho al indicar: “El homicidio de periodistas y de defensores de los derechos humanos muchas veces es síntoma de un fenómeno mayor de impunidad”.
La periodista Marcela Turati escribió en su cuenta de Facebook:
“Sentarnos a discutir qué sigue como gremio en México es urgente. Se requieren medidas extraordinarias para acabar con estos ataques a periodistas porque ninguna de las soluciones institucionales hasta ahora ha servido: ninguna fiscalía, ningún mecanismo, ninguna comisión. Todo está diseñado para simular, para mantener la impunidad. Y la impunidad mata. Necesitamos exigir mecanismos extraordinarios para detener esta cacería, para impedir que siga avanzando el silencio que asfixia a nuestro país, para defender la prensa y con ella la democracia, para salvar vidas […] Coincido con la idea de investigar conjuntamente entre periodistas el asesinato de Javier Valdez Cárdenas y que se replique en cada estado la misma idea para investigar el crimen de otros colegas dignos que también se jugaron la vida en el oficio. Una especie de comisión de la verdad.. También pienso que es importante mantener la presencia de Javier Valdez Cárdenas en los medios y hacerlo visible en cada evento de gobierno. Y no sólo a Javier, cada comunidad llora a sus propios muertos, pero Javier puede ser un símbolo. Hay muchas ideas, todas ellas buenas.
“Hace mucho tocamos fondo. No hay presupuesto que alcance para seguir sacando del país a periodistas en riesgo, no podemos seguir gastando en botones de pánico y escoltas que, además, están siendo asesinados con los periodistas que deberían de proteger. Las marchas, las cartas, las protestas se enfrentan a una pared de teflón. Las salidas oficiales siempre derivan en crear más burocracia inútil, en ganar tiempo, pero a nosotros ya no nos queda tiempo extra. No existen ya parámetros sobre qué incrementa o reduce el riesgo, estamos trabajando a ciegas. Nos resignamos a que ser periodista es causal de muerte y la imaginación se nos agota”, expresó.
Artículo 19 alertó que “el deterioro de las condiciones de trabajo para los periodistas en Michoacán resulta preocupante, ya que una de las principales necesidades para fortalecer el Estado democrático de derecho es garantizar la libertad de expresión e información”.
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- La organización Artículo 19 denunció agresiones, amenazas y censuras en contra de periodistas por parte del gobierno de Michoacán, al que pidió abstenerse de estas acciones.
La ONG denunció que en un primer hecho, ocurrido el pasado 10 de febrero, el Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, agredió y amenazó a la reportera Alejandra Marina Martínez cuando al término de la Conferencia Nacional de Gobernadores grababa un audio de las quejas de pobladoras sobre inseguridad.
La jefa de prensa de la SSP de Michoacán, Sandra Sáenz, vio a la periodista e informó al Secretario, quien, momentos después, se acercó y e increpó a Alejandra Marina: “Aquí no tienes nada que hacer, vete”.
Martínez insistió en que las demandas de los pobladores son de interés público y tienen derecho a ser informadas sobre lo que ocurre en Lázaro Cárdenas, pero el funcionario negó que se tratara de un tema de inseguridad. En seguida, elementos de seguridad pública le quitaron el teléfono celular para borrar la grabación.
“¿Crees que no te lo puedo quitar? ¿Segura?”, le dijo Corona Martínez. Policías y otros sujetos no identificados forcejeaban con la periodista bajo instrucción del funcionario. Alejandra Marina intentó defenderse y cuando pudo tomar de nuevo su celular logró salir del lugar con ayuda de un compañero de prensa.
Desde 2012, precisó la ONG, Martínez ha sido víctima de diversas agresiones. La más reciente, el allanamiento a su hogar en diciembre de 2016, del que únicamente sustrajeron documentos sobre las notas políticas que cubre.
La organización denunció agresiones, amenazas y censuras en contra de periodistas en Michoacán. Foto tomada de Artículo 19.
Tras darse a conocer los hechos, el gobierno de Michoacán envió una carta a Artículo 19 en la que rechaza incurrir en actos de censura en contra de la prensa local.
“Por segunda ocasión, sin fundamentos y sin buscar a la contraparte para obtener su versión, la organización Artículo 19 hace acusaciones en contra del gobierno de Michoacán y en contra de mi personal sobre un supuesto caso de censura”, dice la misiva firmada por la vocera del gobierno del estado, Julieta López Bautista.
La funcionaria también condenó que “sin aportar los elementos de prueba que lo sustenten, el encabezado de su publicación con fecha de hoy [viernes 24 de febrero] señala que el ‘Gobierno de Michoacán debe abstenerse de censura'”.
En dicha publicación, Artículo 19 se refiere al caso de Jairo Cerriteño Ojeda, director de Monitoreo Express, cuyo programa de radio fue cancelado el pasado 17 de febrero por órdenes de la administración del estado, luego de que el medio no bajara una nota a petición implícita de Julieta López.
La nota retoma la entrevista al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que realizó Raúl Ventura Ortiz, director de la agencia de noticias Radio Latina 5.0, durante una reunión con migrantes en Chicago, Estados Unidos, el 15 de febrero.
Aureoles terminó abruptamente la entrevista al molestarse por los cuestionamientos del periodista sobre la situación de inseguridad y violencia en el estado. “Muchas de las opiniones que tú tienes es porque has entrevistado [a las autodefensas] y las he escuchado. Has entrevistado a delincuentes, a las autodefensas, yo las di de baja. Infórmate bien Raúl, infórmate bien, andas entrevistando a delincuentes y son tus fuentes. A mí no me hables sin conocimiento de causa [sic]”, dijo el mandatario.
La organización internacional alertó que “el deterioro de las condiciones de trabajo para los periodistas en esta entidad resulta preocupante, ya que una de las principales necesidades para fortalecer el estado democrático de derecho es garantizar la libertad de expresión e información”.
Artículo 19 “exige que de manera inmediata se eliminen las presiones y los discursos estigmatizantes que tienden a censurar la información en el estado de Michoacán y se inicien las investigaciones correspondientes en contra de los funcionarios que han incurrida en esta práctica”.
A través de su cuenta de Twitter, la organización expresó su preocupación por las amenazas que los comunicadores han recibido en los últimos días, por lo que se unió a la lista de peticiones en favor de proteger la libertad de expresión en México.
Article 19 exigió que se proteja la integridad de los periodistas. Foto: Especial
Ciudad de México, 24 de Septiembre (SinEmbargo).- Article 19 se exigió que autoridades mexicanas aseguren la integridad de los periodistasOlivia Zerón, Denisse Maerker y Héctor de Mauleón, quien fueron amenazados en los últimos días.
A través de su cuenta de Twitter, la organización civil expresó su preocupación por las intimidaciones que los comunicadores han recibido, lo que también ponen en riesgo la libertad de expresión en México.
#ATENCIÓN Tras amenazas recibidas, exigimos que las autoridades aseguren la integridad de Olivia Zerón, Denisse Maerker y Héctor de Mauleón.
El día de ayer el PEN club internacional y la La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también condenaron las amenazas de muerte que ha sufrido diversos periodista y escritores por exhibir el aumento de violencia y delincuencia en el país, así como por sus posturas críticas hacia el Gobierno mexicano.
Mediante un comunicado, PEN expresó su preocupación por la situación “cada día más delicada en lo que se refiere a la libertad de expresión”, en el país.
Detalló que en los últimos días al menos cuatro escritores y periodistas han sufrido amenazas e intimidaciones. Señaló, por ejemplo, el caso del columnista del periódico El Universal, Héctor de Mauleón, quien desde el pasado 21 de junio ha estado recibiendo diversas amenazas a través de su cuenta de Twitter, por las denuncias que realizó en su sección, misma en la habló de la creciente “Actividad criminal” y “violencia” por la que está atravesando la colonia Condesa.
Subrayó, que, además, De Mauleón también denunció las amenazas que el escritor Rafael Pérez Gay recibió por parte de un vecino, situación de la cual el mismo Pérez Gay dio cuenta.
Asimismo PEN exhibió que el periodista y colaborador del periódico La Jornada, Julio Hernández “El Astillero”, así como el reportero del semanario Proceso, Alvaro Delegado también han sufrido diversos acosos, debido a sus posturas críticas hacia el gobierno federal.
Por lo que la asociación exigió al Gobierno de México brindar la “protección necesaria” a todos los “periodistas y escritores mexicanos”, con el objetivo de “asegurar” que en todo el territorio mexicano se ejerza y proteja “el derecho a la libertad de expresión”.
Por su parte la CNDH manifestó que está al tanto de las amenazas que “desde las redes sociales” distintos personajes del periodismo han recibido, por lo que ya mantienen comunicación con ellos y ellas para “ofrecerles el acompañamiento y las medidas cautelares que sean necesarias”.
El organismo argumentó que “La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite el desenvolvimiento de “otros derechos”, por lo tanto las autoridades mexicanas tienen la obligación de garantizar las “condiciones que permitan que las y los comunicadores ejerzan su profesión sin restricción alguna”, asimismo, ante el incremento de situaciones de intimidación y acoso, también debe implementar acciones que esclarezcan y den con los responsables de este tipo de amenazas.
Noé Zavala, corresponsal de Proceso, denunció al dueño del periódico local El Buen Tono, José Abella, y a los ex funcionarios del duartismo Gina Domínguez, Francisco Vicente y Remigio Ortiz Olivares por intimidaciones y acoso. De acuerdo con el periodista, ha recibido amenazas: en Twitter un usuario le escribió “ya sé dónde vives”, además de que indica que personal de Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, estaba indagando “dónde y cómo vive”. Por su parte, Zavaleta ha dicho que podría irse del estado debido a que “no quiero ser el reportero número 20 asesinado”.
Por Miguel Ángel León Carmona
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo/Blog Expediente).- El corresponsal del seminario Proceso, Noé Zavaleta, denunció al magnate José Abella y a los ex funcionarios del duartismo Gina Domínguez, Francisco Vicente y Remigio Ortiz Olivares por intimidaciones y acoso, actos con penalidad de hasta seis años.
“El punto es evitar el deceso de otro periodista”, aseguró la abogada de Zavaleta. “Claro que hay temor y zozobra, no quisiera ser el número 20 en esta lista” declaró el también director de Crónica de Xalapa, haciendo referencia a los periodistas que han sido asesinados en el presente sexenio priista.
De acuerdo con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de 2013 a junio de 2016 se han cometido 176 agravios a comunicadores, entre agresiones físicas y materiales, asesinatos, intimidaciones, desplazamiento forzado, ataque cibernético, amenazas y extorsión. De lo anterior, el 35 por ciento de los casos son vinculados a servidores públicos.
En la carpeta de investigación 086/2016-pc, dictada ante la Fiscalía General del Estado, Noé Zavaleta denuncia al dueño de El Buen Tono por delitos de coacción y amenazas y además a Georgina Domínguez, Francisco Vicente y Laura Valencia; los tres ex funcionarios de gobierno y actualmente asesores de Javier Duarte.
“YA SÉ DÓNDE VIVES”
Noé Zavaleta muestra uno de los mensajes de amenaza recibidos. Foto: Yerania Rolón, Blog Expediente.
“@zavaleta_noe dices que te amenazan solo para darte publicidad, pinche escritor fracasado… ya se donde vives”, texto que leyó el reportero Noé Zavaleta desde la pantalla de su equipo celular. El que remite es un usuario de Twitter que se hace llamar @guarro_69 cuya foto de perfil es un sujeto armado.
La intimidación mencionada se registró diez horas después del comentario público de Noé Zavaleta, donde confirmaba, desde su cuenta de Facebook, que procedería conforme a derecho por amenas y difamaciones que lo vinculan con el crimen organizado.
“Hola, buenas noches, mañana el corresponsal de Proceso y coordinador de Crónica de Xalapa, Noé Zavaleta, ósea yo, acude a la fiscalía especializada, junto a la general, en Arco Sur un piso más arriba de donde denunció Duarte a Yunes Linares a denunciar al dueño de El Buen Tono, José Abella y a los servidores de Javier Duarte por amenazas unos y por difamación y prejuicios a terceros el otro, por su presencia como respaldo se agradecería mucho”, se lee en la cuenta del periodista.
“Que te vinculen con los Zetas en un estado donde vivimos en anarquía total, donde no hay ley, donde incluso predomina el Cártel Jalisco Nueva Generación, sí te pone a temblar” dijo el entrevistado.
Por su parte, la CEAPP considera que tal relación con el grupo delictivo pone en riesgo al corresponsal dado la pugna que azota el estado veracruzano: “Es difícil pues en este momento se está dando la lucha de poder entre Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación, desertores de Zetas ligados al Cartel del Golfo y un grupo del CJNG aliado con el Cartel de Sinaloa. Estos mensajes involucran a Noé en esta lucha de cárteles. Dependiendo de con quién te identifiques es como te van a atacar y estas personas están en un constante monitoreo de medios; ellos saben quiénes son sus informantes, esperemos aparten a Noé de esta estrategia en su contra”.
De acuerdo con Noé Zavaleta, los correos con las presuntas difamaciones provienen del medio Noticias desde Veracruz, “que otras veces se ha hecho llamar Tribuna en Red, obra y gracia de Paco Vicente, ex jefe de prensa de Miguel Ángel Yunes Márquez y hoy asesor de Javier Duarte. En la carpeta de denuncia 086/2016-pc también se citan a Laura Valencia y Georgina Domínguez, ex coordinadora de Comunicación Social del Estado.
“Estas personas ya habían implementado campañas en mi contra desde el inicio del duartismo; asegurando que era gay, consumidor de drogas y después hasta que organizaba orgías”… aclaró Zavaleta.
“SOSPECHOSO PERSONAL DE BERMÚDEZ ZURITA”
El periodista habla de lo que ha venido viviendo durante una entrevista. Foto: Yerania Rolón, Blog Expediente.
Remigio Ortiz Olivares, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública del Estado a las órdenes de Arturo Bermúdez Zurita, también fue denunciado ante la FGE: “Anduvo preguntando cómo y dónde vivía. Además, quiere saber si algún político financió mi libro, El Infierno de Javier Duarte, crónicas de un gobierno fatídico”.
Lo anterior, por consejos de la directiva de la revista Proceso, será dictado ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), área especializada de la Procuraduría General de la República (PGR).
“JOSÉ ABELLA, UNA PERSONA ENFERMA”
Finalmente, Noé Zavaleta procederá en contra de José Abella por delitos de coacción y amenazas, además de exigir a la Fiscalía General del Estado que se dé con las identidades de los “textoservidores anónimos”, pues aseguró él fue el primero en agredirlo verbalmente y se valdrá de todas las líneas de investigaciones para descartar que sea él el actor material de los hechos.
En tanto, la CEAPP, al ser cuestionado sobre el actuar de José Abella como dueño del medio El Buen Tono, lo definió como “una persona que tiene intereses políticos y económicos, además un problema mental psíquico”.
La CEAPP buscará proceder legalmente en contra del empresario cordobés, pues aseguró que de acuerdo con personal de su mismo periódico no sólo están amenazados, sino además laboran sin prestaciones ni seguridad social.
“El mismo José Abella reconoció que a la reportera Anabel Flores, hoy finada, le pagaba 6 mil pesos quincenales. Es decir, una cantidad inferior a lo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a los reporteros de medios impresos, que es de 218 pesos con 87 centavos , es decir 6 784 pesos mensuales.
Finalmente, Noé Zavaleta no descartó la posibilidad de refugiarse en otro estado de la República Mexicana, pues el vivir con medidas cautelares van en contra de lo que él considera “hacer periodismo”.
“Ya estamos cansados de llorarle a nuestros muertos. Hoy soy yo, espero no pase a mayores, pero después quien seguirá. Sinceramente no quiero convertirme en el número 20 en el sexenio de Javier Duarte” sentenció.
Periodistas de diferentes medios condenaron las amenazas en contra del periodista Noé Zavaleta, mismas que supuestamente han sido dirigidas por el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y por el empresario José Abella. En ese sentido, los corresponsales urgen al Gobierno federal establezca mecanismos para resolver la situación y evitar el estado de riesgo bajo el que se encuentra no uno sino varios de sus compañeros. Asimismo, los profesionistas hacen responsable a las autoridades por lo que pueda sucederle al reportero.
Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Periodistas de la revista Proceso e informadores integrantes de la Plataforma Nacional de Periodistas y organización afines, por separado y por medio de unas misivas, condenaron las amenazas que el periodista Noé Zavaleta ha sufrido en el estado de Veracruz, situación por la que exigen al gobierno garantice su seguridad y la de su familia.
Por medio de una carta, corresponsales de la revista Proceso exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y a la Procuradura Arely Gómez intervengan para garantizar la integridad física y seguridad del periodista Noé Zavaleta, quien tras publicar su libro “El infierno de Javier Duarte. Crónica de un gobierno fatídico”, ha sido víctima de intimidaciones y amenazas por parte del empresario y dueño del periódico El Buen Tono, José Abella.
De acuerdo con la misiva, Abella habría amagado e insultado a Zavaleta por haber mencionado en su libro que él y el Gobierno de Veracruz sostenían jugosos contratos de publicidad.
Debido a esta situación, periodistas de Proceso manifestaron su indignación y condenaron los agravios que pretenden desprestigiar al autor así como el trabajo periodístico que realiza en la entidad. Asimismo, los corresponsales consideraron que la ocasión sitúa a Zavaleta en una posición vulnerable, por lo que demandan que las autoridades federales garanticen su integridad física y salvaguarda frenando e investigando las amenazas.
Los periodistas hacen responsable de las agresiones al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. También, la Dirección de Proceso responsabiliza a Abella y al Gobierno estatal por cualquier cosa que pueda sucederle al reportero Noé Zavaleta y a su familia.
En la imagen, Javier Duarte y José Abella. Foto: Archivo Blog Expediente.
Además, el personal de la revista tildó de inaceptable que el Gobierno federal y la Procuraduría General de la República (PGR) sean omisos ante la grave situación que prevalece en la entidad para periodistas, fotógrafos y camarógrafos, quienes se enfrentan a innumerables riesgos cumpliendo al día con su labor.
“Como sabemos, en Veracruz nuestros colegas han sido hostigados, desaparecidos y asesinados en los últimos años y particularmente durante el actual sexenio del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, sin que hasta ahora se haya resuelto satisfactoriamente uno sólo de estos delitos cometidos contra integrantes del gremio periodístico y compañeros de Proceso, como ocurrió con Regina Martínez y con Rubén Espinosa”, se lee en el documento.
Por el momento, el agraviado y la directiva de Proceso ya han notificado sobre los incidentes a la organización Artículo 19 y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La carta fue fiemada por los periodistas Patricia Mayorga (Chihuahua); Isaín Mandujano (Chiapas); Pedro Matías (Oaxaca); Rosa Santana (Campeche); Luciano Campos (Nuevo León); Pedro Zamora (Colima); Ezequiel Flores (Guerrero); Francisco Castellanos (Michoacán); Verónica Espinosa (Guanajuato) y Armando Guzmán (Tabasco).
Por otro lado, un grupo de informadores integrantes de la Plataforma Nacional de Periodistas y organización afines, por medio de una carta dirigida al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación y al Gobernador de Veracruz, expresaron su rechazo a la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan Noé Zavaleta y Andrés Salomón Pérez, quien labora para distintos medios de la entidad, y responsabilizaron a Duarte de Ochoa y a Abella “por los riesgos a la integridad física y emocional de los compañeros periodistas”.
De acuerdo con la misiva de los periodistas, Abella habría proferido “comentarios que son amenazas contra los compañeros” por medio de un correo electrónico titulado “Reporteros Coludidos con el Crimen”, con fecha 6 de agosto de 2016.
“Estos pinches bocones como el Noe Zavaleta de Proceso, se la pasa escribiendo historias sobre la inseguridad y la muerte de periodistas, hasta un libro hizo el muy cínico, y mírenlo en esta fotografía que práctica tiene para empuñar las armas de fuego, por eso acaban como acaban.
“El otro también un tal Salomón, amigo de Zavaleta y corresponsal de varios medios en Veracruz, ya tuvo que estar de pelada al aparecer en una lista y estar al servicio de los malosos ‘Z’, parece que no experimentó que estuvo a punto de correr la misma suerte que Milo Vela, Victor Huge, Yolanda Ordaz, y varios más, y mírenlo también es un experto en la materia”, se lee en el correo escrito y enviado supuestamente por el empresario y dueño del periódico El Buen Tono.
Asimismo, los corresponsales se mostraron preocupados por las fotografías mencionadas en el correo electrónico pues dicen que “datan de hace 10 años, y de eventos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz”.
Por lo anterior, los informadores expresaron que se trata de una “amenaza a la integridad de ambos en el contexto de violencia y enfrentamientos entre grupos criminales en la entidad”, circunstancia por la que exigen “se les den garantías para el libre ejercicio de su profesión”.
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