Estados Unidos extraditó el pasado 2 de junio a México al exgobernador, a quien se le acusa de haber desviado más de 96.6 millones de pesos del erario.
Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El Juez Humberto Chávez Allende vinculó a proceso penal al exgobernador César Duarte Jáquez por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
En una audiencia de más de 12 horas, el Juez determinó la vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para la concluir la investigación.
Duarte Jáquez es acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua de desviar 96 millones 665 mil pesos del erario que fueron destinados a causas particulares, en complicidad con funcionarios de su Gobierno entre 2011 y 2014.
El pasado 2 de junio de 2022, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue extraditado a México desde Estados Unidos. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
El dinero supuestamente desviado por el exmandatario de Chihuahua fue destinado a negocios particulares, compra de bienes inmuebles, pago de servicios no prestados, entre otros, como la Unión Ganadera División del Norte o de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Financiera División del Norte, empresas fuertemente ligadas al exgobernador.
La FGE de Chihuahua refirió 17 transferencias de recursos públicos a través de la simulación de 11 procedimientos administrativos bajo la justificación de convenios y entrega de apoyos y subsidios.
La defensa de Duarte Jáquez pidió desestimar la denuncia de al menos dos testigos protegidos, argumentando que fueron torturados para incriminarlo, sin embargo, el Juez descartó que fuera determinante para impedir la vinculación a proceso pero ordenó una investigación al respecto.
César Duarte fue Gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016. Foto: Cuartoscuro
Además, la defensa alegó que en la denuncia no se ha podido comprobar el crecimiento patrimonial de su defendido.
La siguiente audiencia quedó pactada para el 8 de diciembre de 2022.
El pasado 6 de junio, un Juez dictó prisión preventiva por un año en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Aquiles Serdán, un municipio aledaño a la capital chihuahuense, en contra del exgobernador.
A Duarte también le dictaron prisión preventiva, por el riesgo de fuga. Foto: Cuartoscuro
Los ministerios públicos solicitaron como medida cautelar la prisión preventiva, derivado de que existe riesgo de fuga bajo el argumento que el exmandatario estatal puede salir nuevamente de México y así evitar la justicia. Además, se recordó que César Duarte fue detenido en el extranjero, por lo que tuvo que necesitarse una orden de aprehensión y extradición para que regresara al país.
La audiencia de formulación de imputación de cargos contra César Duarte Jáquez había sido suspendida en varias ocasiones debido a problemas de presión y de una hernia en la columna que presentó el imputado.
EXTRADICIÓN DE DUARTE
Estados Unidos extraditó el pasado 2 de junio a México a César Duarte, acusado de diversos cargos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos público.
Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, en 2020. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Duarte gobernó Chihuahua, estado vecino de Texas, de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno mexicano. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.
La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.
César Duarte es acusado de peculado y asociación delictuosa. Foto: Cuartoscuro.
Su sucesor al frente del Gobierno estatal, Javier Corral, del Partido de Acción Nacional (PAN), aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de dos mil millones de dólares.
El exgobernador de Chihuahua será juzgado en el estado, donde las instancias de Gobierno están lideradas por autoridades ligadas a él políticamente, involucradas en esquemas de corrupción o que incluso se han manifestado a su favor.
Por Itzel Ramírez
Ciudad Juárez, 3 de junio (LaVerdad).- César Duarte Jáquez enfrentará su cita con la justicia en un estado que, aunque dejó de gobernar hace más de cinco años, está liderado por autoridades ligadas a él políticamente, involucradas en esquemas de corrupción –de acuerdo con investigaciones judiciales–, o que incluso se han manifestado a su favor.
De lado del Poder Judicial, la polémica recae en Myriam Hernández, quien desde noviembre de 2021 es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y que antes de ocupar ese cargo testificó a favor del exmandatario durante su proceso de extradición en Estados Unidos.
En el caso del Ejecutivo, la posibilidad de que el exgobernador Duarte responda por las 24 órdenes de aprehensión que acumula en el fuero local depende, enteramente, de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicite al Gobierno federal que se tramite “la excepción de la regla de especialidad”, esto es, la potestad de juzgar al exgobernador por todas las causas en su contra y no solamente por la que se concedió la extradición: peculado y asociación delictuosa.
El exmandatario de Chihuahua llegó a México este jueves, después de que el Gobierno de Estados Unidos aprobara su extradición. Foto: FGR.
La FGE, dirigida por Roberto Fierro, está en última instancia bajo las órdenes de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien en 2021 fue acusada penalmente de recibir dinero público de Duarte como pago a favores políticos, en un esquema conocido como la “nómina secreta”.
Este panorama ha llevado a que algunos personajes como el exgobernador Javier Corral, el delegado de programas federales, Juan Carlos Loera de la Rosa, o la fracción de Morena en el Congreso local pidan que sea la Fiscalía General de la República la que lleve el proceso en contra de Duarte y no las autoridades locales.
MAGISTRADA PRESIDENTA… Y DEFENSORA DE DUARTE
Myriam Victoria Hernández Acosta llegó a la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) gracias a una reforma de 2014 impulsada por César Duarte en la que en una sola designación se ocuparon 13 magistraturas vacantes, un grupo llamado entonces “magistrados oxigenadores”.
En noviembre de 2021, Hernández fue elegida como Magistrada presidente del TSJ. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
En noviembre de 2021, siete años después y ya con Maru Campos como Gobernadora, Hernández fue elegida por sus pares como Magistrada presidenta, luego de la renuncia de Pablo Héctor González Villalobos, quien dejó su cargo al frente del Poder Judicial dos años antes de que terminara el periodo para el que fue designado.
Hernández fue una de las al menos dos personas del TSJ que testificaron de forma escrita ante autoridades judiciales de Estados Unidos a favor de Duarte, a quien definieron como víctima de una persecución política.
Cuestionada al respecto en la conferencia de prensa que ofreció inmediatamente luego de su designación, Hernández, no negó su participación en la defensa de Duarte.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua informó sobre la orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte Jáquez. Foto: Captura de pantalla.
—¿Cuál será la postura de la presidenta del TSJ ante los procesos que se llevan en contra de César Duarte considerando que como magistrada declaró ante autoridades estadounidenses que el exgobernador era un perseguido político?–, se le preguntó a la Magistrada.
—“El tema del exgobernador es un tema que no está en este momento en el Tribunal y se agotarán las instancias correspondientes en tanto se lleve en debido proceso, eso es lo que nos corresponde hacer”, respondió Hernández en aquel momento.
El exgobernador Corral se manifestó en su cuenta de Twitter a favor de que la Federación sea quien procese a su antecesor.
Es de esperarse que, dadas las actuales circunstancias que privan en CHIH, donde el Duartismo ha recuperado influencia y control en posiciones estratégicas en los poderes del Edo, la federación ejerza facultad de atracción por todos los delitos conexos con el lavado de dinero.
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) June 3, 2022
“Es de esperarse que, dadas las actuales circunstancias que privan en Chihuahua, donde el duartismo ha recuperado influencia y control en posiciones estratégicas en los poderes del Estado, la Federación ejerza facultad de atracción por todos los delitos conexos con el lavado de dinero”, escribió Corral.
En declaraciones hechas a La Verdad, el exmandatario dijo que el turno de la audiencia de hoy explica cómo se ha movido el Poder Judicial a favor de Duarte.
“Me imagino que una parte del Poder Judicial deben estar preocupados. Otra me supongo que muy contentos, los directamente vinculados con el exgobernador Duarte. Ya se deja sentir para qué hicieron el cambio de Pablo Héctor por Miriam Hernández Acosta; me refiero a que le quitaron el caso a la Jueza Alejandra Ramos, que otorgó la orden de aprehensión motivo de la extradición, y se lo han turnado a un Juez provisional, Luis Simental”, contestó Corral Jurado a preguntas formuladas por este medio.
Campos Galván ha cambiado el discurso beligerante contra el Gobierno federal que mantuvo su antecesor, el también panistas Javier Corral Jurado. Foto: Gobierno de México
Juan Carlos Loera de la Rosa, encargado en Chihuahua de la operación de programas federales, aseguró que existe en la ciudadanía la percepción de que puede haber riesgo de parcialidad en el proceso contra Duarte, por lo que debe llevarse el caso a instancias federales.
“Es muy difícil que se llegue a la conclusión de que César Duarte hizo todo él solo, la investigación que se realizó durante el quinquenio anterior aportó elementos para la detención de sus cómplices y muchos de ellos están en libertad, ese es un primer indicio de que puede que aquí no se tengan todas las condiciones de imparcialidad”, aseguró.
La reciente reforma al Poder Judicial, que elimina el concurso de oposición para ocupar magistraturas y asegura la presidencia del TSJ a quienes fueron designados durante el sexenio de Duarte, también fue señalada por Loera como un motivo más para trasladar el proceso del exgobernador al ámbito federal.
Javier Corral fue el sucesor de Duarte y el predecesor de Maru Campos en el estado de Chihuahua. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
“Lo que hemos visto es que personas a las que les dieron dinero [en época de Duarte] están en posiciones del poder y que la reforma del Poder Judicial estuvo dedicada para favorecer a quienes fueron nombrados en el sexenio. Para despejar esas dudas, ese conflicto de intereses que me parece que es evidente, lo mejor sería que el juicio no fuera en Chihuahua”, manifestó en entrevista el funcionario federal.
En este sentido se pronunció también la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Chihuahua en un posicionamiento difundido la noche de este jueves, donde considera que todo el proceso contra el exgobernador debe atraerlo la Fiscalía General de la República.
“El Poder Judicial del Estado no garantiza imparcialidad ni la aplicación estricta de la Ley porque la reforma constitucional impuesta por el PRIAN [Partido Revolucionario Institucional y Partido de Acción Nacional] recientemente es un golpe de Estado, tramado desde el Poder Ejecutivo para mermar la independencia del Poder Judicial y favorecer la restauración del duartismo. Es un hecho que varios integrantes del Tribunal Superior de Justicia fueron parte o beneficiarios del esquema duartista, al igual que importantes personajes del Ejecutivo actual”, expone.
MARU, LA NÓMINA Y LA FISCAL
En abril de 2021, antes de ser electa gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván fue vinculada a proceso por el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez en el caso de la “nómina secreta”, en el que la FGE, entonces dirigida por César Augusto Peniche.
En la audiencia se presentaron recibos firmados por Campos –que negó la veracidad de los documento–, además de declaraciones de testigos que dijeron haber presenciado la entrega de los recursos; incluso, la FGE evidenció que el hermano de Campos había plagiado información de internet como manera de justificar contratos de servicios jurídicos; en total, la panista habría recibido más de nueve millones de pesos de recursos públicos.
Campos enfrentaba también otra acusación, ahora de la Fiscalía Anticorrupción, de haber cobrado sobornos a empresarios cuando era Presidenta municipal de Chihuahua.
Días antes de su toma de protesta, en septiembre de 2021, tanto la FGE como la Fiscalía Anticorrupción se desistieron de las acusaciones en contra de la entonces Gobernadora electa, por lo que la vinculación a proceso por la “nómina secreta”, así como el asunto de los sobornos quedaron sin efecto.
En mayo pasado, Gema Chávez, la titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, presentó su renuncia al puesto al que llegó en 2019 y que dejaría en 2026.
Actualmente, el exgobernador Duarte Jáquez acumula 24 órdenes de aprehensión, 23 del ámbito local y 1 del federal. La orden de extradición se solicitó con base en la orden de aprehensión de la causa penal 3041/2019, en la que se acusa al exgobernador de peculado y asociación delictuosa por haber transferido entre 2011 y 2014 más de 96 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que tenía participación mayoritaria.
Preso desde el 8 de julio de 2020 en el Centro de Detención Federal de Miami, Florida, Duarte Jáquez llegó este jueves a México e ingresado al Cereso Estatal 1 de Aquiles Serdán.
Enriquecimiento ilícito y defraudación son solo otras acusaciones que aparecen en las causas en contra de Duarte, entre ellas la Operación Safiro, un esquema mediante el cual siete entidades federativas financiaron campañas del PRI mediante desvío de recursos públicos a empresas fantasma, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En vísperas del inicio de la precampaña en Chihuahua, el Fiscal local César Peniche dice tener pruebas hasta científicas y varios testigos de que el Senador morenista Cruz Pérez Cuéllar se benefició de la “caja chica” del exgobernador César Duarte. Pero el señalado aseguró que las “calumnias” han impulsado más su imagen de cara a la gubernatura para 2021 y, al no tener nada sólido, los dejará “en ridículo”.
Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– El Senador morenista Cruz Pérez Cuéllar dice estar agradecido con las “calumnias” del Gobernador panista Javier Corral Jurado y el Fiscal estatal César Peniche porque, aseguró, ha recibido más reflectores rumbo a las elecciones de 2021, donde busca contender por la Gubernatura. Se ha informado y entre lo que le notificaron fue que, “al no tener nada” en su contra sobre su supuesto beneficio de la “caja chica” del exgobernador César Duarte Jáquez, lo que hicieron fue “presionar” a testigos protegidos, por lo que pronto hará pública esa información que los pondrá “en ridículo por la payasada que están haciendo”.
“Creo que ahora con todas estas calumnias y la respuesta que ha habido de manera institucional del coordinador de Senadores Ricardo Monreal, del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del dirigente nacional Mario Delgado hasta nos están fortaleciendo”, dijo en entrevista.
Es más, hasta está de acuerdo con que el exgobernador expriista, señalado de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, sea extraditado de Estados Unidos a México y responda por sus actos ilícitos.
La precampaña en la entidad norteña inicia el 23 de diciembre, en tres semanas. Pero ya hay golpeteos con tintes electorales. La Fiscalía General de Chihuahua solicitó esta semana al Poder Legislativo federal el desafuero del Senador Cruz Pérez para poder ejecutar una orden de aprehensión girada en su contra por supuestamente haberse beneficiado con un millón 300 mil pesos de la “nómina secreta” del exgobernador de Chihuahua César Duarte. El ahora morenista habría usado el dinero en 2016 cuando buscaba la gubernatura por Movimiento Ciudadano. El Fiscal estatal César Peniche dice tener pruebas hasta científicas y varios testigos.
El candidato a la gubernatura de Chihuahua se reunió con el dirigente de Morena Mario Delgado. Foto: Twitter @CruzPerzCuellar
“Va a quedar en ridículo el Fiscal Peniche y el Gobernador [Javier] Corral. Los dos. Los voy a dejar en ridículo después de esta payasada que están haciendo”, dijo el Senador Cruz Pérez en entrevista. “Cuando dicen ‘testigos’, al no tener nada, lo que hicieron fue presionar a los que tienen como testigos protegidos. Sin mediar ningún otro medio de convicción como un depósito, una transferencia, un cheque o bien algo en mi patrimonio que yo no pueda justificar como una casa de 20 millones de pesos, en lo único que está basada esa acusación es en testigos que dicen que me dieron cantidades de dinero. Eso es todo”.
SinEmbargo solicitó entrevista con cada uno de los actores involucrados en estas acusaciones. Al momento de publicar esta entrevista solo la Fiscalía de Chihuahua y el Senador Cruz Pérez Cuéllar respondieron, mientras que el Gobernador Javier Corral, a través de su oficina de Comunicación Social, envío un comunicado en el que señala que en el caso de la denominada “nómina secreta”, en la que se vincula a distintos actores políticos, incluidos miembros de su partido, no tuvo alternativa para hacer excepción de nadie.
Sobre el candidato panista, Gustavo Madero, a quien se estarían quitando los obstáculos rumbo a la contienda, el expanista por 27 años Pérez Cuéllar dijo que “está marcado por la corrupción peñanietista, es un fiel reflejo de lo que es el PRIAN y no le conviene al estado”.
Pero sobre el otro candidato de su ahora partido Morena, el exdelegado Juan Carlos Loera, acusado de nepotismo y actos anticipados de campaña en espectaculares, el Senador omitió opinar y negó que tenga una ventaja al haber entregado programas sociales previo a la campaña.
La denominada “nómina secreta” o “caja chica” de Duarte, acusa el Gobernador Javier Corral Jurado desde 2018, fue hallada durante un cateo que se realizó a la casa del exgobernador expriista, por lo que se abrieron 10 carpetas de investigación. En unas cajas fuertes ubicadas en el sótano de su casa encontraron documentos firmados por quienes recibían dinero o apoyos y que eran utilizados como “una especie de seguro de vida”.
“En esa trama tenemos alrededor de 100 personas que se vieron beneficiados con esos hechos de corrupción, recibiendo diversas cantidades de dinero”, dijo el Fiscal de Chihuahua César Peniche en entrevista previa. “La Fiscalía General del Estado no se maneja por tiempos electorales. La investigación se basa única y exclusivamente en los hechos, y en el momento en el cual se logra tener la cantidad de pruebas suficientes para acreditar una acción penal se lleva a los tribunales. Esa es la razón por la cual las carpetas de investigación han llevado diferentes momentos”.
En esta nómina también estarían la Alcaldesa panista de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, quien también dijo que es víctima de una persecución política para impedir que busque la gubernatura de la entidad, y su compañero de partido, el exdiputado César Jáuregui. Hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina que, visto el contexto, es un asunto político-electoral.
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–Senador, se ha movido el asunto muy rápido. Incluso el tema estuvo hoy en la conferencia matutina. ¿Qué le responde al Fiscal de Chihuahua? Él dice que tienen pruebas hasta científicas y testigos sobre su presunto beneficio de la denominada nómina secreta del exgobernador César Duarte.
–Va a quedar en ridículo. Tan pronto como me notifique a mí la Cámara de Diputados [sobre la solicitud de desafuero], voy a hacer públicas las acusaciones que me hacen y las pruebas científicas que dicen tener. Es una vergüenza lo que están haciendo. Estoy seguro que no hay nada. Y estoy informado. Cuando dicen ‘testigos’, al no tener nada, lo que hicieron fue presionar a los que tienen como testigos protegidos. Sin mediar ningún otro medio de convicción como un depósito, una transferencia, un cheque o bien algo en mi patrimonio que yo no pueda justificar como una casa de 20 millones de pesos, en lo único que está basada esa acusación –según lo que yo he escuchado– es en testigos que dicen que me dieron cantidades de dinero. Eso es todo. Entonces, va a quedar en ridículo el Fiscal [César] Peniche y el Gobernador [Javier] Corral. Los dos. Los voy a dejar en ridículo después de esta payasada que están haciendo.
–Ellos dicen que usted habría usado ese dinero para las elecciones de 2016 cuando era de Movimiento Ciudadano…
–Sería bueno venir a hacer una encuesta –y habría que ver también las fechas que están usando– para que la gente de Chihuahua diga cómo fue esa campaña. Si hubo una campaña totalmente austera, fue esa de 2016. Por eso insisto que van a quedar en ridículo.
–Usted empezó su trayectoria en el PAN y después se pasó a Movimiento Ciudadano y luego a Morena, ¿por qué esos brincos?
–Fui durante 27 años militante del PAN y yo quería ser candidato de Morena en 2016, sin embargo, Víctor Quintana que después estuvo en el gabinete de Corral, no me dio el acceso. Cuando renuncié al PAN fui invitado por varios partidos políticos y acepté la invitación de Movimiento Ciudadano a ser candidato; nunca milité. Movimiento Ciudadano siempre había apoyado al Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nunca me imaginé que, para mi mala suerte, en la elección que yo buscaba apoyar a López Obrador en 2018, Movimiento Ciudadano se fuera a ir con Ricardo Anaya. No había manera que yo previera eso. Ni modo. Tan pronto terminó la elección de 2016, yo me sumé de manera incondicional a apoyar al Presidente López Obrador. Sí tuve una militancia muy larga en el PAN, de la que no me arrepiento y aporté muchas cosas al estado. Pero el PAN se desvió del camino. Por eso gente como Tatiana Clouthier también está ahora con Morena y con López Obrador.
–Senador, recordando su época panista, ¿el candidato Gustavo Madero le conviene a Chihuahua?
–No, no. Creo que Gustavo está marcado por la corrupción peñanietista. Creo que es un fiel reflejo de lo que es el PRIAN y creo que no le conviene al estado.
–Sobre los demás candidatos de Morena a la candidatura de Chihuahua, ¿qué me puede decir del exdelegado Juan Carlos Loera?
–De él, de Rafael Espino, de Bertha Caravero, de Carmen Almeida, parece que también se registrará Víctor Quintana y Martín Chaparro, todos merecen mi respeto como personas y a su aspiración. Siempre he creído que cuando uno descalifica la aspiración de otra persona se descalifica uno mismo. Quién sería yo para descalificarlos a ellos. Tengo plena confianza de que Morena actuará de manera congruente con sus estatutos y hará una encuesta. Quien resulte ganador y ganadora que nos represente. Creo que tengo toda la posibilidad de representar a Morena. En todas las encuestas nos ha ido bien. Pero todos mis compañeros merecen mi respeto.
–Antes de pasar a lo de las encuestas, Senador, ¿coincide con los señalamientos de la oposición de que los exdelegados que renunciaron tienen una ventaja frente al resto de aspirantes?
–No, no coincido. Soy Senador y he tenido una plataforma que es el Senado. Es decir, tenemos que entender que en la política, más allá de los partidos, los espacios de representación o de dirección como los delegados, son espacios que te dan foco. En todo caso se tiene que revisar en cada uno de los casos que no se usen los recursos, pero pensar que una persona que está en el cargo de delegado no será más conocida por el hecho de que recorra el estado y tenga contacto, pues sería ingenuo. Pero no creo que tenga nada de malo. Pensar que un Senador como yo que tiene los accesos a los medios en el estado, oficinas de enlace y que recorro el estado no voy a ser más conocido, también sería ingenuo. Así es esto. Están en su derecho, y creo que el Presidente fue duro cuando les pidió que tenían que renunciar el 31 de octubre [si querían contender].
–¿Y cómo le está yendo en las encuestas?
–Hasta ahorita me ha ido muy bien. Aquí en el estado varias compañías empezaron a hacer encuestas desde que entramos al Senado hace dos años. Y creo que ahora con toda estas calumnias y la respuesta que ha habido de manera institucional del coordinador de Senadores Ricardo Monreal, del Presidente de la República y del dirigente nacional Mario Delgado hasta nos están fortaleciendo.
–Le están dando más reflector…
–Sí, creo que hasta le voy ir a agradecer allá al Gobernador…
–Entonces, por último Senador, ¿el exgobernador César Duarte debe ser extraditado?
–Pienso que sí. No tengo conocimiento pleno del expediente, pero creo que más allá de extraditarlo, que sí debe ser, debe responder ante la justicia por todos los delitos que haya cometido. Sin lugar a dudas tiene que responder por sus acciones ilegales.
Como en su momento se vio acorralado por la detención de los exfuncionarios federales Rosario Robles y Emilio Lozoya, el expresidente Enrique Peña Nieto ha vuelto a estar bajo acecho, por el presunto operador de la Estafa Maestra, Emilio Zebadúa, y el exgobernador Javier Duarte, quienes han ofrecido hablar sobre la participación del priista en esos desvíos y en los sobornos de Odebrecht, caso en el que también se relaciona a su hombre de confianza, Luis Videgaray Caso, sobre quien se prepara una solicitud de orden de aprehensión. Pero, dicen analistas, aunque las piezas estén puestas es una estrategia más política que jurídica.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– Hace ocho años se refugió en una esquina de la Universidad Iberoamericana frente a abucheos de estudiantes por su gestión en el Estado de México. Ahora, en solo una semana, el expresidente Enrique Peña Nieto ha sido acorralado por exfuncionarios de su Gobierno por el caso de la Estafa Maestra y Odebrecht. Incluso ha recibido un consejo del empresario acerero Alonso Ancira Elizondo: correr a Timbuctú, puesto que el presunto pacto de impunidad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar en riesgo.
“Peña Nieto está acorralado desde que terminó su sexenio. Hay pruebas contundentes de que hubo corrupción no solo durante su Gobierno, sino también durante su campaña. En cualquier país medianamente democrático ya estarían llamándolo a que comparezca”, dijo el analista político de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint. “Todas las pistas apuntan a que aceptó obtener recursos de forma fraudulenta para su campaña. Están todas las piezas, por qué no lo hace la Fiscalía. López Obrador lo hace más para seguir lucrando políticamente con lo que fue la corrupción del PRIAN. No le interesa mucho procesar al expresidente, no veo probabilidad de que caiga o que mínimo venga a México a testificar, porque cada que el fuego se acerca al expresidente Peña Nieto, las cosas se apagan y quedan en operadores intermedios”.
Sumado a la consulta ciudadana sobre enjuiciar a expresidentes y las declaraciones del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sobre la planta chatarra Agronitrogenados, este lunes se dio a conocer que Emilio Zebadúa González, exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –a quien llegaron diversas advertencias sobre triangulaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, ofreció convertirse en testigo protegido y dar información sobre los desvíos de recursos públicos encabezados por su exjefa Rosario Robles Berlanga y, asegura, Peña Nieto está relacionado.
En noviembre de 2018, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.
El politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maximiliano García Guzmán, coincidió en que son bajas las probabilidades de que Peña Nieto sea llamado a declarar por ahora, ya que a la luz de las elecciones de 2021 “tiene un manejo relacionado más con intereses políticos que jurídicos y no solo en este caso, sino en el de combate a la corrupción e inicio de procesos contra funcionarios de administraciones pasadas”. Para el académico, al Gobierno federal “le conviene más una amenaza de proceso que un proceso en sí”. Quizás a finales de sexenio use esa carta, agregó.
El Presidente López Obrador dijo en la conferencia matutina del miércoles que el criterio de oportunidad debe abonar a la recuperación del daño, en el caso de la Estafa Maestra, el reintegro de al menos 5 mil millones de pesos desviados de dependencias federales a universidades públicas como la de Morelos e Hidalgo y a empresas fantasma.
El viernes además se informó que un Juez federal emitió una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga, ahora por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de dinero. La exsecretaria de Estado e íntima del expresidente permanece en el penal de Santa Martha Acatitla, al sur de la Ciudad de México, desde agosto del 2019 señalada de omisión, pero en misivas ha argumentado que la actual Administración federal la mantiene ahí solo porque se ha negado a delatar con información sobre los desvíos que dice no tener.
Otra orden de captura es la que prepara solicitar la Fiscalía General (FGR) contra el exsecretario y hombre más cercano al Presidente, Luis Videgaray Caso, quien actualmente reside en Estados Unidos, como profesor titular y director de un proyecto sobre inteligencia artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). El ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, lo acusa de ser la mente detrás de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para las elecciones de 2012 y para que legisladores aprobaran la Reforma Energética. La primera orden obtenida fue retirada para pedir otra con nuevos elementos para perfeccionar la acusación, una decisión que para el politólogo Maximiliano García también fue una estrategia política para mantener los reflectores sobre funcionarios peñistas sobre solo una posibilidad de proceso.
“No creo que caiga Videgaray, porque ahí sí puede caer Peña Nieto. Fue clave a la hora de acordar ciertas cosas con la actual administración”, consideró el analista Enrique Toussaint. “Pero creo que al Presidente López Obrador le interesa más que se mantenga como un tema de debate político y no de la justicia. Estamos más en la arena política pensando en las elecciones de 2021”.
Desde otro frente, el Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuiteó que en 2012 recibió una llamada telefónica desde Sao Paulo, Brasil, de la casa de Marcelo Odebrecht, ahora detenido por sobornos millonarios a diversos países, entre ellos México. Era el Presidente electo Enrique Peña Nieto.
“Me llamó vía telefónica para solicitarme (instruirme) que acelerara todos los trámites y obras que el Gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas, por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”, escribió en su cuenta de Twitter el expriista señalado de lavado de dinero y asociación delictuosa.
“Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno. Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobretodo que se sepa la verdad”, agregó arrobando a la Fiscalía General. A cambio de declararse culpable para ahorrar tiempo y costos, ya había acordado con la entonces Procuraduría que se le reduciría su pena a nueve años y a una multa de 57 mil pesos. Pero con la prisión preventiva es probable que salga el próximo año o en año y medio.
El Proyecto Etileno XXI en Veracruz, consorcio conformado por Brasken, filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa, ha sido un negocio deseventajoso para Pemex, ya que generó pérdidas y gastos innecesarios por al menos 7 mil 124 millones de pesos entre 2015 y 2018, debido a pagos por servicios no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales injustas, de acuerdo con información oficial analizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Toussaint, de la Universidad de Guadalajara, aseguró que la figura del testigo protegido bien aplicada funcionaría, porque en casos como AHMSA, Odebrecht y Estafa Maestra “son ingenierías del saqueo tan difíciles de rastrear que no hay otra manera de conocer la verdad que fortaleciendo esta figura y dando todas las condiciones para que hablen. Pero cantar es la primera parte. Se debe aportar pruebas de valor. Por eso se ha enfriado un poco el caso de Lozoya”.
EL CONSEJO: CORRER
El director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, detenido en España por lavado de dinero en mayo de 2019, y acusado de vender a sobreprecio la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio pasado, aconsejó al expresidente Enrique Peña Nieto “correr”, porque cree que hubo un pacto entre elexpresidente, el exsecretario Luis Videgaray y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien está dispuesto a pagarle los 200 millones de dólares por el daño de la venta a la petrolera estatal.
“¿En qué consistió el pacto? En sacar a un hombre muy bueno, pero un candidato muy mediocre. Meade. Con el que tenga un camino allanado. En cambio, si hubiera puesto al Doctor [José] Narro, no tuviera la mayoría en el Congreso”, dijo en entrevista con Latinus el empresario Ancira, quien estaba en libertad condicional con sus cuentas bancarias descongeladas hasta este fin de semana que solicitó ser reingresado a prisión en España. “El pacto incluye que si tengo la necesidad, porque se me está bajando la popularidad, te descabecho. Mientras no tenga necesidad, la voy llevando”.
En diciembre de 2018, el Presidente Enrique Peña Nieto entrega la banda presidencial al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.
“Lo primero, que corra, que se busque Timbuctú”, aseguró riendo desde España, donde también está el expresidente priista. Compartió que AHMSA lo apoyó con material de propaganda en su campaña presidencial con alrededor de “un par de millones de dólares”, a cambio de que le retirara los aranceles al acero, como sucedió.
Pero, agregó, “nunca fui gente de Videgaray, la última vez que hablé con él era Secretario de Hacienda” en 2016. Ancira se considera más cercano a Lozoya en esos años, pero ahora ya no sabe “si odiarlo” por el problema en que lo arrastró con el caso de la planta chatarra de fertilizantes.
Para el empresario acerero, Peña Nieto “fue un muy buen candidato para el PRI, tuvo un perfil brillante. Se preocupó mucho en las reformas que estaba haciendo; es el legado que quería dejar”. En seis años, solo lo recibió una vez en Los Pinos, dijo.
“Le dije: ‘sepárate, no importa que falten 40 días para que finalice el Gobierno y puedes con toda libertad aportar las pruebas y defenderte de lo que ya en ese momento era escandaloso'”, dijo en entrevista con Elisa Alanís para Milenio Televisión.
Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).–Miguel Ángel Osorio Chong, Senador del PRI, afirmó que le pidió al ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte dejar el cargo para enfrentar las acusaciones de corrupción en su contra a 40 días de que terminara su administración.
El ex Secretario de Gobernación negó tener algún acuerdo con Duarte de Ochoa, sin embargo, le pidió en dos ocasiones que dejara el puesto de Gobernador.
“Le dije: ‘sepárate, no importa que falten 40 días para que finalice el Gobierno y puedes con toda libertad aportar las pruebas y defenderte de lo que ya en ese momento era escandaloso'”, dijo en entrevista con Elisa Alanís para Milenio Televisión.
Osorio Chong confirmó que habló dos días antes de que el ex mandatario de Veracruz presentara su renuncia. Además, le recomendó probar su ‘inocencia’ fuera del cargo. ” Es el camino correcto”, comenta el Senador del PRI sobre su plática con Javier Duarte.
Según Miguel Ángel Osorio Chong, después de dos horas de conversación Duarte de Ochoa aceptó el consejo y dijo que sí presentaría la renuncia. A los dos días lo hizo a través de un programa matutino de televisión.
“De ahí se dio a la fuga y no enfrentó nunca, directamente él, todos los cargos de los que se dice inocente”, explicó el Senador.
“Después del proceso electoral le dije que tenía que valorar su retiro”, luego de las acusaciones de las que dijo formaban parte de un conflicto con Miguel Ángel Yunes Linares, sucesor de Javier Duarte.
El ex Secretario detalló que Duarte no se retiró en la primera ocasión que lo hablaron. En la segunda, fue más contundente y aceptó retirarse de la Gubernatura.
También exhortó al ex Gobernador a presentar pruebas sobre sus declaraciones dadas a conocer en el video revelado hace unos días en el noticiario de Ciro Gómez Leyva.
“Yo creo que nos quiere desviar la atención de lo que es verdaderamente importante: que se presente ante la ley […] y que se pueda resolver su caso”, finalizó Miguel Ángel Osorio Chong.
El TEV ordenó “dar vista al Congreso del Estado de Veracruz, con motivo de la responsabilidad de Miguel Ángel Yunes Linares, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho”.
Yunes Linares fue calificado como “infractor” al publicar en sus redes sociales videos en el año 2018 en los que aparecía con su entonces Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán explicando la recuperación de ciertos bienes públicos de la administración de Javier Duarte.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó que el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares deberá ser sancionado a través del Congreso local por difundir en campañas electorales propaganda gubernamental contra el priista Javier Duarte.
“Se declara la existencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda con elementos de tipo gubernamental y promoción personalizada en periodo prohibido por la ley atribuidas a Miguel Ángel Yunes Linares”, se lee en la resolución del TEV.
Dicha autoridad electoral ordenó “dar vista al Congreso del Estado de Veracruz, con motivo de la responsabilidad de Miguel Ángel Yunes Linares, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho”.
El ex mandatario panista fue calificado como “infractor” al publicar en sus redes sociales videos en el año 2018 en los que aparecía con su entonces Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán explicando la recuperación de ciertos bienes públicos de la administración de Javier Duarte.
El Tribunal Electoral de Veracruz explicó que en los videos sólo se observa a Yunes Linares usar la voz al lado de Franco Castán, quien permanece callado, por lo que éste último no será sancionado.
Lo anterior se dio durante las elecciones del año pasado, en las que su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez era candidato del PAN a la Gubernatura de Veracruz. Al respecto el Partido Revolucionario Institucional presentó un recurso de inconformidad el pasado 22 de junio, el cual falló a su favor.
Ayer, Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa para obtener así una reducción de la sentencia en su contra. El juez condenó al e Gobernador de Veracruz a una pena de 9 años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos, y a entregar 21 terrenos y 20 propiedades.
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).-La condena de 9 años contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa ha generado indignación e ira en las redes sociales. Un comentario común: “Le salió barato” al ex Gobernador del Revolucionario Institucional enriquecerse con dinero público. Activistas y organizaciones plantean que la Procuraduría General de la República (PGR) actuó, por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, para encubrir al ex mandatario de Veracruz.
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, salió esta mañana a la prensa sólo para confirmar lo que desde anoche se sabe: que en tres años Javier Duarte podría salir de prisión. Dijo que podría gozar de algún beneficio cuando cumpla cuatro años y medio de condena, que incluyen el año y cinco meses que ya lleva encarcelado.
“Son de 9 años, en cuatro años y medio podrá tener beneficios”, dijo esta mañana en conferencia.
También destacó que la Procuraduría “no está satisfecha con la condena”… aunque es por un acuerdo con la propia Procuraduría que el político priista podrá quedar en libertad.
“Finalmente cuando nos topamos con casos como este nunca estaremos satisfechos, pero la Ley mandata beneficios”, dijo.
Ayer, Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa para obtener así una reducción de la sentencia en su contra. Esto fue posible gracias a la negociación entre la PGR y el ex mandatario para pedir un procedimiento abreviado.
El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, condenó a Javier Duarte a una pena de 9 años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos. Y deberá entregar 21 terrenos ubicados en Campeche y 20 propiedades: 4 departamentos en Ixtapa y 9 inmuebles en la Ciudad de México, que incluyen tres departamentos en Bosques de Santa Fe, un edificio en Lomas de Chapultepec y dos departamentos en Polanco.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, el ex Gobernador podrá pedir su libertad bajo supervisión cuando cumpla la mitad de su pena, además se deben tomar en cuenta el año y cinco meses que lleva en prisión, desde el 15 de abril de 2017.
Esta mañana, en entrevista con el diario Reforma, el Gobernador de veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que Javier Duarte aceptó que es un delincuente y reconoció que la sentencia “no deja satisfecho a nadie”.
“En primer lugar Javier Duarte acepta que es un delincuente, que cometió por lo menos dos delitos: asociación delictuosa y lavado de dinero”, dijo.
“De manera evidente la sanción no deja satisfecho a nadie, hay mucha indignación, no corresponde al daño al daño que hizo a miles de veracruzanos porque se robó miles de millones de pesos que estaban destinados para atender programas de salud, educación, infraestructura”, añadió al diario de circulación nacional.
El director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Iván Gidi, calificó como “una palmada o un turón de orejas” la condena al ex mandatario en comparación con el daño que causó.
“Duarte ya aceptó el juicio abreviado y la culpabilidad. Le esperan 9 años de cárcel y multa de 60 mil pesos, la PGR no le dio agravantes. Casi casi una palmada o un tirón de orejas, comparado con el daño causado”, escribió en su cuenta de Twitter.
La ONEA también dijo que a Duarte le “salió barato” haber saqueado a la entidad y “sepultarla en una enorme crisis de violencia”.
Saquear un estado y sepultarlo en una enorme crisis de violencia le ‘sale barato’ a Javier Duarte; el ex gobernador de #Veracruz se declara culpable y pasará en prisión sólo 9 años. Lee más en: https://t.co/zbPnotuB52pic.twitter.com/asaTcflXdf
Fundar Centro de Análisis e Investigación cuestionó y si el caso Duarte hubiera tenido el mismo resultado si tuviéramos una Fiscalía independiente:
“Javier Duarte desvió más de 75 mil millones de pesos y tiene 90 propiedades. Su castigo: 9 años de cárcel (que pueden reducirse a 3) y 58 mil pesos de multa. ¿Hubiera pasado lo mismo si tuviéramos una #FiscalíaQueSirva, independiente y con personal capacitado?”.
El activista y columnista de SinEmbargo, Darío Ramírez, ironizó que “la corrupción es el mejor negocio” y alertó que cuando Duarte salga de prisión tendrá 54 años y tendrá “toda una vida por delante siendo putrimillonario con dinero público”.
Sentencia a Javier Duarte.
A 9 años de presión y 60 mil pesos.
Cuando salga de la cárcel tendré 54 años. Toda una vida por delante siendo putrimillonario con dinero público.
El ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, escribió:
“El acuerdo de Procedimiento Abreviado entre Javier Duarte y la PGR, demuestra el encubrimiento y la participación del actual gobierno en actividades ilegales, ellos son los delincuentes, es una burla al pueblo de México”.
Jesús Robles Maloof, columnista de SinEmbargo, consideró que la PGR actuó en obediencia al Presidente Enrique Peña Nieto y le dio “un regalo anticipado” a Duarte.
“Javier Duarte recibe sólo 9 años de prisión que al final pueden ser 6 años efectivos.
No hace falta ser un genio para saber que una PGR obediente a @EPN, ha entregado un regalo de navidad anticipado”, escribió.
La activista Viridiana Ríos escribió: “enriquecerse eternamente a cambio de 9 años de cárcel”.
Enriquecerse eternamente a cambio de 9 años de carcel
La Diputada Martha Tagle calificó la condena como “una burla” de la Procuraduría, a instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, e ironizó que “a este paso habrá que ofrecerle disculpas” al ex mandatario.
Parece una broma, pero más bien es una burla. Una burla de la @PGR_mx que por instrucciones de @EPN hizo todo para que sentenciaran con el mínimo a Duarte, a este paso habrá que ofrecerle disculpas ?? https://t.co/YsjZepejoc
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, inauguró una exposición formada con obras de arte decomisadas a funcionarios de la anterior administración del estado. La muestra reúne obras de David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Fernando Botero y Leonora Carrington, entre otros.
Miguel Ángel Yunes dijo que las obras fueron adquiridas con recursos de los veracruzanos y ahora forman parte del patrimonio del estado. Foto: @IVEC_Oficial, Twitter
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).-Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, inauguró una exposición donde se exhibirán obras decomisadas a funcionarios de la anterior administración veracruzana.
“Interpretaciones Formales”, nombre de la muestra, se exhibirá en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa y reúne 16 obras de artistas como David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Fernando Botero y Leonora Carrington.
Durante la presentación, Yunes Linares dijo que las obras fueron recuperadas en propiedades como el rancho El Faunito, en Tlacotalpan, en residencias del Estado de México, así como en una bodega de Córdoba -Veracruz-, donde funcionarios de la anterior administración estatal las tenían adornando sus estancias privadas. El ejecutivo local señaló que las obras fueron adquiridas con recursos de los veracruzanos, por lo que ahora forman parte del patrimonio del estado.
El Gobernador Yunes destacó que además del valor estético de la exposición, “Interpretaciones Formales” representa un recordatorio de la lucha contra la corrupción.
Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, dejó el cargo el 12 de octubre de 2016, 48 días antes de finalizar su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción, pero se convirtió en prófugo de la justicia cuando un juez dictó una orden de captura en su contra y ese mismo mes fue expulsado del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras seis meses de búsqueda, el ex Gobernador fue detenido el 15 de abril del 2017 en la recepción de un lujoso hotel de Panajachel, en el departamento de Sololá, en Guatemala.
Entre los candidatos a Gobernador en los nueve estados que renuevan el cargo este julio, los más opacos son los de Veracruz, Chiapas y Morelos, justo la triada de estados que deja más deuda pública a nivel nacional, de acuerdo con IMCO y datos de Hacienda. A una semana de la elección, la plataforma del think tank reveló que de los cuatro candidatos a gestionar Veracruz, sólo uno ha declarado su “3de3”. En Chiapas y Morelos –donde Graco Ramírez dejó las instituciones anticorrupción a su favor– tampoco lo han hecho Rutilio Escandón y Cuahtémoc Blanco, ambos de Morena.
Representantes del sector empresarial y civil han condenado la falta de disposición para hacer “lo mínimo” por la transparencia. “Nos habla de un candidato que no quiere cambiar el status quo que hemos visto de la clase política durante décadas, y no siente obligación de generar un vínculo de confianza con la ciudadanía”, dijo la investigadora Alexandra Zapata, responsable del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
Todos tienen hasta los últimos minutos de este domingo, 24 de junio, para hacer públicas sus declaraciones y los números ya hablan por sí solos: únicamente han hecho públicas sus declaraciones 37 de 50 aspirantes a Gobernador (74 por ciento), 101 de 564 candidatos a Senador (17 por ciento), 128 de 2 mil 923 postulados a Diputado federal (4 por ciento), 114 aspirantes a alcaldes y 77 a diputados locales.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– En Veracruz, el estado más endeudado, con más monto de irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y rebasado por desapariciones y homicidios, solo uno de sus cuatro candidatos a Gobernador ha presentado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a una semana de las elecciones.
Además, en Chiapas y Morelos faltan los dos aspirantes punteros locales de “Juntos Haremos Historia” Rutilio Escandón y Cuauhtémoc Blanco, respectivamente.
Las tres entidades también son las que su gestión saliente deja mayor monto de deuda pública estatal, con base en los datos de la Secretaría de Hacienda.
Los gobiernos de Manuel Velasco Coello (PVEM) en Chiapas (de 6 a 6.70 por ciento del PIB, 19 mil 400 mdp) y de Miguel Ángel Yunes Linares (PAN-PRD) en Veracruz (de 5.10 a 4.90 por ciento del PIB, 49 mil mdp) son los que dejan el nivel de la deuda pública estatal en rojo, expuso el semáforo de la organización México, ¿Cómo vamos? con datos al cierre de 2017. En semáforo amarillo, por estar su saldo de deuda por debajo del promedio nacional del 3 por ciento del PIB, está el gobierno de Graco Ramírez Abreu (PRD) en Morelos (de 1.60 a 2.60 por ciento del PIB, 5 mil 200 mdp), la entidad que casi duplicó su endeudamiento.
Hasta el medio día del sábado 23 de junio, 461 candidatos, de entre miles que aspiran a un puesto de elección popular en México, han presentado las tres declaraciones, y “cientos más” están en proceso de solventación de observaciones que se quedan en un limbo si no son aclaradas. Todos tienen hasta los últimos minutos del domingo 24 de junio. Del Congreso, solo 101 de 564 aspirantes al Senado han hecho público su patrimonio, pago de impuestos y posible conflicto de interés, y solo 128 de dos mil 923 candidatos en el caso de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la plataforma del IMCO.
Alexandra Zapata, investigadora y responsable de la plataforma 3de3, aseguró en entrevista que como IMCO han tenido conversaciones con equipos y organizaciones civiles para sumarse a la petición a los aspirantes de que presenten su declaración, la “mínima expectativa” de transparencia y muestra de compromiso anticorrupción, pero pareciera que quieren continuar con su status quo y con ello, dijo, mandan un mensaje de cómo será su gobierno de ganar la elección: sin cercanía a la ciudadanía ni luchando contra este fenómeno nacional.
“Los candidatos están conscientes de este llamado, han dado declaraciones al respecto y en ese sentido los hemos presionado muchísimo en redes sociales”, expuso. “Es preocupante y debería serlo para el electorado. Un Gobernador que tacha y que descarta un ejercicio ciudadano está echando de menos un esfuerzo ciudadano de miles que lo hemos peleado a lo largo de tres años; una iniciativa que se llevó al Senado, se votó y se aprobó una Ley. También nos habla de un candidato que no está dispuesto a participar en ejercicios de rendición de cuentas; un candidato que no quiere cambiar el status quo que hemos visto de la clase política durante décadas, y no siente obligación de generar un vínculo de confianza con la ciudadanía”, acusó Zapata.
Explicó que los “cientos más” están en proceso de revisión del think tank, para determinar si es necesario solicitar aclaraciones al candidato sobre sus datos, para que esté en condiciones de publicarse. “En una gran mayoría de los casos tenemos una gran lista de observaciones que le enviamos a los candidatos y muchas veces ellos son los que se tardan semanas en solventar esas dudas”, afirmó. “Se nos quedan en un limbo”. Respecto a las actualizaciones, especificó que se tardan menos en subirse a la plataforma porque ya la presentaron antes y detectan los campos.
A nivel local, 37 de los 50 de los candidatos a una de las nueve gubernaturas que renuevan cargo han presentado sus #3de3. Hasta hace unos días, en Veracruz ninguno de sus aspirantes habían “mostrado su compromiso” con la transparencia y rendición de cuentas al presentar sus tres declaraciones, informó IMCO. Es el caso de Cuitláhuac García (Morena, PT, PES), Miriam González (Nueva Alianza), Miguel Yunes (PAN, PRD, MC) y José Yunes (PRI, PVEM), quien recientemente subió las suyas.
“Quisiéramos ver una participación mucho más activa. Nos preocupa la señal que está mandando la clase política y los candidatos a los diferentes puestos de elección popular”, dijo Zapata. No obstante, reconoció la importancia de que todos los candidatos presidenciales presentaron su 3de3 y que en seis de los nueves estados que cambian gobernador, los aspirantes punteros también participaron “por exigencia de los ciudadanos que buscan una clase política distinta y estamos hartos de cómo se han manejado el enriquecimiento y los conflictos de interés”.
LA TRIADA DE LA OPACIDAD
Alexandra Zapata, investigadora de IMCO, destacó que el estado de Veracruz ha sido víctima de un “desfalco histórico” de recursos públicos, donde los ciudadanos “han sentido de manera directa el golpe de la corrupción en todos los ámbitos de su calidad de vida y de acceso a servicios públicos”. Por ello, el tema de transparencia se ha posicionado como algo prioritario para los veracruzanos, pero, cuestionó, para los candidatos es solo discurso de campaña “cínico” e “hipócrita”.
“Cualquiera puede hablar de anticorrupción y decir que su gobierno será honesto, pero lo complicado que requiere una acción tangible es la presentación de estas declaraciones”, aseveró.
En Veracruz las encuestas van cerradas. De acuerdo con la más reciente encuesta de El Universal, el candidato Cuitláhuac García (Morena-PT-PES) alcanza 35 por ciento, mientras el candidato Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN-PRD-MC), hijo del actual mandatario Miguel Ángel Yunes Linares cuenta con 40 por ciento. Luego del primer debate en Veracruz, a finales de mayo Grupo Reforma publicó una encuesta en la que Yunes lleva 43 por ciento de preferencia contra el 42 por ciento de García Cuitláhuac.
“El gobierno de Veracruz es el menos transparente del país. Debemos seguir exigiendo hasta que la transparencia y la rendición de cuentas sean una característica común en nuestra democracia”, aseguró vía telefónica Iván Gidi, director de Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), una organización civil con sede en Veracruz. En una charla anterior, al igual que académicos locales, dijo que en la contienda veracruzana el Gobierno del estado ha intervenido a través del programa social “Veracruz comienza contigo” para cargar los dados en favor de la candidatura del hijo del Gobernador.
Gidi mencionó que de acuerdo con México Evalúa, Veracruz es el estado que ocupa el primer sitio en falta de transparencia en el ejercicio de presupuesto público, sobe todo en el polémico Ramo 23 que carece de reglas de operación, tiene un uso político y ya ha sido señalado por la ASF, explicó a la prensa local su coordinadora de Gasto Público, Mariana Campos.
“Si no sabemos qué ocurre en la administración pública no podemos ejercer algún tipo de control ciudadano”, sentenció Gidi de ONEA.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación ha reportado en su informe de Cuenta Pública 2016 que el gobierno estatal del preso Javier Duarte de Ochoa, municipios y universidad autónoma de Veracruz acumula de 2012 a enero de 2018 36 mil 266 millones de pesos sin solventar el uso de su gasto programable, más que los demás estados del país.
En días pasados, su ex Fiscal Luis Ángel Bravo fue detenido acusado de desaparición forzada. Al menos 2 mil 750 personas desaparecieron en Veracruz en el periodo en el que Bravo Contreras fue Fiscal de Veracruz, de acuerdo con la organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Ausencia de 3de del candidato puntero para gobernar Chiapas: Rutilio Escandón de Morena. Imagen: IMCO
En dos estados más, faltan los candidatos que lideran las encuestas en presentar sus declaraciones 3de3, observó IMCO. En Chiapas, no ha declarado el candidato Rutilio Escandón de “Juntos Haremos Historia” y en Morelos tampoco el candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo de la misma coalición y también líder en las encuestas.
Chiapas, el segundo estado de los contendientes más endeudado, dejará de ser gobernado por el Partido Verde Ecologista de México, donde el partido tiene su último bastión, luego de que no se concretó la tradicional alianza con el PRI. Fernando Coello, abuelo del mandatario chiapaneco Manuel Velasco Coello, manifestó su apoyo a Morena.
Enoch Gutiérrez Cruz, presidente de la Coparmex Chiapas, dijo vía telefónica que como empresarios han sido “impulsores” de la iniciativa 3de3 para candidatos y funcionarios públicos y, además, han presentado su propio formato de transparencia “Alcalde cómo vamos”.
“Vemos con preocupación que no tenemos el semáforo en verde completamente. Llamamos al candidato [Rutilio Escandón] a que analice bien esta situación y a la brevedad posible haga su 3de3 pública”, dijo el líder patronal. “La opacidad es un mal nacional y Chiapas no es la excepción”.
Enfatizó que es importante no quedarse con “lo mínimo” que las leyes establecen en la publicación de la información buscando que haya un cruce de datos para generar “una realidad más certera” de la situación sobre el manejo de recursos públicos.
El líder de Coparmex de Chiapas expuso que el hecho de que no revelen su 3de3 “más que perjudicarnos a nosotros se perjudican ellos, porque son vistos por la sociedad que cada día está demandando una mayor apertura, sobre todo ahora que andan en campaña política”.
SinEmbargo pidió la opinión sobre el formato de IMCO o la razón de no declarar de esa forma a Morena Chiapas, dirigido por José Antonio Aguilar Castillejos. A pesar de que solo una de todos sus candidatos a algún puesto en el estado sureño ha declarado 3de3, no hubo respuesta.
De los candidatos a gobernar Morelos, estado donde su mandatario perredista Graco Ramírez Abreu aumentó al doble su deuda pública, los cinco candidatos del PAN, PRD, PVEM, PRI y Nueva Alianza han presentado su declaración 3de3, incluyendo al perredista Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro de Graco que este viernes pidió votar por AMLO. No obstante, el candidato que arrasa en la preferencia electoral, Cuauhtémoc Blanco Bravo de “Juntos Haremos Historia”, no lo ha hecho a días de finalizar la veda electoral.
Hacienda reporta que al cierre de 2017, Morelos debía 5 mil 800 millones de pesos, pero la sociedad civil no tiene clara la cifra total. Para Alexandra Zapata de IMCO, “es desafortunado y vergonzoso” que Blanco se venda como un candidato cercano a la ciudadanía, pero sea el único sin disposición para declarar. “Debería ser el primero en hacerlo y no lo hizo como candidato a la alcaldía y ahora para el Gobierno del estado. Debería cargar con un costo político altísimo para él. Refleja un nivel de cinismo y de desconexión con la ciudadanía muy importante”, afirmó la investigadora.
Roberto Salinas, de Morelos Rinde Cuentas dijo que “es lamentable” que ignore este llamado ciudadano del IMCO y de su organización civil, quien en mayo envió a todos los candidatos un oficio para que publicaran su 3de3 en la página del think tank.
“Es una muestra de la disposición que tienen los candidatos para cumplir un tema que requiere la sociedad civil y que ayudaría a los ciudadanos a que estemos informados sobre las posesiones o bienes que tienen los candidatos y una vez que lleguen al cargo ver cómo se comporta ese patrimonio”, determinó vía telefónica. “Blanco ha sido un funcionario cerrado a la participación ciudadano y a escuchar a la sociedad. Ojalá que [que no declare 3de3] no sea un reflejo de su administración […] Sería una imagen de él cambiando verdaderamente las instituciones y la transparencia, pero si no lo hace, no se podría combatir”.
Cuauhtémoc Blanco, candidato de Morena sin 3de3, tuvo un presupuesto de 3 mil 700 millones de pesos para Cuernavaca, lo cual tendría que verse reflejado en obras públicas y mejoras al municipio. Imagen: IMCO
De acuerdo con el semáforo de Morelos Rinde Cuentas, Cuernavaca –la ciudad que gobernó Blanco– fue calificada con 62.23 en cuestión de cumplimiento de transparencia. “Aunque seis en realidad es malo, hay otros municipios que tienen calificación incluso de cero”, especificó Salinas. “Hace falta más transparencia en el municipio”.
Además, de los 32 compromisos en seguridad, transparencia, agua, empleo, transporte público, baches, alumbrado, educación, espacios públicos, turismo y deporte que hizo en campaña para gestionar la capital de Morelos, el ex futbolista no cumplió con ninguno. “Pedimos información al Ayuntamiento. En algunos casos nos responden y con ello hemos determinado que no cumplió”, dijo Salinas.
La justificación de Blanco ha sido que el gobierno estatal de Graco Ramírez nunca lo dejó trabajar. “Efectivamente tuvo en contra al Gobernador, pero no es un pretexto para no trabajar. Desde enero de 2016 hasta marzo de 2018, Blanco tuvo un presupuesto de 3 mil 700 millones de pesos, lo cual tendría que verse reflejado en obras públicas y mejoras al municipio”, cuestionó.
El titular de la organización civil prevé que será “difícil” el futuro de Morelos, pero espera que no haya impunidad ni más corrupción pese a cómo Graco Ramírez acomodó las instituciones a su favor: la Contralora pública de Morelos, Adriana Flores, era Secretaria de Hacienda de Graco; y el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar, era el ex Consejero Jurídico del perredista, “justo lo que quisieron hacer los Duarte y que en Morelos sí sucedió. Hay un gran conflicto de interés”, destacó Salinas.
Asimismo, dijo, la Auditoría Superior de Morelos “no está funcionando” desde que se cambió en 2014. No ha presentado ninguno de los resultados completos de la Cuenta Pública correspondientes a la gestión de Graco Ramírez. En el Sistema Local Anticorrupción los diputados se repartieron los cargos, y el Tribunal de Justicia Administrativa también está repartido entre los partidos políticos. “El riesgo es que se queden funcionarios que van a garantizar impunidad para los próximos años”, aseveró.
ALCALDÍAS Y CONGRESO
En las entidades en donde se renovarán alcaldías y Congresos locales, 114 y 77 aspirantes, respectivamente, han presentado sus declaraciones, reportó IMCO basado en su plataforma #3de3.
En el caso de la Ciudad de México, solo siete candidatos en cuatro alcaldías -Álvaro Obregón (gobernada por PRD), Coyoacán (PRD), Miguel Hidalgo (PAN) y Tlalpan (Morena)- ya hicieron públicas sus declaraciones.
En las 12 alcaldías restantes ningún candidato lo ha hecho: Azcapotzalco (gobernada por Morena), Benito Juárez (PAN), Cuajimalpa (PRI), Cuahtémoc (Morena), Gustavo A. Madero (PRD), Iztacalco (PRD), Iztapalapa (PRD), Magdalena Contreras (PRI), Milpa Alta (PRI), Venustiano Carranza (PRD) y Xochimilco (Morena).
A nivel federal, el IMCO manifestó su preocupación por “la falta de compromiso de los candidatos a las legislaturas para avanzar en la transparencia y rendición de cuentas”, ya que hasta la fecha de corte solo 101 de 564 aspirantes al Senado y 126 de 2 mil 923 postulados como diputados ya hicieron públicas sus declaraciones.
De acuerdo con la información preliminar, el ex Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo fue detenido mientras salía de un restaurante en la Ciudad de México.
El pasado 14 de Mayo, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que la Fiscalía de Estado buscaba al ex colaborador de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada.
El pasad0 13 de mayo, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, ofreció hasta 5 millones de pesos a quien proporcionara información que ayudara a la detención del ex Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien se le señala por presuntamente haber participado en la desaparición forzada de personas.
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- El ex Procurador General de Justicia y ex Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, fue detenido el día de hoy en la Ciudad de México por policías ministeriales, de acuerdo con distintos reportes. El ex funcionario estaba prófugo. Se le acusa de haber participado en desapariciones forzadas durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
Tras un operativo de inteligencia a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado, el ex colaborador del ex Gobernador Duarte habría sido detenido cuando salía de un restaurante en la capital de la República.
Al menos 2 mil 750 personas desaparecieron en el estado de Veracruz en el periodo en el que Bravo Contreras fue Fiscal de Veracruz, de acuerdo con la organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Bravo cuenta con una orden de aprehensión por su probable intervención en la comisión del delito de desaparición forzada de personas. El pasado 19 de febrero del este año, 19 ex policías estatales, entre ellos Bermúdez Zurita, y el ex director de la Fuerza Civil, Roberto Hernández Meza, fueron detenidos y vinculados a proceso por el mismo delito.
El pasado 13 de mayo, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que “la Fiscalía General del Estado obtuvo orden de aprehensión contra el ex Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo, por su probable intervención en el delito de desaparición forzada de personas, en su modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión eludieran la acción de la justicia”.
En ese momento, el Gobernador Yunes informó que se ofrecería una recompensa de 5 millones de pesos para quienes contribuyeran a la detención de Bravo. Yunes agregó que la Fiscalía General del Estado tiene pruebas contundentes para acreditar la implicación del ex Fiscal en delitos de desaparición forzada.
El ex Fiscal del Estado de Veracruz, Luis Angel Bravo. Foto: Cuartoscuro
El pasad0 13 de mayo, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, ofreció hasta 5 millones de pesos a quien proporcionara información que ayudara a la detención del ex Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien se le señala por presuntamente haber participado en la desaparición forzada de personas.
El delito, agregó Yunes en rueda de prensa, incluye el hecho de entorpecer as investigaciones y apoyar a los responsables de la comisión para que eludieran la acción de la justicia.
“La Fiscalía General cuenta con datos de pruebas contundentes que acreditan que Luis Ángel Bravo ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos, mismos que fueron localizados en el lugar conocido como la Barranca de la Aurora en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, y que es señalado por testigos como el lugar en el que arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por servidores públicos de la Secretaría de la Seguridad Pública en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa”, dijo.
Asimismo dio a conocer entonces que, el 11 de mayo pasado, la Fiscalía General del Estado obtuvo orden de aprehensión en contra de Bravo Contreras por los hechos referidos.
El mandatario recordó que por el caso se encuentran ya presos el ex Director de Servicios Periciales, la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales y la ex Delegada en Jalapa de la Policía Ministerial.
Bravo Contreras dejó el cargo poco antes de que el panista Yunes asumiera la gubernatura, en 2016, y en su lugar llegó Jorge Winckler, quien es identificado por se amigo personal del Gobernador.
De acuerdo con el Fiscal, Jorge Winckler Ortiz, la ex oficial mayor reside en Texas, Estados Unidos. Carol Jessica Moreno Torres trabajó como oficial mayor de la secretaría de febrero a julio de 2016.
Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía del estado de Veracruz solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) una alerta migratoria y la publicación de ficha roja para Carol Jessica Moreno Torres, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de la entidad, buscada por el desvío de al menos 96 millones de pesos.
De acuerdo con el Fiscal, Jorge Winckler Ortiz, la ex oficial mayor reside en Texas, Estados Unidos. Carol Jessica Moreno Torres trabajó como oficial mayor de la secretaría de febrero a julio de 2016.
“En el periodo en que fungió como oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública de Veracruz presumiblemente causó un daño patrimonial que asciende a 96 millones 776 mil 266 pesos, cifra que pudiera aumentar a 250 millones de pesos tras los resultados de investigaciones en proceso”, dijo Winckler.
“El dinero presumiblemente desviado se destinó a operaciones de corte político partidario dentro de nuestro estado e incluso dentro del país”, agregó.
Moreno Torres es señalada como supuesta ex cuñada del hermano del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
“Hoy que contamos con la orden de aprehensión emitida por un juez penal, es que estamos solicitando la colaboración de la PGR a efecto de ubicar, detener y extraditar a la ex funcionaria del gobierno de Javier Duarte de Ochoa”, afirmó.
“Después de 80 años de malos gobiernos priistas, ustedes, con el poder de su voto, lograron la transformación pacífica del Estado de Veracruz. Hoy se cumple un año de que el Gobernador más corrupto de Veracruz está en la cárcel”, refirió en el municipio de Álamo.
“El cambio que soñamos está cerca”, dijo Anaya. Foto: Especial
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia del país por la coalición “Por México al Frente” recordó, durante su visita al estado de Veracruz, la detención de Javier Duarte y aseguró que en la entidad continuará el cambio si él triunfa.
“Hoy es un día histórico, hoy se cumple un año de que el ex Gobernador más corrupto en la historia de nuestro país fuera detenido y enviado a prisión, y eso no hubiera sucedido sin el triunfo contundente de Miguel Ángel Yunes Linares, y de todo el pueblo de Veracruz”, señaló.
Agregó que la transformación de la entidad se dio gracias al voto de los veracruzanos con el que rompieron más de 80 años de gobiernos priistas.
“Después de 80 años de malos gobiernos priistas, ustedes, con el poder de su voto, lograron la transformación pacífica del Estado de Veracruz. Hoy se cumple un año de que el Gobernador más corrupto de Veracruz está en la cárcel”, refirió en el municipio de Álamo.
Anaya afirmó que de ganar las elecciones habrá equidad entre hombres y mujeres, además aseguró que la Coalición que encabeza “representa el cambio que le conviene a nuestro país”.
“El cambio que soñamos está cerca, el cambio que soñamos es aquél en el que el gobierno se conduce con honestidad, el cambio que soñamos es aquél en el que hay igualdad de oportunidades para todas y para todos”, afirmó.
El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano dijo que apoyará al campo y a los productores de naranja que habitan en la región. “Vamos a apoyar con todo, a la buena, a la maravillosa gente del campo, y de manera especial a todos los productores de naranja de esta enorme y grande región del estado”, expresó.
“Hay que servir a los demás, no servirse del poder”, enfatizó.
El Gobernador agregó que las propiedades se encuentran en distintos lugares del país y el extranjero y para recuperar los bienes se ha contratado a un despacho en Texas, EU, que ha interpuesto ya demandas de orden civil para tratar de recuperar los bienes y las cuentas bancarias que presuntamente son propiedad de Javier Duarte.
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- El rancho “La Cartuja” a nombre de Miguel Bermúdez, hermano de Arturo Bermúdez, Secretario de Seguridad Pública durante la Administración de Javier Duarte, fue asegurado, informó Miguel Ángel Yunes, Gobernador de Veracruz.
“Quiero informar que veníamos dando seguimiento ya desde hace varios meses a algunas propiedades de la familia Bermudez Zurita, que seguramente son propiedad del ex Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita”, dijo Yunes.
El Gobernador agregó que las propiedades se encuentran en distintos lugares del país y el extranjero y para recuperar los bienes se ha contratado a un despacho en Texas, EU, que ha interpuesto ya demandas de orden civil para tratar de recuperar los bienes inmuebles y las cuentas bancarias que presumiblemente son propiedad de Javier Duarte.
Yunes señaló que tras diversas denuncias en las que se señalaba que en el inmueble podrían encontrarse personas secuestradas, la Fiscalía General del estado cateó el 23 de marzo, tres bienes que constituyen una unidad.
El Gobernador Miguel Angel Yunes. Foto: Cuartoscuro
El Gobernador de Veracruz reveló que el rancho “La cartuja” esta integrado por tres fracciones de terreno con distintos títulos de propiedad. El rancho se ubica en Naolinco, a 15 minutos de Xalapa, y tiene un valor documentado de 40 millones de pesos, que ascendería aproximadamente a 100 millones al contar las pertenencias en el inmueble.
En “La Cartuja” se encuentran 5 casas, tres edificios de uso general, una cancha de futbol, una capilla, una cancha de cricket, un lienzo charro, un lago artificial, un zoológico, un invernadero, área de entrenamiento de equinos y una cancha de badminton.
Además se aseguró una motocicleta, 10 equinos, 8 llamas, 4 perros, 2 gatos, 20 gansos y 3 pavo reales. en lugar se encontraron diez casquillos 38 especial, armas de fuego y mariguana.
“Es propio de una película de Pablo Escobar”, dijo Miguel Ángel Yunes.
La Caravana, que inició su recorrido el 20 de enero, está formada por camiones de pasajeros y vehículos particulares que han recorrido casi mil 800 kilómetros y visitado cinco estados.
Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor” encabezada por Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, llegó a Zacatecas para exigir justicia para la entidad.
La Caravana, que inició su recorrido el 20 de enero, está formada por camiones de pasajeros y vehículos particulares que han recorrido casi mil 800 kilómetros y visitado cinco estados.
Tras un desayuno en el gimnasio municipal de Santa Catarina, Monterrey,a las 9 de la mañana de este domingo iniciaron el recorrido con rumbo a Zacatecas por lo que se prevé lleguen a la ciudad de Zacatecas aproximadamente a las 14 horas.
Se realizaran diversas actividades en el estado entre ellas una comida en el monumento La Jeringa, y posteriormente una caminata de la Antigua Estación del Ferrocarril hasta la Plazuela Goitia donde se realizará un acto cívico.
Las ciudades visitadas por el contingente son hasta el momento Juárez, Villa Ahumada, Chihuahua (capital), Meoqui, Delicias, Camargo, Jiménez, Hidalgo del Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, en Chihuahua; Gómez Palacio, en Durango; Torreón y Saltillo en Coahuila y Monterrey.
La “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor” pasará también por Aguascalientes, San Luís Potosí, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos hasta finalmente llegar a la Ciudad de México el 4 de febrero.
Javier Corral reclama el pago de recursos al estado de Chihuahua, del que es Gobernador, que se encuentran retenidos debido a lo que califica como venganza por la investigación realizada contra el ex Gobernador de la entidad, César Duarte Jáquez. Otro de los objetivos de este movimiento es exigir la extradición de Duarte Jáquez quien se encuentra en EU.
“Estamos iniciando una nueva Revolución, pero ésta no se librará con las armas ni con caudillos sino con las conciencias. Ese es el corazón y el alma de la lucha del pueblo de Chihuahua, es la defensa de un ideal que el pueblo de Chihuahua tiene para hacerse respetar por el Gobierno federal”, señaló Corral al iniciar el recorrido de la caravana.
No sólo el Gobierno federal ha gastado enormes cantidades para pagar publicidad en la prensa: los gobiernos de los estados también. Sobre todo los gobernadores vinculados con corrupción, como César Duarte o Javier Duarte. A partir del año 2000, prácticamente pagaron las nóminas de los medios de comunicación con publicidad oficial y dejaron una jugosa ganancia para los dueños del medio.
Los más claros ejemplos de esta técnica utilizada por los gobernadores, es la del priísta Duarte de Ochoa, quien entre 2010 y 2016 gastó la cantidad de 8 mil 727 millones de pesos en la cobertura positiva de su imagen. El derroche no sirvió, como le sucede al Presidente Enrique Peña Nieto: sus índices de aprobación nunca llegaron al 7.5 en promedio.
Conforme al registro contable, en 2011, 2012 y 2013, cuando la coordinadora de Comunicación Social era Gina Domínguez, el Gobierno de Veracruz gastó en medios 5 mil 96.7 millones de pesos, que representan el 58 por ciento del total del gasto.
El dinero que se derrocha en promoción desde los estados es enorme. Son ríos de dinero que se da a la prensa. Pero ninguna organización ni nadie ha podido documentarlo…
Veracruz/Ciudad de México, 29 de diciembre (PlumasLibres */SinEmbargo).- El gasto público para controlar a los medios de comunicación en México no sólo se da desde el Gobierno Federal, ya que en los estados los gobernadores han incrementado los montos en ese rubro desde la alternancia en el año 2000.
Con la llegada a la Presidencia de México del panista Vicente Fox Quezada, los gobernadores de la oposición en ese momento, mayormente de mandatarios priístas, se convirtieron en “virreyes” sin tener que rendir cuentas al presidente de su partido.
De esta forma gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encontraron el modo de controlar a los medios de comunicación a través de acuerdos con empresarios del ramo, disfrazados de contratos de publicidad oficial, que además son acuerdos tácitos de cobertura editorial.
Pero la fórmula comenzó a ser bien aprendida y desarrollada por los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde que llegaron al poder después del año 2000.
Los contratos garantizaron durante los primeros quince años del siglo XXI la operación de una gran parte de los medios de comunicación en los estados de la República Mexicana.
Mientras más contratos enviaban los gobiernos estatales a los medios de comunicación, más gente podía contratar el empresario, para lograr desarrollar su medio y fortalecerlo.
De esa forma, los gobiernos de los estados, prácticamente pagaron las nóminas de los medios de comunicación, haciendo que las áreas comerciales de los mismos no fueran tan exitosas, al contar con los gastos de operación cubiertos por la publicidad oficial y además una jugosa ganancia para los dueños del medio.
Uno de los más claros ejemplos de esta técnica utilizada por los gobernadores de los estados, es el del priísta Javier Duarte de Ochoa, quien entre 2010 y 2016 gastó la estratosférica cifra de 8 mil 727 millones de pesos en el manejo de su imagen.
Durante el tiempo que gobernó Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, gastó 4 millones diarios en pagos de medios de comunicación para promover su imagen, que además nunca funcionó, pues en las encuestas sus índices de aprobación nunca llegaron al 7.5 en promedio.
Conforme al registro contable, en 2011, 2012 y 2013, cuando la coordinadora de Comunicación Social era Gina Domínguez, el Gobierno de Veracruz gastó en medios 5 mil 96.7 millones de pesos, que representan el 58 por ciento del total del gasto.
Gina Domínguez sigue actualmente un proceso penal en el que se le acusa de desviar al menos 3 mil millones de pesos.
En 2014, durante la gestión de Alberto Silva, se contrató propaganda por un monto de 2 mil 795.2 millones de pesos, que representan el 34 por ciento del total, aunque gran parte de ella refacturada de su antecesora, según documentos de los juicios que se siguen contra Gina Domínguez.
En 2015 y hasta abril de 2016, en el periodo de Juan Octavio Pavón al frente de la Coordinación, el gobierno gastó 636.1 millones de pesos para este fin.
EL CASO GINA DOMÍNGUEZ
La ex coordinadora general de comunicación social del Gobierno del Estado de Veracruz, utilizó al menos doce empresas fantasma del 2010 al 2014, con las que autorizó pagos por cerca de mil millones de pesos.
Documentos de la Secretaría de Finanzas de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, confirman que al menos 929 millones 402 mil 837 pesos fueron otorgados a empresas que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), tiene actualmente identificadas como compañías fantasma.
Las firmas utilizadas por la ex vocera de Duarte para los desvíos fueron Centro de Recursos de Negocios S.A de C.V, Abastecedora Romcru S.A de C.V, Anzara S.A de C.V., Cynamed S.A de C.V., Grupo Balcano S.A de C.V., Desarrolladores Mercalim S.A de C.V. y Pefraco S.A de C.V.
El listado incluye además a Ravsan Servicios Múltiple S.A de C.V., Rinoxa S.A de C.V., Carrirey S.A de C.V., Mavercar S.A. de C.V.
Reportes de la Secretaría de Finanzas de Veracruz del 2010 al 2016 confirman que la mayor parte de estas operaciones fueron realizadas de forma preferente entre los bancos Bancomer, Banorte y Banamex.
La empresa Centro de Recursos de Negocios Cerene S.A de C.V registró entre el 13 de enero de del 2012 al 31 de octubre de ese mismo pagos por 112 millones 726 mil 418. 56 pesos con conceptos como “Anticipo a Presupuesto 2012”.
Este concepto se repitió al menos trece ocasiones entre el 23 de marzo de ese año y el 29 de junio de ese año.
En 2014 Cerene no varió mucho su forma de trabajar, pero añadió que en la Sefiplan de Veracruz documentaron estos procesos como “Pago de Facturas a Medios de Comunicación”.
En el año 2013, Gina Domínguez autorizó que Sefiplan liquidará pagos con la empresa Publicidad Akkira S.A de C.V. por otros 120 millones de pesos, bajo el mismo esquema de “Anticipo a Presupuesto” entre el 14 de mayo y el 6 de agosto.
* Texto tomado por Plumas Libres de ONEA.
¿Quién es ONEA? ONEA es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, dedicada al combate a la corrupción y la impunidad. Así como a la promoción de una cultura democrática que cuente con herramientas democráticas que redefinan el balance de poder entre la sociedad y el gobierno. Creemos que el cambio es posible y trabajamos en dos cursos de acción para lograrlo: a través de la presión mediática y la denuncia pública a las autoridades para que se conduzcan con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y mediante la promoción y el impulso a la participación ciudadana en todos los asuntos de la esfera pública.
Las madres de personas desaparecidas piensan que en este lugar pudieron desaparecer cuerpos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.
Veracruz/Ciudad de México, 12 de octubre (PlumasLibres/SinEmbargo).- Gracias a una orden federal Integrantes del Colectivo de Búsqueda de Desaparecidos de la zona Orizaba-Córdoba apoyados por personal de la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron este día la búsqueda de restos óseos al interior del auditorio municipal de Ixtaczoquitlán.
Para realizar esta diligencia el colectivo de búsqueda utiliza equipo de tecnología geotérmica.
Es de recordar que semanas atrás corrió el rumor que al interior de este edificio que alberga a la Policía Municipal, Protección Civil, Tránsito y Seguridad Vial entre otras dependencias; se localizan fosas clandestinas. Estos lugares estuvieron bajo el Mando Único de Arturo Bermúdez Zurita ex secretario de Seguridad Pública en el anterior gobierno.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
