Artículo 19 alertó que «el deterioro de las condiciones de trabajo para los periodistas en Michoacán resulta preocupante, ya que una de las principales necesidades para fortalecer el Estado democrático de derecho es garantizar la libertad de expresión e información».
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- La organización Artículo 19 denunció agresiones, amenazas y censuras en contra de periodistas por parte del gobierno de Michoacán, al que pidió abstenerse de estas acciones.
La ONG denunció que en un primer hecho, ocurrido el pasado 10 de febrero, el Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, agredió y amenazó a la reportera Alejandra Marina Martínez cuando al término de la Conferencia Nacional de Gobernadores grababa un audio de las quejas de pobladoras sobre inseguridad.
La jefa de prensa de la SSP de Michoacán, Sandra Sáenz, vio a la periodista e informó al Secretario, quien, momentos después, se acercó y e increpó a Alejandra Marina: “Aquí no tienes nada que hacer, vete”.
Martínez insistió en que las demandas de los pobladores son de interés público y tienen derecho a ser informadas sobre lo que ocurre en Lázaro Cárdenas, pero el funcionario negó que se tratara de un tema de inseguridad. En seguida, elementos de seguridad pública le quitaron el teléfono celular para borrar la grabación.
“¿Crees que no te lo puedo quitar? ¿Segura?”, le dijo Corona Martínez. Policías y otros sujetos no identificados forcejeaban con la periodista bajo instrucción del funcionario. Alejandra Marina intentó defenderse y cuando pudo tomar de nuevo su celular logró salir del lugar con ayuda de un compañero de prensa.
Desde 2012, precisó la ONG, Martínez ha sido víctima de diversas agresiones. La más reciente, el allanamiento a su hogar en diciembre de 2016, del que únicamente sustrajeron documentos sobre las notas políticas que cubre.
Tras darse a conocer los hechos, el gobierno de Michoacán envió una carta a Artículo 19 en la que rechaza incurrir en actos de censura en contra de la prensa local.
«Por segunda ocasión, sin fundamentos y sin buscar a la contraparte para obtener su versión, la organización Artículo 19 hace acusaciones en contra del gobierno de Michoacán y en contra de mi personal sobre un supuesto caso de censura», dice la misiva firmada por la vocera del gobierno del estado, Julieta López Bautista.
La funcionaria también condenó que «sin aportar los elementos de prueba que lo sustenten, el encabezado de su publicación con fecha de hoy [viernes 24 de febrero] señala que el ‘Gobierno de Michoacán debe abstenerse de censura'».
En dicha publicación, Artículo 19 se refiere al caso de Jairo Cerriteño Ojeda, director de Monitoreo Express, cuyo programa de radio fue cancelado el pasado 17 de febrero por órdenes de la administración del estado, luego de que el medio no bajara una nota a petición implícita de Julieta López.
La nota retoma la entrevista al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que realizó Raúl Ventura Ortiz, director de la agencia de noticias Radio Latina 5.0, durante una reunión con migrantes en Chicago, Estados Unidos, el 15 de febrero.
Aureoles terminó abruptamente la entrevista al molestarse por los cuestionamientos del periodista sobre la situación de inseguridad y violencia en el estado. “Muchas de las opiniones que tú tienes es porque has entrevistado [a las autodefensas] y las he escuchado. Has entrevistado a delincuentes, a las autodefensas, yo las di de baja. Infórmate bien Raúl, infórmate bien, andas entrevistando a delincuentes y son tus fuentes. A mí no me hables sin conocimiento de causa [sic]”, dijo el mandatario.
La organización internacional alertó que «el deterioro de las condiciones de trabajo para los periodistas en esta entidad resulta preocupante, ya que una de las principales necesidades para fortalecer el estado democrático de derecho es garantizar la libertad de expresión e información».
Artículo 19 «exige que de manera inmediata se eliminen las presiones y los discursos estigmatizantes que tienden a censurar la información en el estado de Michoacán y se inicien las investigaciones correspondientes en contra de los funcionarios que han incurrida en esta práctica».
