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Policías municipales de Papantla, Veracruz, detuvieron y desaparecieron a Luis, Alberto y Noé

jueves, marzo 22nd, 2018

Los uniformados detuvieron y desaparecieron a tres jóvenes, identificados como Noé Martínez, Alberto Uriel Pérez y Luis Humberto Morales, en 2016. 

Veracruz (México), 22 de marzo (EFE).- Un juez mexicano condenó a 30 de cárcel a ocho policías municipales por la desaparición forzada de tres jóvenes ocurrida en 2016 en el oriental estado de Veracruz, informaron hoy las autoridades locales.

Los policías, del municipio de Papantla, en el norte del estado de Veracruz, participaron en la detención y desaparición de los tres jóvenes en 2016, subrayó la sentencia decretada en la sala de juicios orales del Octavo Distrito Judicial del estado.

El juez condenó a los policías a pagar una reparación del daño por un monto de 292 mil pesos y los inhabilitó de por vida para ocupar cargos en los gobiernos municipal, estatal y federal.

En marzo de 2016, Noé Martínez, Alberto Uriel Pérez y Luis Humberto Morales fueron detenidos por policías locales de Papantla y nunca más se logró localizarlos ni vivos ni muertos.

Las investigaciones de la Fiscalía General del estado concluyeron que los policías presuntamente entregaron a los tres jóvenes a integrantes del cartel narcotraficante de Los Zetas, quienes tenían el dominio de esta región del país.

En febrero de 2018, se arrestó a 19 ex funcionarios, entre ex jefes policíacos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública por la desaparición forzada de 15 personas durante el gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).

Entre los detenidos está el ex secretario de Seguridad Púbica, Arturo Bermúdez Zurita, el ex director general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado; el ex comandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes, y el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza.

Este mes de marzo fueron detenidos un jefe policíaco y cinco agentes acusados de haber detenido y asesinado a Juan Arturo Méndez Alcántara en la región montañosa central de Córdoba.

Profesor de un Conalep en Veracruz es despedido tras filtrar un video sexual con una alumna

sábado, octubre 7th, 2017

Los padres de la menor han pedido todo el peso de la ley para el infractor, pues al parecer él mismo filtró el video en donde se le ve teniendo sexo con la menor, a un sitio porno en Internet.

Foto: Especial

Veracruz/Ciudad de México, 7 de septiembre (Plumas Libres/SinEmbargo).- Mario Eduardo Lucas, maestro de Mantenimiento del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Manuel Maples Arce de Papantla, Veracruz, fue cesado de esa institución por haber aparecido en un video pornográfioco con una alumna.

La dirección de esa escuela oficial dio a conocer que el mentor fue identificado plenamente, y desde hace una semana no se presenta a laborar, por lo que ha sido despedido.

Trascendió también que ya es buscado por las autoridades, ya que la alumna es menor de edad.

Los padres de la menor han pedido todo el peso de la ley para el infractor, pues al parecer él mismo filtró el video en donde se le ve teniendo sexo con la menor, a un sitio porno en Internet.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Plumas Libres. Ver ORIGINAL aquí. Prohibida su reproducción.

Secuestros de jóvenes son parte del “reclutamiento forzado” del crimen en Veracruz, dicen ONGs

sábado, octubre 29th, 2016

Tierra Blanca, Papantla y Soledad de Doblado son algunos los municipios veracruzanos que ha cobrado notoriedad la prensa por los secuestros o desapariciones masivas de jóvenes. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas engloba 706 denuncias en el estado de Veracruz, de las cuales el 53.39 por ciento corresponden a personas menores de 30 años en calidad de no localizados. Activistas señalan que detrás de estas desapariciones podría estar el crimen organizado, que los estaría obligando a trabajar para ellos.

Por Ignacio Carvajal

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo/BlogExpediente).– El incremento denuncias por desaparición de jóvenes veracruzanos durante todo el 2016, pone en relieve la posibilidad del reclutamiento forzado para que las víctimas realicen diversas actividades ilegales por debajo de una cadena de mando criminal, así lo consideran defensores de los derechos humanos e integrantes de colectivos de familiares en búsqueda de desaparecidos al reflexionar sobre los últimos casos que han generado indignación, como el de los cinco de Tierra Blanca, los de Papantla, el de Génesis Urrutia y ahora otros diez chicos reportados como ausentes, entre sábado y lunes, en Soledad de Doblado y Veracruz.

Tan sólo el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas engloba 706 denuncias para el estado de Veracruz, de las cuales el 53.39 por ciento corresponden a personas menores de 30 años en calidad de no localizados.

Primero fueron las ejecuciones o cruentas balaceras entre fuerzas armadas y delincuentes que no pasaban de los 30 años. Hoy los jóvenes veracruzanos están en la mira de los cárteles, ya sea para mano de obra o carne de cañón.

Es una realidad, dice Josefina Castrejón Holguín, directora de la Fundación Matraca, de Xalapa, que desde hace 25 años da acompañamiento a niños trabajadores y en situación de calle.

La desaparición en Veracruz “sí se relaciona con reclutamiento forzado, evidentemente así han sido las prácticas”, apunta, la juventud de Veracruz “está siendo arrasada. Ser joven, pareciera, es un riesgo, más cuando estos casos son dirigidos a un sector no propiamente vinculado con delincuentes”.

“Hay preocupación de la autoridades, según ellos, por bajar los crímenes de violencia, pero la realidad, nosotros que trabajamos con grupos en situación de calle, vemos que las autoridades tapan y no dicen la situación real”, señala.

Lucía Díaz Genao, integrante del colectivo Solecito de Veracruz, dijo que pensar en la desaparición de menores de 30 años, como parte de un reclutamiento forzado, “sí es una opción. Ojalá no sea esa la realidad, pero sí se piensa”. Incluso, entre compañeras del colectivo “es generalizado el comentario de que sus hijos posiblemente estén trabajando bajo amenaza en otros estados, creemos que es una posibilidad real, porque ya se ha visto en Coahuila y Tamaulipas”.

El colectivo Solecito cobró notoriedad a nivel nacional e internacional por el hallazgo de las fosas colectivas en Colinas de Santa Fe, a unos minutos del puerto de Veracruz, y de las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, que ostenta el Mando coordinado para las labores de seguridad en el puerto. Dice Lucía Díaz que hasta el momento, en ese predio se han localizado 105 puntos positivos para fosas clandestinas, con la ayuda de la Policía Científica, se han procesado 37 puntos de los que han exhumado unas 85 víctimas.

“Mucha de la ropa que hemos encontrado en ese lugar, corresponde a jóvenes, no quiero decir que la mayoría sean jóvenes, pero son muchos, destacan mucho las prendas de chicos y chicas”, matizó.

A juzgar del estado de los cadáveres encontrados en ese entierro, se trata de víctimas que pudieron haber sido sustraídas con violencia entre finales del 2010 y el 2013, periodo en el que se registra el mayor número de denuncias por personas ausentes en la zona conurbada Veracruz Boca del Río y municipios aledaños.

De Colinas de Santa Fe, a sólo unos 60 kilómetros al sur, siguiendo por la red de carreteras y autopistas que intercomunican a este terreno, se ubica el rancho El Limón, de Tlalixcoyan, último destino de las cinco víctimas de la Policía estatal que fueron detenidas de manera ilegal en enero pasado, cuando cruzaban por Tierra Blanca. Se trata de cinco chicos de Playa Vicente que después de ser detenidos por la policía, los gendarmes los entregaron a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes les dieron muerte, y posteriormente deshicieron sus restos empleando un molino de triturar caña de azúcar.

Ese caso dejó al descubierto por lo menos otras 80 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en municipios colindantes con Tierra Blanca y sobre la línea fronteriza con Oaxaca, una de las regiones más violentas de Veracruz. Los padres y madres de esos ausentes, aprovecharon la presencia del sub secretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,

Roberto Campa Cifrián, para exponer la cacería contra jóvenes y personas en edad productiva.

Por el tema Tierra Blanca, las autoridades detuvieron a 19 presuntos implicados, ocho son ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y once civiles, quienes son Luis Delfino Alcaraz López, José Dolores Zetina Robles, José de Jesús Padilla Barajas, Odín Acevedo Muñoz, Cristian Guevara Gordillo, Enrique Saldaña García, Ismael López Mendoza, Bernardo Velásquez Borbón, Manuel Razón Cerda, Adolfo Velásquez Ramírez y Miguel o Manuel Saldaña García, alías el Kramer. La mayoría son menores de 30 años.

Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien ha realizado constantes giras de trabajo en el territorio veracruzano, y de Tamaulipas, también consideró la posibilidad de que las agresiones contra chicos veracruzanos, tenga que ver con un proceso de reclutamiento forzado, en donde cabe la posibilidad de que las víctimas hayan ingresado bajo amenazas a colaborar con la delincuencia, o que por no hacerlo, sufran las represalias.

A su consideración, “cuando el crimen organizado se asienta en un punto, requiere de diversos tipos de mano de obra, hay que recordar que en Tamaulipas, desaparecen ingenieros, doctores, ya ha pasado, y se los llevan para que asuman ciertas funciones en sus grupos, siempre bajo amenaza o causándoles daño”.

“Viendo la magnitud de lo que pasa en Veracruz, podría estarse dando este fenómeno” con la juventud, como ha ocurrido en Guerrero y Michoacán.

Explicó que constantemente el territorio veracruzano es cruzado por migrantes hondureños que abandona su país huyendo de la pobreza, el desempleo y la violencia, especialmente son los jóvenes quienes se salen del país por las amenazas de las pandillas que los reclutan por la fuerza, y si no colaboran, sufren agresiones, incluso, la muerte. Ante la indolencia de las autoridades, y el avasallante crecimiento de las mafias en Veracruz, “no veo muy lejano este escenario para el estado”.

“Es visible que el crimen organizado en Veracruz ya puso en la mira a los jóvenes, van sobre la juventud, la tienen en la mira, y con una violencia desmedida”, reiteró.

Araceli Salcedo, de Familiares de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, dijo que la cacería con fines de ponerlos a trabajar bajo las órdenes de la mafia, “no es de ahora, es un problema que el Gobierno siempre ha minimizado, es de años atrás. Nos siguen pegando a las familias, desmembrándolas, no hay un poder humano capaz de parar esto. No hay un sólo político con compromiso y voluntad con interés para evitar que se sigan llevando a nuestros familiares.

Hay reclutamiento forzado, reconoce la activista con una hija desaparecida en Córdoba, pero también se da la violencia contra la juventud para “sembrarnos y sembrarles el terror, como se dio con Génesis Urrutia y los otros chicos. Y para variar, el gobierno los criminaliza. Acá estamos, sin ayuda de nadie, en un estado donde la misma gente es insensible al dolor”.

Lamentablemente en el estado no hay políticas públicas enfocadas a la protección de ese sector vulnerable, y quedan a merced de las organizaciones delictivas, las leyes existentes, dice Josefina Castrejón, directora de Matraca, existen pero no son aplicadas para salvaguardar a los sectores vulnerables.

A los jóvenes “les damos información de cómo protegerse en una situación de violencia. La verdad, están complicado que ni ellos saben para donde correr. Tienen que estar en comunicación con amigos, con familia, con la misma banda para no perderse de vista, pero la verdad, creo que el estado de Veracruz estamos rebasados en ese sentido”.

Indígenas reciben dinero de más en banco de Veracruz, lo regresan y las amenazan con acusarlas de robo

martes, septiembre 27th, 2016

De acuerdo con una testigo, la cajera de esa institución por error les entregó a las dos mujeres, quienes sólo hablan idioma tutunakú, nueve mil 450 pesos de más. Sin embargo, éstas acudieron voluntariamente a regresar dicho efectivo, momento en el cual el gerente del banco de forma grosera y prepotente trato de intimidarlas e incluso las amenazó con involucrar a la policía.

Foto: Especial

Ante los hechos las víctimas tomaron la decisión de presentar una queja ante a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos. Foto: Especial

Ciudad de México, 27 de Septiembre (SinEmbargo).- Dos mujeres indígenas del municipio de Coahuitlán, de la Sierra del Totonacapan, Veracruz, fueron intimidadas por el gerente de una sucursal de Bancomer en Papantla, cuando intentaron regresar dinero que una cajera del ese banco les dio de más.

De acuerdo con medios locales, la señora Virginia Juárez, amiga de las mujeres, éstas acudieron a la institución bancaria retirar cierta cantidad de dinero, pero la cajera por error les dio nueve mil 450 pesos de más. Sin embargo en ese momento las cuentahabientes, quienes sólo hablan idioma tutunakú, no revisaron el dinero y se retiraron del lugar.

Más tarde, cuando la empleada del banco se dio cuenta del faltante, contacto a las mujeres para que regresaran el efectivo, y ellas aceptaron con la única condición de que les pagaran el traslado hacia Papantla.

Las mismas fuentes indicaron que fue el pasado viernes cuando las mujeres acudieron nuevamente a la sucursal acompañadas de Virginia Juárez. En dicho lugar fueron recibidas por la cajera, quien no cumplió con el trato y no les pago el dinero acordado, supuestamente por un problema económico.

En ese momento intervino el gerente del banco, quien de forma grosera y prepotente trato de intimidar a las dos mujeres para que sin objeción alguna regresaran el dinero, e incluso las amenazó con solicitar la presencia de la policía.

No obstante, la señora Virginia fue quien confrontó al encargado de la sucursal de Bancomer, y le exigió que respetara a las mujeres, quienes no merecían ningún mal trato por su aspecto y origen, y quienes en ningún momento se negaron a regresar el efectivo que por error la misma institución le entregó, por lo que tampoco debió amenazarlas, relataron medios veracruzanos.

Ante los hechos las víctimas tomaron la decisión de presentar una queja ante a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, ya que aseguran que la forma en que fueron tratadas se debió a la vestimenta que portaban y por ser indígenas.

 

Familia del Edil de Papantla festeja en grande pese a las desapariciones de 3 jóvenes

jueves, abril 7th, 2016

“Aquí lo de levantar muchachitos es algo normal, lo que hizo importante a nuestros hijos es que nosotros sí alzamos la voz. No vamos a descansar hasta saber a dónde están los chamacos, quién los tiene y qué pasó con ellos”, dice el señor Humberto Morales Pérez, padre de Alberto Uriel Pérez Cruz, uno de los tres muchachos desaparecidos desde el 19 de marzo, presuntamente por policías municipales de Papantla, en el norte del estado de Veracruz.

Alberto Uriel Pérez, uno de los 3 levantados por presuntamente policías de Papantla. Foto: Blog Expediente

Alberto Uriel Pérez, uno de los 3 levantados por presuntamente policías de Papantla. Foto: Blog Expediente

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo/Blog Expediente).– A días de que seis elementos y el Jefe de Policía de Papantla, Veracruz, fueran detenidos por la desaparición de tres jóvenes, el empresario Ricardo Romero Sánchez, hermano del Alcalde de ese municipio, el perredista Marcos Romero Sánchez, festejó su cumpleaños 56 con una fiesta multitudinaria a la que acudieron alrededor de cinco mil personas.

Medios de comunicación locales dieron a conocer que el festejo, realizado el domingo pasado, fue amenizado por grupos como Los Cadetes de Linares y Sangre Felina, agrupación conformada por hijos de Los Tigres del Norte. La misma información refiere que la entrada fue gratuita, al igual que las aguas y los refrescos, además de tratarse de una celebración que la familia Romero ha venido realizando desde hace años.

De acuerdo con el portal de noticias e-consulta, tanto los artistas como como los asistentes a la fiesta preguntaron por el Edil Marcos Romero Sánchez, quien, dice el medio, por primera vez en muchos años, no acudió al festejo. La publicación dice que el perredista sí puso dinero para la fiesta, no obstante el Alcalde no ha confirmado esta información.

Blanca Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto Uriel Pérez, uno de los tres desaparecidos por la Policía Municipal, lamentó en entrevista con la prensa local que el Alcalde haya dicho que no había dinero para liquidar a los elementos de su corporación policiaca que habían reprobado los exámenes de confianza, “y ahora me entero que tiene súper fiesta”

Cruz Nájera dijo que aún cuando han pasado más de 16 días de que su hijo desapareció, conserva la esperanza de que sea encontrado con vida. “Sino por lo menos que nos entreguen los cuerpos ya que queremos verlos, nosotros sufrimos y la familia Romero divirtiéndose con baile y alcohol”, comentó.

“Al teléfono de mi pareja le dicen que ya no busque a mi hijo, que según era malandro y por eso lo levantaron. Pero si es verdad, que me lo digan de frente. A Uriel sí le gusta echarse sus caguamas y se fumaba de vez en cuando su churrito de mota, pero no tenían porqué desaparecerlo, ahora quién sabe si lo encontremos. A lo mejor ya lo mataron”, dijo por su parte Humberto Morales Pérez, padre de Alberto, al medio digital Blog Expediente.

A más de dos semanas de la triple desaparición no hay rastro de los ausentes. De Uriel sólo perduran las cosas que dejó en su habitación a medio construir, unas cuatro mudas de ropa, su altar a la Santísima muerte, sarapes regados en el piso, donde duerme. Y rayones con aerosol en las paredes que presumen su pasión por el graffiti.

Sobresale una pinta con la letra zeta en tonos negros, junto al altar que sus padres han ofrecido para su pronta aparición. “Queremos tenerlo otra vez con nosotros, sabemos cómo está la situación por acá, pero siquiera que nos regresen un brazo, una pierna, algo”, comenta el padre con los ojos flagelados por los desvelos.

La familia está asentada en la colonia Unidad y Trabajo, uno de los barrios que los turistas no conocen de Papantla por ser de los más humildes en la zona. Llanuras similares a los favelas brasileñas o las comunas antioqueñas, en Medellín, Colombia. Lugar para los desplazados, donde vive la gente pobre.

“MI HIJO SE FUE DE PARRANDA Y YA NO REGRESÓ”

Noé Martínez, Alberto Uriel Pérez y Luis Humberto Morales fueron detenidos el 19 de marzo en el municipio de Papantla por policías locales, y días después familiares denunciaron su desaparición. Foto: Cuartoscuro

Noé Martínez, Alberto Uriel Pérez y Luis Humberto Morales fueron detenidos el 19 de marzo en el municipio de Papantla por policías locales, y días después familiares denunciaron su desaparición. Foto: Cuartoscuro

El viernes fue la última vez que se vio con vida a Uriel Pérez Cruz, según reporta su padre. Dio aviso que saldría de fiesta con sus amigos. Se engalanó para la ocasión, se despidió de los suyos y doce horas más tarde sería levantado por tres unidades policiacas, marcadas con los número 060, 061 y 084.

Con base en la denuncia ante el ministerio público de Papantla, con el número 326/2016, el joven de 19 años, viste una camiseta en cuello v color azul, pantalón de mezclilla clara, gorra en tonos azules y tenis aerodinámicos en vivos rosas y negros.

Su padre, desde una silla de plástico, lo dibuja como un chamaco flaco, que no rebasa el metro con 65 centímetros, tez criolla y de boca pequeña. Posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo de la Santa Muerte y otro más con la letra U a la altura de la pantorrilla izquierda.

Falsea al caminar, debido a un accidente en motocicleta, donde se partió el tobillo en dos y se ganó una cicatriz de forma circular a la altura de la nuca. Sus características personales ya se propagan en volantes a las afueras de las centrales camioneras y zonas turísticas.

Según relata su novia, de quien se omite su identidad por seguridad, el joven llegó a visitarla abordo de un vehículo marca Aveo, color rojo. Iba acompañado de otros dos jóvenes, aparentemente en estado de ebriedad.

Uriel invitó a su pareja a subir a la unidad y luego de ruegos ella aceptó. Apenas le dio tiempo para entrar por sus cosas personales cuando escuchó el rugido de motores policiales. Así la tragedia comenzaría… el reloj marcaba las 9 de la mañana en punto, del 19 de marzo de 2016.

“LO LEVANTARON LOS MUNICIPALES”

Según la declaración de la pareja de Uriel, al ver los elementos municipales el vehículo Aveo fue acelerado en forma brusca, rozando incluso con la patrulla número 068, comandada por el oficial Higinio Bastián Santiago, hoy detenido, junto a otros siete municipales, como presuntos culpables de desaparición forzada.

Acto seguido, comenzó una persecución que duraría escasas tres cuadras. Los oficiales dispararon contra los neumáticos del Aveo color rojo, hasta imposibilitar su avance. Los gendarmes entonces bajaron para someter a los tres sujetos, entre ellos, Uriel Pérez Cruz.

“Mientras unos policías sometían a los chamacos, otros llamaban a refuerzos, entonces llegaron las patrullas número 060 y 061. Los bajaron a ras de banqueta, les cubrieron el rostro con sus propias camisetas y los treparon a alguna de las dos patrullas”. Posteriormente el rastro de los jóvenes sería borrado.

La testigo afirma conocer al oficial Bastián Santiago, por lo que acudieron a su domicilio horas después para preguntarle sobre lo sucedido. “En su cara, mi nuera le dijo: Usted iba manejando la patrulla 084, usted le tiró de balazos al carro, usted levantó a Uriel”, recuerda el padre.

Ante el señalamiento, el oficial aceptó haberlos detenido para luego ponerlos a disposición del orden municipal. Ante la interrogativa de quién tenía a los ausentes Bastián Santiago solo inmutó y reportó lo que sucedía al comandante Bernardino Olmedo Castillo. Luego de la conversación por teléfono, el cuestionario lo dio por terminado y se resguardó en su domicilio.

El padre sería avisado al día siguiente que de los tres jóvenes levantados, uno había escapado y estaba en su casa. La recomendación fue visitarlo. El padre lo hizo más tarde. No obstante, el paradero del tercer muchacho se ignora hasta el momento. En la investigación ministerial es catalogado como sospechoso por los padres.

Cabe mencionar que el día 19 de marzo no fueron tres, sino cuatro jóvenes los levantados, entre ellos: Uriel Alberto Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alán Ticante Olmedo, el cuarto logró escapar y presuntamente huyó de la ciudad.

Se trata de Noé Martínez López. “Misteriosamente la libró. No nos lo explicamos. Yo lo fui a ver, lo esperé con mucho miedo afuera de su casa y vi que efectivamente ahí estaba. Fui entonces a avisar a los ministeriales, después regresamos a interrogarlo; pero ya se había ido. No lo encontramos por ningún lado”.

En el barrio me dicen: Si es camarada de los chavos ¿por qué no vino a avisar en seguida lo que había pasado? “Aunque tampoco descarto que quizá tenga medio o esté amenazado” comparte el padre, asediado de dudas.

“NO TENEMOS NI PARA LOS PASAJES”

Casa de Alberto Uriel Pérez. Foto: Blog Expediente

Casa de Alberto Uriel Pérez. Foto: Blog Expediente

“Si le digo todo lo que ya hemos gastado… no me lo va a creer. Mínimo ya me gasté unos seis mil pesos, tal vez para mucha gente sea poquito, pero con eso ya come varios días la gente de por acá”.

El padre es concesionario de un taxi en Papantla, Veracruz, gana 200 pesos al día. Ahorita ya no tenemos dinero, tenemos que andar a pie para dirigirnos al ministerio público, mi carrito ya mejor lo renté, porque tampoco puedo salir, que tal y también me levantan” emite el padre, temeroso.

Dueño de un predio a medio construir, de paredes sin revocar y techo de lámina. Su hogar pertenece a un barrio humilde de Papantla, Veracruz. Sin embargo, don Humberto reparte sus monedas para rendirle un altar a su ausente.

Una mesa de madera con las patas podridas, que apoyan dos fotografías de Uriel Pérez, donde se le ve sonriente. En el centro, un plato con pollo enchilado, el platillo predilecto de la persona desaparecida.

El padre confía la entrada a la habitación de Uriel, donde sólo se aprecian unas cuatro mudas de ropa. Un ropero decorado con papeles coloridos que le obsequió su novia. En las paredes de tabique permanece impregnado el aroma a marihuana. Y en el suelo, sarapes donde dormía el joven.

A un costado de lo que simula su cama, se aprecia una mesa, parecido a un altar con el cuadro de la Santa Muerte. El padre no niega la devoción del chico, pues asegura que ni ello ni sus tatuajes dan fe de que se trate de una mala persona.

“El comandante de la Fuerza Civil me dijo que no importa si mi hijo es marihuano o matón, que si ellos hicieron algo deberían de estar encerrados y no desaparecidos”, comparte el padre mientras se cambia los huaraches de plástico para acudir al ministerio público y exigir avances en la investigación.

Don Humberto, describe al “bebé”, como le nombra de cariño al ausente, como un chico amigable, que no se mete en broncas gruesas. Que si bien se echa sus cervezas Modelo Especial y sus churros de mota, lo hace solo para convivir con los amigos del barrio.

El nivel económico de la familia victimizada, apenas rindió para pagar los estudios de Uriel hasta la secundaria, actualmente laboraba como repartidor de tortillas y aprovechaba los descansos de su padre para manejar su taxi y ganar unos pesos.

Así culminaría la entrevista, entre presiones por parte del padre del otro chico desaparecido. Le advierte que ya es tarde y deben acudir al ministerio público a pie, pues ya no hay dinero. No obstante, el padre antes de retirarse sentencia:

“Aquí lo de levantar muchachitos es algo normal, lo que hizo importante a nuestros hijos es que nosotros sí alzamos la voz. No vamos a descansar hasta saber a dónde están los chamacos, quién los tiene y qué pasó con ellos.

“Queremos tenerlo otra vez con nosotros, sabemos cómo está la situación por acá, pero siquiera que nos regresen un brazo, una pierna o algo” comenta el padre con los ojos flagelados por desvelos, luego se dispone a descender las llanuras del cerro donde vive.

-Con información de Miguel Ángel León Carmona

Juez dicta auto de formal prisión a 8 policías ligados en la desaparición de jóvenes en Papantla

domingo, abril 3rd, 2016

En la audiencia, que se llevó a cabo en la Sala de Juicios Orales del Distrito Judicial de Papantla, el juez les dictó auto de formal prisión y fueron traslados al Centro de Readaptación Social de Papantla, donde pagarán su condena.

Jesús Alan iba a visitar a su abuela y ya no apareció, denuncian sus padres. Foto: Facebook

Jesús Alan iba a visitar a su abuela y ya no apareció, denuncian sus padres. Foto: Facebook

Ciudad de México, 3 abril (SinEmbargo).- Este domingo, el Juez de control Edilberto García Osorio dictó auto de formal prisión en contra del director de Seguridad Pública del municipio de Papantla, Bernardino Olmedo, y a siete policías más que estuvieron involucrados en la desaparición de tres jóvenes en dicho municipio de Veracruz.

Los jóvenes, Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz, desaparecieron el pasado 19 de marzo cuando fueron detenidos por policías municipales, y presuntamente entregados a un grupo delictivo.

En la audiencia, que se llevó a cabo en la Sala de Juicios Orales del Distrito Judicial de Papantla, el juez les dictó auto de formal prisión y fueron traslados al Centro de Readaptación Social de Papantla, donde pagarán su condena.

Este domingo se venció el término constitucional ampliado solicitado por la defensa de los policías para el descargo de pruebas.

De acuerdo con Armando García, abogado de los ocho policías, los inculpados no aceptan los cargos que se les imputan, y la defensa trabaja en tratar de demostrar su inocencia.

De acuerdo con lo padres de los jóvenes, Luis Humberto y Alberto Uriel Pérez Cruz desaparecieron juntos. Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto, relató que a su hijo lo persiguió una patrulla de la Policía Municipal y se lo llevó:

“Lo correteó una patrulla de la Policía Municipal y les disparó, las llantas de su vehículo se le poncharon sobre la calle Francisco Villa. Ahí fueron detenidos”, dijo al medio local Al Calor Político.

Desde ahí no ha vuelto a saber de él.

La mujer detalló que su nuera fue quien presenció los hechos y señaló que las patrullas 084, 060, 061 de la Policía de Papantla fueron las que participaron en la detención.

Informó que acudió a las oficinas de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, entre otros lugares y municipios sin que obtuviera respuesta de la ubicación de Alberto Uriel, quien, de acuerdo a medios locales, trabajaba como taxista y albañil.

A su vez, Humberto Morales Pérez, padre de Luis Humberto, señaló directamente que a su hijo se lo llevó la patrulla 084 y aseguró que también ha recorrido oficinas de gobierno y no ha podido obtener información.

Mientras que Jesús Alan Ticante Olmedo salió por la mañana de su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata para ver a su abuela y no llegó, Tras ello sus familiares se dieron a la tarea de buscarlo y un familiar les comentó que lo vio la altura del mercado del “Tarro”, donde se realizaba un operativo policíaco ese día. Tampoco se tiene indicios de su paradero.

-Con Información de Blog Expediente

Papantla despierta, y en su patio hay fracking; ¿quién lo hizo sin nosotros?, reclama

domingo, noviembre 22nd, 2015

“Queremos que se defiendan nuestros territorios con un llamado a una asamblea, donde se declare la prohibición de esta técnica de fractura y de otros mega proyectos de extracción. Creemos que ahí está la fuerza, justo en la comunidad, porque definitivamente el Gobierno federal nos ha dejado indefensos”: Alejandra Jiménez.

El fracking o fractura hidráhulica del suelo, por la que a través de la inyección de miles de litros de agua se extraen hidrocarburos, es la causa de que pobladores indígenas comiencen a ser desplazados de sus terrenos. Foto: Shutterstock

El fracking es la causa de que pobladores indígenas comiencen a ser desplazados de sus terrenos. Foto: Shutterstock

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– El estado de Veracruz tiene alrededor de 71 mil 826 kilómetros cuadrados y por ello ocupa el lugar número 11 a nivel nacional como una de las entidades más grandes de la República Mexicana. En este territorio se asentó la cultura totonaca que abrió paso al comercio de cultivos como el café cereza, sandía, caña de azúcar o vainilla, entre otros. Es también uno de los puertos más importantes y extensos de México, pero hoy, la riqueza de ese suelo y sus habitantes están amenazados por la implementación de la Reforma Energética.

El fracking o fractura hidráhulica del suelo, por la que a través de la inyección de miles de litros de agua se extraen hidrocarburos, es la causa de que pobladores indígenas comiencen a ser desplazados de sus terrenos y sufran enfermedades sin ser informados sobre esta técnica por las autoridades del Gobierno federal, ni por Petróleos Mexicanos (Pemex).

“No sabemos exactamente desde cuándo se está practicando [el fracking], realmente ha habido bastante hermetismo en el uso de esta técnica. Nosotros nos enteramos en mayo de este año que ya se estaba llevando a cabo en el municipio de Papantla”, contó Alejandra Jiménez, integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos, organización que forma parte de la Alianza Mexicana contra el fracking.

Alejandra explicó que con el decreto de la Reforma Energética, aprobado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013, comenzaron a surgir dudas sobre cómo se reglamentaría el uso del suelo para la extracción y exploración de energéticos, pero la información sobre esta técnica fue nula y lo único que se sabía eran las grandes afectaciones al medio ambiente y las violaciones a los derechos humanos que sacudieron a Texas, Estados Unidos, donde hubo fuertes protestas.

“Sabíamos que ya estaba por implementarse, pero que ya se utilizaba en la región totonaca porque ya había varios pozos desde 2013”, detalló la activista que habita en la comunidad de El Chote, Papantla, lugar que alberga los cultivos más importantes de vainilla y la región que vio nacer a sus “voladores”, una de las tradiciones mexicanas reconocidas a nivel mundial.

“El manejo de información en cuanto a fracking por parte del gobierno ha sido completamente en la opacidad, no ha habido transparencia; no se ha consultado a las comunidades, la forma en que nos enteramos fue a través del sitio de internet Cartocrítica, donde se explica la distribución de los pozos que se han creado para la fractura, pero nada más”, explicó la activista.

NADIE DICE NADA

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Alejandra Jiménez, quien desde que supo de los daños que se registraron en Estados Unidos, organizó junto con sus compañeros e integrantes de las comunidades de El Chote y Agua Dulce (las que más pozos registran), a alertar a los pobladores mediante jornadas informativas para evitar la instalación de más pozos porque ni Pemex, ni las empresas, ni el gobierno les han querido dar una explicación.

Dijo que en 2010 entraron compañías privadas y extranjeras contratadas por Pemex  “pero varias de éstas llamaban a otras empresas”  el problema de esto es que se sigue operando igual y así se diluyen las responsabilidades”, acusó.

La integrante de Alianza Contra el Fracking argumentó que esta confusión es porque las mismas máquinas que se ocupan para excavación de los pozos donde se ocupa la técnica de fractura del suelo son las mismas que se utilizan para darle mantenimiento a los pozos viejos de Pemex.

“Hay pozos que son de ellos, que los está explotando la empresa Waterfor, pero no es la única que mete las manos, también están participando otras compañías que son las que meten los tubos u otras que llevan los químicos o las que dan mantenimiento y finalmente cuando hay una explosión o el derrame de un pozo, no hay quien dé la respuesta, ni quien atienda tu demanda”, aseguró.

Pero la incertidumbre y el deslinde de responsabilidades ante cualquier tipo de riesgo no es el único problema, los habitantes de Papantla ya padecen enfermedades respiratorias y represiones por parte de los grandes corporativos.

organizaciones reunidas en Alianza Contra el Fraking, alertaron desde 2014 que el fraking ya era un hecho irrevocable en México y que poco a poco se iría expandiendo. Foto: Shutterstock

Organizaciones reunidas en Alianza Contra el Fracking alertaron desde 2014 que el fracking ya era un hecho irrevocable en México y que poco a poco se iría expandiendo. Foto: Shutterstock

UNA COMUNIDAD ATROPELLADA 

Pese a que el Gobierno federal no ha establecido reglas claras sobre cómo se llevará acabo la exploración para la extracción de energéticos, ni ha dicho cuántos “hoyos” planea instalar practicar fracking, los daños de los que ya están en Veracruz, empiezan a generar efectos nocivos para los habitantes.

“Las afectaciones de forma inmediata todavía no las conocemos […] lo que sí podemos ver es que en varias comunidades hubo desviación de los veneros (mantos fréaticos) y que varios pozos se estaban secando por las detonaciones que hubo a la entrada de varias compañías que estuvieron trabajando en las comunidades desde hace cinco años”, comentó .

En ese sentido, Alejandra reconoció que los impactos a la salud difícilmente los han podido relacionar directamente al fracking, “lo que sí hemos notado es que en varias comunidades hay un incremento de casos de cáncer y de enfermedades de las vías respiratorias como alergias”, agregó

Dijo agregó que el municipio donde viven también es una zona rica en la producción de cítricos, por lo que es necesaria la fumigación de las plantas con pesticidas “entonces tenemos varios elementos en el ambiente que son sumamente tóxicos y no sabemos que tanto está influyendo todo en la salud de las personas”, detalló.

La activista agregó que ante los daños ambientales que también se han generado por el gran desperdicio de agua ,“nosotros llevamos la información a las comunidades indígenas y lo hicimos como una acción preventiva, pero después nos enteramos que ya estaban los pozos. El fracking ya era una realidad”, narró.

Explicó que ante la omisión de información y garantías para los pueblos, los terratenientes se han organizado porque tienen miedo de que los daños ya registrados se agraven y no descartan que cuando las empresas “entren más fuerte” haya violaciones a los derechos humanos.

En días pasados se dio a conocer la historia de Emilio Domínguez Hernández, quien al descubrir un pozo en área de su terreno, decidió colocar una cerca con alambre alrededor de éste para que Pemex se limitara a entrar, sin embargo la petrolera interpuso una demanda contra el ejidatario. “Cuando la verdad es que esa tierra es de nuestro compañero y no de Pemex , pero como la exploración y extracción de hidrocarburos son la prioridad nacional, se permite que cualquier compañía que tenga interés puedan entrar en los territorios de las personas, tenga lo que sea, tu casa, tus propiedades, ahí van a estar”, comentó.

Alejandra expresó que ella y su comunidad sienten miedo y presión porque “nosotros quedamos totalmente indefensos ante la decisión de la Reforma, pero no sólo se trata de la extracción porque al final de los hechos también se trata de una reforma agraria”, agregó.

VERACRUZ, EL MÁS EXPLOTADO 

En julio pasado, el portal estadounidense especializado en energía Oil Price dio a conocer un reportaje firmado por Michael McDonald, doctor en finanzas, quien alertó sobre la perforación ya hecha en varios pozos de México.

De acuerdo con la información dada a conocer, los estados que más pozos tienen son Veracruz con 349 y Puebla con 233, mientras que le siguen Nuevo León con 182 y luego el resto, informó.

Sin embargo, organizaciones reunidas en Alianza Contra el Fracking, alertaron desde 2014 que el fracking ya era un hecho irrevocable en México y que poco a poco se iría expandiendo.

En ese sentido, la activista comentó que datos del portal Cartocríctica detallan que en el país hay cerca de mil pozos donde se practica fracking, pero sólo se han podido identificar 924, mientras que en Veracruz hay 349, de los cuales, 172 han sido ubicados en Papantla “pero eso no quiere decir que sean los únicos”, dijo

“Es muy claro que el gobierno está del lado de las grandes empresas y no le está importado los daños al medio ambiente y a la salud que puedan tener estas técnicas a cambio de cantidades de dinero que no tienen comparación con los daños que van a causar como es el caso del fracking”, opinó.