En cuatro comunicados emitidos desde el viernes pasado, la Auditoría Superior de la Federación no ha logrado aclarar de manera puntual y conforme a derecho por qué despidió a los tres auditores especiales Muna Dora Buchahin, Salim Orci Magaña y Javier Pérez Savedra, expusieron organizaciones civiles. Esta omisión, dijeron, abre la puerta a especulaciones y dudas, una de ellas, si hay casos de potenciales conflictos de interés en investigación dentro del órgano fiscalizador.
En ánimos de evitar que esta institución clave en la agenda de corrupción pierda legitimidad y confianza, urgieron al Auditor David Colmenares Páramo a explicar a la opinión pública y a legisladores el motivo de los tres ceses.
El ex Auditor Juan Manuel Portal Martínez (2009-2017) habla de despidos «masivos» de auditores especiales. Aseguró que Colmenares está «desmantelando» al órgano fiscalizador y que en 2013 lo despidió por ineficiente.
Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Siete organizaciones civiles reiteraron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue sin aclarar de manera precisa y conforme a derecho los ceses de tres de sus auditores, lo cual daría certidumbre jurídica para evitar especulaciones sobre las causas o generar más dudas, incluyendo supuestos conflictos de interés.
Por su parte, el ex Auditor Juan Manuel Portal Martínez (2009-2017) dijo en entrevista radiofónica que el actual Auditor David Colmenares Páramo, quien fue elegido por la Cámara de Diputados y tomó el cargo en marzo, está «desmantelando» a la institución autónoma. «De los auditores especiales no queda ninguno y van varios directores generales», aseguró al periodista Carlos Loret de Mola. «No sé qué cuentas van a entregar con gente nueva que no sabe lo que se tiene que hacer», manifestó.
Portal Martínez despidió a Colmenares en 2013 «debido al incumplimiento de sus responsabilidades y al retraso en el trabajo que se llevaba en el área a su cargo», argumentó. Nunca ha hecho una auditoría, remató.
La ASF, partícipe en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), rechazó la «politización» de su labor y argumentó que es parte de la «innovación» de un equipo para continuar su proceso de fiscalización sin funcionarios que tengan «negocios» relacionados con las actividades que desempeñan.
«Ninguna revisión se verá afectada por la renovación de cuadros», aseguró la ASF en un comunicado este martes a unos meses de la llegada de un nuevo gobierno. Desde el primero de junio ha emitido cuatro comunicados (dos cartas y dos boletines), pero el Auditor David Colmenares no ha declarado una posición oficial ante la Cámara de Diputados, a la opinión pública ni a las organizaciones demandantes México Evalúa, Fundar, Ethos, CEEY, Acción Frente a la Pobreza, Transparencia Mexicana y Oxfam México.
Durante este mes, la prensa reveló que la Auditora Muna Dora Buchahin fue removida de su cargo como titular de la Dirección General de Auditoría Forense, unidad clave en las investigaciones de sus informes sobre presuntas redes de corrupción por cerca de 7 mil millones de pesos. Esta remoción se sumó a la destitución, sin explicar las razones a la opinión pública ni a legisladores, del titular de la Unidad de Gasto Federalizado, Salim A. Orci Magaña, y del Auditor de Cumplimiento Financiero, Javier Peréz Savedra.
La ex Auditora Muna Dora Buchahin aseguró en entrevistas radiofónicas que su despido fue porque resultó «incómoda» con su trabajo de auditoría sobre desvíos millonarios de recursos públicos.
El viernes 1 de junio pasado, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, quien tomó el cargo el 21 de mayo en sustitución de Pérez Savedra y despidió a Buchanin, escribió en una carta que durante la gestión anterior la ASF contrató a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que Muna Dora encabeza, para prestar servicios de capacitación. Por ello, anunció Lozano, «se ha iniciado una investigación respecto al desvío de recursos humanos de la ASF en favor de la Asociación», y requirió la intervención de la Unidad de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados. La auditora rechazó conflicto de interés por tratarse de una academia.
El lunes 4 de junio, el nuevo auditor especial Lozano escribió en otra carta que la auditora daba «un trato grosero y prepotente» a los auditores y señaló un supuesto «acosador sexual» cubierto por ella.
Posteriormente, la ASF publicó un comunicado para informar que la fiscalización practicada por el área a la que estaba adscrita Buchahin seguirá su curso. El martes en otro comunicado, como respuesta al posicionamiento de siete organizaciones civiles, la institución argumentó un proceso de reestructuración iniciado en la actual administración del Auditor David Colmenares que obedece a los objetivos de «aumentar su impacto» mediante áreas y equipos multidisciplinarios y que los funcionarios de la ASF no tengan «negocios» relacionados con las actividades que desempeñan.
«Ahora dicen que es una reestructuración. ¿Es porque hay una reestructura?, ¿es porque hay un comportamiento indebido? El comportamiento indebido se señala respecto a una ex funcionaria, ¿y los otros cambios del de Gasto y Cumplimiento Financiero a qué se debieron?», cuestionó Marco Fernández, académico de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador adjunto de México Evalúa. «No hay mención de que esté en algún lado las pruebas, denuncias; algo que nos oriente o sustente los dichos de los supuestos conflictos de interés».
En diciembre, más de 100 organizaciones civiles exigieron a la Cámara de Diputados transparentar a la ciudadanía sus criterios de evaluación para seleccionar a los tres perfiles de los 41 aspirantes a encabezar los próximos ocho años la Auditoría Superior. Finalmente en marzo se eligió a David Colmenares para el periodo 2018-2026, quien sustituyó a Juan Manuel Portal Martínez. Es economista y ha laborado en Liconsa, la Secretaría de Hacienda y otros puestos públicos del gobierno.
El académico e investigador Marco Fernández también cuestionó «el débil funcionamiento» de la Cámara de Diputados, ya que la Auditoría es un órgano técnico de los legisladores, pero hasta el momento no han llamado a una explicación a través de sus comisiones sobre estos despidos injustificados.
«Ya están de salida y muchos de ellos en campaña», acusó. «Es muy preocupante».
Liliana Alvarado, directora de Desarrollo Económico y Social de Ethos, otra organización civil firmante, pidió que se maneje «con mayor cautela» la imagen de la ASF por lo que debe quedar claro si hubo el conflicto de interés señalado.
«Considerando el papel tan relevante que tiene la ASF dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, si bien es importante que cualquier dependencia e institución pública maneje los despidos de sus funcionarios con transparencia, en este caso en particular es más importante por su papel en fiscalización y control de los recursos públicos», expuso la integrante de Ethos, organización que lanzó la guía «Al buen entendedor, pocas palabras» sobre las leyes del SNA.
Sobre el silencio de la Cámara de Diputados, Alvarado enfatizó que «tendrían que ya haberse echado a andar todas las rutas necesarias para esclarecer el caso».
PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD EN EL HILO
De continuar con esta ausencia de respuestas puntuales y conforme a derecho, se corre el riesgo de que se pierda «legitimidad» y «confianza» en la labor de la institución que ha revelado irregularidades en gestiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otras, aseguraron las organizaciones.
«La ASF es una de las instituciones que, dentro de los tantos desafíos que tenemos para combatir la corrupción en el país, más o menos iba avanzando. Todas las controversias que están surgiendo al interior, la forma en como ha reaccionado el personal, la falta de claridad sobre las razones de los cambios, el silencio estratégico del Auditor que manda cartitas, pero no ha dado una explicación puntual ante los legisladores y opinión pública, es revelador y exhibe problemas sustantivos de la operación de una institución nodal para el funcionamiento del SNA», aseveró el investigador adjunto de México Evalúa, Marco Fernández.
La Auditoría Superior de la Federación ha alertado y reiterado en sus Cuentas Públicas de 2013, 2014, 2015 y 2016 fallas de las Secretarías del Gobierno federal. Destacan irregularidades en apoyos de programas sociales a personas de más de 100 años, a fallecidos o repartos duplicados ante la falta de un padrón único de beneficiarios de la Sedesol gestionada por Rosario Robles (2012-2015) y José Antonio Meade (2015-2016); contrataciones entre entidades públicas como universidades y dependencias como la Sedesol o la SCT, dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, que propician riesgo de fraude y corrupción; y el desarrollo de proyectos de infraestructura con retraso o sobrecosto con impacto económico y social, incluyendo el Nuevo Aeropuerto o el Tren Interurbano México-Toluca.
Sus informes también han evidenciado que de 2012 a 2016, 28 gobernadores priistas han dejado pendiente de solventar hasta enero de 2018 más de 140 mil millones de pesos recibidos tanto de gasto programable como de participaciones en 22 entidades, el 76 por ciento del total de los estados. Asimismo, desde 2012 a enero de 2018, los gobiernos estatales, presidentes municipales y universidades públicas no han solventado recursos públicos recibidos para gasto programable hasta acumular 183 mil 100 millones 700 mil pesos, con base en sus cuentas públicas.
Luego de la alerta de los medios de comunicación, la ASF informó que la decisión de remover del cargo a la auditora Muna Dora Buchahin fue por un posible conflicto de interés.
Sin embargo, las organizaciones civiles llamaron a que también haga del conocimiento público si inició una investigación al respecto y también si se encontró alguna irregularidad bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. De lo contrario, caería en una «omisión» una de las instituciones clave en la agenda anticorrupción, uno de los temas que más indignan a la ciudadanía, dijeron.
«Nos surgen más dudas. ¿Cuántos funcionarios públicos más tienen negocios al interior de la Auditoría Superior de la Federación? ¿A cuántas personas más van a destituir? ¿Cuánto tiempo llevaban en la Auditoría y por qué no se ha hecho nada al respecto?», cuestionó la directora de Fundar Haydée Pérez Garrido. «Al no seguir el debido proceso lo que hacen es dejar abierta suspicacias y dudas razonadas y sustentadas acerca del actuar de la Auditoría. Hacemos un llamado muy respetuoso, pero también muy firme para que se dé cuenta de lo que se está preguntando y se cuide la legitimidad. Al país no le conviene que se cuestionen sus principios rectores de su trabajo. Lo que necesitamos son instituciones fuertes, consolidadas y que nos genere confianza a la ciudadanía», agregó.
Pese a la serie de comunicados, Pérez Garrido consideró que la Auditoría no está respondiendo la pregunta más importante que se le ha hecho por un grupo de organizaciones, acerca de dónde está la denuncia, dónde está la investigación, y cuáles son los resultados si es que efectivamente hay un proceso abierto.
«¿Qué se hizo al respecto en su momento cuando eso sucedió?, ¿qué se hizo ahora?», planteó. «Hay puestos que son de muy alta especialización que requieren de mucha profesionalización y prescindir de la experiencia y trabajo ya realizado, sustituir a las personas, por supuesto que se puede. Pero la innovación institucional y reestructuración no alcanza a contestar la pregunta de cuáles son realmente los motivos para justificar el despido», reiteró la directora de Fundar.
Dentro de la serie de comunicados, la Auditoría Superior anunció que continuará con las auditorías programadas sobre la Cuenta Pública 2017 con 1,591 revisiones, incluyendo las que están bajo la responsabilidad del área a la que estaba adscrita la auditora Muna Dora Buchahin. «Serán tratadas con el máximo rigor técnico y neutralidad», se comprometió. El órgano fiscalizador adelantó que emitirá un informe integral sobre el trabajo realizado desde 2012 hasta la fecha sobre las contrataciones de entes de gobierno con universidades públicas, el cual será entregado a la Cámara de Diputados en octubre de 2018.
Pero el Auditor David Colmenares no ha hecho ninguna declaración pública y no ha interactuado en sus redes sociales desde mayo. El miércoles estuvo en un evento público, pero no emitió comentarios al respecto.
«La ASF reitera que su trabajo se sustenta en una visión objetiva y técnica, con personal íntegro y honesto. Asimismo, rechaza categóricamente la politización sobre su labor y su gestión administrativa, en el contexto del proceso electoral actual, en el que se pretende dar mérito a una sola persona por el trabajo que realiza una institución. La posición de la ASF, dentro del proceso de rendición de cuentas del país, va más allá de las coyunturas electorales», escribió el órgano.
