Reporteros colocaron 21 bloques de hielo con fotografías de los reporteros asesinado en el país, para conmemorar el sexto aniversario luctuoso de Regina Martínez.
En los bloques se podían leer los nombres de Regina Martínez, Gabriel Huge, Ricardo Monlui, Moisés Sánchez, Gregorio Jiménez, Víctor Manuel Báez, Yolanda Ordaz, Noel López Olguín, Armando Saldaña, Rubén Espinoza, Miguel Ángel López ,Guillermo Luna, Anabel Flores,Esteban Rodríguez, Juan Mendoza, Manuel Torres, Misael López Velasco, Pedro Tamayo.
Por Francisco De Luna
Regina Martínez fue asesinada el el 28 de abril 2012. Foto: Plumas Libres.
Xalapa, Veracruz/Ciudad de México, 28 de abril, (PlumasLibres/SinEmbargo).- Un grupo de reporteros, conmemoraron el sexto aniversario luctuoso a la periodista Regina Martínez, quien fue asesinada el 28 de abril 2012.
Regina Martínez, laboró para distintos medios de comunicación en Veracruz y fue corresponsal de la revista Proceso.
En la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, colocaron 21 bloques de hielo con las fotografías de los reporteros que han sido asesinados.
En ellos aparecían los nombres como Regina Martínez, Gabriel Huge, Ricardo Monlui, Moisés Sánchez, Gregorio Jiménez, Víctor Manuel Báez, Yolanda Ordaz, Noel López Olguín, Armando Saldaña, Rubén Espinoza, Miguel Ángel López ,Guillermo Luna, Anabel Flores,Esteban Rodríguez, Juan Mendoza, Manuel Torres, Misael López Velasco, Pedro Tamayo.
Además también fueron colocados cuatro bloques de forma vertical, y que corresponden a los reporteros que han sido asesinados durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes: Leobardo Vazquez, Gumaro Perez, Ricardo Monlui y Cándido Ríos.
Regina Martínez, laboró para distintos medios de comunicación en Veracruz. Foto: Plumas Libres.
En 2017 México se situó a la cabeza de la clasificación de periodistas asesinados con 12 muertos, la cifra más alta en su historia, para ser el país más peligroso para el gremio periodístico junto con Siria, con igual cifra de asesinatos.
Ciudad de México, 2 de enero (EFE).- Tres años después del asesinato del periodista mexicano Moisés Sánchez Cerezo perdura la falta de voluntad para una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), denunció hoy la ONG Artículo 19.
La organización recordó que Moisés Sánchez fue secuestrado en su domicilio en Medellín de Bravo, Veracruz, el 2 de enero de 2015, y posteriormente asesinado.
“Un año más, seguimos confirmando la falta de voluntad por parte de la FEADLE para realizar una investigación imparcial, seria y exhaustiva que pueda constituir una garantía a los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación” del daño, agregó.
Moisés Sánchez ejercía periodismo ciudadano y era dueño del periódico La Unión, que imprimía cuando sus recursos económicos se lo permitían.
Pese a ello, se convirtió en “indispensable para el flujo de información tanto dentro como fuera de Medellín”, a través del cual podía conocerse el acontecer en esa región, agregó.
También utilizaba una página de internet y las redes sociales para difundir su periodismo de denuncia social, difundiendo información sobre temas como inseguridad, corrupción política y gubernamental, crimen organizado, así como la falta o deficiencia en los servicios públicos.
“Moisés Sánchez forma parte de las y los periodistas que, por realizar su labor, han sido víctimas de un contexto grave de violencia en México, en los últimos diez años, por parte del crimen organizado y de funcionarios públicos”, apuntó Artículo 19.
La organización recordó además que este crimen se produjo durante el mandato del Gobernador estatal Javier Duarte (2010-2016), hoy detenido mientras espera un juicio por delincuencia organizada y un multimillonario desvío de recursos públicos.
Duarte “denostó a Moisés al referir que ‘era taxista'”, remarcó Artículo 19.
Para la ONG, este caso refleja “un Estado de derecho débil, con un aparato institucional que únicamente funciona dentro de un marco de simulación, donde la forma impera sobre el fondo y se encuentra lejos de brindar soluciones efectivas a las grandes problemáticas que aquejan al país. La impunidad sigue siendo una de ellas”.
“Desde el principio, su caso se ha encontrado plagado de omisiones e irregularidades. Desde que se tuvo noticia de su desaparición forzada, hubo serias omisiones en la respuesta institucional tanto en el cumplimiento de los protocolos para su búsqueda y localización, como en la investigación de los hechos”, agregó el comunicado.
México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
En 2017 México se situó a la cabeza de la clasificación de periodistas asesinados con 12 muertos, la cifra más alta en su historia, para ser el país más peligroso para el gremio periodístico junto con Siria, con igual cifra de asesinatos.
México es uno de los países en el mundo con mayor riesgo para ejercer el periodismo. Los 39 periodistas asesinados en la actual administración son una muestra, pero lo realmente grave –y que genera que los ataques continúen– es la impunidad: 99.7 por ciento de los delitos cometidos en contra de reporteros y medios de comunicación no reciben ningún castigo.
Las alertas también vienen del exterior; Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones internacionales, coinciden en que nuestro país es uno de los más peligrosos para dedicarse a esa profesión.
Hijos de periodistas asesinados coinciden en que la impunidad alienta las agresiones contra el gremio. También profesores de la carrera afirman que sus estudiantes temen a la realidad de la prensa mexicana, y los estudiantes saben que el panorama de violencia que enfrentarán al salir de las aulas, aún así se matriculan.
“Se necesitan periodistas ahora más que nunca. Creo es una responsabilidad ética seguir adelante, e intentarlo”, dice, sin embargo, Fernando González, estudiante de periodismo en la Ciudad Universitaria de la UNAM.
Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Las agresiones y asesinatos de periodistas en México quedan impunes prácticamente en su totalidad y aún así miles de jóvenes se matriculan cada año en esta carrera, y son los hijos de los reporteros asesinados –también jóvenes– quienes no dejan de levantar la voz para se haga justicia en uno de los países más peligrosos para la prensa.
Los datos sobre la matrícula a las carreras de periodismo difieren, sin embargo. Algunos reportan una baja en los estudiantes que quieren ser periodistas; otros académicos dicen que el riesgo sí atemoriza, pero no inhibe el deseo de servir a su comunidad desde los medios. Como sea, en lo que coinciden es que la impunidad y los asesinatos de colegas ha generado la duda sobre estudiar o no periodismo.
El martes de la semana pasada fue asesinado el reportero Gumaro Pérez Aguilando, reportero de La Voz del Sur. Con él suman 39 los periodistas ejecutados en lo que va del sexenio. Frente a esta cifra de horror, hay otra que propicia que este tipo de crímenes sean repetidos: el 99.7 por ciento de los delitos contra periodistas quedan en la impunidad, de acuerdo con los conteos de Artículo 19 en su informe “Libertades en Resistencia”, presentado en abril.
“Esto está motivando a que cualquier funcionario o policía haga esto sin consecuencias”, expuso Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, quien fue asesinado en enero del 2015.
En lo que va del sexenio han sido asesinados ocho periodistas en Veracruz y el caso de Moisés Sánchez se mantiene bajo la impunidad. A casi tres años de que fuera raptado de su casa en la comunidad El Tejar, municipio de Medellín de Bravo, las autoridades han detenido a tres policías, pero ninguno ha sido sentenciado.
“Nosotros tenemos que, además de exigir justicia, cuidarnos de las autoridades porque lo que están buscando es darle carpetazo al caso. No hay un interés real de que se haga justicia”, expuso el hijo del periodista.
En abril, la organización internacional Artículo 19 documentó, 426 agresiones a la prensa, de las cuales el 53 por ciento fueron perpetradas por agentes del Estado.
Asimismo, expuso que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo alcanzó tres sentencias condenatorias entre 798 averiguaciones previas por agresiones a periodistas.
Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, afirma que la impunidad en los crímenes contra periodistas motiva que se cometan. Foto: Ilse Huesca, Cuartoscuro
El 19 de mayo, familiares del periodista Salvador Adame denunciaron la desaparición del director de Canal 6tv, en Múgica, Michoacán, cuyo cuerpo sin vida sería identificado el 26 de junio.
La hija de Salvador, Frida Adame, denunció que pese a que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán se comprometió a trabajar en una mesa conjunta durante tres meses, esto nunca ocurrió. Como tampoco se cumplió el ofrecimiento de apoyo psicológico.
“Lo dicen las noticias, prácticamente, todo pasa y nada se cierra. Después de mí papá se vino una ola de agresiones contra periodistas súper fuerte, más marcada que otras veces y no he escuchado de ningún caso que digan ‘aquí está el culpable’”, dijo la joven Adame.
México alcanzó a Siria en el número de periodistas asesinados este año, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. Y este escenario adverso incide en las aspiraciones de quienes aún se forman.
De acuerdo con el portal del Observatorio Laboral, con información estadística del Servicio Nacional de Empleo (SNE), en México hay 65 mil 129 estudiantes de comunicación y periodismo matriculados y 11 mil 199 egresados.
Pese a los reclamos de periodistas y organizaciones nacionales y extranjeras el homicidio de Javier Valdez sigue sin castigo. Foto: Marcos Vizcarra, Cuartoscuro
VIOLENCIA REDUCE LA MATRÍCULA
Alicia Ortiz Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien da clases desde hace 19 años, planteó que cada vez son menos los estudiantes de comunicación que eligen la especialidad de Periodismo.
“Es el quinto semestre cuando eligen especialidad como producción, mercadotecnia y publicidad, periodismo, comunicación organizacional; y cuando yo empecé hace 19 años había un número considerable e estudiantes que elegían periodismo por encima de otras especialidades. Ahora son tres ó cuatro entre 40”, relató.
Gerson Hernández Mecalco, también profesor de la Facultad de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó que muchos de los estudiantes están consientes de que la mayor parte de los riesgos se hayan fuera de la Ciudad de México.
“En los alumnos genera un temor el hecho de saber que no es sencilla la profesión que algunos se van a dedicar. Saben que este tipo de acontecimientos se reflejan más en los estados. En la Ciudad de México muy pocos visualizan irse a los estados a trabajar”, dijo Hernández.
De 188 mil 116 periodistas y comunicadores ocupados, el 50.6 por ciento trabaja en la región centro, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Empleo.
Los estudiantes difieren en la impresión de los jóvenes sobre los impactos que tiene la violencia sobre sus planes a futuro.
Mariana Montoya, estudiante de Periodismo en la Facultad de Acatlán de la UNAM, refirió que conocer de los casos de violencia no ha originado que sus compañeros deserten.
“La violencia es una realidad que como estudiantes estamos enterados de las noticias. No puede ser un tema aparte, ni que podemos dejar del lado. Sabemos que no está presente en todo el periodismo, pero sí en algunos campos, como el político”, dijo Montoya.
Estudiante de Periodismo en la Ciudad Universitaria de la UNAM, Fernando González, explicó que el clima de inseguridad en la profesión se lee como una dificultad.
“Creo que para algunos será más fuerte la impresión. Sí te llega a hacer reflexionar de querer estar en este camino. Tú tienes las ganas, pero el mundo allá afuera dice que hay muchos frenos. Se necesitan periodistas ahora más que nunca. Creo es una responsabilidad ética seguir adelante, e intentarlo”, sostuvo.
El 2 de enero de 2015, Moisés Sánchez Cerezo fue sacado por un comando de su domicilio en Medellín de Bravo, Veracruz. Su familia acusó que el periodista había recibido una amenaza tres días antes de su desaparición, en la que supuestamente el Presidente Municipal Omar Cruz Reyes “pretendía callarlo dándole una lección”.
Moisés Sánchez. Foto: Especial.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Artículo 19 denunció que a un año del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo no han sido garantizadas la verdad, la justicia y la reparación para su familia ante la deficiencia de la investigación realizada por la Fiscalía General de Veracruz y debido a la negativa de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de atraer el caso.
“La duplicidad de actuaciones en ambas Fiscalías ha prolongado y obstaculizado una investigación que debe ser objetiva, imparcial, independiente, eficaz y exhaustiva, para conocer la verdad de los hechos y someter a procesos penales a todos los actores involucrados en la desaparición y homicidio del periodista Moisés Sánchez. Prueba de ello es que hasta la fecha, al menos 6 personas involucradas en los hechos continúan sin ser identificadas por las autoridades ministeriales, encontrándose prófugas de la justicia”, dijo el organismo civil.
Artículo 19 dijo además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión estatal “han tenido un papel pasivo en la integración y determinación de las violaciones a derechos humanos de Moisés y su familia”.
Detalló que no ha sido relevante para tales instituciones que existen elementos suficientes y consistentes para señalar las graves falencias en las investigaciones de la FGE y la FEADLE. Explicó que las medidas de seguridad otorgadas a la familia Sánchez por la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, se han reducido injustificadamente y han significado una carga económica los beneficiarios.
“Artículo 19 considera que pese a la intervención de las instituciones encargadas de procurar justicia, proteger periodistas e investigar violaciones a derechos humanos, lejos de lograrse un abordaje integral de la problemática que representa el caso concreto, ha generado condiciones que colocan en mayor estado de vulnerabilidad a las víctimas. La ausencia de instituciones que garanticen efectivamente los derechos humanos así como la impunidad que de ello deriva, son un aliciente para que casos como el de Moisés Sánchez Cerezo se repitan”, denunció.
El ejemplar de este mes de enero del periódico La Unión. Foto: Cuartoscuro.
El 2 de enero de 2015, Moisés Sánchez Cerezo fue sacado por un comando de su domicilio en Medellín de Bravo, Veracruz. Su familia acusó que el periodista había recibido una amenaza tres días antes de su desaparición, en la que supuestamente el Presidente Municipal Omar Cruz Reyes “pretendía callarlo dándole una lección”.
Moisés Sánchez era editor del diario La Unión de Medellín. Se convirtió en una voz crítica contra las autoridades de ese municipio, no sólo a través de su medio de comunicación en el que denunciaba la inseguridad y las carencias con las que vivía la comunidad, sino además por exigir públicamente al Edil la entrada de las fuerzas federales ante el incremento de la violencia.
A un año de su secuestro y asesinato, su hijo Jorge denunció que las autoridades de Veracruz mantienen el caso en completa impunidad y alertó de la posibilidad de que en febrero Omar Cruz Reyes, acusado de ser el actor intelectual del homicidio de su padre, regrese a la Presidencia municipal de Medellín de Bravo.
Para Artículo 19 es lamentable que tanto autoridades estatales como federales hayan intervenido sin que a la fecha se hayan esclarecido los hechos y mucho menos procesado a todos los responsables.
La organización recordó que tras el crimen ocurrido hace un año, el entonces Procurador, hoy titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Luis Ángel Bravo, “dio golpes de efecto mediático que a la postre resultarían nocivos en el proceso de búsqueda de justicia y verdad”.
Dijo que el Fiscal tomó declaraciones a 78 funcionarios públicos del Ayuntamiento de Medellín; arraigó a 13 de los policías municipales de Medellín; presentó públicamente a Clemente Noé Rodríguez Martínez como homicida confeso una vez que fue encontrado el cuerpo de Moisés y señaló públicamente al Alcalde Omar Cruz Reyes –derivado de la propia confesión de Noé.
Artículo 19 refirió que pesar de ello, el pasado 17 de noviembre, el ex Alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión emitida por su presunta participación en la desaparición y posterior homicidio de Moisés Sánchez Cerezo.
Días antes, mencionó el organismo, Martín López Meneses, quien fuera escolta del mismo ex Alcalde y también subdirector de la Policía Municipal de Medellín de Bravo también obtuvo un amparo con el que recobró su libertad, al ser procesado en prisión preventiva.
“Las razones centrales que han derivado en la obtención de amparos a favor de los supuestos implicados en el homicidio del periodista, precisamente apuntan a la falta de sustento probatorio, es decir, la deficiencia de la investigación realizada por la Fiscalía General de Veracruz. El testimonio del presunto homicida confeso es de “oídas” y las declaraciones de funcionarios municipales sujetos al arraigo resultaron favorables para exculparlos de su participación en los hechos delictivos”, dijo la organización.
Dijo que en otro golpe mediático, el Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo anunció al abogado Ricardo Javier Carrillo Almeida como Fiscal Especial para el caso de Moisés Sánchez. Este nombramiento no es garantía para el esclarecimiento de los hechos, mientras no exista voluntad por parte de las autoridades ministeriales para realizar una investigación realmente efectiva.
La organización no gubernamental indicó además que aunque la FEADLE de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió su propia indagatoria desde el 7 de enero, “se ha negado rotundamente a ejercer su facultad de atracción”.
“Desde una perspectiva contraria a derechos humanos y bajo una comprensión limitada del periodismo, se ha desacreditado la labor informativa de Moisés Sánchez como móvil del delito. Tanto en el fuero común como en el federal graves omisiones afectan las investigaciones, como la pérdida de elementos de prueba fundamentales como videos de cámaras de C4 ubicadas en el trayecto de los perpetradores; y la falta de identificación pronta del resto de los autores”, denunció.
Artículo 19 dijo que también se ha omitido realizar con prontitud diligencias clave como localización de testigos que pueden aportar datos sólidos sobre los perpetradores, análisis de llamadas y cruces de las mismas, levantamiento y análisis de huellas en armas y automóviles, entre otras.
Afirmó que ambas instituciones ministeriales incurrieron en graves fallas en la aplicación de protocolos procedimientos diligentes de localización y búsqueda de Moisés desde las primeras horas de la desaparición de Moisés Sánchez hasta que dieron con su paradero –por la mencionada confesión- el 24 de enero de 2014.
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