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El nuevo Presidente de México tuvo razón al declararle la guerra a la corrupción. Ahora falta que esa batalla comience, destaca una editorial de Bloomberg. El medio especializado en negocios menciona que Andrés Manuel López Obrador podría tener una aliada para esta lucha: la sociedad civil, que ha sido en años recientes la fuerza anticorrupción más importante en el país. “Por eso debería ver a este grupo como un aliado”.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador tuvo razón en declararle la guerra a la corrupción, pero ahora falta que esa batalla comience, destaca una editorial de Bloomberg, y advierte también que “si el Presidente quiere cumplir con su promesa de acabar con este problema, debería empezar a ver a la sociedad civil como un aliado y no un enemigo”.

“López Obrador heredó un sistema ‘podrido’. Su predecesor en la Presidencia, Enrique Peña Nieto, quiso ser reconocido como un energético reformador, pero hizo poco o nada para combatir la corrupción”, menciona el medio especializado en negocios.

Bloomberg recuerda que el hartazgo de la ciudadanía por los actos de corrupción en México llevaron a López Obrador a la Presidencia. “La esposa del ex Presidente, Angélica Rivera, y algunos de los miembros de su Gabinete se vieron envueltos en el escándalo de la ‘Casa Blanca’, y la administración de Peña Nieto, al contrario de otras naciones latinoamericanas, se mantuvo al margen de perseguir a los implicados en México en el caso de corrupción de Odebrecht”.

Durante el sexenio de Peña, detalla Bloomberg, “México cayó 30 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, para quedar en el lugar 135, lo que llevó al Banco Mundial a clasificar al país como una de las naciones más corruptas a nivel mundial”.

El medio señala que López Obrador se postuló a la Presidencia prometiendo una política de “cero tolerancia”, entre cuyas medidas incluyó la reducción del 60 por ciento de su salario, la venta del avión presidencial y convertir la residencia oficial de Los Pinos en un centro cultural, además de transportarse a todos lados en un Jetta blanco.

Esas medidas son buenas, dice Bloomberg, “pero sentar este tipo de ejemplos ayuda solo hasta cierto punto”. También menciona otras acciones que ha realizado el Ejecutivo federal y que no han sido bien recibidas por algunos sectores, como los recortes de forma generalizada de trabajadores gubernamentales y la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto de 13 mil millones de pesos, “lo que puso al Gobierno en una situación complicada con los tenedores de bonos del proyecto”.

A pesar de este intento por acabar con la corrupción, el nuevo Gobierno no descartó la opción de sumar a su partido a políticos y personajes de dudosa reputación y a figuras controvertidas a su Consejo Asesor Empresarial, y ha prometido que no investigará actos de corrupción cometidos antes de su Presidencia, dice el medio.

“Si López Obrador pretende combatir la corrupción en México, la mejor forma de hacerlo sería mediante la implementación completa del Sistema Nacional Anticorrupción, un paquete de reformas aprobado en 2016 que creó un comité para coordinar todos los esfuerzos a nivel federal y estatal para combatir el problema al mismo tiempo que integró una mayor supervisión por parte de la ciudadanía”, recomienda.

Agrega que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quiere controlar el proceso de nominación de un Fiscal independiente, “una postura que ha sido criticada por Organizaciones de la Sociedad Civil que buscan que el Fiscal General sea alguien con más independencia”.

Bloomberg destaca que la sociedad civil puede ser una aliada en la lucha anticorrupción del Presidente de México, pero él “no ha ocultado su desdeño por la sociedad civil, que ha sido en años recientes la fuerza anticorrupción más importante en el país. López Obrador debería ver a este grupo como un aliado”.

Destaca que si no se logra un acuerdo con estos grupos, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría ser de ayuda, dado que incluye fuertes medidas anticorrupción y que abrirían la puerta para que las organizaciones de la sociedad civil tengan la capacidad legal de perseguir demandas que el Gobierno decida ignorar.

“El nuevo Presidente de México tuvo razón al declararle la guerra a la corrupción. Ahora falta que esa batalla comience”, concluye Bloomberg.