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Constitucional otorga amparo a jueza que ordenó anular sentencia a Ríos Montt

viernes, octubre 16th, 2015

Guatemala, 16 oct (EFE).- La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala informó hoy que otorgó un amparo de forma provisional a la jueza Carol Patricia Flores, que en 2013 ordenó anular un juicio por genocidio contra el ex Dictador José Efraín Ríos Montt y que fue denunciada por supuesto enriquecimiento ilícito.

El Secretario de la CC, Martín Guzmán, explicó a periodistas que el amparo fue otorgado el pasado 8 de octubre y que dejó así en suspensión “la vigencia” de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaraba con lugar las diligencias de antejuicio contra Flores luego de retirarle la inmunidad.

El pasado 30 de julio, la CSJ retiró por unanimidad este privilegio a la jueza, señalada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser la propietaria de un lujoso inmueble que no corresponde a su salario.

La solicitud de antejuicio o despojo de la inmunidad fue planteada el 30 de abril por la CICIG y el Ministerio Público (MP) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, este último porque Flores no presentó su declaración jurada patrimonial.

De acuerdo con la CICIG, en las investigaciones se logró determinar que la jueza residía en un lujoso inmueble que a primera vista pareciera desbordar su poder adquisitivo.

La CICIG dijo en abril pasado que la jueza había ocultado este inmueble, lo cual es “reprochable” porque “afecta la transparencia que debe acompañar el ejercicio de la función pública por ella desempeñada”.

Los argumentos de los magistrados de la CC para conceder la petición formulada por la propia Flores fue que “las circunstancias” lo “hacían aconsejable”.

Este viernes, Guzmán agregó además que con este amparo queda suspendida la situación de antejuicio contra Flores y que esta semana la CICIG y el MP presentaron dos solicitudes en las que requieren revocar este amparo.

No obstante, apuntó, estas dos peticiones están pendientes de que las conozca el pleno de magistrados y las resuelva, un hecho que se podría producir la otra semana.

La jueza Flores anuló el juicio contra Ríos Montt que celebraba en abril de 2013 el Tribunal A de Mayor riesgo, entonces a cargo de Yassmin Barrios, y ordenó retrotraer el caso hasta noviembre de 2011 por errores en el proceso judicial.

Sin embargo, Barrios continuó con el debate y el 10 de mayo de 2013 condenó a 80 años de prisión al general retirado, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, que comenzó el pasado día 23.

Nuevo Presidente de Supremo guatemalteco promete lucha contra la corrupción

martes, octubre 13th, 2015

Guatemala, 13 oct (EFE).- El magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina asumió hoy la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, con la promesa de luchar integralmente contra la corrupción dentro de los órganos judiciales en el país.

“Mi gestión tendrá cuatro ejes fundamentales: eficiencia administrativa, lucha contra la corrupción, cooperación internacional y credibilidad”, dijo Rojas Cetina, quien ocupará el puesto para el período 2015-2016.

El magistrado tomó posesión como la máxima autoridad de la CSJ y por tanto del Organismo Judicial guatemalteco, en una ceremonia en la que recordó que el país “ha vivido una etapa (de) transición” desde mayo pasado, en la que “reclamó transparencia y combate a la corrupción”.

“La corte ha demostrado con diversas resoluciones apegadas al derecho que ninguna persona es superior a la Constitución”, destacó.

Las autoridades de Guatemala han dirigido desde mayo hasta septiembre una cruzada contra la corrupción que derrumbó al Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión preventiva acusado de dirigir una red de defraudación aduanera.

Las autoridades también señalaron de corrupción a tres jueces, incluida una magistrada de la CSJ.

“La lucha contra la corrupción dentro de la institución será parte integral de mi gestión con la agilización de los mecanismos de denuncia”, advirtió el nuevo presidente del órgano judicial.

El acto se celebró este martes en la Sala de Vistas del Organismo Judicial ante un concurrido auditorio con la presencia de altos funcionarios como el vicepresidente guatemalteco, Juan Alfonso Fuentes Soria; la fiscal general, Thelma Aldana, y la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras.

Rojas Cetina recibió el cargo de Josué Felipe Baquiax Baquiax, quien ocupó el puesto por un año, de octubre de 2014 a la fecha, tal y como establece la ley guatemalteca, que obliga a rotar la presidencia del Supremo anualmente.

“Celosos de nuestra independencia, imparcialidad y objetividad, hemos emitido todas nuestras decisiones con absoluto apego al orden constitucional y al principio de legalidad”, subrayó Baquiax.

“Hemos puesto total atención a las exigencias de la sociedad, que ahora con más ahínco que nunca requieren que las autoridades respondan eficazmente”, añadió.

El nuevo presidente fue electo en septiembre de 2014 junto a otros 12 miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuyos períodos de cinco años culminarán en 2019.

Rojas Cetina fue juramentado en la mañana de este martes por el Congreso de Guatemala y durante su intervención frente a los diputados se comprometió a impulsar una serie de reformas para fortalecer el Estado de derecho y la democracia.

El abogado y notario cuenta con una trayectoria de 20 años en el sector judicial guatemalteco y durante el período 2014-2015 fue presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios.

La nación centroamericana, una de las cinco más violentas del planeta, tiene una tasa de eficiencia judicial por debajo del 50 por ciento, mientras Nicaragua, Costa Rica y Panamá redondean el 75 por ciento, según datos de organismos internacionales.

Fiscalía guatemalteca pide antejuicio contra magistrado constitucional

martes, octubre 6th, 2015

Guatemala, 6 oct (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala presentó hoy una solicitud de antejuicio en contra de Manuel Reginaldo Duarte Barrera, magistrado del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC).

El MP detalló en una declaración pública que Duarte Barrera es sospechoso de cometer los delitos de anticipación de funciones e incumplimiento de deberes, por lo que solicitó el procedimiento judicial para retirar los privilegios que ostenta por su cargo.

De acuerdo a la Fiscalía contra la Corrupción del MP, el magistrado no renunció a un cargo que ocupaba en el Organismo Legislativo cuando fue nombrado como miembro de la CC el pasado 2 de julio.

“Entre los indicios documentales que cuenta el Ministerio Público está la carta de renuncia, porque tiene fecha de entrega el 17 de agosto del presente año y la ley establece que para ser magistrado no debe de tener otro cargo”, apuntó el comunicado.

La solicitud del MP será trasladada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que resolverá si avala el trámite y lo traslada al Congreso de Guatemala, donde el pleno de 158 diputados decidirá si le retira la inmunidad al jurista para que enfrente la ley sin privilegios.

Duarte Barrera fue nombrado por el Congreso como magistrado de la corte tras la salida de la entidad de Alejandro Maldonado Aguirre, quien reemplazó en la vicepresidencia del país a Roxana Baldetti en mayo pasado por su implicación en un escándalo de corrupción.

Maldonado Aguirre fue investido como presidente el pasado 3 de septiembre tras la dimisión del exmandatario (2012-2015) Otto Pérez Molina, envuelto en la misma trama que derrumbó a Baldetti.

Ambos están en prisión preventiva a la espera de continuar con el proceso judicial en su contra a partir de diciembre.

Duarte Barrera era el director del departamento jurídico del Congreso hasta su nombramiento, obtenido por los votos de 89 diputados.

La CC suspendió temporalmente el pasado 3 de septiembre el acta de nombramiento de Duarte Barrera por la misma causa, tras un recurso legal planteado por un particular.

En su lugar designó a la suplente María de los Ángeles Araujo.

Procuraduría panameña instruye 234 expedientes por corrupción

martes, octubre 6th, 2015

Ciudad de Panamá, 6 oct (dpa) – El Ministerio Público de Panamá maneja 234 expedientes corrupción, ha detenido a 31 personas y ordenado las incautación de 140 millones de dólares en casos que alcanzan a funcionarios vinculados al gobierno de ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Así lo señaló hoy la Procuradora General, Kenia Porcell, en una entrevista concedida a la televisora local TVN (Canal 2).

Porcell señaló que las incautaciones abarcan, además, bienes cautelados en los escándalos de corrupción de Cobranzas del Istmo, el Proyecto de Riego de Tonosí y de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

La Procuradora confirmó que hay orden de detención preventiva contra varios colaboradores de Martinelli, entre ellos Gabriel Btesh, Ricardo Calvo y Adolfo De Obarrio, quienes están prófugos tras haber sido acusados de peculado.

Subrayó que desde el 29 de enero la Fiscalía hizo solicitudes a la Interpol de “alertas rojas” para la detención preventiva de Btesh,  Calvo y De Obarrio. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tenido ninguna respuesta oficial.

“Estas solicitudes son remitidas a la sede de Interpol en Francia, donde se verifica que las alertas rojas no sean por persecución política, pero sí se le notifica a los más de 190 países que colaboran” con ese organismo, reseñó.

Porcell destacó que hubo una primera audiencia por el caso de interceptaciones telefónicas ilegales en el gobierno de Martinelli. Por ese caso, fueron llevados a declarar los ex secretarios del Consejo Nacional de Seguridad Alejandro Garúz y Gustavo Pérez y los ex agentes Ismael Pittí y Ronny Rodríguez.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el 23 de septiembre, en sesión extraordinaria, dos expedientes en los que aparece vinculado Martinelli.    El primer caso tiene que ver con una nota enviada a la CSJ por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el 29 de junio, en la que se pide investigar posibles delitos financieros en cuatro cuentas la casa de valores Financial Pacific, en proceso de liquidación. Las cuentas están ligadas a Martinelli.

La segunda investigación está vinculada a un proceso iniciado por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción al comerciante Cristóbal Salerno y al ex director de Ingresos Luis Cucalón, por el supuesto pago de coimas tras la recaudación de impuestos por Cobranzas del Istmo, S.A., empresa que en el gobierno de Martinelli realizaba el cobro de la cartera morosa.