El artículo de mayor controversia fue el 308 bis, que señalaba: «Al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Ciudad de México, 31 de julio (Economía Hoy).–La «Ley Garrote» en Tabasco fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del jueves para su aplicación por las autoridades. Esta ley, es una modificación del Código Penal que eleva las penas contra la extorsión a través de bloqueos a accesos en instalaciones o propiedades privadas o públicas. A un día de su entrada, se registran manifestaciones.
El Periódico Oficial del Estado, publicó el decreto 115, referente a la «Ley Garrote» en el suplemento D de la edición 8024.
Marcos Medina Filigrana, Secretario de Gobierno, dijo a Notimex que el gobierno del estado se encuentra listo para dar respuesta mediante el marco legal las posibles impugnaciones que pudieran presentarse en contra de las modificaciones al Código Penal.
De acuerdo a la perspectiva gubernamental, enfatizan en que no se viola ningún derecho y se harán vales los argumentos a lo que respecta.
El artículo de mayor controversia fue el 308 bis, que señalaba: «Al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Se aumentará al doble la pena de prisión y multa que le corresponda, cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia».
No obstante, durante la sesión de periodo extraordinario realizada el pasado lunes, la redacción fue modificada: en el momento de su aprobación, habían abandonado el salón los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI y dos diputados del PRD; sin embargo, los dos perredistas que permanecieron en la sesión, dieron su voto a favor.
Al final, el artículo 308 bis fue cambiado y quedó tal como hoy se publicó en el Periódico Oficial:
«Al que extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito d personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajo u obras pública o privada en las vías o medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
En caso de que en el momento en que se efectúe el delito, el individuo activo esté acompañado por menores de edad o emplee violencia, la pena se incrementará en una mitad más.
En el artículo 307 se indica que se aplicará prisión de dos a diez años y multa de 70 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando algún medio local de transporte público o pasajeros de carga.
En caso de que el transporte esté ocupado por una o más personas, las sanciones tendrán un aumento en una tercera parte.
De igual forma, en el artículo 299 se precisa: «Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior. La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo, por sí o por interpósita persona, pida o exija dádivas, cuotas o la obtención de un empleo; cuando se utilice violencia o se cometa por dos o más personas», se añade.
A un día de su promulgación, distintos legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se han pronunciado en contra de dicha ley.
«HAY VICIOS DE UN GOBIERNO REPRESOR Y AUTORITARIO»
Kenia Ley, Senadora del PAN, aseguró que los morenistas que tienen un origen en el PRD, jamás habrían votado a favor de una ley así en los tiempos en los que militaban en la Revolución Democrática.
«Es sistemática la violación a los derechos humanos por este Gobierno: no van a confundir a la ciudadanía, es claro que hoy México sufre un detrimento de sus derechos; suena increíble pensar que discutamos sobre la libre manifestación. AMLO tomó cuatro veces los pozos petroleros, hubiera estado más de 50 años en cárcel» añadió la panista.
Por su parte, Verónica Noemí Camino Farjat, Senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comparó los códigos penales de Yucatán y el Estado de México, ambos polémicos por sus leyes que sistemáticamente impiden las manifestaciones contra obras.
«Respetemos las formas de arreglar sus problemas en los Estados, si son inconstitucionales a la Corte y con el tiempo lo sabremos», dijo.
La Diputada del Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano, declaró que esta ley representa una criminalización de la protesta social.
«La ley es una especie de censura previa y viola lo establecido en artículos de la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos».
Además, advirtió que existe la posibilidad que otras entidades legislen en la misma dirección.
«Si esta soberanía no manifiesta su conformidad con esta ley, estará permitiendo la violación del orden constitucional en Tabasco y la posibilidad de que otras entidades legislen en el mismo sentido», dijo Lozano.
Mientras, la diputada priísta, Soraya Pérez calificó a la «Ley Garrote» como un vicio de un «gobierno represor y autoritario».
«Hay vicios de un gobierno represor y autoritario, por muy buenas intenciones que tengan, es la otra cara de la moneda y por eso le llaman la ‘Ley Garrote'», dijo la priista
Sin embargo, el morenista, el Senador Eduardo Ramírez expresó que esta ley pretende combatir las extorsiones en obras públicas y privadas que busquen un beneficio económico y en ningún momento busca impedir la protesta. Ante el cuestionamiento sobre cuando el presidente hizo plantones en Reforma, Ramirez justificó la acción orientándola hacía un «no tenía intenciones económicas».
«No nos equivoquemos, no lo hizo a cambio de un dinero para dejar que pasar a la gente, se hizo contra el fraude electoral, se hizo para que el sistema democrático fuera más transparente, no confundamos una cosa con otra, esta es una ley en contra de la extorsión en contra del lucro, en contra del agandalle», dijo el legislador.
