El Juez consideró que el plazo de 10 años es excesivo “porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”.
Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez determinó inconstitucional el impedimento de 10 años establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana para que exfuncionarios del Gobierno trabajen en empresas privadas a las que regularon.
El Juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región concedió un amparo contra esta norma a un exfuncionario a quien la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Consupago negó darle trabajo por lo previsto en la ley.
Además, el impartidor de justicia señaló que el Congreso de la Unión no tenía facultades expresas ni implícitas para legislar en materia de austeridad republicana.
Asimismo, consideró que el plazo de 10 años es excesivo “porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”.
Imagen del 2019. Con 321 votos a favor, una abstención y 134 votos en contra fue aprobada en lo general la Ley de Austeridad Republicana. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
“La legislatura optó, injustificadamente, por un excesivo periodo de 10 años. Este periodo resulta injusto, desproporcionado y poco razonable desde una óptica constitucional de derechos humanos”, añadió.
El Juez indicó que “la disposición reclamada es violatoria de los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida, habida cuenta que, de entre un conjunto de opciones viables, la legislatura optó por la medida más deletérea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa”.
“El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal”, concluyó.
La Ley Federal de Austeridad Republicana fue aprobada en 2019 con el fin de terminar con el derroche y los lujos de altos funcionarios públicos.
Con las reformas, ya no será necesario realizar solicitudes al Congreso de la Ciudad de México acerca de modificaciones mayores al diez por ciento de los presupuestos asignados a dependencias, entidades y Alcaldías.
Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- Ayer, el Congreso de la Ciudad de Méxicoaprobó las reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, que permiten al Gobierno de la Ciudad de México realizar ajustes en el presupuesto en caso de desastre natural o emergencia sanitaria, como la pandemia de COVID-19.
En una nota, el Congreso señaló que, con 38 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, fue aprobado el dictamen en sesión remota extraordinaria.
Estas modificaciones, impulsadas por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, permiten ejecutar medidas de disciplina fiscal al ordenar a organismos gubernamentales y autónomos reducciones al Presupuesto de Egresos, informaron medios nacionales.
? El pleno del #CongresoCDMX aprobó en lo general reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos.
Antes, los legisladores aprobaron reformar la Ley para la Reconstrucción Integral CDMX.
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) June 20, 2020
Con las reformas, ya no será necesario realizar solicitudes al Congreso acerca de modificaciones mayores al diez por ciento de los presupuestos asignados a dependencias, entidades y Alcaldías. Sin embargo, el Gobierno está obligado a presentar un informe trimestral sobre las razones que justifiquen tales ajustes.
La sesión se prolongó hasta las 21 horas, ya que diputados de la oposición presentaron propuestas de modificación, las cuales fueron rechazadas por los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“En sesión remota extraordinaria, legisladoras y legisladores realizaron posicionamientos en pro y en contra del dictamen presentado por la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Diputada Guadalupe Morales”, señaló el Congreso.
Durante la videoconferencia de ayer, Claudia Sheinbaum aseguró que con esta iniciativa se manejará el presupuesto con honestidad, transparencia y eficiencia. Además, recordó que el Gobierno informará sobre el uso de los recursos, por lo que no afectará la autonomía del Congreso.
Adelantó que, además de estar disponible la información sobre las compras realizadas en el portal de datos de la COVID-19, presentará la próxima semana un informe sobre el presupuesto que se ha destinado hasta el momento para atender la emergencia sanitaria.
Sheinbaum recordó que la Ciudad de México es la entidad con más casos de COVID-19 en el país, por lo que se han hecho inversiones importantes en apoyo del sector salud, la ciudadanía capitalina y las pequeñas empresas.
Dolores Padierna expuso que la iniciativa eliminaría la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentaría la rendición de cuentas con la modificación de 14 leyes y la abrogación de una ley, lo que deviene en la extinción de 44 fideicomisos.
Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- Dolores Padierna, Diputada de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma que, de aprobarse, eliminaría44 fideicomisos de la Administración Pública Federal para mitigar la emergencia sanitaria de la COVID-19.
En una nota emitida por la Cámara de Diputados, se especificó que la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena busca atender los efectos de la pandemia en temas de salud y economía, y a su vez, asegurar la operación de los programas sociales del bienestar.
“La pandemia del SARS-CoV-2 (#COVID19) ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con recursos suficientes por parte del Gobierno Federal para enfrentar la crisis derivada del impacto mayúsculo de esta pandemia en la salud y economía nacional”, aseveró Padierna en un tuit.
A través de Twitter, la legisladora expuso que la iniciativa eliminaría la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentaría la rendición de cuentas con la modificación de 14 leyes y la abrogación de una ley, lo que deviene en la extinción de 44 fideicomisos.
y la abrogación de 1 ley, cuya ejecución implica la extinción de 44 fideicomisos y la continuidad de 4 fondo.
La bancada de Morena argumentó que la propuesta da cumplimiento a la Ley de Austeridad y fortalece las estrategias para no generar deuda pública.
La propuesta establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con otras dependencias, realizará las previsiones presupuestarias para asegurar la continuidad de programas, otorgamiento de apoyos y financiamiento de los fondos extinguidos, informó a Cámara de Diputados.
“Esta iniciativa garantiza la continuidad de los apoyos y financiamientos que actualmente se otorgan en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; prevención y atención de desastres naturales; ciencia, tecnología e innovación; desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, entre otros”, dijo el organismo en la nota.
También desaparecería el fideicomiso relativo a la cinematografía, indicaron medios nacionales.
El Grupo Parlamentario añadió que, de acuerdo con el centro de Análisis e Investigación Fundar, en 2018 el monto total de recursos públicos en 374 fideicomisos ascendió a 835 mil 477 millones de pesos, equivalentes al 15.8 por ciento del presupuesto total de ese año. No obstante, el 92 por ciento de esos recursos se concentraron en fideicomisos considerados No Entidad Paraestatal, por lo que habrían evadido el reglamento de disciplina financiera.
“En lo que a fideicomisos públicos se refiere, México obtuvo una calificación de 39 de 100, es decir, no había mejorado su transparencia respecto a los fideicomisos públicos considerados no entidad paraestatal”, escribió Padierna.
si se revisan los montos que actualmente concentran los fideicomisos públicos; datos de FUNDAR (2018) revelan que, el monto total de recursos públicos disponibles en 374 fideicomisos asciende a 835,477 millones de pesos (mdp), que equivalen al 15.8% de todo el presupuesto de 2018
“Con esta propuesta habría un fondo de alrededor de 91 mil millones de pesos que puede ser destinado para la atención de la pandemia y sus efectos”, afirmó Morena.
Por su parte, el Diputado Mario Delgado comunicó que revisarán cada caso propuesta en la iniciativa “con mucha responsabilidad y sensibilidad”.
El @GobiernoMX está realizando un esfuerzo extraordinario para enfrentar el impacto económico del #Covid_19 sin endeudar al país. La extinción de fideicomisos va en ese sentido. Vamos a revisar cada caso propuesto en la iniciativa de hoy con mucha responsabilidad y sensibilidad.
Conforme a la Ley de Austeridad Republicana el presidente López Obrador decretó que los fideicomisos públicos, que ascienden a 150 mil millones de pesos, pasen a formar parte de la Tesorería de la Federación. Serán utilizados para reforzar programas sociales, de recuperación económica, pago de deuda y apoyo a Pemex.
Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que impide que las instituciones del Estado mexicano puedan comprometerse a ejercer recursos que incluyan fondos de fideicomisos públicos (sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal) y les solicitó concentrarlos en la Tesorería de la Federación.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio como plazo el 15 de abril para que las dependencias a cargo de estos fideicomisos realicen el movimiento. El mandatario aseguró en su conferencia de prensa matutina que la decisión se tomó en línea con la Ley de Austeridad Republicana.
“La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales. Hay fideicomisos que si están creados por ley y no se pueden eliminar por decreto”, expresó. Además enfatizó que “hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos de Hacienda o del Ejecutivo”.
El monto al que ascienden las partidas de estos recursos es de 150 mil millones de pesos, dijo el Presidente López Obrador, con los que se buscará fortalecer los programas sociales para proteger a la población más pobre. También se pretende que ayuden a la reactivación económica, de los créditos y todo lo que se oriente a impulsar la industria de la construcción.
El tercer tema que buscó que el recurso fortalezca es el apuntalmiento de Pemex ante la caída de los precios del petróleo a nivel internacional y finalmente el pago de deuda, concepto al que dijo se destinarán la mayoría de los recursos “porque no queremos que se incremente la deuda”.
El monto asignado ascendería a un punto porcentual del Producto Interno Bruto nacional, especificó y planteó que esta decisión ayudará más a la economía nacional que otras medidas de ahorro que explicará el domingo, cuando haga la presentación del plan de fortalecimiento económico.
El decreto publicado en el DOF consideró el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que uno de sus principios rectores el de “Economía para el bienestar” por el que se comprometió el Gobierno de México a impulsar el crecimiento con austeridad y sin corrupción, con base en la disciplina fiscal, el cese del endeudamiento, el respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno, el impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación.
“Es propósito del Gobierno de México que la Administración Pública Federal se conduzca con Austeridad Republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”, cita el documento.
Además destacó que es necesaria la permanencia de fideicomisos y fondos públicos por lo que se determinó que los recursos públicos que los integren sean enterados a la Tesorería de la Federación y se ejecute el proceso para su extinción.
El Presidente López obrador instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los procesos para dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.
A las entidades ejecutoras de gasto les pidió coordinar las acciones para entregar los recursos a más tardar a medio mes de abril. Además, deberán abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos federales con cargo en estos fideicomisos públicos.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su titular, queda facultada para resolver las excepciones a lo previsto en el artículo anterior en consulta con la Secretaría de la Función Pública”, puntualizó.
Del decreto el mandatario mexicano dejó fuera a los fideicomisos constituidos por mandato de Ley o Decreto legislativo que para su terminación requieran de reformas constitucionales o legales, así como a los instrumentos jurídicos que sean mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
Uno de los fines de la Ley Federal de Austeridad Republicana es eliminar pensiones de retiro a ex presidentes de la República.
Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– Con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto que expide la Ley de Austeridad, “con modificaciones propuestas por el Senado de la República”.
La Ley Federal de Austeridad Republicana pretende dar fin al derroche, los lujos de altos funcionarios públicos.
La Cámara informó que se aprobó la Ley con los siguientes fines:
–Eliminar privilegios como seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación y cajas de ahorro especiales.
–Evitar el engrosamiento del aparato burocrático y la duplicidad de funciones.
–Mejorar la distribución y calidad del gasto público.
–Eliminar pensiones de retiro a ex presidentes de la República, distintas de las que otorga el ISSSTE.
–Limitar uso de bienes muebles e inmuebles del Estado y de los recursos humanos al servicio de éste, a fines de utilidad pública.
–Disminuir las compras gubernamentales.
–Propiciar un manejo más transparente de fideicomisos, fondos o figuras análogas.
Las medidas de austeridad no afectarán derechos sociales y deberán aplicarse en el gasto corriente no prioritario, indicó la Cámara.
“Se trata de establecer en la ley que no se repitan esos penosos episodios de la vida pública donde el Gobierno y las dependencias despilfarraban los recursos, se financiaban excesos, privilegios y frivolidades”, señaló el coordinador de Morena en el palacio de San Lázaro, Mario Delgado Carrillo.
“A partir de la aprobación de la Ley de Austeridad seguramente vamos a tener un Gobierno más ligero, austero y muy eficiente”, expuso Delgado Carrillo.
López Obrador aseguró que buscará una reforma para convertir en delito grave la evasión fiscal y emisión de facturas falsas; impedir que se pueda condonar impuestos a grandes contribuyentes; y aprobar la Ley de Revocación de Mandatato y de Consulta Popular.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial por querer “corregir la plana” e invadir las atribuciones del Congreso de la unión.
En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eximir a los órganos autónomos de cumplir con lo establecido en la Ley de Austeridad Republicana.
“El Poder Judicial está queriendo corregir la plana, está queriendo legislar y no está respetando lo que establece, con claridad, la Constitución”, señaló en su mensaje.
López Obrador instó a los legisladores a revisar el tema, a fin de que ningún funcionario perciba un sueldo más alto al del Presidente.
“Creo que los legisladores van a tener que revisar este asunto. Pero hay que respetar la constitución”, añadió.
El mandatario mexicano aseguró que dicha ley permitirá “bajar los sueldos de los de arriba, para subir los sueldos de los de abajo”.
LOS PENDIENTES
Acompañado de los coordinadores de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Mario Delgado, el Presidente informó que llevó a cabo una revisión de los avances en materia legislativa de su movimiento.
López Obrador destacó la aprobación, con el aval de todos los partidos, de la Guardia Nacional, la Reforma Educativa, la Ley de Austeridad Republicana y el agravamiento de delitos como la corrupción y el fraude electoral.
Sin embargo, dijo que aún están pendientes una reforma al sistema de salud pública, a fin de crear el Instituto de Salud para el Bienestar y la generación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado;
Además, solicitó una reforma para convertir en delito grave la evasión fiscal y emisión de facturas falsas; impedir que se pueda condonar impuestos a grandes contribuyentes; y aprobar la Ley de Revocación de Mandatato y de Consulta Popular.
Por su parte, Delgado informó que la próximo semana tendrán un pedido para aprobar la designación de Arturo Herrera como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como para diseñar y votar las leyes secundarias de la Reforma Educativa y la Ley de Extinción de Dominio.
Mientras Monreal destacó el respeto de López Obrador a la separación de poderes, y aseguró que en el Senado continuará el diálogo y la búsqueda de acuerdos con las demás fuerzas políticas.
PRI, PAN, CMC y PRD se abstuvieron de la votación y esperan que algunos puntos sean discutidos para incluir sus propuestas.
Ciudad de México, 30 abril (SinEmbargo).– Las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado.
En una votación que tuvo lugar la noche de ayer, con 42 votos a favor y 18 abstenciones, se aprobó el documento mismo que será enviado al Senado de la República para que sea discutido y votado el día de mañana en el pleno.
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT) , fueron los partidos que votaron a favor del proyecto, mientras Partido Acción Nacional (PAN) Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvieron en la votación pues desean que se incorporen al dictamen las propuestas que hicieron.
El proyecto contempla algunas prohibiciones como que ningún funcionario de gobierno gane más que el Presidente de la República, la eliminación de seguros de vida, gastos médicos mayores y separación individualizada, así como el proyecto prevé la regulación y transparencia de los fideicomisos públicos.
Aunque se había insistido en que esta ley haría que los servidores públicos trabajaran también los días sábado, hasta el momento, dicha medida ha quedado fuera del proyecto.
Hace unos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los funcionarios de gobierno deberían trabajar los días sábado, e incluso los domingos su fuera necesario, pues es un honor servir al pueblo.
Los funcionarios públicos no podrán, por ejemplo, usar el erario para viajar en primera clase.
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Congreso de la Ciudad de México avaló la Ley de Austeridad, que prohíbe a funcionarios públicos que usen el erario para contratar seguros de vida, utilizar la primera clase de los aviones para viajes oficiales, entre otras comodidades.
La Ley parte de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, y busca ser parte de la nueva política transparente, de acuerdo con integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El 7 de diciembre, el Ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones y prohibió que se utilice para fijar los salarios de los funcionarios que tendrán en 2019.
La acción de inconstitucionalidad fue impulsada por senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) contra la reducción de salarios de los funcionarios.
Esta mañana, Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, leyó un posicionamiento en el que aseguró que es falso que ganen más de 600 mil pesos al mes.
“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos mensuales, que no corresponde ni cercanamente a la realidad. Sólo para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, acusó.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito acusó una campaña de desprestigio en su contra y anunció que continuarán los amparos en contra de la política de austeridad del nuevo Gobierno, a lo que llamó “un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación compartió además un tuit desde su cuenta en la que dice que “es falso que alguien en el Poder Judicial de la Federación gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales”. Y compartió una liga con datos.
Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales. Consulta aquí la información real que cada año, de manera transparente, se publica en el DOF. https://t.co/78c7DRjjWL
Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre la prohibición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de utilizar la Ley de Remuneraciones para definir los salarios de los funcionarios en el Presupuesto de 2019. Dijo que respeta la decisión pero criticó los salarios de más 600 mil pesos mensuales.
“Los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y de manera particular en el poder Judicial, llegan a percibir hasta 600 mil pesos mensuales, eso es ofensivo”, detalló. “Eso es una arbitrariedad”, agregó.
Casi a la par, en las escalinatas de la sede del Poder Judicial, Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, leyó un posicionamiento en el que aseguró que es falso que ganen más de 600 mil pesos al mes.
“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos mensuales, que no corresponde ni cercanamente a la realidad. Sólo para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, dijo.
En el documento leído por la mañana, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito señaló que en una democracia fortalecida “no caben los jueces dóciles, al servicio de nadie”.
“Diariamente con nuestras resoluciones hacemos valer los derechos humanos de las personas contra los actos arbitrarios de las autoridades. Lo que suele ser no muy cómodo, pero esa es la democracia constitucional”, agregó.
Aseguró que la “irreductibilidad salarial” no se trata de un privilegio sino de una garantía de independencia y que está reconocida de manera expresa en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ha ratificado.
“La independencia no es un marco de impunidad, es el derecho humano de cada uno de los mexicanos para poder tener un juez federal que lo defienda de los abusos de las autoridades”, leyó Luis Vega Ramírez.
“No puede llamarse democrático un país donde no haya contrapeso de poderes2”, agregó.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito informó que ha impulsado una amplía defensa que incluye la presentación de demandas de amparo.
Dijo que buscan proteger a magistrados y jueces “de lo que consideramos un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación, el cual ha sido dotado por la Constitución de mecanismos de autoregulación”.
“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados ante la opinión pública como ejercicios modernizadores”, dijo.
“Sin embargo en el fondo se esconde su verdades intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y vulnerar el Estado de Derecho”, acusó.
La Asociación consideró que “el riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”.
“Desempeñar un cargo de este tipo implica asumir diversos riesgos, que se han hecho cada vez más evidentes por los tiempos difíciles que vive el país. Además de las presiones derivadas de los vaivenes políticos, también enfrentamos situaciones que ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”, dijo.
También acusó que “el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen la rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros poderes”.
Luis Vega Ramírez dijo que lo que se requiere no es el enfrentamiento ni los señalamientos, sino que proponen el diálogo y el entendimiento entre poderes.
En una convocatorio que circuló en redes sociales, la Asociación llamó a que los magistrados y jueces salieran hoy en los edificios sedes del Poder Judicial a que leyeran el posicionamiento institucional.
Esta mañana, el Presidente López Obrador también dijo que el asunto de los salarios aún no está resulto, porque quienes van a decidir son los diputados en el Congreso, y que “lo que se resuelva en definitiva, nosotros lo vamos a acatar”.
López Obrador aseguró que se van a transparentar todos los sueldos y puestos de los funcionarios del Gobierno federal, para que los ciudadanos sepan cuántos trabajan en el servicio público, cuál es su labor y cuánto ganan.
“Se va a transparentar la nómina del Gobierno federal, todos los ciudadanos van a poder acceder a la nómina del Gobierno federal: es decir, quién trabaja, en qué trabaja y cuánto gana. Hasta ahora no hay una nómina confiable, transparente”, detalló. Aseguró que ni los investigadores más experimentados saben exactamente cuánto ganan los funcionarios porque, dijo, no existe una nómina que agrupe todo.
Los diputados de Morena recuerdan que en México hay más de 53.4 millones de personas en pobreza, y a la par ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios.
Esta situación, agrega, “hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno como un criterio rector del servicio público, que reduzca el costo de las distintas entidades, eliminando el dispendio de los recursos públicos”.
Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, anunció que se acordó con los integrantes de la Jucopo una reducción en las remuneraciones mensuales de los diputados de 28 por ciento en el período de septiembre y diciembre de este año. Con lo que los legisladores de la actual legislatura ganarán 91 mil 507 pesos netos mensuales, a diferencia de los de la pasada legislatura que percibía 28 mil 230 pesos netos.
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El Grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que encabeza el Diputado Mario Delgado, presentará hoy ante el pleno de la Cámara Baja su iniciativa para la Ley de Austeridad Republicana que busca “erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado”. La propuesta incluye la reducción de salarios de funcionarios públicos y la cancelación de las pensiones a los ex presidentes del país.
“El propósito es claro: hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos”, se lee en la iniciativa publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa, detalla el documento, incluye:
–La reducción de salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los tres poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
–Establecer la prohibición expresa a pensiones de retiro de ex presidentes de nuestro país.
–Incorporar a todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social, y en consecuencia prohibir la contratación de seguros privados de gastos médicos o de vida con cargo al erario; así como que no se establezcan regímenes de privilegios o de jubilación, pensión o haberes de retiro.
–Evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.
–Restringir a los casos estrictamente justificados el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores.
–Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población.
–Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.
–Establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.
“En cumplimiento al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado 1 de julio y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por el Presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como por las diputadas y diputados que impulsamos este proyecto de nación”, de lee en el documento de iniciativa.
“Reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como principio de observancia obligatoria para todo servidor público y transversal a todo el gobierno”, agrega.
El Grupo parlamentario de Morena precisa que esta Ley de Austeridad no afectará, suprimirá, disminuirá ni restringirá programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes.
Recuerda que en México hay más de 53.4 millones de personas en pobreza, y a la par ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios.
Esta situación, agrega, “hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno como un criterio rector del servicio público, que reduzca el costo de las distintas entidades, eliminando el dispendio de los recursos públicos”.
“Las cifras del dispendio son exorbitantes, año con año se develan escándalos de derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos, como lo son, enunciativamente, seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y bebidas, comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes”, señala.
LOGRAN ACUERDO DE RECORTE EN DIPUTADOS
En conferencia de prensa, Mario Delgado anunció que sí habrá una reducción del 28 por ciento en las remuneraciones mensuales de los legisladores como el fondo de ahorro, seguro de gastos médicos mayores y de separación tal y como se aseguró en un principio.
El coordinador de Morena en San Lázaro indicó que el ajuste es a la parte de honorarios y que cada grupo parlamentario será el encargado de definir su ajuste a partir de la bolsa global de honorarios.
Delgado indicó que en la Legislatura pasada los diputados percibían 128 mil 230 pesos netos mensuales, ahora, los integrantes de la LXIV Legislatura ganarán 91 mil 507 pesos en términos netos.
“Los diputados que acabaron la Legislatura tenían una remuneración mensual de 128 mil 230 pesos netos. Con la cancelación que estamos haciendo, desde el 1 de septiembre, del seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y el fondo de ahorro, en total quedaría en términos netos en 91 mil 507 pesos. Hay una reducción de 28 por ciento”, explicó.
Estamos cumpliendo el compromiso de eliminar excesos y privilegios. A partir del 1 de septiembre cada diputad@ federal cuesta $36,723 menos. El paquete inicial de ahorros en la @Mx_Diputados suma $409 millones para 2018. pic.twitter.com/xmyRPSPE0y
Delgado Carrillo comentó que buena parte del presupuesto de 2018 se encuentra ejercido o comprometido, pero en el de 2019 habrá más posibilidad de reducirlo de manera significativa.
La remuneración total mensual de los diputados está integrada por, además del sueldo, “aportaciones a seguridad social, ahorro solidario del ISSSTE, gratificación de fin de año, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y fondo de ahorro”.
A pregunta expresa, apuntó que el monto del salario de los diputados, que está bajo el concepto de dieta neta mensual, se revisará en la discusión del presupuesto de 2019 y deberá quedar sujeto a lo que establezca la eventual reglamentación del artículo 127 constitucional, para que ningún legislador gane más de lo que anunció el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que serán 108 mil pesos.
Delgado Carrillo también comentó que la bolsa global para la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, principalmente de asesores para los diputados, se redujo en 138 millones de pesos, por lo cual cada grupo parlamentario habrá de realizar sus ajustes para contratar este tipo de trabajadores.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
