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En la evaluación de los programas sociales del actual Gobierno en su primer año de implementación, realizada por el Coneval, se encontraron buenas y malas acciones: por un lado se reconoce que se cubre a población que lo necesita a través de vías más comunitarias, pero por otro se encontró que la mayoría de los programas se fueron definiendo mientras se implementaban.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- Los 17 programas sociales implementados por el Gobierno de México y en los que reposa gran parte del plan político del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron fallas relacionadas con el cumplimiento de las normatividades, otras provocadas por la austeridad y también en los objetivos planteados.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que por mandato constitucional es el encargado de realizar evaluaciones a los programas sociales, encontró en este primer año que en muchos casos el diseño del programa se fue definiendo a la par de su implementación; que el inicio de operaciones de los programas se llevó a cabo con poca infraestructura física o recursos humanos insuficientes en el contexto de austeridad y con recortes a los recursos en diferentes momentos durante el año de análisis, y que algunos programas modificaron las Reglas de Operación porque se ajustaron a la par de la implementación, lo que pudo propiciar falta de certeza sobre el programa, tanto en los operadores como en los beneficiarios.

De acuerdo con el informe “Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020”, la austeridad presupuestal requirió que se priorizaran los procesos de la implementación, como por ejemplo la entrega de apoyos para llegar a la mayor cantidad de población con el menor costo posible. El Presidente López Obrador apuró el censo que elaboraron los Servidores de la Nación durante el periodo de transición para poder entregar los apoyos durante los primeros 2 meses de Gobierno.

Sin embargo, eso provocó que otros procesos fueran dejados de manera secundaria, como los relativos a la supervisión y el seguimiento a beneficiarios.

Los cambios a lo largo del primer año de operación provocaron falta de claridad en la definición del problema que pretenden resolver, “estas modificaciones […] eran necesarias dado que algunos programas tuvieron un diseño preliminar que se ajustó a la par de la implementación; sin embargo, este proceso pudo propiciar falta de certeza sobre el programa, tanto en los operadores como en los beneficiarios”, puede leerse en el informe.

Por otro lado, el Coneval resaltó que las políticas implementadas por la actual administración sí muestran una diferencia con los anteriores en la población que buscan atender, ya que se enfocan principalmente en las localidades más marginadas y recogen el conocimiento de las propias localidades para su funcionamiento.

Los pros y contras están presentes en los tres principales programas sociales, que son Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.

LOS CAMBIOS DE LA STPS

El Coneval encontró en este programa manejado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que se atinó en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información para acercar sus bienes y servicios a una generación cada vez más digitalizada y de la información que dispone para determinar si un joven cumple con los criterios de elegibilidad.

En las fallas, que ya se hicieron llegar a la STPS para su mejora, el Coneval señaló que el programa no cuenta con información para caracterizar a los beneficiarios “socioeconómicamente de manera precisa”, tampoco para conocer si pertenecen a alguno o varios de los grupos que son considerados población prioritaria de atención.

La STPS modificó el objetivo general del programa, ya que en 2020 es “incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan”, mientras que en 2019 era “aumentar la empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral de las y los jóvenes”.

También modificó de cinco a cuatro objetivos específicos, eliminando el que buscaba el desarrollo de habilidades técnicas y buenos hábitos de trabajo que contribuyeran a la inclusión social y laboral de los beneficiarios.

El informe señala que también hay falta de claridad, cuando el problema público que busca atender el Programa es distinto entre los diferentes documentos normativos analizados, “algunas categorías y conceptos aún no se encuentran definidos y se hace alusión a diversos problemas sociales (exclusión laboral, baja empleabilidad, oferta de trabajo en el sector informal, falta de personal capacitado, entre otras), lo que genera incertidumbre sobre cuál es el problema específico que se espera mitigar con la intervención, así como los resultados e impactos que se quieren alcanzar en el corto y mediano plazos”.

Finalmente se hizo énfasis en que se incorpore la perspectiva de género, estrategias multiculturales y esquemas diferenciados en favor de las y los jóvenes con mayores rezagos sociales, así como fortalecer su presencia en municipios y localidades marginadas y con altos índices de violencia y disponer de estrategias para favorecer que la juventud no escolarizada o que no tienen acceso a las tecnologías de la información o que tienen alguna condición de discapacidad puedan conocer y postular al programa.

En el ejercicio fiscal 2019, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo un presupuesto de 40 mil millones de pesos, el cual se modificó a 23 mil 915 millones de pesos. En 2020, el programa dispone de un presupuesto aprobado de 24 mil 956 millones de pesos.

Al cierre de su primer año de operación (2019) el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro logró atender a un millón 120 mil 543 jóvenes, superando su meta prevista de 1 millón de jóvenes atendidos para ese mismo año.

SEMBRANDO VIDA APUESTA POR FIDEICOMISOS

Otro de los programas principales del actual Gobierno es el de Sembrando Vida, que busca potenciar la generación de diálogos para el aprendizaje y encuentros intergeneracionales, mediante la creación de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) que son el sujeto colectivo del programa, integradas por un promedio de 25 personas.

Estas Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) buscan recuperar el conocimiento tradicional a través del intercambio de experiencias y saberes entre los sujetos de derecho y los técnicos del programa, de esta forma se recupera el conocimiento tradicional, se mejoran los cultivos para garantizar el autoconsumo y se propicia la organización y cooperación de las comunidades.

Por el otro lado están las fallas. De acuerdo con el Coneval, la entrega de plantas, herramientas e insumos deben estar acordes a los ciclos productivos, puesto que hacerlo de manera posterior genera un alto porcentaje de mortandad de las plantas en caso de no contar con riego. Por ello, es necesario que los calendarios de compra, distribución y entrega de plantas e insumos estén acordes a los ciclos agrícolas.

Además, es primordial que se complemente el diagnóstico con información sobre los criterios empleados para definir la estrategia de cobertura, con el fin de diseñar procedimientos que garanticen la adecuada priorización de la población objetivo. En particular considerando que para 2020 el programa cuenta con mayores recursos y debe expandir su población atendida.

En el caso de la entrega de apoyos, el hecho de únicamente trabajar con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y no con una serie de instituciones de la red, como se establece en las Reglas de Operación afecta el acceso a los recursos financieros de los beneficiarios, ya que BANSEFI se caracteriza por no tener suficientes sucursales ni cajeros, por lo que genera dificultades a los beneficiarios para retirar el apoyo.

Para 2020, la Secretaría del Bienestar modificó el monte de ahorro para 2020: de los 5 mil pesos mensuales se descuentan 500 pesos que se destinan como ahorro del sujeto de derecho, de esta cantidad 250 pesos se asignan a una cuenta de inversión de ahorro y 250 pesos se destinan al Fondo de Bienestar (DOF, 2020).

El Fondo es un ente independiente del programa, bajo la figura jurídica de fideicomiso privado, el cual contará con un contrato y Reglas de Operación propias, pero en el ejercicio de evaluación no se encontraron documentos en los que se describan los mecanismos de operación del Fondo del Bienestar y los avances en su administración tampoco se encuentran documentados.

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS BECAS

Este programa está dirigido a los niveles educativos que presenta mayores desafíos de cobertura: educación inicial y preescolar. De acuerdo con la experiencia del Coneval, si bien una beca no es condición suficiente para que este grupo supere todas las barreras, sí apoya a la economía familiar de las y los beneficiarios.

Pero, hay otra evidencia derivada del análisis de intervenciones similares, que indica que programas con transferencias monetarias a un miembro por familia han tenido efectos contrarios en la tasa de asistencia escolar de los otros.

“Por ello, es necesario garantizar que el apoyo que se transfiere por familia no tenga efectos adversos como la afectación a la trayectoria educativa de algunos de sus integrantes, poniendo principal atención a la perspectiva de género”, señala informe. Sobre esto agrega que el programa no tiene mecanismos para monitorear y dar seguimiento a la inscripción escolar de las niñas, los niños y los adolescentes de las familias atendidas por el programa.

Además, ni el personal educativo de las escuelas con familias beneficiarias ni el personal educativo conocen con detalle el funcionamiento actual del programa, ni su posible participación en él y tienen poca información sobre la continuación de las tareas de validación sobre inscripción y asistencia de becarios, como lo hacían en 2018.

Se determinó que la difusión del programa es insuficiente, ya que se observaron inconsistencias entre los mensajes divulgados por diferentes actores, principalmente en temas relacionados con la operación del programa, selección de las familias beneficiadas, entrega de medios de pago y los calendarios de pago, entre otros, teniendo como resultado poca certeza en el funcionamiento del programa en las localidades visitadas.

En las mesas de atención participaron entre otros actores: operadores del programa Servidores de la Nación, que forman parte de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, y personal del Banco del Bienestar, y ahí se observó que algunos operativos presentaron problemas en la organización y desinformación de los funcionarios presentes.

Respecto a la disposición de las becas, no se cuenta con un calendario de pagos, razón por la que las personas beneficiarias tienen que acudir al cajero a consultar su saldo o llamar al teléfono del Banco del Bienestar, lo que en algunos casos implica un gasto para las familias.

Durante 2019, el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez contó con un presupuesto de 25 mil 780 millones de pesos para su operación y atendió a 3 millones 727 mil 454 familias a nivel nacional en este mismo año.

Para el ejercicio fiscal 2020 el programa dispone de un presupuesto aprobado de 30 mil 475 millones de pesos.