Versiones extraoficiales señalan que los sicarios serían integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cártel De Sinaloa, de quienes uno perdió la vida, otro resultó herido y uno más fue detenido.
Por Alejandro Monjardín
Sinaloa, 2 de agosto (RíoDoce).- Un enfrentamiento entre policías municipales y sicarios dejó un saldo de al menos un herido y un muerto en Elota.
Videos captados por testigos muestran que los oficiales le marcaron el alto al vehículo en el que viajaban los supuestos criminales. Luego de unos momentos de discusión, inició el enfrentamiento.
Información de las corporaciones policiales indica que el tiroteo ocurrió en la entrada a La Cruz.
De acuerdo con los datos los agentes municipales circulaban por la zona cuando fueron atacados a balazos por civiles que viajaban en un vehículo Volkswagen y se inició un tiroteo.
Está tarde se suscitó un enfrentamiento entre policías estatales y sicarios de “los Chapitos” (Faccion del Cártel De Sinaloa ) dejando como saldo:un sicario abatido,otro detenido y uno herido.#MéxicoEstadoFallido ?️ 05 pic.twitter.com/P4WkRAb9zr
— La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) August 3, 2021
Elementos de las corporaciones estatales, Guardia Nacional y el Ejército mantienen un operativo en la zona.
Para Seguritech, la inseguridad del país se convirtió en una oportunidad de negocios con gobiernos estatales, especialmente con el de Sinaloa, que le otorgó contratos millonarios sin licitación pública de por medio, y por un equipo que ya es obsoleto.
Sinaloa/Ciudad de México, 29 de enero (Noroeste/SinEmbargo).- La administración de Mario López Valdez en Sinaloa contrató la firma Comunicación Segura, del grupo Seguritech, para rentar helicópteros, vehículos blindados, camiones de vigilancia, videocámaras y el complejo de seguridad C4i por un monto de mil 307 millones 218 mil 146 pesos en pagos anuales.
Pero este equipo ya no funciona. De acuerdo con la empresa, el Gobierno del estado no le notificó sobre la necesidad de su mantenimiento.
Todo el equipo se rentó, y su contrato incluye una cláusula que menciona la opción de compra al final de éste, por eso, a la fecha se mantiene una negociación entre la empresa y la administración de Quirino Ordaz Coppel en el Gobierno del Estado.
La empresa que contrató López Valdez es la misma que ha construido y rentado servicio de seguridad a otros 10 estados del País: Sonora, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Colima, Guanajuato y en seis delegaciones de la Ciudad de México.
Las entidades contrataron la firma para rentarle, con contratos multianuales, tecnología y edificios para crear inteligencia de seguridad.
Entre los servicios que ofrece Seguritech están los inmuebles que se llaman C4 o C5, que son complejos para crear inteligencia policial, así como vehículos blindados, helicópteros, aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros, lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones y vigilancia satelital.
En total, la empresa ha ganado 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos desde 2007 a la fecha, según contratos obtenidos por Noroeste a través de los portales de transparencia de los estados y reportes de auditorías federales y locales.
Sin embargo, la empresa ha dejado un mal historial en distintos estados del País, entre ellos Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México.
En esas entidades se ha revelado, a través de auditorías locales y federales, que los procesos de contratación para rentas fueron irregulares, porque debieron licitarse dado su elevado monto, pero los gobiernos locales decidieron hacerlo de forma directa, sin concurso público.
Las auditorías también han cuestionado fallas en los equipos y los modos de operación de la empresa en los estados, como el que Seguritech solicita en los contratos que la información de contratación no se diera a conocer de forma pública.
Todos esos detalles ocurrieron en Sinaloa, pero la Auditoría Superior del Estado en ningún momento hizo observaciones.
Gobierno del estado mantiene negociaciones con la empresa para liquidar la deuda, y en medio de ese acuerdo deberá decidir si se queda o no con el complejo de seguridad llamado C4i, pues, aunque este se encuentra construido en un terreno del Estado, el edificio es propiedad de Seguritech.
INSEGURIDAD, LA OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO
Para Seguritech, la inseguridad del país se convirtió en una oportunidad de negocios con gobiernos estatales, al recibir contratos millonarios sin licitación pública de por medio.
Contrato con Sinaloa: Mil 307 millones 218 mil 146 pesos
Para qué: rentar de helicópteros, vehículos blindados, camiones de vigilancia, videocámaras y el complejo de seguridad C4i.
Deuda: Gobierno del Estado debe 327 millones de pesos para liquidar a la empresa.
La CNDH urgió al Gobernador de Sinaloa , Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los presidentes Municipales de esos dos Ayuntamientos, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente, reparar el daño causado contra las víctimas de desplazamiento en los municipios de Leyva y Choix.
Al menos 2 mil 38 personas son víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en la sierra de Sinaloa. El reporte dice que el gobierno no protegió a esas personas que fueron desplazadas de las montañas por la violencia del narcotráfico en los últimos cinco años
La violencia también se extiende al sector minero de la entidad. Desde 2015 empresarios mineros pidieron seguridad pero no los atendieron. Se han registrado robos, asaltos y ataques contra empleados, así como el cierre de 60 minas en Concordia y Rosario por la inseguridad.
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Al menos 2 mil 38 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en la sierra de Sinaloa mientras que las autoridades omitieron protegerlas y vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personas y acceso a al justicia, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo defensor de los derechos humanos urgió al Gobernador de Sinaloa , Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los presidentes Municipales de esos dos Ayuntamientos, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente, reparar el daño causado contra las víctimas de desplazamiento en los municipios de Leyva y Choix.
“Diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros”, mencionó la CNDH en su recomendación.
Para la Comisión Nacional, quedó acreditado que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, “fueron negligentes en su investigación, violando el derecho a la adecuada procuración de justicia”.
De igual manera, se observó que el desplazamiento forzado generó violación del derecho a la propiedad de esas personas, que huyeron de sus lugares de origen y resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes.
El 21 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a la CNDH, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias (mil 475 personas) que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva.
En tanto que el 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas en Choix. Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa.
Tras su investigación, la CNDH acreditó que diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia del crimen organizado que impera en los lugares en que estaban las personas desplazadas en ambos casos, sin realizar acción alguna para brindarles seguridad y protección ante tales hechos y, en su caso, la atención y asistencia adecuadas a fin de garantizar sus derechos fundamentales.
REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
La CNDH solicitó al Gobernador de Sinaloa y a las autoridades municipales de Choix y Sinaloa de Leyva diseñar e implementar un programa de reparación integral colectiva que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida y puedan reestablecer sus medios de subsistencia, llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica.
También ordenó realizar un censo para confirmar cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012.
Los sistemas DIF estatal y municipales, señaló, deberán implementar un programa de atención para que las personas víctimas de DFI tengan acceso a las ayudas establecidas en la Ley General de Víctimas; diseñar un programa de acceso a la vivienda.
A los gobiernos estales y municipales también se les recomendó se reconozca mediante un comunicado de prensa a las dos mujeres como defensoras de derechos humanos y desarrollar una campaña sobre la importancia de la actividad de las personas defensoras en general.
Al Fiscal General del estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, se le pidió investigar los delitos denunciados por las personas víctimas de desplazamiento forzado y determinar conforme a derecho las averiguaciones previas del caso.
Desde 2015, empresarios mineros advirtieron de violencia en la sierra de Sinaloa, pidieron seguridad pero no los atendieron.
Desde ese tiempo a la fecha han registrado robos, asaltos y ataques contra empleados, así como el cierre de 60 minas en Concordia y Rosario por violencia.
El diario Noroeste pudo hacer la revisión de actas de minutas del Consejo Estatal Minero, que se obtuvieron a través de solicitud de información.
En esas actas se documentó que desde el 7 de abril de 2015 iniciaron los ataques importantes, pues se registró el robo más grande de oro en México, considerado también como el cuarto más importante a nivel mundial, contra la mina “El Gallo 1”, de la empresa canadiense McEwing Minning.
En total fueron 900 kilos de oro en proceso para ser comercializado los que fueron robados.
Tras el robo, los empresarios en Sinaloa comenzaron a denunciar ante el Consejo Minero anomalías en la Sierra Madre Occidental, principalmente en Cosalá, Mazatlán, Concordia y Rosario.
“Es la primera ocasión que sucede algo de tal magnitud. Desde hace tres meses se han visto vehículos con personas armadas, sin mayores consecuencias”, señaló un directivo de la Minera Cosalá el 27 de agosto ante el Consejo Minero.
También un representante de la mina San José de Gracia, ubicada en Sinaloa, indicó que en esa fecha se advertía un recrudecimiento de violencia en la zona de los altos.
El Consejo Minero Empresarial de México sostuvo, al menos, cinco reuniones con funcionarios de PGR, la Defensa Nacional, Policía Federal y del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, pero la inseguridad no fue resuelta. Foto: Noroeste.
Antonio Flores, presidente de la Unión Minera de Sinaloa, advirtió también de grupos armados en Mazatlán, Concordia y Rosario, y que por ello se necesitaba videovigilancia, con el fin de inhibir posibles agresiones que, creía, podían suceder.
El pronóstico de los empresarios no era equivocado. Meses más tarde se registraron robos menores y ataques a empleados por grupos criminales en la Sierra de Sinaloa, por lo que solicitaron presencia de elementos policiacos.
Euridice González, representante del Consejo Minero Empresarial de México en Sinaloa, recordó que se tuvieron al menos cinco reuniones con funcionarios de PGR, la Defensa Nacional, Policía Federal y del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado.
“De 60 minas que había ahorita no está operando ninguna, son minas pequeñas, de baja escala, pero no se puede, no se puede trabajar, la gente se va por asesinatos que hubo ahí, que fueron contra trabajadores mineros, entonces la gente se va por miedo, los trabajadores no quieren trabajar así”, aseguró.
De acuerdo con empresarios mineros y la Secretaria de Desarrollo Social de Sinaloa, la intervención de grupos delictivos en el municipio de Concordia, Sinaloa, provocó el cierre de seis empresas dedicadas a la extracción de minerales en esas tres decenas de minas, lo que provocó también el desplazamiento de más de 750 personas.
Sinaloa/Ciudad de México, 18 de septiembre (Noroeste/SinEmbargo).– Por la violencia en Concordia, 30 minas cerraron de manera parcial en el sur de Sinaloa, durante los tres meses recientes.
De acuerdo con empresarios mineros y la Secretaria de Desarrollo Social de Sinaloa, la intervención de grupos delictivos en ese municipio provocó el cierre de seis empresas dedicadas a la extracción de minerales en esas tres decenas de minas, lo que provocó también el desplazamiento de más de 750 personas.
Rosa Elena Millán Bueno, Secretaria de Desarrollo Social, mencionó que existe un censo de al menos 35 familias que ya se trasladaron a la cabecera municipal de Concordia, pero que también se tiene información de otras familias que huyeron a otras zonas.
“Muchas de esas familias se han movido hacia el valle, hacia la zona baja, no tanto por la violencia. Pero hay otras zonas que sí se han movido por la violencia, es multifactorial la movilización de estas familias”, dijo.
“Eran 35 familias de Pánuco, El Coco y comunidades aledañas a la mina, porque eran 200 empleos, la gente se quedó sin nada, bajaron. La mina cerró por problemas de violencia, entonces es daño colateral que también a ellos les suma”.
Millán Bueno aseguró que el desplazamiento forzado de personas en Concordia se mantendrá en tanto las minas no se abran.
Empresarios mineros dijeron a Noroeste que en total son seis empresas que operan en Concordia que cerraron de forma parcial.
Esas seis empresas sostienen entre 30 y 40 minas ubicadas en la zona serrana de Concordia, pero tuvieron que parar extracción por amenazas y agresiones a trabajadores o sus familias.
El paro de labores afectó a alrededor de 750 personas que dependen de la minería, por lo que se prevé que el desplazamiento continúe en los próximos meses.
Cristóbal Castañeda Camarillo, subsecretario de Seguridad Pública en el Estado, reconoció que el cierre de minas se tiene desde enero de este año, con agresiones de parte de un grupo delictivo que se instaló en Concordia que ha provocado asesinatos y quema de casas.
“Se tiene la presencia de grupos delictivos en el área, estamos realizando reconocimientos y esperemos que con base a que tengamos mayores efectivos podamos canalizarlos a lugares donde hay incidencia”, señaló.
Por la incidencia en Concordia, prosiguió el subsecretario, la Secretaría de Seguridad Pública instaló un destacamento de la Policía Estatal y Policía Militar para hacer patrullajes en esas zonas, pero ante la falta de elementos no se ha logrado disminuir la incidencia delictiva.
Los heridos son Jesús Andrés “N”, de 47 años; así como Ramiro “N”, de 18 años; José Andrés “N”, de 17; Juan Manuel “N”, de 21; y un menor de 7 años que está grave, quienes iban en un carro Nissan Altima, azul, y eran acompañados por una mujer y un bebé, quienes resultaron ilesas; todos son originarios de Mazatlán.
Concordia, Sinaloa, 3 de julio (SinEmbargo/Noroeste).- Cinco integrantes de una familia resultaron heridos de bala al ser atacados por hombres armados, cuando circulaban en un carro por la carretera libre México 40, Mazatlán-Matamoros, a la altura de la comunidad de La Guásima.
Los heridos son Jesús Andrés “N”, de 47 años; así como Ramiro “N”, de 18 años; José Andrés “N”, de 17; Juan Manuel “N”, de 21; y un menor de 7 años que está grave, quienes iban en un carro Nissan Altima, azul, y eran acompañados por una mujer y un bebé, quienes resultaron ilesas; todos son originarios de Mazatlán.
Informes policiacos indican que el atentado ocurrió la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 221, cerca del poblado La Brecha, en La Guásima, donde la familia fue atacada a balazos por hombres armados que iban en otros vehículos.
Tras el ataque, el conductor del carro logró escapar de los hombres armados para llegar hasta la caseta fitosanitaria que está cerca de Concordia, donde fueron auxiliados por agentes federales que estaban en el lugar.
Al ver a los heridos, los agentes solicitaron el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja, por lo que acudieron dos ambulancias en las que los heridos fueron trasladados a hospitales de Mazatlán, escoltados por los agentes federales. Hasta el momento se desconoce el estado de los heridos.
El “gobierno del cambio” de Mario López Valdez llega a su fin con cuentas pendientes en deuda, inseguridad y crecimiento económico. Durante su sexenio, Sinaloa registró un incrementó del 23.96 por ciento en homicidios dolosos con respecto a la administración anterior, considerada, hasta este momento, la más violenta de los últimos 18 años. Entre las víctimas están cinco “personas incómoda” para el gobierno (periodistas, activistas y funcionarios) cuyos crímenes siguen impunes. Además, la actividad criminal durante la administración malovista desplazó a unas 33 mil personas. Con respecto a la deuda pública, el panista asegura que ésta se encuentra en 8 mil 221 millones de pesos y que él se va “sin nada”, sin embargo, partidos de la oposición estiman que la cifra asciende a 11 mil millones de pesos.
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, llegó a la gubernatura de Sinaloa el 1 de enero de 2011 como abanderado de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia con el emblema “El cambio es ahora” tras vencer, por primera vez en la historia del estado, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con la promesa de acabar con la violencia.
Antes de ser electo, el entonces candidato a la gubernatura invitaba a la gente a votar por “un cambio” utilizando la imagen de una mujer que lloraba la muerte de su hijo de 23 años, quien fue asesinado dentro de un penal. “Ya no queremos más de lo mismo. En Mazatlán, 60 internos lo atacaron con armas y puntas. Los sinaloenses decimos ya no más violencia”, se leía en los pendones exhibidos por todo el estado.
Hoy, a seis años de prometer erradicar la violencia, Sinaloa es el cuarto estado más violento del país con mil 60 homicidios dolosos registrados tan sólo hasta noviembre de 2016. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la administración de “Malova” suma 8 mil 214 asesinatos, mil 588 más que en el sexenio del priista Jesús Aguilar Padilla (6 mil 626), considerado, hasta este momento, el más violento de los últimos 18 años.
Otros delitos de alto impacto con los que la administración de López Valdez rompió récord son: robo con violencia (33 mil 199), principalmente de vehículos y a negocio; violación (mil 32) y secuestro (125), de acuerdo con datos oficiales.
En agosto de 2016, Sinaloa, junto con Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero y Tamaulipas, fue incluido por Canadá en la “lista negra” por los altos índices de actividad criminal, misma que desplazó a 33 mil 770 personas– tan sólo en junio pasado, 300 familias se vieron obligadas a salir del estado– de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que colocó a la entidad como la cuarta con mayor número de personas desplazadas.
La ola de violencia en Sinaloa durante la administración malovista estuvo marcada por la confrontación entre los cárteles de Sinaloa, ahora dirigido por Aureliano Guzmán Loera, y de Los Beltrán Leyva. El conflicto estalló en junio pasado en la comunidad de La Tuna, en Badiraguato, luego de que un comando allanó la casa de Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y mató a al menos nueve personas, según medios locales. En los siguientes días, decenas de familias de los poblados vecinos abandonaron sus casas, aparecieron más hombres ejecutados y otros cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas.
Aunque el gobierno del estado negó una disputa entre los cárteles, especialmente ante la posible reintegración de los capos de la vieja guardia, como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, la presencia de los grupos criminales en Sinaloa quedó evidenciada el pasado 30 de septiembre cuando elementos del Ejército sufrieron una emboscada en una carretera de Culiacán que dejó cinco muertos y 10 heridos.
Los posibles vínculos de López Valdez con el crimen organizado fueron revelados en julio de 2013 a través de un video difundido por el diario local Ríodoce, en el que aparecía, secuestrado, un escolta del Gobernador asegurando que su jefe protegía al Cártel de Sinaloa. En la misma grabación se expusieron conversaciones entre “Malova”, su Procurador y el jefe de la Policía Ministerial, a quienes les exigía, a costa de lo que fuera, garantizar la seguridad para dicha organización.
En un inicio, el Gobierno del estado habló de varios operativos para localizar al guardaespaldas, pero tras la difusión del video negó que éste perteneciera al equipo de seguridad de López Valdez y argumentó que el sujeto fue obligado a hacer esas declaraciones bajo el mecanismo de tortura. El 9 de agosto de ese año, en un punto entre Guasave y Culiacán, el cuerpo del escolta fue hallado envuelto en una cobija, en avanzado estado de putrefacción. La Procuraduría del Estado no abrió una investigación por este caso.
OTROS EXPEDIENTES SIN RESOLVER
El Gobierno de “Malova” se inició con el asesinato de Luis Pérez Hernández, ex Director de Gobierno y agente de inteligencia del estado, quien fue asesinado el 25 de enero de 2011 en el estacionamiento de un centro comercial de Guamúchil. Hasta este día su caso no ha sido resuelto y hay quienes aseguran que su ejecución tuvo que ver con información que él tenía sobre el gobierno de Sinaloa.
El 25 de agosto de ese año, el cuerpo del periodista Humberto Millán fue localizado en Culiacán días después de ser “levantado”. Personas cercanas al comunicador aseguraron que tenía información crítica y delicada que podía tambalear el Gobierno de Mario López. Su caso también sigue impune.
La activista Sandra Luz Hernández acusó varias veces a la Procuraduría del Estado de omisión en la indagatoria por el crimen de su hijo. El12 de mayo de 2014, la mujer fue asesinada por un sujeto que le disparó en al menos ocho ocasiones. Su expediente sigue abierto y sin culpables.
El 23 de mayo de ese mismo año, el líder campesino Ramón Corrales Vega fue asesinado en el municipio de Choix, luego de encabezar, durante años, manifestaciones en contra de la instalación de empresas explotadoras de hierro que llevaron a la detención de 32 personas. El crimen no ha sido resuelto y los campesinos no volvieron protestar.
En 2009, Atilano Román y un grupo de comuneros comenzaron protestas por la construcción de la presa Picachos, el proyecto que desplazó a decenas de familias de distintos pueblos del sur de Sinaloa. El 11 de octubre de 2014, el líder del movimiento fue asesinado cuando conducía un programa de radio en el que hablaba sobre éste caso. La Procuraduría del Estado informó que tenía ubicados a los presuntos homicidas, sin embargo, a la fecha no hay ningún detenido.
MALOVA LE DEBE A TODOS, PERO DICE QUE SE VA SIN NADA
El panista concluye su administración en medio de protestas de jubilados, sindicalizados, maestros, policías y hasta de sus propios funcionarios por el adeudo de salarios, bonos y otras prestaciones.
Empleados de la Secretaría de Salud reclaman al gobierno de Mario López 60 días de aguinaldo y 11 mil pesos en vales de despensa para cada uno, lo mismo que policías municipales de Culiacán, Ahome y Mazatlán, quienes llevan semanas protestando en avenidas y sedes de las dependencias estatales.
Además, la administración de “Malova” tiene un adeudo de 100 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) afectando a al menos 15 mil empleados. Mientras que 150 miembros de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) aseguran que el gobierno de Sinaloa les debe, desde el impacto del huracán “Manuel” en 2013, 47 millones de pesos.
Casi 300 “trabajadores de confianza” del gobierno malovista también protestaron este mes por la suspensión de vacaciones, el pago de 15 días de aguinaldo y para exigir la entrega de al menos 59 millones de pesos en vales.
El gobierno de Mario López Valdez acumula una deuda de 9 mil 780 millones de pesos, incluidos pasivos de corto y largo plazos, según informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE); sin embargo, la Secretaría de Administración y Finanzas estatal asegura que la suma es de 8 mil 221 millones de pesos.
El ex priista fue llamado “el rey del crédito” por sus constantes peticiones de préstamos a la banca comercial para gasto corriente, recurriendo en 62 ocasiones a créditos quirografarios (a corto plazo, sin garantía y con la firma de un pagaré) desde el inicio de su mandato. El monto de estos créditos asciende a 14 mil 854 millones de pesos.
En su reciente informe, la ASE refirió que el endeudamiento del estado creció 89.3 por ciento de 2010 a 2015 y advirtió que ese manejo de las finanzas debía alertas a las autoridades, pues existe un elevado riesgo de insolvencia y falta de liquidez que afectaría programas y proyectos ya presupuestados.
Pese al endeudamiento y los discursos triunfalistas de “Malova” la economía del estado no repuntó. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que de 2.9 millones de habitantes que había en el estado en 2015, al menos 822 mil padecían pobreza y carencias alimentarias.
En su última conferencia de prensa, López Valdez dijo que él no se ve como el Javier Duarte de Sinaloa, pues nunca tomó ni un peso de manera indebida. “Nadie sabe que yo tenga ranchos, que tenga hoteles, que tenga presas, no soy un hombre de ambiciones, no me gustan los yates, los aviones, no llegué a la política para enriquecerme, llegué a la política para servir”, expresó.
En sólo cuatro años de gestión, la fortuna del panista, también empresario ferretero, aumentó 7.5 millones de pesos, al pasar de 21.8 millones en 2011 a 29. 4 millones de pesos, según su última declaración patrimonial.
Sin haber cumplido una sola de sus promesas y bajo la sombra del narcotráfico, “Malova” entrega el estado al priista Quirino Ordaz Coppel en peores condiciones de como lo recibió, con una deuda que sus opositores estiman en más de 11 mil millones de pesos y una “crisis humanitaria” por la ola de violencia que ha cobrado la vida de miles de personas, el desplazamiento forzado de otras tantas y la impunidad en cientos de casos de violaciones a derechos humanos.
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BREVES
POR GASOLINAZO, MANCERA PIDE REUNIÓNCON PEÑA
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, pidió al Presidente Enrique Peña Nieto que se reúna con el resto de los gobernadores para analizar las acciones que pueden implementar en los estados para enfrentar el aumento del 20 por ciento al precio de la gasolina, implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que impondrá cuatro precios para la venta del combustible en la capital del país.
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GOBERNADOR DE SLP ASISTE A LOS XV AÑOS DE RUBÍ
El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, fue fuertemente criticado por usar un helicóptero oficial para asistir a la fiesta de XV años de Rubí Ibarra, celebrada el pasado lunes en el ejido de La Joya, aun cuando el estado atraviesa por una histórica escasez de combustible. Durante el evento, el mandatario estatal confesó que su regalo para la joven fueron novelas y una computadora.
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CABEZA DE VACA PRESENTA SU 3DE3: 12 PROPIEDADES y 3MDP ANUALES
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presentó su declaración fiscal, patrimonial y de interés, misma que se negó a hacer pública cuando era Senador, en la que reporta, entre él y su familia, 12 propiedades, ocho cuentas bancarias, dos inversiones privadas y un ingreso anual de casi 3 millones de pesos, de acuerdo con los documentos publicados en la página web tresdetres.mx que fue creada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
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ASTUDILLO BLINDA GUERRERO ANTE LLEGADA DE TURISTAS
Héctor Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero, anunció, junto con el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, la implementación de operativos en playas y centros turísticos del estado para resguardar el arribo de turistas. Además, aseguró que en el municipio de Chilapa los homicidios disminuyeron 50 por ciento desde que en noviembre pasado el Ejército reforzó ese municipio.
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FRASES
“Me ha tocado vivir momentos complicados en el país. En el 2003, cuando fui Diputado federal, el tema de las reformas, cuando en aquel tiempo se opuso la mayoría a que se llevarán a cabo”, refirió el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al anunciar que en los próximos tres meses invertirá parte de su tiempo en escribir un libro, mismo que utilizará para promoverse en diferentes estados como aspirante a la candidatura presidencial del PAN.
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“Pese a las adversidades, sobre todo de orden presupuestal, nuestro estado debe seguir cambiando para bien”, dijo Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, durante su reunión con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de Michoacán para realizar un balance y trazar los objetivos del año entrante.
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“El aumento en combustible indigna, la gente tiene razón: no es justo. Me solidarizo con cada familia, comparto su indignación y enojo”, expresó en su cuenta de Twitter el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, ante el anuncio de la SHCP y aseguró que su gobierno ya analizaba rutas de acción, pues “se viene un año complicado”.
Los casos más recientes son los de una mujer que fue localizada semicarbonizada en un vehículo en Villa Unión, y el de un hombre que fue abandonado en la caja de una camioneta en Culiacán.
Foto: Archivo/Noroeste.
Mazatlán, Sinaloa, 21 de abril (SinEmbargo/Noroeste).– En una nueva racha de asesinatos en el estado, en poco más de 54 horas ya han ocurrido 15 homicidios.
Hasta ayer se contabilizaban las muertes de 13 personas, y a éstas se suman los crímenes de una mujer que fue localizada semicarbonizada dentro de la cajuela de un automóvil en Villa Unión la madrugada de hoy, y el de un hombre asesinado en la caja de una camioneta que fue abandonada en las inmediaciones del complejo residencial La Primavera, en Culiacán.
En el caso de la mujer localizada hoy, el informe establece que el hecho ocurrió a las 03:00 horas de hoy, en la calle Miguel Velázquez en dicha sindicatura de Mazatlán.
Agentes policiales señalaron que en dicho punto estaba un automóvil Jetta rojo y al revisarlo, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. Se dijo que la fémina fue privada de la libertad en días pasados en al ciudad de Culiacán.
En otro hecho, fue encontrado el cuerpo de un hombre en la caja de una camioneta abandonada en Culiacán. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.
Según las autoridades, el cadáver que fue cubierto con ramas, sólo portaba un pantalón de mezclilla azul y se encontraba en una unidad Ford Lobo, color arena, modelo 2010, con matrícula de Sinaloa.
El hallazgo fue hecho antes de las 07:00 horas, en un camino de terracería que comunica del Libramiento Benito Juárez “La Costerita” a las compuertas del dique de La Primavera.
LAS VÍCTIMAS
SAN IGNACIO
– Felipe “N”, de 34 años
CULIACÁN
– Rigoberto “N”, de 48 años
– Rigoberto “N”
– Rogelio “N”
– Arnoldo Guadalupe “N”
– Fausto “N”, de 38 años
– Dos sin identificar
MAZATLÁN
– José Arturo “N”, de 28 años
– Mujer sin identificar
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, pidió al Presidente Enrique Peña Nieto que se reúna con el resto de los gobernadores para analizar las acciones que pueden implementar en los estados para enfrentar el aumento del 20 por ciento al precio de la gasolina, implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que impondrá cuatro precios para la venta del combustible en la capital del país. 
El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, fue fuertemente criticado por usar un helicóptero oficial para asistir a la fiesta de XV años de Rubí Ibarra, celebrada el pasado lunes en el ejido de La Joya, aun cuando el estado atraviesa por una histórica escasez de combustible. Durante el evento, el mandatario estatal confesó que su regalo para la joven fueron novelas y una computadora.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presentó su declaración fiscal, patrimonial y de interés, misma que se negó a hacer pública cuando era Senador, en la que reporta, entre él y su familia, 12 propiedades, ocho cuentas bancarias, dos inversiones privadas y un ingreso anual de casi 3 millones de pesos, de acuerdo con los documentos publicados en la página web tresdetres.mx que fue creada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
Héctor Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero, anunció, junto con el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, la implementación de operativos en playas y centros turísticos del estado para resguardar el arribo de turistas. Además, aseguró que en el municipio de Chilapa los homicidios disminuyeron 50 por ciento desde que en noviembre pasado el Ejército reforzó ese municipio.
“Me ha tocado vivir momentos complicados en el país. En el 2003, cuando fui Diputado federal, el tema de las reformas, cuando en aquel tiempo se opuso la mayoría a que se llevarán a cabo”, refirió el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al anunciar que en los próximos tres meses invertirá parte de su tiempo en escribir un libro, mismo que utilizará para promoverse en diferentes estados como aspirante a la candidatura presidencial del PAN.
“Pese a las adversidades, sobre todo de orden presupuestal, nuestro estado debe seguir cambiando para bien”, dijo Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, durante su reunión con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de Michoacán para realizar un balance y trazar los objetivos del año entrante.
“El aumento en combustible indigna, la gente tiene razón: no es justo. Me solidarizo con cada familia, comparto su indignación y enojo”, expresó en su cuenta de Twitter el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, ante el anuncio de la SHCP y aseguró que su gobierno ya analizaba rutas de acción, pues “se viene un año complicado”.
