La Comisión Europea denuncia al Gobierno británico por “cambiar de manera unilateral un acuerdo internacional”; el conflicto entre Bruselas y Londres compete al Protocolo de Irlanda de Norte, uno de los puntos más importantes durante las negocaciones de divorcio entre la UE y el Reino Unido.
BRUSELAS, 15 Jun. (EUROPA PRESS).- La Comisión Europea ha reactivado este miércoles el procedimiento de infracción que inició en marzo del pasado año contra el Gobierno británico por incumplir el acuerdo del Brexit al no aplicar el protocolo norirlandés, lo que en la práctica supone darle dos meses para dar marcha atrás en la ley que rompe unilateralmente con el pacto o elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“No hay duda ni justificación legal ni política para cambiar de manera unilateral un acuerdo internacional […]. Es ilegal. También es extremadamente dañino para la confianza mutua”, ha asegurado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, en una rueda de prensa para explicar las medidas legales tomadas por la UE.
Bruselas aparcó este expediente sancionador meses después de iniciar su tramitación con el objetivo buscar una solución negociada a las diferencias, con la línea roja de no renegociar el fondo del acuerdo, pero la falta de avances y la nueva ley británica han llevado a los servicios comunitarios a reactivar la vía legal.
Para ello, los servicios legales comunitarios han enviado a las autoridades británicas un dictamen motivado, segunda fase en un procedimiento de infracción, que da un plazo de dos meses a Reino Unido para corregir la situación y advierte de que, en caso contrario, Bruselas podrá elevar el caso ante la Justicia europea, cuya competencia también contesta Londres.
— European Commission (@EU_Commission) June 15, 2022
Este caso denuncia en concreto el incumplimiento de las disposiciones en materia de circulación de mercancías y de los desplazamientos de animales de compañía aplicables.
Pero la Comisión ha decidido abrir además otros dos expedientes contra el Gobierno de Boris Johnson por incumplir sus obligaciones respecto a las reglas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Europea previstas en el protocolo, una de las condiciones aceptadas por los británicos para que Irlanda del Norte pudiera seguir participando del Mercado Único europeo.
La Unión Europa considera que el incumplimiento de las salvaguardas previstas para evitar la vuelta a una frontera física en el Úlster supone una “violación del Derecho internacional” en tanto que el Acuerdo de Retirada que fija las condiciones del divorcio es un Tratado internacional.
A ojos de los Veintisiete, Reino Unido pretende con su última ley fijar las condiciones de acceso al Mercado Único unilateralmente” y esto es “inconcebible e inaceptable”, ha advertido Sefcovic, quien ha insistido en que aún hay margen para soluciones consensuadas, a condición de que Reino Unido acepte también negociar.
Anton Siluanov, Ministro de Finanzas de Rusia, afirma que el país ha cumplido con sus obligaciones con los acreedores; pero si Estados Unidos bloquea los pagos en dólares y euros, Rusia intentaría pagar en rublos, lo que podría constituir un incumplimiento de pago, y así las pérdidas de los inversores podrían comenzar a acumularse.
Por Laura Sánchez
Ciudad de México, 17 de marzo (Investing.com).- Rusia dice que ordenó que los 117 millones de dólares en pagos de intereses que debía ayer miércoles se envíen a los inversores, en un intento de evitar su primer default internacional en más de un siglo. Pero aún no está fuera de peligro, según publica CNN.
Eso se debe a que los fondos que el país usó para pagar la deuda procedían de los activos extranjeros congelados de Rusia, sancionados por su ataque a Ucrania, por lo que no está claro si los inversores recibirán su dinero.
Anton Siluanov, Ministro de Finanzas de Rusia, afirma en Russia Today (RT) que el país había cumplido con sus obligaciones con los acreedores. Pero la “posibilidad o imposibilidad de cumplir con nuestras obligaciones en moneda extranjera no depende de nosotros”, dijo Siluanov, según RT, y advirtió que el pago podría no realizarse si Estados Unidos lo rechaza.
Rusia no puede acceder a la mitad de sus fondos gracias a las sanciones económicas. Imagen ilustrativa. Foto: Maxim Shipenkov, EFE
Si Estados Unidos bloqueaba el pago, Rusia dijo que intentaría pagar en rublos en lugar de dólares. Pero esa acción podría constituir un incumplimiento, afirmaba Fitch Ratings el martes.
Destaca la crisis en la que se encuentra Rusia: la nación tiene el dinero para pagar sus deudas. Simplemente no puede acceder a la mitad de esos fondos después de que Occidente impuso sanciones sin precedentes a sus reservas de divisas, por un total de alrededor de 315 mil millones de dólares, según Siluanov.
Si el Gobierno ruso incumple, las pérdidas de los inversores podrían comenzar a acumularse.
Si Estados Unidos bloqueaba el pago, Rusia dijo que intentaría pagar en rublos en lugar de dólares, lo que podría constituir un incumplimiento. Foto: Sergei Ilnitsky, EFE, EPA
Los inversores occidentales están menos expuestos a Rusia de lo que solían estar. Las sanciones que siguieron a la anexión de Crimea en 2014 ya los alentaron a reducir su exposición. Pero las entidades rusas deben a los bancos internacionales unos 121 mil millones de dólares, según el Banco de Pagos Internacionales.
JPMorgan estima que Rusia tenía alrededor de 40 mil millones de dólares de deuda en moneda extranjera a finales del año pasado, con aproximadamente la mitad en manos de inversionistas extranjeros. Por lo tanto, un incumplimiento sería una mala noticia para Rusia, que tendrá que cumplir con sus obligaciones en su moneda prácticamente sin valor, sin acceso a financiamiento externo. Pero los mercados globales probablemente no se verán muy afectados.
Pronto vencen más pagos. Un pago mucho mayor de dos mil millones de dólares programado para principios de abril podría crear dolores de cabeza aún mayores para Moscú.
Hasta este lunes 5 de junio, el 28 por ciento de la población recibió la primera dosis y el 10 por ciento completó la segunda de un total de 7.1 millones de personas, según el Ministerio de Salud. Bolivia acumula 444 mil 968 contagios y 16 mil 951 decesos desde que inicio la pandemia, que según las autoridades está en moderado descenso.
La Paz, Bolivia, 5 de julio (AP). — El Gobierno de Boliviadisolvió un contrato con AstraZeneca tras el incumplimiento del Instituto Serum de la India y anunció una compra de seis millones de vacunas Sinopharn de China para inmunizar a su población joven.
“El contrato tenía fechas referenciales y cláusulas de fuerza mayor, pero nos dicen que no puede entregar. Ellos (Instituto Serum) alegan que es por fuerza mayor porque el Gobierno de la India les ha prohibido las exportaciones. Ya no corresponde hacer nada con este contrato, el incumplimiento es de ellos”, dijo el lunes a la prensa Benjamín Blanco, Viceministro de Comercio Exterior.
Desde el jueves pasado, el Gobierno boliviano inició la vacunación masiva a personas de 18 a 30 años, que representan el 34 por ciento de la población. Max Enríquez, jefe del Programa Nacional de Inmunización, dijo que se ha tenido éxito hasta el momento debido a la buena respuesta de los jóvenes.
Desechemos los mitos, mentiras y otras falsedades sobre los efectos de las vacunas contra la #COVID19, por el contrario debemos acudir a los puntos masivos de inmunización para proteger nuestra salud y la de nuestro entorno. #VamosASalirAdelantepic.twitter.com/XjllLcCfTX
— Ministerio de Salud y Deportes Bolivia (@SaludDeportesBo) July 4, 2021
El lunes varios payasos se unieron a la campaña para animar a ese segmento de la población. Las universidades se han convertido en centros de vacunación al que acuden estudiantes que intercambian selfies con amigos y compañeros de estudio para motivarse mutuamente. Al entusiasmo de los jóvenes se sumaron animadores de fiestas infantiles, quienes tras vacunarse lanzaron una colorida y cómica campaña a las puertas de la mayor universidad pública de La Paz, donde las filas eran largas.
“Estamos agradecidos de vacunarnos, nos encanta alegrar a la gente y a los niños y pedimos que todos los jóvenes vengan a vacunarse. Así todo se normalizará y podremos volver a las fiestas”, dijo el payaso Chavalito Show mientras exhibía una jeringa enorme de plástico. “No duele, no pasa nada, pronto volverán las fiestas infantiles”, decía otro payaso mientras improvisaban un show callejero.
Hasta el lunes, el 28 por ciento de la población recibió la primera dosis y el 10 por ciento completó la segunda de un total de 7.1 millones de personas, según el Ministerio de Salud. El país acumula 444 mil 968 contagios y 16 mil 951 decesos desde que inicio la pandemia, que según las autoridades está en moderado descenso.
El juez de distrito de Houston redujo una previa de casi 20 millones de dólares impuesta en 2017. Exxon Mobil está “revisando la decisión y considerando los próximos pasos”, explicó su vocero.
Houston, 3 de marzo (AP).- Un juez federal condenó el martes a Exxon Mobil a pagar una multa de 14.25 millones de dólares por una demanda de hace 11 años sobre el presunto incumplimiento de la Ley de Aire Limpio durante ocho años en su refinería insignia de Baytown, Texas.
Al establecer la sanción, que irá al Tesoro de Estados Unidos, el juez de distrito David Hittner de Houston redujo una previa de casi 20 millones de dólares impuesta en 2017. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito la había anulado en julio al resolver un recurso de Exxon y devolvió el caso a Hittner.
Exxon Mobil está “revisando la decisión y considerando los próximos pasos”, explicó su vocero, Todd Spitler, en un comunicado. Luke Metzger, director ejecutivo de Environment Texas, la ONG que presentó la demanda en 2010, dijo que espera más apelaciones.
“Exxon ha estado luchando contra este caso por 11 años, negándose a asumir responsabilidad alguna por arrojar millones de libras de contaminación ilegal a las comunidades en Texas”, señaló Metzger en un comunicado. “Pedimos a Exxon que abandone finalmente sus tácticas de litigio de tierra quemada, pague su sanción y retire estas apelaciones interminables”.
Foto muestra la refinería Billings de ExxonMobil en Billings, Mont. (AP Photo / Matthew Brown, archivo)
En su último fallo, Hittner dijo que Environment Texas, Sierra Club y el Centro Nacional de Derecho Ambiental habían probado miles de casos de quema ilegal y liberación no autorizada de contaminantes que causaron humo, olores químicos, ozono a nivel del piso y problemas respiratorios.
Ayer Exxon Mobil subió el martes un 3.73 por ciento en Wall Street tras añadir a su consejo de administración a dos nuevos directores.
SEC INVESTIGA A EXXON
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) abrió en enero una investigación contra la petrolera ExxonMobil por contabilizar en sus cuentas un valor por encima del real para varios de sus activos, según ha publicado este viernes el diario financiero The Wall Street Journal.
La SEC, equivalente a la CNMV en Estados Unidos, es la encargada de supervisar y regular los aspectos financieros de las empresas.
De acuerdo con el rotativo estadounidense, varias personas encargadas de valorar los activos de Exxon en la Cuenca Pérmica, una de las regiones del país más ricas en petróleo, se quejaron de que los empleados estaban siendo obligados a usar pronósticos poco realistas sobre la velocidad de perforación.
De acuerdo con las fuentes que maneja el diario, al menos uno de los empleados que elaboraron esa queja fue despedido el año pasado.
La SEC no hace públicas las investigaciones que mantiene en curso, por lo que no se conocerán los detalles de las pesquisas hasta que se hagan públicos los resultados, algo que únicamente ocurrirá si Exxon realizó alguna acción sancionable.
Según ha anunciado Metro de Panamá, su propuesta ha sido descalificada porque un miembro del consorcio Skec “incumplió el requisito mínimo obligatorio financiero del coeficiente de liquidez”.
El 30 de octubre, la Audiencia Nacional española imputó a la constructora española por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015 por el pago de 82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá.
Por Javier Mesones
Ciudad de México, 20 de noviembre (Economía Hoy).- El consorcio liderado por FCC ha quedado descalificado en la fase final de la licitación para construcción de la línea 3 del Metro de Panamá, un proyecto con un valor estimado superior a los dos mil millones de dólares.
El grupo, que controla Carlos Slim, ha sido eliminado apenas unos días después de que saliera a la luz la investigación del juez de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, por el presunto pago de más de 82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de líneas de metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.
Este viernes comparece en el juzgado el representante legal de las empresas del Grupo FCC imputadas.
FCC resultó adjudicatario en alianza con la brasileña Odebrecht para la construcción de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá. Para la tercera línea la compañía española había unido fuerzas con Cicsa, división de infraestructuras y construcción del Grupo Carso propiedad de Slim- y la ingeniería coreana Skec.
Sin embargo, según ha anunciado Metro de Panamá, su propuesta ha sido descalificada porque un miembro del consorcio Skec “incumplió el requisito mínimo obligatorio financiero del coeficiente de liquidez”.
Tras abrir las propuestas técnicas y económicas para el proyecto de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de la línea y estaciones, suministros del sistema integral (incluye el material rodante) y puesta en marcha del sistema para la línea 3 del Metro de Panamá, el virtual ganador es el consorcio HPH, integrado por la coreana Hyundai Engineering & Construction y una filial. Su oferta recibió la mayor puntuación, con 893 puntos (403 la técnica y 490 la económica). El presupuesto ofertado asciende a dos mil 396.8 millones de dólares el plazo de ejecución será de 54 meses.
Hyundai ha superado en la puja final a la alianza conformada por Acciona Construcción y China Power, que obtuvo una calificación de 842 puntos (382 la técnica y 460 la económica).
La adjudicación definitiva, no obstante, todavía está pendiente de las posibles alegaciones de los consorcios derrotados. China Railway también fue descalificada.
IMPUTACIÓN A FCC
El 30 de octubre, la Audiencia Nacional española ha imputado a la constructora española FCC por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015 por el pago de 82 millones de euros (73 millones de dólares) en comisiones para la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá.
En el auto el Magistrado Ismael Moreno dirige el procedimiento contra las filiales FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias, las cuales habrían participado de un consorcio con la multinacional brasileña Odebrecht que generó “sobrecostes en los contratos del suministro de acero para los proyectos del metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton”.
Estos fondos “fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos”.
Lo que se investiga es la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015, después de que en 2017 se presentara una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht, empresa que se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.
Por lo que respecta a las obras del metro de Panamá, directivos de FCC y empleados de Odebrecht habrían diseñado, según la Fiscalía, un sistema de corrupción que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá, facturando al doble de su precio.
La multa fue dictada el 2 de julio de este año por el Juez Amado Chiñas luego de que la SSPC no cumpliera con el traslado -autorizado desde 2018- de Jesús Adán Pérez García de un penal federal de Oaxaca hacia el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en Mazatlán, Sinaloa.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– Un Juez federal multó a Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con ocho mil 449 pesos por desacatar una orden judicial sobre el traslado de un reo de Oaxaca a Mazatlán, Sinaloa.
La multa fue dictada el 2 de julio de este año por el Juez Amado Chiñas luego de que la SSPC no cumpliera con el traslado de Jesús Adán Pérez García, quien se encuentra preso en un penal federal de Oaxaca, hacia el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en Mazatlán, Sinaloa.
El Secretario de Seguridad presentó un amparo contra la multa impuesta por el Juez Tercero de Distrito de Oaxaca, sin embargo, Pedro Aguilar Valencia, encargado de despacho del Juzgado Octavo de Distrito en esa materia en la Ciudad de México, rechazó la demanda.
“Si el justiciable estima que le irroga perjuicio la determinación por la cual el juez homólogo le impuso una multa dentro del juicio de amparo, debe combatirla a través de los medios legales que prevé la propia Ley de Amparo y no así, por medio del juicio de amparo”, argumentó.
Durazo Montaño presentó un recurso de queja para que un tribunal colegiado admita su amparo. Hasta el momento, dicho documento no ha sido resuelto.
En 2017, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) trasladó a Jesús Adán Pérez García del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en Mazatlán, al Centro Federal de Readaptación Social número 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Pérez García pidió su traslado de vuelta a Sinaloa el 13 de diciembre del mismo año. El amparo le fue concedido en mayo de 2018 por el Juez tercero de Distrito en Oaxaca, Amado Chiñas, quien dijo que el primer traslado del reo fue inconstitucional.
“Es evidente que dicha autoridad no cuenta con facultades para ordenar y ejecutar el acto reclamado, por lo tanto, dicha orden es inconstitucional”, recalcó el Amado Chiñas después de conceder el amparo a Pérez García.
Además, enfatizó en la ausencia de pruebas testifiquen que demuestren que Jesús Adán Pérez García requiere medidas especiales de seguridad.
En 2012, Enrique Peña Nieto, candidato del PRI y el PVEM a la Presidencia de la República, envió una carta a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Les ofreció elevar la inversión en Ciencia y Tecnología hasta alcanzar ese 1 por ciento del Producto Interno Bruto nacional que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además, ante Notario Público firmó cuatro compromisos para fortalecer este ámbito.
Una vez en el Gobierno, Peña Nieto criticó en 2014 que el gasto en este ámbito sólo fuera de 0.4 por ciento y en efecto, informó que su Gobierno había logrado que creciera a 0.5 por ciento. Pero después ya no hubo nada. A partir de ahí, el dinero para la ciencia y el avance en las tecnologías (incluso las telecomunicaciones) se frenó. Así, ya no hubo recursos para la investigación, ni nuevas plazas en la academia. México se rezagó de los países líderes del mundo que gastan en promedio casi cinco veces más. Y así queda tras los años peñanietistas.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– La actual administración federal planteó cuatro compromisos concretos para impulsar la ciencia y la tecnología, y sólo cumplió uno. Ya en el Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció elevar la inversión en el sector al prometido 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y colocar al país como un polo de desarrollo e innovación, pero tampoco lo concretó.
De sus compromisos sólo inauguró el Centro Nacional de Investigación y Certificación de Materiales Compuestos para la Industria Aeronáutica en Querétaro. Hasta ahí se quedó. Y entre las promesas que no vieron la luz se encuentran la de establecer una Agenda Digital por un México conectado que permitiera cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a las TIC (Tecnologías de la Información), la de crear una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital y la de apoyar la creación de una fundación para la innovación, ciencia y tecnología con la participación de la iniciativa privada.
El incremento que año con año se haría el presupuesto a la ciencia, tecnología e innovación hasta llegar en 2018 al 1 por ciento del PIB tampoco llegó. Y no sólo no creció, sino que cayó.
Para Juan Carlos Jáuregui Correa, coordinador del Doctorado en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, “los resultados no son positivos. El presupuesto asignado, tanto en 2017 como en 2018, se redujo significativamente. Intuimos que el presupuesto se movió a las campañas”.
La ciencia y la tecnología, relegadas en el sexenio peñista. Foto: Presidencia vía Cuartoscuro
El año 2017 se inició con recorte presupuestal al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que impactó en el número de becas y la transferencia de conocimiento al sector productivo.
“Llegar al 1 por ciento del PIB se ha planteando durante años y andamos en el 0.35 por ciento. Esto es desastroso, porque te aleja de tus competidores. El discurso y el gasto público para el desarrollo de tecnología se redujo a cero cuando deciden desmantelar todo el equipamiento y mantenimiento de la industria eléctrica y petrolera del país”, remarca Jáuregui Correa.
Por ejemplo, los llamados países que conforman los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), lograron impulsar la ciencia y la tecnología en poco tiempo gracias a una política integradora con el desarrollo de la industria del conocimiento y los mercados.
El valor agregado es un reto que se ha puesto sobre la mesa desde hace años, sin que haya un avance debido a que México no invierte en sus universidades públicas.
“Falta algún mecanismo que nos permita impulsar la creación de empresas mexicanas y que impulse la competitividad del país en base al conocimiento y no en base a la mano de obra barata. No hay una política integradora entre economía y universidades generadoras de conocimiento y de investigación y la sociedad en su conjunto”, evalúa el investigador.
Ivonne Acuña Murillo, académica del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, coincide en que el actual Gobierno le quedó “a deber” a la ciencia y la tecnología .
“No es privativo de él [de Peña Nieto], sino de todos los gobiernos que no han tenido más inversión en ciencia y tecnología. Lo que observamos en este sexenio es que se sigue basando la productividad de las empresas en la explotación del trabajo, no precisamente en invertir en nuevas tecnologías y preparar mejor a la gente, sino en explotarla más y pagarle menos”, explica.
México, recuerda, sigue siendo un país que importa tecnología y conocimiento de países como Estados Unidos y Japón.
Por lo que espera “que este próximo sexenio sí haya esa inversión tan prometida por otros gobernantes, porque eso nos pone en la mira de otros países que apuestan por la ciencia y la tecnología. Estados Unidos, Alemania y Japón son los más invierten en estos rubros. Sobre todo Estados Unidos que pasó de ser un país exportador sólo de manufacturas a ser un país exportador de conocimiento. Vende ese conocimiento e información, y México es uno de sus clientes”.
Uno de los mejores ejemplos de esta ausencia, dice, puede verse en Petróleos Mexicanos (Pemex), en “cómo se dejó morir al Instituto del Petróleo porque se dejó de invertir y de apostar, habiendo muy buenos ingenieros apostarle a ese ramo. Se apostó a la idea de que está de moda importar, cuando en realidad son cuestiones estratégicas invertir en ciencia y tecnología y no estar comprando a otros países porque estamos globalizados. Esta idea de nación se perdió en este sexenio y se llevó el modelo neoliberal a sus últimas consecuencias”.
INVERSIÓN, ESCASA E INCIERTA
Hace unos días durante la entrega del documento “Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024” a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue Wiechers aseguró que la inversión en ciencia y tecnología ha sido “escasa e incierta”.
“Éste, señor Presidente electo, el CTI, es un sector que requiere de una visión a mediano y largo plazos, con un apoyo sostenido desde una política pública que le dé certidumbre y fortaleza, para que México pueda enfrentar los cambios vertiginosos del presente y aquellos que nos depara el futuro”, dijo.
El rector explicó las cifras: se invierte un poco menos del 0.5 por ciento del PIB, cuando países como Israel invierten hasta el 4.2 por ciento del PIB, mientras que para países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el promedio de inversión es de 2.34 por ciento.
“Y aunque no se trata de compararnos con realidades distintas a la nuestra, y sin escatimar los logros conseguidos, el hecho incontrovertible es que la inversión ha sido escasa e incierta. Y mientras así lo sea, el país no podrá aspirar a un mejor desarrollo y competitividad. De ahí que una de las propuestas que se le presentan es que el sector CTI mantenga un apoyo financiero creciente y sostenido”, explicó.
Graue Wiechers lamentó la insuficiencia de recursos para el financiamiento de proyecto, que dijo, aún siendo bien evaluados son rechazados por falta de presupuesto.
“Como también vemos con gran preocupación la incertidumbre anual del número de becas para los posgrados que otorga el Conacyt que limitan y empobrecen el futuro del país. Sin ellas, su ambicioso y entusiasta programa de ampliación de cobertura de la educación superior perdería a sus mejores docentes”, explicó el rector.
LOS RETOS
La propuesta entregada al Presidente electo hace un recuento del gasto en investigación y desarrollo experimental durante el sexenio y explica que en 2012 ascendió a 66 mil 720 millones de pesos, lo que representó 0.43 por ciento del PIB, con una contribución de los empresarios del 24.6 por ciento.
En 2017, indica, la inversión pública apenas alcanzó el 0.5 por ciento del PIB y la participación privada no rebasó el 22 por ciento.
De acuerdo con el documento realizado por expertos de distintas universidades del país, el financiamiento en ciencia y tecnología debería ser, idealmente, un balance de 60 por ciento público y 40 por ciento privado “más sano que lo que sucede actualmente, donde el sector público aporta en la práctica 70 por ciento”.
El documento entregado a López Obrador plantea incrementar desde ya al 1 por ciento del PIB la inversión en el sector para alcanzar en los próximos seis años el promedio de 2.4 por ciento de la OCDE.
“Será necesariamente el sector público el que estimule al privado para aumentar de manera constante y paulatina el porcentaje de su participación”, dice.
Los expertos plantean revisar y actualizar las metas estratégicas en ciencia, tecnología e innovación, buscando atender las áreas con mayor potencial de crecimiento y aquellas en las que el país pueda asumir un papel competitivo global, sin descuidar la inclusión de los sectores de alta sensibilidad,
para canalizar los mecanismos de atención correspondientes.
Así como incrementar el contenido de integración nacional, con especial atención al contenido intelectual nacional “para canalizar las compras gubernamentales y de reservas de mercado, de modo que impulsen el desarrollo tecnológico de los
proveedores con una vocación innovadora en las cadenas productivas, e impulsar
la creación y el fortalecimiento de firmas de diseño e ingeniería nacionales”.
La propuesta plantea que se incorpore el concepto de propiedad intelectual en todos los programas de ciencia y tecnología, y flexibilizar las reglas de propiedad “en los esquemas de esquemas de vinculación academia-industria”.
Jamás estuvieron en el centro de los debates, y sus presupuestos cayeron hasta en 20 por ciento sin que ello alarmara a la crítica o al propio Gobierno federal. La salud y el medio ambiente son, para los especialistas, los sectores olvidados de la actual administración de Enrique Peña Nieto.
La oferta en campaña para la salud nacional de Enrique Peña Nieto fueron 21 compromisos que se concentraban en la construcción y mejora de hospitales. Luego, como Presidente ofreció “salud para todos”. No logró ni lo uno ni lo otro. La obesidad y sus padecimientos consecuentes –diabetes e hipertensión– permean en más de la mitad de la población mexicana. Y en los nosocomios, la atención para todos es muy difícil. Datos de la misma Secretaría de Salud indican que hay 83 mil 37 camas para 112 millones de habitantes y tres médicos por cada dos mil ciudadanos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de dos o tres por cada mil.
En cuanto al Medio Ambiente, no sólo se ve olvido. Ha quedado para la memoria nacional, el desastre en los ríos Sonora y Bacanuchi por un derrame de tóxicos del Grupo México que afectó a 24 mil personas que hasta el momento no han logrado justicia; la extinción de la vaquita marina, especie endémica del Golfo de California que vio morir al 90 por ciento de sus ejemplares durante este mandato; concesiones mineras entregadas a costa de la salud; mares y costas sucias; ciudades contaminadas y bosques deforestados. Encima de ello, la tragedia. Decenas de defensores de las causas ambientales fueron asesinados en los años del peñanietismo.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– La promesa fue “Salud para todos”; pero el sexenio de Enrique Peña Nieto concluye con 83 mil 37 camas para 112 millones de habitantes y tres médicos por cada dos mil ciudadanos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de entre dos o tres por cada mil. Es una infraestructura insuficiente para un país en el que la epidemia de la obesidad y sus padecimientos consecuentes como la diabetes e hipertensión tiene atrapada a más de la mitad de la población.
El desequilibrio es más crítico en cuanto al personal paramédico (enfermeras y auxiliares): hay 302 mil enfermeras para los más de 112 millones de habitantes de la República y una proyección de Axa Seguros indica que México requerirá otras 200 mil para 2020 y aún no existen condiciones para su formación.
Esa es la realidad y en ella se entiende por qué más de 900 mexicanas dieron a luz en la banqueta de los hospitales públicos en varios momentos durante el sexenio, según el registro de la Secretaría de Salud. Pese a estos momentos críticos y de alarma, el sector salud jamás estuvo en el centro de los debates ni fue destino principal de los recursos públicos. El presupuesto para atender el sector fue en declive. Arrancó y finalizó prácticamente igual: con 121 mil millones de pesos, según información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP).
EL PAÍS QUE NO LOGRA BAJAR DE PESO
En 2012, cuando recibió la Administración de manos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), México había alcanzado el tope epidemiológico en obesidad. Ahora que la Administración peñanietista concluye, el denso panorama no disminuyó. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), de 2012 a 2016, las condiciones de obesidad y sobrepeso se mantuvieron sin cambio. Lo que sí aumentó en los mexicanos, según el Instituto Nacional de Salud Pública fue el consumo de alimentos con impacto negativo; es decir, los productos chatarra.
En un estudio, respecto a los resultados del Inegi, el instituto expone: “Se observó un elevado consumo de alimentos cuyo consumo cotidiano aumenta los riesgos de obesidad o enfermedades crónicas (grupo de alimentos no recomendables para consumo cotidiano): 81.5 por ciento consume regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 61.9 por ciento botanas, dulces y postres y 53.4 por ciento cereales dulces”.
El mismo Gobierno federal reconoce que debido a la obesidad, 6.46 millones de personas padecen diabetes mellitus, una cifra que supera a la población total de Costa Rica. La hipertensión arterial afecta, según la misma encuesta, a 10.39 millones de personas de las cuales, muchas no lo saben. Ambos padecimientos son causas de mortalidad.
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Pese a todos los pesares, este sector no estuvo en el centro de los debates ni fue destino principal de los recursos públicos. El presupuesto para atender el sector fue en declive. Arrancó y finalizó prácticamente igual: con 121 mil millones de pesos, según información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP).
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2013 se destinaron 121 mil 856 millones de pesos; en 2014 ascendió a 130 mil 264 millones de pesos; para 2015 alcanzó 134 mil 847 millones de pesos; en 2016 sufrió un recorte y quedó en 132 mil 216 millones de pesos; en 2017 y 2018 el descenso fue más dramático y se mantuvo como al inicio de la gestión priista, con 121 mil 817 millones de pesos y 121 mil 934 millones de pesos, respectivamente.
Durante la campaña y con su firma estampada ante Notario Público, Enrique Peña Nieto empeñó su palabra en 21 compromisos para el sector salud, pero dejó pendientes diez. Todas fueron promesas localizadas. Se centraron en la construcción y modernización de hospitales en Oaxaca, el Estado de México, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Guanajuato. No hubo ninguno que de manera integral estuviera dirigido al impulso del sector.
Desde la academia, los observadores sostienen que el área sufrió abandono: la herencia que deja es una situación “crítica” a la administración de Andrés Manuel López Obrador que consiste en obras de infraestructura inconclusas, presupuesto trasquilado, desigualdad en el acceso a los servicios, subrogación a privados, hospitales abandonados, unidades sin equipo y médicos trabajando en condiciones precarias.
“Si entendemos el derecho a la salud como el acceso individual ante necesidades iguales, de ninguna manera se garantizó durante este sexenio. Los sectores pobres no tienen acceso a muchísimas cosas. Además, se dieron pasos a la privatización, no en plan completo porque no pudieron entrar las aseguradoras, pero sí hubo una enorme subrogación a privados”, señala Rafael González Guzmán, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desde la academia, los observadores sostienen que el sector salud fue abandonado: la herencia que deja EPN a AMLO es una situación “crítica”: obras de infraestructura inconclusas, presupuesto trasquilado, desigualdad en el acceso a servicios, subrogación a privados, y médicos trabajando en condiciones precarias. Foto: Cuartoscuro
LA SALUD Y PEÑA NIETO
El 3 de abril de 2013, en El Palacio Nacional, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el programa con el que planeaba administrar el sector. “México vive una situación compleja en materia de salud pública. La fragmentación del sector, el uso ineficiente de recursos y la saturación de los servicios afectan la calidad de la atención médica”, reconoció el Primer Mandatario ante integrantes de la comunidad médica a quienes les entregó reconocimientos. Entre ellos, Jesús Kumate (Q.E.P,D), quien fuera Secretario de Salud en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En su estilo apegado a la puntualización, Peña Nieto expuso tres lineamientos de la política de Salud Pública que se añadieron a los compromisos planteados en la campaña: acceso efectivo, calidad en el servicio y prevención.
En la primera línea, Peña Nieto explicó que sin importar el nivel socioeconómico o la condición laboral, el Estado debía asegurar los servicios de salud a toda la población. En este rubro, se fortalecerían las instituciones del sector salud y no sería añadido ningún programa.
Serían impulsados el Seguro Popular –cuya operación empezó en 2004 en el Gobierno de Vicente Fox-, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
No fue hasta 2016 cuando presentó de manera formal la forma en que garantizaría la salud para todos; es decir la universalización. En febrero de ese año, Mercedes Juan López presentó su renuncia como Secretaria de Salud y en su lugar, asumió Juan Ramón Narro Robles, ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa fecha, el Presidente y el flamante Secretario presentaron un Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud.
En primera instancia, el convenio significó una alianza entre el programa Prospera, el Seguro, el Seguro Popular, y las instalaciones del Instituto IMSS, la SSA y el ISSSTE. Los derechohabientes de cualquiera de las instituciones podían acudir a la red. Fue un proyecto federal al que se añadieron todos los estados.
Gustavo Leal, observador de la política pública del sector, rememora: “Se llevaron a tres estados de corbata. El caso más penoso fue el de Oaxaca. ¿En qué momento se consultó al sector salud de las posibilidades que tenían de entrar a ese acuerdo? Nunca. El otro caso fue el Edomex, una entidad que por un lado tiene una de las bolsas más grandes del Seguro Popular, pero también una desigualdad extraordinaria. ¿En qué momento lo consultaron?”
Y exclama: “La mentira en el sexenio de Peña Nieto en materia de salud fue demagógica al ofrecer salud universal cuando los hospitales están desabastecidos, cuando faltan médicos, enfermeras y cuando el sector en su conjunto está plagado de corrupción”.
MEDIO AMBIENTE, EL OTRO OLVIDO
¿Fue el ámbito del medio ambiente una prioridad para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto? La respuesta, aseguran especialistas en materia, es “no” y es rotundo.
Para empezar, únicamente dos de los 266 compromisos firmados ante Notario Público en campaña fueron acerca del tema y ninguno de ellos ha sido cumplido.
Estos dos compromisos –un número mínimo- ya eran un indicador de poco interés, según Eduardo Torres, integrante del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “(El hecho de que sólo dos promesas se basaran en la ecología) puso en perspectiva el interés y relevancia que tendría la agenda medioambiental en la administración”, dice.
“No sólo fue un tema ausente, sino que hubo una gran complicidad del Gobierno de Enrique Peña con la destrucción ambiental”, abunda Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la máxima casa de estudios.
En el compromiso 201, el mandatario priista estableció un programa de recuperación de áreas verdes de la Ciudad de México (antes Distrito Federal). Para lograrlo, rescataría y rehabilitaría el Bosque de Aragón, la zona de chinampas de Xochimilco, el Parque Ecológico Huayamilpas y el Río Magdalena.
Aunque rehabilitó el Bosque de Aragón en 2017 con una inversión de 20 millones de pesos y el parque ecológico Huayamilpas, con 108.5, el Río Magdalena y la zona chinampera de Xochimilco son dos pendientes que deja al concluir su administración.
En el compromiso 216 prometió sanear el Lago de Tequesquitengo, en Morelos, y reforestar la zona, pero también está a medias: aún no lo logra por completo y lleva una inversión de 300 millones de pesos.
“Me parece que el Presidente Peña tuvo una política medioambiental muy poco seria en donde la frivolidad y los intereses particulares estuvieron muy presentes por encima del interés público”, indica Eduardo Torres.
Pero además, el presupuesto se redujo año con año: en 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió 56 mil 436 millones de pesos, para 2014 se elevó a 68 mil 952 millones. Pero, durante los últimos tres años se le recortaron casi la mitad de los recursos: en 2015 contó con 67 mil 976 millones, para 2016 tuvo 55 mil 770 millones, en 2017 llegó apenas a 35 mil 978 millones y para finalizar la gestión priista, la dependencia obtuvo 37 mil 580 millones.
“Si comparamos el presupuesto de 2018 con lo asignado en 2013, vemos que se le quitó más del 35 por ciento. Eso impacta en todas las dependencias del sector ambiental: si la Secretaría encargada no tiene presupuesto, no puede cuidar los bosques, no puede cuidar los mares, los temas vinculados al agua, en fin, el principal retroceso en este Gobierno fue haber hecho un recorte presupuestal a este sector”, declaró el profesor.
Más allá del incumplimiento de los compromisos, Peña Nieto llevará a cuestas el desastre ambiental en los ríos Sonora y Bacanuchi que afectó a 24 mil personas que hasta el momento no han tenido acceso a la justicia; la extinción de la vaquita marina, especie endémica del Golfo de California que vio morir al 90 por ciento de sus ejemplares durante este mandato; concesiones mineras entregadas a costa de la salud; mares y costas sucias; ciudades contaminadas y bosques deforestados. Además, el Presidente se despide con decenas de asesinatos de personas defensoras de las causas ambientales.
“Lamento que el Gobierno de Peña Nieto no haya logrado poner el tema como prioridad. Las consecuencias de no haberlo hecho las vamos a sufrir los mexicanos con un medio ambiente degradado, menos recursos, menos especies endémicas, etcétera”, expresa Torres.
Ante el panorama, los académicos consultados por este medio de comunicación manifestaron que el próximo Gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador enfrentará grandes retos en materia que deberán ser abordados con la participación de expertos y con un enfoque social y no económico como ocurrió con Peña Nieto y administraciones anteriores.
“[EPN] Se va dejando cuentas muy negras y deterioro que en muchos casos es irreversible. Debe haber un compromiso del próximo Gobierno por revertir esta situación y tomar los temas ambientales en serio y no como temas meramente de ‘folclore'”, urge Merino Pérez.
Torres lamenta que el medio ambiente no haya sido prioridad en este sexenio. Expresa: “Debería serlo para todos los gobiernos porque al cuidar el medio ambiente estamos preservando la vida, podríamos decir que el cuidado de los recursos naturales es un asunto de seguridad nacional: permite la preservación del Estado mismo, le permite ser soberano”.
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