Por efecto de la pandemia, México requerirá, en 2021, 600 mil millones de pesos más que lo presupuestado este año para cumplir con la recuperación económica y la regeneración de empleos, dijo José Luis de la Cruz, director del IDIC.
México, 27 de mayo (EFE).- El Gobierno mexicano requerirá 400 mil millones de pesos adicionales (casi 18 mil millones de dólares) para afrontar la crisis por COVID-19, estimó este miércoles José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
Esto se debe al efecto de la pandemia sobre las finanzas públicas y la economía de México, con una contracción estimada para 2020 de 6.5 por ciento del PIB, argumentó De la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Para el año próximo, el monto necesario será 600 mil millones de pesos (casi 27 mil millones de dólares) más que lo presupuestado este año para cumplir con la recuperación económica y la regeneración de empleos, añadió el experto.
“Esos recursos no van a salir de la economía si no hay el crecimiento que se requiere, de cuatro puntos porcentuales cada año”, advirtió el director del IDIC.
El especialista participó en el evento “Y después del COVID-19, ¿qué?”, organizado por la Concamin con la participación de Alfonso Ramírez, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el gobierno.
El economista reiteró que el número de pobres por ingresos podría crecer en 12.11 por ciento hasta los 68.5 millones de personas este año por la pandemia, que ha dejado 74 mil 560 casos y 8 mil 134 muertos confirmados por COVID-19 en el país.
“¿Esto qué implica? Que al final del día tenemos un problema que vamos a tener que enfrentar porque el país está viviendo la novena recesión en menos de 40 años”, comentó De la Cruz.
Francisco Suárez, miembro del consejo del IDIC, criticó el “estímulo raquítico” menor al 1 por ciento del PIB que ha destinado el Gobierno mexicano para afrontar la crisis.
El experto consideró que México necesita un paquete económico equivalente al 5 por ciento del PIB para sortear la crisis.
“La nueva política del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) en la época del coronavirus simplemente comete muchos errores, va a contracorriente de lo que están haciendo los principales países”, opinó el exembajador de México en Canadá.
Como dos propuestas fundamentales, Suárez pidió un seguro de desempleo y un ingreso básico de emergencia.
Alfonso Ramírez argumentó, como lo ha hecho el presidente, que México cuenta con poco espacio para endeudarse, pues los pasivos como proporción del PIB están ya en cerca del 50 por ciento.
El también diputado lo atribuyó a la “pobre recaudación fiscal” heredada de las administraciones anteriores, por lo que argumentó que debería discutirse una política fiscal progresiva a partir del 2020.
“No puede seguir la complicidad y el consenso de un sistema tributario que trae como resultado la debilidad estructural del Estado mexicano para generar los mejores niveles de bienestar. Tiene que ponerse a debate”, aseveró el político.
Al calificar la propuesta como “provocadora”, Francisco Cervantes, presidente de Concamin, coincidió en la necesidad de fortalecer un Estado de bienestar con base en una sólida política industrial, pero pidió discutir los detalles conforme progrese el año.
En el primer periodo analizado, de marzo del 2018 a junio del 2019, la principal afectación provino de la contracción de la construcción, la recesión en la minería, y el retroceso de la inversión pública en infraestructura física, en particular en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México.
México, 10 ene (EFE).- La industria mexicana arrastra 14 meses de recesión y desde el segundo trimestre del 2018 inició un proceso de desaceleración “que no tuvo un diagnóstico adecuado”, advirtió este viernes un estudio del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
El reporte, publicado en La Voz de la Industria, señala como principal causa del fenómeno el debilitamiento de las manufacturas, pues sólo tres de sus componentes presentan un crecimiento superior al uno por ciento hasta noviembre: los accesorios y aparatos eléctricos (1.7 por ciento), los alimentos (2.8 por ciento) y los derivados del petróleo (9.9 por ciento).
En el primer periodo analizado, de marzo del 2018 a junio del 2019, la principal afectación provino de la contracción de la construcción, la recesión en la minería, y el retroceso de la inversión pública en infraestructura física, en particular en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México.
“Durante esa primera etapa, la reconfiguración del presupuesto público y la moderación en la inversión total, nacional y extranjera, exacerbaron la desaceleración industrial y la llevaron hacia una recesión”, afirma el estudio.
https://twitter.com/IDICmx/status/1215752867887419393?s=20
En la segunda etapa, desde julio pasado, la desaceleración industrial de Estados Unidos debilitó la manufactura y el comercio, en particular al sector automotor, que cerró el 2019 con una caída de 4.1 por ciento en la producción y de 3.3 por ciento en exportaciones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En su comparación anual, la actividad industrial retrocedió 1.7 por ciento en el mes de noviembre en comparación con el mismo mes del 2018, informa el IDIC.
“(Es) el más bajo en los últimos tres inicios de sexenio, aunque superior a lo observado durante las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox”, observa el estudio.
Además, en noviembre, las manufacturas se contrajeron en 2.2 por ciento y la construcción en 3.2 por ciento, añade el documento, que detalla que la relevancia de estos sectores condicionó que el sector industrial profundizara su tendencia negativa.
Para el 2020, la investigación percibe como retos la persistente debilidad de estos sectores, además del fin de la expansión económica de la generación, transmisión y distribución de electricidad, agua y gas, que creció 3.1 por ciento en noviembre a tasa anual.
https://twitter.com/IDICmx/status/1215717441990483968?s=20
Como factores externos, enfatiza la “fase negativa” del ciclo industrial de Estados Unidos, con un pronóstico “negativo” de su industria automotriz, pese a la posible ratificación del nuevo Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
También destaca el retroceso económico de Alemania, la salida de Reino Unido de la Unión Europea (“Brexit”) y la volatilidad de las economías de Asia y Medio Oriente.
“México enfrenta el reto de establecer un programa de política industrial que le permita superar la actual coyuntura: en esta ocasión no hay alternativas, sin una industria fuerte la economía mexicana se encontrará expuesta a la inercia global y local de la recesión industrial”, concluye el IDIC.
El término recesión causa debate en México desde noviembre, cuando el Inegi, al ajustar los datos económicos, reveló que el PIB se contrajo 0.1 por ciento durante tres trimestres consecutivos desde el periodo octubre-diciembre de 2018, y creció un cero por ciento en el tercer trimestre.
Aunque especialistas, como Moody’s Analytics, argumentan que la economía mexicana está “en recesión técnica” por reportar tres trimestres consecutivos de contracción, otros organismos, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la descartan.
La Presidencia de la República, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social han insistido en este último año que en materia laboral se alcanzaron las metas: se crearon empleos y crecieron los salarios.
No es la primera vez que se dice que las cifras que sustentan esas metas esconden otras verdades: sí se crearon empleos, pero con salarios de uno a dos salarios mínimos y a los que la inflación destruyó entre 2017 y los inicios de este 2018.
El estudio del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) muestra ahora una nueva realidad de la desocupación: el mayor porcentaje es de personas con educación media superior o superior, por lo que puede decirse que la educación dejó de ser un motor de movilidad social.
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Del año 2000 a la fecha, la tendencia de contratar personas con estudios de los niveles medio superior y superior disminuyó. Mientras que antes representaban el 30 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) desocupada, en 2017 se ubicó en 47 por ciento.
De acuerdo con el estudio Empleo Precario y Mala Educación en México, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la tendencia es sumamente visible en todos los estados del país y esto es muestra de que la calidad del empleo ha disminuido al igual que las oportunidades de negocio, ya que la informalidad gana terreno con esta condición.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el tercer trimestre de 2017 la tasa de desocupación se ubicó en 3.6 por ciento y es de las más bajas de los últimos 12 años.
De 54.4 millones de personas económicamente activas [aquellas que buscan una ocupación y tienen edad legal para hacerlo], 1.9 millones están desocupadas; es decir, 3.6 por ciento del total que es incluso inferior a la de otros países. El 47 por ciento de esas personas desocupadas tiene un grado de estudios de nivel medio superior y superior.
“A pesar de ser minoría, los mexicanos que tienen mayores calificaciones escolares enfrentan fuertes dificultades para encontrar una ocupación”, destaca el documento. En el año 2000, la proporción fue de 30 por ciento, pero en 2017 tocó casi el 50 por ciento, expone.
El desempleo es bajo, pero devora a más personas capacitadas. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
Las cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) muestran que la tendencia en México es contratar personas con menor nivel de estudios. Si se toma como referencia el año 2000, en la Ciudad de México, la tasa de desocupación de gente con estudios de nivel medio superior y superior, era de 46 por ciento y pasó a 58 por ciento.
En Quintana Roo, se pasó de 28 a 57 por ciento; en Morelos, de 27 a 56 por ciento; en Tamaulipas de 27 por ciento a 54 por ciento; en Puebla de 26 a 51 por ciento; en el Estado de México, de 33 a 49 por ciento; En Veracruz, de 23 a 49 por ciento; en Baja California, de 19 a 45 por ciento; en Michoacán, de 10 a 43 por ciento; en Sinaloa de 18 a 41 por ciento; en Chihuahua de 21 a 38 por ciento y en Guanajuato de 17 a 36 por ciento.
Más de la mitad de los desocupados tiene un grado de estudios de media superior o superior en 12 entidades de la República, por lo que se concluye que tener un grado de estudios superior al promedio nacional, ya no es suficiente para encontrar un buen empleo.
“México requiere crecer más, más innovación y requiere gente educada, pero resulta que la gente educada no encuentra oportunidades, lo que es una contradicción delicada, ya que parecería que de nada sirve estar destinando recursos al sistema educativo si en un momento dado no se garantiza una vinculación con el sistema productivo”, comentó José Luis de la Cruz, director general del IDIC, en entrevista con SinEmbargo.
La razón está en el bajo valor agregado que genera el sector productivo, que requiere poco capital humano, es decir, un nivel de estudios y de capacitación bajo, el bajo crecimiento económico y la maquila.
“Bajo ese escenario hay menos demanda de mano de obra calificada porque detrás del crecimiento está el valor agregado, que es la capacidad para generar transformación, innovación y para ello se requiere gente más educada y más capacitada. Como México no ha encontrado la fórmula de crecimiento, eso termina en menores oportunidades para la gente que más estudios tiene. Las oportunidades de trabajo se están generando en las actividades de bajo valor agregado, en donde no se necesita tener estudios. Está también el hecho de que en México predomina el sector manufacturero y maquilador. Esto implica que únicamente ensamblan cosas y se importa la tecnología. Se requiere poca gente calificada para hacer este tipo de actividades porque solo se exporta. Esos son los factores que inhiben la generación de empleos para la gente con mayores estudios”, agregó De la Cruz.
Esta selección al momento de contratar, sostiene el estudio, va en contra del modelo de apertura económica y comercial que busca contratar personas con alta educación y capacitadas. En México no se está cumpliendo.
En cuanto al sistema educativo, este tiene que ser factor de movilidad e inclusión social porque si no lo es, entonces ¿para qué educarse?
“Se pervierte que una parte importante de los objetivos del sistema educativo, que es la de generar estabilidad social a través del ingreso económico para quienes hacen el esfuerzo de estudiar”.
Además, se detectan “incentivos perversos”, como optar por la informalidad, la ilegalidad o descartar el sistema educativo.
La educación y la industria no están vinculadas, ya que eso genera estrategias de formación de empleo y hay un aceleramiento económico, se incrementa la productividad.
“Estudiar dejó de ser factor de movilidad social, probablemente por el bajo nivel de calidad educativa y la existencia de un modelo que genera bajo valor agregado”, sostiene el estudio.
Por estado, sobresale que Guerrero y Chiapas lideren la lista. De acuerdo con el director del Instituto, esto se debe a que hay pocas empresas transformadoras en esas entidades y a que la actividad productiva es de subsistencia y está vinculada a la informalidad. Eso es parte de lo que inhibe el desarrollo del sur, sureste y acaba reflejándose en menores oportunidades para la gente que más estudia en aquella región del país.
“La actividad productiva de estos estados en informal, cerca del 70 por ciento del empleo que se genera está vinculado con ello, al comercio al por menor, en donde no se requieren grandes cualificaciones en términos de capital humano. Ahí se genera un círculo vicioso de pobreza que está asociado con la baja productividad, en el que hay pocos incentivos para las empresas para instalarse allá porque tampoco hay infraestructura de seguridad pública y hasta de marco legal para salvaguardar los derechos de propiedad”, sostuvo el investigador.
También está la mala calidad de los salarios y la no contratación a pesar del nivel de capacidades, termina por orillar a las personas a la informalidad.
La informalidad es el grado de precarización de la ocupación laboral en el país y se traduce en:
–32.6 millones de personas ocupadas sin seguridad social.
–15.9 millones de trabajadores no tienen un contrato por escrito.
–13.5 millones tienen prestaciones distintas a la de la seguridad social.
–Todas carecen de pensión.
“La informalidad agrupa a ese México que vive en las sombras, que no espera mucho de las instituciones porque en el extremo le estorban en su actividad diaria”.
Entonces, de acuerdo con la investigación, por un lado el empleo es precario y la informalidad, que no requiere innovación tecnológica, es alta; las actividades económicas formales de bajo valor agregado no necesitan de personas altamente calificadas y preparadas.
Sobre la industria de la maquila, refiere que “¿para qué ganar recursos en investigación, ciencia y tecnología si se puede importar barato de otras naciones? La realidad muestra que los países con mayor inversión en educación, ciencia, progreso tecnológico e innovación han alcanzado niveles de crecimiento económico y desarrollo social superiores a los de países, como México”.
Según la investigación, México está en un círculo vicioso: paga caro el haber descuidado la educación, las actividad empresarial y la salud del mercado laboral. Todo eso tiene como resultado un crecimiento inercial de 2.5 por ciento y altos niveles de pobreza.
“La consolidación de la estabilidad social de México hace prioritario que los ciudadanos sean capaces de integrares exitosamente a los procesos productivos modernos”.
“El sistema educativo debe garantizarlo […] cuando la educación y la industria se encuentran estrechamente vinculadas se pueden generar programas de estudio, estrategias de formación de empleo, de creación y aceleramiento de empresas con alto valor agregado que garanticen el incremento de la productividad al mismo tiempo que se eleva el bienestar de la población”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE), seis de cada 10 jóvenes trabajan en empleos informales con salarios bajos, inestabilidad laboral y sin prestaciones como servicios de salud y seguridad social y sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron una licenciatura se encuentran ocupados (53.9 por ciento) y a pesar de estar empleados, 57.7 por ciento no tiene acceso a servicios de salud y cuatro de cada diez trabajan en empleos informales.
En el caso de las mujeres, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que a pesar de que estudian en la misma proporción que los hombres y se titulan en mayores proporciones, siguen siendo contratadas para ocupar los niveles más bajos de investigador. Además, tres de cada diez mujeres jóvenes que tuvieron al menos un hijo nacido vivo tenían rezago educativo, mientras que solo una de cada diez que no tuvieron hijos tenía rezago.
De parte de los contratistas, se cayó en el error cuando dejaron de innovar, dejaron de producir aquí tecnología y hacer desarrollos en el país. Algunas empresas trasnacionales buscan que los puestos sean para el trabajador local. En el caso de México, no se garantiza que se pueda competir por puestos directivos que son en los que se requieren mayores grados. México es un país muy abierto y lo deja libre. Eso representa menores oportunidades para los trabajadores mexicanos, en este caso los más preparados.
“A nivel internacional vemos que México, dentro de los países en desarrollo, es una nación que tiene un sistema educativo grande, pero que no tiene la capacidad de vincularlo con las capacidades empresariales, productivas. Le impide saltar de una nación en desarrollo a una nación desarrollada o a una economía emergente. La renegociación del TLCAN implicaría pasar de ser maquilador a tener mayores encadenamientos productivos y eso por sí solo requiere gente más calificada […] La renegociación del TLC debe obligar a que México busque subsanar esa deficiencia que tiene”, concluyó De la Cruz.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
