El mandatario de Baja California sugirió que el precandidato solo acudió algunos minutos para que fuera captado por las cámaras y posteriormente se retiró del lugar
Por Uriel Saucedo
Tijuana, 10 de febrero (Zeta).- Para Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California, la supuesta capacitación en temas de género a la que asistió el precandidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank, tras hacer comentarios despectivos contra las mujeres, no es suficiente para que cambie su actitud. Aunque reconoció la intención de ir a un curso de este tipo, lo invitó a que acuda a uno para que no mate ni engañe.
“Pero entonces hay que mandarlo a capacitaciones de no matar, no engañar, porque si con una capacitación así ya cambió, acuérdense y no se nos olvida a todos los que somos de aquí, el asesinato del Gato -Félix-, y los temas en los que él ha estado involucrado, el contrabando de pieles, que es la razón por la que no tiene visa y no se la han perdonado”, arremetió Bonilla Valdez, después que circuló una imagen del exalcalde de Tijuana en compañía de su esposa en dicha capacitación.
El mandatario estatal, sugirió que el precandidato solo acudió algunos minutos para que fuera captado por las cámaras y posteriormente se retiró del lugar, “no creo yo que con un curso de 15 minutos pueda cambiar su actitud y sé que árbol que nace torcido, servirá de columpio porque nunca se endereza”.
Prosiguió en su discurso, acusando que fue un engaño, con el que solo logró ofender a la ciudadanía, pero reiteró que “el pueblo no es tonto, el pueblo sabe, y tonto es el que cree que engaña al pueblo”. Para finalizar con el tema, le dio el beneficio de la duda por al menos darse unos minutos para capacitarse en el tema, pero advirtió que se tendrá que ver las opiniones que emita el empresario de casinos con respecto a las mujeres. De igual manera, aseguró que usará su transmisión para preguntar a los espectadores su opinión acerca de dicho acto.
El Secretario de Salud de Baja California, Alfonso Pérez Rico señaló que los pulmones del Gobernador de encuentran bien y no se van a perder.
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California, aseguró que su salud ha mejorado y desmintió la información que circuló a través de redes sociales que decía que el funcionario estaba a punto de perder un pulmón a causa de la COVID-19.
Durante la transmisión en vivo desde el centro de Gobierno, Bonilla aclaró que su salud es buena y que sólo tiene una ligera tos.
“Le agradezco que esté al pendiente de mi salud. Estoy bien. Sí estuve delicado, permanecí dos o tres días en el hospital y después convaleciente, pero siempre con la supervisión de la Secretaría de Salud.”, dijo el Gobernador.
“Me queda la tos que no es fácil sacudirla, pero mis pulmones están al 90 por ciento y no corren riesgo”, agregó.
Asimismo el Secretario de Salud de Baja California, Alfonso Pérez Rico, señaló que los pulmones del Gobernador se encuentran bien y no se van a perder.
“Tiene secuelas por neumonía viral por COVID, pero no está en riesgo de perder un pulmón. Todos los días se está recuperando”, indicó Pérez Rico.
El pasado 10 de diciembre, Jaime Bonilla fue dado de alta del Hospital General de Tijuana, donde ingresó desde la mañana del lunes 7 de diciembre a causa de una neumonía viral causada por el virus SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19.
El titular del Poder Ejecutivo Estatal comentó a los medios de comunicación presentes a las afueras del área de Urgencias del nosocomio, que si hubiera tardado uno o dos días más en ir a un hospital, tal vez el panorama hubiera sido muy distinto.
Fue el pasado 8 de julio que Bonilla informó que tuvo COVID-19 durante el mes de marzo, esta sería la primera vez que dio a conocer sobre el padecimiento, sin embargo en ese momento no lo reportó ante las autoridades sanitarias correspondientes.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla dio nuevamente positivo a COVID-19.
De acuerdo con el Secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico fue hace 48 horas que el Gobernador de comenzó a presentar síntomas compatibles con la COVID-19.
Fue a través de la prueba PSR que se confirmó el padecimiento, por lo que el Gobernador se encuentra recuperándose en su domicilio, no se reportaron problemas graves en su salud.
Se espera una pronta recuperación en los últimos días.
“El Secretario de Salud del Estado, Alfonso Pérez Rico confirmó que el Gobernador, Jaime Bonilla dio positivo a la prueba de Sars-Cov-2(Covid-19)”, se dio a conocer a través de Twitter.
Le Secretario de Salud del Estado, Alfonso Pérez Rico confirmó que el Gobernador, Jaime Bonilla dio positivo a la prueba de Sars-Cov-2(Covid-19).pic.twitter.com/cgPAOVksXO
Fue el pasado 8 de julio que Bonilla informó que tuvo COVID-19 durante el mes de marzo, esta sería la primera vez que dio a conocer sobre el padecimiento, sin embargo en ese momento no lo reportó ante las autoridades sanitarias correspondientes.
Durante un evento relacionado con la autopista Escénica que está a la altura de Playas de Tijuana, el Gobernador asumió haber dado positivo a una prueba de coronavirus.
Sin embargo dijo que padeció algunos síntomas durante el mes de enero pero fue diagnosticado con sinusitis.
Posteriormente durante el mes de marzo cuando comenzó la ola de contagios en la región se volvió ha realizar el estudio y presuntamente dio negativo.
Por lo que hasta ahora después de realizarse un análisis de sangre se confirmó que Bonilla padeció coronavirus.
Un grupo de 128 personas autodenominado “Baja no se deja” presentó este viernes el recurso legal para manifestar su apoyo al proyecto del Ministro Fernando Franco contra la “Ley Bonilla” que amplió el mandato del Gobernador de Baja California.
Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- Personajes de la política como Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri de la Torre presentaron un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la llamada Ley Bonilla, que amplia el periodo de mandato de dos a cinco años del Gobernador de Baja California.
Un grupo de 128 personas autodenominado “Baja no se deja” presentó este viernes el recurso legal para manifestar su apoyo al proyecto del Ministro Fernando Franco contra la “Ley Bonilla” que amplió el mandato del mandatario Jaime Bonilla.
“El Amicus Curiae o Amigos de la Corte es un recurso legal aceptado en México que contiene una opinión técnica frente a algún punto de derecho y es expresada voluntariamente por terceros ajenos a un litigio con el fin de colaborar con el tribunal en la resolución de la materia”, recordó el grupo en un comunicado.
El grupo argumentó en su recurso dicha ley es una violación a los derechos de los ciudadanos de Baja California.
“Violenta el derecho al voto y el principio de certeza jurídica en materia electoral. Se violenta este derecho y principio legal, debido a que el artículo 23 inciso b, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece claramente que en una elección se debe manifestar la libre voluntad de los electores”, detalló.
También explicó que la ley representa una violación a la prohibición de realizar reformas electorales dentro de los 90 días previo al inicio del periodo electoral.
Otros de los firmantes del Amicus Curiae son Enrique Krauze Kleinbort, Luis Carlos Ugalde Ramírez, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, Ernesto Ruffo Appel, Ignacio Morales Lechuga, Francisco Javier Mandera de Arriguanaga, Gustavo A. Madero Muñoz, Julián Leyzaola Pérez, Ernesto Elorduy Blackaller y Pedro José Ochoa Sánchez.
“Y a la población necesitada ¿quién la ayuda? Eso ya se acabó. A los empresarios que ahora están chillando más que un puerco atorado en un cerco, (que preguntan) ‘¿por qué los impuestos?’, (les digo) pagan poquito, porque los que menos tienen son los que más pagan y menos servicios tienen”, expresó el Gobernador Jaime Bonilla.
Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Jaime Bonilla, Gobernador de Baja California, expresó que los empresarios “lloran peor que un puerco atorado en un cerco”, luego de que la iniciativa privada se quejara por la creación de nuevos impuestos y el incremento de otros.
El mandatario hizo esta declaración durante su visita a la colonia Colorado 1 en Mexicali; ahí, Bonilla comentó a los ciudadanos presentes que los empresarios exigen condiciones que no tienen las comunidades y por ello buscan evadir impuestos.
Al ser cuestionado sobre ello, el Gobernador refirió que el descontento de la iniciativaprivada por los nuevos impuestos se debe a que éstos son “nacionalistas” que invierten, pero no aportan.
“La Coparmex no representa nada en la comunidad, representa a unos empresarios que se oponen a todo lo que sea participación de los ciudadanos, ellos nada más son para el ganón”.
“Y a la población necesitada ¿quién la ayuda? Eso ya se acabó. A los empresarios que ahora están chillando más que un puerco atorado en un cerco, (que preguntan) ‘¿por qué los impuestos?’, (les digo) pagan poquito, porque los que menos tienen son los que más pagan y menos servicios tienen”, expresó.
De manera sorpresiva, sin estudios previos y ni consideraciones, el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez propuso una serie de nuevos impuestos e incremento a otros ya establecidos en la Ley de Ingresos de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, que fueron aprobados por la mayoría morenista en el Congreso.
Gravámenes a combustibles derivados de petróleo, hospedajes y casas de empeño, se unieron al polémico incremento al impuesto sobre nómina. Los argumentos para la imposición fueron la urgencia para rescatar la complicada situación financiera de la entidad y la reducción de participaciones federales
La administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez considera que cualquier acción puede justificarse, en aras de resolver el desastre financiero de su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, y en una sesión extraordinaria -y sorpresiva- impuso una serie de impuestos a gasolinas, gas, hospedajes y ventas en casas de empeño, a escasas horas de terminar el año.
Estos se suman a otros tantos, como el Impuesto sobre la Nómina incluido en la Ley de Ingresos 2020, que contempla 53 mil 928 millones 153 mil 290, es decir, mil millones menos que el 2019.
Al final, todo el proceso y los días de comparecencias y “análisis” para Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, resultaron irrelevantes, pues el Gobierno del Estado incluyó nuevos mecanismos para mayor percepción de recursos, a través del cobro a empresas y ciudadanos, con la venia de los diputados de su partido y algunos aliados, quienes desconocen realmente lo que aprobaron la noche del martes 31 de diciembre, porque no contaban con análisis de la Auditoría Superior del Estado ni el dictamen como tal. Tampoco hubo debate en comisiones, ya que las modificaciones llegaron al Congreso del Estado horas antes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formuló la petición del informe el 23 de octubre, en tanto que el TEPJF lo remitió el miércoles 30. Finalmente el documento obtuvo sello de recibido (otorgado por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN) el 31 de octubre (un día antes de que el actual mandatario estatal asumiera el poder).
Por Eduardo Andrade Uribe
Tijuana, 3 de diciembre (ZetaTijuana).- Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyeron que el Decreto 351, con el que se amplió el periodo gubernamental en Baja California, transgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votados. Representante partidista estimó que las opiniones de la Sala Superior aportarán “mayores elementos para mejor proveer en este asunto”.
A solicitud del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una opinión técnica sobre el Decreto 351, con el que se amplió el mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. Por lo que respecta a la reforma publicada el 17 de octubre, el Tribunal determinó que es “inconstitucional”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formuló la petición del informe el 23 de octubre, en tanto que el TEPJF lo remitió el miércoles 30. Finalmente el documento obtuvo sello de recibido (otorgado por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN) el 31 de octubre (un día antes de que el actual mandatario estatal asumiera el poder).
La elaboración de la opinión técnica partió de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) contra la denominada “Ley Bonilla”.
El representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, Miguel de Loera Guardado. Foto: Especial, Zeta
Conforme a tales recursos, figuran como “autoridades responsables” el Congreso de BC, en vista de haber emitido la reforma impugnada y el entonces mandatario estatal (Francisco Vega de Lamadrid) “por la promulgación y publicación de la misma”.
Los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera (presidente), Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Arali Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez, firmaron el informe compuesto de 35 páginas, el cual acompañaron de una certificación emitida por la secretaria general de Acuerdos, Berenice García Huante.
En el apartado relativo a la “Cuestión General”, los miembros del Tribunal aclararon que tal como ha establecido la SCJN, las opiniones que la Sala Superior emita a propósito de temas con contenido electoral no son vinculantes; aunque ello no implica que no aporten “elementos adicionales para el estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la finalidad de orientar el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.
En cuanto a los “conceptos de invalidez” que los partidos políticos atribuyeron en su rechazo a la reforma que revirtió el artículo relativo a gobierno de dos años para dar paso a un periodo de cinco, la Sala Superior estableció que consisten en “violaciones al procedimiento legislativo y a los principios constitucionales de retroactividad, prohibición de leyes privativas y conclusión de los efectos del artículo Octavo Transitorio”.
MAYORES ELEMENTOS
Sobre la pertinencia de la opinión técnica solicitada al TEPJF, el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, Miguel de Loera Guardado, manifestó que “la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 68, establece que hasta antes de dictarse sentencia, el ministro instructor podrá solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto”.
Recalcó que el análisis realizado por la Sala Superior es coincidente con los conceptos de invalidez a los que el partido naranja hizo referencia como parte de la acción de inconstitucionalidad que presentó el 18 de octubre, fecha en la que igualmente se presentaron los recursos de PAN, PRD y PRI.
En lo correspondiente a las violaciones atribuibles a la enmienda constitucional, aseveró: “Resultan de tal gravedad que impactan principios rectores básicos del sistema democrático mexicano”, además de destacar que el Decreto 351, tal como indicó la Sala Superior, “resultaría incluso contrario al principio de no reelección”, toda vez que atenta contra “la garantía de renovación periódica y alternancia en el poder”.
A decir del entrevistado, el pronunciamiento de la Sala Superior “va a influir bastante en la determinación que haga la Suprema Corte de Justicia respecto a este tema”, tomando en cuenta que esa opinión proviene del órgano jurisdiccional de mayor relevancia en el tema electoral mexicano.
De Loera Guardado estimó que el informe “le va a dar mayor abundamiento al sentido en que vayan a emitir los votos los ministros”.
Asimismo, expuso que a diferencia del mecanismo conocido como amicus curiae (Amigos de la Corte), el cual sirve para conocer la percepción ciudadana sobre los asuntos legales, en este caso “es un instrumento técnico” que “va mucho más allá”.
El representante partidista abundó: “Aquí se tiene que tomar en consideración las violaciones que mencionó (la Sala) porque no lo están haciendo los magistrados a título personal, lo están haciendo como un acuerdo plenario del mismo Tribunal Federal Electoral, esto por supuesto que va a tener parte de la misma resolución cuando se emita”.
También hizo hincapié en que con todo y que el Tribunal no se puede pronunciar sobre las violaciones al proceso legislativo por ser cuestiones generales del Derecho, “en lo que es materia electoral” coincidió plenamente con lo que expusieron los partidos políticos, “por ello al momento en que determine la Corte”, va a determinar si es constitucional la reforma o no, “y ahí prácticamente el Tribunal Federal Electoral ya te está diciendo que se aparta de la regularidad constitucional”.
Observó que aun cuando las opiniones del TEPJF “no son vinculantes”, en vista de que la SCJN resuelve “en plenitud de jurisdicción”, sirven “para tener mayores elementos para mejor proveer en este asunto”.
Finalmente, Miguel de Loera recordó que no se puede saber con precisión cuándo habrá de resolverse el proceso emprendido contra la “Ley Bonilla”, habida cuenta de que “no se ha colmado la temporalidad que marca el mismo transitorio”, como tampoco la que quedó establecida con la modificación. “No han pasado ni los dos ni los cinco años para establecer que se colme o que sean irreparables”, dijo.
Para concluir, planteó que en todo caso es preferente que la SCJN agote todos los instrumentos a su alcance para llegar “a una mejor resolución a este asunto que nos ocupa”.
TRANSGRESIONES
La Sala Superior determinó que el Decreto 351 no cumple con el principio de temporalidad mínima, toda vez que se publicó el 17 de octubre de 2019, siendo que el proceso electoral transcurrió del 9 de septiembre de 2018 al 7 de octubre de 2019.
Con ello se violentó el principio de certeza, contemplado en el Artículo 105 Constitucional, fracción II penúltimo párrafo, pues es obligatorio “promulgar y publicar las reformas electorales con noventa días de anticipación” al proceso electoral.
El 105 Constitucional tampoco permite modificaciones sustanciales durante el proceso.
Con todo y que el decreto se publicó posterior al marco de la contienda electoral, de cualquier manera su publicación resulta violatoria, ya que no se deben modificar normas en aras de incidir en un proceso que ya transcurrió, indicó la Sala Superior.
Sobre la particularidad de que las modificaciones no procederán en caso de ser sustanciales, los magistrados establecieron que la modificación avalada por Congreso de Baja California sí lo es, pues conforme al principio de periodicidad de las elecciones, debe haber “un plazo cierto y conocido por toda la ciudadanía, durante el cual se ejercerá el poder público”.
Por lo que respecta a este apartado, concluyeron que la reforma al Artículo Octavo Transitorio vulneró el principio de certeza, considerando que en todo sistema democrático, quienes resulten electos habrán de durar en el cargo lo que la Ley establezca al momento que inicie el proceso electoral y a lo largo de este.
La Sala Superior también estimó que el Decreto 351 vulnera el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas, contemplado en el Artículo 41 Constitucional. Dicho precepto está encaminado a salvaguardar la vigencia efectiva de un gobierno democrático y a evitar “actuaciones de extensión de mandato de un Poder representativo realizada unilateralmente”.
Con todo y que “la norma fundamental” permite a las entidades federativas legislar en lo relativo a sus regímenes interiores, de ningún modo podrán atentar contra las estipulaciones del pacto federal; en este caso, se pasó por alto la voluntad popular, en vista de prorrogarse “el mandato que le fue conferido a la persona que fungirá como Gobernador del Estado solo para el periodo de dos años”; señala el informe.
Otro de los principios quebrantados, según quedó establecido, es el de “no reelección (implícita)” (Artículo 116). A propósito, los magistrados aclararon que la SCJN ha considerado que la ampliación de mandato de gobernador no implica en sentido estricto una reelección, cuando no ha habido de por medio una convocatoria a la ciudadanía para manifestarse a ese respecto mediante el voto; sin embargo, está prohibido prorrogar o extender el mandato “más allá del periodo para el cual se ha sido electo democráticamente”.
El principio de sufragio universal, libre, secreto y directo (Artículo 116, con relación al numeral 41) igualmente habría sido vulnerado. El Tribunal asentó que en ese supuesto, el hecho de ampliar el periodo gubernamental significa que el Congreso local se colocó unilateralmente como único participante activo y pasivo, cual si se tratara de una “elección a modo”, encaminada al establecimiento de un nuevo periodo.
Concediendo que se violó ese precepto democrático, “la reforma controvertida resulta inconstitucional”, determinó el Tribunal.
Los derechos a votar y ser votado también habrían sido vulnerados. Tal como recalcó la Sala Superior la capacidad política de los ciudadanos para tomar decisiones en temas que les afectan debe prevalecer en los sistemas democráticos; la formación de la voluntad ha de partir del pueblo hacia los órganos del Estado y no estos hacia aquél, además de que tales órganos deben mantenerse neutrales ante la contienda electoral.
Tales derechos se deben asimilar como íntimamente ligados a “la exigencia de elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo”.
Ampliar el mandato por encima del periodo para el que los órganos de representación popular son electos por la ciudadanía, perjudica “los derechos fundamentales de participación política”, toda vez que los individuos competentes quedan impedidos de participar en el proceso de manera activa (votar) o pasiva (ser votados).
Los integrantes de la Sala Superior agregaron que al determinar los órganos públicos la duración del mandato de manera unilateral, luego de ser electos los representantes populares, se “vulnera la autonomía y la libertad política de los ciudadanos”, de ahí que hayan estimado que el Decreto 351 transgrede el derecho a votar y ser votado.
Atendiendo a tales consideraciones, establecieron que la reforma al Artículo Octavo Transitorio es inconstitucional.
En resumen, la Sala Superior estipuló: “Por las consideraciones que han quedado señaladas se considera que la reforma impugnada resulta inconstitucional ya que transgrede la prohibición constitucional prevista en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo; los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, así como los derechos de votar y ser votados, previstos en los artículos 35, fracciones I y II, 41, párrafos primero y segundo y 116, párrafos primero y segundo”.
Un día después de que el Gobierno de Baja California, a cargo de Jaime Bonilla, presentara una denuncia contra el ex Gobernador “Kiko” Vega, el mandatario local dijo este miércoles que los ex gobernadores José Guadalupe Osuna Millán y Eugenio Elorduy Walther también podrían ser investigados por el presunto desvío de recursos.
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo/Zeta).-El Gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, también podría investigar a los ex mandatarios panistas José Guadalupe Osuna Millán y Eugenio Elorduy Walther, por el presunto desvío de recursos públicos en el estado. Desvíos en los que estarían involucradas “más de 90 empresas”.
Sobre el monto los presuntos desvíos, el Gobernador dijo que “podrían llegar a los dos mil millones de pesos”, comentó el mandatario local.
Además, señaló que será la Fiscalía Anticorrupción la dependencia encargada de llevar a cabo la investigación correspondiente.
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“Son muchos, más de 90 empresas, pero no todas bajó las mismas circunstancias, 40 son las que tienen facturas falsas solamente”, aseguró Bonilla.
El Gobernador Bonilla también señaló, en conferencia de prensa, la mañana de este miércoles, que en Baja California se pasó de “un Gobierno malo, Osuna, a uno peor, ‘Kiko’ Vega”, pero que su administración trabajaría para investigar los presuntos desvíos.
“Nada corto de un genocidio cometió el Gobierno saliente de haberle robado el dinero a los niños; se van y siguen robando desde afuera, se roban 3 millones de pesos de una de las cuentas de aquí de Mexicali”, agregó el Gobernador.
“Yo les quiero decir que vamos a seguirles los pasos”, añadió Bonilla.
Ayer, el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Estado por los delitos de abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, administración fraudulenta, abuso de confianza y coalición de servidores públicos, infidelidad en custodia de documentos, y violación de secretos o negociaciones lícitas durante la administración del ex Gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Concretamente, la denuncia fue interpuesta contra el ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid, la ex Oficial Mayor y hoy Diputada Loreto Quintero y el ex Secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz. Además se busca sancionar al ex director de Normatividad, Enrique Remigio Salcido, y al director de Adquisiciones, Rutilio Pérez Flores.
El Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, dijo en su conferencia de prensa matutina que después de un resultado preliminar de la Auditoría se había determinado que hubo “un gran abuso” por parte de los funcionarios salientes, por lo que su compromiso es “caiga quien caiga, no hay vacas sagradas”.
LA RESPUESTA DE VEGA
A través de una carta, el ex Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, realizó una tibia respuesta a los severos señalamientos realizados por el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, que lo acusan de desviar más de mil millones de pesos a través de una estructura de empresas “fantasma”.
En el breve documento puesto a disposición de los medios de comunicación, el ex mandatario panista se dijo dispuesto a responder ante las autoridades correspondientes.
Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California, señala que es culpa del Gobierno federal que no se estén pagando los salarios en el Tribunal de Justicia Alternativa, Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, el Instituto Estatal Electoral, el Cecyte, el Cobach… Pero en la entidad acusan que es corrupción.
Por Lourdes Loza Romero, Eduardo Villa Lugo y Isabel Mercado
Tijuana/Ciudad de México (Zeta/SinEmbargo).- Nunca en 30 años del Tribunal de Justicia Alternativa se había dejado de entregar el recurso por parte del Gobierno del Estado de Baja California. Hoy día dicen, los tienen hasta el cuello al no pagarles tres catorcenas. Lo mismo sucede en el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, el Instituto Estatal Electoral, el Cecyte, el Cobach, entre otros. A “Kiko” Vega lo denuncian ante PGR por corrupción.
“El no pago de nómina por parte Francisco Vega de Lamadrid más que un Gobierno en quiebra denota corrupción, indisciplina financiera e ineficacia en ejercicio del gasto, por lo que debe ser denunciado e investigado por las vías legales”, consideró el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
La falta de liquidez es responsabilidad de quien transfiere los fondos previamente calculados, “no se puede hablar de quiebra o falta de fondos, hay indisciplina en el manejo del gasto público, es una indebida aplicación y control del presupuesto, es ahí donde se tiene que investigar”.
Respecto al argumento del Gobierno del estado de que la falta de fondos federales lo llevó a esta crisis que le impide depositar la nómina de diversos órganos estatales, Solís Farías expuso que entonces el Gobernador “Kiko” Vega “tendría que sumarse a las demandas de los afectados, haciendo un llamado enérgico al Gobierno federal”.
No obstante, advirtió que los gobiernos deberían contar con un fondo de emergencia para atender este tipo de contingencias.
La última catorcena de octubre y la primera de noviembre de 2018, el Gobierno del Estado dejó de enviar los recursos para la administración y operación de seis dependencias y un poder del Estado: Cobach. Cecyte, Instituto estatal Electoral, Instituto de Transparencia, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Alternativa al Poder Judicial.
Desde pagos por 300 mil pesos hasta por 20 millones de pesos, se dejaron de suministrar con el argumento, por parte de la Secretaría de Finanzas hacia los titulares de las dependencias, que no había dinero porque se utilizó para el pago a maestros –que van a un nuevo paro por las mismas razones-, y porque los recursos extraordinarios por parte del Gobierno federal no habían llegado a las arcas estatales.
Lo cual indica que los recursos ordinarios, etiquetados por el Congreso del Estado para ser ejercidos por el Gobierno del Estado y entregados a las dependencias y poderes, fueron desviados de su propósito original para el pago de otros servicios o productos.
La falta de pago, que no había sucedido en los gobiernos panistas de Baja California y mucho menos en la cantidad económica y de instituciones que se deja de recursos, hizo crisis la última semana de noviembre, cuando en las instancias no tuvieron dinero suficiente para pagar los sueldos de los trabajadores.
De hecho, en dependencias como el ITAIP, el IEE, la CEDH, y en el Poder Judicial, temen que en diciembre no tengan para pagar aguinaldos. Las cifras del recurso mensual a entregar durante el último mes del año, incrementan debido a esa prestación. El secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández, no les ha garantizado que el pago llegará, y algunas instituciones sobreviven con ahorros o de la solidaridad de los empleados a quienes no paga, aunque ha sido conocido que muchos de estos trabajadores están buscando abogados para demandar al Gobierno del Estado.
Vía telefónica primera, y por mensajería de celular después, el secretario de finanzas Bladimiro Hernández fue contactado por ZETA, pero no dio respuesta a las preguntas para conocer el porqué de la falta de recurso ordinario y el número de entidades a las cuales dejaron sin dinero, entre otras cuestiones.
ANTE PGR DENUNCIARON POR CORRUPCIÓN A VEGA
“Estamos en una crisis financiera motivada a partir de la negligente y corrupta utilización de los recursos públicos por parte del Gobierno del Estado”, señaló Carlos Atilano Peña, representante del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), organismo que interpuso el mediodía del jueves 29 de noviembre una denuncia penal en contra del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por el delito de corrupción.
No es posible que estas alturas siga habiendo adeudos con algunas instituciones del estado y se diga que es por falta de fondos no entregados por la federación, cuando un estudio que de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó “desfalcos, desvíos y ausencia de recursos de la federación que fueron entregados al Estado y que deberán ser motivo de una investigación muy profunda para determinar el monto y, sobre todo acreditar la comisión de estos delitos”.
La querella integrada bajo el número de expediente FED/BC/TIJ/0005116/2018 ante la Procuraduría General de la República (PGR) “es para que se investigue esta situación que contrasta con el enriquecimiento que Francisco Vega de Lamadrid ha logrado siendo servidor público”, dijo.
En la investigación se demandó incluir a Carlos Bonfante, secretario de Desarrollo Económico; Loreto Quintero, Oficial Mayor; así como a los ex secretarios de Finanzas y Desarrollo Urbano y Ecología, Antonio Valladolid y Manuel Guevara, respectivamente; además del ex Gobernador Osuna Millán y el ex director del Seguro Popular, Alejandro Monraz Sustaita.
La denuncia fue integrada con más de 144 fojas en las que se incluyeron documentos de al menos 40 propiedades que “Kiko” Vega tiene registradas a su nombre, así como en las que aparece como socio o son propiedad de su familia, informó el representante de COCI, Carlos Atilano.
También se incluyeron informes, dictámenes, asignaciones de obras, como las entregadas a Víctor Hermosillo y el contrato de las vías de tren concesionado a Fernando Beltrán.
“NOS TIENEN HASTA EL CUELLO”: MAGISTRADO MONTERO
La mañana del viernes 23 de noviembre se acumuló el no pago de la tercera catorcena a los 110 empleados que conforman el Tribunal Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Baja California, informó el presidente del organismo, Carlos Rodolfo Montero Vázquez, situación que generó incertidumbre.
El monto de la nómina catorcenal del Tribunal asciende a un millón de pesos, gasto previamente programado en el presupuesto autorizado de 42 millones de pesos para el actual ejercicio fiscal.
Al retraso en el pago de nómina se suma la falta de depósito, también por tres catorcenas, del gasto operativo. “Esta administración nos tiene hasta el cuello”, dijo al referir que en los 30 años que tiene el Tribunal “no había pasado que se demoraran con el pago de los sueldos por más de un día”.
Fue hasta la tarde del pasado viernes cuando el Gobierno del estado logró depositarle una de las tres catorcenas pendientes, pero la incertidumbre prevalece ya que para el próximo 7 de diciembre no sólo se acumulará una catorcena más, sino que en esa fecha deberá quedar cubierta la primera parte del aguinaldo, pagos que de no ser cubiertos en tiempo y forma podrían afectar la operatividad del Tribunal y “si los juicios se atrasan a la larga a quién le cuesta es al Estado”, advirtió.
CECYTE SIN CLASES
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (Cecyte BC) se quedó sin recursos para pagar lo correspondiente a la catorcena número 24 de este año, por lo que alrededor de 2 mil 300 empleados, entre trabajadores y administradores, no recibieron su sueldo el pasado viernes 23 de noviembre.
A través de un correo la dirección estatal de Cecyte BC avisó el viernes por la tarde que no sería posible hacer el pago porque la federación no había “transferido” su subsidio y el mismo Colegio no cuenta con recursos propios para cubrir la deuda, desde ese mismo día el Sindicato “Poder Obrero de Trabajadores de BC” (Sinpot BC) convocó a un paro de labores a nivel estatal, el cual se efectuó a partir del miércoles 28, luego de haber realizado una manifestación el martes 27.
Tadeo Hernández Perales, coordinador Zona Costa del Sinpot BC amenazó con un “estallamiento a huelga” si el próximo martes 4 de diciembre no se hace efectivo el pago de la catorcena faltante.
Una semana antes de que se presentara la problemática de la falta de pago del salario al personal de Cecyte, cuatro integrantes del plantel Playas – Santa Fe en Tijuana fueron despedidos el viernes 16 de noviembre, luego de formar parte de una manifestación “brazos caídos” un mes antes, también por la falta del pago de sus prestaciones.
El coordinador del Cecyte BC en la Zona Costa, José de Jesús Ibarra Estrada, informó que la rescisión fue porque se comprobó que los cuatro afectados “intervinieron” en la educación de los alumnos, al regresarlos de la puerta de la escuela para continuar con la manifestación a pesar de que el Colegio ya había cumplido con el pago de las prestaciones que exigieron.
TOMA SNTE OFICINAS DE ISSTECALI POR FALTA DE PAGO
A las 08:00 horas del jueves 29 de noviembre, más de 200 profesores de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron las oficinas de ISSSTECALI, plantándose en el Centro Cívico de Mexicali, exigiendo así al Gobierno del Estado el pago correspondiente al mes de noviembre.
Por segundo mes consecutivo, el Poder Ejecutivo incumplió con el pago a los más de 7 mil maestros jubilados en Baja California, sumando un adeudo de más de 280 millones de pesos a este sector, informó María Luisa Gutiérrez Santoyo, líder del sector magisterial, quién convocó a la suspensión de labores y toma de oficinas.
Advirtió que debido a la crisis que enfrenta el Estado, “existe la posibilidad que los mismos docentes activos sufran esta problemática para fin de año, por lo que es necesario presionar al Gobierno para que realice las gestiones correspondientes”.
A la protesta se unieron profesores de Cecyte y del SETE, quienes sufren el mismo incumplimiento en los pagos, por lo que el día de hoy, viernes 30 de noviembre, se unirán a la toma de instalaciones del Poder Ejecutivo, sin descartar el cierre de otros edificios públicos.
“IMPOSIBILITADO DE PAGAR”: “KIKO”
El Gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, declaró que esta situación la venía previendo desde dos meses atrás, pero “estamos esperando que nos lleguen los recursos federales para ponerle remedio a esto”.
Después de hacer esta declaración el miércoles 28 de noviembre, “Kiko” Vega emitió un posicionamiento público, indicando en ocho puntos que si el gobierno del Estado no ha depositado la nómina a los diferentes poderes, organismos descentralizados y autónomos, ha sido porque “no se depositó por parte de la federación el total de apoyos extraordinarios irreductibles a la educación, ni del Fondo de Fortalecimiento Financiero que se tenía estimado recibir”, tanto en 2017 como 2018.
Subrayó que su gobierno “hizo frente a este déficit financiero con recurso propio, mismo que se debía haber destinado para programas estatales”.
Por ese motivo, agregó, “en este momento el estado no cuenta ya con recurso propio para seguir sacando adelante los compromisos de flujo de efectivo y es necesario que por parte del Gobierno Federal se atienda a Baja California”.
Ante ese escenario, continuó, “en convenio con los representantes de los diferentes Poderes, Organismos Descentralizados y Autónomos, el Gobierno del Estado ha depositado un porcentaje del subsidio que les corresponde, en medida de las restricciones financieras que se viven en la actualidad”.
Y puntualizó: “hacemos la precisión que el gobierno no es el responsable de administrar los recursos de cada Poder, Organismo Descentralizado y Autónomos”, desmarcándose así de la responsabilidad del no pago de la nómina.
DIPUTADOS DEMANDAN ACREDITAR CRISIS FINANCIERA
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un posicionamiento en el que demandan al gobierno de “Kiko” Vega acreditar con elementos los señalamientos públicos en los que responsabiliza al gobierno federal de la crisis financiera estatal.
“Adicional a la situación, tampoco ha habido una postura por parte de la federación sobre el tema, que permita confirmar o desvirtuar las aseveraciones del titular del ejecutivo estatal, lo que solamente genera que crezca la incertidumbre y especulación sobre los compromisos presentes y futuros por parte del Gobierno del Estado en diferentes rubros”, añadió el diputado Benjamín Gómez Macías, Coordinador de los legisladores priistas en el Congreso del Estado.
Ante ello, demandaron tanto al gobierno federal como estatal “que de cara a los ciudadano definan de manera clara y aporten los elementos suficientes que acrediten sus respectivas posturas, a efecto de que no se siga generando incertidumbre, inestabilidad y politización de un tema tan importante como lo es la viabilidad financiera”.
Organizaciones alertaron que la instalación de la cervecera Constellation Brands y la construcción de un acueducto arrasarán con el agua del Valle de Mexicali y dejará sin el vital líquido a más de 15 mil familias, sin que el Gobierno de Baja California intervenga para detenerlos. Los inconformes acusaron que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid únicamente vela por los intereses de la empresa y olvida a la población.
Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- El Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua en Mexicali y la Central Campesina Cardenista acusaron que la instalación de la cervecera Constellation Brands y la construcción de un acueducto arrasarán con el agua del Valle de Mexicali y dejará sin el vital líquido a más de 15 mil familias, bajo el amparo de Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los inconformes acusaron que Vega de Lamadrid únicamente vela por los intereses de la empresa y olvida a la población.
Asimismo, aseguraron que existe complicidad “dolosa y consciente” por parte de los tres niveles de Gobierno, ya que los permisos para edificar la cervecera y el acueducto se otorgaron sin conocer los impactos ambientales que existirán en la región.
“[Constellation Brands] es un cuchillo que va a venir a matar el Acuífero del Valle de Mexicali […] Se está vendiendo la patria gota a gota”, acusó el ingeniero Rigoberto Campos, vocero del Comité Ciudadano de Defensa del Agua en Baja California.
Los inconformes interpusieron un amparo para buscar que tanto la obra de la cervecera, como el acueducto Villahermosa- Mexicali sean suspendidos y a pesar de que se emitió una suspensión el pasado 3 de marzo, acusaron que las obras continúan avanzando. Campos informó que el próximo 30 de marzo, las autoridades darán el veredicto para que se continúe con la obra o se suspenda definitivamente.
Ante la situación, hizo un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto, a las Secretarías de Hacienda (SHCP), a la de Defensa Nacional (Sedena) y a la de Desarrollo Social (Sedesol) a fin de que “vigilen” el destino de los recursos que se gastan en Baja California y “se investigue al Gobernador por enriquecimiento ilícito”.
El acueducto, informaron, extraerá 20 millones de metros cúbicos de agua y dotará a la cervecera trasnacional de 7 millones de metros cúbicos anuales, por lo que, aseguraron, no habrá agua para el riego de trigo y otros cultivos, mientras el vital líquido le es asegurado por 50 años a Constellation Brands.
“Es una empresa depredadora. En Coahuila ya han sobreexplotado los acuíferos”, denunció el vocero. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, en dicho estado existen municipios en donde tres de cada diez pobladores no cuentan con el vital líquido.
Los inconformes acusaron que Vega de Lamadrid únicamente vela por los intereses de la empresa y olvida a la población. Foto: Ivette Lira, SinEmbargo.
El conglomerado cervecero estadounidense Constellation Brands es propietario de las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, y el año pasado acordó la adquisición de Ballast Point, un fabricante de cerveza artesanal, por mil millones de dólares. Sus cervezas importadas de México –que incluyen Corona y Modelo Especial– fueron clave en el crecimiento anual del 24 por ciento de la empresa de 2010 a 2015, según Kenneth Shea, analista de Bloomberg Intelligence.
En tres años de su Gobierno, “Kiko” Vega no sólo ha acumulado una deuda millonaria, también el “hartazgo social”, siendo Mexicali el epicentro de las protestas en su contra. En enero pasado, cuando entró en vigor el llamado gasolinazo, surgió la afirmación de que la capital del estado había “despertado” al lograr organizar tres manifestaciones masivas, la última con hasta 45 mil personas. Sin embargo, desde finales del año pasado se gestó un movimiento de rebelión cívica que se inició con protestas contra el reemplacamiento, el incremento a las tarifas de luz y la Ley de Agua, aprobada el 20 de diciembre de 2016.
Hace más de dos meses, en Mexicali se logró lo que en ninguna otra parte del país: la organización ciudadana, a través de redes sociales, por un bien común. Desde hace 27 años el estado no registraba protestas de esa magnitud, la última se vivió en enero de 1990, durante la primera administración panista en Baja California a cargo de Ernesto Ruffo Appel, cuando miles marcharon por las altas tarifas eléctricas que se impusieron en la región.
Con la iniciativa ciudadana #MexicaliResiste miles de personas en Baja California se han organizado para manifestar su rechazo al Gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid, acusado, entre otras cosas, de enriquecimiento ilícito y peculado. “Fuera Kiko Vega” es la principal demanda de los inconformes, y es que el mandatario panista no sólo no ha transparentado su riqueza y elevado la deuda de la entidad, sino que además ha intentado privatizar los recursos públicos para beneficiar a empresas, poniendo en riesgo el medio ambiente, la salud y la economía de los bajacalifornianos, que con sus protestas masivas han evidenciado la represión que ejerce el Gobernador.
Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Francisco Arturo Vega de Lamadrid no pensó que los bajacalifornianos llegarían a usar su lema de campaña “la gente manda” para exigir su propia renuncia, primero por una serie de acusaciones de corrupción, el alto incremento de la deuda y después por sus planes de privatizar el agua a pesar de los latentes problemas en el suministro del líquido vital. Al reclamo se sumó el aumento a los precios de las gasolinas y a otros impuestos.
En tres años de su gobierno, “Kiko” Vega no sólo ha acumulado una deuda millonaria, también el “hartazgo social”, siendo Mexicali el epicentro de las protestas en su contra. En enero pasado, cuando entró en vigor el llamado gasolinazo, surgió la afirmación de que la capital del estado había “despertado” al lograr organizar tres manifestaciones masivas, la última con hasta 45 mil personas. Sin embargo, desde finales del año pasado se gestó un movimiento de rebelión cívica que se inició con protestas contra el reemplacamiento, el incremento a las tarifas de luz y la Ley de Agua, aprobada el 20 de diciembre de 2016.
Dicha norma permitía, entre otros aspectos, la privatización del servicio de agua potable, el aumento y liberalización de las tarifas y el corte del suministro hídrico tras 90 días de impago. La iniciativa fue aprobada en la sala de juntas del Congreso local por diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Ciudadano (MC). Ante la ola de manifestaciones, el Gobernador decidió abrogar la ley, pero continuó con la construcción de un acueducto para abastecer, con aguas del Valle de Mexicali, a Constellation Brands, una planta que fabricará cerveza del Grupo Modelo para exportarla a Estados Unidos.
Hace más de un mes y medio, en Mexicali se logró lo que en ninguna otra parte del país: la organización ciudadana, a través de redes sociales, por un bien común. Desde hace 27 años el estado no registraba protestas de esa magnitud, la última se vivió en enero de 1990, durante la primera administración panista en Baja California a cargo de Ernesto Ruffo Appel, cuando miles marcharon por las altas tarifas eléctricas que se impusieron en la región.
Las protestas contra “Kiko” Vega se han tornado violentas. En un inicio, los manifestantes y las autoridades se limitaban a intercambiar gritos e insultos. El primer enfrentamiento ocurrió el 7 de enero, cuando elementos de la Policía Federal, Estatal y Municipal desalojaron a los manifestantes que durante cinco días bloquearon la planta de Pemex en Rosarito, dejando un saldo de 16 heridos, entre ellos cuatro policías, y al menos 40 detenidos.
El más reciente se registró el pasado lunes a las afueras del Palacio Municipal de Mexicali, donde unas 300 personas mantenían un plantón para exigir al Alcalde panista, Gustavo Sánchez, la reducción del impuesto predial y la eliminación del cobro por alumbrado público, entre otras demandas. Elementos policiacos comenzaron el desalojo de manera violenta y detuvieron a 11 personas, que permanecieron incomunicadas en las primeras horas y liberadas esa misma noche tras pagar fianzas de hasta 3 mil 200 pesos por los delitos de sabotaje y motín.
Por estas acciones, así como por la campaña de intimidación a comunicadores, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado al gobierno de Vega de Lamadrid de represor, sin embargo, el mandatario panista asegura que él “escucha a la gente” y permite la libre manifestación aun cuando sea en su contra
JUICIO POLÍTICO
El juicio político que miles de bajacalifornianos exigen para el Gobernador es principalmente por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado que pesan sobre él y que no han sido aclaradas.
En noviembre pasado, el periodista Joaquín López-Dóriga aseguró que, según una investigación federal, la fortuna de Vega de Lamadrid se incrementó desde que era Alcalde de Tijuana (1998-2001) gracias a la supuesta compra de más de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales. Además, reveló que el Gobernador estaba construyendo una residencia de 2 mil 500 metros y de un valor aproximado de 4 millones de dólares.
Cuando Vega, originario de Ciudad Obregón, Sonora, asumió la gubernatura de Baja California ya poseía 30 propiedades en distintos municipios del estado y en Estados Unidos. Heredó una deuda de 14 mil 627 millones de pesos que en dos años pasó a 17 mil 572 millones de pesos, de acuerdo con el “Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre de 2016” del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). Para liquidar las obligaciones del gobierno del estado, dice la organización, cada bajacaliforniano tendría que pagar 3 mil 583 pesos.
“Kiko” Vega desestimó las acusaciones de Dóriga, pero los bajacalifornianos no, y además de pedirle que presentara su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses– que hasta la fecha se ha negado a transparentar– le exigieron que cumpliera la reducción de su sueldo y de sus funcionarios, como se había comprometido. El pasado lunes, el Gobernador anunció una reducción del 10 por ciento a su sueldo y al de funcionarios de primer nivel. Ahora el panista tendrá una remuneración económica de 99 mil pesos mensuales, es decir 3 mil 300 pesos diarios.
El juicio político no sólo se busca para el mandatario bajacaliforniano, también para los legisladores que, de manera irregular, han aprobado todas sus iniciativas.
VIOLENCIA
En un pliego petitorio, ciudadanos de Mexicali también acusaron al Gobierno de Vega de Lamadird de actuar de manera indiferente e impune ante la ola de violencia, que ha dejado decenas de desaparecidos y muertos, así como en los casos de feminicidios.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la administración de “Kiko” Vega suma 2 mil 854 homicidios dolosos, la mayoría relacionados en el crimen organizado, siendo 2016 el año más violento con mil 179 asesinatos.
Baja California es el sexto estado más violento, por encima de Tamaulipas (595) y Sinaloa (mil 164). El repunte de los homicidios dolosos en la entidad se vio reflejado desde 2015, cuando allí se estableció el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Desde ese año, Tijuana, una de las ciudades más importantes de la entidad y que alberga a cientos de migrantes haitianos y africanos que buscan llegar a Estados Unidos, se colocó entre las 50 urbes más peligrosas del mundo, de acuerdo con el ranking 2015 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
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QUIRINO ORDAZ PLANTEA REDUCR DIPUTACIONES
El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para reducir 10 diputaciones (de 40 a 30), y 62 regidoras de las 233 que existen en los 18 municipios con la finalidad de que se agilice la toma de decisiones y se reduzca el pago de prestaciones.
MANCERA ANUNCIA NUEVO MEGAPROYECTO
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que se estudia la construcción de un tren, “como el de las grandes ciudades”, que conecte a la capital del país con el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” y el Nuevo Aeropuerto. Explicó que el proyecto será realizado con el apoyo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, inversionistas y un grupo de ingenieros.
YUNES RECONOCE REPUNTE DE VIOLENCIA
En un evento con autoridades de las secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, reconoció que el número de ejecuciones se incrementó especialmente en la zona norte del estado, sin embargo, dijo, la delincan se está combatiendo con eficacia y se solicitó al Gobierno federal más apoyo en materia de seguridad.
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FRASES:
–“Yo también fui migrante, lamento mucho lo que ha sucedido y lo ha hecho este señor [Donald Trump] violentando la normatividad y ley”, expresó Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato, a la migrante Guadalupe García de Rayos, deportada hace dos semanas después de vivir más de 20 años en Estados Unidos.
–“Nosotros tenemos que ganarnos la confianza de los ciudadanos y creo que hemos cometido errores que no debemos de cometer, primero, no tener familiares nosotros en el gobierno; yo creo que ese es un error que hemos cometido y que no se lo voy a permitir a nadie”, aseguró Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, luego de detectar irregularidades en la nómina local.
–“Tampoco queremos una situación como la que ocurrió en Nuevo León hace poco, donde la desesperación, o el hacer las cosas precipitadamente, lleva a cometer un fracaso”, dijo Carlos Joaquí González, Gobernador de Quintana Roo, sobre la estrategia que él llevara para investigar y llevar a juicio a su antecesor, Roberto Borge.
El Gobernador Francisco Vega anunció que presentará una iniciativa para abrogar la Ley del Agua, publicada el pasado 30 de diciembre en Baja California por mayoría panista. El domingo, más de 40 mil personas marcharon en Mexicali por el gasolinazo y por esta ley. La Canacintra se sumó ayer al reclamo.
Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– Después de las manifestaciones a las que asistieron miles de personas, el Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, informó la derogación de la Ley del Agua, aprobada por el Congreso estatal, en su mayoría panista, y publicada el pasado 30 de diciembre.
“He decidido una iniciativa para abrogar la Ley del Agua y dejar sin efecto su contenido, ésta es una decisión determinante y se da a solicitud de un amplio sector de la sociedad, soy sensible a lo que la sociedad siente”, dijo hoy en conferencia de prensa.
El domingo, más de 40 mil personas marcharon en Mexicali por el gasolinazo y por esta ley. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) estatal se sumó ayer al reclamo.
“Se eliminan los incrementos en los precios del agua”, dijo esta tarde el Gobernador de extracción panista.
“En los próximos días convocaré a técnicos, especialistas y sociedad un nuevo ordenamiento”, agregó Vega.
El Gobernador insistió en que no se ha intentado privatizar el agua y dijo que los diputados locales aprobaron la legislación de “manera responsable”.
El Congreso de Baja California aprobó en diciembre pasado la Ley del Agua que, entre otras cosas, propone la creación de dos organismos metropolitanos para la distribución del recurso, además de la entrega de una concesión para su operación, y una actualización mensual del costo.
Abogados promueven amparo contra Ley de Agua. Foto: Zeta
Con 15 votos a favor y 10 en contra los diputados aprobaron la iniciativa del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, que además de la operación y distribución del servicio de agua, también establece un artículo transitorio para proteger los derechos de los trabajadores de los actuales organismos operadores de agua.
Los puntos controvertidos de la legislación que entró en vigor a partir del 2017 son la intervención de la iniciativa privada en la prestación total o parcial del servicio público a través contratos por licitación o adjudicación directa de Asociaciones Público Privadas (APP), y la concesión de bienes para la prestación del servicio.
Además, se establecía la reducción o suspensión total del servicio de agua potable a los usuarios que adeuden a partir de los tres meses de su cuenta, esto a pesar de que el servicio de agua no debe ser condicionado, de acuerdo con los tratados internacionales y con la propia Constitución Federal.
La tarifa doméstica o residencial mínima de Tijuana aumentó de 59.1 pesos el metro cúbico a 99.50 pesos; en Mexicali, de 51.6 pesos el metro cúbico en el área urbana, y 49.9 en ciertas zonas ejidales, a 66 y 63.8 pesos, respectivamente.
Por su parte, en Ensenada el costo subió de 53.8 en la ciudad y 32.2 pesos en la zona rural, a 67.93 y 40.7 pesos, cada uno; en Tecate, de 54.7 pesos el metro cúbico a 99 pesos y, finalmente, en Playas de Rosarito pasó de 81.2 a 99 pesos.
Ayer, el presidente de Canacintra Mexicali, Juan Ignacio Gallego Topete, encabezó una rueda de prensa para dar su posicionamiento respecto a la Ley del Agua del Estado, donde estuvieron algunos diputados locales que votaron en contra de esta disposición, así como el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Manuel Guevara Morales.
El dirigente de los industriales manifestó que la Canacintra pertenece al Consejo de Administración de la Comisión Estatal de los Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y nunca se les dijo nada sobre la elaboración de una Ley del Agua.
Sesión del Congreso, entre diputados, manifestantes y policías Foto: Zeta
“Nunca hubo por parte del Gobierno del Estado ni un consenso ni consulta sobre esta normatividad; tampoco están de acuerdo en cómo se manejará el aumento del 20 por ciento del agua, ya que el 90 por ciento de estos recursos se va a gasto corriente, por lo que la Canacintra propone poner un límite sobre el porcentaje que se destine a este rubro”, dijo Gallego a medios locales.
LAS MARCHAS POR TODO BC
El pasado domingo, cerca de 80 mil personas participaron en las diferentes marchas que se realizaron en los cinco municipios que conforman al estado de Baja California.
Las ciudades de Mexicali y Tijuana, fueron las que mayor participación registraron en la protesta del incremento al precio de la gasolina y a la Ley de Agua.
En Tijuana, de acuerdo con el diario Zeta, la manifestación tuvo una asistencia superior a las 20 mil personas. Los participantes caminaron por el Bulevar Agua Caliente hasta el Bulevar Cuauhtémoc, sur por donde descendieron hasta llegar a la Glorieta del Último Emperador Azteca, donde hubo una concentración masiva. Reanudaron su marcha hasta el cruce fronterizo de El Chaparral, donde permitían el libre tránsito de los automovilistas provenientes de Estados Unidos a México.
El domingo, más de 40 mil personas marcharon en Mexicali por el gasolinazo y por esta ley. La Canacintra estatal se sumó ayer al reclamo. Foto: Zeta
En Mexicali, en una manifestación nunca antes vista, más de 45 mil ciudadanos mostraron su rechazo a la legislación. Desde antes de las 12:00 horas, se congregaron en el monumento a Vicente Guerrero, por lo que tuvieron que iniciar el recorrido previo a la hora pactada porque ya no cabían en ese lugar. Otro contingente partió de la Plaza Centenario ubicada por la Calzada de los Presidentes. Durante el mitin, los oradores expusieron un pliego petitorio dirigido a los tres órdenes de gobierno.
En Ensenada, alrededor de nueve mil personas marcharon por las principales avenidas del puerto de Ensenada. Diversos grupos comenzaron a recolectar firmas en contra de la Ley del Agua, que pretendían presentar ante el congreso estatal antes del 30 de enero. Sin embargo, hoy dicha legislación fue derogada por el Gobernador.
En la playa de Rosarito, cinco mil personas asistieron al llamado de la megamarcha, mientras que en Tecate la participación fue por arriba de los 200 ciudadanos que marcharon por las diferentes avenidas de este municipio en protesta por el aumento del combustible y Ley del Agua.
El nombre de Fernando Beltrán, conocido empresario, concesionario del Gobierno de Baja California y promotor de box se encuentra ligado a empresas que son beneficiadas por la administración que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, de acuerdo con una investigación de la revista Zeta. Más allá de su amistad, que es de dominio público, una red de relaciones y sospechas aterrizan en el arresto del regidor del PAN Luis Torres, y once personas más, todos presuntamente ligados al empresario, sea por afinidad familiar o relaciones laborales.
Tijuana, 26 de diciembre (Zeta/SinEmbargo).– Al menos en los contratos de obras públicas que ha recopilado una investigación realizada por Zeta, más de mil 774 millones de pesos en obras públicas en Baja California, han sido o serán ejercidas por tres empresas (todas relacionadas entre sí) y vinculadas a Fernando Beltrán Rendón, concesionario del Gobierno del Estado y cercano amigo del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid y del secretario de Finanzas, Antonio Valladolid.
Para tener una referencia, esa cantidad es superior a la que ejercerá la Procuraduría General de Justicia del Estado en todo el año 2017 (mil 675 millones, uno de los ramos con mayor presupuesto).
Aunado a las inconformidades de empresarios de la construcción, señalando al gobierno del Estado como benefactor de la empresa URBACA que adquirió un contrato de más de 474 millones de pesos para un acueducto en Mexicali que abastecerá a una cervecería extranjera, la detención de un regidor panista colocó a Beltrán y sus relaciones en medio de la sospecha.
La detención de Luis Torres Santillán, regidor del PAN en Tijuana y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el pasado viernes 16 de diciembre en Estados Unidos se desprendió de una investigación de la DEA (Agencia Anti Drogas en el vecino país) y por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Sobre Luis Torres y otro grupo de tijuanenses, entre ellos la esposa y el hijo de Jorge Escalante Martínez, ex presidente de COPARMEX (2012-2014) y nombrado presidente del Comité Directivo del Museo El Trompo, pesan varios cargos por de lavado de dinero, delitos que se definen como las operaciones ilegales con dinero de procedencia ilícita para que simulen actividades legales y sean reconocidas por el sistema financiero.
La investigación en Estados Unidos que tiene tras las rejas al menos a siete personas, incluyendo al regidor, persigue a cinco personas más residentes de Tijuana. Sin embargo, es Luis Torres Santillán quien aparece como el principal indiciado al tener diez cargos estatales (no se descarta que puedan sumársele más y que también sean federales) por lavado de dinero.
La relación entre Torres y Beltrán no solo es su parentesco por estar casados con hermanas.
Un documento en manos de Zeta, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) del Estado da cuenta que en 2011 Luis Torres Santillán fue nombrado apoderado legal de Fernando Beltrán Rendón.
De acuerdo con el documento registrado en la partida 5767987, quedó registrado ante la Notaría Pública Número de 18 Tijuana, que Fernando Beltrán Rendón otorga a Torres Santillán, ex consejero de Coparmex, “poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio”.
En el ámbito empresarial y político es conocido que el regidor detenido es el operador financiero del promotor de box, que hoy se sabe, está ligado, a través de otra sociedad, a empresas con mayores montos asignados por el Gobierno de Kiko Vega.
LA CONCESIÓN DE BELTRÁN POR 30 AÑOS
De entrada, Fernando Beltrán es concesionario del Gobierno del Estado desde que Francisco Vega tomó el poder a inicios del 2014. El promotor de box tiene la concesión por 30 años para operar la “Vía Corta Tijuana-Tecate”, es decir, el ferrocarril entre ambas ciudades con un proyecto de crecimiento para el cruce hacia Estados Unidos.
De hecho, en septiembre de 2014, comenzaron las obras de modernización y rehabilitación del ferrocarril entre Tijuana y Tecate. Fue un recurso federal que el gobierno estatal consiguió y adjudicó de manera directa (sin licitar públicamente) a la empresa Baja California Railroad (BJRR), propiedad de Fernando Beltrán.
Se trató de 200 millones de pesos para que la empresa de Beltrán aplicara para la rehabilitación de la “línea del desierto”, 40 kilómetros de vía que tocan la frontera con Estados Unidos.
Otorgamiento de Poder de Fernando Beltran al regidor. Imagen: Zeta
EL SOCIO DE BELTRÁN
Según la partida 5048721 del Registro Público de la Propiedad, realizada el 17 de febrero del 2015, Fernando Beltrán Rendón y Víctor Ismael Llamas Galván se convirtieron en socios el 30 de diciembre del 2014 en una enorme inversión inmobiliaria en Valle de Las Palmas.
En aquel rumbo ambos se hicieron dueños de más de un millón 200 mil 60 metros cuadrados (120.64 hectáreas) por un monto de 12 millones 607 mil pesos.
La relación entre ambos empresarios no acaba ahí. Además de que constructores locales ligan verbalmente a Fernando Beltrán y a Urbanización y Riego de Baja California (URBACA) con Constructora Makro, estas empresas han sido encabezadas por los socios Ariel Gutiérrez Castro, integrante de Makro y Víctor Ismael Llamas Galván, integrante de URBACA.
Tanto Gutiérrez Castro como Llamas Galván quedaron registrados como consejeros y apoderados legales de la empresa Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V. en septiembre de 2006. A su vez, Administradora de Obras y Concesiones es filial de Constructora Makro.
Por si fuera poco, URBACA es accionista de la compañía UR México, también conocida como UR Obras y Servicios. La empresa de Víctor Ismael Llamas Galván posee el 55 por ciento de las acciones, con un valor de 550 mil pesos, el resto lo tiene la empresa medición y Control para Aguas de América.
Ahora bien, UR Obras y Servicios, Constructora Makro y URBACA han conseguido contratos en Baja California por un total de mil 774 millones 311 mil 124 pesos, entre 2014 y 2016.
En específico, UR Obras y Servicios se ha hecho acreedora de los trabajos de emergencia de pluvial colapsado en El Refugio por un monto de 2 millones de pesos, adjudicada el 15 de julio de 2016, así como de la construcción del bulevar Lázaro Cárdenas en Mexicali por más de 39 millones de pesos en 2014, ambas a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE).
Por su parte, Constructora Makro consiguió los contratos para cuatro obras más, con valores entre los 76 millones y los 663 millones de pesos.
Actualmente se encuentran construyendo el Nodo Vial entre la Avenida 20 de Noviembre y la Prolongación Paseo de los Héroes, así como del puente vehicular Aeropuerto-Bellas Artes en Tijuana.
En el pasado se han encargado del acueducto Tijuana-La Misión Ensenada y de la reparación de la autopista Tijuana-Ensenada.
Mientras que URBACA, de acuerdo con documentos del Presupuesto de Egresos 2017 del Gobierno del Estado, podría recibir hasta 550 millones de pesos (considerando impuestos y otros cargos) por la construcción del Acueducto Villahermosa-Mexicali, licitación que recibió el 30 de noviembre de 2016.
El empresario, beneficiario del gobierno de “Kiko” Vega, tiene una relación con el Regidor detenido que va más allá de lo familias. En la imagen, operación de propiedad entre ambos. Imagen: Zeta
LA AMISTAD CON EL GOBERNADOR Y EL ALCALDE
La relación entre concesionario y gobierno, ha trascendido a la vida personal de Fernando Beltrán, el gobernador, Francisco Vega y Antonio Valladolid, secretario de Finanzas. Es público cómo Beltrán ha organizado eventos boxísticos para recaudación para causas de “altruismo” de Brenda Ruacho, presidenta del patronato DIF y esposa del gobernador.
Además de ser el promotor de Jackie Nava, campeona de box y diputada por el Partido Acción Nacional. En el 2015, cuando Nava fue candidata, las lecturas políticas siempre apuntaron a la relación estrecha entre el gobernador, Valladolid y Beltrán.
No es secreto. A Beltrán y al gobernador se les ha visto y vídeo-grabado en funciones de box. Vega de Lamadrid acompañado de su señora esposa, del Secretario General de Gobierno, del alcalde de Tijuana y otros funcionarios de primer nivel de extracción panista.
El mismo 20 de diciembre, tras darse la noticia de la detención, Juan Manuel Gastélum, definió a Luis Torres como un hombre “extraordinario” y de una trayectoria intachable. Respecto a Beltrán admitió que se trataba de su amigo, a quien conoce desde hace muchos años, pero negó que Beltrán haya financiado su campaña.
DETENIDOS LIGADOS A BELTRÁN
Miembros del empresariado de Tijuana, confirmaron a Zeta que los doce detenidos están ligados a Fernando Beltrán Rendón, el concesionario del gobierno de Francisco Vega, ya sea por parentesco o relación laboral.
Una de las cabezas más claras es David Javier Espinoza Kyriakides, quien trabajó en la promotora de box Zanfer, propiedad de Fernando Beltrán y su hermano Cástulo Antonio, según información extraoficial proporcionada a este Semanario.
David Javier Espinoza Kyriakides, detenido desde el 16 de diciembre por cinco cargos de lavado de dinero en San Diego, es propietario de casas de cambio en la ciudad, entre ellas Olympia del Mar en el fraccionamiento El Soler de Tijuana.
Según documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), el empresario de 47 años de edad quedó inscrito como socio de Olymar, S.A. de C.V. –razón social de la empresa– junto a tres de sus hermanos y sus padres en 1998.
A su vez, Espinoza Kyriakides se encuentra casado con la también detenida Claudia Ramírez, nieta del fallecido Jesús Fimbres Moreno, prominente empresario de la ciudad.
Claudia Ramírez se encuentra en el Centro de Detención Las Colinas en Santee, California desde el 16 de diciembre. La mujer enfrenta cinco cargos por lavado de dinero y la Fiscalía pidió una fianza de cinco millones de dólares para que enfrente el proceso en libertad.
No solo la pareja se encuentra en prisión, también su hijo David Alejandro Espinoza, de 22 años de edad. Al joven, detenido el martes 19 de diciembre y preso en la Cárcel Central de San Diego, se le fijó una fianza de 3 millones de dólares y enfrenta solamente un cargo por lavado de dinero.
Otro de los que fueron señalados como empleados de Zanfer y que figura en la acusación es Rafael Lizárraga, de 63 años de edad.
Miembros de la familia de Jorge Escalante Martínez, ex presidente de Coparmex en Tijuana, forman parte de la acusación. Se trata de su esposa Karla Verana Lamas de Escalante y de su hijo mayor, Jorge Carlos Escalante, de 22 años de edad.
Ambos fueron detenidos el martes 19 de noviembre y cada uno enfrenta tres cargos por lavado de dinero, por lo que se les fijaron fianzas individuales de un millón de dólares.
Entre el resto de los acusados se encuentran Marco Díaz Ochoa, de 34 años de edad, Liza Ampudia, de 44 años de edad; Karla Espinoza Camacho, de 23 años de edad, así como los también detenidos Sofía Espinoza de 22 años de edad y Mario Rodríguez Rivera, de 51 años de edad.
La Fiscalía de San Diego precisó que la investigación por lavado de dinero, que tomó casi un año e involucró a autoridades federales, estatales y locales “continúa abierta y hay más personas involucradas”.
Si bien un agente de la dependencia estatal, quien pidió no ser identificado, detalló que es común ver casos de lavado de dinero en la frontera, enfatizó que el regidor panista enfrenta diez delitos mayores –conocidos como felonías en Estados Unidos– que podrían llevarlo a enfrentar hasta 15 años de prisión.
“Podrían presentarse más cargos, depende de lo que arroje la investigación que sigue en curso. La fianza que pedimos es de 5 millones de dólares porque cuando un acusado no es residente de San Diego, con frecuencia, pedimos una fianza elevada por sospechas o información que la persona, tal vez no se presente en audiencia futuras”.
Tampoco descartó que este caso pueda ser atraído por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, “es un caso muy complejo que involucran a personas de ambos lados de la frontera, pero en este tipo de programas tenemos la cooperación y colaboración de autoridades mexicanas, ya sea de nivel estatal o federal”.
Si bien precisó que no se trata de la primera ocasión en que esta Fiscalía presenta cargos penales contra un funcionario público de México, sí habló de un mensaje para el resto de los funcionarios públicos
“Para la Fiscalía de San Diego, cualquier persona involucrada en un delito, no importa de qué lado de la frontera o qué puesto ocupen, va a ser tratada igual que a cualquier ciudadano”, dijo.
Añadió “con las personas en puestos de confianza, funcionarios o servidores públicos involucrados en una actividad ilegal, vamos a ser firmes y agresivos en mandar un mensaje a la ciudadanía en ambos lados de la frontera, que esta Fiscalía nunca va a tolerar que un servidor público tome ventaja de su puesto para no representar a la ciudadanía como debe de ser”.
LOS OTROS ASOCIADOS
En el documento Términos de Referencia, Ejecución y Construcción del Acueducto Villahermosa-Mexicali, elaborado por la Comisión Estatal del Agua, se establece como antecedente de la obra que el “Gobierno de Baja California ha promovido la instalación de la importante industria cervecera Compañía Cervecera B.C. en Mexicali”.
Sin embargo, detalla que precisamente porque “el principal requerimiento para este tipo de industria es sin duda la disponibilidad de agua…la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua de Baja California está procediendo a construir un acueducto para el abastecimiento de agua potable a la industria antes mencionada”.
Bajo esta premisa, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid elaboró los requerimientos del acueducto de 47.5 kilómetros que abastecerá 15 millones cúbicos de agua anuales a la empresa extranjera Constellation Brands o Compañía Cervecera de Baja California, nombre con el que se establecerá en la capital de la entidad.
Pero lo hizo, como denunció la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), a modo con especificaciones de tubería que solo URBACA puede cumplir y desarrollando un proyecto ejecutivo que requería más de diez meses de investigación en un plazo de dos meses.
Sin embargo, de acuerdo con el acta de fallo de la obra, fechada el 30 de noviembre de 2016, no lo hizo solo. Urbanización y Riego Baja California, presentó la propuesta ganadora asociado con Urbanizadora Roma y Urbanizadora Goar.
Aunque el costo se estimó en 447 millones 790 mil 891 pesos, las tres empresas aumentaron el valor de la obra a 452 millones 848 mil 41 pesos, sin incluir IVA.
Entre 2014 y 2016, el Gobierno del Estado, principalmente a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ha otorgado 155 millones 370 mil 321 pesos a Urbanizadora Roma y Urbanizaciones Goar.
De acuerdo con registros oficiales consultados por Zeta, ambas empresas –individualmente– han recibido 21 contratos a través de licitaciones públicas o invitaciones, entre los importantes figuran la conclusión de la Presa Las Auras en Tecate, la primera parte de CEART en Playas de Rosarito, la construcción del Centro de Justicia Alternativa penal en Ensenada, así como trabajos de pavimentación, rehabilitaciones de acueductos y tuberías.
Según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California, Urbanizaciones Goar quedó constituida en 1999 con los accionistas Héctor Raúl González Arias y José Luis González Corona.
Mientras que Urbanizadora Roma tiene como socios a Martín Valadez Martínez, Laura Pérez Ramos, Esther Castro Borbolla y Juana Gómez Rocha, en una sociedad conformada, al igual que la compañía anterior, en 1999.
La razón por la que integrantes de la CMIC en Mexicali no participaron en esta licitación, fue precisamente porque, como lo denunciaron en cartas, desconfiaron de la falta de transparencia y de legitimidad en el proceso ganado por el socio de Fernando Beltrán Rendón.
Francisco Arturo Vega de Lamadrid recién cumplió tres años al frente del Gobierno de Baja California y la deuda de la entidad ya supera los 18 mil millones de pesos. “Kiko” Vega se ha sumado, además, a la lista de mandatarios señalados por enriquecimiento ilícito. El panista también enfrenta el reclamo de la sociedad por el repunte de las ejecuciones y la violencia en BC, y al de los periodistas, que le reclaman por emprender una campaña de desprestigio en contra de los medios de comunicación que atenten contra su imagen.
Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El pasado 18 de noviembre, el periodista Joaquín López-Dóriga aseguró en su columna en el diario Milenio que había una investigación federal en contra de tres gobernadores panistas: Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato, y Francisco Vega de Lamadrid, por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Cuatro días después, López-Dóriga detalló en su programa “Chapultepec 18” que, según la investigación federal, la fortuna de Vega de Lamadrid se incrementó desde que era Alcalde de Tijuana (1998-2001) gracias a la supuesta compra de más de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales. Además, reveló, el Gobernador está construyendo una residencia de 2 mil 500 metros y de un valor aproximado de 4 millones de dólares.
Para el Gobierno de “Kiko” Vega –como el mandatario prefiere ser nombrado– estos señalamientos sólo son presentados “por un periodista, eso es todo”, y está en lo correcto. Ni el Congreso local ni el Gobierno federal han informado sobre alguna investigación en contra del Gobernador, cuya riqueza total es desconocida, pues no ha presentado su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.
Cuando Vega, originario de Ciudad Obregón, Sonora, asumió la gubernatura de Baja California ya poseía 30 propiedades en distintos municipios del estado y en Estados Unidos. Heredó una deuda de 14 mil 627 millones de pesos, que en dos años subió a 18 mil 169 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hasta agosto pasado, Baja California se colocaba como la doceava entidad más endeudada del país, de acuerdo con el Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre de 2016” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Mientras que la organización México, ¿cómo vamos? colocaba al estado en semáforo rojo en este rubro.
Los primeros datos de los malos manejos en la administración gubernamental fueron desvelados por el semanario Zeta, que dio a conocer que el Gobierno de “Kiko” Vega tiene una deuda de al menos 476 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), caso por el que se ha solicitado al Congreso local la comparecencia del Gobernador. Además, informó que autoridades estatales, municipales y empresarios estaban violando los acuerdos con ejidatarios de Ensenada para tomar el control de la llamada “Ruta del Vino”.
A raíz de las publicaciones que “desprestigiaban” a Vegade Lamadrid surgieron los rumores de una supuesta campaña de difamación que emprenderían los allegados del Gobernador en contra de periodistas locales, especialmente de la directora de Zeta, Adela Navarro Bello, y de Dora Elena Cortés, de la Agencia Fronteriza de Noticias.
La periodista Adela Navarro denunció a inicios de este mes que por distintos medios fue alertada de que colaboradores de Francisco Vega “referirán públicamente infamias con tu vida privada”. Días después la amenaza fue corroborada por los diarios locales El Mexicano, El Informador, el portal AFN Noticias y Radio Enciso: “En los próximos días, una de las periodistas más reconocidas de Baja California podría enfrentar una dura campaña de desprestigio”, coincidieron.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) pidió al Gobierno de Vega de Lamadrid “garantizar el respeto al libre periodismo”. Además, comunicadores de esa entidad exigieron al panista una investigación y auditoría a la Dirección de Comunicación, específicamente al responsable de la Coordinación e Imagen, Jorge Cornejo Manzo, a quien señalaron como el instigador de las advertencias de dicha campaña de desprestigio.
Ningún funcionario de “Kiko” Vega se ha manifestado al respecto. Sólo el Gobernador, en un acto público, refirió que su administración es “extremadamente respetuosa de la libertad de expresión. Somos un gobierno que creemos en la libertad de expresión y nosotros hacemos todo lo posible para facilitar el trabajo de todos ustedes [los reporteros]. Seguiremos haciéndolo así, y se presentó o se presentará, se recibirá y le darán en su momento el curso que consideren”, dijo el mandatario sin dar nombres.
TAMBIÉN AUMENTA LA VIOLENCIA
Baja California es el sexto estado más violento del país con 918 homicidios dolosos registrados en los primeros 10 meses de 2016, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con el órgano de la Secretaría de Gobernación (Segob), septiembre fue el mes más violento para Baja California con 128 asesinatos. El repunte de los homicidios dolosos en la entidad se vio reflejado desde 2015, cuando allí se estableció el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado junto con Los Zetas el cártel más sanguinario del país, alcanzando una cifra de 830 asesinatos.
Por su parte, la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que más de 700 homicidios se cometieron en Tijuana, uno de los puntos más importantes para el trasiego de droga hacia Estados Unidos, y sólo el 30 por ciento de los casos se ha esclarecido.
La administración de “Kiko” Vega suma más de 2 mil 600 asesinatos, la mayoría relacionados en el crimen organizado, según cifras oficiales. Homicidios, robos de vehículos, robos a casa habitación, lesiones y violación son focos rojos en los índices delictivos del estado desde junio pasado. Esta ola de violencia también pone aún más en riesgo la economía del estado.
Con el repunte de la deuda y la violencia, así como las irregularidades financieras registradas en los que va de su sexenio, la administración de Francisco Vega podría dejar a Baja California en la ruina, como ha alertado la oposición desde que inició su mandato.
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BREVES
Eruviel y Osorio Chong prometen más seguridad en Ecatepec
El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se comprometió junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, Rosario Robles Berlanga, a mejorar la seguridad en el municipio de Ecatepec, uno de los más violentos a nivel nacional, con l a vigilancia de la Policía Estatal, Municipal y elementos de la Gendarmería, así como la reparación de luminarias y de la Plaza Pública.
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Mancera no se afiliará al PRD e irá al 2018 con o sin ese partido
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reiteró que no se afiliará al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que no le preocupa si por eso el Sol Azteca no lo postula como su candidato para las elecciones presidenciales de 2018, luego de que el pasado lunes gobernadores perredistas sostuvieron una reunión a la que él no fue invitado.
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El “efecto Trump” subirá las tasas de la deuda en Michoacán: Silvano
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reconoció que el triunfo de Donald Trump complicará el panorama financiero de México y que, tan sólo en su estado, habrá dos incrementos en las tasas de interés obligando a destinar 300 millones de pesos para un pago de la deuda pública. “Eso nos va a tener en vilo este año”, dijo.
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“¡No la jodan, paguen sus impuestos”, dice “El Bronco” a ciudadanos en NL
Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, pidió a la ciudadanía hacer conciencia y pagar sus impuestos, como la tenencia, de lo contrario, advirtió, se verán afectados los apoyos estatales a adultos mayores, zonas vulnerables y a la educación. “Sigo siendo el mismo, sigo diciéndoles: ¡no la jodan, paguen sus impuestos!”, afirmó.
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FRASES
“Se está viviendo la moda del linchamiento, de la sospecha para todos, porque ahorita tú no escuchas cómo resolver el problema de la inseguridad, no escuchas cómo resolver el problema del bajo crecimiento, cómo resolver el problema del desempleo o el problema de la inestabilidad, la única propuesta que escuchas es que todos los que están en la función pública son corruptos, y hay que meterlos a la cárcel”, dijo Mario López Valdez, Gobernador de Sinaloa, durante la celebración del Día de la Armada.
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“Somos de los estados más sólidos financieramente y el único estado de la República que durante esta administración redujo su deuda con respecto a lo que recibió”, aseguró Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, en una entrevista televisiva, luego de que se diera a conocer que la deuda total del estado podría superar los 70 mil millones de pesos.
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“No es un sólo grupo el que tuvo la participación para cometer este tipo de homicidios dolosos, entre los cuales hay uno que da verdadera vergüenza por la barbarie con que se manejaron”, expresó el Gobernador de Guerrero, Héctor AstudilloFlores, sobre la ola de violencia del pasado fin de semana, que cobró la vida de al menos 30 personas, entre ellas la de dos militares, un adolescente y dos mujeres.
Francisco Vega de Lamadrid apenas cumplirá tres años al frente del Gobierno de Baja California y ya huele a “ex Gobernador prófugo”, afirman sus críticos. El mandatario panista es señalado por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito, por darse una vida ostentosa y, entre otras cosas, por aumentar la deuda de la entidad a niveles históricos. Por si esto fuera poco, la violencia en la entidad ha repuntado y Tijuana se ha vuelto de nuevo en el centro de disputa de cárteles del crimen organizado.
Ciudad de México, 23 de octubre (sin embargo).– Francisco Arturo Vega de Lamadrid asumió la gubernatura de Baja California el 1 de noviembre de 2013 en medio de acusaciones por peculado y enriquecimiento ilícito, cometidos presuntamente desde que era Alcalde de Tijuana. Hoy, los señalamientos en su contra se siguen acumulando, igual que la deuda de la entidad y las víctimas por la ola violencia, sin que hasta el momento el Congreso del Estado lo haya citado a comparecer y, mucho menos, que el Gobierno federal alcance a dimensionar que podría tratarse de un futuro “ex Gobernador prófugo”.
“Vamos por un buen camino” fue el lema del Tercer Informe de Gobierno de “Kiko” Vega, como le gusta que le llamen al mandatario estatal. Pero el camino no es bueno, y a inicios de este año el panista lo reconoció al referirse que la baja del petróleo complicaría las cosas. Después lo confirmó, en septiembre pasado, cuando se reunió con diputados federales para solicitarles que lleven recursos a la entidad, pues Baja California “no tiene dinero”.
A inicios de este año, maestros de educación básica denunciaron que no recibían el subsidio de Beca Progreso, implementado por el Gobierno del estado tras la prohibición de cobrar cuotas a los padres de familia. La administración de “Kiko” Vega debía más de 340 millones de pesos a las escuelas, cifra que aumentó cuando se comprometió a otorgar 70 millones de pesos para ese efecto. Después salió a la luz, gracias a una investigación del semanario Zeta, el adeudo de 476 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), caso por el que se le solicitó al Congreso del Estado que llamara a comparecer al Gobernador.
La deuda total de Baja California es de más de 17 mil 500 millones de pesos, de los cuales el 27.9 por ciento corresponde a los gobiernos municipales y el 72.1 por ciento al Gobierno estatal, según el “Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre de 2016” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), colocándose como la doceava entidad más endeudada del país. Mientras que la organización México ¿cómo vamos? coloca al estado en semáforo rojo en este rubro, pues su deuda supera, desde que Vega de Lamadrid asumió como Gobernador, el nivel nacional (2.9 por ciento).
En dicha reunión, los diputados le sugirieron al mandatario estatal que hiciera un recorte presupuestal, como el que hizo el Gobierno federal; sin embargo, Vega, acostumbrado desde que era Alcalde de Tijuana a una vida ostentosa, adquirió un avión de 800 mil dólares.
El Gobernador, originario de Ciudad Obregón, Sonora, no ha presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses –aunque sí se la exigió a sus funcionarios– pero no es un secreto que posee al menos 60 propiedades en distintos municipios de Baja California y en algunos estados del país vecino, y todo fue adquirido, según Vega, gracias al fruto de su trabajo.
“He sido un empresario medianamente exitoso y he sido un empresario que se ha forjado desde abajo y en este caso no hay ningún problema, tengo los recursos y soy público”, dijo el mandatario panista en entrevista con Radio Fórmula en marzo de 2015.
Desde que se postuló como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) para la gubernatura de Baja California, “Kiko” Vega fue acusado por el Senador priista Héctor Yunes Landa de enriquecimiento ilícito, pues en ese entonces tenía más de 30 propiedades, la mayoría adquiridas cuando fue Alcalde de Tijuana, cargo que también sirvió a las hijas del Gobernador para hacerse, cada una, de al menos ocho propiedades.
La administración de Vega de Lamadrid también se enfrenta a la violencia generada, aunque el Gobernador lo niegue, por la presencia de los grupos criminales, especialmente por el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado, junto con Los Zetas, el más sanguinario del país y que se disputa la entidad con el Cártel de Sinaloa.
La presencia del CJNG en el estado se hizo evidente tras una serie de detenciones de sus integrantes, como VíctorZapienVenegas, alias “Domingo”, operador del cártel, arrestado en septiembre pasado y contra quien pesa una orden de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Baja California entra en el ranking de los estados más violentos del país con 819 ejecuciones registradas hasta septiembre pasado. El repunte de los homicidios dolosos en la entidad se vio reflejado desde 2015, cuando allí se estableció el CJNG, alcanzando una cifra de 830 asesinatos relacionados con el crimen organizado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSSP).
Desde ese año, Tijuana, una de las ciudades más importantes de la entidad y que alberga a cientos de migrantes haitianos y africanos que buscan llegar a Estados Unidos, se colocó entre las 50 urbes más peligrosas del mundo, de acuerdo con el ranking 2015 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
En agosto pasado, una investigación del semanario ZETA daba cuenta de que los hechos violentos en calles y avenidas en Tijuana eran producto de enfrentamientos entre narcomenudistas representantes de los cárteles de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación y del de Los Arellano Félix.
La administración de “Kiko” Vega suma más de 2 mil 500 asesinatos, la mayoría relacionados en el crimen organizado, según cifras oficiales. Homicidios, robos de vehículos, robos a casa habitación, lesiones y violación son focos rojos en los índices delictivos del estado desde junio pasado. Esta ola de violencia también pone aún más en riesgo la economía del estado y, según especialistas, los empresarios de Baja California podrían emigrar al país vecino, como era costumbre en los años más violentos de la entidad.
En medio de la ola de violencia y la creciente deuda del estado, así como la represión en contra de manifestantes y de comunicadores, Baja California puede compararse, sin mucho esfuerzo, con el Veracruz de Javier Duarte de Ochoa, contra quien pesa una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen organizado. Incluso, “Kiko” Vega podría verse– casi al final de su sexenio– en la misma situación que el también panista Guillermo Padrés Elías, el ex Gobernador de Sonora buscado por la Interpol por fraude fiscal y lavado de dinero, o tiene la oportunidad de correr la misma suerte que el priista Rodrigo Medina de la Cruz, el ex mandatario de Nuevo León que ha logrado ampararse por varios delitos.
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BREVES
“El Bronco” confirma que va por la Presidencia de México en 2018
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León, confirmó en entrevista con Radio Fórmula que buscará la Presidencia de la República para 2018 como candidato independiente, no sin antes resolver tres problemas fundamentales de la entidad: reducir el índice delictivo, de pobreza y la deuda pública, aunque, dijo, su administración ha tenido que hacer una tarea de reestructuración.
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Rubén Moreira presume reducción de todos los delitos en Coahuila
El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, informó en su visita a la ciudad de Monclova que el nuevo Sistema de Justicia Penal liberó a 800 reos desde su implementación, por lo que al disminuir la población se tuvieron que cerrar los centros penitenciarios de Acuña y Sabinas, que ahora serán utilizados como cuarteles de Fuerza Coahuila. Además, reiteró que la entidad registró una fuerte disminución de todos los delitos.
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Todos los delitos contra mujeres en Sinaloa están resueltos: Malova
Mario López Valdez, Gobernador de Sinaloa, aseguró en conferencia de prensa que todos los delitos contra las mujeres cometidos en el estado están resueltos, y sugirió a las víctimas, como medida de seguridad, que cuando estén en riesgo den aviso a las autoridades correspondientes, pues, dijo, no todas las agresiones o asesinatos de mujeres se pueden considerar como violencia de género.
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Flavino dice que no hay dinero para los 38 días que faltan del sexenio priista
El Gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, informó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un préstamo por 11 mil millones de pesos para cubrir los compromisos económicos del estado durante los 38 días que le quedan a la presente administración, cuya deuda es de 44 mil millones de pesos casi tres veces mayor a la que recibió Javier Duarte.
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FRASES
“Vamos a recuperar el control del transporte, a poner fin al chantaje, la presión y la intimidación”, advirtió el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, después de que policías antimotines retiraran del centro de la capital del estado los camiones urbanos que mantenían bloqueadas las calles en protesta en protesta por los supuestos adeudos a transportistas.
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“No estamos tolerando absolutamente ninguna conducta antisocial y criminal, estamos yendo contra quien sea. Hoy el crimen, si sigue organizado, está debilitado; a quienes estamos deteniendo se le está siguiendo su justo proceso y hoy está en la cárcel”, refirió el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, durante una conferencia en la que llamó a la población a denunciar cualquier delito.
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“Un honor recibir las llaves de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y el pergamino como visitante distinguido”, escribió en su cuenta de Twitter el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al ser reconocido por el mandatario de Chiapas, Manuel Velasco Coello, durante el Congreso Nacional Charro, celebrado en esa ciudad.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se comprometió junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, Rosario Robles Berlanga, a mejorar la seguridad en el municipio de Ecatepec, uno de los más violentos a nivel nacional, con l a vigilancia de la Policía Estatal, Municipal y elementos de la Gendarmería, así como la reparación de luminarias y de la Plaza Pública.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reiteró que no se afiliará al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que no le preocupa si por eso el Sol Azteca no lo postula como su candidato para las elecciones presidenciales de 2018, luego de que el pasado lunes gobernadores perredistas sostuvieron una reunión a la que él no fue invitado.
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reconoció que el triunfo de Donald Trump complicará el panorama financiero de México y que, tan sólo en su estado, habrá dos incrementos en las tasas de interés obligando a destinar 300 millones de pesos para un pago de la deuda pública. “Eso nos va a tener en vilo este año”, dijo.
Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, pidió a la ciudadanía hacer conciencia y pagar sus impuestos, como la tenencia, de lo contrario, advirtió, se verán afectados los apoyos estatales a adultos mayores, zonas vulnerables y a la educación. “Sigo siendo el mismo, sigo diciéndoles: ¡no la jodan, paguen sus impuestos!”, afirmó.
“Se está viviendo la moda del linchamiento, de la sospecha para todos, porque ahorita tú no escuchas cómo resolver el problema de la inseguridad, no escuchas cómo resolver el problema del bajo crecimiento, cómo resolver el problema del desempleo o el problema de la inestabilidad, la única propuesta que escuchas es que todos los que están en la función pública son corruptos, y hay que meterlos a la cárcel”, dijo Mario López Valdez, Gobernador de Sinaloa, durante la celebración del Día de la Armada.
“Somos de los estados más sólidos financieramente y el único estado de la República que durante esta administración redujo su deuda con respecto a lo que recibió”, aseguró Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, en una entrevista televisiva, luego de que se diera a conocer que la deuda total del estado podría superar los 70 mil millones de pesos.
“No es un sólo grupo el que tuvo la participación para cometer este tipo de homicidios dolosos, entre los cuales hay uno que da verdadera vergüenza por la barbarie con que se manejaron”, expresó el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, sobre la ola de violencia del pasado fin de semana, que cobró la vida de al menos 30 personas, entre ellas la de dos militares, un adolescente y dos mujeres.
“Vamos a recuperar el control del transporte, a poner fin al chantaje, la presión y la intimidación”, advirtió el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, después de que policías antimotines retiraran del centro de la capital del estado los camiones urbanos que mantenían bloqueadas las calles en protesta en protesta por los supuestos adeudos a transportistas.
“No estamos tolerando absolutamente ninguna conducta antisocial y criminal, estamos yendo contra quien sea. Hoy el crimen, si sigue organizado, está debilitado; a quienes estamos deteniendo se le está siguiendo su justo proceso y hoy está en la cárcel”, refirió el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, durante una conferencia en la que llamó a la población a denunciar cualquier delito.
“Un honor recibir las llaves de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y el pergamino como visitante distinguido”, escribió en su cuenta de Twitter el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al ser reconocido por el mandatario de Chiapas, Manuel Velasco Coello, durante el Congreso Nacional Charro, celebrado en esa ciudad.
