El 24 de julio de 2019, Gilda Austin y Solís fue detenida en la isla de Juist, Alemania.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- Un Juez federal autorizó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación de Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su presunta vinculación en la trama de corrupción de Odebrecht.
Durante la audiencia iniciada este viernes, la defensa de la imputada solicitó una prórroga, misma que fue otorgada por el Juez de Control del Reclusorio Norte.
Margarita Austin fue señalada por la FGR como poseedora de una cuenta bancaria donde habría recibido depósitos de su hijo por más de 7.4 millones de pesos, entre 2010 y 202, como parte de presuntos pagos de Odebrecht a Lozoya Austin por contratos y favores.
Por el mismo caso, el exdirector de Pemex, su hermana Gilda Susana Lozoya Austin, su esposa Marielle Helene Eckes, y Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió a Eckes una residencia en Ixtapa, Guerrero, también tienen órdenes de aprehensión.
El 24 de julio de 2019, Austin y Solís fue detenida en la isla de Juist, Alemania, gracias a la ficha roja emitida por la Interpol. El 2 de noviembre se le vinculó a proceso en México, donde enfrenta el proceso en prisión domiciliaria.
En ese entonces, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, confirmó la detención y precisó que Gilda Austin se encontraba de vacaciones en una isla alemana.
Posterior a su detención, la señora Austin y Solís solicitó a un Juez federal en México el amparo y protección de la justicia contra la orden de aprehensión girada en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa.
La demanda de garantías fue turnada a Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México. El Juez admitió esa demanda y se le otorgó la suspensión provisional contra la orden de aprehensión.
Luego, el 13 de marzo de 2019, una Jueza federal rechazó el amparo que Austin y Solís solicitó contra su vinculación a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por el caso Odebrecht.
Aunque la defensa de Austin y Solís argumentó que los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes ni claros para determinar que cometió los delitos imputados, Sandra Leticia Robledo Magaña, Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que no encontró elementos de violación a la legalidad por parte de las autoridades y que la resolución de vinculación a proceso era fundada, ya que valoró de manera correcta las pruebas aportadas por la FGR.
