Autoridades de la Fiscalía del estado de Chiapas detuvieron al conductor, identificado como César Iván “N”, por el presunto delito de Violación a la Ley General de Población.
Arriaga (México), 21 abr (EFE).- Un total de 41 migrantes fueron interceptados cuando viajaban en condiciones de hacinamiento dentro de un camión en el municipio mexicano de Arriaga, en el suroriental estado de Chiapas, informó este jueves la Fiscalía estatal.
“La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa, rescató a 41 migrantes y detuvo a una persona del sexo masculino como probable responsable del delito de Violación a la Ley General de Población, en el municipio de Arriaga”, informó el organismo en un boletín.
Los hechos ocurrieron en el punto de revisión muy cerca de los límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca, cuando los extranjeros fueron hallados durante una revisión de la caja del tráiler durante un inspección de la policía especializada.
Los migrantes fueron encontrados hacinados al interior de un camión. Imagen ilustrativa. Foto: Esteban Biba, EFE
Al abrir el camión, las autoridades encontraron a los 41 extranjeros viajando en condiciones de hacinamiento.
“César Iván ‘N’ y el vehículo asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Mientras que los 41 migrantes rescatados fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración para los trámites correspondientes”, informó la FGE en el texto.
La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1.7 millones de migrantes en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.
Camión donde fueron encontrados 41 migrantes en el municipio de Arriaga en Chiapas. Foto: Fiscalía General del Estado de Chiapas
México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.
Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131 mil 448 solicitudes de refugio en 2021. De estos peticionarios, más de 51 mil son haitianos.
El INM de México informó recientemente que desde el 1 de enero y hasta el 13 de abril de este año interceptó a 115 mil 379 migrantes, de los cuales un 15 por ciento eran menores de edad, principalmente de naciones de Centroamérica.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este jueves en su conferencia matutina las manifestaciones de violencia registradas últimamente en distintos puntos de Chiapas.
Ciudad de México, 15 jul (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron a un presunto culpable del homicidio del líder indígena y defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, informó este jueves la Fiscalía de Chiapas.
“La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó la orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino como presunto responsable del delito homicidio calificado cometido en agravio de Simón Pedro ‘N’ en el municipio de Simojovel de Allende, Chiapas”, indicó el organismo en un comunicado.
Elementos de la Policía Especializada detuvieron a Hugo Rolando “N” en el municipio de Tzimol, en el suroriental estado de Chiapas.
El detenido fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, para ser puesto a disposición del Juez, “quien determinará su situación jurídica como presunto responsable del delito homicidio calificado”.
Detiene #FGEChiapas a presunto culpable del Homicidio de Simón Pedro “N”, en Simojovel
Simón Pedro era activista y defensor de derechos humanos e integrante de la organización Las Abejas de Acteal, donde ocupó la presidencia en 2020, y del Congreso Nacional Indígena (CNI).
También era catequista de la Parroquia de Santa Catarina del municipio de Pantelhó y líder moral de la región católica en la zona.
“Junto a su padre habían mantenido liderazgos de interlocución y mediación para pacificar a la región desde hace varios años”, recordó la Fiscalía estatal en el boletín.
La víctima recibió un balazo en la cabeza mientras compraba en el mercado, acompañado de su hijo en Simojovel, el pasado lunes 5 de julio.
El expresidente de la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez, con su familia en el municipio de Simojovel de Allende, Chiapas. Foto: Mitzi Mayahuel, EFE
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el pasado 7 de julio el crimen de Simón Pedro Pérez López y llamó a las autoridades a “investigar el caso de manera exhaustiva tomando en cuenta todas las líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación con su trabajo de defensa e incorporando la perspectiva multicultural”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este jueves en su rueda de prensa matutina las “manifestaciones de violencia” registradas últimamente en distintos puntos de Chiapas.
“Hay grupos que están actuando de manera violenta pero no representan ningún riesgo a la estabilidad y a la gobernabilidad. Ya se está actuando”, aclaró.
México ha registrado al menos 28 asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas en lo que va de año en una escalada de violencia que ha prendido la alarma por el aumento de los homicidios de activistas.
Mariana fue hallada sin vida el pasado 28 de enero, a un costado de la clínica de Ocosingo. El homicidio provocó la molestia de estudiantes y activistas.
Ciudad de México, 9 de febrero, (SinEmbargo).- Personal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas cateó la casa del médico señalado por presuntamente haber acosado a la pasante de medicina, Mariana Sánchez, quien fue hallada sin vida el pasado 28 de enero.
Durante el cateo, los elementos de la Fiscalía no hallaron al dueño del inmueble, identificado como Fernando Cuauhtémoc “N”.
El inmueble, ubicado en el municipio de Yalajón, fue asegurad por policías, perros y agentes del Ministerio Público
Fernando Cuauhtémoc cuenta con una orden de localización, ya que es señalado por presuntamente haber acosado a Mariana, en el eHospital de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo.
El sujeto ya contaba con antecedentes e caos sexual; en 2014 fue señalado por una mujer a la que le dijo que le realizará un tacto vaginal para detectar “algún flujo bacterias”.
DIRECTORA ES CESADA
Por su parte, el diario Reforma reportó que la subdirectora de Educación y Enseñanza de la Secretaría de Salud de Chiapas, Mariana Lazos Salgado, fue cesada de su cargo por no atender la denuncia de la estudiante.
“A partir del día siete de febrero del año dos mil veintiuno, he tenido bien a nombrar como Subdirector de Educación y Enseñanza en Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas e Instituto de Salud, al Dr. Natan Enríquez Ríos, en sustitución de la Mtra. Mariana Lazos Salgado”, dice el documento citado por el diario nacional.
Lazos Salgado es señalada por la madre de Mariana, Lourdes Dávalos, como quien le habría a la joven que no podía hacer nada ante la denuncia que había presentado.
La salida de Lazos Salgado se suma a la separación de la directora de la Faculta de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, Ana Maria Flores García; y a la del coordinador del internado médico de perorado y servicio social, Carlos Alberto López Jiménez.
La joven fue hallada sin vida el pasado 28 de enero, a un costado de la clínica de Ocosingo.
La familia Gómez lleva 63 días viviendo un calvario desde que la Fiscalía de Chiapas acusó a cinco de sus miembros de trata de personas y los vinculó al secuestro del pequeño Dylan. Además se llevó a 23 niños quienes presuntamente eran explotados. La familia es indígena y sobrevive vendiendo collares de ámbar y otras artesanías en las calles del centro de San Cristóbal de las Casas, algunas veces los acompañaban los niños para no quedarse solos en casa. Ahora exigen justicia y acusan al Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca de fabricarles delitos.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Sesenta y tres días han pasado desde que la familia Gómez fue acusada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas de formar parte de una red de trata de menores. Aquella mañana del 17 de junio elementos de la dependencia irrumpieron en la casa que rentaban. Trasladaron a sus niños a un DIF y detuvieron a tres mujeres, días después se llevaron sus muebles y las artesanías que hacían y vendían para subsistir. ¿Qué le hemos hecho al Fiscal?, ¿por qué no nos entrega a nuestros hijos?, preguntaron a Jorge Luis Llaven Abarca.
El calvario de la familia Gómez inició el 15 de junio, quince días después del secuestro de Dylan, un menor indígena de dos años quien desapareció en un mercado de San Cristóbal de las Casas donde su madre vendía frutas y verduras. El caso del niño se volvió mediático y varias organizaciones ejercieron presión en su búsqueda.
La familia Gómez supo del caso por la televisión y por imágenes que las autoridades pegaron en las calles, pero nunca imaginaron que ellos serían acusados de su rapto.
Nereida es madre de 5 de los 21 menores que fueron llevados al DIF de San Cristobal de las Casas. Foto: vía zoom.
El 15 de junio, policías detuvieron a Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, mientras caminaba por la calle en el municipio de San Cristobal de las Casas, después capturaron a María Hortensia Gómez Sánchez, su exesposa. Ambos fueron trasladados al penal de San Cristóbal acusados por delitos contra la salud y de secuestro.
Don Adolfo murió el 27 de julio dentro de su celda. La Fiscalía dijo que se trató de un suicidio por ahorcamiento, pero su cuerpo tenía graves evidencias de que fue torturado, señaló la familia.
“El director del Cerezo número 5 agarró a un inocente, por culpa del director y de la Fiscalía de Chiapas murió mi padre y yo exijo la aclaración de su muerte”, exigió Nereida Gómez Sánchez, hija del señor Adolfo. “Mi padre no sabía robar, se dedicaba a trabajar, en eso actuó mal la Fiscalía y el director del Cerezo 5. Yo pido que dejen en libertad a mi madre. Pasan los días y noches y ella sigue detenida”.
La familia Gómez Sánchez es indígena y sobrevive del comercio informal. Don Adolfo, su yerno y sus dos hijos con quienes compartían el mismo domicilio, vendían collares de ámbar y otras artesanías en las calles del centro de San Cristóbal de Las Casas, algunas veces los acompañaban los niños para no quedarse solos en la casa. Esta situación fue usada por la Fiscalía de Chiapas, que el 21 de julio en conferencia acusó a los miembros adultos de la familia de explotación infantil y aseguró haber desmantelado una supuesta red de trata de menores.
En el supuesto operativo, realizado en el marco de la búsqueda del menor Dylan, la Fiscalía detuvo a tres mujeres y un total de 23 menores, incluidos varios bebés, fueron “rescatados”. Pero en realidad no hubo ningún rescate porque los niños tienen padres, acusó la familia.
Entre los menores había tres lactantes de 3, 12 y 20 meses de edad, y los demás son niños entre los 2 y los 15 años.
El mismo día 21 de julio cuando el Fiscal anunció la detención de las mujeres, integrantes de la familia Gómez acudieron ante las autoridades para informarles que se trataba de una confusión, pero no fueron escuchados.
“¿Qué le pasa a Jorge Luis Llaven Abarca?, ¿por qué no nos entrega a nuestros hijos? Ya basta de tratarnos así”, pidió Nereida Gómez, madre de 5 de los 21 menores que fueron llevados al DIF estatal en Tuxtla Gutiérrez. “Nosotros somos inocentes, el Fiscal nos llamó secuestrados, dijo que nosotros tratábamos mal a nuestros hijos. Dijeron que los niños daban cuota para salir a trabajar, pero nosotros nos llevamos a nuestros hijos a trabajar porque no tenemos dónde dejarlos. Nosotros vivimos al día, somos pobres, pero honrados. No somos rateros como dicen ellos”.
El día 17 de junio cuando fue el cateo comenzaba a amanecer, eran las 7:30 de la mañana. Los niños apenas empezaban a levantarse y otros más dormían.
“Ellos vieron en la pobreza en la que estábamos, no encontraron un coche de lujo. Si dicen que somos delincuentes hubieran encontrado dinero, pero no. Había niños descansando a las 7:30 de la mañana cuando fue el cateo”, contó la señora Nereida, quien exige al Fiscal de Chiapas que le devuelva a los menores. “Él dijo que no había ninguna familia presente sobre los 23 niños y que si las hubiera, entregaban a los niños, pero desde un principio mis suegros le pidieron que les entregaran a mis niños y no lo hicieron. ¿Qué espera el Fiscal?, ¿quiere darme más dolor? Yo ya quiero tener entre mis brazos a mis niños”.
La señora Nereida mencionó que dos días después del cateo, el 19 de junio, los agentes regresaron a la casa donde rentaban y se llevaron los muebles y todas sus artesanías. “Vaciaron la casa, se llevaron televisiones, estufas, cilindros de gas, camas, mesas. Nos dejaron en la calle”.
Un error en las actas de nacimiento de los menores ha detenido el trámite para que los menores regresen con su familia. “La Fiscalía anda buscando pretextos para no entregarnos a nuestros hijos”, acusó Nereida, quien este 19 de agosto cumple 63 días sin poder ver a sus hijos.
PIDEN ESCLARECER EL PRESUNTO SUICIDIO
En conferencia de prensa desde Chiapas, las organizaciones Melel Xojobal, Redim y Colectiva Cereza, acompañadas de integrantes de la familia Gómez Sánchez, señalaron los abusos por parte de la Fiscalía a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, a quien responsabilizan directamente de la muerte del señor Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, quien falleció en el penal de San Cristóbal de Las Casas en circunstancias aún no esclarecidas, y de la detención arbitraria de cuatro mujeres indígenas: Josefa Sánchez Gómez, presa en la sección femenil del penal de San Cristóbal de Las Casas, así como la de María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González, detenidas en el penal femenil de El Amate, en Cintalapa.
En esta imagen tomada de un video que presentaron en conferencia se observa al señor Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, quien falleció en el penal de San Cristóbal de Las Casas en circunstancias aún no esclarecidas. Foto: vía zoom.
Las organizaciones presentaron un video de prueba en el que se observa al señor Adolfo detenido en los separos de la Fiscalía Indígena narrando cómo fue su detención. En la grabación el señor detalla que al momento de ser detenido nunca le leyeron sus derechos, no lo contactaron con ningún abogado ni le permitieron hacer llamadas con sus familiares.
“Quiero que haya una claridad sobre la muerte de mi papá”, pidió su hija.
Actualmente existen tres carpetas de investigación en el caso de la familia Gómez: la primera es la número 357 y es por delitos contra la salud en modalidad de posición; la segunda es la 340 que se lleva en la Fiscalía Antisecuestro, y la tercera es la carpeta número 24 y es por el delito de trata de personas en agravio de menores de edad.
Patricia Aracil, vocera de la Colectiva Cereza, denunció “el actuar sistemático y mafioso de la Fiscalía General del Estado, la detención arbitraria, tortura, la fabricación de carpetas de investigación que sirven para ocultar detenciones arbitrarias y la criminalización de familias indígenas”.
Hasta el momento, ni el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas ni el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca han ofrecido algún pronunciamiento sobre esta detención arbitraria en contra de integrantes de la familia Gómez Sánchez.
Los 45 días que el pequeño Dylan estuvo desaparecido generaron indignación por parte de la sociedad hacia las autoridades de Chiapas, las cuales al verse presionadas violentaron a una familia de indígenas acusándola de trata de personas y quitándoles a 23 niños, todos hijos, sobrinos y nietos, señalaron las organizaciones Melel Xojobal, Redim y Colectiva Cereza. Acusan a la Fiscalía de Chiapas de fabricar delitos y piden que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado de Chiapas montó un espectáculo en la detención de la familia Gómez Sánchez para justificar los errores que cometieron en la búsqueda del niño Dylan, pero ahora que el menor apareció queda en evidencia que la dependencia estatal fabricó delitos en contra de cuatro mujeres indígenas y un hombre mayor de edad, quien presuntamente se suicidó en la cárcel, denunciaron organizaciones civiles y exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
“Queremos responsabilizar directamente a la Fiscalía de Chiapas por la integridad de la familia y los niños, quienes son rehénes de este acto de violaciones a los derechos humanos”, dijo Juan Pérez García, director de Redim en conferencia vía zoom. “La Fiscalía montó un show y espectáculo con esta familia para pretender justificar los errores en la búsqueda de Dylan, pero con la aparición del niño queda en evidencia que esto fue una fabricación de culpables ante la presión que se tenía en este caso”.
Juan Pérez, de la organización Redim, acusó a la Fiscalía de Chiapas de violentar los derechos de la familia Gómez. Foto: vía zoom
Desde Chiapas, las organizaciones Melel Xojobal, Redim y Colectiva Cereza, acompañadas de integrantes de la familia Gómez Sánchez, señalaron los abusos por parte de la Fiscalía a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, a quien responsabilizan directamente de la muerte del señor Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, quien falleció en el penal de San Cristóbal de Las Casas en circunstancias aún no esclarecidas, y de la detención arbitraria de cuatro mujeres indígenas: Josefa Sánchez Gómez, presa en la sección femenil del penal de San Cristóbal de Las Casas, así como la de María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González, detenidas en el penal femenil de El Amate, en Cintalapa.
La familia Gómez denunció también la retención de 23 niños, quienes fueron llevados a un albergue del DIF estatal en Tuxtla Gutiérrez luego del cateo que realizó la Fiscalía de Chiapas el día 17 de junio a su domicilio y en el que desmantelaron una presunta red de trata.
“El 17 de junio hubo el cateo a las 7:30 de la mañana en San Cristobal, en la casa que teníamos rentada”, dijo Nereida Gómez Sánchez, una de las integrantes de la familia y a quien la Fiscalía le quitó a sus hijos durante el cateo. “Ellos dijeron que teníamos a niños secuestrados, pero eran nuestros hijos, vivíamos 5 familias en esa casa”.
La detención de cinco integrantes de la familia Gómez ocurrió luego del secuestro de Dylan, un menor indígena quien desapareció el 30 de junio de un mercado de San Cristóbal de las Casas donde su madre vendía frutas y verduras. El caso del niño se volvió mediático y varias organizaciones ejercieron presión en su búsqueda.
Quince días después del secuestro del menor, el 17 de julio, fueron detenidos el señor Adolfo Gómez Gómez y la señora Josefa Sánchez Gómez en el centro de San Cristóbal de Las Casas por elementos de la Fiscalía Estatal y los acusó de estar vinculados al plagio de Dylan.
A Adolfo lo llevaron al penal de San Cristóbal de Las Casas donde murió el 27 de julio dentro de su celda. La Fiscalía dijo que se trató de un suicidio por ahorcamiento, pero su cuerpo tenía graves evidencias de que fue torturado, señaló la familia.
“El director del Cerezo número 5 agarró a un inocente, por culpa del director y de la Fiscalía de Chiapas murió mi padre y yo exijo la aclaración de su muerte”, exigió Nereida Gómez, hija del señor Adolfo. “Mi padre no sabía robar, se dedicaba a trabajar, en eso actuó mal la Fiscalía y el director del Cerezo 5. Yo pido que dejen en libertad a mi madre. Pasan los días y noches y ella sigue detenida”.
Patricia Aracil, vocera de la Colectiva Cereza, destacó que este caso muestra el abandono por parte de todas las autoridades del estado de Chiapas. Foto: vía zoom.
Días después de la detención de Adolfo y Josefa, el 21 de julio, la Fiscalía de Chiapas informó en conferencia de prensa de un operativo que realizaron en una vivienda en el municipio de San Cristobal y donde detuvieron a tres mujeres y un total de 23 menores, incluidos varios bebés, fueron “rescatados de una red de trata de personas”.
Pero los menores que la Fiscalía estatal dijo que fueron rescatados, en realidad eran los hijos, nietos y sobrinos de las mujeres indígenas que encontraron en esa vivienda y se las llevaron presas. Entre los menores había tres lactantes, de 3, 12 y 20 meses de edad, y los demás son niños entre los 2 y los 15 años.
El mismo día 21 de julio cuando el Fiscal anunció la detención de las mujeres, integrantes de la familia Gómez acudieron ante las autoridades para informarles que se trataba de una confusión, pero no fueron escuchados.
El 14 de agosto, 45 días después de la desaparición de Dylan, la Fiscalía de Chiapas anunció que el menor había sido localizado con vida y detuvo a una mujer identificada como Margarita “N”, de 23 años, quien estaba con el niño y se le imputó el delito de desaparición forzada entre particulares, que en México se castiga hasta con 70 años de prisión.
El Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó ese día que a lo largo de la indagatoria se desahogaron todo tipo de diligencias para recolectar pruebas y sumarlas a la investigación de manera cronológica, tanto antes como después del secuestro, lo que permitió identificar a la presunta responsable.
“Se identificó plenamente a la persona del sexo femenino que está en los carteles de búsqueda-recompensa. Se llama Margarita ‘N’, cuenta con 23 años de edad, es originaria de Cintalapa de Figueroa, Chiapas”, declaró en esa ocasión. Pero omitió informar sobre la familia detenida a quien había acusado en un principio del secuestro del menor.
Las organizaciones Melel Xojobal, Redim y Colectiva Cereza alertaron desde un principio de la injusticia en este caso y responsabilizaron a la Fiscalía de Chiapas de las arbitrariedades cometidas en contra de los integrantes de la familia.
“Lamentamos la criminalización por parte de la Fiscalía”, dijo Juan Pérez, de Redim. “Solicitamos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y puedan ser investigados los actos criminales de la Fiscalía de Chiapas”.
Patricia Aracil, vocera de la Colectiva Cereza, destacó que este caso muestra el abandono por parte de todas las autoridades del estado de Chiapas.
“Queremos denunciar el actuar sistemático y mafioso de la Fiscalía General del Estado, la detención arbitraria, tortura, la fabricación de carpetas de investigación que sirven para ocultar detenciones arbitrarias y la criminalización de familias indígenas”, denunció.
Actualmente existen tres carpetas de investigación en el caso de la familia Gómez: La primera es la número 357 y es por delitos contra la salud en modalidad de posición; la segunda es la 340 que se lleva en la Fiscalía Antisecuestro, y la tercera es la carpeta número 24 y es por el delito de trata de personas en agravio de menores de edad.
En el grabación de los hechos, el guardia intenta impedir que Armendáriz baje de su vehículo. Enseguida, Armendáriz desciende y lo confronta preguntándole: “¿Quién eres, pendejo?”, a lo que el escolta responde: “Soy tu padre”, y realiza la detonación contra la pierna izquierda de la víctima.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Alberto “N” ha sido detenido por las autoridades por haber disparado contra Juan Armendariz, la expareja de la hija del Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General de Chiapas, informó a través de una conferencia de prensa que el escolta fue detenido gracias a la colaboración de las autoridades municipales y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), quienes lograron recabar información de los hechos para lograr la detención.
También informó que se investigaron los antecedentes del detenido, quien pertenece a una empresa de seguridad privada y no a una entidad de seguridad pública del estado.
La investigación se realizará bajo la política de cero impunidad y sin tráfico de influencias, actuando con respeto a la ley, “quien violente la ley tendrá que enfrentar a la justicia sea quien sea sin distinción alguna (…) todos debemos actuar respetando las leyes”, declaró el Fiscal.
El día de ayer el escolta disparó en una pierna a Juan Carlos Armendáriz, expareja de la joven, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En Facebook, Armendáriz publicó una serie de videos del suceso. De acuerdo con el agredido, seguía a su expareja para entregarle unas flores a su hijo con motivo del Día del Padre, pues no le han permitido visitarlo.
En el grabación de los hechos, el guardia intenta impedir que Armendáriz baje de su vehículo. Enseguida, Armendáriz desciende y lo confronta preguntándole: “¿Quién eres, pendejo?”, a lo que el escolta responde: “Soy tu padre”, y realiza la detonación contra la pierna izquierda de la víctima, quien cae al suelo y exclama: “¡Me acaban de disparar, señor Gobernador!”. El guardia, a quien Armendáriz identifica como Beto Consospó Flores, enfurecido le advierte: “Bájale de huevos”.
La Fiscalía General de Chiapas arrestó este mes a seis usuarios de Facebook por incitar a cometer saqueos en el marco de la coyuntura por el COVID-19. Sin embargo, la organización Artículo 19 ve un riesgo potencial en la campaña que lleva este cuerpo de seguridad para promover la denuncia de usuarios de la Red que inciten a la violencia ya que puede vulnerar la libertad de expresión.
Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- En el mes de marzo las policías cibernéticas de varios estados alertaron de una ola de mensajes que incitaron a realizar saqueos por temor a un supuesto desabasto de productos de primera necesidad debido a la coyuntura del COVID-19.
Las policías cibernéticas de Chiapas, Tabasco y Veracruz denunciaron transmisiones en vivo en Facebook de supuestos saqueos que eran difundidos en tiempo real. De acuerdo con las autoridades, estos contenidos correspondían a eventos ocurridos durante el 2017.
Entre el 3 y el 13 de abril, la Fiscalía de Chiapas emitió varios comunicados en los que informó de la detención de seis usuarios de Facebook implicados en la difusión de contenidos que incitaron a la violencia e hicieron apología del delito, uno más fue arrestado acusado de repartir mensajes similares en la vía pública.
El 28 de marzo, a las 21:30 horas aproximadamente, Luis Octavio “N”, un joven de 25 años de edad publicó en Facebook: “SÁBADO TAN ABURRIDO ¿Y SI SAQUEAMOS UNA TIENDA?”. De acuerdo con el comunicado 10052 de la Fiscalía, el muchacho realizó más comentarios similares en la plataforma durante aquella noche.
El 3 de abril, Luis Octavio fue detenido fuera de Chiapas. El joven fue arrestado en Villahermosa, Tabasco, como resultado de un operativo en el que participaron la Policía Cibernética y la Policía Especializada.
Para el 5 de abril, el Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca, informó desde su cuenta de Twitter que el usuario de Facebook fue liberado de cargos tras realizar una disculpa pública, procedimiento que él mismo solicitó como “salida alterna” en apelación a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
— Jorge Llaven Abarca (@JorgeLlavenAbar) April 5, 2020
Pero Luis Octavio no fue el único. De acuerdo con el comunicado 10079 de la Fiscalía, Hanyentsam Emilio “N”, ex servidor público municipal también fue arrestado por invitar a realizar saqueos en tiendas comerciales de Tapachula. La Fiscalía señaló que Emilio era administrador de la página de Facebook “Chiapas Online”, desde la que emitió los mensajes.
Hanyentsam Emilio “N” fue aprehendido en San Cristóbal de Las Casas. Foto: Fiscalía General de Chiapas.
“La noche del pasado 19 de marzo de 2020 el hoy imputado, utilizando la cuenta Chiapas Online de la cual es el administrador, incitó a realizar saqueos en tiendas comerciales de Tapachula, conducta agravada toda vez que se acreditó que trabajó para el Ayuntamiento de Tapachula” señala el comunicado citando al Fiscal.
El joven fue arrestado en San Cristóbal de las Casas y, de acuerdo con la Fiscalía, un juez le dictó prisión preventiva justificada.
Darwin Omar “N” detenido por la comisión del delito que la ley califica como incitación a la violencia. Foto: Fiscalía General de Chiapas.
A Darwin Omar “N” lo arrestaron elementos de la Fiscalía de Distrito Selva el 8 de abril por supuestamente publicar mensajes en Facebook en los que incitó a la violencia en contra de los cuerpos policiales. La Fiscalía dio con su paradero a raíz de una denuncia que recibieron.
En el momento en que fue detenido, Darwin estaba por publicar un nuevo mensaje desde su laptop, refiere la Fiscalía en el comunicado.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN RIESGO
Las policías cibernéticas en los estados han intensificado los esfuerzos para contener la desinformación y los fraudes cibernéticos que se han intensificado a partir de la coyuntura del COVID-19, pero en esta tarea, la organización internacional Artículo 19 ha identificado riesgos que podrían vulnerar la liberta de expresión.
La organización condenó este viernes la campaña lanzada a través de las redes sociales por la Fiscalía General del Estado de Chiapas para comunicar a la población que se sancionará a las personas que creen “contenido falso que instaure pánico ante el COVID-19” o que incite al vandalismo.
Campaña de la Fiscalía General de Chiapas para invitar a denunciar a usuarios que llamen a realizar actos de violencia. Foto: Fiscalía General de Chiapas
Aunque la Fiscalía ha logrado efectuar detenciones de personas que emitieron mensajes dañinos en Facebook, existe un riesgo en la manera en cómo convocan a la ciudadanía para realizar denuncias, pues en general se pide que se reporte “cualquier intento de incitación al delito en redes sociales”, sin proporcionar ningún criterio para diferenciar una amenaza potencial de una broma, afirmó Artículo 19.
A través de un comunicado la organización advirtió que esta campaña podría generar una serie de investigaciones penales bajo cargos de incitación a la violencia y al delito en casos que podrían no ameritarlo,.
Aunque Artículo 19 no mencionó que ya tenga documentado un caso en estas circunstancias, sí muestra preocupación de que las autoridades pidan que se denuncie de manera general todo contenido que resulte falso sobre el COVID-19 como promotor de pánico o incitador a la violencia, pues algunos usuarios y periodistas podrían ser señalados al ejercer su derecho a la libertad de expresión de una manera no favorable.
Puede ser el caso de quienes realicen comentarios sobre el COVID19 de manera sarcástica o utilicen “expresiones cáusticas, irónicas, perturbadoras o chocantes”. “Esta campaña y tipo penal tienen el potencial de sancionar gravemente a personas que hagan uso de este tipo de expresiones legítimas”, señaló Artículo 19 en el comunicado.
La organización enfatizó que los códigos penales que contemplen el delito de “incitación o apología a la violencia” requieren apegarse a estándares internacionales y ejecutarse bajo la garantía de que no se compromete la libertad de expresión.
De acuerdo con la organización, el tipo penal que refiere la Fiscalía de Chiapas no se corresponde con lo que están llamando a denunciar, y por el contrario se abre la posibilidad de que se atente contra el derecho de la libertad de expresión, pues existe el riesgo de que se cometan arbitrariedades.
“Para ARTICLE 19 resulta preocupante que la Fiscalía de Chiapas aplique una campaña de esta naturaleza, en donde existe el riesgo de cometer arbitrariedades que afecten el ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística e, incluso, expresiones críticas, irónicas o cáusticas, tomando como justificación la actual pandemia del Covid-19”, mencionó la organización.
Según explicó el Instituto Nacional de Migración (INM) que “debido a su condición migratoria”, el hombre de 33 años sería trasladado a la Estación Migratoria Siglo XXI.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Por la muerte de un migrante de origen guatemalteco en un centro de inspección migratoria en Tapachula, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas inició carpeta de investigación.
Mediante un comunicado, la FGE detalló que los hechos ocurrieron este martes en la carretera, en el punto conocido como Viva México.
Las investigaciones estarán a cargo de la Policía Especializada, mientras que personal del Servicio Médico Forense llevará a cabo la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.
Investiga Fiscalía muerte de persona del sexo masculino en centro de inspección migratoria#SiempreAlLadoDeLaGente
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que se trataba de un hombre de 33 años, a quien “debido a su condición migratoria irregular” se le trasladaría a la Estación Migratoria Siglo XXI.
Cuando la persona era transportada en una camioneta del Instituto, sufrió un infarto, por lo que le brindaron los primeros auxilios.
Al ser trasladada al centro de salud rural Viva México, el migrante ya había fallecido. “Los médicos confirmaron que la causa había sido un infarto agudo de miocardio”, señaló el documento.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
