Derivado de la pandemia por COVID-19, en 1.5 millones de viviendas se reportaron problemas con el pago de la renta, por lo que se solicitó un préstamo o se llegó a un acuerdo con el casero para dejar el inmueble, informó la reciente Encuesta de Vivienda 2020 del Inegi.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Aura, una adulta mayor enferma, habita con su hija y nieto menor de edad una vivienda rentada en la Ciudad de México. Al perder sus fuentes de ingreso, forma parte de las un millón 574 mil 800 viviendas del país que reportó problemas con el pago de renta por la pandemia (ENVI 2020, Inegi). Sin embargo, ganó una suspensión contra su desalojo mientras se resuelve su amparo.
Sus caseros iniciaron un juicio civil para sacarla del inmueble por impago, pero el 3 de mayo la inquilina se amparó en contra de diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México por no haber adoptado medidas cautelares, como ocurre en 12 países, para evitar que personas desalojadas se expongan a una situación de calle y de riesgo de contagio en el marco de la COVID-19. Aura, por su estado de salud, no pudo ser vacunada.
Este lunes 23 de agosto la demanda fue admitida por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México. Las autoridades señaladas por omisión son la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Seguridad local, la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Salud, entre otras. En 2020, pese al cierre de juzgados, hubo 442 desalojos por juicio en la Ciudad de México, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Un desalojo en la colonia Juárez durante la pandemia. Foto: Cuartoscuro.
“Un juzgado federal ordenó que se le dé asistencia social gubernamental para evitar afectaciones a sus derechos a la vivienda y a la salud. En la demanda, además, el juzgado solicitó que de manera preventiva se dé a los caseros un subsidio de vivienda en arrendamiento para evitar que la situación les afecte en lo que Aura encuentra alternativas para resguardarse”, informó la Oficina en América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL).
Derivado de la pandemia por COVID-19, en 3.1 millones de viviendas a nivel nacional (8.9 por ciento del total) se reportó que alguno de sus integrantes tuvo dificultad para solventar algún pago ya sea el pago del crédito de vivienda o de la renta, informó la Encuesta de Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De ellas, desglosó, en 1.5 millones (50.8 por ciento) se tuvieron problemas con el pago de la renta, por lo que se solicitó un préstamo para pagar la renta o se llegó a un acuerdo con la persona que le renta para dejar la vivienda.
SIN MEDIDAS CONTRA DESALOJOS
Desde el inicio de la contingencia sanitaria la Relatoría Especial del derecho a la vivienda de Naciones Unidas exhortó a los países a establecer moratorias de desalojos para salvaguardar el derecho a la vivienda de las personas que arriendan o tienen una hipoteca.
Decenas de naciones como Argentina, Brasil y Colombia las han adoptado, las cuales, resalta la organización HIC-AL, han demostrado tener impacto en la tasa de contagios y de mortandad al suspender por decreto los desalojos por falta de pago o el aumento anual, así como el congelar el cobro de alquileres o dar apoyos para renta. Alemania, España, Italia, Inglaterra y Estados Unidos también han implementado políticas similares como microcréditos.
En agosto de 2020, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo anunció apoyos para renta, pero se descartó al considerar que no existían recursos suficientes. También se sostuvo que el Gobierno de la ciudad no tiene las facultades para suspender los desalojos de personas vulnerables sin alternativas de vivienda.
Un hombre carga una bolsa tras un desalojo. Foto: Cuartoscuro.
De las 35 millones 259 mil viviendas particulares habitadas en México, 5.8 millones de viviendas son rentadas (16.4 por ciento), de las cuales 54 por ciento tiene un contrato de renta vigente, lo que puede evitarles desalojos forzosos, reportó Inegi. Es decir, la otra mitad es vulnerable.
En el 51.4 por ciento de las viviendas rentadas se declaró rentar por no tener acceso a crédito o no tener recursos para adquirir una vivienda; en 22 por ciento se informó que es por la facilidad de poder mudarse o cambiar de vivienda; en otro 9.7 por ciento se indicó que el pago de la renta es menor que pagar una hipoteca; y en 8.7 por ciento se mencionó no estar interesado en adquirir una vivienda o preferir invertir en su persona.
El motivo de rentar por “no tener acceso a crédito o no tener recursos” presenta un porcentaje alto en la mayoría de las entidades federativas al grado de que 14 estados se encuentran por arriba del dato nacional de 51 por ciento, principalmente Guerrero y Chiapas con 68 y 67 por ciento, respectivamente. En la Ciudad de México es el 46 por ciento.
De cara a la ola de desalojos por no poder pagar la renta por la crisis económica, colectivos proponen una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para evitar desocupaciones si no se cuenta con un contrato de arrendamiento y extenderlo a los Congresos estatales. No atenta la propiedad privada, no propicia invasiones ni obliga a los dueños a reducir o perdonar el pago alquiler. Pero las asociaciones inmobiliarias la consideran “excesiva e ilegal”, por lo que la dictaminación se ha pausado hasta llegar al consenso.
Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– Gamaliel lleva 18 años viviendo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cerca del Museo San Ildefonso. Es artista de vestuario y trabajaba en el bar Soberbia vistiendo maniquíes, pero la COVID-19 le arrebató ese empleo. Debe tres meses de renta, la casera le daba otros tres meses para salirse. Tras una negociación, le dio hasta enero para cerrar el ciclo y dejar ese departamento en un edificio de 300 años con techos de cuatro metros.
Aunque trató de asesorarse legalmente, no encontró otra alternativa. Mientras halla otro hogar la casera no le cobrará la renta. Se siente agradecido por ello. No es la primera vez que le debía. El año pasado enfermó de cáncer, se endeudó para atenderse y le debió medio año de alquiler, lo cual ya saldó tras curarse.
“De repente me quedé sin trabajo. Siento feo, me piden entregar y no se me hace justo”, dijo. Ahora obtiene ingresos vendiendo caretas en su Instagram (@gamaliel.i) por 50 pesos. Sus vestuarios e indumentaria se han apreciado en el Desfile de Día de Muertos, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y en personalidades como Shakira. “He crecido mucho en este lugar y trato de buscar algún apoyo. He pensado en esta cuarentena qué voy hacer, quiero verlo positivo, como un cambio. Le he metido mucho dinero, aunque necesita mantenimiento”.
El artista contaba con contrato escrito con la inmobiliaria Encor. Pero el 59 por ciento de las personas que rentan una vivienda en México no cuenta con un contrato escrito de arrendamiento que les garantice certeza jurídica por lo que se les puede tratar como invasores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Frente a la ola de desalojos por la crisis económica y sanitaria, organizaciones civiles presentaron una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para impedir desalojos en los casos en los que no haya un contrato escrito, al menos hasta que no se subsane esa ausencia. Dado que el Código Civil es facultad de cada entidad, llaman a los Congresos estatales a adecuarlos a su situación.
En México ya había una crisis de arrendamiento por desalojos forzosos e ilegales sin orden judicial por una legislación “laxa”, corrupción de “mafias inmobiliarias”, acoso inmobiliario, gentrificación o alza desproporcional de precios de la renta, pero ahora la vemos “subir arriba de las rodillas”, les dijo el especialista en derecho a la vivienda Carlos Escoffié a los legisladores e inmobiliarios en un foro virtual sobre vivienda en tiempos de la COVID-19.
El derecho a la vivienda es el derecho a no quedarse en la calle. Pero, a manera de fotografía, en los primeros dos meses de la pandemia se detectaron al menos 56 desalojos solo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que afectaron a 256 personas, en los cuales el 59 por ciento ya no podían pagar la renta, solo 25 por ciento tenía contrato y el 56 por ciento no logró negociar con el dueño, sondeó la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento Urbano Popular, académicos y la Plataforma Vecinal 06600.
“Creemos que los casos de desalojos [con orden judicial] van a empezar a darse a partir del primer o segundo mes que abran los tribunales”, dijo Sergio González de la Plataforma Vecinal 06600, víctima de desalojo en la colonia Juárez en la época previa al coronavirus y uno de los impulsores de la iniciativa “por el abuso en el suelo urbano” del boom inmobiliario. “Lo que tenemos registrado hasta ahora son más casos del tipo presión”.
El riesgo de desalojo acorrala al 15 por ciento de las personas en el país (unas 18 millones) que rentan la vivienda que habitan (25 por ciento en la Ciudad de México), quienes pueden destinar hasta el 61 por ciento de sus ingresos en el pago de la renta, muestran datos del Inegi. Aunque lo ideal es no gastar más del 30 por ciento del salario.
“Ni la iniciativa ni las personas que la sugerimos negamos que sea lícito pedir el desalojo de alguien que incumple en el pago de la renta. Muchos desalojos se realizan de conformidad con lo establecido en la legislación y en el pleno ejercicio de los derechos de las personas propietarias. Pero no podemos ser ingenuos: la falta de contratos escritos ha permitido abusos, ilegalidades y atropellos a los derechos de propietarios y de inquilinos”, aseguró Escoffié, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y uno de los promotores de la iniciativa.
Desalojo en la Colonia del Valle en la Ciudad de México registrado en octubre de 2019. Foto: Cuartoscuro.
Hasta el momento, de mil 954 personas de 469 hogares de la ZMVM que tienen la necesidad de una vivienda alternativa, el 41 por ciento es por no poder pagar la renta; y un 47 por ciento de 703 viviendas con 2 mil 812 personas enfrenta dificultades para pagar los servicios básicos (agua, luz gas) a partir de la crisis sanitaria, de acuerdo con una encuesta realizada por las organizaciones promotoras de la iniciativa. Las autoridades no han emitido información oficial. La encuesta también reveló que 118 hogares con 538 personas han sido presionados por propietarios durante la contingencia para dejar su vivienda, de los cuales 40 terminaron en desalojo.
“La iniciativa –aunque se queda corta– busca acabar con un problema estructural de ilegalidad y de falta de certeza jurídica”, agregó el abogado Escoffié, por lo que también propone presencia de personal de asistencia social en la diligencia de desalojo para atender a adultos mayores, niños, niñas, personas con discapacidad o indígenas porque puede resultar en un trauma psicológico; y plantea que después del desalojo reciban asesoría oficial para contemplar alternativas para evitar situación de calle.
Las organizaciones civiles alertaron que, como México no cuenta con ningún plan para prevenir y mitigar la crisis de vivienda que se avecina y ya está empezando, muchas otras familias y personas perderán su vivienda por el desempleo y pérdida de ingresos por la COVID-19, tendrán que moverse a otros barrios en condiciones adversas o más desfavorables a las actuales e incluso, como ya pasa, se refugiarán en parques. Ahí la importancia, más allá de la iniciativa, de no hacer desalojos durante el semáforo rojo regional cuando se recomienda quedarse en casa.
MÁS DE 70 MIL OPINIONES
Entre fake news y malas interpretaciones, el Congreso de la Ciudad de México decidió el viernes 17 de julio posponer la dictaminación de la iniciativa ciudadana canalizada desde el 8 de abril por las diputadas locales Martha Ávila y Valentina Batres hasta no agotar el debate entre los diferentes actores involucrados: inquilinos, inmobiliarias y propietarios que han sentido vulnerados sus derechos. Desde el 2010 no se ha reformado entorno a la vivienda en la capital del país.
La iniciativa pide abordar cinco puntos, sujetos a ajustes para mejorarla: evitar que haya arrendamientos sin contratos porque desprotegen al inquilino y al propietario además de que el Código Civil de la Ciudad de México ya exige el contrato por escrito, aunque sin consecuencia por incumplimiento; exceso de garantías exigidos como más de un mes anticipado de renta y un título de propiedad; discutir duración de contrato de entre uno y tres años acordado por las partes; atención psicosocial a personas desalojadas (incluyendo pareja, hijos, padres o amigos) para recibir asesoría y no quedarse en la calle; y en caso de pandemias, desastres naturales y otras situaciones que imposibiliten recibir ingresos, se pueda solicitar al propietario la renegociación y si ambos lo aceptan, sean asesorados por especialistas para llegar al acuerdo. Eso último no es obligatorio.
La Diputada Martha Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso local, dimensionó la “polémica” entorno a la propuesta de reformas al Código Civil de la capital del país en materia de arrendamiento. En la plataforma de Parlamento Abierto han llegado más de 70 mil opiniones en comparación con 400 de otros temas, informó vía telefónica. Aunque revisan si algunas se repiten o solo buscan confrontar.
“Hay que ver cuál es la ruta. En la redacción que se hizo hubo cierta confusión, pero no se atenta contra la propiedad privada”, aseguró Ávila y negó que haya cabildeo acechando. Los sectores involucrados solo los han buscado para platicar. Las inmobiliarias les piden separar el tema de los despojos ilegales de esta discusión y se dicen abiertos a generar acuerdos con los inquilinos. “El fin que nosotros le vemos es que haya conciliaciones, porque estamos viviendo una emergencia que afecta el poder adquisitivo de quienes rentan. Que tengan un proceso de diálogo y acuerdo el inquilino y el arrendatario”, planteó.
Ante el cierre de negocios por la COVID-19 ha aumentado la oferta de rentas. Foto: Cuartoscuro.
Respecto al arrendamiento empresarial (negocio a mayor escala), la Directora general de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI), María José Fernández, planteó que conscientes de la situación generada por la pandemia promovieron la renegociación de los términos de los contratos de arrendamiento con sus inquilinos consistente principalmente en la disminución de los montos y de los plazos para pagar la renta. Aunque no se oponen a la regulación del arrendamiento, en aras de la certeza jurídica rechazan que sin contrato escrito no proceda el juicio de desocupación aun por incumplimiento del pago de la renta porque “genera una injusticia” en perjuicio del arrendador.
“La reforma propuesta se traduce en medidas de restricción de dominio, denegación de justicia, promoción de inversiones, vulneración de eficacia en las sentencias, inequidad contractual e incertidumbre jurídica”, señaló Fernández en el foro virtual organizado por el Congreso de la Ciudad de México y recomendó fortalecer la figura de mediación en materia de arrendamiento inmobiliario y reglas claras. “La aprobación de la iniciativa sería un incentivo negativo para la creación de la vivienda en renta disminuyendo su oferta por el alto nivel de riesgo que implicaría el arrendar sin contar con garantías para el cumplimiento del contrato o recuperación del inmueble y forzar el contrato a tres años conlleva el riesgo de sacar del mercado un inmueble durante ese plazo limitando el derecho de disposición al propietario”.
En la misma línea Salvador Sacal Cababie, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México, dijo que aunque reconocen la inestabilidad de ingresos por la COVID-19, la iniciativa ciudadana “es en favor de los inquilinos y en contra de los arrendadores” y las propuestas “son excesivas, incongruentes e ilegales”, porque no pueden violar otras garantías constitucionales como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores y el fiador Aunque, coincidió, es “incuestionable” que deba formalizarse por escrito el contrato de arrendamiento a fin de evitar “abusos” de cualquiera de las partes.
“¿Quién gana con estas modificaciones al Código Civil? Nadie, salvo los municipios conurbados del Estado de México porque la inversión inmobiliaria en arrendamiento se irá allá”, concluyó Sacal.
Lo que sí propone la iniciativa ciudadana. Infografía: HIC-AL.
LAS FAKE NEWS
Los legisladores no tienen un tiempo estimado para concluir el debate. Aunque el diálogo serio y ajustes son necesarios, a las organizaciones que presentaron la iniciativa les preocupa que no se haga con mayor velocidad ante los desalojos ya registrados. Y aclaran las mentiras difundidas en redes sociales y medios de comunicación: no se está discutiendo si el contrato de arrendamiento debe tener una duración mínima de un año (como ya establece el artículo 2398 del Código Civil de la capital) o de tres años; no propicia invasiones ni obliga a los dueños a reducir o perdonar el pago de la renta, ya que no puede haber renegociación si no hay acuerdo entre las partes.
“Consideramos inaceptable que por una cuestión política-electoral se quiera desechar o congelar toda la iniciativa y con ello desechar el problema. El Estado, incluyendo el Congreso, debe atender esta crisis de vivienda”, dijo el abogado y activista en derecho a la vivienda Carlos Escoffié. “Mientras más tardemos en asumir esta responsabilidad, menos serán los casos que puedan prevenirse y mitigarse frente a esta pandemia”.
La Diputada Valentina Batres, que también canalizó la iniciativa, agregó que “a diferencia de los títulos sensacionalistas que preteden infundir miedo”, con la iniciativa no se modifica el régimen de propiedad, no se reconoce a los invasores como sujetos de derecho, el inquilino no le puede quitar su casa a otro, no se prohiben los desalojos legales cuando medie contrato por escrito, no se facilita la extinción de dominio, no se establece un régimen de rentas congeladas ni disminución obligatoria de rentas.
“No se atenta contra la propiedad privada como algunos quieren hacer creer. Nadie promueve que las rentas sean gratis”, ironizó. “Son mecanismos para resolver de manera más amistosa cualquier controversia”.
Alrededor de 18 millones de personas rentan donde viven. Foto: Cuartoscuro.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que su Gobierno está generando condiciones legales “para que no haya abusos” y programas que permitan que las personas que han dejado de recibir ingresos tengan un lugar para vivir e incluso, más allá de la iniciativa, “puedan generarse las condiciones para que puedan aplazarse las rentas”.
“Por la emergencia estamos desarrollando algunas otras acciones que nos permitan garantizarle la vivienda a las personas, pero al mismo tiempo en la Ley generar una discusión mucho mayor que nos permita el derecho a la vivienda”, dijo en rueda de prensa sobre la ciudad con el mayor número de inquilinos a nivel nacional.
Algunas ciudades como Nueva York, Madrid, Barcelona y San Francisco han tenido que adoptar medidas excepcionales que tienden al diálogo, al acuerdo y la no violencia para que sus ciudadanos no se queden sin techo y se asegure a todos un presente y futuro digno, como subsidios a la renta. En calles de Estados Unidos ya se han visto personas pernoctando en la calle en casas de campaña.
Cada jurisdicción tiene que atender su realidad. En Los Ángeles se renta a los hoteles habitaciones para dárselas a personas en situación de calle o personas que deban salirse de su vivienda. Por un lado ayudaron a la industria hotelera y por el otro a inquilinos, compartió Escoffié.
En Argentina se promulgó una Ley Inquilinaria que se había discutido antes y tomó mayor relevancia en la pandemia, la cual incluye la ampliación a tres años en la duración del contrato. En Lisboa, Portugal, están llegando a acuerdos con plataformas como Airbnb para recuperarlas como vivienda social.
“En México la política de vivienda se ha centrado en la adquisición de títulos de propiedad por lo que el Gobierno facilitará los créditos Infonavit, pero esto no abarca a los trabajadores informales y desempleados”, comparó.
Y hablando de Airbnb, el pasado 15 de julio la Diputada de la Ciudad de México Leticia Estrada Hernández presentó ante el Congreso local una propuesta para prohibir el arrendamiento de bienes sujetos al régimen condominal con plataformas de “cama y desayuno” como esta.
CEl creciente número de desalojos generados por la pandemia de la COVID-19 en Brasil está empeorando un problema de vivienda que de antemano era grave en el país.
SAO PAULO, 24 julio (AP).- Jussara de Jesús nunca pensó que su familia viviría en una choza.
Pero el trabajo como estilista se esfumó después de que el nuevo coronavirus llegara a la metrópoli brasileña de Sao Paulo. No pudo pagar los 150 dólares al mes de alquiler de la pequeña casa donde vivía con sus tres hijos. Hace tres meses fueron desalojados.
Se mudaron a Jardim Julieta, una de las favelas más nuevas de Brasil. Con más de 800 chozas de madera y plástico, ya hay varios miles de personas que viven en lo que antes era un estacionamiento para camiones en una de las zonas más pobres de la ciudad.
“Ni siquiera teníamos los medios para construir la choza. Vinimos con algunas láminas de plástico”, dijo De Jesús.
El creciente número de desalojos generados por la pandemia de la COVID-19 en Brasil está empeorando un problema de vivienda que de antemano era grave en el país. Antes de la pandemia, las autoridades locales contabilizaban más de 200 mil familias que esperaban una vivienda adecuada en Sao Paulo, una ciudad de 12 millones de habitantes.
El grupo de derechos humanos LabCidade calcula que más de 2 mil familias han perdido sus casas en el estado de Sao Paulo desde marzo, y que otras mil enfrentan el mismo riesgo en las próximas semanas. Es una cifra alta para un estado con 46 millones de residentes, aproximadamente la misma población que España.
Raquel Rolnik, relatora especial sobre vivienda adecuada de las Naciones Unidas y coordinadora de LabCidade, dice que se han producido desalojos similares en todo Brasil.
“Pronto veremos mucha más gente en las calles”, dijo Rolnik a The Associated Press por teléfono. “No hay una política pública para manejar estos casos”.
Desde que la primera oleada de 35 residentes construyó chozas en Jardim Julieta a mediados de marzo, otras 765 familias se unieron y 200 están en fila. La mayoría fueron desalojadas de sus casas durante la pandemia de coronavirus, en un momento en que las autoridades locales dijeron que debían quedarse en sus casas.
Los jueces, los alcaldes, y los agentes inmobiliarios y propietarios, a menudo han ignorado los alegatos de suspensión del alquiler debido al virus, a pesar de las peticiones de los fiscales y de grupos de derechos humanos. El Congreso aprobó un proyecto de ley para abordar el tema en junio, pero fue vetado por el presidente Jair Bolsonaro. Ni siquiera mudarse a una favela asegura que los residentes tendrán refugio por ahora, ya que la policía todavía puede forzarlos a salir.
El estado de Sao Paulo es el epicentro de la pandemia en Brasil, con más de 20 mil muertes de las 82 mil que tiene el país.
Karina Valdo, de 38 años, limpiaba hospitales antes de quedar embarazada de su tercer hijo, que ahora tiene ocho meses. Ella y su esposo dependían del trabajo al día para sobrevivir, pero aun así lograban pagar su alquiler de 120 dólares. Cuando el virus atacó, vendió muchos de sus electrodomésticos para mantener su casa de una habitación. Pero eso no fue suficiente para convencer a su casero de que suspendiera sus pagos.
“Si no pagas, te vas a la calle”, dijo.
De Jesús, Valdo y sus vecinos, que a menudo comparten las comidas sin tener en cuenta el distanciamiento social, están constantemente preocupados por la policía. Los oficiales les han dicho recientemente que deben irse antes del 8 de agosto. Fiscales y activistas están tratando de bloquear eso en la corte.
Muchos residentes de Jardim Julieta fueron desalojados de otra favela que fue desmantelada por la policía el 16 de junio después de la decisión de un juez de devolver el terreno a su propietario. El ayuntamiento de Sao Paulo dijo que ofrecía refugio a los cientos de familias afectadas en la zona este de la ciudad.
Cerca de 30 mil familias reciben un subsidio de 80 dólares de la ciudad de Sao Paulo para el alquiler, pero los expertos consideran que esa cantidad es demasiado pequeña. El gobierno de Brasil ha recortado la inversión federal en programas de vivienda.
Francisco Comaru, profesor de planificación urbana de la universidad UFABC, dijo que la ciudad de São Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo, ha sido una de las más agresivas en materia de desalojos. Decenas de ellos han sido realizados por medio de decisiones administrativas, sin intervención judicial.
“Las autoridades están haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían hacer ahora”, añadió Comaru. “Es como si no entendieran por lo que estamos pasando”.
Valdo dijo que espera la decisión de un juez para detener los desalojos de Jardim Julieta. Dijo que tiene más miedo de que la vuelvan a echar con sus tres hijos que de contraer el coronavirus.
“Para el gobierno, la gente como nosotros es sólo polvo”, dijo. “No existimos”.
Mientras las horas avanzan, es aún más perceptible la tensión en la zona aledaña a la calle Álvaro Obregón, de donde han sido rescatadas más de 20 personas y se espera que haya más sobrevivientes.
Una lluvia fuerte se hizo presente esta tarde mientras elementos de Protección Civil están en el punto más alto del edificio que cedió ante el sismo de 7.1 grados que sacó a los capitalinos a las calles a ayudar.
Esta tarde, por segundo día, llueve sobre la Ciudad de México, lo que hace aún más difícil la tarea de rescate.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El temor y la desesperación de las familias de desaparecidos por el sismo que sacudió la Ciudad de México incrementa conforme pasan las horas.
En las calles aledañas a la calle Álvaro Obregón de la colonia Roma, el bullicio de ayer por la noche ya no está. Reina el silencio.
Acercándose a la zona de derrumbe piden apagar las motocicletas porque continúan las fugas de gas.
Por el momento los familiares de quienes aún están en el edificio 286 están dentro del cerco. Prensa y voluntarios ya no pueden acceder.
Los familiares están organizados para impedir cualquier intento de ingresar maquinaria; de hacerlo dijeron que todos tienen la indicación de ponerse enfrente.
Una señora dijo que en el caso de que las autoridades quieran parar, se cuenta con suficientes voluntarios para seguir la búsqueda que parará hasta sacar a todos los que están bajo escombros.
En el edificio ahora se ve a más he gente en la parte de arriba, pero aún no hay información de si se encontró una vía para llegar a alguien.
EL SILENCIO, EL TRABAJO PARADO
Como se tiene el conocimiento de que hay más cuerpos, todo se mantiene en silencio, ya que se sabe que será crucial el cumplimiento de las 72 horas.
Personal de la Ciudad de México, informa Protección Civil, es el que está entorpeciendo el trabajo. El equipo israelí detectó el día de hoy a 17 personas aún con vida.
El problema, dicen, es que no están haciendo nada ni Ejército, ni Marina ni el Gobierno capitalino.
Ayer se rescató a una persona y hoy a ninguna. Esta persona, quien solicitó no dar su nombre, dijo que los voluntarios y los funcionarios están levantando campamentos para sus oficinas, pero no levantan ni una piedra.
El trabajo está parado. Los que están en labores son el equipo israelí. Tampoco han permitido que un equipo de mineros traído por Protección Civil labore; “no hacen ni dejan hacer”, dice.
Los familiares están desesperados. No saben lo que sucederá al cumplirse las 72 horas. Aún hay una lista de más de 50 personas. Señaló esta persona que se había propuesto realizar una abertura por el edificio de a lado, pero también lo impidieron.
Lo que el sismo dejó del 286 de Álvaro Obregón. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo
La lista de los desaparecidos es un recordatorio en papel de la urgencia. Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo
Un trabajador capitalino muestra el profundo cansancio en las tareas de hallar una ciudad muy lastimada. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
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Aquí, entre los mares de voluntarios -que son de todas las edades-, el lenguaje es por señas. El silencio es importante.
Entre los familiares hay temor de la entrada de la maquinaria y descontento por la desorganización de las autoridades.
Y ahora, llega la lluvia fuerte mientras elementos de Protección Civil están en el punto más alto del edificio.
Ayer por la noche empezó el rumor de que ya se estaba tomando la decisión de ingresar maquinaria pesada para trabajar ya en los escombros y no solo para limpieza.
Las familias criticaron esa información y la medida que impide el acceso a voluntarios civiles.
“Nos juntamos todas las familias y empezamos a organizar. Luego llegaron elementos provenientes de Israel y trajeron su maquinaria y están detectando a las personas”, comentó Fernanda Sandoval Osorio, hija de Jorge Sandoval Chávez que se encuentra bajo los escombros del edificio.
Negó lo del uso de maquinaria pesada en ese punto y sostuvo que en caso de que intentaran hacerlo no lo iban a permitir.
“Un ingeniero privado tenía un mapa del lugar y sabía en qué punto estaban las personas, pero los del gobierno no querían dejarlo participar. Sin embargo logró ingresar y ya está colaborando”, acusó que los cuerpos policíacos sólo estaban en un punto, ya sin quitar escombros.
Por la mañana a la zona ya no permitió el acceso de civiles y según Fernanda, tampoco permitieron el acceso a topos.
“Nadie de ellos se organiza y tampoco dejan que los civiles actúen”, comentó a través de un video.
De acuerdo con la información, en el piso número 4, donde está el padre de Fernanda, hay cerca de 60 personas y sólo se han rescatado a cuatro.
En el único contacto que han tenido con las autoridades, se les pidió a los familiares replegarse de la zona “porque estaban estorbando”.
La gente está ya desesperada al cumplirse 48 horas del sismo.
En el Colegio Rébsamen, donde la esperanza se va agotando. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Los pisos cayeron uno arriba del otro en el complejo del Colegio Rébsamen. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
En los condominios sobre Tlálpan, brigadistas están atentos y guardan silencio. Aun se buscan sobrevivientes. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Un policía toma un descanso en la jornada, en el Soriana derrumbado en Taxqueña y Tlálpan. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Las horas pasan y crece la desesperación en Álvaro Obregón. Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo
Canal de Miramontes y Acoxpa, en Coapa. Elementos de la Marina y Protección civil evalúan daños. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Vecinos de la colonia Narvarte fueron alertados ayer por la noche de que toda la manzana sobre avenida Obrero Mundial sería derrumbada ante la caída de un edificio cercano por el sismo. Y este día por la mañana se les dijo que podían regresar. Hoy están en la incertidumbre. Andan con sus cosas por la calle.
Los desalojados solicitan una brigada del Ejército para protegerlos, ya que la policía local no tiene información y sólo se limitan a cuidar los accesos. Denunciaron que, además, dos efectivos de seguridad se metieron a robar a departamentos.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Vecinos de la colonia Narvarte, que habitan sobre Avenida Obrero Mundial y calles aledañas, denuncian la información falsa que les ha llegado sobre derrumbe de sus casas.
Familias enteras están en las calles con maletas. Señalan que autoridades de la Ciudad de México les han pedido desalojar sus hogares porque van a derrumbar las viviendas, que son las que colindan con el edificio que se cayó en Viaducto esquina con Torreón.
Ayer se les notificó que tenían que abandonar sus casas, que sacaran documentos y ropa porque los edificios mostraban una inclinación extraña.
El anuncio fue de que toda la manzana sobre avenida Obrero Mundial sería derrumbada.
Luego, hubo otra indicación de Protección Civil; les dijeron que sí podrían regresar a sus casas, sin embargo, eso ocurrió a las 9 de la mañana y hasta el momento siguen esperando en las calles con sus maletas.
Vecinos afuera de sus casas preocupados por su patrimonio. Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo
Contradictoria información de autoridades mantiene a vecinos de la Narvarte en la calle. Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo
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Lo que solicitan a Protección Civil es que les permita desalojar sus hogares para salvaguardar su patrimonio.
Los vecinos solicitan una brigada del Ejército para protegerlos, ya que la policía local no tiene información al respecto y sólo se limitan a cuidar los accesos.
“Los que vivimos aquí no podemos acceder a los edificios, pero dos policías de ellos entraron a robar a unos departamentos. Incluso se puso una denuncia en el MP y hay un detenido”, comentó una vecina.
Otros vecinos de las calles aledañas van desalojando sus edificios con maletas y otros están en busca de candados.
Pilar, de 18 años, está frente a su edificio que es el 246 de Obrero Mundial. El miércoles por la noche, cuenta, les informaron que estaban desalojando los edificios que tenían una marca naranja.
“En las casas no se cayó nada. Pero la indicación era que lo iban a derrumbar. Nos dijeron que teníamos cinco minutos para recoger documentos, ropa y medicinas porque soy asmática. Luego nos dijeron que darían el visto bueno al edificio y nos dijeron que la ubicación del edificio no era normal”, narró.
Cuando hoy por la mañana ya se retiraban, Protección Civil les pidió que se regresaran. “Eso sucedió en la mañana y son las 3 de la tarde y estamos esperando”.
La información que ha recibido es que el departamento está habitable. Pero no han anunciado el veredicto final entre la contradicción de los informes de las autoridades.
En Insurgentes Sur y San Luis Potosí los voluntarios solicitan a los transeúntes y otros voluntarios no fumar porque se detectó una fuga de gas.
La gente pregunta qué puede hacer, a dónde ir, qué traer.
A pesar de los llamados de seguridad, señoras de la tercera edad ofrecen a todos los presentes comida otras algunas dulces.
Informaron también que a las 21:00 horas del día de hoy se necesitarán relevos para los puntos críticos. El punto de reunión será el Parque España.
Un operativo por parte de la Policía de Puebla derivó en la muerte de un menor de edad en la junta auxiliar de La Magadalena Tetela, del municipio de Acajete, Puebla. Habitantes de la zona aseguran que la bala que dio muerte al adolescente de 16 años vino de las armas de los efectivos de seguridad estatales. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reconoció que dos de sus efectivos accionaron sus armas “en defensa” propia, pues, acusó, fueron agredidos a tiros.
Ciudad de México (SinEmbargo).- Un adolescente de 16 años que murió en un operativo contra presuntos ladrones de combustible la madrugada de este viernes en la junta auxiliar de La Magadalena Tetela, del municipio de Acajete, Puebla. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) aseguró que dos sus elementos dispararon “en legítima defensa”.
De acuerdo con testimonios de los pobladores recogidos por la prensa local, los efectivos pertenecientes al Grupo de Operaciones Estatales (Goes) irrumpieron en domicilios y agredieron a los habitantes la madrugada del viernes.
El relato de los vecinos indica que una mujer embarazada habría perdido a su bebé tras los golpes además de que Luis Ángel, de 16 años, recibió un disparo en el tórax que le causó la muerte.
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que aseguraron tres camionetas que contaban con reporte de robo y que presuntamente eran utilizadas para el traslado de combustible robado.
“El aseguramiento de las camionetas provocó la inconformidad de personas relacionadas con hechos ilícitos y presuntos pobladores”, informó la dependencia que dirige Jesús Rodríguez Almeida a través de un comunicado.
Agregó que los involucrados en robo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) o “guachicoleros” dispararon en contra de los efectivos, lo que causó daños a una camioneta de la Policía Estatal.
Ante ello, dijo la dependencia, los uniformados repelieron el ataque “en legítima defensa” donde fue herido de muerte el adolescente cuya identidad no se ha dado a conocer.
De acuerdo con el diario La Jornada, pobladores dijeron que un efectivo del Goes disparó contra el joven de 16 años, “al parecer con un arma R15 por el casquillo que quedó percutido en el suelo”.
La SSP de puebla aseguró que se dio parte de los acontecimientos “a las autoridades competentes con el fin de continuar con las indagatorias y se pone a disposición la información que las instancias requieran, incluida la del actuar de dos elementos que refieren que al repeler la agresión accionaron sus armas de cargo en legítima defensa”.
Los vehículos asegurados fueron una camioneta Chevrolet Silverado azul con placas SM19247 con reporte de robo del 11 de octubre de 2016; una Caravan Dodge verde con placas TYN9486 que tenía sobrepuestas las placas de un vehículo Jetta con reporte de robo del 26 de agosto de 2016 y una Chevrolet pick up color guinda con placas XB77896 con reporte de robo del 26 de octubre de 2016 y con un engomado XW02530 que corresponde a una camioneta Chevrolet Blazer con reporte de robo del 26 de octubre del 2016, informó la dependencia .
Las camionetas, abundó la SSP, tenían contenedores instalados con residuos de combustible robado por lo que fueron enviadas a la delegación Puebla de la Procuraduría General de la República.
Tras ello, los uniformados abandonaron el lugar y los pobladores retuvieron una patrulla que posteriormente incendiaron frente al Palacio Auxiliar de Magdalena Tetela.
“En el sitio, presuntos pobladores causaron daños y prendieron fuego a otra patrulla sin que estuviera tripulada. Los elementos ya se habían retirado del punto toda vez que se ponía en riesgo la vida de civiles que estaban en el lugar de los hechos considerando que la principal agresión era dirigida a los uniformados”.
Personal de Protección Civil acudió al sitio para sofocar las llamas de la unidad 177. No se reportaron detenidos en estos eventos.
Cerca de las 14 horas, en protesta por los hechos, los habitantes de La Magadalena Tetela cerraron la carretera federal Puebla-Tehuacán y, con palos, tubos y pancartas, exigíeron que el presunto policía responsable fuera detenido.
Posteriormente, los civiles trasladaron su protesta a la autopista Puebla-Orizaba. Los bloqueos se prolongaron por más de ocho horas e incluyeron la quema de llantas.
“Se les fue la mano con el operativo saben que el horario no es adecuado ni para llegar a negociar ni para realizar otro operativo”, comentaron a Central miembros de la Policía Estatal que se encontraban a la espera de realizar operativos de desalojo.
El pasado julio de 2012, el niño José Luis Tehuatlie Tamayo murió durante un operativo de desalojo en el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan también asesinado por una bala de goma disparada por agentes estatales.
Tras ese fallido operativo, el Gobernador Rafael Moreno Valle negó que los efectivos de dispararan contra los pobladores. Sin embargo, al Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo desmintió. Hasta el momento Elía Tamayo, la madre del menor, reclama justicia.
Facundo Rosas Rosas era en ese entonces el titular de la SSP de Puebla y renunció al cargo luego de que se le acusara de formar parte de una red de ladrones de combustibles de Pemex.
-Con Información de Edmundo Velazquez y Randolph Kraker de Periódico Central
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