Derivado de la pandemia por COVID-19, en 1.5 millones de viviendas se reportaron problemas con el pago de la renta, por lo que se solicitó un préstamo o se llegó a un acuerdo con el casero para dejar el inmueble, informó la reciente Encuesta de Vivienda 2020 del Inegi.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Aura, una adulta mayor enferma, habita con su hija y nieto menor de edad una vivienda rentada en la Ciudad de México. Al perder sus fuentes de ingreso, forma parte de las un millón 574 mil 800 viviendas del país que reportó problemas con el pago de renta por la pandemia (ENVI 2020, Inegi). Sin embargo, ganó una suspensión contra su desalojo mientras se resuelve su amparo.
Sus caseros iniciaron un juicio civil para sacarla del inmueble por impago, pero el 3 de mayo la inquilina se amparó en contra de diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México por no haber adoptado medidas cautelares, como ocurre en 12 países, para evitar que personas desalojadas se expongan a una situación de calle y de riesgo de contagio en el marco de la COVID-19. Aura, por su estado de salud, no pudo ser vacunada.
Este lunes 23 de agosto la demanda fue admitida por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México. Las autoridades señaladas por omisión son la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Seguridad local, la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Salud, entre otras. En 2020, pese al cierre de juzgados, hubo 442 desalojos por juicio en la Ciudad de México, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
«Un juzgado federal ordenó que se le dé asistencia social gubernamental para evitar afectaciones a sus derechos a la vivienda y a la salud. En la demanda, además, el juzgado solicitó que de manera preventiva se dé a los caseros un subsidio de vivienda en arrendamiento para evitar que la situación les afecte en lo que Aura encuentra alternativas para resguardarse», informó la Oficina en América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL).
Derivado de la pandemia por COVID-19, en 3.1 millones de viviendas a nivel nacional (8.9 por ciento del total) se reportó que alguno de sus integrantes tuvo dificultad para solventar algún pago ya sea el pago del crédito de vivienda o de la renta, informó la Encuesta de Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De ellas, desglosó, en 1.5 millones (50.8 por ciento) se tuvieron problemas con el pago de la renta, por lo que se solicitó un préstamo para pagar la renta o se llegó a un acuerdo con la persona que le renta para dejar la vivienda.
SIN MEDIDAS CONTRA DESALOJOS
Desde el inicio de la contingencia sanitaria la Relatoría Especial del derecho a la vivienda de Naciones Unidas exhortó a los países a establecer moratorias de desalojos para salvaguardar el derecho a la vivienda de las personas que arriendan o tienen una hipoteca.
Decenas de naciones como Argentina, Brasil y Colombia las han adoptado, las cuales, resalta la organización HIC-AL, han demostrado tener impacto en la tasa de contagios y de mortandad al suspender por decreto los desalojos por falta de pago o el aumento anual, así como el congelar el cobro de alquileres o dar apoyos para renta. Alemania, España, Italia, Inglaterra y Estados Unidos también han implementado políticas similares como microcréditos.
En agosto de 2020, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo anunció apoyos para renta, pero se descartó al considerar que no existían recursos suficientes. También se sostuvo que el Gobierno de la ciudad no tiene las facultades para suspender los desalojos de personas vulnerables sin alternativas de vivienda.
De las 35 millones 259 mil viviendas particulares habitadas en México, 5.8 millones de viviendas son rentadas (16.4 por ciento), de las cuales 54 por ciento tiene un contrato de renta vigente, lo que puede evitarles desalojos forzosos, reportó Inegi. Es decir, la otra mitad es vulnerable.
En el 51.4 por ciento de las viviendas rentadas se declaró rentar por no tener acceso a crédito o no tener recursos para adquirir una vivienda; en 22 por ciento se informó que es por la facilidad de poder mudarse o cambiar de vivienda; en otro 9.7 por ciento se indicó que el pago de la renta es menor que pagar una hipoteca; y en 8.7 por ciento se mencionó no estar interesado en adquirir una vivienda o preferir invertir en su persona.
El motivo de rentar por “no tener acceso a crédito o no tener recursos” presenta un porcentaje alto en la mayoría de las entidades federativas al grado de que 14 estados se encuentran por arriba del dato nacional de 51 por ciento, principalmente Guerrero y Chiapas con 68 y 67 por ciento, respectivamente. En la Ciudad de México es el 46 por ciento.
