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De cara a la ola de desalojos por no poder pagar la renta por la crisis económica, colectivos proponen una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para evitar desocupaciones si no se cuenta con un contrato de arrendamiento y extenderlo a los Congresos estatales. No atenta la propiedad privada, no propicia invasiones ni obliga a los dueños a reducir o perdonar el pago alquiler. Pero las asociaciones inmobiliarias la consideran “excesiva e ilegal”, por lo que la dictaminación se ha pausado hasta llegar al consenso.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– Gamaliel lleva 18 años viviendo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cerca del Museo San Ildefonso. Es artista de vestuario y trabajaba en el bar Soberbia vistiendo maniquíes, pero la COVID-19 le arrebató ese empleo. Debe tres meses de renta, la casera le daba otros tres meses para salirse. Tras una negociación, le dio hasta enero para cerrar el ciclo y dejar ese departamento en un edificio de 300 años con techos de cuatro metros.

Aunque trató de asesorarse legalmente, no encontró otra alternativa. Mientras halla otro hogar la casera no le cobrará la renta. Se siente agradecido por ello. No es la primera vez que le debía. El año pasado enfermó de cáncer, se endeudó para atenderse y le debió medio año de alquiler, lo cual ya saldó tras curarse.

“De repente me quedé sin trabajo. Siento feo, me piden entregar y no se me hace justo”, dijo. Ahora obtiene ingresos vendiendo caretas en su Instagram (@gamaliel.i) por 50 pesos. Sus vestuarios e indumentaria se han apreciado en el Desfile de Día de Muertos, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y en personalidades como Shakira. “He crecido mucho en este lugar y trato de buscar algún apoyo. He pensado en esta cuarentena qué voy hacer, quiero verlo positivo, como un cambio. Le he metido mucho dinero, aunque necesita mantenimiento”.

El artista contaba con contrato escrito con la inmobiliaria Encor. Pero el 59 por ciento de las personas que rentan una vivienda en México no cuenta con un contrato escrito de arrendamiento que les garantice certeza jurídica por lo que se les puede tratar como invasores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Frente a la ola de desalojos por la crisis económica y sanitaria, organizaciones civiles presentaron una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para impedir desalojos en los casos en los que no haya un contrato escrito, al menos hasta que no se subsane esa ausencia. Dado que el Código Civil es facultad de cada entidad, llaman a los Congresos estatales a adecuarlos a su situación.

En México ya había una crisis de arrendamiento por desalojos forzosos e ilegales sin orden judicial por una legislación “laxa”, corrupción de “mafias inmobiliarias”, acoso inmobiliario, gentrificación o alza desproporcional de precios de la renta, pero ahora la vemos “subir arriba de las rodillas”, les dijo el especialista en derecho a la vivienda Carlos Escoffié a los legisladores e inmobiliarios en un foro virtual sobre vivienda en tiempos de la COVID-19.

El derecho a la vivienda es el derecho a no quedarse en la calle. Pero, a manera de fotografía, en los primeros dos meses de la pandemia se detectaron al menos 56 desalojos solo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que afectaron a 256 personas, en los cuales el 59 por ciento ya no podían pagar la renta, solo 25 por ciento tenía contrato y el 56 por ciento no logró negociar con el dueño, sondeó la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento Urbano Popular, académicos y la Plataforma Vecinal 06600.

“Creemos que los casos de desalojos [con orden judicial] van a empezar a darse a partir del primer o segundo mes que abran los tribunales”, dijo Sergio González de la Plataforma Vecinal 06600, víctima de desalojo en la colonia Juárez en la época previa al coronavirus y uno de los impulsores de la iniciativa “por el abuso en el suelo urbano” del boom inmobiliario. “Lo que tenemos registrado hasta ahora son más casos del tipo presión”.

El riesgo de desalojo acorrala al 15 por ciento de las personas en el país (unas 18 millones) que rentan la vivienda que habitan (25 por ciento en la Ciudad de México), quienes pueden destinar hasta el 61 por ciento de sus ingresos en el pago de la renta, muestran datos del Inegi. Aunque lo ideal es no gastar más del 30 por ciento del salario.

“Ni la iniciativa ni las personas que la sugerimos negamos que sea lícito pedir el desalojo de alguien que incumple en el pago de la renta. Muchos desalojos se realizan de conformidad con lo establecido en la legislación y en el pleno ejercicio de los derechos de las personas propietarias. Pero no podemos ser ingenuos: la falta de contratos escritos ha permitido abusos, ilegalidades y atropellos a los derechos de propietarios y de inquilinos”, aseguró Escoffié, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y uno de los promotores de la iniciativa.

Hasta el momento, de mil 954 personas de 469 hogares de la ZMVM que tienen la necesidad de una vivienda alternativa, el 41 por ciento es por no poder pagar la renta; y un 47 por ciento de 703 viviendas con 2 mil 812 personas enfrenta dificultades para pagar los servicios básicos (agua, luz gas) a partir de la crisis sanitaria, de acuerdo con una encuesta realizada por las organizaciones promotoras de la iniciativa. Las autoridades no han emitido información oficial. La encuesta también reveló que 118 hogares con 538 personas han sido presionados por propietarios durante la contingencia para dejar su vivienda, de los cuales 40 terminaron en desalojo.

“La iniciativa –aunque se queda corta– busca acabar con un problema estructural de ilegalidad y de falta de certeza jurídica”, agregó el abogado Escoffié, por lo que también propone presencia de personal de asistencia social en la diligencia de desalojo para atender a adultos mayores, niños, niñas, personas con discapacidad o indígenas porque puede resultar en un trauma psicológico; y plantea que después del desalojo reciban asesoría oficial para contemplar alternativas para evitar situación de calle.

Las organizaciones civiles alertaron que, como México no cuenta con ningún plan para prevenir y mitigar la crisis de vivienda que se avecina y ya está empezando, muchas otras familias y personas perderán su vivienda por el desempleo y pérdida de ingresos por la COVID-19, tendrán que moverse a otros barrios en condiciones adversas o más desfavorables a las actuales e incluso, como ya pasa, se refugiarán en parques. Ahí la importancia, más allá de la iniciativa, de no hacer desalojos durante el semáforo rojo regional cuando se recomienda quedarse en casa.

MÁS DE 70 MIL OPINIONES 

Entre fake news y malas interpretaciones, el Congreso de la Ciudad de México decidió el viernes 17 de julio posponer la dictaminación de la iniciativa ciudadana canalizada desde el 8 de abril por las diputadas locales Martha Ávila y Valentina Batres hasta no agotar el debate entre los diferentes actores involucrados: inquilinos, inmobiliarias y propietarios que han sentido vulnerados sus derechos. Desde el 2010 no se ha reformado entorno a la vivienda en la capital del país.

La iniciativa pide abordar cinco puntos, sujetos a ajustes para mejorarla: evitar que haya arrendamientos sin contratos porque desprotegen al inquilino y al propietario además de que el Código Civil de la Ciudad de México ya exige el contrato por escrito, aunque sin consecuencia por incumplimiento; exceso de garantías exigidos como más de un mes anticipado de renta y un título de propiedad; discutir duración de contrato de entre uno y tres años acordado por las partes; atención psicosocial a personas desalojadas (incluyendo pareja, hijos, padres o amigos) para recibir asesoría y no quedarse en la calle; y en caso de pandemias, desastres naturales y otras situaciones que imposibiliten recibir ingresos, se pueda solicitar al propietario la renegociación y si ambos lo aceptan, sean asesorados por especialistas para llegar al acuerdo. Eso último no es obligatorio.

La Diputada Martha Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso local, dimensionó la “polémica” entorno a la propuesta de reformas al Código Civil de la capital del país en materia de arrendamiento. En la plataforma de Parlamento Abierto han llegado más de 70 mil opiniones en comparación con 400 de otros temas, informó vía telefónica. Aunque revisan si algunas se repiten o solo buscan confrontar.

“Hay que ver cuál es la ruta. En la redacción que se hizo hubo cierta confusión, pero no se atenta contra la propiedad privada”, aseguró Ávila y negó que haya cabildeo acechando. Los sectores involucrados solo los han buscado para platicar. Las inmobiliarias les piden separar el tema de los despojos ilegales de esta discusión y se dicen abiertos a generar acuerdos con los inquilinos. “El fin que nosotros le vemos es que haya conciliaciones, porque estamos viviendo una emergencia que afecta el poder adquisitivo de quienes rentan. Que tengan un proceso de diálogo y acuerdo el inquilino y el arrendatario”, planteó.

Respecto al arrendamiento empresarial (negocio a mayor escala), la Directora general de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI), María José Fernández, planteó que conscientes de la situación generada por la pandemia promovieron la renegociación de los términos de los contratos de arrendamiento con sus inquilinos consistente principalmente en la disminución de los montos y de los plazos para pagar la renta. Aunque no se oponen a la regulación del arrendamiento, en aras de la certeza jurídica rechazan que sin contrato escrito no proceda el juicio de desocupación aun por incumplimiento del pago de la renta porque “genera una injusticia” en perjuicio del arrendador.

“La reforma propuesta se traduce en medidas de restricción de dominio, denegación de justicia, promoción de inversiones, vulneración de eficacia en las sentencias, inequidad contractual e incertidumbre jurídica”, señaló Fernández en el foro virtual organizado por el Congreso de la Ciudad de México y recomendó fortalecer la figura de mediación en materia de arrendamiento inmobiliario y reglas claras. “La aprobación de la iniciativa sería un incentivo negativo para la creación de la vivienda en renta disminuyendo su oferta por el alto nivel de riesgo que implicaría el arrendar sin contar con garantías para el cumplimiento del contrato o recuperación del inmueble y forzar el contrato a tres años conlleva el riesgo de sacar del mercado un inmueble durante ese plazo limitando el derecho de disposición al propietario”.

En la misma línea Salvador Sacal Cababie, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México, dijo que aunque reconocen la inestabilidad de ingresos por la COVID-19, la iniciativa ciudadana “es en favor de los inquilinos y en contra de los arrendadores” y las propuestas “son excesivas, incongruentes e ilegales”, porque no pueden violar otras garantías constitucionales como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores y el fiador Aunque, coincidió, es “incuestionable” que deba formalizarse por escrito el contrato de arrendamiento a fin de evitar “abusos” de cualquiera de las partes.

“¿Quién gana con estas modificaciones al Código Civil? Nadie, salvo los municipios conurbados del Estado de México porque la inversión inmobiliaria en arrendamiento se irá allá”, concluyó Sacal.

LAS FAKE NEWS

Los legisladores no tienen un tiempo estimado para concluir el debate. Aunque el diálogo serio y ajustes son necesarios, a las organizaciones que presentaron la iniciativa les preocupa que no se haga con mayor velocidad ante los desalojos ya registrados. Y aclaran las mentiras difundidas en redes sociales y medios de comunicación: no se está discutiendo si el contrato de arrendamiento debe tener una duración mínima de un año (como ya establece el artículo 2398 del Código Civil de la capital) o de tres años; no propicia invasiones ni obliga a los dueños a reducir o perdonar el pago de la renta, ya que no puede haber renegociación si no hay acuerdo entre las partes.

“Consideramos inaceptable que por una cuestión política-electoral se quiera desechar o congelar toda la iniciativa y con ello desechar el problema. El Estado, incluyendo el Congreso, debe atender esta crisis de vivienda”, dijo el abogado y activista en derecho a la vivienda Carlos Escoffié. “Mientras más tardemos en asumir esta responsabilidad, menos serán los casos que puedan prevenirse y mitigarse frente a esta pandemia”.

La Diputada Valentina Batres, que también canalizó la iniciativa, agregó que “a diferencia de los títulos sensacionalistas que preteden infundir miedo”, con la iniciativa no se modifica el régimen de propiedad, no se reconoce a los invasores como sujetos de derecho, el inquilino no le puede quitar su casa a otro, no se prohiben los desalojos legales cuando medie contrato por escrito, no se facilita la extinción de dominio, no se establece un régimen de rentas congeladas ni disminución obligatoria de rentas.

“No se atenta contra la propiedad privada como algunos quieren hacer creer. Nadie promueve que las rentas sean gratis”, ironizó. “Son mecanismos para resolver de manera más amistosa cualquier controversia”.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que su Gobierno está generando condiciones legales “para que no haya abusos” y programas que permitan que las personas que han dejado de recibir ingresos tengan un lugar para vivir e incluso, más allá de la iniciativa, “puedan generarse las condiciones para que puedan aplazarse las rentas”.

“Por la emergencia estamos desarrollando algunas otras acciones que nos permitan garantizarle la vivienda a las personas, pero al mismo tiempo en la Ley generar una discusión mucho mayor que nos permita el derecho a la vivienda”, dijo en rueda de prensa sobre la ciudad con el mayor número de inquilinos a nivel nacional.

Algunas ciudades como Nueva York, Madrid, Barcelona y San Francisco han tenido que adoptar medidas excepcionales que tienden al diálogo, al acuerdo y la no violencia para que sus ciudadanos no se queden sin techo y se asegure a todos un presente y futuro digno, como subsidios a la renta. En calles de Estados Unidos ya se han visto personas pernoctando en la calle en casas de campaña.

Cada jurisdicción tiene que atender su realidad. En Los Ángeles se renta a los hoteles habitaciones para dárselas a personas en situación de calle o personas que deban salirse de su vivienda. Por un lado ayudaron a la industria hotelera y por el otro a inquilinos, compartió Escoffié.

En Argentina se promulgó una Ley Inquilinaria que se había discutido antes y tomó mayor relevancia en la pandemia, la cual incluye la ampliación a tres años en la duración del contrato. En Lisboa, Portugal, están llegando a acuerdos con plataformas como Airbnb para recuperarlas como vivienda social.

“En México la política de vivienda se ha centrado en la adquisición de títulos de propiedad por lo que el Gobierno facilitará los créditos Infonavit, pero esto no abarca a los trabajadores informales y desempleados”, comparó.

Y hablando de Airbnb, el pasado 15 de julio la Diputada de la Ciudad de México Leticia Estrada Hernández presentó ante el Congreso local una propuesta para prohibir el arrendamiento de bienes sujetos al régimen condominal con plataformas de “cama y desayuno” como esta.