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La impartición de justicia en la Ciudad de México es un volado. De acuerdo con abogados y fuentes consultadas del Tribunal Superior de Justicia capitalino, además del extremo entre jueces y magistrados o “muy buenos” o “muy malos”, existen redes de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que operan a sus anchas por la estructura “gerontocrática” –que limita la rotación de funcionarios públicos– y por la “flaqueza” del Consejo de la Judicatura local.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Durante los últimos tres años, a la par que las quejas y sanciones en contra de funcionarios públicos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) fueron al alza, hubo casos emblemáticos de impartición de justicia –como los de Sergio Aguayo Quezada, Edgar Elías Azar y Abril Cecilia Pérez Sagaón– que causaron duda en el escrutinio público, acerca de la autonomía de los jueces y magistrados capitalinos.

Las quejas administrativas y las sanciones –como proporción del número de expedientes ingresados en los juzgados– aumentaron nueve y 44 por ciento entre 2016 y 2019, de acuerdo con cifras por cuatrimestre del TSJCDMX.

En ese mismo periodo hubo registro de al menos un magistrado, 13 jueces, 105 secretarios y 51 funcionarios públicos más que fueron castigados por faltas administrativas o por la comisión de algún ilícito.

La causa más común de sanción en los últimos nueve años fue el incumplimiento de Ley. La información pública disponible refiere que el 64 por ciento de las multas y castigos en contra de servidores públicos fue ocasionado por dicha razón. El resto de las sanciones fue causado por omisiones administrativas o en declaraciones patrimoniales (32 por ciento), así como por errores o irregularidades administrativas (cuatro por ciento).

Entre 2011 y 2019, el tipo de sanción más común (48 por ciento de los casos) fue la amonestación escrita, pública o privada. A ella siguieron el apercibimiento público o privado (25 por ciento), multas (17 por ciento), inhabilitación temporal (ocho por ciento)  y suspensiones definitivas y temporales (dos por ciento).

Tan solo el año pasado, las cifras preliminares indican que hubo sanciones disciplinarias para cinco jueces, 37 secretarios y 15 funcionarios más.

De los jueces sancionados, cuatro –Benjamín Armando Avilés Plazola, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, María del Rocío Martínez Urbina y Oscar Nava López– recibieron una amonestación por incumplir la ley vigente, y uno más –Julia Ortiz Leandro– recibió una advertencia o apercibimiento por una omisión administrativa o patrimonial.

Pese a las quejas y testimonios que acusan la existencia de redes de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias en el máximo tribunal capitalino, el presidente del TSJCDMX Rafael Guerra Álvarez aseguró en mayo de 2019 que no hay jueces, magistrados u operadores corruptos en la dependencia pública y que de haberlos, está garantizado que el problema “sí se va a atacar”.

DEBILIDAD EN EL TRIBUNAL

Hay dos elementos básicos, que no se excluyen entre sí, para entender la prevalecía de algunos vicios al interior del Tribunal Superior capitalino, dijeron a SinEmbargo fuentes al interior de la dependencia local.

Por un lado, existen problemas sistemáticos —corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, entre otros— que dependen de una “red de magistrados, jueces y consejeros con pleno acuerdo para delinquir o doblar las reglas”; y por otra parte, hay una “estructura gerontocrática” —sobre todo en las magistraturas— que lo permite al impedir la rotación de talentos nuevos y así, “la renovación constante del Tribunal”.

A estos dos elementos se suma uno de carácter administrativo-funcional, ya que según las fuentes consultadas, también existen disfunciones en el Consejo de la Judicatura capitalina.

Acerca del Consejo, las fuentes indicaron que a pesar de que el órgano “inquisitivo” con “características de juez y parte e investigador” –porque el presidente del Tribunal es el presidente del Consejo– es “bueno desde el punto de vista administrativo ya que en lo jurisdiccional no intervine”, su capacidad de reacción ante presuntos casos de corrupción y parcialidad judiciales es “limitada”.

Este punto de vista fue confirmado por el abogado del columnista y académico del Colegio de México Sergio Aguayo Quezada, quien desde 2016 batalla con una demanda por 10 millones de pesos del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, por un supuesto daño moral en su contra, a raíz de una publicación de Aguayo en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón.

De acuerdo con Aguayo y su defensa legal, la demanda en proceso es “absurda” porque implicó la injerencia de un juez –Francisco José Huber Olea Contró– en conflicto de interés, un político priista –Moreira– que goza de protección en la Ciudad de México y una serie de contradicciones legales que permiten el hostigamiento en contra de la prensa crítica o independiente.

En entrevista con este medio digital, el abogado Héctor Beristain Souza explicó que en la capital del país la impartición de justicia puede ser como un volado, ya que en su experiencia profesional le han tocado buenos y malos juzgadores.

Para el defensor de Aguayo, “es como un poquito de extremos: o te tocan muy buenos [juzgadores], o de plano muy malos o con decisiones dictadas al margen de la ley”. Al respecto, añadió que en la Ciudad de México hace falta un Consejo de la Judicatura “realmente independiente, que tome decisiones fuertes, porque tal parece que se mueve el Consejo de la Judicatura solamente cuando hay presión política, o cuando hay línea”.

Beristain también refirió que a pesar de no haber pruebas contundentes, “el resultado de las quejas que se presentan constantemente no hacen nada [contra] jueces y magistrados involucrados en temas de corrupción”. Por ello, urgió la necesidad de implementar “sanciones más ejemplares y requisitos más amplios para ser Juez y Magistrado de carrera”, además de mantenerlos en constante vigilancia, ya que “están como muy sueltos y muchos hacen lo que se les pega la gana, de verdad”.

Además de las fallas en el Consejo de la Judicatura local, las fuentes consultadas al interior del TSJCDMX ejemplificaron la capacidad de los magistrados para hacer y deshacer a voluntad, inclusive al margen de la ley, con acciones como la creación de la Contraloría Interna del Tribunal, que es un “organismo ilegal” porque sus atribuciones son responsabilidad inalienable de los magistrados conforme a derecho, no obstante que la hayan delegado de manera ilícita y sin consecuencias negativas para ellos.

JUSTICIA PARCIAL EN LA CDMX

El caso de “acoso judicial” en contra del académico Sergio Aguayo es uno de muchos casos de impartición de justicia parcial en la Ciudad de México.

Otro ejemplo de ello fue el proceso judicial en torno al homicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón, quien fuera asesinada por su ex esposo Juan Carlos García, el 25 de noviembre del año pasado.

Cinco días después del homicidio doloso, la presidencia del TSJCDMX dio a conocer que los jueces de control Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz fueron suspendidos –no cesados– por actuar con presunta parcialidad a favor de García, con la finalidad de reclasificar el delito que lo mantenía en la cárcel para regresarle su libertad.

“El Poder Judicial de la Ciudad de México se suma a la indignación social y ratifica su compromiso de actuar con perspectiva de género y contra toda violencia contra la mujer, sin menoscabo de la independencia judicial y la autonomía de las y los juzgadores”, se lee en un comunicado firmado por el presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez.

Además de los casos de Aguayo y Pérez, una situación que dejó en duda la autonomía y el prestigio del Poder Judicial capitalino fue la acusación (2020) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en contra del ex presidente del Tribunal Superior (2008-2017) Edgar Elías Azar.

De acuerdo con el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ex Magistrado contaba con ingresos anuales de 78 millones de pesos por la renta de inmuebles cuya procedencia no es clara, ya que su posesión no corresponde con los ingresos del litigante como funcionario público durante más de 51 años de servicio.

También estuvo la situación de Nasly Tapia Rosas, quien lleva un proceso de juicio de controversia familiar por guardia, custodia y pensión alimenticia de un bebé de dos años tres meses, desde principios de 2019.

Hasta el momento, Nasly lleva más de un año sin ver a su bebé porque su ex pareja Israel Alvarado Martínez, quien fungió como ex consejero del Tribunal Superior de Justicia entre 2008 y 2013, se lo llevó en medio de un proceso “plagado” de conflictos de interés y tráfico de influencias.

En entrevista con SinEmbargo, Nasly refirió que el año pasado su ex pareja se llevó a su hijo. El mismo día en que se lo llevó, Israel la habría denunciado por violencia familiar –sin pruebas que acreditaran el acto– ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, para justificar la custodia del bebé.

A pesar de que la demanda por violencia “no trascendió y [que] la carpeta de investigación se fue al archivo”, según Nasly hubo “mano negra” de las autoridades a favor de Israel.

En la Procuraduría, por ejemplo, la subprocuradora de atención a víctimas Nelly Montealegre Díaz, que es la “mejor amiga” de Israel, de acuerdo con Nasly, “le puso gente para que tomaran su declaración, y después, esa denuncia, con un testigo singular y aislado porque no hay pruebas, va al Juzgado Familiar 37 donde el Juez José Antonio Navarrete Hernández, que también es su amigo, le asigna un número de expediente sin pasar por Oficialía de Partes, que es lo común para que se asigne un turno y caiga con un juez”.

Dado que el Juez Navarrete ya tenía conocimiento del expediente bajo el que su ex pareja tramitó una “terminación de concubinato”, por antecedente, el expediente fue remitido para proceso en el Juzgado 37. Acto seguido, el 11 de enero de 2019, Navarrete le dio la guardia y custodia provisional a Israel, sin que Nasly fuera notificada.

“El Juez, en ese acto, dice que como hay una carpeta de investigación por violencia familiar en mi contra, como juzgador por actos de buena fe, le da la guardia y custodia cuando ni siquiera es una carpeta con vinculación a proceso, o con una sentencia en mi contra. Sólo incluye su dicho singular, y con eso le dio la guardia y custodia” a su ex pareja Israel, explicó la madre del bebé con Alerta Amber.

El día 25 de enero Nasly, en medio de un proceso de contra-demanda para recuperar la guardia y custodia de su bebé, supo que había un expediente (35/2019) en su contra en el Juzgado 37, por lo que solicitó al Juez Navarrete que se excusara del caso por su lazo de amistad y de gratitud con Israel, “porque él [Navarrete] lo ratificó como consejero”.

Tres días más tarde, el 28 de enero, Nasly presentó un recurso de recusación para separar a Navarrete del caso. Sin embargo, el Juez mandó el recurso a Oficialía de Partes, que a su vez le notificó a ella que su trámite no era procedente porque el expediente no existía. Como consecuencia, las autoridades determinaron que hubo una “burla del turno”; es decir, una anomalía procesal.

A partir de allí, Nasly presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con ella, dicho órgano le impuso una multa de más de 7 mil 900 pesos al Juez y a cinco abogados, sin que hasta la fecha fuera ejecutada o saldada.

No obstante y debido a las inconsistencias, el año pasado el Juzgado 37 declaró nulo el proceso a favor de Israel, por lo que hasta ese momento sólo quedaba viva la demanda que Nasly había presentado ante el Juzgado 28 Familiar.

Pese al progreso, dijo Nasly, en dicho juzgado “está una Juez que, por órdenes de una Magistrada de la Primera Sala” que conoce a Israel, “le dio línea para que no avanzara el asunto. Desde febrero que se declaró nulo, hasta noviembre que se excusó la juez por una denuncia de negación de servicio público, no hubo mucho avance en la demanda” con todo y a que Nasly consiguió un emplazamiento para que su ex pareja se presentara ante tribunales.

Hasta el momento ya fue ordenada la búsqueda y localización de Israel y del bebé de Nasly, pero “hay mucha mano negra” ya que cuatro de los seis consejeros que hay en el Tribunal son amigos de Israel.

En lo que se resuelve el proceso, Nasly –quien labora en la Séptima Sala Penal– continúa sin saber el paradero de su hijo, e incluso, ha recibido amenazas de fabricación de delitos en su contra, a no ser que desista del caso.

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CARTA A SINEMBARGO

Alejandro Paez Varela

Director General de SinEmbargo

PRESENTE

Con relación a la nota publicada el pasado 5 de febrero de 2020, titulada «La justicia es un volado en CdMx. La corrupción y el nepotismo en tribunales, afirman, son la causa», en el portal Sin Embargo, firmada por el reportero Efrén Flores, aclaro lo siguiente.

La lectura de dicho artículo periodístico motivó mi interés por dirigir esta carta a usted en atención a dos temas: (i) la falta de veracidad con que se conduce la señora que es entrevistada —que es la madre de mi bebé—, y (ii) la falta de objetividad —y de rigor— con que este medio, en particular el señor Efrén Flores trata el tema.

En ese orden de ideas, le comento:

Primero. A pesar de que por casi trece meses he sido objeto de amenazas, calumnias, humillaciones públicas, imputaciones falsas y violencia familiar por parte de la madre de mi hijo, la señora Nasly Tapia Rosas —pues inició desde enero de 2019 una campaña mediática de desprestigio en mi contra y se niega a regresarme mi casa, mis documentos (mis grados académicos, cédulas, las facturas de mis vehículos, los libros y artículos que he escrito) y todos mis objetos personales, así como los de su propio hijo—, LO ÚNICO IMPORTANTE PARA MI, como se lo he reiterado a la señora, ES PROTEGER A MI PEQUEÑITO, SIEMPRE EN EL MARCO DE LA LEY, y sin importar las consecuencias que sobre mi persona recaigan.

Por eso no dudé un segundo en huir de casa llevándome a mi bebé tan solo con un mameluco y una cobijita, y salir yo exclusivamente con mi vehículo, mi cartera y el pijama que llevaba puesta esa noche del 02 de enero de 2019, dejando todo atrás, mis pertenencias, mi dinero, mi casa y —después me di cuenta— mi propia vida… Pero lo volvería hacer, con tal de darle esta vida de amor y cuidados al amor de mi vida, mi bebé.

No es una casualidad que la señora tenga otro hijo (aproximadamente de 16 años) que no vive con ella (porque él no quiere vivir con ella), cuya guarda y custodia la tiene su padre y al que debe dar una pensión alimenticia que incumple. Lo invito a que verifique el hecho de que oculta la renta de tres propiedades que ella tiene y que no las reporta para evadir sus obligaciones alimentarias para con su hijo, además de las obligaciones fiscales que también deja de observar.

Tampoco lo es que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX haya emitido una recomendación a diversas autoridades judiciales y ministeriales en el sentido de que la señora Tapia ha violentado derechos de nuestro hijo, y que este es una víctima de ella.

Y mucho menos pueden pasarse por alto los siguientes hechos:

1. La madre de mi hijo «estaba tan desesperada por el bienestar del bebé», que tardó casi dos semanas para presentar una denuncia por sustracción de menores, ah, y olvidó la fecha en la que tuvimos que huir de casa;
2. Tardó casi esas mismas dos semanas para contactarme y pedirme que volviera a su lado, sin importarle en los siguientes días el bienestar de su hijo, tan solo estaba preocupada por no perder a su pareja, ni esa linda casa donde ella vivía;
3. Ante las múltiples oportunidades que ha tenido de llegar a un convenio legal conmigo para el bienestar de nuestro hijo, NUNCA ha querido concretar ninguna, a pesar de que primero ha dicho que sí a todo, porque siempre terminó diciendo que siempre no;
4. En alguna ocasión, faltando más de 10 días para que tuviéramos una audiencia de conciliación en el juzgado 37, le propuse que solucionáramos ya el conflicto y que firmáramos un convenio AL DÍA SIGUIENTE, su respuesta fue «Hola, por el momento así estoy bien, nos vemos en el juzgado, bye. Cuida mucho a mi hermoso bebé»;
5. El día de esa audiencia, no le llevó un juguete a su hijo, ropita, una cobija, no preguntó por él, tan solo se limitó (en presencia de su abogado y de los míos) a pedirme dinero para que le pagara «los calcetines que me había regalado, el smoking que había rentado y 100 mil pesos para que se saliera de mi domicilio»;
6. A principios de este año, el 10 de enero, tenía que presentarme yo a comparecer ante la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes para declarar, llevar copia certificada del expediente en que, TENGO LA GUARDA Y CUSTODIA DE MI PEQUEÑO, la que al día de hoy, no ha sido revocada, así como presentar al bebé, no obstante que la señora Tapia sabía de esa situación, no se presentó a las instalaciones de la Fiscalía, ni para «tratar de acordar nada», ni para por lo menos intentar ver a su hijo, ni ella, ni nadie de su familia, y
7. A sabiendas de que tengo yo la guardia y custodia de nuestro hijo, en lugar de que la señora se emplace y solicite a la juzgadora un régimen de visitas, ha preferido negarse rotundamente a recibir la demanda.

De todo esto, señor director, existe evidencia comprobable en los diversos expedientes que obran ante muchas autoridades.

Sé que la señora es una pléyade de ira, conflictos, trampas y mentiras, sabía que esta pesadilla que vivimos mi bebé y yo se nos vendría encima, y aun así decidí enfrentarla por darle a esta personita un ambiente de amor y de cuidados, cuidados que desde que nació le he dado, y esto también es más que comprobable. Desde que nació no he hecho otra cosa que vivir para él y por él.

Por eso, no estuve más dispuesto a seguir soportando la violencia que la señora ejerció sobre nosotros, no estaría un segundo más escuchando sus humillaciones delante de mi hijo, no quise que aprendiera que es normal que una mujer maltrate a un hombre, y tampoco estuve dispuesto a tener la tentación de actuar de manera violenta, ni siquiera un instante y de mera palabra, en contra de su propia madre. Ambas enseñanzas hubieran sido demoledoras para esa criaturita.

Lamentablemente, no ha querido solucionar lo que aparentaba ser un mero conflicto familiar. Dice que estoy oculto, que no me puede encontrar, pero, ¿puede decirse eso de una persona que, como yo, dio más de una decena de conferencias en lugares públicos, que dio más de 200 horas de capacitación en dependencias públicas, que compareció en dos ocasiones ante el Senado de la República y ante el Congreso capitalino? Yo creo que no, pero quizá su reportero, don Efrén Flores sí se lo creyó, pues jamás me buscó para escuchar mi versión…

Dije que al principio la situación aparentaba ser un conflicto familiar solamente, pero cuando caí en cuenta de los desórdenes de personalidad de la señora, cuando reflexioné sobre los problemas conductuales preocupantes, desórdenes alimenticios, tendencias suicidas, falta de identidad de género y muchos más problemas de su otro hijo, me di cuenta de lo alarmante que resultaría la convivencia de mi hijo con su propia madre, y ahora, estoy dispuesto a seguir luchando por el bienestar de él. No se trata de una mera diferencia de criterios sobre la convivencia que una madre y un padre tienen respecto a su hijo, se trata de velar por su bienestar a toda costa.

En su momento quise obligar legalmente a la madre de mi hijo a convivir con él, así se lo solicité a un juez federal, pero ahora lo único que pido es que nos evalúen psicoemocionalmente a ambos, que vean nuestro entorno familiar, que se sepa de quiénes somos y cómo nos hemos conducido en nuestras vidas, para que así, un juez imparcial decida sobre las mejores condiciones para el bebé, cosa que, como bien apunta don Efrén, son difíciles de conseguir en el Tribunal capitalino, en el que, curiosamente, trabaja desde hace años la señora Tapia, y que tramposamente no menciona.

Se limita a decir que fui Consejero de la Judicatura y que ratifiqué a un Juez, y que por ello trafico influencias, pero no dice que dejé de serlo hace más de siete años y que a partir de entonces jamás he llevado un asunto ante ningún órgano de ese Poder Judicial capitalino (salvo estos vinculados con el conflicto actual), ni que ratifiqué a casi el 80 % de los jueces que entonces trabajaban en el Tribunal.

Y por supuesto que tampoco dice que ella sigue siendo trabajadora de ese mismo Tribunal (y desde hace casi dos décadas), que trabajó en la misma Sala que el actual Presidente del Tribunal, que a pesar de que toda su vida laboral estuvo adscrita a órganos en materia penal, de buenas a primeras trabaja ahora en una Sala Familiar, la misma sala que está conociendo de sus impugnaciones (como si no existieran otras salas) y que le concedió una ventaja indebida al ordenar que se me detenga en la vía pública o irrumpan violentamente a mi domicilio, se me quite a mi pequeño y se entregue a un albergue, desconociendo con ello la resolución de un tribunal anterior en el que se me dio la guarda y custodia de mi hijo.

La presión que ejerció contra el juez 37 provocó que me revocara la guarda y custodia que se decretó en enero de 2019, a través de actos de corrupción y presiones indebidas (el juez dijo que eran infundadas sus razones para que dejara de conocer, pero prefería salvar su buen nombre) logró que se excusara el juez y declara nulo lo actuado, ordenando que se me notificara personalmente, lo que jamás ha sucedido.

Tan solo me he defendido de todas sus acusaciones, acusaciones que, son falsas y contradictorias. Nuevamente invito a este medio a que haga periodismo con rigor y que analice sus declaraciones legales y mediáticas, denuncias y publicaciones en las redes sociales, notarán inconsistencias serias, de fondo, entre todo lo que ha dicho. Pongan especial atención a los motivos de su operación, el momento en que dice se le despojó de su teléfono y su dinero, mi conducta para con el bebé y los cuidados que siempre he tenido. Luego saquen sus conclusiones.

Al día de hoy, después de que tardó casi ocho meses para preguntar por su hijo, y pedir una fotografía (porque le hice ver en un correo que jamás había preguntado por él, intentado verlo, mandarle algo o pedir una foto), prefiere publicar en este medio y alertarme de que existe una orden de búsqueda en mi contra, que actuar prudentemente y «encontrar a su hijo», que no está ni oculto, ni en malas condiciones.

Si no han procedido sus acusaciones en mi contra, es porque las autoridades que sí han tenido acceso a las evidencias detectan inmediatamente la falta de veracidad, de congruencia y hasta de lógica en sus versiones, y no porque nadie me esté ayudando desde las instituciones en nada.

Sé, como sabe la señora, que en la actualidad es muy rentable acusar a alguien de violencia contra las mujeres, actitud por demás deleznable y cobarde, pero pregúntense (usted y su reportero), ¿porqué decidió esperar dos semanas para denunciar la sustracción de su bebé y casi medio año para agregar que además existió violencia de mi parte hacia con ella? Se podrá estar tentado a creer que el temor fue la causa, habrá que ver la rabia con la que me ataca desde el inicio para verificar que ese sentimiento en ella no tiene cabida, y que las acusaciones de las que fui objeto desde el principio, jamás mencionaron que NUNCA la hubiera yo maltratado, NI SIQUIERA VERBALMENTE.

Pero he de reconocer que en esta historia sí ha existido violencia de género. Revise los ataques encarnecidos de esta señora contra mi madre, mi hermana y mis sobrinas (incluso dos pequeñitas menores de 10 años), solo por ser familiares mías, amenazándolas de manera directa y frontal. Y qué decir de las agresiones contra mis amigas, a quienes acusa de secuestradoras y de traficantes de influencias sin el menor pudor, ni pruebas, ni lógica alguna, ¿alguien necesita que le ayuden a tomar una denuncia?, ¿no es algo que pueda realizar cualquier persona?, la ayuda sería, quizá, para que la denuncia prospere, ¿acaso no dice ella misma que mis denuncias no han sido procedentes?

Segundo. Su medio de comunicación no ha corroborado la información, no me buscó, no indagó sobre mis denuncias, y por si fuera poco, publica datos personales míos y de mi familia.

Periodismo con rigor no es solo alzar la vos y evidenciar actos de corrupción en las instituciones, labor que yo aplaudo de ustedes, también es escuchar a la otra parte, indagar sobre la veracidad de las acusaciones, proteger los datos sensibles de una persona.

Le invito, a fin de ser objetivos, a que investigue quiénes somos, qué relación tenemos con nuestras familias, laborales y con los jefes. Se dará cuenta del alto nivel de conflictividad que tiene la señora con todo mundo, decenas de acusaciones en contra de sus exjefes (denuncias, quejas, publicaciones), pésima relación con sus compañeros de trabajo, con el padre de su otro hijo, con su propio hijo.

No soy yo quien esté acostumbrado a mentir, quien se realiza una cirugía estética (reconocida por ella misma en una de sus denuncias y en la contestación de la demanda en el juzgado 37) y deja de amamantar a su bebé por ello, para luego presentar documentos falsos con el fin de obtener incapacidades y elaborar facturas falsas para el pago de su seguro de gastos médicos, no puede tener credibilidad.

Sé que están comprometidos con el combate a la corrupción. Como le solicité en su momento al juez 37 —a quien pedí congruencia para que enviara las copias certificadas que le requería el agente del Ministerio Público que me investiga por la denuncia de fraude procesal para que investigara con libertad—, pido a ustedes que investiguen si he actuado de manera corrupta alguna vez en mi vida, y sobre todo en este asunto, y pido que investiguen si es que los departamentos que tiene la señora corresponden a sus ingresos, si los ha declarado como de su propiedad ante el Tribunal y si paga impuestos por las rentas que recibe, y entonces podrán hacerse una idea de quiénes somos y qué buscamos en esta guerra sin cuartel en torno a quien es el centro de mi universo: mi pequeñito.

Doctor Israel Alvarado,
Ex consejero de la Judicatura de la CDMX.