El organismo dio a conocer que sus áreas especializadas se encuentran estudiando los alcances del acuerdo emitido y que de ser necesario, se explorarán las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó este martes que ya analiza si el acuerdo que declara las obras del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador como temas de interés público y seguridad nacionalvulnera el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
“El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) analiza de fondo el Acuerdo, publicado, el lunes 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación, por el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados“, dijo.
En un comunicado, el organismo explicó que en el artículo primero, el documento señala expresamente que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advirtió que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo.
Ante dicha situación, las áreas especializadas del Instituto Nacional de Transparencia estudian los alcances del acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.
“En este contexto, el INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información, facultado para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, evalúa si dicho Acuerdo no se contrapone a lo establecido en dicho marco normativo”, finalizó el organismo.
PROYECTOS Y OBRAS, ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL POR DECRETO
[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2021/11/DOF-Decretoq-eu-blinda-obras-del-Gobierno-de-AMLO.pdf” title=”DOF Decretoq eu blinda obras del Gobierno de AMLO”]
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó este lunes un decreto por el que se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su Gobierno.
El decreto, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.
De esta manera, el mandatario podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos.
El acuerdo, que consta de tres artículos y está firmado por López Obrador, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.
El acuerdo entró en vigor este martes e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.
“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento.
La autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
INCONSTITUCIONAL
Tras la publicación, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México José Ramón Cossío, aseguró en su cuenta de Twitter, que el decreto del Presidente “es evidentemente inconstitucional”.
En tanto, Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y legislador del opositor Partido Acción Nacional (PAN), aseguró en la misma red social que el decreto era “increíble”.
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“Prácticamente con esto el Gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga, esto es flagrantemente inconstitucional, es un cinismo total el desprecio por la legalidad de López Obrador”, precisó.
Pese al discurso de austeridad y las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el Gobierno priorice los megaproyectos del Presidente López Obrador.
Tan sólo el gasto en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía de la capital, y la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y el aeropuerto de Tulum equivalen al 0.76 por ciento del PIB, reveló en septiembre pasado un análisis de la asociación “México, ¿Cómo Vamos?”.
No obstante, López Obrador, indicó que las cuatro obras de infraestructura emblema de su Gobierno crearon en 2020 al menos unos 150 mil empleos.
El INAI indicó que el acceso a la información de grupos vulnerables y minorías se dificulta cuando el Estado de Derecho y las instituciones públicas tienen una presencia débil en la sociedad o son omisos.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aseguró que persisten persisten resistencias y obstáculos que debilitan el derecho de acceso a la información.
En el marco de la Semana Nacional de Transparencia 2021, la Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena advirtió que “las dificultades y obstáculos de diversa naturaleza que inhiben el ejercicio del derecho humano de acceso a la información por parte de los grupos, en general, y de las personas vulnerables y discriminadas, en particular, suelen acentuar su complejidad, dureza y resistencia en entornos en los que hay una presencia y actuación débil u omisa por parte de las instituciones públicas y el Estado de Derecho”.
📌Este día nos invita a pensar en el #DAI como un generador de legitimidad democrática, controles de poder y una herramienta eficaz para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; es un medio ciudadano para ejercer derechos políticos, sociales y económicos, @bl_ibarrapic.twitter.com/WdWGW7HRPH
Por su parte, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), insistió que la transparencia es una obligación de todos, así como la rendición de cuentas. En este sentido, la presencia de los medios de comunicación disponible hace que más personas puedan tener acceso a la información, además que permite a las instituciones públicas “una oportunidad sin precedentes” para dialogar de manera franca y transparente con la población.
Asimismo, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas resaltó que es importante descentralizar los trabajos hacia cada región del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para identificar a nivel local los problemas sociales que llevan a la exclusión y desigualdad en el uso del acceso a la información.
“Esta edición de la Semana Nacional de Transparencia es innovadora en su temática al considerar al derecho de acceso a la información de las minorías y grupos vulnerables; con esto, las Comisionadas y los Comisionados del INAI y del SNT buscamos incorporar nuevos temas en esta agenda de la transparencia y avanzar en la gran tarea de fortalecer el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, y con ello contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana, como pilares de un sistema democrático”, resaltó en su turno el Comisionado Adrián Alcalá Méndez.
La Conade declaró la inexistencia de la información sobre la vacunación a los atletas que participarán en Tokio 2021, sólo saben que las dosis venían de la jurisdicción sanitaria Iztacalco de la Secretaría de Salud.
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte (Conade) informar sobre la vacunación contra la COVID-19 a los atletas y a los entrenadores que asistirán a los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo mes.
El Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, señaló que la Conade debe transparentar el número de vacunas adquiridas y suministradas a los atletas y al staff del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).
El funcionario señaló que un particular solicitó información sobre la adquisición, procedencia y costos de las vacunas aplicadas; los permisos otorgados por el Gobierno correspondiente; así como el documento donde se estipuló la asignación de dosis para la Conade.
En respuesta a la solicitud, la Conade declaró la inexistencia de la información sobre la vacunación a los atletas que participarán en Tokio.
Ante la inconformidad con la respuesta de la Conade, el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión argumentando que había muchas fuentes públicas en las que se había dicho que se les vacunó a los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos en julio.
La Conade reiteró la inexistencia de información sobre los permisos, número de dosis y costo o decreto de asignación, pero señaló que tras realizar una búsqueda sobre la procedencia de las vacunas, se encontró que éstas vinieron de la jurisdicción sanitaria Iztacalco de la Secretaría de Salud.
El Comisionado indicó que en el sitio oficial de la institución a cargo de la exatleta Gabriela Guevara, se encontró información relacionada con el regreso de los atletas al CNAR.
La prioridad es el equipo a Tokio y es aliciente para los atletas regresar al trabajo en el CNAR: @AnaGGuevara.
CONADE implementa el “Programa de Reapertura del CNAR” para 108 deportistas y entrenadores que se perfilan a #Tokyo2020 .
“La prioridad es el equipo a Tokio y es aliciente para los atletas regresar a trabajar al Centro Nacional de Alto Rendimiento: Ana Gabriela Guevara”, así como el comunicado de prensa denominado “Atletas concentrados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento reciben vacuna contra la COVID-19”.
Acusó a la Conade de no cumplir con el procedimiento de búsqueda establecido pues información en sus sitios oficiales advierte sobre la negociación y adquisición de las vacunas, ya que sólo buscaron en dos subdirecciones de la Comisión.
Lo anterior está relacionado con diversos sujetos obligados como “la adquisición o el contrato con Relaciones Exteriores, con Salud, y con varios, entre los cuales no está la Conade”, haciendo válida la inexistencia.
Acompáñanos este jueves 17 de junio a la presentación oficial de los uniformes que portará la delegación mexicana en los próximos #JuegosOlímpicos@tokyo2020🗼
— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 16, 2021
La publicación está estrictamente relacionada con los Juegos Olímpicos que serían celebrados en Tokio del 24 al 9 de agosto del año 2020 y fueron pospuestos por la pandemia.
“A casi un año del cierre temporal del CNAR, el 27 de febrero del 2021, se anunció el programa de reapertura con el objeto de que los atletas mexicanos seleccionados para participar en los próximos Juegos Olímpicos puedan continuar con su preparación bajo estrictas medidas de salud, el aislamiento y total concentración”, subrayó.
El programa anunció que se les harían pruebas PCR a los atletas y entrenadores para detectar contagios y posteriormente aplicarles las vacunas, en este caso, la Sputnik V.
— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 15, 2021
El Comisionado aplaudió las medidas de la Conade para la implementación de los atletas mexicanos que se prepararan por mucho tiempo para su participación olímpica, aunque reprobó no haber llevado el procedimiento de búsqueda adecuado.
“Es lógico que los que vayan tendrán que estar vacunados con su esquema completo, de una o dos dosis, para poder asistir. Creemos que esta medida es adecuada, pero que evidentemente debe ser transparentada tanto en número de vacunas que han sido aplicadas y cuál fue el acuerdo u oficio en que la Secretaría de Salud aprobó la aplicación de estas vacunas a los atletas mexicanos de alto rendimiento”, declaró.
El pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Conade y le ordenó turnar una nueva solicitud para que realicen una búsqueda adecuada y proporcione dicha información al particular. En caso de no localizar la información, deberá informárselo al solicitante, de manera fundada y motivada.
Luego de que un ciudadano lo solicitara mediante una solicitud de transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió que la Secretaria de Salud entregue las estadísticas de defunciones de los 2019 y 2020.
Ciudad de México, 1 de noviembre (EFE).- La Secretaría de Salud de México debe entregar los datos contenidos en el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) de 2019 y 2020, determinó este domingo el organismo de transparencia de México.
Además deberá entregar una versión pública en la que, además de los datos ya proporcionados en la respuesta inicial, incluya datos de año, mes, estado, captura, fecha de información y actualización y tipo de hoja, señaló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Mediante un comunicado, el INAI informó que un ciudadano solicitó a la Secretaría de Salud la versión pública de la base de datos del SEED y todos los registros del 1 de febrero al 1 de julio de 2020.
En su respuesta, Salud de México le dijo que, “si bien tiene información en los términos que le fueron solicitados, no se cuenta con información de 2019 y 2020”.
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que el tema de defunciones cobra relevancia en el contexto de la pandemia de COVID-19. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Ante la respuesta, el ciudadano presentó un recurso de revisión al INAI por medio del cual señaló que el sujeto obligado “no entregó la información solicitada y tampoco determinó la inexistencia de la información de los años 2019 y 2020”.
A presentar el asunto, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, señaló que el tema de las defunciones cobra especial relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria en México, sobre todo porque las cifras oficiales han sido cuestionadas.
En respuesta a la solicitud, la Secretaría de Salud expresó que no contaba con la información de los años 2019 y 2020, aunque si tenía la información en los términos que le fueron solicitados. Foto: Imagen de referencia, Luis Torres, Cuartoscuro
“Las cifras oficiales que desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 se han dado por contagios y por defunciones han resultado muy polémicas, muy cuestionables (…), y se tiene que esclarecer porque estos datos se sabrán tarde o temprano, ojalá que más temprano que tarde”, señaló.
Además, el comisionado consideró “absolutamente importante que todos estemos enterados de cuál ha sido la mecánica. La explicación oficial respecto de las defunciones, y naturalmente dentro del periodo 2019-2020”.
Dijo que estos datos “son imprescindibles para comparar que de un año a otro en estos meses haya habido una muy importante, probable y considerable suma de aumento de defunciones, que algunas de ellas podrían ser clave para entender y disipar los mitos que se han creado sobre las cifras y las estadísticas oficiales sobre el tema del covid”.
Explicó que lo procedente es revocar la respuesta de la Secretaría de Salud “porque es imperfecta, porque no satisfizo, porque tiene flecos que permiten mejorar esa respuesta en términos de información que debe de estar en las manos de aquel que lo solicitó y para beneficio de la credibilidad pública de un país”.
Las autoridades sanitarias de México reportaron el sábado un total de 91 mil 753 fallecidos y 924 mil 962 casos confirmados por la COVID-19 tras ocho meses de la pandemia en el país.
El Gobierno mexicano ha defendido su estrategia contra la enfermedad, pero políticos opositores, organismos y especialistas la han criticado y han señalado un subregistro de contagios y defunciones.
El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis, negó la suspensión definitiva argumentando que se estaría rechazando el acceso a la información para las personas, además de irrumpir con la libre expresión.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez federal rechazó el amparo promovido por el propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, quien buscaba la suspensión definitiva para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no haga comentarios sobre él.
El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis, negó la suspensión definitiva argumentando que se estaría rechazando el acceso a la información para las personas, además de irrumpir con la libre expresión.
“Con apoyo en los artículos 128, 146, 148, 150, 154 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada”, determinó el Juez.
“Máxime que las expresiones o respuestas que realice el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no son vinculantes para los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, ni para las diversas autoridades en los asuntos de su competencia, relacionados con la situación jurídica de la parte quejosa, por lo que no resulta procedente la suspensión”, agregó.
Esta decisión se produce luego de que hace unos días el propio Regis negara la suspensión provisional del amparo que emitió Ancira Elizondo, en el que acusa al mandatario federal de llevar una persecución política en su contra.
“Cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública como titular del Ejecutivo Federal, que sea contrario al derecho de presunción de inocencia”, fue lo que alegó el presidente de AHMSA.
También pidió que se le refiera como “inocente a la fecha de cualquier delito que se le impute hasta que no exista una sentencia definitiva que lo condene”. Por ello, el Juez recalcó que los daños sociales que podría conllevar otorgarle el amparo a Ancira tienen mayor peso que el perjuicio que “pudiera resentir la parte quejosa”.
“Por lo que los daños y perjuicios que pueden generar a la colectividad al restringir la obtención de información a través de las respuestas emitidas por el titular del Ejecutivo Federal en la conferencia de prensa aquí reclamadas o posteriores, es superior al que pudiera resentir la parte quejosa.
Ancira Elizondo podrá presentarse ante un tribunal colegiado para promover el recurso y que este sea revisado por tres magistrados federales. Si estos revierten la decisión de Regis, se le prohibiría al Presidente que hable de Ancira Elizondo y lo vincule con el desfalco a Petróleos de Mexico (Pemex).
Al igual que Emilio Lozoya, Alonso Ancira está vinculado a la compra de la “planta chatarra” de Agro Nitrogenados. Foto: Cuartoscuro.
ANCIRA NO PUEDE IRSE SIN REPARAR EL DAÑO: AMLO
El pasado 4 de septiembre, López Obrador aseguró que el empresario Alonso Ancira Elizondo no podrá ser liberado hasta que la empresa que preside, Altos Hornos de México (AHMSA), cubra el daño al erario mexicano, de más de 200 millones de dólares, que cometió en la venta fraudulenta de la planta Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).
“No puede ninguna autoridad dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, al menos nosotros no lo vamos a permitir. Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez, no es amenaza ni advertencia, pero no puedo ser encubridor”, dijo el mandatario.
Las declaraciones del Jefe del Estado mexicano se dieron después de que el 26 de agosto AHMSA negó un supuesto compromiso de pagar 200 millones de dólares por la venta a sobreprecio del complejo petroquímico Agro Nitrogenados, durante la gestión de Emilio Lozoya como director de Pemex.
AHMSA aseguró en un comunicado que “desde las acusaciones sin sustento”, sobre la venta a sobreprecio de la planta “chatarra” se vio afectada por una minusvalía de más de 350 millones de dólares, por lo que abrió la puerta a la recepción de nuevos inversionistas.
El Presidente López Obrador reiteró que no permitirá que la empresa deje en impago el sobreprecio que dio por la planta “chatarra” y advirtió que desde Palacio Nacional giraría una orden para que se investigue a quien resulte responsable de una posible liberación del empresario coahuilense sin haber pagado su deuda con el país.
Las bases de datos del SNSP a las que los ciudadanos podrán tener acceso, corresponde a las detenciones, información criminal, personas de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículo, huellas dactilares, teléfonos celulares, medida cautelares, soluciones alternas, sentenciados, entre otros.
Ciudad de México, 2 marzo (SinEmbargo).- La prohibición absoluta para que los ciudadanos tengan acceso a la información de las bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) referida en el artículo 110 de dicho organismo, fue invalidada este lunes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las bases de datos del SNSP corresponde a las detenciones, información criminal, personas de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículo, huellas dactilares, teléfonos celulares, medida cautelares, soluciones alternas, sentenciados, entre otros.
La reserva establecía que la información únicamente podía ser consultada por instituciones de seguridad y tenía prohibido el acceso al público.
El hecho se registró durante la sesión del Pleno de la Corte, donde una mayoría de ocho ministros avaló la determinación, sin embargo no corresponde a la totalidad del artículo 110, como había sido propuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La información contenida en todas y cada una de las bases de datos del Sistema Nacional de Información, así como registros nacionales y la información contenida en ellos, continúa clasificada como reservada, pues no obtuvo los ocho votos correspondientes para su invalidez.
Ante la reserva que continúa, los ministros establecieron que las autoridades deberán aplicar la Ley General de Transparencia y producir una prueba de daño para justificar la negativa al acceso.
Así mismo los ministros consideraron que en caso de que algún ciudadano busca acceder a esta información en versión pública, debería acudir a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que las autoridades concedieran una prueba de daño, a través de la cual se determinaran o no el acceso a la información
La resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) deriva de la inconformidad presentada por una particular que requirió a la Auditoria Superior del Estado de Coahuila (ASEC) la información sobre las inversiones y obras realizadas con deuda pública.
Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al órgano de acceso a la información de Coahuila analizar la competencia de la Auditoría Superior del Estado y emitir una resolución nueva sobre una solicitud de información acerca de las inversiones y obras realizadas con deuda pública.
La resolución del INAI deriva de la inconformidad presentada por una particular contra una sentencia del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), en la que confirma la incompetencia de órganos estatales para revelar dicha información, a pesar de que la inconforme manifestó que esta justificación no es procedente, pues el sujeto obligado lleva a cabo la revisión y auditoria del Gobierno del Estado.
Una particular requirió a la Auditoria Superior del Estado de Coahuila la información sobre las inversiones y obras realizadas con deuda pública, el informe que compruebe que los recursos se emplearon en dichos conceptos, así como los documentos que el Ejecutivo de la entidad federativa presentó para justificar los ejercicios fiscales.
En respuesta, la Auditoría estatal se declaró incompetente para revelar la información solicitada, por lo que orientó al particular a presentar la solicitud ante a la Secretaría de Finanzas; además, indicó que los documentos del Gobierno de Coahuila para justificar las cuentas públicas de los ejercicios fiscales son inexistentes.
Inconforme con esta respuesta, la solicitante presentó una inconformidad ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), en la que manifestó que la incompetencia invocada no es procedente, pues el sujeto obligado lleva a cabo la revisión y auditoria del Gobierno estatal; asimismo, resaltó que debió haber comprobado el origen y aplicación de los recursos provenientes de los créditos contratados, por lo que podría contar con la información solicitada.
El INAI revocó la resolución del Instituto coahuilense y le instruyó analizar de nueva cuenta la competencia de la Auditoría Superior del Estado en relación con las obras correspondientes a inversiones públicas. Foto: Especial
Por su parte, El ICAI confirmó la respuesta emitida por la Auditoría estatal, considerando que la incompetencia invocada y el procedimiento para declarar la inexistencia de lo requerido estuvieron apegadas a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ante esta segunda negativa, la recurrente interpuso un recurso de inconformidad ante el INAI, en el cual señaló que el Órgano Garante local no debió confirmar la incompetencia ni la inexistencia invocadas por el sujeto obligado ni validar que la información proporcionada sobre el informe de los recursos de la deuda pública del estado.
Luego de analizar el caso, el pleno del INAI revocó la resolución del Instituto coahuilense y le instruyó analizar de nueva cuenta la competencia de la Auditoría Superior del Estado en relación con las obras correspondientes a inversiones públicas mediante un estudio normativo exhaustivo, así como la inexistencia de los documentos solicitados mediante un estudio exhaustivo de la búsqueda realizada, así como de las unidades competentes que pudieran contar con la información.
Finalmente, el ICAI también deberá verificar los informes de resultados correspondientes a la revisión de las cuentas públicas de los ejercicios fiscales de 2010 y 2011 con el propósito de determinar si la información contenida en dichos informes atiende a lo solicitado.
A través de un comunicado, el INAI señaló que ha garantizado el derecho al acceso a la información, y desde 2010, por primera vez, ordenó hacer pública “la relación de personas físicas o morales a las que les fueron cancelados créditos fiscales en 2007”.
Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), negó que haya mantenido oculta la información referente a condonación de créditos fiscales y el caso Odebrecht.
A través de un comunicado, el INAI destacó que ha garantizado el derecho al acceso a la información, y desde 2010, por primera vez, ordenó hacer pública “la relación de personas físicas o morales a las que les fueron cancelados créditos fiscales en 2007”.
Además, sobre el caso Odebrecht, el órgano de transparencia indicó que en 2018 “instruyó a la PGR abrir la averiguación previa del caso”.
El INAI hizo un recuento de los casos donde ha instruido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacer pública la “información relacionada con la cancelación y/o condonación de créditos fiscales “, por ejemplo, en marzo de 2010, el instituto emitió una resolución donde ordenó al SAT “hacer pública la relación de personas física o morales a las que fueron cancelados créditos fiscales”.
En otra resolución, del 27 de octubre de 2015, se instruyó al SAT dar a conocer el “nombre, denominación o razón social y RFC de aquéllos contribuyentes cuyos crédito fueron cancelados y/o condonados […] de enero de 2007 a julio de 2015”.
Y sobre el llamado caso Odebrecht, el INAI señaló que hasta el momento cuenta con registro de 316 solicitudes de información relacionadas con el mismo, así “como 22 recursos de revisión resueltos relacionados” con dicho tema.
El Instituto también señaló en su comunicado que mantiene a disposición de la ciudadanía un sitio en su portal de internet con la información derivada de las “solicitudes de información y de los recursos de revisión ya señalados”, esto con el objetivo de que todos los interesados puedan acceder de forma expedita a la documentación disponible.
El INAI ordenó a Pemex Logística informar sobre los costos para importar Gas LP a las terminales de almacenamiento y distribución que tiene en las ciudades fronterizas con Estados Unidos.
De acuerdo con estadísticas de la Empresa Productiva del Estado, hasta junio de 2018, se importaron 55.8 millones de barriles diarios de Gas LP; mientras los estados fronterizos consumidor 42.1 millones de barriles diarios de este hidrocarburo, según se desprende de datos de la Secretaria de Energía.
Ciudad de México, 3 de agosto, (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) Logística informar sobre los costos para importar Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) a las terminales de almacenamiento y distribución que tiene en las ciudades fronterizas con Estados Unidos.
La determinación fue presentada por el comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales en atención a un recurso de revisión presentado por un particular, luego que Pemex se declarara incompetente para brindar la información y pidió al solicitante dirigirse al Centro Nacional de Control de Gas Natural.
Sin embargo, el comisionado del INAI determinó que el sujeto obligado, Pemex, “sí tinee competencia para conocer la información solicitada“, dado que Pemex logística se encarga de prestar el servicio y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, además de importar productos como el Gas LP y comercializarlo por cuenta propia o ajena.
El INAI consideró que, a la par, Pemex logística, “cuenta con las subdirecciones de Transporte y de Almacenamiento y Despacho, unidades administrativas competentes para conocer de la información“.
El comisionado responsable del caso, Bonnin Erales, señaló que “al transparentar los procesos de compra, almacenamiento y despacho de este hidrocarburo se genera información útil, para que el sector público, privado, académico y la sociedad civil puedan conocer de los procesos de importación y exportación de los hidrocarburos”.
Además de que el hidrocarburo “es utilizado por el 75 por ciento de hogares mexicanos“, señaló el INAI en un comunicado.
De acuerdo con estadísticas de la Empresa Productiva del Estado, hasta junio de 2018, se importaron 55.8 millones de barriles diarios de Gas LP; mientras los estados fronterizos consumidor 42.1 millones de barriles diarios de este hidrocarburo, según se desprende de datos de la Secretaria de Energía.
Boninn Orales apuntó que al proporcionar la información, Pemex logística impulsará “el involucramiento de la sociedad civil y el sector privado” para convertirla en una “herramienta poderosa para conseguir mejores condiciones en la compra, transformación y distribución efectiva de los recurso naturales, como un elemento para detonar mayor competitividad en el ramo energético”.
En los próximos días, los diputados capitalinos designarán a los siete nuevos comisionados del InfoDF -que estarán en funciones por 5, 6 y 7 años de manera esclalonada-. Una coyuntura en la que está en juego la garantía al ejercicio de los recursos y herramientas de fiscalización ciudadana, base fundamental para el combate a la corrupción en la capital del país -y en México-.
En entrevista con SinEmbargo, algunos candidatos independientes al InfoDF dijeron que los sistemas anticorrupción a nivel nacional y local están incompletos. “Y las deficiencias vienen precisamente de una resistencia de los partidos políticos a soltarle estas instituciones a la ciudadanía”, comentaron.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) podría designar esta semana a los siete nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF). Un hecho de suma importancia para los capitalinos, ya que los próximos integrantes de este órgano autónomo, serán los encargados de garantizar y ensanchar el ejercicio de los recursos y herramientas de fiscalización ciudadana, base fundamental para el combate a la corrupción en la capital del país.
Lo que está en juego en esta elección es lo que se juega todos los días en México: La garantía de que las instituciones y los funcionarios públicos, en su operación cotidiana, cumplan con sus respectivas responsabilidades en estricto apego a la Ley, refirieron algunos de los candidatos al InfoDF, en entrevista con SinEmbargo.
“Tenemos que tener, no sólo en la Ciudad de México sino como mexicanos, la posibilidad de hacer las preguntas adecuadas a quienes están tomando las decisiones publicas […]. Tenemos que ser muy claros en exigir durante el proceso de gestión y al final de la gestión, qué resultados dieron”, explicó la aspirante, politóloga y activista María del Carmen Nava Polina.
Los comisionados, en ese sentido, “deben de ser como abogados de la ciudadanía”, es decir, tener independencia y capacidades suficientes para “señalar los casos de corrupción y evidenciar lo que no se esté transparentando”, comentó el candidato Francisco Varela Sandoval, egresado de la escuela de asuntos públicos e internacionales de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos.
Porque “la transparencia, por sí misma, no va a combatir la corrupción. Se requiere fiscalización ciudadana”, para lo cual, es necesario “que los ciudadanos tengan elementos y herramientas para reclamar y sugerir sobre la lucha anticorrupción”, que es lo que los organismos garantes -como el InfoDF- protegen y procuran, refirió el postulante Oscar Jovanny Zavala Gamboa, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El “gran reto” para los nuevos comisionados será lograr que “la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales sean concebidos como derechos humanos y no sólo como un derecho ciudadano”, abundó el jurista.
Por eso, para fortalecer la lucha anticorrupción emanada de la transparencia y la rendición de cuentas, es menester que la elección de los siete nuevos comisionados sea imparcial, de modo que los candidatos electos cuenten con perfiles sustentados en capacidades técnicas y que sean representativos de la participación ciudadana -independientes de partidos políticos e intereses corporativos-.
“Se está integrando el Sistema Anticorrupción Local -que es y debe ser ciudadano- y [los integrantes de] este sistema va[n] a tener una duración de siete años en el caso del InfoDF. Si se toma una mala decisión en este momento, vamos a pagar por ella siete años”, advirtió Francisco Varela Sandoval.
“El proceso del InfoDF es una oportunidad de crear una institución y un mecanismo que le devuelva a los ciudadanos la confianza [en las instituciones]. Y para eso, lo único que nos queda como ciudadanos es presionar”, concluyó.
Como ciudadanos mexicanos, la información actualizada y completa nos permite entender y fiscalizar a las instituciones. Foto: Shutterstock.
LA LABOR DEL INFODF
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y debe ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones establecidos en la propia Ley, en la Ley General, así como en las demás normas aplicables.
“Las resoluciones del InfoDF son muy importantes para proporcionar la información y revisar que sea lo más apegado a los estándares de transparencia. Y no sólo en las resoluciones que de manera colegiada se tomen, sino la información que de por sí las instituciones deben de dar por transparencia. El InfoDF es el encargado de revisar el cumplimiento de esa existencia en los sitios web de información, y en dado caso, hacer las calificaciones con objetividad y exhaustividad y completar la información”, señaló María del Carmen Nava Polina.
“En el momento en que nosotros proponemos como ciudadanos tener esa información actualizada y completa vamos a poder tener más elementos de valoración del funcionamiento de las instituciones”, recalcó.
El fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas urge en nuestro país. Ejemplo de ello fueron los resultados dados a conocer por el InfoDF a finales de 2015, cuando resultó que de las 16 delegaciones capitalinas, 11 no mostraban en sus respectivos portales de Internet lo que estaban obligados a dar a conocer de manera pública. A esta falta de rendición, se sumaron 13 organismos, ocho entes descentralizados y uno autónomo.
Según el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son sujetos obligados “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal” (sic).
Y en el artículo 70, la Ley vigente establece la obligación de los sujetos de mantener actualizada la información que presentan. Inclusive el InfoDF llega a tropezar con este requisito, ya que, por ejemplo, la última vez que actualizaron su lista de acuerdos y resoluciones fue el 9 de agosto de 2017.
Entre la información que deben de publicar los sujetos obligados destacan las facultades, metas y objetivos de cada área; indicadores conforme a sus funciones, incluidos aquellos que “permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados”; remuneraciones y gastos oficiales de los funcionarios; plazas y contrataciones; declaraciones patrimoniales; mecanismos de evaluación, de exigibilidad y de participación social; información financiera; informes de resultados, entre otros.
De acuerdo con Francisco Varela Sandoval, el problema radica en que “el InfoDF está achicado; está concebido en un espectro muy limitado de acción en acceso a la información y protección de datos”. No obstante, refirió, “gracias a la Ley [actual] y con los nuevos comisionados tiene la oportunidad de ser un verdadero agente en la lucha anticorrupción; de documentar los casos de corrupción y de hacer una vocería en contra de la corrupción”.
En esto concordaron María del Carmen Nava Polina y Oscar Jovanny Zavala Gamboa, quienes mencionaron que a través del InfoDF pueden coordinarse diversas instituciones, para que las decisiones que se tomen, en verdad abonen a la mejor calidad de vida de la ciudadanía y al mejor desempeño de las instituciones.
A pesar de que existen leyes y protocolos que regulan la designación de nuevos consejeros, señalan candidatos al InfoDF, representantes de la sociedad civil, académicos y políticos, la ALDF ha manejado el proceso de selección de manera opaca e irregular.
“Estamos en un año electoral en el que los miembros de la Asamblea y todos los políticos de la ciudad enfrentan una gran incertidumbre política. Entonces hay una tentación muy grande, para muchos asambleístas de usar estos puestos como parte de negociaciones y repartírselos entre cuotas partidistas a sus cuates”, explicó Francisco Varela Sandoval.
Los sistemas anticorrupción a nivel nacional y local están incompletos, comentó. “Y las deficiencias vienen precisamente de una resistencia de los partidos políticos a soltarle estas instituciones a la ciudadanía”.
Primero hubo problemas con los tiempos de registro. La noche del 21 de diciembre del año pasado, la Asamblea liberó una prístina convocatoria que daba a los interesados solo unas horas para presentar su candidatura. Luego, se echaron para atrás por considerar que dicho periodo era insuficiente para presentar la documentación requerida. Entonces extendieron el plazo al 12 de enero de 2018.
Al concluir el periodo de registro, habían 67 aspirantes alistados. Pero la ALDF, inconforme con la disparidad de género entre los candidatos [19 mujeres y 48 hombres] decidió, sin previo aviso o justificación, extender un plazo adicional de 48 horas para registrar a ocho mujeres más.
En respuesta, Dunia Ludlow Deloya, vicepresidenta de la Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias de la Asamblea, catalogó la decisión de la ALDF de “ensuciar y violentar el proceso”. Pero no estuvo sola.
La disconformidad levantó las críticas y reproches de 130 organizaciones civiles, instituciones académicas, comités ciudadanos y asociaciones vecinales, que exigieron que la designación de los siete nuevos integrantes del InfoDF se realizara sólo en consideración de las 67 personas que se registraron en la primera convocatoria -la del 12 de enero-. Sin embargo, la ALDF no hizo caso.
Al mismo tiempo, durante el proceso, se cocieron varios problemas. Los criterios de evaluación, la curricula de los aspirantes y las distintas fases de la selección no fueron del todo públicos. Además, la mayor parte de los candidatos registrados, acusaron algunos observadores del proceso, no son “idóneos por independencia, trayectoria, capacidad y desempeño en las entrevistas”. Y en muchos casos, el “padrinazgo” fue la palanca que los llevó allí, indicaron.
“O estamos siendo con procesos de apertura claros y abiertos, o estamos sólo cumpliendo a bote pronto las presuntas exigencias ciudadanas”, dijo sobre el proceso de selección María del Carmen Nava Polina. “Tiene que haber claridad en los procesos, sustentados en la Ley y sus metodologías, además que los perfiles estén justificados”, abundó.
En una nota anterior, SinEmbargo publicó una lista realizada por uno de los grupos de trabajo que dan seguimiento al tema del InfoDF, según la cual, sólo seis de 66 perfiles fueron considerados adecuados. Ellos son Alejandro Torres Rogelio (actual comisionado), Francisco Varela Sandoval, Judith Minerva Vázquez Arreola, María del Carmen Nava Polina, María de los Ángeles Estrada González y Oscar Jovanny Zavala Gamboa.
La designación de los nuevos comisionados del InfoDF es un tema delicado, no sólo por sus implicaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, sino también debido a que este órgano garante es uno de los peldaños más importantes para la edificación del Sistema Local Anticorrupción.
El InfoDF está tan ligado al Sistema Anticorrupción que inclusive su presidente forma parte de su órgano rector. Y al igual que el retraso en las designaciones de los comisionados del InfoDF, la ALDF tampoco ha podido elegir a los 164 integrantes del Sistema, incluido al fiscal anticorrupción de la Ciudad de México.
Desde el 18 de julio de 2017, cuando la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los sistemas locales, cuyos ejes centrales son la transparencia y la fiscalización, debieron de haber sido constituidos a plenitud. No sucedió.
Hasta el 2 de septiembre del año pasado, el único avance (sustancial) fue la publicación de las 11 normas que componen al Sistema Local Anticorrupción. No será antes de este mes, que el pleno de la ALDF discuta la designación de los 164 integrantes del Sistema.
En el caso del InfoDF, la Ley vigente establece como plazo límite el 31 de marzo, para que los comisionados y el presidente del organismo -que recién renunció- ocupen sus respectivos puestos.
La organización internacional Artículo 19 explica que de ser aprobada la Ley de Seguridad Interna por los Senadores, las actividades del sector seguridad serían reservadas y los ciudadanos no podrían tener acceso a esta información, lo que generaría violaciones graves a derechos humanos, para el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, pues la transparencia no existiría.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La organización Artículo 19 alerta por otra de las consecuencias que tendría la Ley de Seguridad Interna,, de ser aprobada por el Senado de la República: repercutiría en la libertad de expresión y el acceso a la información, violando así los derechos humanos.
Artículo 19 explica que la Ley de seguridad, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado para su discusión, indica en su Artículo 9 que la información que se genere con motivo de la aplicación de la Ley será considerada de Seguridad Nacional, es decir, toda la información que surja de las actividades de las autoridades en sus funciones de seguridad interior sería considera de antemano como reservada.
“La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 113 que como información reservada podrá clasificarse aquella que comprometa la seguridad nacional y cuente con ‘un propósito genuino y un efecto demostrable’”, detalla.
De ser aprobada, su Artículo 9 establecería que toda la información sería reservada sin contar con una prueba de daño que motive a su reserva, e iría contra el Artículo 114 de la Ley General de Transparencia, el cual fija que “las causales de reserva previstas en el artículo 113 se deberán fundar y motivar a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título”.
La organización detalla que lo estipulado en el Art. 9 viola “los criterios internacionales de derechos humanos a los que México está sujeto en virtud de los tratados de los que es parte, vulnerando así, el derecho humano de acceso a información”, mismos que también son estipulados por estándares internacionales en materia del derecho de acceso a información como los Principios Globales para la Seguridad Nacional (Principios Tshwane).
“Asimismo, el artículo 157 de la LGTAIP ya establece que únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de que las resoluciones en materia de transparencia puedan poner en peligro la seguridad nacional”, recuerda.
Finamente, destaca la importancia de la transparencia sobre la actividades de seguridad del Estado, las cuales, generan seguridad y participación ciudadana.
“El escrutinio público hacia las actividades del sector seguridad es un elemento indispensable para reconocer -en su caso- la existencia de violaciones graves a derechos humanos, para el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. La falta de transparencia y acceso a la información sobre actividades de seguridad genera más inseguridad y menos participación ciudadana. El blindaje de los cuerpos de seguridad es la puerta abierta a la arbitrariedad”, sentencia.
El Padre Alejandro Solalinde, durante la manifestación de este día afuera del Senado. Foto: Issac Esquivel, Cuartoscuro
Otros de los derechos contra los que atentará la Ley de Seguridad es el de la libertad de expresión, puesto que su Articulo 8 establece que todas aquellas “movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente”, no serán consideradas como “Amenazas a la Seguridad Interior ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior”.
Lo anterior, explica Articulo 19, representa un grave riesgo para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, asociación y la protesta social.
Los motivos provienen de la Ley de Seguridad, quien otorga facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en contextos de protesta social, y se abre un preocupante espacio de arbitrariedad y discrecionalidad para la intervención de las Fuerzas, además de colocar en grave riesgo los derechos a la vida e integridad de todas las personas que participen en protestas sociales, ante el posible uso de la fuerza.
Las tareas de inteligencia contempladas en el artículo 30, explica la organización internacional, también es un riesgo grave para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la privacidad, debido a las nuevas facultades otorgadas a las autoridades y a “la amplitud, la vaguedad y la falta de taxatividad de dicho artículo”.
Con ellas, se permitirían las “invasiones abusivas, excesivas y desproporcionadas a la privacidad de las personas”, sobre todo, añade el comunicado, en el monitoreo, la interceptación y la recaudación de información sobre la vida privada de las personas.
Artículo 19 recordó que el utilizar este tipo de herramientas en nuestro país ha representado una amenaza para los periodistas y los defensores de los derechos humanos, por lo que consideró que para que lleguen a funcionar estas modificaciones, deberían basarse en una legislación particularmente taxativa, precisa y clara.
En relación a los operativos conjuntos de la FFAA, Artículo 19 considera que es confuso, y a la postre generaría incertidumbre el no saber certeramente quién es la persona a cargo.
El desconocer a la personas que encabeza un operativo, explica el comunicado, fortalecería aún más el régimen de impunidad frente a las violaciones graves a derechos humanos.
La organización aseveró que los recursos judiciales que tienen como fin proteger a los ciudadanos de actos por parte de autoridades administrativas, previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también serían excluidos.
Finalmente, Artículo 19 concluyó que las consecuencias de intentar hacer creer a las personas que ceder derechos en aras de la seguridad es la única manera de pacificar al país, “tendría un efecto inhibidor para ejercer derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información”.
#DatosCerrados | Si la desmemoria se midiera, el Índice de Expedientes Reservados –inaugurado en 2004- sería un buen indicador. Se trata de los asuntos gubernamentales que las entidades públicas deciden poner bajo resguardo para no revelarlos ante los ciudadanos. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene 12 millones 406 mil 136 expedientes reservados. Muchos de ellos no se abrirán hasta 2024, seis años después de que haya dejado Los Pinos. Recurso permitido por el marco jurídico de la Transparencia, cada vez, la secrecía se incrementa en la Administración Pública. Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil asuntos y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones. Peña Nieto ha aumentado en cinco años en 55 por ciento los secretos del Gobierno.
En mayo de 2015, al promulgar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, EPN dijo: “la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia”. Pero su Gobierno ha reservado 12.4 millones de expedientes. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Apegado al marco jurídico de la Transparencia, el Gobierno de Enrique Peña Nieto impuso una desmemoria para que muchos de sus secretos no sean revelados hasta dentro de una década o más.
El pasado viernes 1 de septiembre, el Jefe del Ejecutivo le entregó al Congreso de la Unión su Quinto Informe de Gobierno, el máximo documento de la Rendición de Cuentas al que lo obliga la Constitución Mexicana. Mientras, en el Índice de Expedientes Reservados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) permanecen acumulados 12 millones 406 mil 136 expedientes que conciernen al desempeño gubernamental.
Es la mayor cifra de información bajo reserva desde 2004, año en que el Índice fue creado. Felipe Calderón Hinojosa, postulado por el Partido Acción Nacional y quien inició a los diez días de Gobierno una guerra en contra del crimen organizado, cerró con ocho millones de expedientes reservados. A esa cifra, en 2015, Enrique Peña Nieto le había sumado otros cuatro millones 120 mil 71 asuntos. Hoy, en la coyuntura del inicio de su sexto año de Gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto tiene 12 millones 406 mil expedientes. Respecto a lo que dejó Calderón Hinojosa, la diferencia es de 4 millones 406 mil 136.
Es decir, el Gobierno de Peña Nieto ha hecho crecer la reserva de información en 55 por ciento.
“Los mexicanos tienen derecho a saber cómo y en qué se invierten los recursos públicos; qué hacen las autoridades y cuáles son sus resultados”, expresó Enrique Peña Nieto al promulgar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual desde mayo de 2015 obliga a cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos a transparentar toda la información que genere.
Esta Ley se agregó a la pasada Ley Federal de Transparencia, promulgada por Vicente Fox Quesada en 2001.
Aunque fortificado, el marco legal de la Transparencia no logró abrir los cerrojos de ciertos asuntos. Así, quienes quieran conocer cuál fue el diagnóstico sobre la guerra en contra del narcotráfico que Felipe Calderón le entregó a Enrique Peña Nieto deberá armarse de paciencia y esperar hasta 2024. Hasta ese año están reservados todos los papeles que conciernen al estado en que estaba el país y que Calderón le dio a su sucesor en una carpeta que tenía como título “Panorama Nacional”.
En plena crisis del espionaje gubernamental, si alguien aspira a saber la verdad histórica de las compras de software por parte del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional [CISEN] tendrá que esperar una década. Ese órgano de inteligencia reservó hasta 2027 los contratos CISEN 128/13 y CISEN /020/15 con los que adquirió “Galileo” -un spyware- de la empresa The Hacking team.
Tampoco puede conocerse el estado de salud de Enrique Peña Nieto. El Presidente se encargó de clasificar su expediente clínico como confidencial.
Y para esclarecer por qué el 2 de septiembre de 2014, cuando el Primer Mandatario rindió su Segundo Informe, el Zócalo se convirtió en estacionamiento de camionetas Suburban, habrá que esperar un poco más. El Estado Mayor Presidencial puso bajo reserva los nombres de los funcionarios que lo permitieron hasta 2027.
A un año de que su Gobierno concluya, pocos reconocen aquella imagen carismática y empática en la persona del Presidente, como se presentó en la campaña electoral. Entonces, ¿qué asesoría ha recibido? Los ciudadanos mexicanos no podrán conocer el contenido de este servicio porque apenas iniciada la Presidencia, el 1 de julio de 2013, el Jefe del Ejecutivo ordenó poner bajo reserva esta información. Cualquier dato que se desprenda de los contratos celebrados con agencias de publicidad quedaron reservados hasta el 1 de julio de 2018.
También están bajo una reserva que caducará en 2018, todas los resultados de las encuestas que ha mandado a hacer el Presidente Enrique Peña Nieto sobre su aprobación entre los ciudadanos.
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En 2004, gobernaba Vicente Fox Quesada, el primer hombre no priista en ocupar Los Pinos. Habían transcurrido apenas tres años de la promulgación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y de la creación del INAI (en ese tiempo IFAI). Ese año México tenía 1.5 millones de expedientes reservados. Dos años después, Fox Quesada concluyó su sexenio con 3 millones 839 mil.
En 2006, Felipe Calderón Hinojosa –también postulado por el PAN- se convirtió en Presidente de México. Tenía apenas diez días en el Gobierno cuando le declaró la guerra a los cárteles del crimen organizado. Una crisis de derechos humanos que no ha concluido se desató en el territorio mexicano con por lo menos 164 mil víctimas mortales, unos 30 mil desaparecidos y cientos de desplazados [casi todos los conteos coinciden en estos números, pero aún no hay datos certeros].
Para 2008, el entonces Presidente Calderón tenía cinco millones 935 mil 808 expedientes reservados. Entre ellos, los motivos de este combate y la forma en que se contaban los homicidios dolosos. Pero no fue este periodo el que causó más expedientes reservados. Ese ha sido el de la presente administración federal.
“Error al ejecutar la Carga de Solicitudes. Intentelo de nuevo” (sic). Éste es el mensaje que los ciudadanos recibían como respuesta al utilizar el nuevo portal para solicitar información al Gobierno: la Plataforma Nacional de Transparencia. Después de intentarlo de nuevo, de nuevo y de nuevo, era posible acceder al sistema y crear solicitudes o consultar las realizadas, aunque el ciudadano todavía encontraba obstáculos como el rechazo de la petición si contenía algunos caracteres que no fueran alfanuméricos y el requerimiento de entregar de manera física las peticiones de información adicional, en lugar de ingresarla por medio de la plataforma por la que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pagó, en total, 19.6 millones de pesos.
José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador de Colima; Miguel Ángel Mancera Espinoza, Jefe de Gobierno de la CdMx; Virgilio Andrade, titular de la SFP, y Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del INAI, acudieron a la presentación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Foto: Cuartoscuro
Por Alejandra Padilla y Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- “Lo más importante es que la gente tenga garantizado su derecho a hacer solicitudes al sujeto obligado y la entidad que quiera”, dijo Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el viernes 27 de mayo, después de que esta institución suspendiera la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y acotara su funcionamiento a redirigir a los usuarios a los portales del sistema de acceso a la información Infomex tanto federal como estatales.
El primer y mayor obstáculo que encontraban los ciudadanos para ejercer este derecho era la plataforma que fue puesta en marcha el 5 de mayo pasado. Después de 21 días, mismos en los que fueron reportadas fallas persistentes en el sistema, el INAI decidió detener la operación de esta interfaz para realizar “pruebas de estrés” y solucionar los problemas con base en un diagnóstico externo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Un ejercicio realizado por este medio digital arrojó que cuando el ciudadano ingresaba una solicitud de información y la entidad gubernamental requería datos adicionales, el nuevo sistema no permitía ingresar estos datos adicionales como antes podía ser realizado por medio de los sistemas Infomex. SinEmbargo utilizó la línea de atención ciudadana del INAI para averiguar por qué sucedía esto y cuál era la solución ante tal contratiempo. La respuesta fue que la Plataforma presentaba problemas técnicos y la alternativa era visitar la sede del Instituto en la Ciudad de México para que los encargados del área de Tecnologías de la Información continuaran con el proceso.
Antes, ese proceso lo concluía el ciudadano, en su propia computadora.
Además, la plataforma no aceptaba caracteres como dos puntos y paréntesis. Esto, de acuerdo con el comisionado Guerra Ford, era una medida de seguridad para que el sistema no fuera vulnerado. De acuerdo con Hugo Osorio, desarrollador web de Gobierno Fácil, “hay muchas maneras de no utilizar ese tipo de técnicas de seguridad. Cuando hay un formulario, es posible ‘limpiarlo’ y validar el campo antes de mandarlo”.
Una observación de Hugo Osorio fue que “si la única alternativa fuera prohibir el uso de ciertos caracteres, los buscadores como Google o Twitter seguramente ya hubieran sido inyectados (con código malicioso) para robar información o sólo demostrar que alguien vulneró el sistema.
USABILIDAD NULA
Las fallas técnicas no son el único elemento que ha obstaculizado el derecho a la información de los ciudadanos. Desde que fue puesta en marcha, diversas empresas dedicadas al desarrollo web y grupos de la sociedad civil notaron que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no es amigable con el usuario, lo que dificulta y limita el acercamiento de las personas que no saquen provecho de la información pública o la utilicen para trabajar, a pesar de que este proyecto ha estado enfocado en la utilidad para los ciudadanos desde su concepción.
Hugo Osorio considera que los usuarios de plataformas que promueven el acceso a la información gubernamental pueden ser divididos en cuatro grupos: los que ya saben qué buscar como científicos de datos, periodistas o investigadores, los que hacen dinero con los datos como las empresas y los que llegan por casualidad al sitio. Estos últimos son los ciudadanos, en quienes debe estar basao el acceso a la información. “Hay en promedio cuatro segundos para que el usuario se convenza de quedarse en el sitio”, explica Osorio. Las personas que trabajan con esta información tienen que permanecer ahí, pero el ciudadano simplemente se va.
Este es el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, que de acuerdo con Gobierno Fácil y la organización Social TIC, no es intuitiva. Esta característica se refiere a que el funcionamiento de la página web y la organización de la información que contiene pueda ser comprendido de inmediato, sin necesidad de analizarlo para que el usuario pueda encontrar lo que busca sin ir de un lugar a otro.
La preocupación por la PNT ha llegado también a SocialTIC, organización sin fines de lucro dedicada a promover y habilitar las actividades de grupos sociales por medio de la tecnología. Juan Manuel Casanueva, director de la institución, considera que el resultado de este proyecto “dejaba un mal sabor de boca: se invirtió mucho dinero, pero posiblemente el Infomex (podía) cubrir lo que esta plataforma”.
Otro problema que identificaron los desarrolladores de ambas instituciones fue que, a pesar de haber colaborado con el Gobierno federal en proyectos anteriores, no fueron consultados para el desarrollo de la PNT. Aunque sí sostuvieron reuniones de expectativas, “no hubo un proceso formal de consulta y mucho menos de co-diseño o co-creación”, de acuerdo con Juan Manuel Casanueva. Es por esto que SocialTIC, aliado con otros grupos de la sociedad civil y especialistas en Gobierno Abierto y desarrollo, realizó un diagnóstico del funcionamiento de la plataforma que será publicado en los próximos días.
Tanto Gobierno Fácil como SocialTIC son grupos que desarrollan tecnología cívica, una tendencia que ha sido impulsada en México durante los últimos cinco años y que está enfocada en crear herramientas o servicios para contribuir con la construcción de una mejor sociedad. Entre sus funciones están promover la apertura del Gobierno e incentivar la creación de comunidad para ejercer la ciudadanía y mejorar las relaciones dentro de la sociedad.
A diferencia de las empresas de desarrollo web que fueron constituidas hace más tiempo, estas buscan conjugar diseño y funcionalidad. En otras palabras, unión de forma y función que de como resultado productos con calidad, pero que también privilegien el diseño. Al final, deben ser intiuitivos y amigables con el usuario.
No obstante, estos grupos todavía son reducidos y se trata de pequeñas empresas, lo que hace que el proceso de licitación sea difícil o imposible para ellos. Tanto Casanueva como Osorio coinciden en que los requerimientos legales que solicita el Gobierno federal para participar en estos procesos son imposibles de cumplir para empresas de su tamaño, por lo que han quedado fuera de estos concursos.
DESARROLLO Y CAÍDA DE LA PLATAFORMA
Su desarrollo estuvo dividido en dos etapas: la primera fue adjudicada por medio de una licitación pública nacional a las empresas Intellego SC y Dotted Cloud S.A. de C.V. y la segunda, por medio del mismo mecanismo, a la empresa IDS Comercial, S.A. de C.V. El INAI pagó 9.6 millones de pesos por la primera etapa y 10 millones por la segunda. En ambos procesos las únicas empresas competidoras fueron estas dos y los contratos fueron otorgados a la que obtuvo un puntaje mayor en cada caso.
El derecho a la información es un derecho humano protegido por leyes internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “el derecho de acceder libremente a la información existente en los archivos y documentos en poder del Estado es una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional, por cuanto asegura a la vez la participación de la ciudadanía en la discusión y decisión de los asuntos comunes y la transparencia de las actuaciones estatales”.
El principio básico de esta prerrogativa es que los organismos públicos no son dueños de la información para su beneficio, sino que esta debe estar a disposición pública para provecho de todas las personas. La Plataforma Nacional de Transparencia fue concebida como la interfaz por medio de la cual este derecho iba a poder ser ejercido de manera más eficiente, ya que conjuntaría los sistemas Infomex de las 32 entidades federativas y el del Gobierno federal, con lo que ya no sería necesario ingresar a cada uno de estos portales para solicitar información.
El 27 de mayo, después de 21 días de haber sido puesto en marcha, el portal dejó de cumplir con la función para la que fue diseñada y su funcionalidad fue limitada a redirigir a los usuarios al anterior sistema de acceso a la información: los portales Infomex de cada entidad federativa.
El INAI estima que la Plataforma Nacional de Transparencia funcione al 100 por ciento en un plazo máximo de tres meses. Incluso pidió un diagnóstico a la UNAM para ayudar a los funcionarios de la institución y a la empresa encargada del proyecto a solucionar las incidencias mientras el Instituto trabaja “a marchas forzadas para sacarla adelante”, como declaró el comisionado Guerra Ford.
A pesar de que antes de ponerla en marcha fueron hechas las pruebas necesarias, el INAI asegura que al operar en la realidad hay fallas y es necesario reconocerlo. La solución de regresar a los sistemas Infomex es temporal, de acuerdo con el Instituto, y pronto los ciudadanos tendrán acceso a la plataforma en la que fueron invertidos casi 20 millones de pesos.
No resultó. La Plataforma Nacional de Transparencia, la más ambiciosa herramienta tecnológica en la historia de acceso a la información pública, fue suspendida de manera temporal por inoperante. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lanzó este mega mecanismo y sustituyó con él a los antiguos sistemas Infomex. Se intentó integrar a ocho mil entidades gubernamentales en un solo portal. Se intentó que los gobiernos de los estados y la Ciudad de México se armonizaran. Se quiso poner toda la información gubernamental en un solo sitio. El INAI estaba emplazado por la Ley General de Transparencia para el pasado 5 de mayo. Y cumplió puntual. Pero la madrugada del viernes 27, se vio obligado a reactivar al antiguo Infomex y reconocer que la plataforma no funcionaba. ¿Quién y cómo recibió el contrato para montar esta interfaz? Intellego S.C., el mismo corporativo que en 2014 apareció señalado como supuesto intermediario de sobornos en Pemex para obtener un contrato para Hewlett Packard.
La Plataforma Nacional de Transparencia registró fallas de operación durante los 21 días que estuvo en funcionamiento. Foto: Especial
Por Alejandra Padilla y Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– Hace dos años estaba envuelta en un presunto acto de corrupción. Hoy es la ganadora de la licitación pública para montar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el proyecto de solución tecnológica anunciado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto como el inicio de una nueva era en el acceso a la información en México y que debido a sus fallas fue suspendida de manera temporal el pasado viernes 27.
Se llama Intellego S.C. y es la misma compañía que en 2014 apareció señalada como supuesta intermediaria de sobornos para que Hewlett Packard (HP) obtuviera un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2008, después de que la Comisión de Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) iniciara una investigación y la petrolera interpusiera una demanda ante una corte de California.
El antecedente no pesó en el proceso de licitación pública que lanzó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) el 26 de agosto de 2015 para montar la PNT. Un contrato de nueve millones 663 mil 240 pesos, con una vigencia del 9 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, fue otorgado a la asociación de Intellego S.C. y Dotted Cloud S.A., para montar la primera etapa de la plataforma.
Esa primera etapa consistió en poner los cimientos para que ocho mil sujetos obligados dispusieran sus datos ante particulares sin que, en algunos casos, mediara solicitud de información, como lo marca el Título Tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Tampoco pesó que Dotted Cloud –la otra del binomio- sea una empresa con pocos datos abiertos. En su página oficial no está ni su historia, ni los nombres de su equipo directivo, ni sus desarrollos. Se preguntó a través de llamadas telefónicas quiénes estaban a cargo , pero no se tuvo jamás la respuesta.
¿QUÉ ES LA PNT? ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
La Ley de Acceso a la Información, que ordenó la formación del IFAI (ahora INAI) fue publicada en junio de 2002. Con ella surgieron los mecanismos de transparencia a través de los cuales se pudieron hacer solicitudes de información en México durante la década pasada.
Después del impulso sistemático de organizaciones civiles en el Congreso de la Unión, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó en mayo de 2015 una nueva normativa: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que implica la unificación de todos los mecanismos de acceso a la información del país en un solo portal; además de un número más grande de sujetos obligados a brindar información.
Ahora, no sólo las dependencias de la Administración Pública Federal tienen la obligación de dar datos, sino todas las autoridades, entidades u organismos de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, fondos y fideicomisos públicos con y sin estructura, partidos políticos y sindicatos, así como cualquier persona física o moral que perciba o ejerza recursos públicos. En total, son ocho mil sujetos obligados a tener datos públicos dispuestos y en orden.
Y todo ello debe quedar disponible para los ciudadanos en la Plataforma Nacional de Transparencia con cuatro herramientas básicas: sistemas de solicitud de acceso a la información, gestión de medios de impugnación, portales de obligaciones de transparencia y comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.
Poco más de una década después de que se inició la legislación de la Transparencia, México se mantiene al fondo de la tabla del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que sigue el brote descontrolado de los escándalos de mal uso de dinero público.
El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, plantea: “¿Por qué tenemos tantos problemas de desconfianza, de desvío de recursos, de corrupción? Porque la transparencia es un elemento, y por eso la reforma estructural se ha concebido como una reforma que tiene dos partes: tú puedes dar a conocer cosas que suceden, pero si no pasa nada, la transparencia puede estar muy bien, pero vamos a ser gobiernos descarados. Si no hay sanciones o políticas que inhiban esas políticas de desvío de recursos, de mal uso de recursos, de desvío de contratos, pues no se cierra el círculo”.
EL PASADO RECIENTE DE INTELLEGO S.C., LA EMPRESA QUE MONTÓ LA PNT
El 22 de diciembre de 2008, Pemex (hoy empresa productiva del Estado) firmó contratos por seis millones de dólares con Hewlett Packard (HP) para la instalación de software. La empresa mayorista de equipos de cómputo habría conseguido este convenio con un pago ilegal a funcionarios clave a través de un intermediario. Esta práctica, HP también la habría hecho en Rusia y Polonia.
Por estos hechos, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), inició una investigación en Estados Unidos. Hasta ese momento, no se conocían nombres ni de personas ni de empresas involucradas.
Una demanda de Pemex ante una corte de California, reveló el corazón de la supuesta trama: HP habría sobornado a los altos funcionarios de Pemex a través de Intellego S.C. Pronto, la historia tuvo nombres y apellidos. Según la demanda, el funcionario de la petrolera que firmó el contrato fue Manuel Reynaud Aveleyra, quien en esa fecha era el subdirector de Procesos de Negocios e Infraestructura Tecnológica de Pemex y dependía de la Dirección Corporativa de Operaciones de la paraestatal, cuyo titular era Raúl Livas Elizondo.
Años atrás, Livas Elizondo había sido director de administración y desarrollo de negocios de la consultora Intellego S.C de 2004 a 2006. HP, según el documento judicial presentado por Pemex, identificó que Intellego S.C. tenía vínculos estrechos con Pemex. Así, el dinero lo habría hecho llegar Intellego S.C. entidad que a su vez, se habría llevado una tajada de un millón 500 mil dólares. En la escena siguiente, en marzo de 2009, Intellego S.C. habría entregado 125 mil dólares a una empresa controlada por Manuel Reynaud Avelleyra.
Pemex invocó la Ley de Organizaciones Corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en inglés) para reclamar sanciones contra los ejecutivos de la filial mexicana de HP. El caso fue asignado a la jueza federal Beth L. Freeman, quien procedió a desahogar el expediente 5:14-cv-05292.
En abril de 2014, los directivos de Intellego S.C.. se deslindaron de esta trama que ponía a la empresa como intermediaria para pagos de sobornos. En entrevistas periodísticas, Felipe Labbe sostuvo que jamás firmó contrato alguno con HP y dijo que su única relación con ese consorcio fue que durante 18 años, se desempeñó en un cargo de dirección. A su vez, Eduardo Graniello, otro de los directivos, expuso también ante reporteros que Intellego S.C. no era “integradora”, y por lo tanto, “nunca había recibido ningún pago de HP ni de ningún mayorista de HP”. (Milenio, nota de Alejandro Madrigal, 11/04/2014).
La historia encontró fin. El 9 de abril de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la Sección de Fraude de su División Criminal y la fiscalía de California llegaron a un Acuerdo de No Enjuiciamiento (NPA, por sus siglas en inglés) con HP, mientras que la Comisión de Comercio y Valores emitió una Orden de Cese y Desista. HP convino en pagar 34 millones de dólares para resolver el caso y más de 73 millones en relación con las investigaciones en Rusia y Polonia.
En México, la Cámara de Diputados aprobó una comisión de investigación para revisar los casos de corrupción en Pemex y uno de sus principales asuntos sería el presunto soborno a HP. Esta comisión iba a revisar los contratos signados por la entonces paraestatal. Es la hora en que no muestra los resultados. La Comisión ha desaparecido.
¿Cómo superó este antecedente esta empresa?
Intellego S.C. respondió a través de correo electrónico a esta Unidad de Datos.
“En sus 17 años de operación ininterrumpida, Intellego S.C. nunca ha sido demandada, ni sancionada, ni imputada en proceso legal alguno en ningún país. Sobre la situación entre PEMEX y HP, en la que fuimos mencionados en notas periodísticas hace varios años, en su momento esto se aclaró y no tenemos relación alguna con la misma”.
Intellego ha celebrado 21 contratos con el Gobierno federal desde 2007. Estos suman poco más de 429 millones de pesos de acuerdo con la información reportada en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Pemex ha sido un cliente frecuente y durante el año pasado, el INAI dejó en manos de esta empresa el desarrollo del sistema que garantizará el acceso a al información en el país.
Detalle de los contratos celebrados entre Intellego, SC y el Gobierno federal desde 2007
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¿Por qué precisamente Intellego S.C. estaría ahora a cargo de un contrato en el ámbito de la Transparencia? A esa cuestión, José Luis Hernández Santana, Director de Tecnologías de la Información del INAI –la instancia que otorgó el convenio- respondió: “De conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del reglamento de adquisiciones del INAI, cabe en todo momento no limitar la libre participación en competencia económica. Apegado a Derecho y a la normatividad que tenemos, dimos cumplimiento de manera puntual como Instituto a todo el procedimiento… Nosotros como Institución, nos apegamos al marco legal y a eso le dimos cumplimiento de manera puntual”.
Para María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y una de las primeras comisionadas que tuvo el IFAI (ahora INAI), “llama la atención que no repararan en que esta empresa tenía antecedentes que hacían dudar mucho de su capacidad técnica, de su honestidad y probidad en el mercado. Aunque no esté propiamente inhabilitada. El resultado que hoy tenemos es que se hizo el gasto y nuestro derecho a la información pública quedó en suspenso”.
EL COSTO DEL CONTRATO
El costo de la primera etapa de la plataforma se desglosó así: el desarrollo de sistema para solicitudes de acceso a la información costó dos millones 152 mil 147 pesos; el nuevo sistema de obligaciones de transparencia, un millón 980 mil pesos y el sistema de gestión de medios de impugnación (recursos de revisión y atracción), un millón 549 mil 565 pesos.
La elaboración del sistema de comunicación entre órganos garantes y sujetos obligados fue por 860 mil 870 pesos; un motor de búsqueda por 774 mil 783 pesos y una bolsa de horas de desarrollo por un monto de un millón 12 mil 987 pesos con 31 centavos.
La bolsa de horas de desarrollo es un concepto en el mercado de la Informática que implica que los desarrolladores cobren por hora trabajada. Aún no está claro qué productos le entregaron al INAI por ese millón de pesos pagado. José Luis Hernández Santana, Director de Tecnologías de la Información del instituto, reconoció en entrevista con esta Unidad de Datos que había un reporte interno en el que está especificado qué se pagó en esas horas. El documento fue solicitado, pero no fue concedido.
Para Hugo Osorio, desarrollador web y diseñador de interacción de la empresa Gobierno Fácil, que ha hecho diseños como INE fácil e Inegi fácil, ese faltante de información en las horas de desarrollo complica el entendimiento de qué se hizo para poner en funciones en la plataforma. “… Debe existir lo que ellos pidieron por esas horas del contrato, ¿qué han pedido hasta este momento por esa bolsa de horas?”, exclamó en días previos a que la PNT fuera suspendida.
La PNT fue construida mientras la Dirección General de la Contraloría –un órgano autónomo cuyo titular debe ser avalado por el Congreso de la Unión- se encuentra acéfalo. Es decir, la licitación no pasó por un proceso de fiscalización dirigido por un contralor.
Después de que el IFAI se convirtió en organismo constitucional autónomo y cambió su nombre a INAI, uno de sus modificaciones internas fue la creación de la Contraloría Interna, en sustitución del Órgano Interno de Control (OIC). El 15 de febrero de 2015, Salomón Díaz Alfaro renunció a esa instancia y desde entonces se encuentra sin titular.
EL FRACASO DE LA PLATAFORMA
Instituida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la PNT estaba emplazada para iniciar funciones el 5 de mayo pasado. Salió a la luz en tiempo y forma. Y ahí estuvo veinte días, pero sin operar al ciento por ciento. En algunos estados de la República se analizaba echar a andar los viejos mecanismos porque la plataforma acumulaba fallas cada día. El 26 de mayo, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) habilitó de nuevo su InfoDF ante la imposibilidad de consulta.
Un día después, el Gobierno federal reactivó el antiguo sistema Infomex una vez que el INAI reconoció la inoperancia de la PNT y pidió que así lo hicieran todos los Gobiernos.
Esta Unidad de Datos detectó que resultaba imposible incluir en las solicitudes de información en la PNT, caracteres como ()¨ # “-y /; Además, las respuestas de los sujetos obligados no eran desplegados en la carpeta “mis solicitudes” que antes le permitía al ciudadano llevar un orden en sus requerimientos.
Si una de las novedades era que partidos políticos, sindicatos y fideicomisos se agregaban como sujetos obligados a brindar información, el obstáculo era que no se podía acceder a ellos de ninguna manera.
El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, respondió apenas horas después de que la plataforma dejara de funcionar: “Hay que reconocer que hay una falla; pero hay que sacarla adelante. Estamos poniendo todo el empeño tanto las empresas como el personal del instituto”.
La falla, según Guerra Ford, se debió en problemas de interconexión con los diversos sistemas Infomex del país. Ello se explica porque muchos sistemas fueron puestos en marcha a lo largo de seis años y a pesar de que se hicieron varias pruebas de operación, al crecer en su número de usuarios, las “incidencias” empezaron a surgir.
En octubre de 2015, se efectuó el panel “La Plataforma Nacional de Transparencia: Herramienta Integral para el Acceso a la Información Pública”, durante la Semana Nacional de Transparencia. En ese acto, el presidente de la Asociación Mexicana de Internet, Alfredo Reyes Kraft, expresó que plataforma requería estar en línea y en tiempo real. “Se deberá tener cuidado en la manera en que se establecen los mecanismos de seguridad y cumplir las recomendaciones de carácter internacional, de esta manera”.
El micrófono también lo tomó en esa ocasión Sergio Carrera Riva Palacio, director ejecutivo del Centro Público de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Infotec). Expuso que detrás del reto tecnológico que representaba la plataforma, estaba lograr que los datos estuvieran completos, y fueran primarios y oportunos.
Guillermo Ruiz de Teresa, entonces director general de Innovación y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública (SFP) expresó que era recomendable poner en el centro de la plataforma al ciudadano; es decir, el ciudadano era lo más importante.
El Consejero Presidente del IVAI dijo que investigan quién organizó un baby shower en las instalaciones del organismo. ¿El festejo fue pagado con recursos públicos?
Foto: RadioVer
Foto: RadioVer
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Trabajadores del Instituto del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) celebraron un baby shower en las instalaciones de la institución, por lo que el Comisionado Presidente de dicho organismo, Fernando Aguilera de Hombre, adelantó que solicitará deslindar responsabilidades.
El Comisionado Presidente aseveró que pedirá a sus homólogos una reunión para que se informe si se utilizaron recursos del IVAI, quién lo organizó y el horario en que se realizó el festejo, por lo que desconoce si fue en horas laborales.
“Solicitaré en el Instituto que hagamos una reunión para ver exactamente si hubo una responsabilidad o no la hubo, quien pagó, si lo puso alguien de su bolsa, en que horario se hizo, y pediré una aclaración”.
Aguilera de Hombre dijo hasta el momento que tiene conocimiento que la fiesta se organizó para una joven que trabaja en el área de la Secretaría de Acuerdos, trabajadora que no labora directamente con ninguno de los tres consejeros.
“Pertenece al Consejo como tal. La Secretaría de Acuerdos y la Secretaría Ejecutiva son áreas administrativas del instituto y no hay una relación directa con ningún Consejero de manera individual”, explicó.
El portal RadioVer difundió ayer unas imágenes en las que se observan se observan sillas y manteles rosas en alusión a una fiesta para una embarazada en las instalaciones del IVAI. Sin embargo, Aguilera de Hombre aclaró que no se puede hablar de un acto aislado.
“No puedo pensar que un acto aislado, de que un convivio de personal pueda demeritar una labor como esa institución, si es cierto que se ve mal, pero hay que investigar que pasó ahí, a mí lo que me interesa es saber quién puso los recurso”.
“Hemos sido muy claros desde la vez pasada, desde que estaba José Luis Bello, fue un acuerdo del Consejo que ningún convivio se pagaría con recursos del Instituto. Quien lo quiera organizar que lo ponga de su bolsa y que no se hagan fiestas en horario laboral. Nuestro horario es hasta a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde es válido”.
México, 16 Oct (Notimex).- La transparencia es un elemento de la democracia que facilita el acceso a la información, así como la valoración de los méritos de los jueces, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, señaló el magistrado Manuel González.
El integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) indicó que en la función jurisdiccional se debe considerar que la apertura de la información es un derecho fundamental que obliga a que todos los actos de las autoridades estén sometidos al escrutinio público.
Dicha transparencia es una cualidad de la función pública reconocida en múltiples instrumentos internacionales, abundó al impartir la conferencia magistral “Tribunales abiertos en el contexto internacional, estándares y mejores prácticas en la función jurisdiccional”.
Durante el II Simposio en Materia Electoral y Transparencia, Fortaleciendo la Justicia Abierta, celebrado en Rosarito, Baja California, González Oropeza también se refirió a la participación de los observadores electorales internacionales en la etapa comicial.
Dijo que su presencia ha sido relevante y ha contribuido al fortalecimiento de la transparencia.
“Desde 1994 se adoptó un programa al que con cierto temor se le denominó Visitantes Extranjeros, y observé con éxito cómo estos visitantes hicieron comentarios sobre irregularidades. La verdad fue un proceso exitoso”, aseveró.
Manuel González Oropeza añadió que en el proceso electoral 2014-2015 fue relevante la participación de los observadores, ya que pusieron énfasis no sólo en la organización electoral, sino que “también se concentraron en la justicia electoral”, finalizó.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
