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Laudo absuelve a mineras y banco, y condena al sindicato y Gómez Urrutia a pagar 54 mdd: Proceso

domingo, abril 11th, 2021

Durante años, la Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos exigió al ahora Senador entregar los 54 millones 84 mil 470 dólares que corresponden exclusivamente al sector minero.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y el Senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Napoleón Gómez Urrutia, deberán pagar 54 millones de dólares a trabajadores mineros, resultado de un desvío del fideicomiso.

De acuerdo con el periodista Arturo Rodríguez García de la Revista Proceso, el pasado miércoles, un laudo resolvió las exigencias de la Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos -un grupo disidente del Sindicato- para que se les entreguen los casi 55 millones de dólares que les corresponden.

Asimismo, la condena señala que si el SNTMMSRM no paga, deberá hacerlo el Senador Gómez Urrutia de su propia bolsa, puesto que se le reconoce como responsable solidario.

Según información de Proceso, la nueva resolución de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento de dos amparos, se trata de una gran resolución, pues da solución a 19 juicios distintos: 11 juicios iniciados en 2005, seis de 2006 y dos de 2007.

Además, la junta condena al Sindicato y al Senador de Morena y absuelve a Grupo México y a sus subsidiarias relacionadas con el caso, así como a Scotia Bank Inverlat-Grupo Financiero Scotia Bank Inverlat, ya que de acuerdo al expediente, acreditaron que cumplieron con la entrega del dinero al SNTMMSRM, a través del Fideicomiso 10964526 (antes 9645), sin embargo, el sindicato no entregó la participación correspondiente a los trabajadores.

El periodista Arturo Rodríguez, señaló que uno de los juicios se acreditó que los trabajadores sí recibieron 80 mil pesos, pero como los demandantes aseguraron que les tocaba más dinero, la Junta exigió al SNTMMSRM dar a conocer las listas de beneficiarios con las que habría decidido que esa era la cantidad que les correspondía para determinar cuánto les tocaba y, de haber diferencia que esta sea pagada a los demandantes.

El caso se remonta a 1990, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea, empresa que estaba en suspensión de pagos, por lo que se comprometió a darle al Sindicato minero una participación accionaria de cinco por ciento. Después, el dirigente minero se auto exilió en el año 2006, en Vancouver, Canadá, año en que ocurrió una explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, que dejó 65 trabajadores muertos.

A través de un comunicado, la Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos -un grupo disidente del SNTMMSRM-, exigió al Senador electo que entregue el dinero. “Exigimos que haga las maletas y en ellas traiga los 54 millones 84 mil 470 dólares que corresponden exclusivamente al sector minero”, indicaron.

El denominado Sindicato Minero Metalúrgico detalló que ese dinero es producto de un fideicomiso creado a partir de la privatización de varias empresas, entre ellas Mexicana de Cananea, y agregó que el dinero debe ser entregado por Gómez Urrutia a sus legítimos dueños.

Los mineros disidentes aseguraron que Gómez Urrutia anunció su regreso “con bombo y platillo, amparado en un fuero conseguido con arreglos políticos en lo oscuro y argucias legaloides donde pactó que le fueran retiradas las órdenes de aprehensión”.

El grupo argumentó que a pesar de las “artimañas” en contra del gremio minero, “es importante no olvidar que existen a la fecha dos laudos emitidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que lo obligan a regresar aquella cantidad a sus legítimos dueños”.

El Sindicato Minero Metalúrgico afirmó que los mineros “tienen memoria “y no dejarán que a unos días de su anunciado arribo como dirigente “victorioso”, se olvide este tema. “Seguiremos reclamando que se reactiven las denuncias en su contra, de tipo laboral, mercantil y civil”, indicaron.

Afirmaron, además, que Gómez Urrutia se hizo ciudadano canadiense para “buscar el amparo” de organizaciones extranjeras, y que por ello “es incongruente e inadmisible que quien va a representar a millones de mexicanos sea alguien que juró lealtad a otro país”.

“Los mineros queremos saber si ‘Napo’ entrará a escondidas al Senado para rendir protesta porque resulta evidente que todavía no ha amarrado el fuero que lo protege”, indicó el grupo disidente de mineros, que además argumentó que sería “contradictorio y lastimoso” para los mexicanos que, quien “huyó” del país “por la puerta de atrás “y se niega a regresar el dinero a cientos de trabajadores sea tratado como “héroe”.

“Nosotros lo sabemos, quien traiciona una y otra vez a los mineros y vive a costa de ellos, como lo hace ‘Napo’, no merece ese trato […] Estamos ante una transformación política y social, es hora de que se les haga justicia a los mineros, a los verdaderos trabajadores, no a un sujeto que, entre otras cosas, nunca ha trabajado, nunca ha bajado a una mina y muchos menos, nunca ha sido minero”, señalaron.

El documento detalló que los mineros no olvidan que Gómez Urrutia “traicionó” la confianza de los trabajadores, y a su vez, “la memoria de su padre al decir que los mineros tienen bajos salarios, pues el propio Napoleón Gómez Sada mantuvo esos salarios durante más de 40 años cuando dirigió el Sindicato”.

“Tenemos frente a nosotros a un dirigente millonario con sindicato pobre. Alguien como él, que ocupará un escaño en el Senado tiene la obligación de transparentar todos sus bienes y dar cuentas claras”, indicaron los mineros, quienes, además, pidieron revisar las cuotas de los trabajadores que se desviaron “para el pago de costosos abogados” que le han permitido a Gómez Urrutia “llevar una vida onerosa en Canadá y huir de la justicia mexicana”.

Tras 12 años de autoexilio en Canadá, Gómez Urrutia regresó al país y acudió al Senado de la República a participar en el proceso de credencialización como integrante de la LXIV Legislatura.

–Con información de Carlos Álvarez, Zeta, y José Reyes, Vanguardia

Trabajadores le dan a sindicatos 2,924 millones cada año y líderes los gastan sin rendirles cuentas

jueves, agosto 15th, 2019

Las cuotas sindicales son una mina de oro para los sindicatos en México. Sus millones de trabajadores, sólo con un salario mínimo diario, les aportan entre 731 y 2.9 mil millones de pesos (mdp) al año, según un cálculo de SinEmbargo con cifras oficiales.

Aunque la Ley obliga a los sindicatos a rendir cuentas a sus directivos, sus trabajadores y al Gobierno, su mina dorada tiene un muro de opacidad.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Los mexicanos sindicalizados aportan entre el uno y el cuatro por ciento de su salario mensual para el pago de cuotas sindicales. Pero el destino de su dinero es incierto, en un país con sindicatos “tradicionalmente opacos” que constituyen “uno de los mayores retos” para la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional, de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

En México hay 1 millón 977 mil 354 trabajadores sindicalizados, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Sólo si ganaran el salario mínimo general vigente (3 mil 080 pesos al mes) estarían aportando entre 30.80 y 123.20 pesos mensuales por cabeza, a sus respectivos sindicatos. Esta cantidad implicaría ingresos mínimos anuales de 731 a 2 mil 924 millones de pesos para todo el gremio sindical.

Pese a que la Ley Federal del Trabajo (artículos 371 fracción XIII y 373) obliga a los sindicatos a presentar “la cuenta completa y detallada” de su patrimonio a la directiva sindical e incluso a sus trabajadores, la información de muchos sindicatos es nula o parca.

GORDILLO-SNTE

El SNTE tiene ingresos mínimos de 100.4 mdp al año por cuotas sindicales. Su ex dirigente Elba Esther Gordillo fue arrestada en 2013 por operar con presuntos recursos de procedencia ilícita. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

“No dan informe alguno. […] De las cuotas sindicales no se habla nada”, dijo a SinEmbargo Alberto Orozco, integrante de la Coalición Postal por una Democracia Sindical, que representa a más de 300 agremiados disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (SNTSepomex).

La situación descrita por Orozco no es excepcional. De acuerdo con la encuesta nacional de “Confianza en Instituciones 2018″ de Consulta Mitofsky, la ciudadanía tiene “confianza baja” (5.4 de 10 puntos) en los sindicatos. Esto coincide con los resultados de la última “Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas” (2012) de la Secretaría de Gobernación (Segob) que, asimismo, indican bajos niveles de confianza (5.2 de 10 puntos, en promedio).

Por su parte, el CESOP de la Cámara de Diputados refiere que hoy en día (2016) “la consolidación de los procesos de rendición de cuentas en nuestro país afronta uno de sus mayores retos en el acceso a la información de las organizaciones sindicales”.

Ello a pesar de la “incipiente” implementación de mecanismos de transparencia sindical de los últimos años, en un entorno de “fuertes resistencias” ofrecidas por líderes y directivos sindicales, “que denota la magnitud de un fenómeno caracterizado por la opacidad que ha permeado tradicionalmente en los gremios laborales en México”.

CASOS EMBLEMÁTICOS

SinEmbargo calculó el ingreso mínimo aproximado, por cuotas sindicales, de nueve de los principales organizaciones laborales a nivel nacional, con base en datos del Gobierno federal y de los estatutos y contratos colectivos de los sindicatos.

Entre los sindicatos analizados estuvieron los de los trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), de la Educación (SNTE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), de los Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), de los Petroleros de la República Mexicana (STPRM), del Seguro Social (SNTSS), del Servicio Postal Mexicano (SNTSepomex), de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y el de los Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).

Dichos sindicatos tienen ingresos mínimos aproximados de 194 millones 532 mil 225.84 pesos anuales en conjunto, por concepto de cuotas sindicales que, según la normatividad de las propias organizaciones, es utilizado para “sufragar los gastos ordinarios” de operación y para formar “fondos sindicales de resistencia” (que son subsidios a trabajadores en protesta o huelgas de larga duración).

El sindicato de Alfonso Cepeda Salas (SNTE) es el que mayores ingresos tendría. Los trabajadores sindicalizados de la educación (1 millón 619 mil 990 personas) tienen ingresos mínimos de 6 mil 195.49 pesos al mes, en promedio, y cada uno de ellos aporta el uno por ciento de su salario bruto mensual. Esto implica ganancias anuales de al menos 100 millones 366 mil 318.45 pesos para el SNTE.

En segundo lugar estaría la organización presidida por Arturo Olivares Cerda (SNTSS). Los 359 mil 069 trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagan el dos por ciento de su salario nominal (o en efectivo) cada mes, que suponen un ingreso mínimo de 39 millones 179 mil 388.54 pesos anuales para el SNTSS.

En tercero, cuarto y quinto lugar estarían los sindicatos de Víctor Félix Flores Morales (STFRM), Carlos Antonio Romero Deschamps (STPRM) y Víctor Fuentes del Villar (SUTERM).

Los trabajadores ferrocarrileros pagan el cuatro por ciento de su salario nominal mensual, además de una inscripción de “una sola vez” de 50 pesos al momento de su inscripción.

Por cuotas sindicales, el STFRM tiene ingresos aproximados de 19 millones 068 mil 031.45 pesos al año, sin considerar los ingresos que tenía por las cuotas (uno por ciento) sobre pensiones de ex trabajadores ferrocarrileros, que fueron canceladas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en marzo de 2019, y que implicarán “ahorros al erario del orden de los 18 millones de pesos al año”.

En cambio los trabajadores petroleros aportan el 2.5 por ciento de sus ingresos nominales y generan una bolsa de al menos 16 millones 500 mil 657.71 pesos al año. Esta cantidad es equiparable al 8.15 por ciento del flujo de recursos públicos (202 millones 382 mil 400 pesos) anuales que recibe el sindicato liderado por Romero Deschamps, del que no hay facturas o comprobantes disponibles.

Los electricistas también pagan una inscripción (25 pesos) de “una sola vez”; y a partir de su afiliación donan el dos por ciento de su salario nominal mensual, que genera ingresos de al menos 10 millones 307 mil 947.29 pesos al año para el SUTERM.

Por su parte, los sindicatos de Francisco Hernández Juárez (STRM), Agustín Rodríguez Fuentes (STUNAM), Manuel Fermín Acevedo González (SNTSepomex) y Napoleón Gómez Urrutia (SNTMMSRM) aportan entre el uno y el 2.5 por ciento de sus salarios mensuales. De ese modo, el STRM se embolsa 5 millones 828 mil 211.40 pesos anuales; el STUNAM, 1 millón 604 mil 423.36 pesos al año; el SNTSepomex, 1 millón 321 mil 018.11 pesos anuales; y el SNTMMSRM, al menos 356 mil 229.53 pesos al año.

En el caso del Sindicato de Correos de México, las cláusulas de sus estatutos también refieren una cuota extraordinaria del dos por ciento del sueldo nominal mensual, que sería equiparable a la cuota ordinaria. Sin embargo, los lineamientos del sindicato no especifican el periodo de cobro de la cuota extraordinaria, aunque casi siempre es por “acuerdo general”.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó en febrero de este año que el Sindicato de Carlos Romero Deschamps publicara sus gastos, resultados de auditoría, contratos, convenios y/o licitaciones, así como la “relación detallada” de los recursos –en efectivo y/o en especie– que ejerce, y el destino final de los mismos.

Pero en abril de este año, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo a SinEmbargo que el INAI ha tenido problemas constantes con el Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que además de “eludir” y de “no responder” a las resoluciones del Instituto, el sindicato se ampara “y los jueces de amparo le han otorgado las suspensiones, tanto provisionales como definitivas”.

Entre enero de 2003 y marzo de 2019, el STPRM no atendió las 277 solicitudes de información de la ciudadanía que fueron hechas a través del INAI, por lo que según Acuña, es un caso “lamentable”, “emblemático y negativo”, pero no singular.

Los resultados de la “Verificación Vinculante 2018” –que evaluó el nivel de cumplimiento en materia de obligaciones de transparencia de 870 entes obligados– indica que a pesar de que en promedio el 87.9 por ciento de los sujetos verificados atendió sus responsabilidades de ley, los sindicatos y fideicomisos tuvieron los menores niveles de cumplimiento.

Lo anterior se da en un contexto en el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió democratizar y transparentar a los sindicatos, “sin imponer dirigentes” o tener “sindicatos predilectos”. El 13 de marzo de este año, el Primer Mandatario anunció que su Gobierno dará “mayor transparencia” a las cuotas sindicales, lo que ayudará a mejorar las condiciones laborales de los mexicanos y para no poner en riesgo a las empresas (privadas o del Estado).

La democratización del gremio sindical –junto con las reformas legales– es un paso fundamental para lograr la adecuada transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos en México, refiere el CESOP.

Su informe de “Transparencia sindical y opinión pública” (2016) concluye que “los escenarios que se vislumbran en torno al tema de la transparencia de las organizaciones sindicales, estarán determinados en parte por las reformas legislativas que las fuerzas políticas logren consensuar al respecto, pero más bien por las acciones que los propios trabajadores organizados logren implementar en un contexto particularmente difícil para el movimiento sindical independiente como lo es el actual”.

En ese sentido, un análisis sobre “La rendición de cuentas de los sindicatos: las cuotas sindicales” (2012) del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Alfredo Sánchez Castañeda, indica que “el problema no se encuentra en el cómo de la rendición de cuentas, sino en el diseño del sindicalismo en México”, que representa el reto de “reforzar los mecanismos de representatividad y, paradójicamente, de libertad sindical para asegurar la transparencia sindical”.

Minera canadiense desmiente rescisión de contrato para explotar tierras en Guerrero; sindicato alerta sobre posible represión

miércoles, febrero 28th, 2018

La compañía minera Torex Gold afirmó que la información sobre la supuesta rescisión de contrato del manejo de las tierras del ejido Real de Limón es falsa y que ellos tienes un acuerdo de 30 años para la explotación de la zona.

Añadió que un grupo de personas, aparentemente apoyadas por el sindicato, intenta “extorsionarlos” para elevar los costos del contrato de arrendamiento.

Por su parte, el sindicato minero acusó a la empresa canadiense, a los gobiernos federal y estatal, y a la CTM de Guerrero, de cualquier intento de represión en contra de los trabajadores que se han declarado en huelga.

La minera desmintió la información de que el ejido había roto el contrato de arrendamiento. Foto: El Sur.

Por Zacarías Cervantes

Chilpancingo, Guerrero, 28 de febrero, (ElSur/SinEmbargo).- La minera Torex Gold Resources, que explota la mina El Limón Guajes en el municipio de Cocula, declaró que es “errónea” la información proporcionada por el delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), respecto a que el ejido Real de Limón ha rescindido el contrato de arrendamiento con esa empresa.

En un boletín de prensa enviado a El Sur este martes, Torex Gold afirma que la compañía tiene un acuerdo de arrendamiento de tierras “válido, generoso y vinculante” por 30 años con ese ejido.

La semana pasada, el delegado del SNTMMSRM, Indalecio Pérez Morones declaró que los ejidatarios de Real de Limón están pidiendo la cancelación definitiva del contrato de arrendamiento, como se publicó en El Sur, y no que se ha rescindido el contrato, como menciona la empresa.

El representante del SNTMMSRM en Guerrero argumentó que los ejidatarios piden la cancelación del contrato en protesta porque la minera no ha dialogado con los trabajadores en paro que piden la cancelación del Contrato Colectivo de Trabajo con el sindicato de la CTM y que reconozca la relación laboral con el STMMSRM. Además el líder sindical aseguró que los campesinos están inconformes porque la minera no ha cumplido con el contrato de arrendamiento de sus tierras.

“Esto no es cierto. La Compañía cumple con los términos del Contrato de Arrendamiento y está en regla. Esto podría haberse confirmado fácilmente si el medio de comunicación se hubiera puesto en contacto con Torex para hacer comentarios en lugar de permitirse ser manipulado y utilizado como una herramienta de propaganda”, dice la empresa en su escrito.

Sin embargo, “lo que es cierto es que un pequeño grupo de familias en el ejido, con el aparente apoyo del sindicato de los mineros, está tratando de extorsionar a la compañía”, y añade que su extorsión es el intento de interrumpir la explotación del pozo El Limón.

“Estas personas se han infiltrado en la tierra y han establecido un campamento cerca de la instalación de trituración El Limón. La compañía no estaba programada para trabajar en El Limón la semana pasada, por lo que no había trabajadores presentes”, asegura la empresa en referencia a la declaración también de Pérez Morones de que el jueves un grupo de ejidatarios y trabajadores en paro entraron a las instalaciones de la mina para tomar las tierras del ejido Real de Limón, que están arrendadas a la minera.

“Estos intrusos parecen creer que si pueden interrumpir la minería, pueden obligar a la compañía a reabrir el contrato de arrendamiento y pagar más para acceder a la tierra. La compañía quiere ser clara al decir que esto no sucederá”, advirtió Torex Gold Resources.

En el mismo comunicado, en declaraciones que se le atribuyen al presidente de la minera, Fred Stanford, se establece que, “Entendemos que el acuerdo de arrendamiento vigente es el segundo acuerdo de tierras más generoso para la minería en el país. El hecho es que este pequeño grupo de familias no tiene la autoridad legal para hablar por el ejido, y no cuentan con el apoyo del ejido para impugnar el contrato de arrendamiento ni para llevar a cabo estas actividades ilegales”.

Asimismo Torex Gold indica que no tiene ninguna intención de ser extorsionada para cambiar lo que ya es un contrato “justo y lucrativo”. Agrega que, “Este comportamiento ilegal y grosero por parte de unas pocas familias y un sindicato externo es un intento descarado de intimidar y extorsionar a la compañía”.

En seguida advierte que, “Quiero ser claro al decir que cuando Torex esté programado para regresar a la minería en El Limón Pit, los empleados de la compañía lo harán y no se dejarán intimidar”.

Aclara que si el ejido alguna vez fuera autorizado a impugnar el contrato de arrendamiento por el voto de los miembros en una asamblea debidamente convocada, el ejido tendría que llevar el asunto ante el Tribunal Unitario Agrario, y el Tribunal evaluaría si el contrato de arrendamiento era justo y si había sido negociado de buena fe.

Asimismo, en su comunicado, el presidente de la empresa pide al gobierno que ponga fin a esta “actividad ilegal continúa” y que haga cumplir la ley.

Dice: “Las acciones de matón de unos pocos están desacreditando el carácter de la gran cantidad de gente maravillosa en la región. Estos grupos rebeldes también están dañando la reputación de México, y de Guerrero en particular, como un lugar para invertir”.

SINDICATO ALERTA SOBRE INTENTO DE REPRESIÓN

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), alertó en un boletín de prensa que la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold Resources “intenta reprimir” a los trabajadores de la mina, y llamó a los gobiernos federal y estatal, así como al gobierno de Canadá, a intervenir para evitar una salida represiva al conflicto que este 3 de marzo cumplirá cuatro meses.

La dirigencia sindical denunció que la empresa de Canadá, Torex Gold Resources, que opera en Cocula, “está preparándose para reprimir a los trabajadores de la mina Media Luna, con los que confronta un conflicto debido a que esa compañía no acata las leyes mexicanas y viola los derechos de los trabajadores”.

La alerta de la dirigencia sindical se dio luego de que, la semana pasada los ejidatarios de Real de Limón entraron a las instalaciones de la mina para recuperar sus tierras y demandaron la suspensión del contrato de arrendamiento que firmaron con la empresa, a la que acusaron de no cumplir con los compromisos asumidos con los campesinos y de negarse a dialogar con los trabajadores en paro.

“Sabemos que tanto el gobierno federal como el estatal, y la CTM local de Guerrero, van a intentar utilizar a la fuerza pública para someter a los trabajadores de la mina Media Luna y hacer que obedezcan por la fuerza los dictados de la empresa Torex Gold, entre los que está que los trabajadores obedezcan al sindicato charro de la CTM impuesto por Torex Gold, contra la voluntad mayoritaria de ellos de adherirse al Sindicato Nacional de Mineros”, denunció la dirigencia sindical en su comunicado de prensa.

El sindicato responsabiliza “de antemano” a la empresa canadiense Torex Gold, a los gobiernos federal y estatal, y a la CTM de Guerrero, “cuyas bandas armadas han asesinado ya a tres trabajadores en fechas pasadas, de cualquier nueva represión y de actos de violencia contra los obreros de la Media Luna y declaramos que el Sindicato Nacional de Mineros actuará legalmente contra los agresores de los trabajadores”, dice el escrito.

El sindicato que demanda la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo a Media Luna, añadió que no les cabe duda de que la empresa ha intentado hacer valer la firma de un contrato colectivo de protección patronal con los “charros” de la CTM y a espaldas de los auténticos trabajadores, “ya que tanto la CTM como la empresa Torex Gold han escondido este contrato a los trabajadores”.

Informó que la empresa hizo su propia encuesta, “fuera de la ley”, para simular que la mayoría trabajadora está de acuerdo con el regreso al trabajo sin satisfacer las demandas obreras, “lo cual como es obvio está fuera de razón”.

Asimismo, dijo que la empresa sabe que los tres trabajadores asesinados son obra de “los matones” de la CTM, y que la resolución de todo conflicto pasa por el enjuiciamiento de los asesinos tanto materiales como intelectuales, “sin lo cual no puede haber arreglo”.

Añadió que la empresa prefiere a la CTM porque esta central “charra” acepta salarios de hambre para los mineros, así como el “sobajamiento” de estos ante los capataces de la firma canadiense.

Además, denunció que la empresa ha engañado a los ejidatarios de la zona de Cocula, y ha establecido con ellos contratos “leoninos” de arrendamiento de sus tierras, que son de los campesinos más pobres del estado de Guerrero.

“El Sindicato Nacional de Mineros le exige a los gobiernos federal y estatal, así como a la embajada de Canadá en México, que tomen cartas en este asunto, que no permitan la represión que está anunciada contra trabajadores mineros mexicanos y hagan valer el estado de derecho, así como el ombudsman empresarial que ha establecido el gobierno de Canadá para controlar a sus empresas en el extranjero”, demandó.

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