En Sinaloa, “El Químico” fue el primer presidente de Morena una vez que se constituyó como partido político. En el Estado fue voz de Andrés Manuel López Obrador con quien lleva una relación cercana. Y fue AMLO el que lo designó candidato a la Alcaldía de Mazatlán en 2013 cuando el partido apenas emergía y cuando necesitaban “valientes” para contender por un cargo de elección popular, sin recursos, y con una idea de que no ganarían, pero era necesario participar.
Por Sheila Arias
Mazatlán, 30 de octubre (Noroeste/SinEmbargo).– Todavía no es Alcalde, pero ya trabaja como Alcalde.
En las últimas tres semanas Luis Guillermo “El Químico” Benitez Torres ha tomado decisiones al interior del Ayuntamiento como presidente municipal electo. Ya limó asperezas con el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel; ya respaldó la construcción de un nuevo acuario, y avaló la concesión del estadio de béisbol “Teodoro Mariscal” por los siguientes 25 años a empresarios descendientes del ex mandatario estatal, Antonio Toledo Corro.
Los temas polémicos del puerto ya los ‘apagó’.
Su Gabinete de trabajo lo ha completado y las invitaciones para la ceremonia de toma de protesta están repartidas entre líderes de colonias, empresarios, alcaldes electos, y diputados.
Luis Guillermo “El Químico” Benitez Torres. Foto: Noroeste
Con eso en orden, en unas horas, “El Químico” pasará a la historia como el primer presidente municipal por Morena en Mazatlán, con siete regidores en Cabildo, la mayoría.
“El Químico” está preparado, dice, para asumir el cargo mañana en una ceremonia solemne, aunque será el primero de noviembre cuando se presente en público ya como alcalde constitucional.
Ni nervioso, ni de cola larga
Luis Guillermo Benitez Torres nació en Mazatlán en 1951, es químico clínico de carrera, padre de cuatro hijos y simpatizante de cualquier idea de izquierda, justo eso lo llevó a Morena.
En Sinaloa fue el primer presidente de Morena una vez que se constituyó como partido político. En el Estado fue voz de Andrés Manuel López Obrador con quien lleva una relación cercana. Y fue AMLO el que lo designó candidato a la Alcaldía de Mazatlán en 2013 cuando el partido apenas emergía y cuando necesitaban “valientes” para contender por un cargo de elección popular, sin recursos, y con una idea de que no ganarían, pero era necesario participar.
En esa elección Benítez Torres perdió y ganó a la vez. Su figura se conoció más y para 2016 buscó el mismo cargo, ahora enganchado de la popularidad de López Obrador y, otra vez, el tabasqueño lo puso de vuelta en el camino, él lo designó candidato a la Presidencia Municipal, en un mejor contexto, ahora con amplia posibilidad de triunfo. Y así fue.
“El Químico” se impuso en las urnas en julio pasado con un resultad avasallador.
De inmediato Benítez Torres se dedicó a integrar su Gabinete, invitó a la sociedad civil a sumarse al nuevo equipo, y más de cinco mil ciudadanos le solicitaron trabajo, pero no alcanzó para todos. Eso sí, los simpatizantes y el equipo que le ayudó en el proceso electoral tendrá un espacio seguro en su administración 2018-2021, así lo ha declarado.
Benítez Torres está listo.
¿Está nervioso?
“No para nada”
¿Ha podido dormir?
“Perfectamente bien, tengo la conciencia tranquila, acuérdese que para decir las cosas se ocupa tener la cola corta, a vece me sacan cositas que no son ciertas, y me da hasta risa.
¿Y tiene la cola corta?
“Corta”
Benítez Torres llegará al poder con tres políticas precisas y anunciadas: austeridad total, cero tolerancia a la corrupción, y no consentirá nepotismo. Así lo ha expresado en actos públicos.
La principal medida será adelgazar la nómina en un 30 por ciento, lo que llevará al despido de centenas de trabajadores de confianza en el Ayuntamiento; con el cargo le tocará tratar con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, uno de los más grandes y poderosos del Estado, pues concentra a mil agremiados, el 30 por ciento de la plantilla laboral.
Durante la entrevista “El Químico” prefiere reservarse detalles de lo cómo será su Gobierno, tampoco se anima a confirmar nombres de mujeres y hombres que lo acompañarán en los cargos de primer nivel.
“Somos amiguitos”
Al hablar de presupuesto,”El Químico” sabe que los recursos están limitados para su administración, y lo estarán más desde el Gobierno federal. Sin embargo, las cosas no pintan bien. El domingo pasado Noroeste publicó que Mazatlán es uno de los tres municipios del Estado con las deudas públicas más altas.
¿Las finanzas en qué condiciones las entregará el municipio?
“La verdad que ahorita todavía no lo sabemos, el Alcalde (Joel Bouciéguez) se comprometió a dejar lo de aguinaldos y la primera quincena, tengo confianza que sí cumpla con su palabra”.
Aclaró que, una vez que asuma el cargo, conocerá a detalle la situación de las arcas municipales.
De su relación con el Gobernador priista, Quirino Ordaz Coppel, aseguró que es cordial, pero han llegado a acuerdos de trabajo. Eso está hablado.
“De la relación con el Gobernador no había enojo entre él y yo, lo conozco desde muy joven, el problema es que había intermediarios que no entendían que estamos luchando por defender la ciudad de Mazatlán y como le dije ‘también es tuya entonces ayúdame a defenderla’ y todo salió muy bien somos ‘amiguitos’ siempre y cuando cumplan con los compromisos. Es un hombre con buenas intenciones el Gobernador.
¿Son aliados ahora?
“Somos aliados para el bien de Mazatlán”.
LOS RETOS INMEDIATOS
-Exigir a los concesionarios del estadio “Teodoro Mariscal” cumpla con la entrega de 150 becas deportivas a niños y jóvenes; y la donación de 2 mil boletos por partido para el Ayuntamiento.
-Adelgazar la nómina en 30 por ciento
-Establecer una política austera en todos los departamentos
-Atender de inmediato dos temas prioritarios: recolección de basura y seguridad pública
-Garantizar la entrada gratuita al Carnaval Mazatlán 2019
-Tener dos asientos para alcanzar voz y voto en el Consejo del Acuario de Mazatlán
-Reestructurar el organigrama del Municipio en funciones y salarios
-Identificar y prescindir de burócratas “aviadores”.
Antonio Castañeda Verduzco, Alfredo Román Messina y Blanca Rosa Castañeda Verduzco, entre otros, rentan edificios y oficinas a Gobierno del Estado desde antes de que Ordaz Coppel iniciara en funciones como Gobernador, pero que mantuvo una vez que ganó la elección.
Por José Abraham Sanz
Ciudad de México, 16 de abril (Noroeste/SinEmbargo).- Quirino Ordaz Coppel tiene a cuatro arrendadores incómodos: el Alcalde de Culiacán, Antonio Castañeda Verduzco; el Secretario de Salud, Alfredo Román Messina; el ex Secretario de Turismo, Rafael Lizárraga Favela, y la directora del ISEA, Blanca Rosa Castañeda Verduzco.
Todos ellos rentan edificios y oficinas a Gobierno del Estado desde antes de que Ordaz Coppel iniciara en funciones como Gobernador, pero que mantuvo una vez que ganó la elección.
El primer caso es el de Antonio Castañeda Verduzco, Presidente Municipal de Culiacán sustituto.
Antonio Castañeda Verduzco, actual Presidente Municipal de Culiacán, siendo coordinador de campaña del propio Ordaz Coppel, alargó un contrato de arrendamiento con el Gobierno del Estado.
Antonio Castañeda Verduzco. Foto: Especial vía Noroeste
Él, siendo coordinador de campaña del propio Ordaz Coppel, extendió un contrato de arrendamiento con el Gobierno del Estado.
La esposa de Castañeda, Maybelline Urrea García, firmó su segundo contrato de arrendamiento para extender, de 2013 hasta el 2019, un acuerdo de renta de un edificio por 48 mil 265.67 pesos mensuales con Gobierno del Estado.
Este edificio, que se ubica en el centro de Culiacán, alberga oficinas de los sectores educativas 04 y 05 de Educación Primaria, la Supervisión Escolar 019 de Educación Primaria, dos Supervisiones Escolares de Educación Física, una Supervisión de Educación Artística y Tecnología, y la Supervisión Escolar 009 de Educación Preescolar Estatal.
Según el contrato, del que Noroeste tiene una copia, se especifica que la propiedad está a nombre del mismo “Tony” Castañeda y la señora Alicia de la Luz Verduzco Verduzco, su madre. Su esposa firmó como representante legal.
Sólo por este último contrato de tres años, la familia del “Tony” Castañeda recibirá un millón 737 mil 564.12 pesos.
El contrato fue firmado su esposa Maybelline, como representante, y en las listas públicas de arrendamiento del Gobierno del Estado ocultan el nombre del hoy Presidente Municipal de Culiacán, y en su lugar colocan el del “Mayvelline Urrea”, de quien muestran también los cobros y copias escaneadas de los recibos a su nombre.
Después de coordinar la campaña de Quirino, el “Tony” rindió protesta como Subsecretario de Gobierno, en enero de 2017, y un año después luego fue designado como Presidente Municipal sustituto de Jesús Valdés Palazuelos, quien pidió licencia a inicios de este año para buscar reelegirse.
El del actual Presidente Municipal de Culiacán es nada más uno de varios contratos que ha firmado y paga actualmente el Gobierno del Sinaloa con funcionarios, familiares, ex funcionarios locales o personas ligadas a organismos que interactúan con servidores públicos, entre ellos Blanca Rosa Castañeda Verduzco, hermana del ‘Tony’ Castañeda.
HERMANA DEL “TONY” CASTAÑEDA, DIRECTORA Y ARRENDADORA
Blanca Rosa Castañeda Verduzco, directora del Instituto Sinaloense de Educación para Adultos, firmó ya dentro de la administración de Quirino Ordaz Coppel, un contrato de arrendamiento que corresponde a un periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2020.
Blanca Rosa, quien según los registros firmó contrato, primero para la Secretaría de Administración y Finanzas de 2016 a 2019, y luego para el Instituto de Pensiones, de 2017 a 2020, para arrendar un edificio en la colonia Jorge Almada.
Blanca Rosa Castañeda Verduzco, (vestida de color verde). Foto: Especial vía Noroeste
El primer contrato que firmó Blanca Rosa fue en 2016, cuando ocupaba el cargo de presidente del Voluntariado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por un monto de un millón 201 mil 934.16 pesos, distribuidos en 36 pagos mensuales de 33 mil 387.06 pesos.
Para el segundo, que firmó ya dentro de la administración de Quirino Ordaz Coppel, en julio de 2017 y con su cargo de directora del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, por un monto de un millón 748 mil 073.60 pesos, que corresponden a un periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2020.
ROMÁN MESSINA, CPN CHEQUE DE SECRETARIO… Y ARRENDADOR
Alfredo Román Messina, Secretario de Salud, firmó un contrato de arrendamiento de un edificio al Gobierno del Estado que debió terminarse el 30 de noviembre de 2010, sin embargo hay evidencia de pagos a Messina hasta 2017, pero ahora por 60 mil 916.85 pesos, IVA incluido.
Otra persona que está dentro de la lista de arrendadores de Ordaz Coppel y que ocupa un puesto en la administración pública es Alfredo Román Messina.
Alfredo Román Messina. Foto: Noroeste
El Secretario de Salud ocupa el puesto más alto en la lista, pues él renta a la administración que dirige su jefe, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el edificio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Mazatlán.
El contrato más antiguo que existe de manera pública de esta relación es del 1 de diciembre de 2007; lo firmó el propio Román Messina, por 57 mil 750 pesos mensuales, con el entonces subsecretario de Administración, Quirino Ordaz Coppel.
La duración de este contrato se alargó hasta el 30 de noviembre de 2010, sin embargo, hay evidencia de pagos a Messina hasta 2017, pero ahora por 60 mil 916.85 pesos, IVA incluido.
El hoy Secretario de Salud ha cobrado por dicho inmueble más de 6.2 millones de pesos de renta desde entonces.
EX SECRETARIO, ARRENDADOR Y HOY EN PROCESO PENAL
En la lista de arrendadores también figuran ex funcionarios que hoy se encuentran bajo un proceso judicial por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
El caso es el de Rafael Lizárraga Favela, ex Secretario de Turismo en Sinaloa.
Rafael Lizárraga Favela, ex Secretario de Turismo en Sinaloa. Foto: Noroeste
Según la lista de inmuebles rentados por el Gobierno del Estado, el que está ocupado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el edificio Eldorado, es arrendado por la firma ALCYJEF, S.A. de C.V., de la que es socio Lizárraga Favela.
El ex Secretario encara actualmente un proceso penal en su contra, acusado de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
Según documento con folio mercantil 22569, consultado en el Registro Público de Comercio de Culiacán, Lizárraga Favela es vocal del Consejo de Administración de dicha firma desde julio de 2015.
El único contrato firmado que está público en el apartado de Transparencia del Gobierno del Estado tiene vigencia del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2016.
Sin embargo, hay evidencia de cobros hasta mayo del 2017 por un monto de 10 mil 865.26.
OTRO CASO, EL DEL HIJO Y LA NUERA DEL EX AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
De Antonio Vega Gaxiola se puede recordar que ha sido un hombre cercano al poder desde hace más de una década en Sinaloa.
Durante la administración de Mario López Valdez como Gobernador ocupó el cargo de Auditor del Estado de Sinaloa, y al mismo tiempo sus hijos ocuparon cargos como funcionarios públicos en el Ayuntamiento de Culiacán, como Luis Alberto, quien actualmente es el Oficial Mayor; o Juan Manuel, quien desde mayo de 2017 es el secretario general del Comité Directivo Municipal de la CNOP en Culiacán.
Otro de ellos, Carlos Arturo Vega Arellano. Él creó la firma Promotora Avilán junto a su esposa Ana Elizabeth Ávila Meljem, y son arrendadores del Gobierno del Estado.
La promotora, según copia del contrato más nuevo en poder de Noroeste, arrenda desde el 1 de junio de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2019, el edificio sede del Centro de Desarrollo Infantil, CENDI, plantel Luz María López Meza, por la suma mensual de 37 mil 583.04 pesos.
Los últimos pagos, según copia de facturas también públicas, ascienden a 46 mil 909.59 pesos.
Antonio Vega Gaxiola todavía era Auditor del Estado cuando la empresa de su hijo fraguó este contrato el 24 de mayo de 2016, a través de la firma de su nuera. Su renuncia como auditor se dio a conocer a finales de diciembre de ese 2016.
Otro arrendamiento que tiene relación con el ex auditor es el que firmó Ana Elizabeth, de manera particular, con el Gobierno del Estado, por el edificio sede del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, por un pago mensual de 96 mil 616.13 pesos.
Este contrato se firmó también el 1 mayo de 2016, cuando todavía Vega Gaxiola era el Auditor, y finalizará el 30 de abril de 2019.
“NO SE ESTÁ VIOLANDO NINGUNA NORMA”: ORTEGA CARRICARTE
En la lista de arrendadores de Quirino Ordaz Coppel que están, o estuvieron, dentro de la administración pública incluye a secretarios, ex secretarios, directores estatales, al Alcalde de Culiacán y a familiares del ex Auditor Superior del Estado.
Entre ellos al Secretario de Salud, Alfredo Román Messina, quien renta a Gobierno del Estado el edificio del Tribunal de lo Contencioso en Mazatlán; la hermana de “Tony” Castañeda, Blanca Rosa, quien renta al Gobierno el edificio sede del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.
También se encontró en documentos obtenidos por Noroeste la oficina sede del Consejo Estatal de Seguridad Pública, arrendado por una firma en la que el ex Secretario de Turismo que actualmente atraviesa un proceso penal en su contra, Rafael Favela Lizárraga es socio.
[youtube IfLeCNJW8JE]
Además, un hijo y nuera del ex Auditor Superior del Estado, o el ex funcionario y luego delegado de la Comisión Nacional del Agua en Sinaloa que renta el local del Ministerio Público en Guasave.
Sin embargo, aunque esos contratos reportan ganancias económicas a actuales funcionarios o ex funcionarios, o sus familiares, ello no implica una violación a leyes, de acuerdo con Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.
“Fue un contrato público privado previo a que ellos fueron funcionarios públicos”, justificó el Secretario de Administración y Finanzas al cuestionársele sobre esta situación.
“No debe haber alguna violación, en todo caso sería es la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas la que tendría que valorar, pero no lo están arrendando ya como funcionarios, digamos, no se está haciendo el contrato, es un contrato que se tendría previamente”.
“Desconozco como esté el contrato que en su caso el pudiera tener (Tony Castañeda), pero si lo hizo sin ser funcionario público no se está violando ninguna norma, es un contrato previo”, reiteró el funcionario.
“A veces el Gobierno al desocupar un inmueble que se hizo (rentó) previamente, que esté el funcionario, le sale más costoso cancelar el arrendamiento, implica mover a todo el personal, el mobiliario, entonces si no hay un conflicto de interés en el sentido de que el contrato se hizo previamente, no considero que vaya a ver (conflicto de interés)… pero, en todo caso sería checarlo con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas”.
-¿Esto no les pega a ustedes? En el sentido de que la sociedad se queja de que parece que se acomodan el negocio para quedarse entre ustedes mismos… por ejemplo, ‘Tony Castañeda era Coordinador de la campaña de Quirino (cuando se firmó el contrato)…
Desconozco el contrato y cuándo se haya hecho, pero si no era funcionario público es como cualquier particular, que va y la arrienda bajo las condiciones que tiene al estado, un inmueble, él o cualquier persona que lo vaya a hacer… cualquiera de ustedes, si lo tuvieran (el inmueble), lo arriendan hoy, y mañana les dan trabajo, pues ustedes no saben que van a trabajar ahí mañana…
“ES UN TEMA DE ÉTICA, UN TEMA QUIZÁ INMORAL”: ASPIRANTE A FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Si bien, los arrendamientos de Gobierno del Estado con funcionarios, ex funcionarios y sus familiares no son una violación a leyes de orden administrativo, para Ricardo Peralta Saucedo, aspirante a la Fiscalía Nacional Anticorrupción, sí es un asunto quizás inmoral.
[youtube eksX9Nurcvw]
“Ilegal no es, quizá un conflicto de intereses puede haber, quizá inmoral por el cargo, que hoy están ostentando y habrá que revisar si los contratos de arrendamiento, y sobre todo por el tema de legitimación y por el tema de conveniencia de las propias instituciones, y ahora que las están representando”, indicó.
“Si valiera la pena resolver no continuar con esos arrendamientos donde se ve evidentemente un beneficio económico… es lo más ético, pero no necesariamente ilegal, es un tema de ética, un tema quizá inmoral, pero habrá que revisarlo”.
HAY OTROS CASOS
En las listas de arrendamientos del Gobierno del Estado también aparecen otros ex funcionarios y familiares de funcionarios y ex funcionarios, así como líderes y defensores sociales, como los siguientes:
José Rosario Peñuelas Castro, ex titular de la CEAPAS y ex director de Conagua, arrenda bodega para las Agencias del Ministerio Público de Guasave, por 13 mil 920 pesos mensuales
Marco Antonio López Terrazas, esposo de delegada del Issstesin, Lorena Álvarezo Gámez, renta oficina para la Supervisión Escolar No. 52 de Educación Primaria, por 3 mil 916.36 mensuales.
Juan Luis de Anda Mata, ex Síndico de Guasave, renta edificios para las Supervisiones Escolares 002 y 011 de Educación Primaria, por 5 mil 487.50 pesos, y Módulo de Atención Ciudadana por 10 mil 107.93 pesos mensuales.
Ricardo Serrano Alonso, ex Subsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno del Estado, socio de la firma Administradora de Inmuebles Seral, SA CV, que renta las oficinas de la Delegación de Tránsito y Transportes, Oficialía del Registro Civil y Juzgado Menor y la Colecturia de Rentas, 28 mil 615.85 pesos mensuales.
LÍDERES Y DEFENSORES
Procopio Osuna Ibarra, vicepresidente del Comité Pro Construcción de la Presa Río Quelite, renta oficinas para las Agencias el Ministerio Público Segunda y Tercera, especializada en delitos, por 36 mil 943.10 pesos mensuales.
Mario Zavala Osorio, presidente de la Asociación de Guarderías, renta oficinas para la Supervisión Escolar No. 45, de Educación Primaria y del Instituto Técnico Zona Norte, por 2 mil 016.05 pesos mensuales.
Norma Elia Araujo Borboa, presidenta de la AMMJE, renta espacio para el Módulo de Atención Ciudadana de la Subsecretaria de Ingresos, por 35 mil 245.03 pesos mensuales.
Salvador Alcaraz Manjarrez, abogado defensor del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa, renta oficinas del Programa Gran Cruzada Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, por 7 mil 463.37 pesos mensuales.
PARA SABER
Según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, la situación de estos funcionarios o parientes cercanos de éstos, podría violar el Artículo 15, título Segundo de las Responsabilidades y Sanciones Administrativas, Capítulo 1, de los Principios que rigen la función pública, de los deberes de los servidores públicos y demás sujetos de responsabilidad administrativa.
El apartado 31 especifica que los funcionarios deben abstenerse de celebrar contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, con quien desempeñe empleo, cargo o comisión en el servicio público.
El Gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel lleva seis meses en el poder y la cifra de homicidios en Sinaloa ya rebasó la de todo 2016. El Ejecutivo local, sin embargo, le echa la bolita a su antecesor, el neopanista Mario López Valdez; afirma que la administración anterior le dejó la policía desmantelada.
Mientras el Gobernador se escuda y da declaraciones que enfurecen a la sociedad, los crímenes de alto impacto y las matanzas bañan de sangre a la entidad. La ineficacia de las autoridades locales en la investigación sobre el asesinato del periodista Javier Valdez abren el camino a la impunidad, ha denunciado el gremio periodístico sinaloense.
A pesar de que Quirino acusa a Malova de dejarle un tiradero en la seguridad del estado, la entidad ha sido escenario de hechos de violencia en los últimos días. De acuerdo a cifras de la Fiscalía del Estado, mayo y junio han sido los meses en los que han ocurrido más homicidios en el año, con 184 y 180 respectivamente, las cifras más altas desde abril de 2011, mes en que asesinaron a 227 personas.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Quirino Ordaz Coppel regresó al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, luego de que, hace seis años, se votara por un cambio, por el Partido Acción Nacional (PAN), representado por Mario López Valdez, un priista resentido que optó por una alianza con el blanquiazul y quien, al final, incumplió todas sus promesas a los ciudadanos, incluyendo la más sentida de éstas: acabar con la inseguridad y la violencia.
Hoy, a sólo medio año de haber tomado el poder en uno de los estados más violentos por las luchas entre narcotraficantes, Ordaz Coppel permanece en calma, pese a la sangre que se ha derramado, especialmente en los últimos meses.
Aminorar las hechos y echar “la papa caliente” a otro parece ser su trabajo, le reclaman organizaciones civiles, periodistas, empresarios y políticos de oposición, entre otros.
La tierra que lo vio nacer se quema entre el fuego de las armas del narco, pero Ordaz Coppel se escuda en el discurso de siempre: a la policía se la dejaron “desmantelada” para combatir la ola criminal que inunda al estado.
Quirino y Genaro Robles Casillas, Secretario de Seguridad, aseguraron que los índices de violencia han disminuido en el estado, a pesar de que de acuerdo a cifras de la Fiscalía del Estado, mayo y junio han sido los meses en los que han ocurrido más homicidios en el año, con 184 y 180 respectivamente, siendo las cifras más altas desde abril de 2011, mes en que asesinaron a 227 personas.
En la entrega en comodato de 16 patrullas para la Policía Federal, Ordaz Coppel defendió que se están viendo resultados positivos en materia de seguridad.
“Están bajando los índices”, dijo Ordaz Coppel.
Después de la afirmación, el Gobernador llamó al Secretario de Seguridad Robles Casillas para argumentar el por qué afirman que la violencia se ha reducido en el estado.
“Tenemos resultados y ustedes han visto, ha bajado el robo de vehículos. Tenemos asegurados en dos días 26 vehículos robados, homicidios han bajado también, si ustedes ven el índice ha bajado, sigue el problema con los grupos delincuenciales pero se están incrementando los patrullajes, con esto de la Policía Federal y con lo que trae el Ejército esperemos que empiecen a bajar los índices”, mencionó.
De acuerdo a cifras de la Fiscalía de Sinaloa, mayo y junio han sido los meses en los que han ocurrido más homicidios en el año, con 184 y 180 respectivamente, siendo las cifras más altas desde abril de 2011, mes en que asesinaron a 227 personas. Foto: Noroeste.
En el ramo de robo de vehículos la incidencia ha disminuido. En mayo se registraron 679 robos y en junio 612, sin embargo si se comparan a las estadísticas de 2016, la cifra es casi el doble, ya que en mayo del año pasado se reportaron 336 robos, mientras que en junio 338.
Cuestionado sobre si hay una meta establecida para reducir los índices de violencia en el estado, el Secretario de Seguridad Pública señaló que no podían decir una cifra que determinara la reducción de asesinatos en Sinaloa.
“No podemos decirte una meta porque les quedaría mal. Queremos que baje la cantidad de muertos”, defendió.
SANGRE Y ARMAS EN SINALOA
Durante los primeros cinco meses de la administración de Quirino Ordaz se han registrado un total de 619 homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Es decir, no ha cumplido la mitad de su primer año en la gubernatura y el priista ya lleva el 64 por ciento de los homicidios cometidos en 2016 durante el Gobierno de su antecesor blanquiazul López Valdez, Malova, año que cerró con una cifra de 961 asesinatos.
Mayo es hasta el momento el mes más violento para los sinaloenses, con 154 casos en lo que va en 2017.
Ese mes también fue el más sangriento durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y el de los últimos 20 años, con 2 mil 456 carpetas de investigación.
Pero julio ha traído más tragedia.
El primer fin de semana arribó como uno de los más brutales en la entidad. De los 65 homicidios que se registraron en el país, al menos 35 personas fueron ejecutadas en los municipios de Mazatlán, Culiacán, El Fuerte, Ahome y Novalato.
El enfrentamiento más fuerte tuvo lugar la noche del viernes 30 de junio en la sindicatura Villa Unión, entre fuerzas federales y presuntos delincuentes, lo que dejó como saldo 19 muertos y cinco heridos, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado.
SE ECHAN LA BOLITA
Ante esta nueva ola de violencia en Sinaloa, el Gobernador ha salido a declarar –no siempre con fortuna– para enfrentar los cuestionamientos que rodean su administración. Una de las más recordadas fue la que dio en marzo, cuando se lavó las manos por la huida del hijo del narco Juan José Esparragoza, alias “El Azul”, y prefirió echarle la culpa a su antecesor.
Quirino dijo ante medios de comunicación que Malova había dejado en “situaciones caóticas” los penales, donde un celador gana 12 mil pesos mensuales.
La fuga del penal de Culiacán de Juan José Esparragoza Monzón, conocido como “El Azulino” o “El Negro”, y otros cuatro reos de alta peligrosidad, piezas clave del Cartel de Sinaloa, ejerció presión en su administración, estrenada el 16 de marzo.
El Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, también se deslindó y declaró que la violencia en Sinaloa se debía a la extradición de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a Estados Unidos –el 19 de enero pasado–. La toma de control del cártel desató pugnas dentro de la organización y otros grupos que intentan quedarse con el terreno de las drogas en la entidad, dijo.
¿Y Malova? Bueno, pues él, en agosto de 2016 y cuando aún era Gobernador, lo dejó bien claro. López Valdez aventó la piedra y dijo: “Tenemos un estado que, por tradición, tiene una alta actividad delincuencial”.
Especialistas en seguridad entrevistados por SinEmbargo coincidieron que tras la extradición del líder del Cartel de Sinaloa, ”El Chapo” Guzmán, se recrudeció la violencia en Sinaloa, e insistieron que esto se dio por un reagrupamiento en la organización y no por una desintegración de ésta.
“A diferencia de antes, cuando era automática la sucesión ahora ya no. Hay un problema que generó el ex Presidente Felipe Calderón. Y es que al momento mismo que un cártel era descabezado se generan tres o cuatro células”, recordó Guillermo Garduño Valero, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa), experto en seguridad nacional y fuerzas armadas.
Posteriormente, el 2 de mayo, con la captura de Dámaso López Núñez, alias el “Licenciado” y considerado el sucesor de Joaquín “el Chapo” Guzmán, la pugna por el control de Cártel volvió a intensificarse.
La violencia “podría incrementarse de manera sustancial en todo el Pacífico mexicano, desde [los estados de] Michoacán a Sonora, incluyendo Baja California Norte y Baja California Sur”, indicó el experto en narcotráfico Jesús Lemus para EFE en aquel entonces.
Y no estaban equivocados, además del fin de semana violento, este miércoles Chihuahua fue el claro ejemplo de que la sangre ocasionada por el Cártel de Sinaloa se extiende por otras entidades.
El miércoles, los chihuahuenses dieron cuenta de un enfrentamiento entre grupos armados en la comunidad serrana de Las Varas, en el municipio de Madera, que dejó como saldo 15 muertos y cinco detenidos.
Cuando las autoridades acudieron a atender el reporte de una balacera, fueron atacados por grupos armados pertenecientes a La Línea y al Cártel de Sinaloa por lo que repelieron el ataque.
JAVIER VALDEZ: ASESINATO IMPUNE
El asesinato del periodista Javier Valdez, el 15 de mayo pasado, lo convirtió en el periodista número 126 en ser ultimado en México desde el año 2000.
El periodista, uno de los fundadores del sitio digital Riodoce, declaró una semana antes de su ejecución:
“En Sinaloa ya no gobierna nadie. Desde antes de los grandes cárteles, el narco ya era el poder porque a todos les convenía que así fuera y por eso estamos viendo que ahora la gente está creciendo sin valores, sin aspiraciones…”.
Y agregó que los nuevos narcos “van a ser más despiadados y la gente no los va a querer. Por eso vamos a ver más muertes y horrores”.
Tras la muerte de Valdez, respetado por su cobertura sobre violencia del narcotráfico en el norte de México, el Gobernador Quirino Ordaz negó que la entidad estuviera rebasada por los grupos criminales y reafirmó su postura acentuando que la violencia “no nació ayer, viene de mucho tiempo atrás, es una situación histórica”.
Esa declaración retumbó entre el gremio periodístico sinaloense que le respondió con un informe.
“¿Qué más ocupa el Gobernador Quirino Ordaz Coppel para voltear a ver la realidad en la que él vive y nosotros morimos todos los días? ¿Qué necesita para entender que no está atendiendo la exigencia más sentida de los sinaloenses, que es la seguridad?”, le reclamaron.
Sinaloa es el estado de la República con mayor cantidad de policías no aptos para ejercer el cargo, de acuerdo con los exámenes de control y confianza 2016. Esto llevó al Gobierno de Quirino Ordaz a solicitar la intervención de la Sedena en el estado.
El informe de Seguimiento y Evaluación arrojó que de 4 mil 759 agentes preventivos, el 55 por ciento resultó “no aprobado”; en el caso de los elementos de la Policía Ministerial de mil 191 evaluados, el 56 por ciento no pasó las pruebas, de acuerdo con información de periódico Noroeste.
En cuanto a los agentes penitenciarios, de 546 que fueron evaluados sólo el 51 por ciento aprobó.
Los que obtuvieron mejor calificación fueron los elementos de Seguridad Pública Estatal; en su caso el examen se aplicó a mil 588 y el 55 por ciento pasó la prueba.
Es decir, a Sinaloa lo protege un 50 por ciento de elementos policiacos no aptos, lo que la convierte en una entidad desprotegida y a merced de los grupo delincuenciales. Además, denunciaron grupos civiles, los elementos que están colocados y que pasaron los exámenes aún siguen cometiendo actos en contra de la integridad de las personas.
Por ejemplo, el 30 de junio pasado el director de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Ramiro Rojas Guzmán y sus escoltas, amenazaron con armas largas a custodios del penal de Culiacán y a dos visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que se encontraban en el lugar. Esto sólo por mencionar un evento reciente.
En contraste, el que sí está bien protegido es el ex Gobernador Mario López, pues él y su familia cuentan con un cuerpo de escoltas pagado por el actual Gobierno del estado. La Ley dice que “las autoridades competentes del Estado dictarán las medidas conducentes para brindar los elementos necesarios para la protección que en su caso resulte necesaria”, y esto está muy bien. Pero aquí la pregunta que vale es: ¿y los demás sinaloenses?
En una carta publicada en el sitio web Change.org, se exige a las autoridades de Sinaloa que se esclarezca el ataque, persecución y enfrentamiento donde fueron asesinadas 19 personas y cinco policías resultaran heridos, entre ellos una mujer, en la sindicatura Villa Unión, una zona rural de Mazatlán.
De acuerdo con la versión de la SSP de Sinaloa, las personas que murieron en el ataque “están relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas en la zona serrana del sur del estado” y son las que causan la violencia. Pero la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General reservaron la información sobre las operaciones de la organización.
Sinaloa/Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo/Noroeste).- A través de la plataforma Change.org, ciudadanos de Mazatlán llamaron a esclarecer el caso de las 17 personas asesinadas en Villa Unión, las cuales la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa calificó como los delincuentes responsables de generar violencia en el Puerto.
En la carta, que está dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, al Alcalde Fernando Pucheta y al Secretario de Seguridad de Sinaloa Genaro Robles Casillas, se establece que el caso podría ser una posible violación a los derechos humanos.
En la plataforma los ciudadanos buscan que se firme la misiva, que también indica que el caso podría ser similar a las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, Estado deMéxico, y Tanhuato, Michoacán.
En ambos casos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones y declaró que hubo violaciones a los derechos humanos con asesinatos extrajudiciales, es decir, que las autoridades mataron a personas de manera arbitraria.
“El caso remite a experiencias recientes como el caso de Tlatlaya en 2014 donde soldados ejecutaron a 15 presuntos gatilleros que se encontraban ya rendidos. Así mismo a lo ocurrido en Tanhuato Michoacan en 2015 con un saldo de 42 civiles abatidos, los cuales la mitad fueron ejecutados extrajudicialmente”, indica la carta.
En ambos casos la autoridades declararon que estos iniciaron por confrontaciones de grupos delictivos, pero en las investigaciones de la CNDH se estableció que ellos no fue así, lo que ha obligado a la reparación de daños por autoridades federales.
El enfrentamiento dejó un saldo de 19 presuntos delincuentes muertos y cinco policías heridos. Foto: Cuartoscuro
En el caso de Villa Unión, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa declaró que a las 20:15 horas del viernes 30 de junio un grupo de 17 personas asesinó a dos personas en la cabecera de la sindicatura de Villa Unión, al sureste de Mazatlán.
Las 17 personas, que se trasladaban en tres vehículos diferentes, se encontraron con policías municipales del Puerto, con quienes sostuvieron un primer enfrentamiento.
Por el ataque, según se estableció por la Secretaría de Seguridad, se inició una persecución dirigida por la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, que se apoyó de elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.
El enfrentamiento terminó en la comunidad Aguaje de Costillla, a 8 kilómetros de Villa Unión, donde murieron las 17 personas, de quienes la Secretaría de Seguridad Pública reservó sus identidades.
Del enfrentamiento también se registró a cinco policías municipales que resultaron con heridas menores.
Las personas que murieron en el ataque, según él Gobierno de Sinaloa, están relacionadas con el tráfico de drogas. Foto: Cuartoscuro
¿Y LA INVESTIGACIÓN?
Sin una investigación coordinada, la Secretaría de Seguridad Pública informó ayer que el viernes por la noche murieron 19 personas, pero que 17 de ellas eran de un grupo delictivo que generaba violencia en Mazatlán.
Genaro Robles Casillas, Secretario de Seguridad en Sinaloa, dijo en conferencia de prensa que las 17 personas asesinadas por policías municipales y elementos militares pertenecían a una célula delictiva que opera en el sur de Sinaloa, y que minutos antes habían asesinado a otras dos personas en Villa Unión.
“De las personas que fallecieron, consideramos que es el grupo que estaba generando violencia en esa zona, resultaron 17 personas muertas”, dijo.
De acuerdo con la versión de la Secretaría de Seguridad, a las 20:15 horas del viernes el grupo de 17 personas asesinó a dos personas en la cabecera de la sindicatura de Villa Unión, al sureste de Mazatlán.
Las 17 personas, que se trasladaban en tres vehículos diferentes, se encontraron con policías municipales del Puerto, con quienes sostuvieron un primer enfrentamiento.
Por el ataque se inició una persecución dirigida por la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, que se apoyó de elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.
El enfrentamiento terminó en la comunidad Aguaje de Costilla, a 8 kilómetros de Villa Unión, donde murieron las 17 personas, de quienes la Secretaría de Seguridad Pública reservó sus identidades.
Del enfrentamiento también se registró a cinco policías municipales que resultaron con heridas menores.
Además, la Secretaría de Seguridad reportó que se aseguró 11 armas tipo AK-47, 9 pistolas cortas, 4 armas tipo AR-15, una escopeta y un arma tipo G3.
Robles Casillas dijo que esas personas están relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas en la zona serrana del sur de Sinaloa.
“Consideramos que es el trasiego de droga y el peleo de las zonas, de las áreas que están peleando estos grupos, pero básicamente el trasiego de drogas, el movimiento de droga”, aseguró.
Tras señalar que esas personas eran las generadoras de violencia en Mazatlán, el Secretario de Seguridad dijo que no podía asegurar que disminuyeran los enfrentamientos en esa zona.
“No puedo asegurarles nada, ustedes saben que aquí les digo una cosa y al otro día pasa otra, es difícil, es complicado, sin embargo, estamos trabajando muy fuerte con toda la coordinación, con todas las autoridades para bajar los índices de violencia”, dijo.
El Gobernador Quirino Ordaz Coppel defendió que Malova recurrió a un derecho que le otorga la Ley de Seguridad Pública del Estado; a Mario López Valdez lo protegen un policía operativo, un escolta, un custodio, y un investigador de la Policía Estatal Acreditable, según una respuesta a la solicitud de información elaborada por Noroeste.
Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa. Foto: Noroeste
Gabriela Soto
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo/Noroeste).- Ayer Quirino Ordaz Coppel reconoció que el Gobierno de Sinaloa paga el cuerpo de escoltas que protegen la integridad física de su antecesor Mario López Valdez, de su esposa Sofía Carlón y sus hijos.
También paga los sueldos de los escoltas de Gerardo Vargas Landeros, ex Secretario General de Gobierno y Genaro García Castro, ex Secretario de Seguridad Pública.
El Gobernador defendió que Malova recurrió a un derecho que le otorga la Ley de Seguridad Pública del Estado, y aunque Malova y su familia podrían pagar al Gobierno de Sinaloa por recibir este servicio de protección, no lo hacen.
“Si tú revisas hacia atrás vas a ver que los diferentes hoy ex gobernadores han tenido y tienen protección porte de las áreas de seguridad”, reviró.
“Qué determina ya el criterio, lo que le llaman la vulnerabilidad, ahí está la ley, simplemente ellos se acogieron en base a esa solicitud como se acogieron los anteriroes. Ni yo propuse la ley, eso ya estaba y simplemente se está atendiendo y acatando. El criterio que determina a quién, cómo y cuántos es precisamente de la vulnerabilidad”.
¿Malova está pagando a Gobierno del Estado por estas escoltas?, se le preguntó a Ordaz Coppel.
No, ningún ex Gobernador paga las escoltas, ahí están porque eso lo determina la propia ley, así está.
¿No debería Malova pagar por sus propias escoltas?
Es que la ley lo determina así para los funcionarios, paga quien lo establece, hay una ley aprobada por el Congreso y dice que les tienes que dar escolta, no sólo a Malova, a los ex gobernadores también.
EL GASTO
A López Valdez lo protegen un policía operativo, un escolta, un custodio, y un investigador de la Policía Estatal Acreditable, según una respuesta a la solicitud de información elaborada por Noroeste.
Para este año, la Secretaría de Administración y Finanzas destinará 615 mil 520 pesos con 56 centavos para cubrir los sueldos de los trabajadores.
Los servicios de protección a ex gobernadores y su familia está previsto en los artículos 179, 180 y 182 de la Ley .
[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “Realmente hay un problema en las policías [en Sinaloa], es claro. Hay corrupción, sin duda hay complicidades. Eso es una realidad […]. [Además del narcotráfico] lo que más lastima a la gente, pues obviamente, mucho es la delincuencia común” (Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa, en entrevista con Gustavo Castillo García de La Jornada, el 18 de mayo de 2017).
EL HECHO: A más de cuatro meses de iniciada su administración, Quirino Ordaz Coppel se haya en la misma crisis que su estado (Sinaloa). Según la organización México Opina, hasta marzo de este año, el Gobernador sólo contaba con una aprobación de 30.4 por ciento -uno de los peores evaluados a nivel federal-. Nada raro resulta: no a podido detener el ascenso de la criminalidad. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que, entre enero y marzo de 2017, fueron registrados 344 homicidios dolosos, 40 por ciento más que en ese mismo periodo, un año antes, cuando se documentaron 246 casos. Dos situaciones, sobre todo, han opacado su imagen: primero, la fuga de cuatro reos de alta peligrosidad -todos ligados al Cártel de Sinaloa- del penal de Culiacán, ocurrida el 16 de marzo de este año, entre los que se encontraban Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan Esparragoza Moreno -mejor conocido como “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y socio de “El Chapo” Guzmán-, señalado por el Gobierno federal como el operador financiero del Cártel; y Alfonso Limón Sánchez, alias “El Limón”, considerado como un sujeto sanguinario, clave para el grupo delictivo y cercano a Ismael “El Mayo” Zambada (líder del Cártel). Segundo, el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el lunes pasado.
#DichosyHechos no vaticina que la inseguridad en Sinaloa vaya a mejorar pronto, no sólo por las cifras en materia de inseguridad, sino también por el mal estado en que se hayan las fuerzas policiacas de la entidad. En efecto, como dice Ordaz Coppel, “realmente hay un problema en las policías” de Sinaloa. Así lo demuestran los datos.
· La calidad de los policías sinaloenses: El último reporte del SESNSP sobre la evaluación de control de confianza de las policías a nivel federal, indica que la policía peor calificada en México es la de Sinaloa, ya que la mitad de su personal no aprobó los exámenes de confianza. De los 8 mil 149 efectivos evaluados en la entidad, 48 por ciento resultó no ser apto para el cargo. De manera específica, el informe señala que el 55 por ciento de la Policía Ministerial de Sinaloa, que depende de la Fiscalía local, reprobó las pruebas -que incluyen una evaluación socioeconómica, psicológica, médica, toxicológica y de polígrafo-. Su actual director, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, ocupa el cargo desde 2011. En 2012 no aprobó la evaluación de control de confianza, y a pesar de que por Ley debió de ser separado de su puesto, aún permanece. “Chuy Toño”, como lo llaman, ha sido señalado por ejercer la tortura y por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa -en 2010, la Procuraduría General de la República lo investigó por estar en presunto servicio del crimen organizado-.
· Las condiciones de los policías en Sinaloa: Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa es un contraste en lo que refiere a las prestaciones de las que gozan los elementos policiacos de la entidad. Por un lado, sus policías estatales son los mejor pagados a nivel federal, pues perciben 14 mil 501 pesos mensuales de salario, casi tres veces lo que ganan los policías con menores ingresos de México (Chiapas: 5 mil 351 pesos por mes). En cambio, los policías municipales de Sinaloa son de los peores pagados en el país (7 mil 646), sólo superando a los de Chiapas (7 mil 398), Yucatán (7 mil 082) y Nayarit (6 mil 932 pesos mensuales). Al respecto, Quirino Ordaz Coppel ha dicho que los “muy raquíticos” salarios a nivel municipal y las “muy bajas” prestaciones sociales, son un problema para garantizar la seguridad y “garantizarle al policía la tranquilidad de su familia”. En Sinaloa, si un policía estatal muere en el cumplimiento de su deber, su familia recibiría 217 mil 510 pesos como parte de su seguro de vida. No se menciona el dato para los municipales. Asimismo, el Sistema refiere que a nivel nacional, la educación de los policías es precaria: la mayor parte, el 52 por ciento, tiene estudios de secundaria; un 31 por ciento llegó al bachillerato; sólo un 7 por ciento cuenta con estudios de licenciatura; 8 por ciento no pasó de la primaria; y 2 por ciento carece de toda escolaridad.
· La incesante violencia:Del 1 de enero -cuando Quirino asumió la gubernatura de Sinaloa- al cierre de marzo de este año -la información más reciente-, los homicidios dolosos aumentaron en 21 por ciento (pasaron de 106 a 128); los robos en 11 por ciento (de 730 a 809); los fraudes y las extorsiones en un 1 por ciento (de 39 a 40). Y hasta ahora, sólo hay registro de dos secuestros en el estado (ambos registrados en marzo). Estas cifras, comparadas con las del sexenio de Mario López Valdez (2011-2016), arrojan que aunque en los primeros tres meses de administración de Valdez la incidencia delictiva era mayor que la de ahora, el aumento de crímenes en ese periodo de tiempo fue menor que los que presenta Quirino en la actualidad. Entre enero y marzo de 2011, los homicidios dolosos aumentaron 0.2 por ciento (pasaron de 1 mil 646 a 1 mil 649); los robos en 0.6 por ciento (de 1 mil 649 a 1 mil 659); los fraudes y las extorsiones en un 11.5 por ciento (de 78 a 87). Los secuestros habrían decrecido en 25 por ciento (de 4 a 3).
***
¿Verdad o mentira? VERDAD. No es posible combatir de manera adecuada al crimen organizado, la corrupción y las complicidades de las autoridades, si de inicio, los cuerpos encargados de mantener el orden público no son confiables y no tienen recursos suficientes para desempeñarse de acuerdo y como lo amerita la situación -de ahí, en parte, que los militares deban cubrir los huecos-. Así, Sinaloa seguirá siendo “un estado que padece y vive históricamente un problema de seguridad”, como dijo Quirino ayer.
[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “No hay impunidad, quedó muy claro, como yo no prometí que iba ha dar el informe de la situación en que se recibieron las finanzas públicas, la administración. Y creo que fue muy objetivo y muy contundente [el Secretario de Finanzas], y creo que quedó claro ese compromiso cumplido, bueno, está en proceso como ahí mismo se señala muchas observaciones, procedimientos administrativos y todo lo que se ahí surja y las nuevas auditorías que están haciéndose por parte de las instancias federales pues nosotros vamos a dar toda la facilitación para que se aplique la Ley” (el priista Quirino Ordaz Coppel, actual Gobernador de Sinaloa, al hablar sobre “Malova”, en entrevista con Noroeste tras encabezar el evento de entrega de escrituras en Agüita Caliente, Concordia, el 22 de febrero de 2017).
EL HECHO: Desde el año pasado, cuando aún era candidato a la gubernatura de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel prometió que no toleraría ni la corrupción ni la impunidad. Este año, en diversas ocasiones, lo ha sostenido: no hay impunidad en el caso de la cuenta pública de la administración de su antecesor, el ex Gobernador y ex priista Mario López Valdez (“Malova”). No hay un pacto de impunidad entre su gobierno y el de Malova (2011 a 2016). Sin embargo, López Valdez es investigado por una sarta de irregularidades cometidas durante su gestión, que dejaron una deuda reconocida de 13 mil 130 millones de pesos (con pasivos sin fuente de pago), según refiere el Informe sobre la situación financiera y administrativa en la que se recibe el Gobierno del Estado (2017), presentado por Carlos Ortega Carricarte, actual secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. A pesar de las irregularidades, al día de hoy, la Auditoría Superior del Estado (ASE) no cuenta con un proceso de investigación en contra de Malova. Y de acuerdo con la propia auditora del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, sólo se mantiene bajo observación a las secretarías y sus responsables -sobre todo la Secretaría de Administración y Finanzas, los Servicios de Salud y la Dirección de Financiamiento y Protección Social del estado-.
Para #DichosyHechos, no queda claro qué es lo que está haciendo la administración de Quirino Ordaz Coppel para que “se aplique la Ley” y se resuelvan las irregularidades que dejó la administración de Mario López Valdez. A continuación los hechos.
· Mucho ruido y pocas nueces: Hasta la fecha, la ASE ha presentado 93 denuncias ante la Fiscalía General del estado, mismas que corresponden a los años de ejercicio comprendidos entre 2013 y 2016. Hace un mes, en el marco de la conferencia de Patricia Galeana sobre la inclusión de las mujeres en la política en México, la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, comentó que sí hay elementos para presentar denuncias en contra de Malova por irregularidades en la cuenta pública. Sin embargo, dijo, “estoy realizando ahorita la investigación del segundo semestre del 2016 y de acuerdo a los resultados que se tengan estén seguros de que la ley se va a aplicar, sea el funcionario que sea”.
· Investigan pero no procesan: Desde agosto del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó en lo penal a Malova por simular el reintegro de 135.6 millones de pesos. Eso quiere decir que el ex Gobernador fue denunciado por intentar disfrazar algunas irregularidades. Según la ASF, el mecanismo de simulación consistía en depositar el monto cuestionado en una cuanta de banco, para luego darle parte a la Auditoría. Una vez que la autoridad corroboraba el paradero del dinero (“desaparecido”), la administración de Malova retiraban los fondos. Entonces el dinero sí desaparecía. Asimismo, en marzo de 2016, la ASF reportó haber promovido ocho denuncias de hechos en contra del Gobierno de Sinaloa ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío, simulación y aplicación irregular de 646 millones 536 mil 52 pesos, entre 2008 y 2012, provenientes de fondos federales. Curioso, estas denuncias incluyen al antecesor de Malova, el ex Gobernador priista Jesús Padilla Aguilar (2005 a 2010), de quien Quirino Ordaz Coppel fuera secretario particular (2005), luego Subsecretario de Administración (2005 a 2009), y después titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa (2009 a 2010). Padilla ha sido señalado por el posible desvío de 201 millones 625 mil 006 pesos -dinero bajo la responsabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas, los Servicios de Salud y la Dirección de Financiamiento y Protección Social del estado-. A pesar de las indagatorias de la PGR, hasta ahora, ningún funcionario de la administración de Malova ha sido acusado penalmente -ni siquiera por simulación de devoluciones-.
· Impunidad en Sinaloa: Quirino Ordaz Coppel ha dicho que en Sinaloa no habrá “cacería de brujas”, y pese al cúmulo de irregularidades legadas por la administración de Mario López Valdez (Malova), el actual gobierno descarta investigar al ex mandatario o a sus ex funcionarios, bajo el alegato de que el gobierno de Coppel se apegará a los procesos que realizan la ASE y la ASF -que a diferencia del gobierno local, sólo pueden concentrarse en indagar casos específicos y no en analizar la totalidad de los recursos públicos-, como anunciara Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas local. Sinaloa no cuenta con una Fiscalía Anticorrupción, pero de acuerdo con el Artículo 8 del reglamento interno de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), el Ejecutivo, a través de la STRC, está facultado para ordenar investigaciones; iniciar, tramitar y resolver procedimientos de sanción; y denunciar penalmente las irregularidades detectadas. Además, este tipo de facultades le son otorgadas a través de la Constitución Política de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa. Más allá de los procesos que lleven las auditorías local y federal, la administración de Coppel ya podría haber iniciado su propia investigación y presentar sus propias denuncias. No parece que eso vaya a suceder.
· El paso de la corrupción:“Sí había corrupción, no lo podemos negar”, dijo este año Juan Pablo Yamuna, ex titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas durante la administración de Malova, en entrevista con Noroeste. De acuerdo con José Guadalupe Medina Romero, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, los desvíos de recursos públicos a nivel nacional, por lo general, conllevan la persecución de delitos como lo son el ejercicio indebido del servicio público y el peculado. En ese sentido, bastaría con que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa y la PGR investigaran las cuentas bancarias y los bienes patrimoniales (inmobiliarios) de los ex funcionarios de Mario López Valdez para destapar posibles casos de corrupción. Así los casos de Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud de Sinaloa, investigado por uso indebido de recursos (el sector salud quedó con un pasivo de 1 mil 528 millones de pesos); Francisco Castillo Herns, otrora subsecretario de ganadería, señalado por enriquecimiento inexplicable; Juan Nicasio Guerra Ochoa, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, señalado por el posible daño a las arcas federales y estatales por un monto de 80 millones 845 mil 155 pesos, a través del Fondo para el Fomento Agropecuario de Sinaloa; José Luis López Montiel, otrora titular de la Unidad de Inversiones; José Luis Sevilla Peredo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Alberto Gerardo Medrano Contreras, director de Gestión y Administración Urbana; Alfredo Reyes Garzón, director de Programación y Coordinación; Alvaro Millán Peraza, jefe del Departamento de Normatividad Urbana; Ariel López Angulo, jefe del Departamento de Normatividad de Obra; Armando Trujillo Sicairos, jefe del Departamento Concursos y Contratos, todos investigados por la presunta adjudicación ilegal de la obra pública de Sinaloa. O Gerardo Vargas Landeros, ex secretario General de Gobierno de Malova, señalado junto con Víctor Manuel Lugo García, comisariado del Ejido Ahome Independencia, por privar de sus tierras a los ejidatarios del municipio de Ahome.
***
¿Verdad o mentira? MENTIRA. En Sinaloa persiste la impunidad. Los datos recabados sugieren que la administración de Quirino Ordaz Coppel está demorando la investigación, al no ejercer sus facultades y dejar la carga a la ASE y a la ASF. Aunque #DichosyHechos no pueda negar que se vaya a “aplicar la Ley”, lo cierto es que desde el año pasado, las autoridades tienen pistas para perseguir a los ex funcionarios señalados por irregularidades. Sin embargo, al día de hoy, ninguno ha caído.
Policías, viudas de agentes y trabajadores agrícolas protestaron a las afueras del Congreso del Estado.
Quirino Ordaz Coppel asume hoy la Gubernatura de Sinaloa. Foto: Noroeste
Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo/Noroeste).- Cerca de 250 trabajadores de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se manifiestan en las afueras del Congreso donde Quirino Ordaz Coppel toma protesta como Gobernador de Sinaloa debido a las promesas incumplidas en el sexenio de Mario López Valdez
Las protestas que han tensado en el ambiente por arte de los policías es por la iniciativia del ex Gobernador Mario López Valdez de quitar el beneficio del retiro anticipado además de que se mantenga la jubilación a los 25 años de servicio y no a 30 años como fue propuesto por la administración de Mario López Valdez. Piden también mejores condiciones para su trabajo.
Las viudas exigen al respeto de las pensiones que le fueron prometidas previo y durante el asesinato de policías durante la guerra contra el narco.
Las calles aledañas al Congreso han sido cerradas a la circulación y se abren solo para dar paso a los funcionarios e invitados que asistirán a la toma de posesión.
Al político mazatleco, Ordaz Coppel, le tomó la protesta el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Roberto Cruz y señaló que no habrá “cacería de brujas” pues tendrá que hacer frente al desaseo y denuncias del sexenio de Malova
Ordaz Coppel recibe la Gubernatura de Sinaloa, con el reto de cero tolerancia a la corrupción, tras las acusaciones de corruptelas que hay contra el Gobernador saliente, Mario López Valdez.
El Gobernador saliente y parte de su Gabinete, Armando Villarreal Ibarra y Ernesto Echeverría Aispuro, se van de la Secretarías de Administración y Finanzas y de Salud, respectivamente, sin resolver las siete denuncias penales que tienen en su contra ante la Procuraduría General de la República.
La Auditoría Superior de la Federación los acusó de malversar 645 millones 733 mil 376 pesos de los fondos del sector salud y educación, según los registros de la Federación en octubre.
Otras quejas de su Gobierno son el incremento de la deuda pública a más de 8 mil millones de pesos y el desorden financiero que provocó protestas en los dos últimos meses del sexenio.
Su despedida fue opacada por las manifestaciones de los constructores, textileros y otros proveedores que reclamaron el pago de las deudas, así se unieron los reclamos de los burócratas sindicalizados y de confianza, médicos, maestros, que exigían el reintegro de su aguinaldo y quincena.
Lo anterior, explica Samuel Campos Velarde, ex presidente del Centro Empresarial de Sinaloa, es reflejo del desorden en el manejo del erario.
“Es un reflejo de la mala actuación de la tesorería del Gobierno de Malova; la verdad es que el Gobierno no debe estar en bancarrota como lo están dejando, nunca habíamos vivido una situación de desaseo en el manejo de las finanzas”, asevera, en entrevista con Noroeste.
Manuel Clouthier Carrillo, Diputado federal independiente, lo llama “rata y corrupto”.
“¡No, Mario, eres una rata, eres una rata inmunda y eres un corrupto! Nos sentimos los sinaloenses defraudados con su gestión, yo me siento defraudado, merece el desprecio de los sinaloenses, al menos el mío lo tiene”, subraya.
A pesar de los reclamos, Ordaz Coppel ha declarado que no habrá “cacería de brujas” contra López Valdez.
“No habrá cacería de brujas. Vamos a aplicar la ley. Yo lo único que diría es que se aplique la ley”, declara el mazatleco al diario Reforma, en la víspera de su toma de posesión como Gobernador.
En medio de toda esta ola de denuncias y exigencias, Ordaz Coppel ya rindió protesta como Gobernador de Sinaloa para el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2021.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
