China niega la existencia de campamentos de detención de uigures y el embajador de China en la UE, Zhang Ming, insinuó que Beijing tomaría represalias. Cancilleres de la UE también impusieron sanciones por represión en Corea del Norte, en Libia, en Rusia, Sudán del Sur y Eritrea.
Bruselas, 22 de marzo (AP).— La Unión Europea impuso el lunes sanciones a cuatro funcionarios chinos debido a su participación en violaciones de derechos humanos contra musulmanes uigures, pese a amenazas de China de que tomaría represalias.
Los cuatro señalados son funcionarios de alto nivel en la región de Xinjiang.
Las sanciones incluyen congelar sus activos en la UE, la prohibición a viajar al bloque y tampoco podrán recibir asistencia económica de empresas y ciudadanos europeos.
China niega la existencia de campamentos de detención de uigures en la región de Xinjiang, ya que los considera campamentos de reeducación y adiestramiento laboral para personas inmersas en la ideología yihadista. Beijing también niega que estén ocurriendo allí violaciones de derechos humanos.
Xinjiang antes era foco de subversión contra el gobierno chino, pero Beijing ahora dice que sus medidas de seguridad han calmado a la región.
La semana pasada, el embajador de China en la UE, Zhang Ming, insinuó que Beijing tomaría represalias.
“Queremos diálogo, no confrontación. Pedimos a la UE pensarlo dos veces. Si alguien insiste en la confrontación, no retrocederemos, ya que no tenemos otra opción que cumplir con nuestras responsabilidades hacia las personas en nuestro país”, comentó.
El nuevo sistema de sanciones en la UE es similar a la Ley Magnitsky, de la época de la presidencia de Barack Obama, que autoriza al gobierno de Estados Unidos sancionar a quienes considera infractores de derechos humanos, congela sus bienes y les prohíbe la entrada al país.
Como parte de la medida del lunes, cancilleres de la UE también impusieron sanciones por represión en Corea del Norte; por homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas en Libia, tortura y represión contra personas de la comunidad LGBTI y opositores políticos en Chechenia en Rusia, y tortura, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitraritas, y homicidios en Sudán del Sur y Eritrea, según un comunicado.
La recién formada unidad del GOPES ya estaba bajo escrutinio por abusos de derechos humanos las semanas anteriores a la matanza de los migrantes.
Ciudad de México, 12 febrero (InsightCrime).- Estados Unidosadiestró una unidad de la policía mexicana con un historial problemático, incluso después de que funcionarios del Gobierno estadounidense, miembros de la sociedad civil de México y una destacada política mexicana señalaran a esa fuerza de violaciones de derechos humanos. En enero, varios integrantes de la misma fueron acusados de la masacre de 19 personas cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.
El 22 de enero, las autoridades descubrieron los 19 cuerpos, abaleados y luego calcinados, irreconocibles en una camioneta pickup quemada en el municipio de Camargo, cerca de la frontera con Texas. Las autoridades han logrado confirmar las identidades de 16 de las víctimas por medio de análisis de ADN; 14 de ellas eran migrantes guatemaltecos que viajaban hacia Estados Unidos, las otras dos tenían nacionalidad mexicana.
El 8 de febrero, la Fiscalía General de Tamaulipas anunció que había evidencia suficiente contra 12 agentes del grupo de operaciones especiales de Tamaulipas (GOPES) para llevarlos a juicio por la masacre.
La recién formada unidad del GOPES ya estaba bajo escrutinio por abusos de derechos humanos las semanas anteriores a la matanza de los migrantes. El 6 de enero, un grupo de por lo menos 25 familias en Ciudad Míer acusó a varios agentes del GOPES de haber “atacado, robado e intimidado” a su comunidad. Se señaló a miembros de ese cuerpo de la presunta desaparición y tortura de hasta cuatro personas.
19 cuerpos y vehículos calcinados fueron localizados en el poblado de Santa Anita. Foto: Cuartoscuro
El 13 de enero, la diputada mexicana Olga Juliana Elizondo instó a la Fiscalía General de Tamaulipas y a la Secretaría de Seguridad Pública a “investigar y, en su caso, sancionar las violaciones de derechos humanos por el GOPES”.
En 2020, un grupo de agentes del GOPES recibieron adiestramiento de autoridades estadounidenses, según el comandante del grupo, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, quien fue citado en múltiples medios informativos. No está claro cuál fue el organismo estadounidense que brindó el entrenamiento y la manera como este se realizó, pero los agentes de la unidad tienen historial de entrenamiento con las autoridades estadounidenses.
Esa unidad se había reestructurado a partir del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) luego de que sus agentes resultaran acusados de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en 2019, y fueron señaladas por la Administración Antinarcóticos (DEA) estadounidense por presuntos abusos.
A pesar de esos problemas, los agentes del CAIET participaron en adiestramiento táctico junto a agentes locales de Texas en 2019, como lo muestran un video e informes oficiales del Gobierno.
Unidad de Crímenes especiales del condado Starr comenta el adiestramiento al CAIET en enero de 2019 en una publicación de Facebook.
Más aún, tres de los 12 agentes arrestados en conexión con la masacre ocurrida en enero recibieron entrenamiento en habilidades básicas y como supervisores de primera línea de la Oficina Estadounidense de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad (International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL), según un funcionario del Departamento de Estado.
Según ese delegado, los tres agentes que participaron en el entrenamiento del INL lo hicieron en 2016 y 2017, antes de ser asignados al CAIET o GOPES. El entrenamiento, según el mismo funcionario, se prestó de conformidad con la Ley Leahy, promovida por el senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont, la cual prohíbe la financiación de entrenamiento de agentes o unidades de países extranjeros si existe evidencia que los implique en violaciones de derechos humanos.
LA CONEXIÓN CON TEXAS
El grupo del CAIET se remonta a 2012, cuando fue creado por el Gobierno de Tamaulipas. En enero de 2017, tres meses después de la llegada de Francisco García Cabeza de Vaca a la gobernación del estado, se modificó el mandato de este cuerpo para convertirse en una fuerza especialmente verificada y dotada de armas de grueso calibre para combatir a los grupos criminales.
Esa unidad rinde cuentas directamente a Cabeza de Vaca, un funcionario a quien la Fiscalía ha acusado de nexos con grupos narcotraficantes, como el Cartel del Golfo, y tiene una investigación abierta en la Procuraduría General de México por presunto lavado de dinero.
En su toma de posesión, Cabeza de Vaca hizo énfasis en mejorar la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad fronteriza. Como parte de su segundo balance de gobierno, presentado en septiembre de 2018, Cabeza de Vaca mostró que entre agosto de 2017 y julio de 2018, un total de nueve agentes de la policía estatal de Tamaulipas recibieron capacitación técnica junto con varios agentes del estado de Texas y miembros de varios organismos federales, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Protección de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection, CBP), entre otros.
El registro deja en claro que varios agentes de la unidad del CAIET entrenaron recientemente con agentes de orden público de Texas en el condado Starr, justo al otro lado de la frontera de Tamaulipas. En enero de 2019, el Fiscal del condado Starr Víctor Canales Jr. invitó al CAIET a participar en un intercambio de ideas, tácticas e información “sin precedentes” en la ciudad de Rio Grande, Texas. El video del adiestramiento muestra a agentes de seguridad del estado de Texas y a efectivos de operaciones especiales de Tamaulipas hombro a hombro en el adiestramiento táctico en operativos con armas de grueso calibre.
“Es la primera vez que hacemos un ejercicio de adiestramiento como este entre el Gobierno del estado de Tamaulipas y la Fiscalía de distrito del condado Starr”, señaló Canales Jr. El director del CAIET Félix Arturo Rodríguez Rodríguez añadió que ambas unidades trabajaban con el mismo objetivo: “combatir el crimen e impedir que se extienda”.
El entonces director del CAIET, Félix Rodríguez Rodríguez, da una entrevista durante el adiestramiento de 2019 en Texas. Foto: Insight Crime
Esos ejercicios a nivel estatal no están sujetos al mismo escrutinio que los federales, supeditados a la ley federal, según comentó Adam Isacson, director de supervisión en temas de defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en conversación con InSight Crime. La Ley Leahy solo regula el adiestramiento, dotación o asistencia de otra índole brindada por los departamentos de Defensa o Estado estadounidenses a fuerzas de seguridad extranjeras mediante programas de asistencia en seguridad que usen dineros asignados mediante el Proyecto de Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras.
Rebautizo de una unidad en medio de las alarmas prendidas
En enero de 2019, poco después del ejercicio de adiestramiento en Texas, videos de vigilancia y tomados con teléfonos móviles captaron a varios agentes del CAIET presuntamente durante un secuestro de hasta siete integrantes de una familia en Díaz Ordaz, al sur de la frontera Estados Unidos-México en Tamaulipas. En los videos, que tuvieron amplia difusión en las redes sociales y el gigante informativo Televisa, puede verse cómo sacan a la familia de su casa por la fuerza y cómo se los llevan en un vehículo que aguarda.
Ese mismo mes, la oficina de la DEA en Phoenix, Arizona, difundió una circular sobre el CAIET. La circular de la DEA señalaba que el grupo estaba adelantando “operativos” en los cuales detenían a personas, que en la mayoría de los casos se encuentran desaparecidas e incluso fueron entregadas a grupos del crimen organizado”.
La fuerza de operaciones especiales se vio de nuevo envuelta en la controversia pocos meses después. A comienzos de septiembre de 2019, varios miembros del CAIET fueron acusados de secuestrar y golpear a ocho personas en Nuevo Laredo, a quienes obligaron a vestirse como sicarios y luego ejecutaron y pusieron armas en las manos para simular la escena de un tiroteo, según relatos de testigos recogidos por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. No hubo videos de ningún supuesto enfrentamiento con algún grupo criminal.
Por esa misma época, el Gobierno estatal de Tamaulipas estaba lanzando una nueva fase de una iniciativa binacional con las autoridades federales estadounidenses.
El Gobernador Cabeza de Vaca viajó a Washington, D. C. pocos días después de las presuntas ejecuciones extrajudiciales a reunirse con John Cornyn, senador estadounidense por el estado de Texas para hablar sobre temas de interés común, como la seguridad fronteriza y la cooperación entre las autoridades de Texas y Tamaulipas.
Luego, en octubre de 2019, el CBP relanzó una iniciativa propuesta originalmente en 2016 con el nombre de “Se Busca”, que sigue vigente actualmente. El programa consiste en la “divulgación, a ambos lados de la frontera, de una lista de 10 objetivos prioritarios”, entre otros. También incluye una línea de información abierta al público, y la inteligencia de la CBP se comparte con los funcionarios de seguridad de Tamaulipas.
Un vocero de la CBP comentó a InSight Crime mediante un mensaje de correo electrónico que el organismo ha “realizado varios ejercicios de entrenameinto con la policía del estado de Tamaulipas para acrecentar la colaboración y reforzar la seguridad a ambos lados de la frontera”. No es claro si esto incluyó las fuerzas de operaciones especiales. El vocero no especificó con qué organismos de orden público en Tamaulipas la CBP comparte inteligencia como parte de la iniciativa “Se Busca”.
En agosto de 2020, en medio de la controversia que rodeaba al CAIET en Tamaulipas, el Gobernador Cabeza de Vaca anunció la formación de un grupo de operaciones especiales supuestamente nuevo, el GOPES. Sin embargo, ese grupo comprende los mismos integrantes del CAIET, incluido su director, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez.
En la época de formación del grupo, Rodríguez fue citado en varios medios de noticias locales en Tamaulipas anunciando que la unidad recibió adiestramiento de Estados Unidos, aun después de que sus miembros fueron blanco de numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos a lo largo de 2019. El diario local El Mañana informó que después de haber recibido entrenamiento bajo la supervisión de la Secretaría de Marina de México, el GOPES fue “entrenado por expertos en seguridad del Gobierno de Estados Unidos en un curso de dos meses”.
No está claro quién exactamente dio ese entrenamiento. Ni el Departamento de Estado ni INL tienen registros de entrenamiento a unidades del GOPES o del CAIET de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Al momento de esta publicación, ni el Fiscal del condado Starr Canales Jr. ni el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas habían respondido a las solicitudes de comentario hechas por InSight Crime.
El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas respondió a InSight Crime en un mensaje de correo que no tenía información para dar. La Comisaría del condado Starr no respondió los múltiples pedidos de un pronunciamiento al respecto hechos por InSight Crime.
El diputado Henry Cuéllar, quien representa el Distrito Electoral 28 de Texas, que cubre el condado Starr y la ciudad de Río Grande, donde se realizó el entrenamiento del CAIET en 2019, dijo a InSight Crime que “no sabe de ningún entrenamiento [del GOPES]… que se hubiera realizado en el condado Starr” el año pasado.
En octubre de 2020, el diputado Cuéllar, junto con los funcionarios estadounidenses del CBP, la Autoridad de Aduanas e Inmigración (ICE), el departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado asistieron a la gran inauguración de una nueva instalación de seguridad pública en Reynosa. El GOPES tiene una base de operaciones allí y otra en Ciudad Victoria.
El diputado añadió que el Gobernador Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y los funcionarios estadounidenses han presionado para que haya “un esfuerzo cooperativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas para reforzar la seguridad en la frontera”.
Michele Bachelet destacó que el acuerdo que se firmó el día de hoy con el Gobierno de México para dar acompañamiento a la implementación de la Guardia Nacional tiene un componente educativo.
Destacó que el Gobierno de México esté hablando “de rendición de cuentas, de transparencia, de indicadores de derechos humanos que permitan mirar si efectivamente la Guardia Nacional va en la dirección correcta o se está desviando”. “La oficina no dudará en alertar si ve que hay cualquier tipo de situación que no corresponda al espíritu de lo que se busca y al espíritu del acuerdo”, aseguró.
Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– Verónica Michelle Bachelet Jeria no sabía de los horrores que sufre México, producto de tanta violencia. Y en algún momento de hoy pareció desolada:
“Para mí es una sorpresa todo lo que me he encontrado […] el número de 40 mil desaparecidos no era algo que tuviera así de claro, o los 26 mil cuerpos sin identificar, o las nueve mujeres asesinadas cada día, yo sabía de la violencia, eso lo sabía muy bien pero no tenía impresión de la dimensión de estos casos de violaciones de derechos humanos”, indicó.
Sin embargo destacó que las nuevas autoridades del país “han reconocido que México tiene una crisis de derechos humanos y por tanto también la voluntad”.
Durante su discurso de cierre de su visita a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que al reunirse con familias de víctimas de desaparecidos se encontró con los mismos “gritos, las mismas peticiones de verdad y justicia, las mismas canciones” que en Chile con las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.
“Fue también traerme de vuelta esos dolores, eso que me tocó vivir en mi país”, recalcó. “Fue emocionalmente muy fuerte. Fue escuchar un dolor que no era desconocido para mí. Era como volver a una parte de mi historia y mirar desde mi cargo actual cómo yo puedo apoyar a que el país avance”, insistió.
“Pero por otro lado también en mi país pudimos avanzar, en todas las líneas que ustedes tienen como desafío, en las líneas de la justicia, de la verdad, de hacer mecanismos que permitan las garantías de no repetición”, añadió.
Indicó que la otra sensación que se lleva es que no puede comparar totalmente lo que sucede en México con Chile, y destacó que aquí es mucho más complejo porque se deben de coordinar varios niveles de poderes.
Dijo también que son contextos muy distintos por lo que no puede llegar con recetas propias. “Es un reto realmente enorme”, consideró, pero reiteró que hay voluntad política.
VAMOS A ALERTAR SI ES NECESARIO
Michele Bachelet destacó que el acuerdo que se firmó el día de hoy con el Gobierno de México para dar acompañamiento a la implementación de la Guardia Nacional tiene un componente educativo. “Porque más allá lo que es clave en cualquier estructura de seguridad es el paradigma que se sigue”, explicó.
Dijo que se observará cuáles son los comportamientos de las Fuerzas de Seguridad y cuáles son las leyes que se tienen.
Destacó que el Gobierno de México esté hablando “de rendición de cuentas, de transparencia, de indicadores de derechos humanos que permitan mirar si efectivamente la Guardia Nacional va en la dirección correcta o se está desviando. Dijo que estos serán un conjunto de mecanismos que permitirán el acompañamiento al Gobierno de México.
“La oficina no dudará en alertar si ve que hay cualquier tipo de situación que no corresponda al espíritu de lo que se busca y al espíritu del acuerdo”.
“Nuestra tarea es apoyar pero también alertar si las cosas no van por el camino que corresponde”, recalcó.
CRISIS DE DESAPARECIDOS
La ex Presidenta de Chile destacó que del Gobierno de México han visto voluntad para atender la crisis de desaparecidos que vive el país, sin embargo, dijo, faltan algunos recursos.
“Hemos recibido el claro compromiso del Gobierno de avanzar en el tema de los desaparecidos”, anunció Bachelet. Y dijo que su Oficina espera como comunidad internacional aportar en todo aquello que México pudiera no tener.
Dijo que en México no hay arqueólogos ni antropólogos forenses; orden en los bancos de datos.
“Es armar todo un sistema ordenar lo que hay, relacionarlo con los familiares; generar mayor capacidad técnica, pero también junto con la comisión forenses buscar nuevas capacidades internacionales tanto forenses como tecnológicas”.
Señaló que cuando se habla de números tan grandes de víctimas se requerir de un cierto plazo para poder generar los apoyos.
También anunció que el Gobierno de México se está preparando para presentarse ante el Comité Anti Tortura para recibir todas las recomendaciones.
SU OFICINA SERÁ ALIADA
Al inicio de su discurso de cierre de su visita a México, la Alta Comisionada de la ONU destacó el momento crucial que México vive, de “transformación y oportunidades”, en el que el Presidente Lopez Obrador ha expresado su voluntad de implementar un “cambio de paradigma”.
“Reconozco esta determinación y quiero mostrar mi voluntad y la de mi oficina en México para apoyar”, indicó. Dijo que el hecho de que su visita se haya concretado durante los primeros meses del nuevo Gobierno muestran su apertura a los organismos internacionales para avanzar en la construcción de una sociedad con respeto a los derechos humanos.
“El actual Gobierno ha reconocido los graves abusos a derechos humanos ocurridos en el país; ha asumido la responsabilidad y ha ofrecido disculpas en algunos casos”, dijo y también destacó que está tomando medidas para otros casos como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Este caso emblemático ocupó los titulares de prensa del mundo entero. Yo de hecho como Presidenta lo seguí día a día. Pero no sólo cuando ocurrió sino también cuando el Grupo Interdisciplinario identificó las graves irregularidades en este caso.
Recordó que en 2018 un informe de la oficina que encabeza reveló graves violaciones de derechos humanos para imponer la verdad histórica. Por ello destacó que el nuevo Gobierno quiera llegar a la verdad y dar justicia a las familias de las víctimas, en el proceso que colaborará la oficina de la ONU en México.
“Mi oficina será una aliada que no va a dudar en contribuir en que se den avances y al mismo tiempo alertará en caso de incumplimiento. Pedimos conocer el paradero de los muchachos”, añadió.
Dijo que este caso “reveló al mundo un problema central y transversal en México: el de las más de 40 mil personas desaparecidas, un cuarto de ellas mujeres”.
“A la par, existen 26 mil cuerpos sin identificar registrados por el Estado y se han localizado más de 850 fosas clandestinas. Estos datos son aterradores Más grave aún es el hecho de que sigan produciéndose nuevas desapariciones, tal y como estableció en 2018 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Así como que en la inmensa mayoría de los casos la impunidad sea la regla”, añadió.
Y destacó que “en este contexto, saludo la presentación desde el Palacio Nacional del Plan para la Implementación de la Ley General en materia de Desapariciones, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y la intención anunciada de crear el Sistema Único de Información y de un Instituto Nacional para la Identificación Forense”.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
