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La muerte se enseñoreó en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Chihuahua

sábado, enero 15th, 2022

Durante 2021, mil 407 personas murieron en asesinatos múltiples en México. Estados del Occidente del país registran más de la mitad de los homicidios masivos. Otro porcentaje importante ocurre en las entidades fronterizas con Estados Unidos. Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, los que tienen más masacres. Baja California se ubica en octavo lugar, con 13 eventos criminales de ese tipo y 47 víctimas mortales. En el Valle de Mexicali ocurrió la primera matanza de 2022, con cinco ejecutados el 1 de enero.

Por Luis Carlos Sáinz

Tijuana, 15 de enero (ZETA).– Apenas inicia un nuevo año y ya se registran multihomicidios en diversas entidades de la República Mexicana, sin que Baja California esté exento del fenómeno, pues cinco personas fueron asesinadas a balazos el primer día de enero, en un hecho que consternó al Valle de Mexicali, al parecer por una disputa en el tráfico de drogas al detalle, según versión de las autoridades. Fue el primer evento criminal masivo del país, incluso antes del cuádruple asesinato de Coacalco, Estado de México el día 3 de este mes.

Durante 2021 se registraron al menos 326 masacres en 26 estados del país, con un saldo de mil 407 personas fallecidas, de acuerdo con un recuento realizado por ZETA, al considerarse que una masacre ocurre cuando en un solo hecho son privadas de la vida dolosamente tres personas o más, como coinciden algunos organismos de la sociedad civil a nivel internacional y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Gráfico: Zeta.

El año que recién concluyó, se caracterizó por la espiral de violencia que se registra en México durante los últimos tiempos, dejando 28 mil 160 homicidios dolosos -un promedio de 77.15 por día-, como lo destacan indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además del monitoreo realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de derechos Humanos (CMDPDH), que señala que durante diez meses de 2021 se registró el desplazamiento de 36 mil 682 personas de sus comunidades a causa de la violencia e inseguridad.

En cuanto a los asesinatos múltiples registrados en el último año, el primer lugar lo ocupa Zacatecas, donde hubo 57 masacres con 255 personas privadas de la vida; le sigue Guanajuato, con 49 matanzas y 209 muertos; Michoacán, 28 homicidios masivos y 132 fallecidos; Jalisco, 28 masacres con 113 difuntos; Chihuahua, 24 sucesos de este tipo y 107 occisos; Sonora, 15 multiasesinatos con 55 víctimas mortales; Tamaulipas, 13 eventos y 84 cadáveres; Baja California, 13 casos con 47 caídos; Guerrero, 12 matazones y 58 finados; y Estado de México, que tuvo 12 asuntos con 57 sacrificados.

Foto: Zeta.

Es de advertirse que al menos la mitad de toda esa violencia masiva se registra en cinco estados del Occidente del país, como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Colima, que participan activamente en la comisión de homicidios dolosos, desaparición forzada de personas y localización de fosas clandestinas con cadáveres o restos humanos. El resto de entidades que registran masacres son estados fronterizos con Estados Unidos como Chihuahua, Sonora, Baja California y Tamaulipas.

Estos actos de violencia masiva y brutal ferocidad han llegado a niveles de destrucción insospechados, al grado de que en muchas de las masacres no se ha respetado la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes ajenos a los conflictos de los sicarios con las víctimas a las que buscaban, principalmente por venganzas relacionadas con el crimen organizado, la tenencia de la tierra o el apoderamiento de recursos naturales.

A NIVEL NACIONAL

Durante 2021 se registraron acontecimientos inauditamente violentos. Así, el día 2 de enero se dio el hallazgo de 15 cadáveres en Chihuahua y la ejecución de nueve personas que acudieron a un velorio el día 7 en Celaya Guanajuato. Cuatro días después, en esa entidad, pero en el municipio de Villagrán, un enfrentamiento armado terminó con la vida de nueve personas. El 18 fue de terror, pues ocho personas fueron asesinadas en Fresnillo, Zacatecas y 12 cuerpos abandonados sobre un camino de Las Choapas en Veracruz. El 22 de enero se reportó el hallazgo de 19 cuerpos calcinados, 14 de ellos migrantes guatemaltecos, en dos camionetas incendiadas en Camargo, Tamaulipas.

El 27 de febrero se reportó la muerte de quince personas por un enfrentamiento entre un grupo armado y habitantes de la región en Coyuca de Catalán, Guerrero; y en la misma fecha, en la colonia La Jauja de Tonalá, Jalisco, un grupo armado asesinó a once personas, entre ellas una mujer y un niño.

El 18 de marzo, trece policías estatales fueron emboscados en Coatepec Harinas en el Estado de México, sin tener la oportunidad de defenderse, mientras que otros de sus compañeros heridos lograron sobrevivir. En tanto, el 17 de mayo, fueron asesinados a balazos ocho hombres y una mujer dentro de una camioneta de redilas en Zitácuaro, Michoacán.

El 18 de noviembre, en un puente vehicular de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, fueron localizados los cadáveres colgados de diez personas de sexo masculino con los pantalones abajo. Foto: Zeta.

El primer semestre del año cerró con varios homicidios masivos. El 6 de junio se localizaron nueve cadáveres, dos eran de mujeres, ejecutados en la comunidad de Huertecillas, en los límites de San Luis Potosí con Zacatecas. El día 19, un comando armado en tres camionetas disparó a civiles al azar en diversas colonias de Reynosa, Tamaulipas, asesinando a 19 personas. Cinco días más tarde, 18 personas fueron asesinadas en un largo enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado en San Juan Capistrano, municipio de Valparaíso, Zacatecas; y el 29 de junio, nueve hombres muertos fueron encontrados con disparos de arma de fuego en Tamaulipas, sobre la carretera Miguel Alemán-Mier, cerca del rastro municipal.

El 17 de julio, un comando asesinó a seis hombres y a dos mujeres durante un ataque en una fiesta en Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco, en Zacatecas. El 29, ocho hombres que portaban ropa táctica fueron asesinados a balazos en un campamento clandestino en Cotija, Michoacán. El 7 de agosto, al menos ocho personas (siete hombres y una mujer) fueron asesinadas a balazos durante una fiesta en un domicilio particular en la colonia Santa María, en Irapuato, Guanajuato. En septiembre, el día 15, hallaron diez cadáveres torturados durante un cateo en un predio de Machines en Zacatecas Capital; y el 24, encontraron los cuerpos de nueve personas con ataduras y huellas de tortura en un terreno de El Bravo, municipio de Pinos de la misma entidad federativa.

Entre los crímenes que destacaron al final del año, está el del 2 de noviembre, cuando once jornaleros aguacateros (seis adolescentes y cinco adultos) fueron asesinados por un grupo armado en una brecha de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán. El 18 de noviembre, en un puente vehicular de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, fueron localizados los cadáveres colgados de diez personas de sexo masculino con los pantalones abajo. Y el 28 de diciembre, se registró una masacre en la comunidad de La Aldea en Silao, Guanajuato, con saldo de ocho personas muertas, entre ellas Leonardo, un niño de un año cuatro meses de edad. Otra víctima tenía 16 años. Los asesinos huyeron en una motocicleta.

EN BAJA CALIFORNIA

En esta entidad, segundo lugar a nivel nacional en incidencia de homicidios dolosos, después del Estado de Guanajuato, se conoció de al menos 13 crímenes con tintes de masacre desde los primeros días del año recientemente concluido, como fueron los del 4 de enero, cuando se localizaron cuatro cuerpos sin vida en la zona el Mirador en Tecate, y el del día siguiente, con la ejecución a balazos de cinco jóvenes en el exterior de una vivienda en la colonia Nueva Hindú, en el mismo municipio. El 24 de enero, fueron hallados cuatro cuerpos atados de pies y manos al interior de una vivienda de Tijuana.

El 12 de febrero, tres hombres fueron asesinados en la carretera Ensenada-Tecate. Después, la noche del 9 de marzo, se conocería que un hombre asesinó a sus tres hijos de 10, 9 y 4 años, para después quitarse la vida en su casa del fraccionamiento Natura en Tijuana. El día 17, en San Quintín, fueron localizados los cuerpos de tres personas asesinadas. Cuatro días después, se registró un ataque armado al interior de la llantera Gigante, sobre Paseo del Campo y Carretera Libre a Tecate, cerca de Villa del Campo en Tijuana, donde hubo tres muertos y un herido.

La madrugada del 17 de julio, se registró un ataque armado en un domicilio de la calle Octava y Arquímedes en la colonia Camino Verde, con saldo de tres hombres muertos y otro lesionado, al parecer por líos de narcomenudeo, pues el sobreviviente estuvo en prisión por esa actividad. El 3 de agosto, en un ataque armado en contra de cinco personas en la colonia Emiliano Zapata de Ensenada, murieron tres de las víctimas. El día 31, un grupo armado irrumpió en una empresa de la colonia Misión del Pedregal, al Oriente de Tijuana, para asesinar a tres personas.

Nuevamente, en una vivienda situada en la colonia Camino Verde en Tijuana, el 19 de octubre, fueron localizados tres hombres sin vida con huellas de violencia y a su costado una cartulina con un texto amenazante. La noche del 31se registró una balacera en la pista Lázaro Cárdenas en Los Cuervos, en la zona dunera de Ciudad Morelos, donde fueron asesinados tres jóvenes; uno de ellos Jesús Eduardo Garibay Salazar, familiar directo del conocido narcotraficante Manuel Garibay Espinoza “El Meño”, líder del grupo criminal Los Garibay, que opera en el Valle de Mexicali.

Durante 2021 se registraron acontecimientos inauditamente violentos. Foto: Cuartoscuro.

El 23 de noviembre, tres hombres fueron asesinados y uno más resultó lesionado durante un ataque armado en el complejo habitacional Puerto Salina, en la delegación La Misión de Ensenada. Y finalmente, otro hecho consternó a los habitantes de Tijuana la noche del 3 de diciembre, cuando cinco miembros de una familia, entre ellos tres niños de 4, 6 (niña) y 8 años de edad, fueron asesinados en su domicilio de la privada de La Luna, Colonia Nueva Aurora Sur.

Todas estas matanzas tienen un común denominador, pues se desconoce a ciencia cierta el móvil de cada una de ellas y no hay personas detenidas que respondan por los crímenes, debido a la inoperancia y falta de capacidad para investigar de las autoridades de procurar justicia. Los propios policías de todos los niveles de gobierno y corporaciones son víctimas de la misma delincuencia, tan es así que en 2021 fueron asesinados 391 elementos en el país, y en Baja California cayeron abatidos 15 agentes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Es una vergüenza que a un año de la matanza yo, como víctima, esté en ascuas, dice Adrián LeBarón

miércoles, noviembre 4th, 2020

La comunidad LeBarón realiza hoy un servicio memorial para recordar a las nueve víctimas de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– La masacre de nueve integrantes de las familias Langford, Miller y LeBarón en Bavispe, Sonora, cumple un año y aún no hay justicia. La mayoría de los presuntos responsables no han sido procesados, otros ni siquiera detenidos, y el crimen sigue sin ser esclarecido, denunció Adrián LeBarón, familiar de las víctimas.

“Es una vergüenza que a un año no se haya esclarecido el caso y que yo como víctima esté en ascuas. Lo que es justicia, después de un año, no la he visto”, dijo Adrián LeBarón, padre de Rhonita Lebarón y abuelo de los niños Howard Jr, Krystal y los gemelos Titus y Tiana, quienes murieron en la matanza.

En entrevista con SinEmbargo, LeBarón denunció que la investigación está “atorada”, que funcionarios en la Fiscalía General de la República (FGR) han obstaculizado la indagatoria y hasta el momento, de 12 personas detenidas, solo una está procesada penalmente por el multihomicidio.

“Hay gente dentro de la policía investigadora que está impidiendo que el caso avance”, afirmó.

Hoy la familia LeBarón realizará un servicio memorial en honor a las víctimas. Foto: Cuartoscuro

Este 4 de noviembre se conmemora el primer año del ataque en la comunidad mormona La Mora, ubicada en Bavispe, Sonora, donde nueve personas –tres mujeres y seis niños– fueron asesinadas tras un ataque armado, donde uno de los vehículos fue incendiado.

Ocho niños sobrevivieron: siete menores –cinco con heridas de bala– lograron escapar, se escondieron entre los arbustos y luego caminaron kilómetros en busca de ayuda; otra menor, una bebé de meses de edad, fue localizada ilesa en una de las camionetas.

La comunidad LeBarón realiza hoy un servicio memorial para recordar a las víctimas.

“Ahorita toda la comunidad tenemos el corazón acongojado porque revivimos esa experiencia tan fea del 4 de noviembre del año pasado”, comentó Adrián.

INVESTIGACIONES “ATORADAS”

Las investigaciones seguidas por el Ministerio Público Federal apuntan al grupo delictivo La Línea, célula del Cártel de Juárez que opera en Chihuahua, Sonora y Sinaloa, como los probables responsables del multihomicidio.

Las indagatorias se han realizado de manera conjunta entre la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 24 de agosto dijo que “prácticamente está terminada toda la investigación y están detenidos la mayoría de los responsables”.

Adrián LeBarón negó categóricamente que las investigaciones hayan avanzado, pues dijo que hasta la fecha ni siquiera han detallado el móvil del crimen.

“Estamos en ascuas. No sabemos, no nos han dicho qué pasó y dicen que es el caso más importante, en el que están colaborando SEIDO y FBI. Ya pasó un año y nos quedamos atorados, no sabemos que pasó”, expresó el también activista.

Adrián LeBarón relató que durante la visita presidencial a la comunidad La Morita, Sonora, el pasado 3 de octubre, López Obrador les prometió “que el 15 de diciembre iba a volver para inaugurar un monumento dedicado a las víctimas de la masacre y que nos iba a decir que pasó”.

Y añadió: “En ese momento yo vi la cara de todo los del cuerpo de seguridad [que acompañaba al Presidente] y nomás los vi torcer los ojos. A lo mejor nos van a dar atole con el dedo, nos van a querer contar las muelas, pero pues hay que ver”.

Las autoridades han atribuido la masacre a un presunto enfrentamiento entre La Línea y Los Salazar, un brazo armado del Cártel de Sinaloa, ambos grupos criminales con presencia regional y que se disputan el control territorial para el tráfico de drogas.

Sin embargo, la familia LeBarón ha acusado al Cártel de Juárez de coordinar el ataque como parte de un intento de varias décadas para intimidar y coaccionar a la población local e influir en el Gobierno mexicano, de acuerdo con una denuncia que interpusieron el pasado 29 de julio ante la Corte de Estados Unidos.

FALTA QUE SEAN PROCESADOS

La Fiscalía apunta que hay al menos 40 presuntos involucrados en la masacre, según dio a conocer desde enero pasado el activista Julián LeBarón luego de una reunión con integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).

Al menos 12 personas presuntamente relacionadas con el ataque han sido aprehendidas a lo largo del año, sin embargo, Adrián LeBarón afirmó que sólo uno de ellos está procesado por el multihomicidio.

“Solo hay un vinculado a proceso por el homicidio, pero los otros 11 que están detenidos solo han sido procesados por delincuencia organizada. La Fiscalía aún no reúne suficientes pruebas para que los vinculen a proceso por el multihomicidio, es donde yo veo que hay una falla ahí”.

Además, agregó LeBarón, en Estados Unidos fue detenida otra persona que se presume podría estar relacionada “pero a ese otro no lo suelta el FBI, no está detenido por el crimen[masacre]”, insistió.

Una de las camionetas en las que viajaban las víctimas fue incendiada. Foto: Cuartoscuro

El familiar de las víctimas dijo que el avance más importante que le ha dicho la Seido es que ya se giraron al menos 20 ordenes de aprehensión, pero no han podido ser ejecutadas.

“Y eso es lo cabrón: que el juez ya autorizó que levanten a estos asesinos, pero parece ser que cada vez que tratan de detenerlos ellos se escapan como garrapatas, como moscas o alacranes porque alguien les avisa […]Hay un procesado y un montón de órdenes de arresto, pero hay una falla”.

El abuelo de cuatro de los niños masacrados está convencido que hay corrupción en la Policía Investigadora de la FGR y funcionarios que impiden el desarrollo de la investigación.

“Yo sé que hay gente… que a alguien le interesa que este caso no avance. En la Policía investigadora había un comandante ministerial que sí estaba trabajando. Yo estuve con él muy de cerca y sé de primera mano que él fue el que rastreo y logró la captura de todos los que están ahora detenidos. Hace algunos meses dejaron de haber detenciones y el problema principal es que a este jefe comandante ya no le volvieron a renovar su contrato de policía ministerial federal. Todo parece indicar que estaba haciendo tan buen trabajo que lo quitaron de en medio porque parece ser que hay otros compromisos por otros lados”, narró.

Adrián LeBarón exige justicia para las víctimas.  Foto: Cuartoscuro

Para el activista el cambio de la titularidad en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) representa una oportunidad, pues comentó que solicitará a la nueva titular, Rosa Icela Rodríguez, que en la medida que pueda intervenir, presione para que haya una depuración en la policía investigadora, pues la impunidad es uno de los mayores generadores de inseguridad.

“A ver si puede tener injerencia para limpiar a los mandos que están arriba de la policía investigadora dentro de la Seido. Yo quisiera conseguir cita para ver si nos ayuda para que se limpie esa corrupción que hay en la Policía Investigadora porque Gertz Manero no quiere hacer el trabajo”, detalló.

LeBarón también opinó sobre el paso de Alfonso Durazo en la SSPC y lo acusó de usar el dolor de las víctimas para destaparse en Sonora.

“A Durazo lo vi como tres veces después de la masacre. Vinieron Gertz Manero y Durazo quesque ‘a atender a las víctimas’, pero traían el mismo cuento de siempre y de pilón fueron a inaugurar un cuartel de Guardia Nacional, pero a los familiares de las víctimas no nos dejaron participar. Le quisieron echar la culpa a la pandemia, pero lo que sí vimos es que utilizaron a las víctimas para pararse la cola con ese cuartel de la Guardia Nacional y, a mi punto de vista, para destapar a Durazo”.

El caso causó conmoción a nivel internacional. Tres madres y seis niños masacrados por el crimen organizado. Foto: Cuartoscuro

Finalmente, el activista exigió el esclarecimiento de los hechos y justicia para sus familiares.

“Es responsabilidad de Gobierno hacerle saber a ellos, los sobrevivientes y los 20 huérfanos que dejaron esas tres madres, y nosotros, yo como padre de una de las mujeres, que el Gobierno nos diga qué pasó, quien es responsable, pero resulta que no nos dicen. A uno le entra la decepción, la depresión. Se sufre mucho. Los niños tienen pesadillas en la noche. Yo te puedo garantizar que el Estado, hasta ahora, nos ha fallado”, aseguró.

El Presidente miente: masacres y ejecuciones siguen potentes en México, dicen víctimas y activistas

domingo, septiembre 6th, 2020

Horas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la delincuencia organizada ya no mandaba en el país y no había masacres, un grupo armado acribilló a los asistentes de un velorio en Cuernavaca, Morelos. El ataque dejó seis personas muertas y 15 heridas.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Organizaciones y defensores de derechos humanos y víctimas de la violencia rechazaron y recriminaron el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde aseguró que en México ya no hay masacres ni desapariciones. 

“Nosotros tenemos otros datos. Me parece que al Presidente le está faltando dimensionar el dolor de las víctimas”, indicó Raymundo Ramos del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización que documenta violaciones de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas.

“Es incorrecto lo que dijo el Presidente; es absolutamente incorrecto. Yo me pregunto: ¿por qué dice eso?, pero pues parece que es su especialidad, decir mentiritas, y lo más cabrón de todo es que la mitad de la población lo cree”, expresó en entrevista con SinEmbargo, Adrián LeBarón, padre y abuelo de víctimas de la masacre ocurrida contra una familia mormona en noviembre pasado en Bavispe, Sonora.

Durante el Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “ahora hay justicia para el pobre. En materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el Gobierno federal funcionarios como García Luna”.

Las declaraciones del mandatario generaron indignación entre víctimas de violencia, defensores y especialistas, pues afirmaron que tanto las masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, persisten en el país.

Adrián LeBarón familiar directo de las mujeres y menores asesinados en Sonora, cuestionó las declaraciones del Presidente, Andrés Manuel López Obrador Foto: Victoria Valtierra, Claroscuro

La oficina de Amnistía Internacional en México respondió que es falso que ya no haya torturas, desapariciones ni masacres. En un mensaje en redes, la organización indicó que 11 mil 653 personas han desaparecido en el país desde que López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018.

Adrián LeBarón también respondió vía redes en contra de la declaración del mandatario, pues recordó que la masacre contra su familia en Bavispe, Sonora, ocurrió durante el primer año del sexenio actual.

“Dice López Obrador que ya no hay masacres, ¿se le olvida que la de mi hija y nietos fue durante el año que informa?, ¿y las tantas ejecuciones en el país, esas tampoco cuentan? ¿Creerá que si no las menciona no existen? Quiero vivir en su México, ahí todos seríamos felices”, escribió.

En entrevista con SinEmbargo, Adrián LeBarón lamentó las declaraciones del Jefe del Ejecutivo. “Yo no quisiera hablar mal de mi Presidente porque es mi Presidente, pero mete las patas muy seguido”, dijo.

Lebarón consideró que el mensaje de AMLO es con ánimo electoral: “Es un discurso como si estuviera en campaña, para conseguir votos y lo más triste de todo es que la mitad de la población se lo cree. Yo, incluso, en mi propia familia hay quienes le creen todo a López Obrador”, dijo.

LAS MASACRES

A unas horas de que el mandatario nacional aseguró que la delincuencia organizada ya no mandaba en el país y no había masacres, un grupo armado atacó a los asistentes de un velorio provocando la muerte de al menos seis personas y dejando 15 heridos en calles de la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, Morelos.

Los hechos se registraron cerca de las 22:30 horas del 1 de septiembre en una casa de la calle Lázaro Cárdenas, en la que se realizaba el velorio de un joven de 17 años, quien falleció el pasado lunes en un accidente de motocicleta.

Las masacres, consideradas como actos en los que un grupo de personas que se encuentran desarmadas o indefensas son asesinadas con alevosía y ventaja, no están tipificadas en el país, por lo que no hay una cifra oficial sobre el número de matanzas.

De enero al 31 de agosto, se han registrado al menos 17 masacre en el país y se estima que se cometieron al menos 70 en lo que va de la presente administración de acuerdo a información recopilada de manera demográfica.

La primera de las masacres que conmocionó tan sólo en este año, fue el asesinato de 10 músicos integrantes de un grupo indígena, habitantes de Chilapa, Guerrero. Sus cuerpos fueron hallados en camionetas que fueron incendiadas y abandonadas en una carretera de Mexcalcingo.

El hecho motivó el bloqueo de caminos para exigir que autoridades den respuesta sobre la agresión. Después, la policía comunitaria de Chilapa presentó a 19 niños de entre 6 y 15 años que fueron capacitados para usar armas y defender a sus familiares y pueblos de un grupo delictivo. La decisión de armar a niños generó críticas de organizaciones civiles y defensores de la infancia, quienes llamaron a no exponer a dicha población ante más violencia.

A continuación presentamos las 17 masacres las perpetradas en el país en lo que va del presente año, de acuerdo con un recuento realizado por esta redacción sobre hechos en los que un mínimo de cuatro personas asesinadas por evento.

En cuanto al primer año del actual sexenio, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, se perpetraron al menos 53 masacres con un total de 411 personas asesinadas y 90 lesionadas, de acuerdo con un recuento realizado por el semanario Zeta.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Las ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos atribuibles a elementos del estado, aún persisten en el país, a pesar que la administración federal asegura que no han ocurrido este tipo de graves violaciones a los derechos humanos.

El asesinato de dos mujeres, las dos primas Ana Carolina y Andrea, originarias de Durango, a manos de policías a en Culiacán, Sinaloa, fue uno de los ataques más sonados a inicios del año por las versiones contrarias de familiares y autoridades.

Las mujeres fueron asesinadas la madrugada del 27 de enero. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aseguró que policías estatales les dispararon en respuesta a la agresión armada que primero realizaron los ocupantes del vehículo en el que viajaban las dos, Dulce, una sobreviviente del ataque ha dicho a medios locales que los policías les dispararon cuando el vehículo no se detuvo y rechazó que los tripulantes respondieran con disparos. Por el momento, la Fiscalía General del Estado tiene abierta una carpeta una investigación por homicidios dolosos.

Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, informó que la organización que encabeza ha registrado al menos cinco ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en Nuevo Laredo en lo que va del 2020.

“Ha quedado demostrado que Tamaulipas es uno de los estados con el mayor número de violaciones graves a los derechos humanos con casos reciente de ejecuciones extrajudiciales que van encaminadas a la impunidad por la inacción de la Fiscalía General de la República”, dijo.

El defensor señaló que se estima que desde 2010 a la fecha hay más de 300 carpetas de investigación que involucran a fuerzas armadas o a policías en ejecuciones extrajudiciales.

Para el activista, el mensaje de López Obrador es un discurso de buenas intenciones, pero que la falta dimensionar el dolor de las víctimas. “Me parece que lo que el Presidente que quiere es hacer un borrón cuenta nueva para excluir de la responsabilidad a las fuerzas armadas o a las corporaciones a la seguridad pública. Me parece que no es posible avanzar hacia la paz si no aplicamos a justicia para víctimas”, dijo.

Ramos destacó que el Gobierno actuar con mano firme cuando haya violaciones graves a los derechos humanos “no basta un discurso para decir que ya no habrá impunidad ni violaciones graves a derechos humanos, faltan acciones”, destacó.

El asesinato del ingeniero Francisco Javier La Fuente de la Rosa, de 27 años, mientras conducía una camioneta para comprar alimentos en plena pandemia, fue el primer el primer caso de ejecución extrajudicial en Tamaulipas denunciado por familiares de la víctima. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo en la colonia Jardín cuando elementos de Fuerzas Especiales del Ejército acribillaron al ingeniero.

David Eleazar Ramírez Vázquez de 27 años murió de dos disparos en la espalda mientras era perseguido por un vehículo militar en el fraccionamiento Valles del Paraíso el 6 de abril de 2020. Sus familiares denunciaron que un grupo de soldados intentó detenerlo sin motivo aparente y que al no dejarse aprender lo privaron de la vida, sin recibir atención médica.

Familiares de David Eleazar presentaron denuncia penal por estos hechos en la FGR y se inició la carpeta de investigación, misma que hasta el momento no presenta ningún avance significativo para determinar la responsabilidad del personal militar.

Tanto el ingeniero Francisco Javier como Eleazar David resultaron negativos en la prueba de rodizonato y en ambos casos los responsables de la agresión les robaron sus pertenencias, entre ellas, teléfonos celulares, documentos personales y carteras.

Damián Genovez Tercero, de 18 años, Arturo Rubén Garza Navarro de 19 y Ángel Agustín Núñez Reyna de 25, fueron asesinados  durante una persecución de civiles armados y elementos del Ejército la madrugada del 3 de julio en Nuevo Laredo.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, precisó que Damián, originario de Tapachula, Chiapas, llegó a Nuevo Laredo para buscar trabajo. Estaba en calidad de desaparecido desde el 24 de junio, según declaró su papá Raúl Tercero, junto con su primo Alejandro Tercero Meza, de quién a la fecha se desconoce su paradero.

“Al momento de morir se encontraba atado de pies y manos. La víctima recibió un disparo en la cabeza a manera de tiro de gracia por parte del personal militar, quedando su cuerpo en la caja de una camioneta pick up”, detalló la organización civil.

Familiares del joven Damián Genovez presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a los militares pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería con sede en Nuevo Laredo tanto por la ejecución arbitraria, como por la filtración de fotografías y videos a través de una página de internet denominada Nuevo Laredo Frontera Al Rojo Vivo, iniciándose una la carpeta de investigación..