La comunidad LeBarón realiza hoy un servicio memorial para recordar a las nueve víctimas de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– La masacre de nueve integrantes de las familias Langford, Miller y LeBarón en Bavispe, Sonora, cumple un año y aún no hay justicia. La mayoría de los presuntos responsables no han sido procesados, otros ni siquiera detenidos, y el crimen sigue sin ser esclarecido, denunció Adrián LeBarón, familiar de las víctimas.
“Es una vergüenza que a un año no se haya esclarecido el caso y que yo como víctima esté en ascuas. Lo que es justicia, después de un año, no la he visto”, dijo Adrián LeBarón, padre de Rhonita Lebarón y abuelo de los niños Howard Jr, Krystal y los gemelos Titus y Tiana, quienes murieron en la matanza.
En entrevista con SinEmbargo, LeBarón denunció que la investigación está “atorada”, que funcionarios en la Fiscalía General de la República (FGR) han obstaculizado la indagatoria y hasta el momento, de 12 personas detenidas, solo una está procesada penalmente por el multihomicidio.
“Hay gente dentro de la policía investigadora que está impidiendo que el caso avance”, afirmó.
Este 4 de noviembre se conmemora el primer año del ataque en la comunidad mormona La Mora, ubicada en Bavispe, Sonora, donde nueve personas –tres mujeres y seis niños– fueron asesinadas tras un ataque armado, donde uno de los vehículos fue incendiado.
Ocho niños sobrevivieron: siete menores –cinco con heridas de bala– lograron escapar, se escondieron entre los arbustos y luego caminaron kilómetros en busca de ayuda; otra menor, una bebé de meses de edad, fue localizada ilesa en una de las camionetas.
La comunidad LeBarón realiza hoy un servicio memorial para recordar a las víctimas.
“Ahorita toda la comunidad tenemos el corazón acongojado porque revivimos esa experiencia tan fea del 4 de noviembre del año pasado”, comentó Adrián.
INVESTIGACIONES «ATORADAS»
Las investigaciones seguidas por el Ministerio Público Federal apuntan al grupo delictivo La Línea, célula del Cártel de Juárez que opera en Chihuahua, Sonora y Sinaloa, como los probables responsables del multihomicidio.
Las indagatorias se han realizado de manera conjunta entre la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 24 de agosto dijo que «prácticamente está terminada toda la investigación y están detenidos la mayoría de los responsables”.
Adrián LeBarón negó categóricamente que las investigaciones hayan avanzado, pues dijo que hasta la fecha ni siquiera han detallado el móvil del crimen.
“Estamos en ascuas. No sabemos, no nos han dicho qué pasó y dicen que es el caso más importante, en el que están colaborando SEIDO y FBI. Ya pasó un año y nos quedamos atorados, no sabemos que pasó”, expresó el también activista.
Adrián LeBarón relató que durante la visita presidencial a la comunidad La Morita, Sonora, el pasado 3 de octubre, López Obrador les prometió “que el 15 de diciembre iba a volver para inaugurar un monumento dedicado a las víctimas de la masacre y que nos iba a decir que pasó”.
Y añadió: “En ese momento yo vi la cara de todo los del cuerpo de seguridad [que acompañaba al Presidente] y nomás los vi torcer los ojos. A lo mejor nos van a dar atole con el dedo, nos van a querer contar las muelas, pero pues hay que ver”.
Las autoridades han atribuido la masacre a un presunto enfrentamiento entre La Línea y Los Salazar, un brazo armado del Cártel de Sinaloa, ambos grupos criminales con presencia regional y que se disputan el control territorial para el tráfico de drogas.
Sin embargo, la familia LeBarón ha acusado al Cártel de Juárez de coordinar el ataque como parte de un intento de varias décadas para intimidar y coaccionar a la población local e influir en el Gobierno mexicano, de acuerdo con una denuncia que interpusieron el pasado 29 de julio ante la Corte de Estados Unidos.
FALTA QUE SEAN PROCESADOS
La Fiscalía apunta que hay al menos 40 presuntos involucrados en la masacre, según dio a conocer desde enero pasado el activista Julián LeBarón luego de una reunión con integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).
Al menos 12 personas presuntamente relacionadas con el ataque han sido aprehendidas a lo largo del año, sin embargo, Adrián LeBarón afirmó que sólo uno de ellos está procesado por el multihomicidio.
“Solo hay un vinculado a proceso por el homicidio, pero los otros 11 que están detenidos solo han sido procesados por delincuencia organizada. La Fiscalía aún no reúne suficientes pruebas para que los vinculen a proceso por el multihomicidio, es donde yo veo que hay una falla ahí”.
Además, agregó LeBarón, en Estados Unidos fue detenida otra persona que se presume podría estar relacionada “pero a ese otro no lo suelta el FBI, no está detenido por el crimen[masacre]”, insistió.
El familiar de las víctimas dijo que el avance más importante que le ha dicho la Seido es que ya se giraron al menos 20 ordenes de aprehensión, pero no han podido ser ejecutadas.
“Y eso es lo cabrón: que el juez ya autorizó que levanten a estos asesinos, pero parece ser que cada vez que tratan de detenerlos ellos se escapan como garrapatas, como moscas o alacranes porque alguien les avisa […]Hay un procesado y un montón de órdenes de arresto, pero hay una falla”.
El abuelo de cuatro de los niños masacrados está convencido que hay corrupción en la Policía Investigadora de la FGR y funcionarios que impiden el desarrollo de la investigación.
“Yo sé que hay gente… que a alguien le interesa que este caso no avance. En la Policía investigadora había un comandante ministerial que sí estaba trabajando. Yo estuve con él muy de cerca y sé de primera mano que él fue el que rastreo y logró la captura de todos los que están ahora detenidos. Hace algunos meses dejaron de haber detenciones y el problema principal es que a este jefe comandante ya no le volvieron a renovar su contrato de policía ministerial federal. Todo parece indicar que estaba haciendo tan buen trabajo que lo quitaron de en medio porque parece ser que hay otros compromisos por otros lados”, narró.
Para el activista el cambio de la titularidad en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) representa una oportunidad, pues comentó que solicitará a la nueva titular, Rosa Icela Rodríguez, que en la medida que pueda intervenir, presione para que haya una depuración en la policía investigadora, pues la impunidad es uno de los mayores generadores de inseguridad.
“A ver si puede tener injerencia para limpiar a los mandos que están arriba de la policía investigadora dentro de la Seido. Yo quisiera conseguir cita para ver si nos ayuda para que se limpie esa corrupción que hay en la Policía Investigadora porque Gertz Manero no quiere hacer el trabajo”, detalló.
LeBarón también opinó sobre el paso de Alfonso Durazo en la SSPC y lo acusó de usar el dolor de las víctimas para destaparse en Sonora.
“A Durazo lo vi como tres veces después de la masacre. Vinieron Gertz Manero y Durazo quesque ‘a atender a las víctimas’, pero traían el mismo cuento de siempre y de pilón fueron a inaugurar un cuartel de Guardia Nacional, pero a los familiares de las víctimas no nos dejaron participar. Le quisieron echar la culpa a la pandemia, pero lo que sí vimos es que utilizaron a las víctimas para pararse la cola con ese cuartel de la Guardia Nacional y, a mi punto de vista, para destapar a Durazo”.
Finalmente, el activista exigió el esclarecimiento de los hechos y justicia para sus familiares.
“Es responsabilidad de Gobierno hacerle saber a ellos, los sobrevivientes y los 20 huérfanos que dejaron esas tres madres, y nosotros, yo como padre de una de las mujeres, que el Gobierno nos diga qué pasó, quien es responsable, pero resulta que no nos dicen. A uno le entra la decepción, la depresión. Se sufre mucho. Los niños tienen pesadillas en la noche. Yo te puedo garantizar que el Estado, hasta ahora, nos ha fallado”, aseguró.
