Luego de ocho años, autoridades federales acompañan a las familias de las víctimas en una disculpa pública desde Allende, Coahuila.
Saltillo, 27 de junio (Vanguardia).- Hoy se llevó a cabo una disculpa pública a las víctimas del caso Allende y en ella se hicieron presentes la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Luis Raúl González Pérez, de la CNDH, además de contar con la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
José Ángel Rodríguez Canales detalló, del total de los puntos de la recomendación 10VG/2018 emitida en marzo del 2018 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este es el único que al ser un solo acto hasta hoy tendrá un cumplimiento en su totalidad, pues el resto de los puntos que se establecieron han tenido que ser trabajados y revisados tanto por la CNDH y las familias de personas desaparecidas.
La Secretaria de Gobernación detalló que la búsqueda de desaparecidos es prioridad para la nueva administración. Foto: Vanguardia
RIQUELME SE COMPROMETIÓ CON FAMILIAS
Miguel Ángel Riquelme Solís expuso que “en Coahuila la violencia del crimen organizado desató el más alto grado de inseguridad”, en Allende y otros municipios del estado.
Reconoció que las autoridades fallaron al abandonar al municipio. Detalló que tanto el Estado como la sociedad deben trabajar con justicia y verdad.
Miguel Ángel Riquelme Solís se comprometió con las familias a no permitir más actos violentos en el Estado. Foto: Vanguardia
Aseveró que el Estado se compromete a continuar con las labores olividadas de búsqueda de las víctimas y la persecución de la verdad en el caso.
Se debe garantizar el regreso a casa de la desaparecidos, subrayó y condenó la operación y presencia del crimen organizado en el Estado de Coahuila.
“El estado fallo porque no se brindó la seguridad”, dijo Riquelme y acepto que “Les fallamos porque siguen pendientes castigos”.
🔴 En vivo Disculpa pública por violaciones graves a los Derechos humanos por los hechos ocurridos del 18 al 21 de marzo de 2011 en el municipio de Allende. Coahuila. @GobiernoMX@SEGOB_mxhttps://t.co/SuDoIDbswt
La representante Etelmina Rodríguez indicó “este evento público quede el compromiso de cada una de las autoridades por seguir trabajando en la seguridad del país”.
Recordó que las mismas autoridades recomendaban ” ya no le mueva porque le va a pasar lo mismo”.
También, señaló que ex alcaldes y ex gobernadores, así como militares que estaban a unos kilómetros no hicieron nada ante las llamadas de emergencia hace ocho años.
Olga Lidia Saucedo García, Presidenta de la asociación civil ‘Alas de Esperanza’ del municipio de Allende. Foto: Vanguardia
REPRESENTANTE DE FAMILIAS
“La masacre de Allende es la peor del país en tiempos modernos. Fue un holocausto en el país” dijo Silvia Eugenia Garza Villarreal, Solicita reunión privada con Segob y representante estatal.
Garza Villarreal señaló que la masacre fue una ola de violencia que irrumpió la tranquilidad y la paz
Recordó que ese día “las llamadas a ml 089 no fueron respondidas” y denunció que los mismos elementos de las policías participaron directa e indirectamente en la masacre.
Detalló que al decirse que fue ajuste de cuentas, se generó un estigma aún vigente sobre el caso.
Solicito a Olga Sánchez Cordero una audiencia con su presencia y la de el Alcalde para exponer sus puntos de vista, ser escuchados y conocer la verdad.
Con carteles de las víctimas, los familiares de pie frente al podio. Foto: Vanguardia
REPRESENTANTE DE CNDH
Ismael Eslava Perez, primer visitador de la CNDH, expone que “la violencia, inseguridad y corrupcion del país inciden en la desaparición”, y subraya que “Estamos lejos de atender el tema adecuadamente”.
Alvarado Saldívar reconoce los delitos cometidos en el municipio ocho años atrás y pide disculpas a los familiares de las víctimas de la masacre de Allende.
“Mi más sincera disculpa pública por la omisión del estado mexicano. Cuando las instituciones públicas le fallan a los mexicanos es obligación reconocerlo”, dijo Alvarado a los familiares.
Antero Alvarado Saldívar, alcalde de Allende. Foto: Vanguardia
Antero Alvarado Saldívar, alcalde de Allende. Foto: VanguardiaEs un día histórico para Allende y para su gente, subraya, “nos reúne entereza y valor por 8 años de desaparecidos de Allende”, y la exigencia de justicia.Además, destacó la unión de los tres órdenes de Gobierno para hacer frente a la masacre.
Le pide a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que no los dejen fuera de la franja fronteriza.
“Que crimen organizado no vuelva a gobernar nuestras calles”, se compromete Saldívar y dice a los presentes: “Que no abandonen la búsqueda de desaparecidos”.
GOBIERNO FEDERAL PIDE DISCULPAS
Disculpa pública por violaciones graves cometidas del 18 al 20 de marzo del 2011, en Allende, así como violaciones posteriores en Piedras Negras y la Región Norte de Coahuila.
Presentes: Gobernador Miguel Riquelme. Olga sanchez. Secretaria de gobernación. Olga Lidia Saucedo m, colectivo alas de esperanzas. Alcalde Antero Alvarado. Alejando Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Colectivos de desaparecidos. Fiscal Gerardo Márquez. Hugo Morales preside este de Derechos Humanos Coahuila. Representante de la CNDH
La llamada “masacre de Allende” ocurrió del 18 al 21 de marzo de 2011 en Allende, Nava, Piedras Negras y el norte de Coahuila, a causa de una venganza entre narcotraficantes. Según cifras oficiales hubo 70 víctimas, sin embargo, cifras no oficiales señalas que fueron más de 300 personas desaparecidas o asesinadas.
Saltillo, Coahuila, 25 de abril (Vanguardia/SinEmbargo).- La presidenta de la organización de familiares de personas desaparecidas Alas de Esperanza informó que ya hay fecha para la disculpa pública por el caso Allende, que fue solicitada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde hace más de 14 meses.
Olga Saucedo dijo que el acto solemne se llevará a cabo el 17 de mayo, pero no será en el memorial a las víctimas, sino en la plaza pública del municipio que presenció el horror del 18 al 21 de marzo del 2011.
El acto fue solicitado por la CNDH el 16 de marzo del 2018, en el marco de los siete años de ocurrido el suceso, cuando la Comisión emitió la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos 10VG/2018.
En esa recomendación, la CNDH también pidió a las autoridades gubernamentales realizar la reparación del daño a las víctimas de esta masacre, además de crear un censo donde se identifique cuántas personas fueron afectadas por el desplazamiento forzado a causa de la violencia, mismo que, según la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, está en proceso.
“Esta disculpa está dirigida a todos y a todas las víctimas de ese evento. Pero también se tiene preparado que el mismo acto se replique en las diferentes partes del Estado donde se vivió la misma situación”, dijo Olga Saucedo.
La llamada “masacre de Allende” sucedió por una venganza entre narcotraficantes, y según cifras oficiales fueron 70 las víctimas.
UN DATO. Las cifras no oficiales sobre lo ocurrido del 18 al 21 de marzo del 2011 en Allende, Nava, Piedras Negras y el norte de Coahuila, señalan que fueron más de 300 personas las que desaparecieron o asesinaron.
Ariana García Bosque, abogada de Familias Unidas por la Búsqueda de Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, expresó que de este caso se debe resaltar que la afectación en mayor grado no ocurrió en Allende, sino en la zona de Piedras Negras, donde se registraron más de mil llamadas telefónicas de auxilio durante la temporalidad indicada.
Por Armando Ríos
Piedras Negras/Ciudad de México, 19 de marzo (Vanguardia/SinEmbargo).- Tras cumplirse siete años de la masacre de Allende, la Fiscalía General del Estado busca reaprehender a Sergio Lozano, alcalde de Allende en la epoca de la matanza, además de que cuenta con 26 órdenes de aprehensión pendientes, informó José Ángel Herrera, fiscal especializado en personas desaparecidas en el Estado.
En entrevista realizada en el Foro Nacional para la Implementación de la Ley de Desaparición Forzada, el Fiscal especializado informó que se ha condenado a tres personas por el caso con hasta 75 años de prisión, entre los cuales se encuentran un elemento de policía y el comandante que fue enjuiciado en noviembre pasado, así como un miembro del Cártel de Los Zetas.
Asimismo, el Fiscal explicó que en la última semana fueron llevadas nuevas diligencias para volver a girar una orden de aprehensión contra Lozano.
“Nosotros tenemos la oportunidad de seguir aportando diversos nuevos medios de prueba, para acreditar la participación de esta persona, y poder girar una nueva orden de aprehensión”, expresó.
Lozano fue detenido el 17 de noviembre de 2016, acusado de secuestro masivo y dar órdenes a policías locales para no intervenir en las agresiones del crimen, sin embargo, en febrero de 2017 fue liberado, ya que un juez no encontró elementos para vincularlo a proceso.
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Además, fuentes de la Fiscalía General del Estado revelaron que en los próximos meses se resolverán otras tres sentencias más, e informaron que al tratarse de delitos graves, será difícil o nula la oportunidad de que puedan tener acceso a uno de los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como el caso de una fianza o la prisión domiciliaria.
URGEN APLICAR LA JUSTICIA
Por su parte, Ariana García Bosque, abogada de Familias Unidas por la Búsqueda de Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, expresó que de este caso se debe resaltar que la afectación en mayor grado no ocurrió en Allende, sino en la zona de Piedras Negras, donde se registraron más de mil llamadas telefónicas de auxilio durante la temporalidad indicada.
Por ello, la abogada urgió a las autoridades que este tipo de casos deben ser claros y transparentes con la aplicación de la justicia contra los implicados, puesto que incluso, uno de los elementos que atendían las llamadas durante aquella época, fue ascendido al puesto de titular del área de contraloría de la FGE en la delegación norte 1 de Piedras Negras, a pesar de haberse negado a levantar las denuncias y atender los auxilios en su debido momento.
La tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de 40 camionetas con decenas de pistoleros abordo, entraron a la zona. Foto: Vanguardia
A siete años de distancia las autoridades estatales han avanzado en las indagatorias:
26 órdenes de aprehensión contra 18 personas
9 autoridades son involucradas en los hechos por lo que son seguidas por la FGE
9 integrantes del crimen organizado son vinculados como responsables
MANUAL PARA ENTENDER LA MASACRE DE ALLENDE
No fue una película hollywoodense. Fue la puritita realidad. Del 18 al 20 de marzo de 2011, Coahuila vivió uno de sus capítulos más sangrientos de la historia reciente: la masacre y desaparición masiva de personas en Allende, misma que se extendió a más municipios del norte de la entidad.
A través de distintas publicaciones en Vanguardia, Vice, Proceso, ProPublica, National Geographic, de trabajos académicos como “El Yugo Zeta” o “En el Desamparo”; de testimonios en cortes de Estados Unidos,relatos de familiares de víctimas y hasta del propio gobierno, se ha logrado embonar las escenas de una película teñida de terror, un rompecabezas mortífero, donde cada pieza es un martillazo de coraje, frustración, de omisión, de olvido, incertidumbre y vergüenza.
El Manual de Escenas para entender la masacre de Allende, es una realidad que jamás debió contarse.
Era el sexenio de Humberto Moreira, aunque meses atrás había dejado la gubernatura para convertirse en líder del PRI nacional. Su lugar lo ocupóJorge Torres López y el secretario de Gobierno era David Aguillón Rosales. El gobierno se jactaba de grandes inversiones, infraestructura vial y apoyos a los necesitados. Dos temas vestían el aura en el estado: “estábamos hasta el cuello” de deuda y los Zetas controlaban la entidad.
Pese a los llamados de auxilio de los vecinos, ninguna autoridad respondió. Ni municipal ni estatal ni federal. Foto: Vanguardia
Sin embargo, la investigación académica “El Yugo Zeta” se refiere que en un memo de 2003, la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense) aseguraba que Los Zetas ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras.
EL ESCAPE
Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, presuntos miembros de los Zetas, traicionaron y huyeron de Coahuila con rumbo a Estados Unidos. En sus manos presuntamente cargaban entre 5 y 10 millones de dólares de ganancias por el trasiego de droga y el libro de contabilidad.
Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, les advirtieron que devolvieran el dinero o de lo contrario matarían a toda su familia y amigos. No hicieron caso.
Cuellar, Moreno y Garza huyeron a Estados Unidos donde los dos primeros se convirtieron en testigos protegidos de la DEA. Antes de partir, Cuéllar avisó a quienes trabajaban para él que escaparan.
Las familias, en su mayoría, vivían en la región de los Cinco Manantiales, una zona de paso a Piedras Negras, la frontera con Estados Unidos. Unos 50 kilómetros separan Allende de la frontera.
“Cuando ‘Poncho’ y yo nos venimos para acá, a los Estados Unidos, ellos empezaron a matar a toda esta gente inocente, y sus familiares intentaron poner denuncias, pero les dijeron que no les tomarían ni una y que tenían 24 horas para irse de la ciudad”- Testimonio de Héctor Moreno, la fuente es el Informe “Control…Sobre Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas.
Los Zetas destrozaron e incendiaron todo a su paso: casas, ranchos, negocios. Foto: Vanguardia
LA VENGANZA
La tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de 40 camionetas con decenas de pistoleros abordo, entraron a la zona. Cerraron los accesos a la carretera como los dueños de la carretera que eran. Comenzaron a derribar puertas, matar gente, desaparecerlas. Hombres, ancianos, mujeres, niños. Todos eran lo mismo.
Según Proceso, los sicarios llegaron a la alcaldía y pidieron por los registros de catastro de todas las propiedades de los traidores y sus familias. Según el gobierno de Coahuila, el alcalde de Allende, Sergio Lozano, y los policías, sirvieron a los Zetas, al grado de presenciar las desapariciones y no hacer nada.
Los Zetas destrozaron e incendiaron todo a su paso: casas, ranchos, negocios. Para Allende y sus habitantes era un apocalipsis causado para la naturaleza del odio y la venganza.
Mataron y mataron, como reses subieron cadáveres a las camionetas.
Para desaparecerlos, mencionó Proceso, utilizaron narcofosas y “cocinas”. Una “cocina” era el penal de Piedras Negras, donde evaporaron y tiraron al río lo que quedó de los cuerpos.
Según el informe “En el Desamparo” del Colegio de México —que recoge documentos oficiales y testimonios—, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, Los Zetas atacaron 32 casas y siete ranchos de Allende, con la finalidad de vengarse de Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza. Lo que pudieron, lo demolieron con maquinaria pesada.
Allende era un territorio posapocalíptico
EL HORROR
Una escena descrita en el documento “En el Desamparo”: En el rancho “Los Garza”, (los Zetas) llevaron en un camión con redilas, tambos metálicos grandes con diésel o gasolina.
Esparcieron el líquido por toda la casa y la bodega donde habían amontonado los cuerpos. Remataron antes a los que quedaban con vida.
Otra escena del mismo documento: En el rancho Los Tres Hermanos (municipio de Zaragoza) también mataron y cocinaron gente, utilizando otro procedimiento: llevaron tambos y les hicieron agujeros en la parte de abajo y en los lados. Luego echaron un muerto en cada tambo. Después bañaron los cuerpos con diésel para enseguida prenderles fuego. Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos. Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que no se viera nada.
En el penal de Piedras Negras, que servía de guarida de los Zetas:
“Los Zetas obligaron a 40 personas a arrodillarse y los ejecutaron a disparos en la ciudad de Piedras Negras” –testimonio de Adolfo Efrén Tavira. Fuente: Informe “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas.
EL INFIERNO
Los académicos Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, en su investigación denominada “El Yugo Zeta”, revelaron que la línea de emergencia 089, el C4 coahuilense, recibió 26 reportes de Allende y mil 225 de Piedras Negras entre el 18 y 22 de marzo de 2011.
De las llamadas, 100 fueron para alertar 42 incendios distintos en Piedras Negras, y nueve en Allende sobre cuatro incendios más.
Pese a los llamados. Ninguna autoridad respondió. Ni municipal ni estatal ni federal. Y no hay detenidos por esas omisiones.
La escena: los llamados de auxilio de un lado del auricular. ¡Auxilio! ¡Están quemando! ¡Están incendiando la casa! Nada. Ninguna respuesta.
El informe “El Yugo Zeta” reproduce una llamada de auxilio al C4: ‘Persona de sexo femenino proporciona la siguiente información: Menciona que “Allende es un pueblo sin ley, andan incendiando casas, levantaron a mucha gente, hay muchos desaparecidos los Zetas se los llevaron yo creo que se traicionaron unos a otros porque hay un desorden bruto, horrible. […] Hay demasiada gente desaparecida, hay saqueos en los domicilios. Esto ocurre desde el viernes en la tarde y es lo mismo todas las noches’. No proporciona más datos y corta la llamada”.
Otras voces, la mayoría, hablan de 300 personas desaparecidas y posiblemente asesinadas. Foto: Vanguardia
Como dice el documento de Aguayo y Dayán: “una autoridad estatal en Saltillo supo lo que estaba pasando en Allende. ¿Entregaron ese mensaje a los superiores? ¿llegó hasta el Fiscal General? ¿el Fiscal lo transmitió al gobernador?”
Para Aguayo y Dayán, más que la masacre de Allende, es más correcto hablar de “La Tragedia del Norte de Coahuila”, por las pérdidas humanas.
EL ERROR/LA RESPONSABILIDAD
Según la investigación periodística “Anatomía de una Masacre”, escrita por la periodista Ginger Thompson, un agente de la DEA persuadió a un miembro de los Zetas de entregarle los número de identificación rastreables de los teléfonos celulares de los capos Miguel Ángel y Omar Treviño, líderes de los Zetas.
La agencia cometió el error de compartir la información con una unidad de la policía mexicana. No pasó mucho para que los capos se enteraran de la traición. Allí nació la venganza.
Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar. Ginger Thompson escribió que Cuéllar tenía la responsabilidad de conseguir para sus jefes “celulares nuevos cada tres o cuatro semanas”. Y Cuéllar había asignado esa tarea “a su mano derecha”, Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”.
EL MONTAJE
Meses después, cuando el ex Gobernador Rubén Moreira llegó a la gubernatura, montó un operativo de cientos de policías estatales, federales, militares y marinos. Entre el 26 de enero y el 5 de febrero de 2014, buscaron rastros de desaparecidos.
Hallaron narcofosas, contenedores agujerados donde eran supuestamente quemados los cuerpos con diesel. Recogieron fragmentos óseos como quien colecciona conchas de mar. En total se levantaron 66 fragmentos óseos y 68 dentales.
EPÍLOGO
El Gobierno de Coahuila habla de la desaparición de 28 personas. La investigación “En el Desamparo” menciona 42 desapariciones. El texto “Anatomía de una Masacre” refiere que alrededor de 60 personas muertas o desaparecidas han sido conectadas por familiares. Otras voces, la mayoría, hablan de 300 personas desaparecidas y posiblemente asesinadas.
La venganza trascendió. Un año después (marzo de 2012), un grupo de sicarios y policías detuvo y desapareció en Allende a cuatro integrantes de la familia Garza: una pareja y sus dos hijos, un niño de seis años y un bebe de meses.
DATOS
3 hombres presuntamente traicionaron a líderes de un cártel.
4 días duró la masacre catalogada como un apocalipsis.
300 personas desaparecidas, aseguran, dejó la masacre.
Los testigos mudos:
Autoridades hallaron narcofosas, contenedores agujerados donde eran supuestamente quemados los cuerpos con diesel.
Recogieron fragmentos óseos como quien colecciona conchas de mar. En total se levantaron 66 fragmentos óseos y 68 dentales.
Había también decenas de casas destruidas completamente
El investigador Sergio Aguayo presentará el informe “En el Desamparo” sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila en el 2010 y 2011, respectivamente, y donde se analiza a profundidad lo que hicieron y dejaron de hacer las diferentes dependencias de gobierno, desde municipales, estatales y federales, así como la reacción de los ciudadanos y la comunidad internacional.
Ciudad de México, 5 de Octubre (SinEmbargo/Vanguardia).– El próximo domingo será presentado el informe “En el Desamparo”. Contiene la indagación que coordinó el investigador del Colegio de México (Colmex) Sergio Aguayo sobre las omisiones cometidas por las autoridades en las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila en el 2010 y 2011 respectivamente.
En el “Seminario sobre violencia y paz” que realiza el Colegio de México se revelará el contenido de la investigación que se originó de un convenio que firmó la institución con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Se llevará a cabo el 9 de octubre a las 11:00 horas en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.
El investigador Sergio Aguayo, quien coordinó el proyecto, señala que en la investigación se analiza a profundidad lo que hicieron y dejaron de hacer las diferentes dependencias de gobierno, desde municipales, estatales y federales, así como la reacción de los ciudadanos y la comunidad internacional.
“En el 2010, Los Zetas ejecutaron a 72 migrantes en San Fernando y en Allende desaparecieron a 300 personas, según se dice. En San Fernando hubo una atención inmediata, mientras que en Allende el caso fue olvidado por casi tres años”, señaló.
De la investigación surgirán dos resultados: en primera instancia se emitirá una serie de recomendaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre las acciones que podrían tomar, pues tienen la facultad de sugerir a las dependencias gubernamentales y por otro lado se generará un informe que aparecerá de manera digital para consulta de cualquier persona.
“Generaremos un informe que aparecerá en forma de libro digital para aquellos interesados en estos temas de violencia, de memoria, de verdad. En la biblioteca del colegio se harán colecciones especiales para ser consultadas por especialista y así se da otro paso para contribuir a la comprensión de la violencia y que se generen políticas que ayudarán a la sociedad a entender las causas de la barbarie”, aseguró.
Bajo la coordinación de Aguayo, en la investigación también participaron Delia Sánchez, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán.
Aguayo Quezada enfrenta una demanda por parte de Humberto Moreira, luego de un artículo publicado en el diario Reforma.
En julio de este año, el investigador sostuvo: “Quiere intimidarme y desgastarme porque estoy dirigiendo, desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila del 2011, Los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300”.
La Subprocuraduría de Desaparecidos en Coahuila informó que de los más de tres mil 400 restos óseos que han sido rescatados del ejido Patrocinio, en la Región Laguna, solamente se han podido establecer las secuencias anatómicas de 3 personas sin que hasta el momento hayan sido identificadas. La dependencia informó que las investigaciones siguen abiertas.
En ese mismo mes, la organización Familias Unidas, que agrupa a familiares de víctimas de desaparición en Coahuila, anunció que prepara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Coahuila.
La abogada de la asociación, Ariana Denise García Bosque, detalló que la demanda es en contra de los perpetradores, pero también de los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por omisión, como son los hermanos Humberto y Rubén Moreira.
Previamente, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un ex miembro del cártel de Los Zetas, acusó que altos funcionarios de la administración del Gobernador Humberto Moreira recibieron dinero del cártel a cambio de operar con libertad.
Las declaraciones fueron presentadas durante un juicio en Texas en contra del supuesto líder Zeta Marciano Millan Vázquez. Los pagos se hicieron a través de Vicente Chaires Yañez, asistente personal de Moreira, y de Jesús Torres Charles, ex Procurador estatal, según la declaración del testigo difundida por el diario estadounidense San Antonio Express News.
Sobre Allende, familias de las víctimas y organización han acusado que fueron Los Zetas, ayudados por la omisión de las fuerzas de seguridad pública local, quienes perpetraron en los municipios de Allende y Piedras Negras la masacre y desaparición de hasta 300 personas. A la fecha sólo han sido reconocidas 28 desapariciones y 11 asesinatos, por parte de las autoridades.
En ese mismo juicio, José Luis Rodríguez “El Pollo”, un ex miembro de Los Zetas, declaró que 300 personas fueron asesinadas desde 2011 en el norte de Coahuila y sus cuerpos quemados y desaparecidos en ácido.
Las víctimas eran “gente de Allende, Morelos, Acuña, Piedras [Negras], las áreas cercanas” y el móvil de la matanza masiva fue que “Poncho” Cuéllar, en ese entonces jefe del cártel en Piedras Negras, se había convertido en informante de Estados Unidos.
Rodríguez, quien operó como traficante de drogas en Piedras Negras, y que actualmente enfrenta prisión de por vida por los delitos de secuestro y narcotráfico, dijo que le informaron que Cuéllar había desertado y estaba dando información sobre el cártel a autoridades estadounidenses.
Señaló que le pidieron ayuda para ubicar los domicilios de Cuéllar para asesinar a todas las personas que estaban asociados con él.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
