La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Puebla la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la protección de los derechos a la vida, integridad personal y seguridad en favor de los familiares de la víctima.
Leonel Díaz Urbano fue partícipe de la lucha continua para frenar la instalación de una hidroeléctrica en Tahitic, ya que, según los activistas, traería destrozos para los pueblos indígenas y las tierras circundantes por el desvío del cauce del río Apulco.
México, 11 de mayo (EFE).- Un grupo armado asesinó este viernes al activista y líder indígena Leonel Díaz Urbano, que estaba en contra de la construcción de una hidroeléctrica en la comunidad de San Juan Tahitic, en el céntrico estado de Puebla.
Los candidatos al Gobierno del estado de Puebla, Enrique Cárdenas, por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), y Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Istitucional (PRI), lamentaron la muerte de Díaz Urbano y condenaron la violencia generalizada en el país y los peligros a los que se someten los defensores de derechos humanos.
“Lamento profundamente el asesinato del activista zacapoaxtla Leonel Díaz Urbano. Los derechos de las comunidades y pueblos originarios serán respetados y defendidos en mi Gobierno”, escribió Cárdenas en Twitter.
“Lamento profundamente la muerte de Leonel Díaz Urbano, destacado priista y representante de la estructura. Deseo pronta resignación a su familia y condeno enérgicamente la violencia que hoy sufre nuestra sociedad poblana. ¡Descanse en Paz!”, expresó por la misma vía Jiménez Merino.
Según avanzaron medios locales, varios hombres entraron a la casa del activista durante la madrugada del viernes, perpetraron el asesinato y huyeron sin que las autoridades los hayan localizado hasta el momento.
Díaz Urbano fue partícipe de la lucha continua para frenar la instalación de una hidroeléctrica en Tahitic, ya que, según los activistas, traería destrozos para los pueblos indígenas y las tierras circundantes por el desvío del cauce del río Apulco.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México condenó el homicidio de Díaz Urbano y expresó condolencias a a sus familiares.
La CNDH solicitó al Gobierno de la entidad la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la protección de los derechos a la vida, integridad personal y seguridad en favor de los familiares de la víctima
Además solicitó extender dichas medidas a los pobladores de San Juan Tahitic y demandó a las autoridades una indagación amplia, exhaustiva y profesional de este homicidio, sin omitir líneas de investigación.
En los últimos cinco años, la sierra de Puebla ha sido el escenario de tres asesinatos a activistas, siendo el último caso en mayo de 2018, cuando un opositor a proyectos mineros en Cuetzalan, Manuel Gaspar, fue ejecutado.
Cazorla es el sexto defensor de los derechos humanos que ha sido asesinado en lo que va de 2019; en 2018 se registraron 13 homicidios de activistas y dos desapariciones.
La violencia impacta también en los comunicadores, y durante el pasado sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se cometieron 47 asesinatos de periodistas en México, de los cuales 9 fueron en 2018.
Desde el arribo al poder de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre han fallecido al menos ocho periodistas, pese a las promesas del líder izquierdista de garantizar la libertad de prensa y reforzar la seguridad de los trabajadores de medios de comunicación.
